El jefe de Gabinete fue denunciado por incluir a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos. El caso generó polémica porque el propio funcionario había criticado duramente el uso del Estado para beneficiar a allegados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por haber incluido a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York junto al presidente Javier Milei. La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió investigar si se produjo un uso indebido de recursos públicos al trasladar a una persona que no ocupa ningún cargo en el Estado.

La polémica se desató luego de que trascendiera que la esposa del funcionario integró la delegación que participó de actividades oficiales en Estados Unidos. La denuncia solicita que la Justicia determine si hubo malversación de fondos o utilización irregular de recursos del Estado en el marco del viaje presidencial.

El episodio reavivó críticas por las declaraciones que el propio Adorni había realizado en el pasado contra los privilegios de la política. En una conferencia de prensa, el actual jefe de Gabinete había afirmado: “Se acabó la lógica del Estado como un botín, a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada”, una frase que volvió a circular en redes sociales tras conocerse la denuncia.

No fue la única declaración en ese sentido. El ex vocero también sustuvo que “en la Argentina de las ideas de la libertad los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual”, y había insistido en que el gobierno libertario no haría acuerdos con “la corrupción” ni permitiría los privilegios de la política.

Consultado por la polémica, Adorni intentó justificar la presencia de su esposa en el viaje y sostuvo que los gastos personales no fueron cubiertos por el Estado. Sin embargo, la denuncia presentada ante la Justicia federal buscará determinar si la inclusión de su pareja en la comitiva oficial implicó o no un uso indebido de recursos públicos.

Mientras tanto, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y lucha contra los privilegios que el Gobierno libertario repite en cada conferencia y las prácticas concretas de algunos de sus funcionarios.

En el marco del paro internacional del 8M, decenas de miles de mujeres y diversidades marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para denunciar los retrocesos en políticas de género y reclamar contra la violencia machista.

En una movilización multitudinaria, decenas de miles de mujeres y diversidades colmaron las calles del centro porteño en el marco del paro internacional feminista del 8 de marzo. La marcha partió desde el Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central con la lectura de un documento consensuado por organizaciones del movimiento feminista.

La convocatoria reunió a colectivos feministas, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas que se movilizaron para denunciar el recorte de políticas públicas vinculadas a género y diversidad, así como el aumento de la precarización laboral y la violencia machista. Durante la jornada, las consignas también apuntaron contra el negacionismo sobre la violencia de género y el desmantelamiento de áreas estatales dedicadas a la igualdad.

Ya entrada la tarde, ante una multitud concentrada frente a la Casa Rosada, se leyó el documento central de la jornada. El texto señaló que la movilización buscó “unir las luchas” frente a un contexto de ajuste económico y retrocesos en derechos, y reafirmó el rol del movimiento feminista como una de las principales fuerzas sociales de resistencia.

La jornada del 8M volvió a mostrar la capacidad de movilización del movimiento feminista argentino, que desde hace años se organiza en torno a reclamos como el fin de la violencia machista, la igualdad laboral y el reconocimiento de derechos para mujeres y diversidades. En un escenario de fuerte tensión política y social, la masiva marcha dejó en claro que la agenda feminista continúa presente en las calles.

Pese a un fallo firme del Tribunal de Trabajo de Pilar, Leandro Gómez no pudo retomar sus tareas en Lustramax. Increíblemente, la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, fue hasta la puerta de la planta para impedir su ingreso.

El delegado Leandro Gómez se presentó el jueves en su puesto de trabajo luego de que el Tribunal de Trabajo de Pilar emitiera una resolución clara ordenando su inmediata reinstalación. Sin embargo, su reincorporación fue impedida cuando la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, se ubicó en la puerta de la planta para bloquear el ingreso del trabajador.

La escena expuso un hecho de gravedad institucional: una legisladora interviniendo directamente para impedir el cumplimiento de un fallo judicial. Trabajadores denunciaron que la presencia de Arietto en el lugar funcionó como un mecanismo de presión e intimidación contra la organización sindical dentro de la empresa.

Ante el cuestionamiento por la resolución judicial, tanto la empresa Lustramax como la senadora mantuvieron una negativa rotunda a permitir el ingreso del delegado. Al día siguiente, Gómez volvió a presentarse en la fábrica acompañado por su abogado y un escribano, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del fallo, pero nuevamente se le impidió el acceso. La negativa de la empresa quedó asentada en un acta notarial.

La resolución del Tribunal de Trabajo de Pilar es contundente: la empresa “deberá permitir el ingreso del trabajador en sus días y horario habitual de trabajo y no impedir el desarrollo de la actividad laboral y/o sindical del delegado demandado conforme el derecho de libertad sindical de raigambre constitucional”.

Lustramax había intentado impedir su reincorporación mediante una medida cautelar mientras impulsa un juicio de desafuero contra el delegado, pero ese planteo fue rechazado por la Justicia. Posteriormente presentó un recurso de revocatoria que también fue desestimado, por lo que el fallo quedó firme y sin instancias de apelación.

Frente a esta situación, trabajadores denunciaron el incumplimiento de la resolución judicial y exigieron que la empresa acate de inmediato la decisión del Tribunal y permita la reinstalación del delegado.

La medida comenzará el 16 de marzo. Reclaman el pago de una recomposición salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado que comenzará el próximo 16 de marzo y podría afectar el inicio del cuatrimestre en varias facultades. La medida fue resuelta por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en medio de un fuerte conflicto salarial con el Gobierno nacional.

El reclamo central apunta al pago de una recomposición salarial del 51%, que los docentes consideran adeudada en función de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Desde el gremio sostienen que los incrementos otorgados hasta ahora no compensan la inflación acumulada y que el deterioro del salario docente se profundizó en los últimos meses.

Desde AGD-UBA advirtieron que el plan de lucha incluirá paros, movilizaciones, clases públicas y distintas acciones para visibilizar el conflicto. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron desde el sindicato al anunciar la medida.

El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento del sistema universitario. Los docentes denuncian que el Gobierno no aplica plenamente la ley aprobada por el Congreso, lo que —según advierten— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el inicio normal del ciclo lectivo.

La central obrera pidió declarar inconstitucional la ley impulsada por Milei y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos.

Tal como adelantó previo a la aprobación de la reforma laboral, este viernes la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el proyecto que promulgó hoy el presidente Javier Milei. La presentación busca que los tribunales declaren su inconstitucionalidad por considerar que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional.

El amparo fue presentado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la central sindical junto a dirigentes de distintos gremios que integran la CGT.

Desde la central obrera sostienen que varios artículos de la reforma afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga. También plantean que la norma viola el principio de progresividad del derecho laboral, que establece que las conquistas laborales no pueden retroceder.

La reforma laboral, aprobada por el Congreso y defendida por el gobierno como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo, introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre otras medidas, flexibiliza contrataciones, modifica el sistema de indemnizaciones y redefine el alcance de la negociación colectiva, lo que generó un fuerte rechazo del movimiento sindical y abrió un nuevo frente de conflicto en los tribunales.

Con el argumento de “modernizar” el mercado laboral, el Gobierno promulgó una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo, reduce penalidades para empleadores que incumplen la ley y abre la puerta a nuevas formas de contratación más precarias.

El gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, que ya entró en vigencia y modifica aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Presentada por el oficialismo como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la creación de empleo, la normativa introduce cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, las modalidades de contratación y el funcionamiento de los convenios colectivos.

Uno de los puntos más discutidos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido. La nueva legislación establece que el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se paga la compensación al trabajador despedido.

Otro cambio relevante es la posibilidad de crear fondos de cese laboral, similares al sistema de la construcción, en los que el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta y el trabajador cobra ese dinero cuando termina la relación laboral. El Gobierno sostiene que este mecanismo aporta previsibilidad y reduce litigiosidad, pero especialistas advierten que puede implicar indemnizaciones menores que las actuales.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en la organización del trabajo. Entre otras medidas, habilita el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o jornadas más cortas en otros momentos, y abre la puerta a esquemas de jornada más extensos mediante acuerdos entre empresas y trabajadores. En la práctica, algunos analistas señalan que esto podría traducirse en jornadas más largas sin el pago tradicional de horas extra.

Otro punto que genera controversia es la ampliación del período de prueba. Con la nueva ley, las empresas podrán extenderlo hasta seis meses —e incluso más en pequeñas empresas—, lo que permite finalizar la relación laboral sin indemnización durante ese lapso. Para los sindicatos, esta medida aumenta la precariedad y facilita despidos tempranos.

La reforma también incorpora nuevas figuras de contratación, como la del trabajador independiente con colaboradores, que habilita a una persona a contratar hasta tres colaboradores sin establecer una relación laboral tradicional. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar emprendimientos y formalizar actividades. Sin embargo, críticos advierten que este esquema podría utilizarse para reemplazar empleos formales por vínculos más precarios, especialmente en sectores como plataformas digitales y servicios.

La aprobación de la reforma fue uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno y se produjo en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sindicales y paros convocados por centrales obreras. Organizaciones gremiales sostienen que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos y anticiparon presentaciones judiciales para frenar su aplicación.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversiones, el debate sigue abierto: si la flexibilización del mercado laboral impulsará nuevas contrataciones o si, por el contrario, consolidará un modelo con menos protecciones y mayor precarización para los trabajadores.

Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo aceleró este miércoles en Diputados el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que reconfigura la protección de suelos y ambiente periglacial y despierta preocupación entre ambientalistas.

Luego de que el Senado le diera media sanción a la reforma de la Ley 26.639 —la norma que protege los glaciares y áreas periglaciales—, la discusión parlamentaria dio un nuevo paso este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impulsó el inicio del tratamiento en plenario de comisiones para avanzar con el dictamen.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, plantea cambios en la regulación del régimen de protección ambiental, delegando mayor potestad a las provincias para definir qué áreas deben permanecer protegidas, y ajustando la definición de glaciares y ambiente periglacial para permitir actividades económicas en zonas cuya función hídrica no esté comprobada.

La apertura del debate en Diputados se produjo en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo, que busca mostrar avances legislativos y atraer inversiones en minería e hidrocarburos, y sectores ambientalistas que advierten que las modificaciones podrían debilitar las garantías de protección de recursos estratégicos de agua dulce.

Organizaciones sociales y ambientales vienen reclamando la realización de audiencias públicas y una discusión más amplia antes de avanzar con el proyecto, argumentando que la reforma implicaría “una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes”, mientras que grupos políticos opositores también impulsaron la convocatoria a debattes más amplios en torno a la iniciativa.

El oficialismo busca que la normativa reformada sea sancionada antes de fin de mes, y las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales comenzarán a analizar el texto con el objetivo de cerrar dictamen en los próximos días, en un último round de la discusión que promete tener impacto en el acceso al agua, la protección de los bienes naturales estratégicos y la política ambiental del país

Organizaciones políticas y especialistas jurídicos solicitaron formalmente que el presidente sea citado a indagatoria en la causa que investiga el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei.

Un grupo de organizaciones políticas y profesionales del derecho presentó un escrito ante la Justicia para que el presidente Javier Milei sea citado a declarar como imputado en la causa que investiga la conocida como estafa de Libra, un expediente judicial que sigue su curso tras denuncias de maniobras fraudulentas en torno a esa presunta operación engañosa.

La solicitud formal, que fue elevada ante el juez a cargo de la investigación, argumenta que existen elementos de prueba suficientes como para que Milei explique su rol y posibles vínculos con los hechos que se investigan, y sostienen que su declaración ante la Justicia resulta clave para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Quienes impulsan el pedido señalaron que la investigación ya acumula indicios y testimonios que involucran a diferentes actores vinculados al caso Libra, en el que se denunciaron ofrecimientos de inversión con carácter de estafa y daños económicos a múltiples inversores particulares. En ese marco, consideran que la declaración de figura central de la vida política actual permitirá esclarecer puntos nodales de la causa.

El escrito judicial también menciona la necesidad de que Milei explique si tuvo algún tipo de participación, conocimiento o vínculo con personas o estructuras señaladas en la causa, así como su postura sobre las acusaciones que se han formulado en torno a las operaciones de Libra, que nuevamente volvieron al centro del debate público tras el avance de la investigación.

La presentación se produce en un contexto en el que la causa Libra sigue sumando pedidos, apelaciones y actuaciones judiciales, y ahora amplía el foco hacia figuras de relevancia pública, lo que eleva la expectativa sobre cómo se desarrollará el proceso en los próximos pasos procesales.

Quienes solicitaron la citación a indagatoria sostienen que la transparencia y el acceso a la verdad son fundamentales para reconstruir la confianza de los damnificados en el sistema judicial y para que se determinen con claridad las responsabilidades de todas las personas involucradas, sin importar su posición actual o pasada.

La decisión de avanzar con la citación de Milei quedará en manos del juez interviniente, quien evaluará los argumentos aportados y definirá si corresponde avanzar con la audiencia de indagatoria o si se requieren más elementos probatorios antes de dar ese paso procesal.

Referentes de derechos humanos señalaron que las condiciones impuestas a la expresidenta son más restrictivas que las aplicadas en otros casos y reclamaron que la Justicia garantice las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas.

Referentes de múltiples entidades de derechos humanos se reunieron este martes en una conferencia de prensa para denunciar las restricciones que, según sostienen, fueron impuestas sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto en un departamento en Buenos Aires tras su polémica condena en la causa Vialidad.

Los organismos reclamaron a la Justicia federal que evalúe la veracidad y proporcionalidad de las condiciones de detención que se le aplican a la exmandataria, sosteniendo que las limitaciones sobre sus visitas, contactos y actividades son más severas que las impuestas a otros condenados que también gozaron del beneficio de la prisión domiciliaria.

Las entidades firmantes —entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)— señalaron que esas restricciones impactaron de manera directa en los vínculos personales de la ex presidenta y limitaron el ejercicio de sus derechos políticos.

El comunicado firmado por los organismos comparó la situación de la expresidenta con la de condenados por delitos de lesa humanidad que también accedieron a la prisión domiciliaria, pero sin que se les impusieran las mismas limitaciones en visitas y permisos, una diferencia que los denunciantes consideran injusta e inequitativa.

En la conferencia prevista en la Cámara de Diputados, los referentes manifestaron que la defensa de Fernández de Kirchner ya había presentado solicitudes para modificar el régimen de detención, sin que hasta el momento se hayan incorporado cambios significativos.

La denuncia de los organismos de derechos humanos se enmarca en un debate más amplio sobre cómo se aplican y supervisan las medidas restrictivas en casos de prisión domiciliaria, y sobre la necesidad de que esas decisiones respeten los estándares de proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantía de derechos fundamentales.

Con Federico Sturzenegger como principal impulsor técnico, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural que limita la huelga, debilita la negociación colectiva y desfinancia al sistema previsional.

Este viernes se aprobó en el Senado la reforma laboral de La Libertad Avanza impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos centrales de la reforma laboral que el gobierno logró convertir en ley.

La iniciativa introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, redefine el esquema indemnizatorio, amplía las facultades empresarias en la organización del trabajo y altera el financiamiento del sistema de seguridad social. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria; para amplios sectores sindicales y académicos, es la mayor regresión en derechos laborales desde 1976.

Entre los cambios más relevantes, la norma limita en los hechos el derecho de huelga en amplios sectores, prioriza acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad, habilita esquemas de jornada más flexibles mediante bancos de horas y reduce costos de despido a través de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También flexibiliza modalidades de contratación y redefine el cálculo de indemnizaciones, con impacto directo en el poder de negociación de los trabajadores.

En diálogo con AM530, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que la reforma “dialoga mucho más con las reformas impuestas por la dictadura en 1976 que con las de los años 90”. Según su análisis, el ataque a los derechos colectivos —en particular al ejercicio de la huelga y a la negociación colectiva— configura una regresión institucional comparable a las medidas adoptadas tras el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, cuando se prohibió la huelga y se modificaron por decreto decenas de artículos de la legislación laboral.

Campos también trazó una comparación con el ciclo de flexibilización de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, pero sostuvo que la reforma actual va incluso más allá. A diferencia de aquella etapa, explicó, hoy se parte de un mercado laboral ya precarizado, con cerca de la mitad de la fuerza de trabajo fuera del empleo formal, lo que facilita imponer cambios estructurales con menor resistencia institucional.

El impacto sobre el ANSES y el “ajuste por prestaciones”

Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el financiamiento del sistema previsional. La creación del FAL y la reducción de contribuciones patronales implican una merma de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Según Campos, esta pérdida de ingresos no sería compensada por mayores transferencias del Tesoro en un contexto donde el gobierno de Milei tiene como eje central el recorte del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Allí aparece el concepto de “ajuste por prestaciones”: ante menos recursos, el sistema ajusta no por ingresos sino por lo que paga.

El ajuste por prestaciones puede aplicarse de distintas maneras. En el caso de las asignaciones, mediante el congelamiento o la desactualización de los montos frente a la inflación, lo que reduce su valor real mes a mes. En el sistema jubilatorio, a través del fin de las moratorias —que permitían jubilarse a personas sin los años completos de aportes— y eventualmente mediante el aumento de la edad jubilatoria, una posibilidad que ya fue puesta en discusión pública. En todos los casos, el resultado es una reducción efectiva de la cobertura o del poder adquisitivo de las prestaciones.

Para el investigador de la CTA, la reforma no debe analizarse como una medida aislada sino como parte de un modelo integral que redefine las relaciones entre capital y trabajo. “No es una foto, es una película”, planteó, al señalar que la limitación de derechos laborales, el desfinanciamiento del sistema previsional y la flexibilización de condiciones de empleo forman parte de una misma lógica.

En ese marco, la discusión sobre la judicialización de la ley aparece, según Campos, como secundaria frente a la necesidad de reconstruir la acción colectiva. A su entender, el verdadero límite a una reforma de esta magnitud no estará exclusivamente en los tribunales, sino en la capacidad social de resistencia frente a un esquema que, en su visión, consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y redefine el equilibrio de poder en el mundo del trabajo argentino por muchos años.