Mientras el Senado debate cambios a la Ley de Glaciares, ambientalistas y sectores sociales advierten sobre posibles riesgos para las reservas de agua y la biodiversidad en Salta, donde existen 646 cuerpos de hielo catalogados en el marco de la normativa vigente.
La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se volvió uno de los principales focos de debate ambiental y productivo en el país. En la provincia de Salta, donde se identifican 646 cuerpos de hielo inventariados por la legislación actual, la tensión se acentuó entre quienes defienden la protección del agua y quienes impulsan la explotación de recursos como el litio y otros minerales.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial —considerados reservas estratégicas de agua dulce— y prohíbe actividades extractivas en esas zonas para preservar los recursos hídricos. El Senado puso en agenda una modificación de esa normativa que podría redefinir los criterios de protección, en especial en territorios con potencial minero.
Quienes impulsan la reforma argumentan que una redefinición de la ley permitiría atraer inversiones mineras significativas, particularmente en el litio y el cobre, sectores que han cobrado importancia en la agenda económica por su rol en la transición energética global y las cadenas productivas. El debate en el Senado se da en simultáneo con otras discusiones legislativas, como la reforma laboral y acuerdos internacionales, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con su proyecto.
Foto: Javier Vergara
Por su parte, ambientalistas, organizaciones sociales y expertos advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección del agua y del ambiente periglacial, otorgando mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué geoformas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora protegidas.
La polémica se intensificó también en las calles y frente al Congreso, donde grupos ambientalistas realizaron protestas y expresaron su rechazo a la modificación del marco normativo que vela por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes de agua que sostienen tanto poblaciones como actividades productivas.
En Salta, donde la presencia de glaciares es un componente clave del equilibrio hídrico, la pulseada entre la protección ambiental y los intereses de la industria minera se volvió ejemplar de una discusión mayor: cómo equilibrar la preservación de recursos estratégicos con la búsqueda de inversiones y desarrollo productivo en regiones con reservas minerales.
Un informe oficial reveló que más de 36.000 kioscos cerraron sus puertas en los últimos dos años, lo que derivó en la pérdida de alrededor de 72.000 empleos, un reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sector minorista y el pequeño comercio en todo el país.
La actividad de los kioscos, uno de los pilares del comercio minorista en Argentina, sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, según datos oficiales que dan cuenta de un deterioro sostenido de este segmento productivo. El informe indica que más de 36.000 locales cerraron definitivamente, dejando a su paso la pérdida de alrededor de 72.000 puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a este rubro.
Los cierres de kioscos se inscriben en un contexto de caída del consumo, aumento de costos operativos y presión inflacionaria que impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios de proximidad. Factores como el aumento de tarifas, las tasas financieras y el encarecimiento de insumos y alquileres hicieron cada vez más difícil sostener estos negocios, que suelen funcionar con márgenes estrechos.
La pérdida de empleo en este sector no sólo representa una cifra cuantitativa significativa, sino que también tiene un fuerte impacto social y territorial, dado que los kioscos constituyen una fuente de ingresos para miles de familias y un punto de acceso cotidiano a bienes y servicios en barrios de todo el país.
Organizaciones del sector empresarial y cámaras que agrupan pequeños comerciantes advirtieron que la magnitud de los cierres pone en riesgo la sustentabilidad de un modelo comercial basado en la proximidad y que la situación podría profundizarse si no hay medidas de apoyo concretas para aliviar las cargas fiscales, facilitar el acceso al crédito y sostener la actividad productiva.
Además, el cierre de locales influye en la dinámica urbana y en la vida cotidiana de los vecindarios, ya que los kioscos suelen ser una pieza clave en la red de comercios barriales que abastecen desde productos básicos hasta servicios de pago y recarga.
La cifra de 72.000 empleos perdidos refleja que el impacto no se limita a la desaparición física de los locales, sino que afecta de manera directa la economía de cientos de miles de personas vinculadas a estos puestos de trabajo, agravando la ya delicada situación del mercado laboral en sectores informales y formales.
Con estos datos sobre la mesa, la discusión sobre la crisis del comercio minorista y las políticas de protección para los pequeños negocios se vuelve cada vez más urgente, en un escenario donde las cifras de cierre y desempleo ponen de manifiesto la profundidad de las dificultades económicas que atraviesa el sector.
Bajo el discurso de la “libertad de mercado”, la apertura importadora avanzó sin red de contención para la industria local, dejando como saldo fábricas cerradas, líneas de producción vaciadas y miles de trabajadores fuera del sistema formal.
Desde la asunción de Javier Milei, el mapa industrial argentino comenzó a achicarse a un ritmo alarmante. En nombre de la “libertad de mercado” y la apertura comercial, el Gobierno avanzó con una política de desregulación y reducción de controles que, lejos de fortalecer la producción nacional, terminó acelerando cierres de plantas, despidos masivos y un proceso silencioso pero constante de sustitución de producción local por importaciones. Los números son contundentes: en poco más de dos años se perdieron cerca de 22.000 empresas y más de 290.000 puestos de trabajo registrados.
Cierres de plantas y despidos concretos
La ola de cierres afecta a distintos sectores y regiones:
La histórica empresa de neumáticos Fate cerró su planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires, dejando sin empleo a 920 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a “cambios en las condiciones de mercado”, sobre todo la apertura de importaciones y la caída de la competitividad interna frente a productos extranjeros más baratos.
En la segunda quincena de noviembre de 2025, al menos cinco plantas industriales cerraron sus puertas y despidieron a más de 400 empleados en sectores como metalurgia, electrodomésticos, textil y autopartes, con provincias como Buenos Aires, La Rioja y San Luis entre las más afectadas.
En ese contexto, Whirlpool cerró su planta en Pilar y desvinculó a 220 trabajadores.
Luxo y Vulcalar detuvieron producción y despidieron empleados en La Rioja y Sanagasta.
En San Luis, la autopartista Dana cerró su planta, afectando a unos 50 trabajadores.
En la industria láctea, La Suipachense clausuró su planta en Suipacha (Buenos Aires), con 143 despidos, mientras que Otito cerró en Jujuy y dejó sin trabajo a otras 40 personas.
El sector textil también fue duramente golpeado: TN & Platex discontinuó líneas de producción en Corrientes y La Rioja y desvinculó a 88 empleados, y otras firmas como Textilana (Mauro Sergio) suspendieron o redujeron dotaciones.
Organizaciones laborales y especialistas señalan estos casos como parte de un fenómeno más profundo de desindustrialización y pérdida de empleo manufacturero, producto de la fuerte presión competitiva de importaciones, que obliga a muchas firmas a replantear sus operaciones.
Reestructuraciones y el giro hacia la importación
No todos los casos implican cierres definitivos: varias empresas decidieron dejar de producir en el país para importar productos terminados, una forma de reestructuración que agrava la pérdida de empleo local:
Según un informe internacional, el emblemático fabricante de termos Lumilagro redujo su producción local y ahora importa gran parte de sus productos desde el extranjero, con la consecuente reducción de su planta industrial y la pérdida de puestos de trabajo.
Casos de fabricantes nacionales de electrodomésticos —como una empresa de Cañuelas que produce heladeras y otros bienes para marcas globales— muestran que la producción se ha reducido drásticamente, con despidos continuos y una creciente incorporación de productos importados bajo su propia marca.
Este patrón se replica en otros rubros y consolida un modelo que privilegia la importación por sobre la producción local. Muchas firmas señalan que la competencia desleal de productos importados más baratos, especialmente desde China, hace inviable mantener líneas de producción locales y los obliga a reorientar su negocio hacia la importación y comercialización de bienes ya fabricados en el exterior.
Despidos en serie y empleo en alerta
Además de las pérdidas de empleos por cierres de plantas, los despidos se multiplican en distintos sectores:
Un relevamiento privado señaló que diversas empresas anunciaron ajustes, suspensiones y desvinculaciones que ponen 2.300 empleos en riesgo al inicio de 2026.
Encuestas sectoriales indican que al menos el 15% de las industrias planea nuevos despidos durante el primer trimestre del año, especialmente en los mercados textil, automotriz y pyme.
El efecto acumulado se nota también en cifras macroeconómicas: desde fines de 2023 se perdieron cientos de miles de empleos registrados y se cerraron miles de empresas en distintos segmentos productivos.
Analistas y sindicatos advierten que la crisis responde a varios factores:
Apertura de importaciones sin controles efectivos, que deja al productor local en desventaja frente a productos terminados más baratos.
Caída sostenida de la demanda interna, con el consumo deprimido y una utilización baja de la capacidad productiva de la industria.
Costos de producción altos, combinados con competitividad cambiaria desfavorable.
Tanto gremios como la Unión Industrial Argentina, confirman que estas políticas configuran un proceso de desindustrialización acelerada, con impacto directo en la estructura laboral y productiva del país.
Lejos de tratarse de hechos aislados, los cierres y reestructuraciones respondieron a una matriz económica que prioriza la apertura importadora sin una política de protección o transición para el entramado productivo local. Mientras el Gobierno defiende la baja de aranceles y la eliminación de regulaciones como parte de su programa liberal, miles de trabajadores quedaron sin empleo y cientos de pymes no lograron sobrevivir a la competencia externa en un mercado interno deprimido.
El resultado se traduce en un proceso que distintos analistas ya describen como desindustrialización acelerada. No solo se perdieron puestos de trabajo: también se desmantelaron capacidades productivas, cadenas de valor y conocimientos acumulados durante décadas. La pregunta que comenzó a instalarse en el sector empresario y sindical fue si el país puede sostener crecimiento y desarrollo reemplazando producción nacional por contenedores importados. Hasta acá, la respuesta apunta a contradecir al gobierno.
Un empresario industrial de una pyme exportadora, con presencia en Estados Unidos, rompió el silencio y cuestionó la reforma laboral que impulsa el oficialismo, señalando que no garantiza mejoras reales para los trabajadores ni incentivos sostenibles para las empresas.
Un empresario industrial de una pyme con exportaciones a Estados Unidos se diferenció públicamente de la postura oficial y expresó su rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso, sosteniendo que no responderá a las necesidades reales del mercado de trabajo argentino y que podría profundizar problemas estructurales.
El empresario explicó que, desde su experiencia exportadora, la creación de empleo de calidad depende de políticas de largo plazo que garanticen estabilidad, financiamiento adecuado y condiciones competitivas para la producción nacional. Según su análisis, la reforma laboral tal como está redactada no aborda esos factores esenciales y apuesta por flexibilizaciones que no se traducen en más trabajo formal ni mayor producción.
Para este empresario, que ha logrado colocar productos argentinos en mercados internacionales como el estadounidense, la discusión sobre legislación laboral debería centrarse en fortalecer la productividad y fomentar acuerdos entre trabajadores y empresas, en lugar de promover cambios que, en su visión, se enfocan únicamente en reducir costos laborales sin garantizar crecimiento sostenido.
Aldo Lo Russo, empresario industrial.
Además, manifestó preocupación por el impacto que este tipo de reformas puede tener en las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la generación de empleo en gran parte del país, especialmente en regiones productivas fuera de los grandes centros urbanos. En su opinión, las pymes necesitan instrumentos que les permitan competir, invertir y sostener puestos laborales estables, algo que no se resuelve únicamente con modificación de normas laborales.
El empresario exportador remarcó la importancia de entender las particularidades de cada sector productivo y de construir consensos amplios antes de aprobar cambios que afectan a millones de trabajadores y empresas. Su posición contraria a la reforma se suma a otras voces del sector privado que también vienen advirtiendo sobre posibles efectos adversos si no se toman en cuenta variables como el acceso al crédito, la infraestructura logística y los costos impositivos.
Con el debate parlamentario en marcha y la reforma laboral atravesando distintas instancias de discusión, las críticas como la de este empresario ponen en evidencia que no todas las cámaras del sector productivo acompañan la iniciativa oficial, generando un escenario de mayor complejidad política y económica en torno al proyecto.
Una explosión se registró este jueves en la Escuela de Gendarmería Nacional y dejó al menos tres agentes heridos. La Justicia investiga lo ocurrido mientras se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona.
Una explosión se produjo en las instalaciones de la Escuela de Gendarmería Nacional y como consecuencia resultaron heridos tres efectivos de la fuerza. El hecho generó un importante despliegue de personal de seguridad y equipos especializados en el lugar.
Según la información oficial, el estallido ocurrió cuando los agentes manipulaban un paquete que se encontraba dentro del predio. Tras la detonación, los efectivos fueron asistidos de inmediato y trasladados para su atención médica. Hasta el momento, se informó que se encuentran fuera de peligro.
En el lugar trabajaron peritos y especialistas en explosivos para asegurar la zona y recolectar elementos que permitan esclarecer lo sucedido. El área fue vallada de manera preventiva mientras avanzaban las tareas de inspección.
La investigación quedó en manos de la Justicia federal, que busca determinar las circunstancias en que se produjo la explosión y establecer responsabilidades. Por el momento no se brindaron detalles oficiales adicionales sobre el contenido del paquete ni sobre su procedencia.
El hecho generó preocupación dentro de la fuerza y motivó el refuerzo de los protocolos de seguridad en instalaciones similares, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas.
Las autoridades señalaron que se continuará informando a medida que avance la investigación y se obtengan datos concluyentes sobre el episodio.
El Banco Santander confirmó el cierre de más de 30 sucursales en todo el país y puso en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo, en medio de una reestructuración que genera inquietud entre sindicatos y sectores laborales.
El grupo financiero Banco Santander comunicó el cierre definitivo de más de 30 sucursales en diversas localidades de Argentina, lo que pondrá en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo, según informaron desde la entidad.
La medida forma parte de un plan de reestructuración que elaboró la empresa, que implicará el cese de operaciones en varias sucursales de su red de atención al público. Hasta ahora, la entidad explicó que los cierres se inscriben en un proceso de ajuste de su estructura física, con traslado de servicios hacia modalidades no presenciales.
Las sucursales afectadas se ubican en distintas provincias del país, aunque la empresa no detalló los lugares ni el cronograma completo de los cierres. La decisión fue comunicada a los trabajadores y generó inquietud entre el personal y los sectores que analizan el impacto de la medida en el empleo formal del sector financiero.
Según lo que trascendió, la compañía justificó el cierre de sucursales en base a una supuesta reorganización por las nuevas dinámicas del mercado y al uso creciente de canales digitales por parte de los clientes, lo que habría reducido la demanda de atención presencial en algunas oficinas. No obstante, la noticia encendió alarmas entre organizaciones laborales y sectores vinculados al empleo bancario.
El cierre de sucursales bancarias representa una tendencia observada en varias entidades en los últimos años, aunque la magnitud de la decisión del Santander hizo que la situación tuviera un impacto inmediato en la discusión sobre el futuro del trabajo en el sector y las condiciones de estabilidad laboral de los empleados afectados.
Con más de 30 oficinas fuera de servicio y casi 500 trabajadores en una situación de incertidumbre, la reestructuración del Banco Santander se suma a una serie de ajustes en otros sectores de la economía que vienen generando preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo y la precarización de los empleos formales.
En plena discusión por la reforma laboral, el oficialismo salió a cuestionar a Sturzenegger por el polémico contrato vinculado a su esposa y por su rol en el diseño de las licencias incluidas en el proyecto.
En medio del debate por la reforma laboral, el Gobierno puso el foco en Federico Sturzenegger por un contrato relacionado con su esposa que generó ruido interno y abrió cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial y ciertas decisiones administrativas. El señalamiento se da mientras el Ejecutivo intenta blindar la iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Desde sectores del oficialismo dejaron trascender su malestar por el impacto político del caso y por el momento elegido, justo cuando el proyecto laboral enfrenta resistencias en el Congreso y críticas de sindicatos y gobernadores. La polémica gira en torno a un contrato que habría beneficiado al entorno familiar del economista, lo que desató reproches dentro del propio espacio.
El conflicto no se limitó a ese punto. También surgieron cuestionamientos sobre el diseño de las licencias contempladas en la reforma laboral, un aspecto sensible del proyecto que ya había generado debate público. En ese marco, algunos funcionarios deslizaron que determinadas decisiones técnicas podrían terminar complicando la estrategia parlamentaria.
La situación dejó al descubierto fricciones dentro del oficialismo, que intenta mostrarse cohesionado frente al tratamiento legislativo pero exhibe diferencias en la trastienda. El episodio se suma a otras tensiones que atravesaron el armado libertario en las últimas semanas.
Mientras la reforma laboral avanza hacia Diputados, el Gobierno busca evitar que la controversia escale y afecte las negociaciones políticas necesarias para su aprobación definitiva. Sin embargo, el ruido interno ya forma parte del escenario.
La disputa alrededor de Sturzenegger no sólo expone una discusión puntual sobre un contrato o sobre el alcance de las licencias laborales, sino también las dificultades del oficialismo para sostener un relato de transparencia y orden en medio de una agenda legislativa cargada y políticamente sensible.
La empresa comunicó el cierre de su histórico taller en la localidad de San Fernando, dejando sin trabajo a cerca de mil empleados.
La fábrica de neumáticos Fate confirmó que cerrará de manera definitiva su planta ubicada en San Fernando, poniendo fin a décadas de actividad productiva y dejando a casi mil trabajadores sin empleo. La empresa atribuyó la medida a la fuerte crisis que azota la industria argentina que terminó de hundir la demanda y a la inviabilidad económica de mantener operativas sus líneas de producción.
La noticia generó una enorme preocupación en los sindicatos y en los trabajadores de la planta, que recibieron la confirmación del cierre por parte de las autoridades de la compañía tras varias semanas de incertidumbre. El impacto social de la medida se siente de inmediato en una región donde la industria manufacturera ya enfrenta una marcada retracción de la producción y del empleo formal.
Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, explicó que el contexto económico, la falta de competitividad en el mercado interno y las condiciones de costos operativos llevaron a la decisión de cesar las actividades en el taller de San Fernando. La compañía señaló que evaluó distintas alternativas, pero que finalmente la decisión fue inevitable.
Desde los gremios locales criticaron con dureza la medida, describiéndola como un golpe directo al empleo en la industria y un retroceso para el sector productivo argentino. Los representantes sindicales adelantaron que buscarán instancias de diálogo con el Gobierno nacional y provincial para explorar posibilidades de sostener fuentes de trabajo y mitigar el impacto social de los despidos.
La planta de San Fernando fue un símbolo de la producción industrial del país durante décadas, y su cierre no sólo significa la pérdida de puestos laborales, sino también el deterioro de una cadena productiva que ya venía golpeada por años de estancamiento y caída de la actividad fabril.
El anuncio de Fate se suma a otros cierres y achiques productivos registrados en los últimos meses, en un contexto de caída de la actividad económica y presión sobre los costos que afecta a múltiples ramas de la industria manufacturera.
Con la confirmación del cese definitivo de operaciones y la salida de cerca de mil trabajadores, se abre un capítulo más en la crisis del empleo industrial, poniendo nuevamente sobre la mesa la urgencia de políticas que protejan el trabajo productivo y frenen la desindustrialización.
Luego de una extensa sesión en la Cámara Alta, donde el Gobierno logró la media sanción del proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, ahora la iniciativa avanza hacia la Cámara de Diputados para continuar su discusión parlamentaria.
El Senado de la Nación le dio este jueves media sanción a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un debate que se extendió por más de 12 horas y terminó con el respaldo mayoritario del oficialismo y bloques aliados. Con 42 votos afirmativos frente a 30 negativos, la iniciativa fue aprobada en general y será girada a la Cámara de Diputados para que los diputados inicien su tratamiento.
La sesión en el Senado comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se extendió hasta la madrugada, en medio de intensos cruces políticos y presencia de dirigentes del Gobierno en las galerías del recinto. La votación incluyó más de veinte modificaciones respecto al texto original presentado por el Ejecutivo, incorporadas como parte de las negociaciones previas para reunir los apoyos necesarios.
Frente al Congreso y en distintos puntos del país se vivieron manifestaciones en rechazo a la reforma, con sectores sindicales, organizaciones sociales y filas opositoras que cuestionan la iniciativa por considerar que implica retrocesos en derechos laborales y una flexibilización excesiva de las condiciones de trabajo.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto de reforma laboral seguirá ahora su camino legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo —que cuenta con la primera minoría— buscará avanzar en el debate y la eventual aprobación definitiva de la ley. El tratamiento en Diputados será clave para determinar si la iniciativa se convierte finalmente en norma y qué modificaciones, si las hubiera, se realizan antes de su sanción.
La iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Gobierno en el inicio del año legislativo, bajo un contexto de tensiones políticas y sociales debido al alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral, el impacto en derechos adquiridos y las dificultades de representación sindical frente a las nuevas reglas previstas en el texto.
Asi despidió la ex presidenta a Sandra Mendoza, la ex diputada y referenta del peronismo murió este miércoles a los 62 años.
Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedir a Sandra Mendoza, a quien definió como una “gran compañera y militante”. En el texto, la ex presidenta destacó su compromiso con la política y su entrega a lo largo de los años en la construcción colectiva de derechos.
“Gran compañera y militante”, escribió Cristina al recordarla, subrayando la coherencia y la convicción con la que Mendoza transitó su camino dentro del campo popular. La publicación estuvo acompañada por imágenes que reflejan momentos compartidos en actividades políticas y espacios de militancia.
En su mensaje, Cristina también resaltó el valor humano de Sandra Mendoza y el afecto que supo cosechar entre quienes compartieron luchas y proyectos. Además, envió un abrazo especial a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor.
