En plena discusión por la reforma laboral, el oficialismo salió a cuestionar a Sturzenegger por el polémico contrato vinculado a su esposa y por su rol en el diseño de las licencias incluidas en el proyecto.

En medio del debate por la reforma laboral, el Gobierno puso el foco en Federico Sturzenegger por un contrato relacionado con su esposa que generó ruido interno y abrió cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial y ciertas decisiones administrativas. El señalamiento se da mientras el Ejecutivo intenta blindar la iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Desde sectores del oficialismo dejaron trascender su malestar por el impacto político del caso y por el momento elegido, justo cuando el proyecto laboral enfrenta resistencias en el Congreso y críticas de sindicatos y gobernadores. La polémica gira en torno a un contrato que habría beneficiado al entorno familiar del economista, lo que desató reproches dentro del propio espacio.

El conflicto no se limitó a ese punto. También surgieron cuestionamientos sobre el diseño de las licencias contempladas en la reforma laboral, un aspecto sensible del proyecto que ya había generado debate público. En ese marco, algunos funcionarios deslizaron que determinadas decisiones técnicas podrían terminar complicando la estrategia parlamentaria.

La situación dejó al descubierto fricciones dentro del oficialismo, que intenta mostrarse cohesionado frente al tratamiento legislativo pero exhibe diferencias en la trastienda. El episodio se suma a otras tensiones que atravesaron el armado libertario en las últimas semanas.

Mientras la reforma laboral avanza hacia Diputados, el Gobierno busca evitar que la controversia escale y afecte las negociaciones políticas necesarias para su aprobación definitiva. Sin embargo, el ruido interno ya forma parte del escenario.

La disputa alrededor de Sturzenegger no sólo expone una discusión puntual sobre un contrato o sobre el alcance de las licencias laborales, sino también las dificultades del oficialismo para sostener un relato de transparencia y orden en medio de una agenda legislativa cargada y políticamente sensible.

La empresa comunicó el cierre de su histórico taller en la localidad de San Fernando, dejando sin trabajo a cerca de mil empleados.

La fábrica de neumáticos Fate confirmó que cerrará de manera definitiva su planta ubicada en San Fernando, poniendo fin a décadas de actividad productiva y dejando a casi mil trabajadores sin empleo. La empresa atribuyó la medida a la fuerte crisis que azota la industria argentina que terminó de hundir la demanda y a la inviabilidad económica de mantener operativas sus líneas de producción.

La noticia generó una enorme preocupación en los sindicatos y en los trabajadores de la planta, que recibieron la confirmación del cierre por parte de las autoridades de la compañía tras varias semanas de incertidumbre. El impacto social de la medida se siente de inmediato en una región donde la industria manufacturera ya enfrenta una marcada retracción de la producción y del empleo formal.

Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, explicó que el contexto económico, la falta de competitividad en el mercado interno y las condiciones de costos operativos llevaron a la decisión de cesar las actividades en el taller de San Fernando. La compañía señaló que evaluó distintas alternativas, pero que finalmente la decisión fue inevitable.

Desde los gremios locales criticaron con dureza la medida, describiéndola como un golpe directo al empleo en la industria y un retroceso para el sector productivo argentino. Los representantes sindicales adelantaron que buscarán instancias de diálogo con el Gobierno nacional y provincial para explorar posibilidades de sostener fuentes de trabajo y mitigar el impacto social de los despidos.

La planta de San Fernando fue un símbolo de la producción industrial del país durante décadas, y su cierre no sólo significa la pérdida de puestos laborales, sino también el deterioro de una cadena productiva que ya venía golpeada por años de estancamiento y caída de la actividad fabril.

El anuncio de Fate se suma a otros cierres y achiques productivos registrados en los últimos meses, en un contexto de caída de la actividad económica y presión sobre los costos que afecta a múltiples ramas de la industria manufacturera.

Con la confirmación del cese definitivo de operaciones y la salida de cerca de mil trabajadores, se abre un capítulo más en la crisis del empleo industrial, poniendo nuevamente sobre la mesa la urgencia de políticas que protejan el trabajo productivo y frenen la desindustrialización.

Luego de una extensa sesión en la Cámara Alta, donde el Gobierno logró la media sanción del proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, ahora la iniciativa avanza hacia la Cámara de Diputados para continuar su discusión parlamentaria.

El Senado de la Nación le dio este jueves media sanción a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un debate que se extendió por más de 12 horas y terminó con el respaldo mayoritario del oficialismo y bloques aliados. Con 42 votos afirmativos frente a 30 negativos, la iniciativa fue aprobada en general y será girada a la Cámara de Diputados para que los diputados inicien su tratamiento.

La sesión en el Senado comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se extendió hasta la madrugada, en medio de intensos cruces políticos y presencia de dirigentes del Gobierno en las galerías del recinto. La votación incluyó más de veinte modificaciones respecto al texto original presentado por el Ejecutivo, incorporadas como parte de las negociaciones previas para reunir los apoyos necesarios.

Frente al Congreso y en distintos puntos del país se vivieron manifestaciones en rechazo a la reforma, con sectores sindicales, organizaciones sociales y filas opositoras que cuestionan la iniciativa por considerar que implica retrocesos en derechos laborales y una flexibilización excesiva de las condiciones de trabajo.

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto de reforma laboral seguirá ahora su camino legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo —que cuenta con la primera minoría— buscará avanzar en el debate y la eventual aprobación definitiva de la ley. El tratamiento en Diputados será clave para determinar si la iniciativa se convierte finalmente en norma y qué modificaciones, si las hubiera, se realizan antes de su sanción.

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Gobierno en el inicio del año legislativo, bajo un contexto de tensiones políticas y sociales debido al alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral, el impacto en derechos adquiridos y las dificultades de representación sindical frente a las nuevas reglas previstas en el texto.

Asi despidió la ex presidenta a Sandra Mendoza, la ex diputada y referenta del peronismo murió este miércoles a los 62 años.

Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedir a Sandra Mendoza, a quien definió como una “gran compañera y militante”. En el texto, la ex presidenta destacó su compromiso con la política y su entrega a lo largo de los años en la construcción colectiva de derechos.

“Gran compañera y militante”, escribió Cristina al recordarla, subrayando la coherencia y la convicción con la que Mendoza transitó su camino dentro del campo popular. La publicación estuvo acompañada por imágenes que reflejan momentos compartidos en actividades políticas y espacios de militancia.

En su mensaje, Cristina también resaltó el valor humano de Sandra Mendoza y el afecto que supo cosechar entre quienes compartieron luchas y proyectos. Además, envió un abrazo especial a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor.

Así lo aseguró el abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, que además afirmó que la causa “recién empieza”.

La investigación por una presunta red de coimas y desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva. El abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, afirmó que la causa “recién empieza” y que el entramado delictivo no se va a detener en los actuales procesamientos. En declaraciones radiales, sostuvo que el expediente terminará inevitablemente escalando hasta Karina Milei, hermana del Presidente, señalada en los audios que dieron origen a la pesquisa.

“Esto se va a abrir hasta llegar a Karina Milei. Porque lo que decían esos audios, por más que no hayan sido utilizados por una cuestión estratégica del fiscal, es cierto: el 3% iba a Karina Milei”, afirmó Dalbón. Y agregó que uno de los nombres centrales es Sebastián “Nuner” Un, a quien describió como el operador que “llevaba y traía el dinero de la coima a la Casa Rosada”. Para el abogado, ese funcionario “tiene los dedos absolutamente puestos en la parte más espuria del sistema”, y tarde o temprano deberá declarar como arrepentido.

En ese marco, Dalbón fue contundente sobre el mecanismo que puede comprometer a la hermana del Presidente: “La investigación puede llegar a probar su participación con un arrepentido que no se quiera comer 18 años de prisión por ser parte de una asociación ilícita”. Según explicó, varios de los imputados —entre ellos Diego Spagnuolo y otros funcionarios y empresarios— ya estarían evaluando acogerse a esa figura para mejorar su situación procesal. “No tengo ninguna duda de que algunos ya están pensando qué hacer para asegurarse una salida menos grave de la que enfrentan ahora”, advirtió.

Más adelante, el abogado remarcó la gravedad política y social del caso: “Esto no es un error administrativo, es un sistema para robarle al Estado y, lo más miserable, para robarle a los discapacitados”. También subrayó que la causa avanza con pruebas sólidas, sin aprietes ni armados: “Es una investigación limpia, basada en auditorías del propio gobierno y allanamientos positivos. Por eso no va a quedar en estos procesamientos: es la primera etapa”. Con el foco puesto en los arrepentidos y en la ruta del dinero, Dalbón dejó una definición que sacude al poder: “Cuando alguien hable para no ir preso, Karina Milei va a caer”.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró en enero una suba de 3,1%, un salto respecto al 2,7% de diciembre y el nivel más alto en casi un año. El dato se da en la antesala de la publicación de la inflación nacional, en medio de tensión por las mediciones oficiales.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aceleró su ritmo en enero y alcanzó una variación mensual de 3,1%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, en lo que representa el mayor aumento registrado en los últimos 10 meses. Esta cifra marcó un avance respecto del 2,7% de diciembre y confirma la tendencia alcista del índice desde septiembre pasado.

En términos interanuales, el dato se ubicó en 31,7%, apenas por debajo del cierre de 2025, y anticipa un escenario inflacionario complejo para todo el país, ya que suele funcionar como un adelanto de los números que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento de precios en enero estuvo impulsado por fuertes subas en rubros sensibles al bolsillo de los consumidores. Las divisiones que más incidieron fueron Recreación y cultura, con una suba notable; Restaurantes y hoteles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Seguros y servicios financieros; y Transporte, todos con incrementos que empujaron la variación mensual general.

El informe también reflejó que los servicios tuvieron un incremento promedio superior al de los bienes, lo que muestra que las tarifas asociadas con movilidad, turismo y consumo fuera de casa siguieron presionando el nivel general de precios.

Estos datos se publican justo antes de que el INDEC dé a conocer su propio índice nacional de precios, en un contexto donde la medición de la inflación se volvió objeto de debate público y político tras la marcha atrás del Gobierno con la actualización del sistema de cálculo oficial, una polémica que llegó incluso a forzar cambios en la conducción del organismo.

Con el inicio del año marcado por un salto de precios en la capital del país, miles de hogares sienten el impacto directo en su presupuesto familiar, y los analistas advierten que la presión sobre los precios podría continuar si no hay cambios en las políticas económicas actuales.

La Justicia federal dictó procesamientos en la investigación por un entramado de corrupción dentro de ANDIS que incluye sobornos, fraudes y manejos irregulares de contrataciones públicas, con implicancias que podrían ir más allá del ex titular del organismo.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados, por una causa que investiga un esquema de presunta asociación ilícita, coimas y fraude contra la administración pública en la adjudicación de contratos y la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, Spagnuolo y los demás imputados integraron una organización que direccionaba licitaciones y negoció contrataciones en beneficio propio y de terceros, en detrimento de fondos públicos. El procesamiento incluye cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, además de embargos millonarios sobre bienes de los acusados.

El fallo también señala que la agencia fue utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito por parte de los acusados, al tiempo que alertó que el esquema delictivo podría haber tenido otro nivel de complicidades más allá de los imputados actuales, con indicios de expansión hacia otras áreas y actores dentro y fuera del organismo.

La causa, que se inició tras la aparición de audios y pruebas que advertían sobre irregularidades en la compra de medicamentos y servicios, incluyó en su análisis documentación financiera, comunicaciones internas y testimonios que permitieron reconstruir parte de la dinámica delictiva.

El procesamiento de Spagnuolo y de los demás acusados representa uno de los golpes judiciales más significativos en torno a la ANDIS y la gestión de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La investigación continúa y, según advierte el propio juez, podría dar lugar a nuevas imputaciones y ampliaciones del expediente conforme se sigan analizando pruebas.

La Fraternidad confirmó un paro de 24 horas ante el estancamiento de las paritarias y la falta de respuestas del Gobierno. Denuncian que los sueldos quedaron pulverizados por la inflación y que ya no alcanza para vivir.

El sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, anunció la realización de un paro de actividades por 24 horas este jueves, ante la falta de avances en las negociaciones paritarias que vienen manteniendo con las autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes del sector ferroviario.

La medida de fuerza fue confirmada por las autoridades del gremio tras considerar que las últimas reuniones paritarias no arrojaron resultados concretos respecto a los reclamos de los trabajadores por mejoras salariales y condiciones laborales, en un contexto de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario.

Desde La Fraternidad explicaron que la decisión de parar los servicios ferroviarios busca presionar para lograr un acuerdo que contemple aumentos reales que compensen la pérdida de ingresos que los trabajadores vienen sufriendo, y subrayaron que el estancamiento de las negociaciones llevó al sindicato a adoptar esta medida de fuerza.

La paralización impactará en los servicios de trenes de pasajeros y de cargas que dependen de los conductores nucleados en el gremio, generando inconvenientes para usuarios y empresas en diferentes ramales del sistema ferroviario, y obligará a los pasajeros a reprogramar sus viajes o recurrir a medios alternativos de transporte.

La situación se inscribe en un panorama más amplio de conflicto laboral en diversas actividades del país, donde sindicatos reclaman recomposiciones salariales en línea con el aumento de precios y con condiciones de trabajo dignas, mientras que los representantes del Gobierno sostienen la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en medio de restricciones presupuestarias.

El paro de 24 horas anunciado por La Fraternidad representa así una nueva señal de alerta por parte de los trabajadores del sector, que reclaman soluciones urgentes ante un proceso de negociación que, hasta ahora, no logró destrabarse y que promete mantener las tensiones con el Poder Ejecutivo en los próximos días.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia tras años al frente del organismo, en medio de tensiones por el manejo de estadísticas oficiales y la continuidad de una crisis institucional que ya había llevado a otras salidas de cargos clave en el Gobierno.

Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección general del INDEC, el organismo oficial encargado de las estadísticas públicas, poniendo fin a su gestión luego de varios años al frente de la institución. La decisión se da en un contexto de críticas por la forma en que se manejan los datos oficiales y tras una serie de salidas de funcionarios que marcaron una fuerte rotación en cargos clave del Gobierno.

La renuncia fue formalizada ante el Ministerio de Economía, y según fuentes oficiales, Lavagna expresó que su salida se produce por motivos personales y para dar paso a una renovación del equipo técnico del organismo. Sin embargo, la decisión se conoce en un momento de fuerte presión política sobre las cifras oficiales y cuestionamientos a la credibilidad de algunos indicadores clave de la economía argentina.

El INDEC ha sido centro de debates durante los últimos años, especialmente por el manejo de estadísticas de inflación y empleo, y por la percepción de sectores económicos y sociales sobre la transparencia de los datos. La salida de Lavagna se suma así a una serie de cambios de gabinete y salidas de colaboradores en áreas sensibles del Estado.

Desde distintos sectores de la oposición aprovecharon la renuncia para vincularla con la situación general del país, en la que la falta de resultados económicos claros y la inestabilidad institucional se reflejan en la rotación de funcionarios con responsabilidades estratégicas.

Con la partida de Lavagna, la conducción del INDEC quedará a cargo de un reemplazo que deberá enfrentar no sólo los desafíos técnicos de la recopilación y difusión de estadísticas, sino también la presión de distintos actores políticos y sociales que exigen mayor claridad y confiabilidad en los números oficiales.

La salida de Marco Lavagna del INDEC se suma a un contexto de continuos cambios en posiciones de gestión pública, reforzando la percepción de una administración con dificultades para sostener equipos técnicos estables en áreas clave.

Los bomberos voluntarios de Trelew denunciaron que el Gobierno nacional no entregó los fondos necesarios para hacer frente a los incendios forestales que afectan la Patagonia.

Mientras los incendios forestales avanzaban sobre la Patagonia y ponían en riesgo miles de hectáreas, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió no reforzar los fondos destinados a los cuerpos de bomberos voluntarios. En Trelew, uno de los puntos más afectados por la crisis ígnea, la situación fue expuesta con crudeza: no hubo partidas especiales, no hubo refuerzos y no hubo respuestas frente a una emergencia que exigía acción inmediata.

Desde el cuartel local fueron directos: “No existe aporte extraordinario del Gobierno nacional para afrontar los incendios. Estamos trabajando con lo mínimo indispensable”, advirtieron. Más adelante, remarcaron que el esfuerzo cotidiano se sostuvo casi exclusivamente con recursos propios, donaciones y el compromiso de los brigadistas, en un contexto donde el fuego avanzaba más rápido que la asistencia oficial.

En el mismo tono, señalaron que la falta de apoyo no fue un problema aislado, sino parte de una política de ajuste que golpeó incluso en situaciones críticas. “Estamos operando al límite”, explicaron, con equipos desgastados, personal exhausto y sin el respaldo económico que debería garantizar el Estado nacional en una catástrofe ambiental de esta magnitud.

Finalmente, el cuadro dejó en evidencia el contraste entre el discurso libertario y la realidad: mientras el Gobierno hablaba de eficiencia y recorte, en el territorio los bomberos enfrentaron el fuego sin recursos. La emergencia no encontró un Estado presente, sino una administración que eligió mirar para otro lado cuando más falta hacía intervenir.