Alejandro Bongiovanni se suma a la lista de funcionarios y referentes del oficialismo beneficiados por préstamos millonarios de la banca estatal. La nómina incluye a asesores directos de Luis Caputo y otros diputados aliados al Gobierno.

Un nuevo escándalo salpica a la gestión de La Libertad Avanza tras conocerse el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a figuras clave del oficialismo. Entre los nombres más destacados figura el del diputado Alejandro Bongiovanni, quien en enero de 2026 accedió a un préstamo de 255 millones de pesos provenientes de la entidad pública. El legislador, de origen vinculado a la Fundación Libertad, ha sido un férreo defensor de las políticas de desregulación ambiental y la baja de la edad de imputabilidad.

Bongiovanni, quien ingresó al Congreso en 2023 a través del macrismo antes de sellar su alianza con el bloque libertario, no es el único beneficiario de estas líneas de financiamiento estatal. La investigación revela un patrón de acceso a fondos públicos por parte de funcionarios que ocupan cargos estratégicos o que mantienen una alineación irrestricta con las directivas del Poder Ejecutivo.

En la lista de beneficiados sobresalen integrantes del equipo económico de Luis “Toto” Caputo. Federico Furiase, ladero del ministro y actual secretario de Finanzas, obtuvo 367 millones de pesos en febrero de 2025. Por su parte, Felipe Núñez, director del BICE y asesor directo de la cartera económica, se alzó con un crédito de 475 millones de pesos, una de las sumas más elevadas registradas en la nómina de funcionarios.

El reparto de créditos también alcanzó al área de comunicación y redes sociales del Gobierno. Juan Pablo Carreira, conocido en el ámbito digital como “Juan Doe” y actual funcionario público, recibió 112 millones de pesos de la banca oficial. Estos movimientos han generado fuertes cuestionamientos sobre los criterios de asignación de recursos en una entidad que, simultáneamente, aplica restricciones al crédito para otros sectores de la sociedad.

La nómina de legisladores favorecidos se completa con nombres de peso dentro de la estructura de La Libertad Avanza y sus aliados. Santiago Santurio obtuvo un préstamo de 340 millones de pesos, mientras que Mariano Campero recibió 322 millones. Asimismo, la diputada rionegrina Lorena Villaverde accedió a una suma de 225 millones de pesos, cerrando un círculo de financiamiento que beneficia directamente a quienes sostienen el quórum oficialista en la Cámara Baja.

El acceso a estos montos millonarios por parte de la dirigencia libertaria ocurre en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público, lo que reabre el debate sobre el uso de las instituciones del Estado para el beneficio patrimonial de sus propios cuadros políticos. Hasta el momento, el Banco Nación no ha emitido un informe técnico que justifique la solvencia o la urgencia de estos préstamos otorgados a los representantes del pueblo.

Al mismo tiempo que el Gobierno declama el mérito y el combate a la casta, el clan riojano parece haber montado en el Banco Nación una ventanilla de favores personales para financiar el futuro de su propia familia.

El escándalo de los créditos de privilegio en el Banco Nación (BNA) suma un nuevo capítulo que roza el descaro: Federico Sharif Menem, el sobrino de 24 años de Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Lule Menem (mano derecha de Karina Milei), accedió a un préstamo hipotecario por 357 millones de pesos. Mientras el Gobierno pregona la meritocracia y el fin de los privilegios, el clan riojano parece haber encontrado en la banca pública una ventanilla de beneficios exclusivos para la familia.

El joven, que ya había sido noticia por su polémico nombramiento como director general en la Cámara de Diputados con un sueldo millonario pese a su corta edad, ahora figura en los registros de la Central de Deudores del BCRA con una deuda astronómica contraída en marzo de 2025. La cifra, equivalente a unos 300 mil dólares, resulta imposible de justificar para cualquier joven de su generación que no cuente con el “apellido adecuado” y los contactos directos en la Casa Rosada.

Este nuevo caso de “crédito por portación de apellido” se suma a la lista de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que, bajo la gestión del recientemente eyectado Daniel Tillard, vaciaron las posibilidades de la clase media para repartirse fondos estatales entre ellos. Según fuentes parlamentarias, la maniobra deja en evidencia una red de tráfico de influencias donde el Banco Nación funcionó como el financista personal de los funcionarios de Milei y Caputo.

La indignación en las redes y en el Congreso no se hizo esperar. Mientras miles de inquilinos ven cómo el sueño de la casa propia se pulveriza por la inflación y la falta de crédito real, los Menem demuestran que, para ellos, “la libertad avanza” solo si es con la plata de todos. Con este nivel de impunidad, el discurso contra la casta se termina de convertir en una parodia cruel donde los únicos que se salvan son los parientes del poder.

Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.

En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.

Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.

Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.

La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.

Una investigación reveló el diálogo con las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$ 200.000 del Jefe de Gabinete. Ambas manifestaron desconocer al funcionario y rechazaron haberle otorgado préstamo alguno.

La controversia en torno al patrimonio de Manuel Adorni sumó detalles reveladores tras conocerse la identidad y la palabra de las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento en Caballito. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen en los registros oficiales como las personas que financiaron casi el 90% del valor del inmueble, otorgando un préstamo hipotecario de 200.000 dólares. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, la respuesta de las supuestas prestamistas fue de total desconcierto.

En un breve pero contundente intercambio a través del portero eléctrico, Beatriz Viegas fue tajante al ser consultada sobre su vínculo con el funcionario nacional. “¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa. Ante la repregunta sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, la jubilada cortó la comunicación con un nervioso: “Ay, no, no, no. Gracias”.

Por su parte, el entorno de Claudia Sbabo, la otra mujer que figura como acreedora del 50% restante del crédito, mantuvo una postura similar de extrañeza. Al ser consultada una persona de su círculo íntimo sobre si Sbabo le había prestado una suma millonaria al Jefe de Gabinete, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas. Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella lo conoce, pero no sabemos nada”.

“¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa.

El departamento en cuestión, una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, fue adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre pasado. Según la escritura, la operación se cerró por US$ 230.000, de los cuales el matrimonio solo habría abonado US$ 30.000 en efectivo, quedando el resto cubierto por la hipoteca privada con estas dos particulares. Lo llamativo es que ambas mujeres habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes por un valor menor.

La inconsistencia entre lo que dicta el Registro de la Propiedad Inmueble y los testimonios de las involucradas ha puesto la lupa sobre la transparencia de la transacción. Mientras los documentos públicos llevan la firma de la escribana Adriana Nechevenko —quien ya había intervenido en otras operaciones de la familia Adorni—, las declaraciones de las supuestas acreedoras sugieren que podrían haber sido utilizadas como prestanombres en una maniobra de financiamiento poco clara.

Hasta el momento, el Jefe de Gabinete no ha brindado una explicación detallada sobre por qué las personas que figuran prestándole una fortuna aseguran no tener idea de quién es él. El caso ya ha derivado en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la justicia federal comienza a solicitar medidas de prueba para determinar si los 200.000 dólares existieron realmente y cuál es el verdadero origen de los fondos utilizados para la compra.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

El trágico episodio ocurrió este lunes por la mañana en la localidad de San Cristóbal. El agresor, un estudiante de 15 años, disparó contra sus pares durante el inicio de la jornada escolar, dejando un saldo de un fallecido y dos heridos.

La comunidad educativa de la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad santafesina de San Cristóbal, se vio sacudida este lunes por un hecho de violencia sin precedentes. Minutos después del ingreso escolar, mientras los alumnos se encontraban en el patio preparándose para el izamiento de la bandera, un estudiante de 15 años inició un ataque con un arma de fuego que terminó con la vida de uno de sus compañeros.

Según los primeros reportes, el agresor habría ingresado al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Sin mediar palabra, el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos que impactaron en tres estudiantes. Como consecuencia del ataque, un adolescente de 13 años, que cursaba el primer año de la secundaria, falleció en el lugar, mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos por perdigones.

La situación generó escenas de desesperación y caos dentro del colegio. Muchos estudiantes, ante el sonido de las detonaciones, intentaron escapar del edificio saltando por las ventanas, lo que provocó que algunos sufrieran cortes y golpes adicionales. Los padres, alertados por los llamados de sus hijos desde el interior de la escuela, acudieron de inmediato al establecimiento en medio de un clima de total incertidumbre.

El atacante fue finalmente reducido y desarmado por un preceptor de la institución antes de que pudiera continuar con la agresión. Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al menor a la alcaldía local. En cuanto a los heridos, uno de ellos debió ser derivado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Rafaela para ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes oficiales y testigos del entorno escolar manifestaron su consternación ante lo sucedido, describiendo al agresor como un alumno que no presentaba antecedentes de conducta problemática ni comportamientos agresivos previos. El arma utilizada pertenecería a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en la localidad, aunque las circunstancias exactas de cómo el joven obtuvo el armamento aún son materia de investigación.

Tras el fatal desenlace, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo y se dispuso la suspensión total de las actividades escolares en todos los niveles de la zona. Mientras la justicia investiga si el ataque fue planificado o un acto al azar, equipos de asistencia psicológica trabajan con los alumnos y docentes que fueron testigos directos de la tragedia.

El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

Pablo Quirno aseguró que el país “no va a ser neutral”, en una definición que marca un giro en la política exterior argentina.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó una definición contundente sobre el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei: “Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán”. La frase marca un cambio explícito en la histórica postura de equilibrio diplomático del país frente a conflictos internacionales.

Más adelante, el funcionario reafirmó el alineamiento del gobierno con las potencias occidentales, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su asunción. En ese marco, la Argentina abandona la tradicional búsqueda de neutralidad para asumir un posicionamiento activo en un escenario geopolítico cada vez más tenso.

En el mismo tono, la definición de Quirno se suma a otros gestos del oficialismo en favor de Estados Unidos e Israel, consolidando un giro que ya había comenzado a evidenciarse en distintas decisiones diplomáticas y discursos del presidente. Este alineamiento genera debate en torno al impacto que puede tener en las relaciones internacionales del país.

Finalmente, la postura oficial vuelve a abrir interrogantes sobre los riesgos de involucrarse en conflictos globales y las consecuencias que podría tener para la política exterior argentina. Mientras el gobierno apuesta a una estrategia de alineamiento, crecen las críticas por el abandono de una tradición diplomática basada en la prudencia y la no intervención.

En un documento conjunto, organismos de Derechos Humanos reclamaron memoria, verdad y justicia, y denunciaron retrocesos en las políticas de derechos humanos.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, los organismos de derechos humanos difundieron un documento conjunto en el que renovaron el reclamo histórico por los detenidos desaparecidos y exigieron: “Que digan dónde están”. En el texto, remarcaron la vigencia de la lucha por memoria, verdad y justicia, en un contexto que describieron como preocupante.

Más adelante, señalaron que el aniversario no solo convoca a recordar el horror de la dictadura, sino también a reafirmar los consensos democráticos construidos en estas décadas. “La impunidad no puede volver a instalarse en la Argentina”, advirtieron, al tiempo que alertaron sobre discursos negacionistas que buscan relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.

En el mismo tono, los organismos cuestionaron decisiones del actual gobierno que, según denunciaron, implican un retroceso en materia de derechos humanos. Entre otros puntos, señalaron el vaciamiento de políticas públicas, el desfinanciamiento de espacios de memoria y la reivindicación de figuras vinculadas al terrorismo de Estado.

Finalmente, el documento cerró con una convocatoria a sostener la memoria activa y la movilización popular. “Son 30.000. Fue genocidio”, reafirmaron, insistiendo en la necesidad de mantener viva la lucha de las Madres y de todos los organismos que, durante décadas, enfrentaron el silencio y la impunidad para construir verdad y justicia.

El documento completo:

A 50 años del golpe genocida, estamos juntos nuevamente en esta histórica Plaza, y en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se defiende luchando y porque sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles.

¡Son 30.000! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!

Hoy están presentes en esta plaza y queremos que las nuevas generaciones y toda la sociedad conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban las y los 30.000. Por eso hoy estamos marchando con sus fotos. Porque estamos aquí para recordar a esas generaciones que a mediados del siglo pasado comenzaron a organizarse, para luchar contra quienes, como hoy, querían convertir la Argentina en colonia del imperialismo yanki y europeo.

En un país con un fuerte desarrollo industrial, las y los obreros, junto con las y los trabajadores del campo, luchaban por condiciones de trabajo justas, salarios dignos y acceso a la tierra. Al mismo tiempo, amplios sectores del movimiento obrero retomaban las tradiciones históricas de lucha y avanzaban en su conciencia de clase, elaboraban programas políticos y de gobierno, que iban más allá de las demandas meramente reivindicativas. Son ejemplo de ello el sindicalismo por la liberación nacional impulsado por la CGT de los Argentinos, así como las experiencias clasistas de los sindicatos y las coordinadoras en los cordones industriales de las grandes ciudades. El movimiento estudiantil impulsaba la unidad con la clase trabajadora, una universidad al servicio del pueblo. Defendía el legado de la Reforma Universitaria y no sólo su autonomía y su lugar en el cogobierno, sino también la gratuidad de la educación superior, lo que permitió que los hijos e hijas de obreros y campesinos llenaran las casas de estudios.

La unidad obrero estudiantil junto a las Ligas Agrarias, los sacerdotes para el Tercer Mundo, el movimiento villero, se unieron en las heroicas jornadas del Cordobazo, Mendozazo, Tucumanazo y tantos otros levantamientos populares que desafiaron a las dictaduras de turno.

En ese clima de movilización se inscribe la histórica huelga de los obreros de Villa Constitución en 1975, una lucha emblemática que puso en jaque a una dirigencia empresarial y política que se aferraba a la defensa de sus privilegios.

Las y los 30 mil detenidos-desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos y miles de exiliados son parte de ese movimiento popular que se organizaba y luchaba a pesar de las persecuciones, proscripciones y los sucesivos golpes de Estado. Reivindicamos todas sus luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT-ERP; la trotskista como la del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) o las tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sólo a algunas de las más de cientos de organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por una sociedad sin opresión ni explotación. Venimos de esas tradiciones y nos sirven como experiencias para fortalecer y recrear la lucha popular contra el gobierno fascista de Milei y Villarruel.

Aquellos a los que les arrebataron la vida eran hijos e hijas de este pueblo como lo son ustedes, llenos de alegría, sueños y esperanzas, que se impusieron la tarea de cambiar el mundo y el país. Esa tarea está inconclusa y es nuestra responsabilidad tomar sus banderas en estos momentos donde gobiernos de ultraderecha integrados por sectores fascistas junto al imperialismo han vuelto a atacar a los pueblos de nuestro continente y del mundo.

La dictadura genocida tuvo como antesala el gobierno de Isabel Perón, con López Rega y la Triple A, la CNU y demás bandas fascistas; el ensayo de genocidio del Operativo Independencia, mientras avanzaba el Plan Cóndor en los países de la región.

El golpe de Estado de 1976 instauró en la Argentina un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera del capital, la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado por una apertura indiscriminada de las importaciones. La dictadura desató un genocidio recurriendo al terrorismo de Estado, cuyo objetivo fue desarticular el alto nivel de organización, participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo argentino habían alcanzado en las décadas previas.

El 24 de marzo de 1976 se nacionalizó el plan sistemático para desaparecer y asesinar a miles de militantes y luchadores. Se pusieron en funcionamiento más de 800 centros clandestinos de detención, por donde pasaron miles de compañeras y compañeros. Fueron robados cientos de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres y que crecieron con su identidad arrebatada.

La gran mayoría de las y los detenidos-desaparecidos fueron fusilados o murieron como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos, muchos fueron asesinados en los “vuelos de la muerte”. Nunca nos entregaron sus cuerpos: por eso exigimos ¡que digan dónde están!

A partir de aquel 24 de marzo de 1976, con el quiebre institucional, se cerró el Congreso, se suspendieron los partidos políticos y se intervinieron los sindicatos. Se prohibieron los centros de estudiantes y todo tipo de organización social. Se censuró a la prensa, la ciencia y el arte. Construyeron el enemigo interno, los llamaron “subversivos y terroristas” para justificar el accionar criminal contra las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, culturales, religiosas y toda forma de lucha y resistencia de nuestro pueblo.

Cuando decimos que SON 30.000 hablamos de sus vidas, de sus luchas, de sus militancias y de sus compromisos con los pueblos oprimidos.

Ese golpe genocida fue cívico-militar, con la participación de grupos económicos, sectores de la Iglesia y la embajada de Estados Unidos.

Hace 49 años, Rodolfo Walsh difundió su Carta Abierta a la Junta Militar y denunció la miseria planificada, el verdadero corazón del proyecto de la dictadura. Sabemos quiénes se beneficiaron con la sangre del pueblo: los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, Ford, Mercedes Benz, Martínez de Hoz, Braun, Fortabat, los Madanes Quintanilla, entre otros, que aumentaron exponencialmente el endeudamiento externo.

Incluso en la guerra de Malvinas los militares cometieron delitos de lesa humanidad contra los conscriptos que sí enfrentaron al enemigo inglés apoyado por EEUU.

La impunidad fue política de Estado durante décadas: fue la inclaudicable lucha de las Madres, Abuelas, Familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos junto a la movilización popular y la rebelión del 2001, y la condena social a la impunidad, lo que permitió avanzar y reabrir los juicios a más de 1.500 genocidas, en los que fueron decisivos los testimonios de las/los ex-detenidos desaparecidos.

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo hasta tanto se sepa la suerte de cada desaparecido. Por ello la desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente, prueba de ello son los 12 compañeros asesinados en La Perla e identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense. QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN Y Decimos BASTA de demoras judiciales, BASTA de privilegios y prisiones domiciliarias.

Fueron las luchas del pueblo las que derrotaron una y otra vez los sucesivos intentos de impunidad como la ley de autoamnistía militar, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Indultos de Menem y el fallo de la Corte del “2 x 1” en el gobierno de Macri.

A 50 años del golpe, reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes.

Juicio y castigo a todos los militares genocidas, miembros de las Fuerzas de seguridad, responsables civiles y cómplices que aún queda pendiente condenar. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.

Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. Gobiernos como los de Menem y Macri profundizaron ese modelo mediante el ajuste, las privatizaciones, la desindustrialización, el desmantelamiento de las políticas públicas y los derechos sociales.

El gobierno de La Libertad Avanza profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano. Ataca los derechos populares y obedece los mandatos del FMI con una reforma laboral esclavista, votada por las fuerzas oficialistas y aliadas. Para esto contaron con el apoyo imprescindible de diputados y senadores que responden a gobernadores que aplican el ajuste. A esto se le suman otras contrarreformas como la previsional, tributaria, política y penal, mientras entrega los bienes comunes como botín del extractivismo más feroz.

Estas reformas significan retroceder más de un siglo en derechos logrados con luchas: la jornada de ocho horas, el derecho a una jubilación digna, la salud y la educación pública. Avanzan pisoteando la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes protectoras.

Estos modelos capitalistas neoliberales, no pueden imponerse sin represión, es así que profundizan los ataques a la organización popular, persiguen a quienes luchamos, equipan a las fuerzas represivas, arman causas, proscriben, amplían ilegalmente las atribuciones de los servicios de inteligencia, conforman comandos de fuerzas federales y provinciales para intervenir en los conflictos sindicales, avalan el gatillo fácil y militarizan funciones civiles avanzando hacia un régimen más autoritario, antidemocrático y represivo.

Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos, incumplen la obligación del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones históricas y pago de pensiones para las y los ex presos políticos, exiliados, hijos y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social.

Denunciamos la censura y el hostigamiento a las y los trabajadores que quedaron sosteniendo estos espacios, a quienes les prohíben realizar actividades centrales para el sostenimiento de la Memoria. Exigimos su preservación y el cuidado de las pruebas materiales.

Las consecuencias del plan sistemático de robo de bebés del último golpe de Estado aún persisten. Los cientos de bebés nacidos en centros clandestinos de detención, los niños y niñas desaparecidos junto a sus padres, que aún seguimos buscando, son los desaparecidos con vida de la dictadura.

Cada restitución de un nieto o nieta de las Abuelas de Plaza de Mayo es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado: secuestro, desaparición, asesinato, robo, sustracción de menores y falsificación de documentos públicos.

El Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados, pero desde la asunción del gobierno de Milei no ha pasado otra cosa que la reducción de las políticas públicas para garantizar éste y todos los derechos del pueblo. El Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reducido a la mitad su planta de trabajadores.

Llevamos 140 casos resueltos. Todavía buscamos a casi 300 hombres y mujeres con su identidad cambiada, que legan en sus hijos e hijas, sin saberlo, el silencio sobre la desaparición de sus padres y madres. Necesitamos de las instituciones públicas, del acompañamiento de la sociedad, del ejercicio de memoria, de quiebre de los pactos de silencio para seguir encontrando a los hijos e hijas de quienes lucharon por un país más justo. Por eso, si saben de alguien con dudas, acompáñenlo; y si tienen información sobre un posible hijo de personas desaparecidas, acérquenla. Nunca es tarde.

Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas, los nietos y las nietas, hermanos y hermanas, con los familiares de los detenidos-desaparecidos, y con el conjunto de organismos de derechos humanos acompañados por el pueblo para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta. Y para exigir ¡Que digan dónde están! A 50 años del golpe exigimos que los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan. A pesar de los juicios, pruebas y condenas por sus crímenes, siguen sosteniendo el pacto de silencio.

Después de haber consolidado la condena social y lograr la anulación de las leyes de impunidad con la lucha del pueblo, llegaron los juicios. En ese contexto fue desaparecido nuevamente Jorge Julio López y 20 años después seguimos sin saber dónde está ni qué hicieron con él: ¡Aparición de Jorge Julio López, castigo a los culpables! Justicia por Silvia Suppo, testigo en juicios de lesa humanidad.

Mientras los sobrevivientes siguen contando el terror en los juicios, cada vez hay menos genocidas en la cárcel común: más del 80 por ciento de los detenidos tiene el beneficio del arresto domiciliario, otros están en la cárcel VIP de Campo de Mayo y más de 1.500 están libres.

Mientras los genocidas son reivindicados por el gobierno, la política represiva y la persecución judicial se vuelven el método para acallar las luchas del pueblo. Avanza la criminalización de la protesta. Delegados de las cooperativas y organizaciones sociales, integrantes de las comunidades, militantes políticos y manifestantes son perseguidos, procesados y encarcelados.

A 50 años del golpe genocida valoramos haber construido este gran acto de unidad más allá de las diferencias. Desde el conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones convocantes a esta Plaza de Mayo y plazas del país, reclamamos con fuerte convicción:

¡Libertad a Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Milton Tolomeo, Daniel Vera y a todas las presas y los presos políticos, exigimos el cierre de todas las causas. Reclamamos la anulación de la condena a Alejandro Bodart y del procesamiento a Vanina Biassi, porque denunciar un genocidio no es delito.

La prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio. ¡Libertad a Cristina Fernández!

A pesar de todo lo que hemos construido en estas más de cuatro décadas desde el fin de la dictadura, la represión del Estado se ha cobrado las vidas de cientos de argentinos como los asesinados el 19 y 20 de diciembre.

A más de 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki.

Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, presentes. Justicia por Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales, Juan Gabriel González, las víctimas de gatillo fácil y demás víctimas de la represión estatal.

El gobierno de Milei y Villarruel hace de la represión a la protesta y el ataque al derecho de huelga una política de Estado para impedir la movilización.

¡Derogación del inconstitucional protocolo anti protestas de Bullrich! ¡Basta de represión estatal!

¡Basta de gatillo fácil, razias, detenciones arbitrarias y persecuciones!

¡Exigimos el cese del hostigamiento, las torturas y las muertes en lugares de detención y encierro!

Derogación de la ley de baja de la edad de punibilidad y la criminalización a las adolescencias. Nuestras pibas y pibes no son delincuentes. Por la efectiva aplicación de las políticas públicas que garanticen y amplíen derechos y fortalezcan el sistema de protección integral de niñez y adolescencia, por infancias y adolescencias libres de toda violencia.

Denunciamos el vaciamiento de las políticas públicas solidarias. Universalización de la asistencia social, no al cese de los programas sociales, aumento de sus montos, reapertura de las inscripciones y entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Por trabajo genuino.

Repudiamos el brutal ataque a las y los jubilados y la represión a todas las movilizaciones populares. ¡Exigimos el aumento de las jubilaciones ya! ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables!

Le decimos no a la destrucción de la salud pública. Y a la política de cierre, vaciamiento, despidos y privatización de hospitales y programas de salud. ¡En defensa del hospital Garrahan como causa nacional! Rechazamos los sumarios, sanciones e intentos de despidos que el gobierno quiere consumar a pesar del fallo judicial favorable! Aplicación efectiva de la ley de Emergencia Pediátrica y de la ley nacional en Discapacidad.

¡Defensa incondicional de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles! No a la degradación del ministerio de Educación. Aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y rechazo al nuevo intento de modificación del gobierno de Milei para no cumplirla.

No a la entrega de los bienes comunes. La ley de Glaciares no se toca. Defendemos la tierra y el agua contra el extractivismo. El RIGI profundiza la política que incendia e inunda los territorios y persigue a nuestras comunidades.

Basta de militarización de los territorios. Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos originarios a los territorios ancestrales, autodeterminación y cultura, y acompañamos los reclamos de restitución. Abajo toda la legislación represiva: leyes antiterroristas, derogación de la reforma inconstitucional del código penal, las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia y decreto habilitante de las Fuerzas Armadas en inteligencia y seguridad interior.

Exigimos a los tres poderes del Estado la anulación y derogación de la Ley Bases, los DNU 70/23 y 941/25 que empodera más a la ex SIDE.

Rechazamos la política pro fascista, colonial, racista y xenófoba de este gobierno. Basta de atacar y perseguir a migrantes. ¡Migrar no es delito!

Denunciamos el desmantelamiento de las políticas de género y diversidad, el ataque a los derechos logrados por mujeres y personas LGBTINB+ y la promoción de discursos de odio desde las más altas esferas del Estado, como también el aumento de la violencia machista. Basta de Femicidios. Aparición con vida de Tehuel. Justicia por Diana Sacayán. Cuidados y reparación para la población travesti trans.

La deuda es una estafa, las estafas no se pagan. La única deuda es con el pueblo, que esa plata se destine a las jubilaciones, medicamentos, protección social, trabajo, vivienda, salud y educación y no al Fondo. Fuera el FMI.

Abajo la reforma laboral esclavista de Milei, del FMI y de las patronales. Basta de despidos de trabajadores del sector público y privado. No al cierre de empresas y fuentes de trabajo. Las políticas de ajuste y destrucción de derechos han sido y son devastadoras y no fueron respondidas con un plan de lucha contundente para frenarlas. Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de salir a luchar. Necesitamos que las centrales de trabajadores y trabajadoras se pongan al frente de un plan de lucha contra estas políticas. Paro general y plan de lucha ya.

Desde esta plaza nos solidarizamos y hacemos nuestras las luchas del mundo.

Justicia por las niñas Villalba, asesinadas por el Ejército de Paraguay. Aparición con vida de Lichita. Fuera el imperialismo norteamericano de Venezuela, basta de bloqueo y agresiones a Cuba, fuera yanquis de América Latina.

Milei está alineado con el sionismo genocida. Nos pronunciamos por una Palestina libre repudiamos el genocidio en Gaza y la agresión de EEUU e Israel contra el pueblo de Irán. Decimos NO al Genocidio, NO a la Guerra.

Por la autodeterminación de los pueblos.

Pasaron 50 años y seguimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Por pan, salud y trabajo. Educación y vivienda.

Levantemos ahora mismo muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese Poder del Estado que no los busca, mientras los niega.

Con 30.000 luchas como bandera, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Porque somos el país del Nunca Más y el pañuelo blanco. Porque seguiremos, como sostuvo Paco Urondo, hasta que todo sea como lo soñamos y también como lo luchamos.

A 50 años del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos, con la unidad que necesita nuestro pueblo:

¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!

¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!

¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!

¡Ahora y siempre!

¡Ahora y siempre!

¡Ahora y siempre!

El vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la escena por su patrimonio, en medio de cuestionamientos por sus gastos y su discurso contra los privilegios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suma una nueva polémica tras conocerse que una vivienda en un exclusivo country, con expensas cercanas a los $700 mil mensuales, figura a nombre de su esposa. La información generó interrogantes sobre la situación patrimonial del funcionario y el origen de los fondos, en un contexto donde ya venía siendo cuestionado por su nivel de gastos.

La propiedad se encuentra en un barrio cerrado de alto nivel y forma parte de un conjunto de datos que comenzaron a circular sobre los bienes vinculados al entorno familiar de Adorni. La revelación se suma a las dudas que ya habían surgido por los consumos con tarjetas de crédito y otros movimientos que exceden ampliamente su ingreso declarado como funcionario público.

Más allá del detalle puntual del inmueble, el caso vuelve a poner en discusión la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas de algunos integrantes del gobierno. Adorni ha sido uno de los principales voceros de la narrativa libertaria contra “la casta” y los privilegios del Estado, lo que amplifica el impacto político de este tipo de revelaciones.

En ese marco, crecen los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y su entorno. Mientras el Gobierno insiste en la austeridad como bandera, los datos que se van conociendo alimentan la controversia y refuerzan las críticas sobre posibles inconsistencias entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre.