Un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 expone que, mientras el gasto social se desploma, el Gobierno prioriza el financiamiento de inteligencia y mecanismos de control, con consecuencias profundas para áreas esenciales como salud, educación y desarrollo.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei reveló una profunda reasignación de recursos que refleja las prioridades del Gobierno: áreas esenciales como salud, educación, ciencia y obra pública sufrieron fortes recortes, mientras que los fondos destinados a organismos de inteligencia y seguridad crecieron de manera significativa.

Según el informe, el gasto público total cayó de manera real respecto a años anteriores, producto de un ajuste generalizado. Sin embargo, en medio de esa contracción, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó sus recursos de manera notable, en un contraste que plantea una pregunta central: ¿quién sale beneficiado con esta asignación de recursos?

En el área social, los recortes fueron severos. Hospitales nacionales, servicios de salud esenciales, y programas de prevención y atención territorial perdieron gran parte de sus partidas, paralizando en muchos casos su funcionamiento. Lo mismo sucedió en educación, donde iniciativas clave como becas, infraestructura escolar y programas de formación docente enfrentaron ejecuciones prácticamente nulas, dejando a escuelas y estudiantes sin herramientas básicas.

El desfinanciamiento también se extendió a la ciencia y la innovación, con organismos estratégicos como el CONICET y servicios meteorológicos recortando sus presupuestos, lo que dificulta la continuidad de investigaciones y proyectos vitales para el desarrollo del país. En simultáneo, la obra pública, el transporte y las transferencias a provincias y municipios registraron caídas bruscas, afectando la gestión local y el sostenimiento de infraestructura.

Mientras tantas áreas esenciales quedan desguazadas, la expansión de recursos para inteligencia revela una apuesta del Gobierno por reforzar mecanismos de control y vigilancia, en vez de invertir en servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta reasignación de fondos plantea un patrón preocupante: el Estado vuelve su mirada hacia el mantenimiento de estructuras de poder y control, en detrimento del bienestar social.

Lejos de un equilibrio responsable en la asignación de recursos, esta política presupuestaria proyecta un cambio de rol del Estado, priorizando vigilancia y seguridad sobre salud, educación y desarrollo humano, con efectos que ya se hacen sentir en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional convocó a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de la controvertida reforma laboral, pero la jugada expone una interna con gobernadores y demuestra que la iniciativa no busca proteger el empleo sino abrir puertas a más endeudamiento y beneficios para sectores empresariales.

Javier Milei decidió poner el foco de su regreso de las vacaciones en intentar encaminar la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias, aunque lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica sobre temas de trabajo: se trata de habilitar un paquete de cambios que profundiza la flexibilización laboral y -en los hechos- alimenta nuevas fuentes de endeudamiento sin respuestas reales a la crisis de empleo.

La reunión convocada en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia del jefe de Gabinete y otros referentes oficialistas, tiene como objetivo introducir modificaciones tácticas al dictamen original con tal de seducir a gobernadores y aliados para que acompañen el tratamiento de la ley. Pero la negociación expone que la reforma no fue diseñada para generar más trabajo estable, ni para fortalecer derechos laborales; su esencia está orientada a favorecer a los grandes empleadores y al mercado financiero, con el argumento falaz de que así se incentiva la inversión.

Lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral” esconde una agenda mucho más amplia: reducción de cargas patronales, apertura a convenios por empresa con menos protecciones, y una drástica debilitación del poder de negociación de los sindicatos frente al capital. Y si bien el oficialismo promete que “bajar el riesgo país” facilitará el rolleo de deuda provincial, la verdad es que la reforma termina financiando un esquema donde el capital financiero y los sectores más poderosos salen ganando mientras los trabajadores pierden derechos adquiridos.

El nerviosismo por asegurar votos llevó al Gobierno a negociar con gobernadores aliados la forma en que se repartirán las cargas tributarias y los capítulos de Ganancias, coparticipación e impuestos internos, una señal más de que la reforma tiene implicancias fiscales profundas que terminarán ampliando el espacio para la toma de deuda pública. Gobernadores alertan que la caída de la recaudación tendrá efectos negativos netos en sus distritos, lo que pone al descubierto que la iniciativa tiene más que ver con trasladar costos al conjunto de la población que con generar empleo genuino.

Lejos de un debate transparente sobre el impacto real en el mercado laboral y en la vida de millones de trabajadores, la Casa Rosada negocia bajo perfil, ajustando la letra del proyecto para “no complicar” su sanción en febrero, en un escenario donde la oposición y organizaciones sindicales ya cuestionan duramente que la reforma privilegie intereses empresariales y financieros.

El avance de esta reforma pone en tensión no solo a los sindicatos, que rechazaron de plano medidas que limitan el derecho de huelga y reducen aportes patronales, sino también a gran parte de la sociedad que observa cómo, mientras se promete crecimiento, la verdadera agenda parece ser abrir espacios para más endeudamiento y beneficios para las élites económicas, sin garantías de creación de empleo de calidad ni protección de derechos laborales.

El gobierno bonaerense oficializó un mapa de riesgo que identifica zonas del Conurbano Sur con alta probabilidad de inundaciones, en un intento por planificar obras, mejorar la gestión de emergencias y mitigar los efectos de los desbordes hídricos que afectan a los vecinos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles un plan que incorpora un mapa de riesgo hídricos para seis municipios del Conurbano Sur, con el objetivo de anticipar, manejar y prevenir futuras inundaciones en una región que históricamente sufre los efectos de lluvias intensas y desbordes de arroyos.

La iniciativa, impulsada por la administración bonaerense en conjunto con organismos técnicos, identifica sectores urbanos y rurales que, por su topografía y escasa infraestructura de drenaje, son susceptibles a acumular agua durante eventos climáticos extremos.

Los municipios incluidos en el nuevo mapa de riesgo son Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui, donde las autoridades proyectan priorizar inversiones en obras hidráulicas, limpieza de arroyos, mejoras en desagües y sistemas de alerta temprana para proteger a las comunidades más vulnerables.

Según fuentes oficiales, la herramienta servirá para planificar proyectos a corto, mediano y largo plazo, además de facilitar la articulación entre los gobiernos municipal, provincial y nacional. El mapa permitirá también una gestión más eficiente de recursos ante situaciones de emergencia, buscando minimizar los daños materiales y los riesgos para la población.

La medida fue bien recibida por algunos intendentes de la región, que destacaron la importancia de contar con datos técnicos para tomar decisiones y coordinar respuestas rápidas ante precipitaciones extraordinarias. Sin embargo, también fuentes comunales señalaron que es imprescindible avanzar con la ejecución de obras concretas, no solo con la elaboración de estudios.

Especialistas en gestión de riesgos e hidrología señalaron que la aprobación del mapa representa un paso hacia la planificación integral, aunque advirtieron que la efectividad de la medida dependerá de la velocidad y ejecución de las obras comprometidas, así como de la asignación de los recursos necesarios para llevarlas adelante.

Con la firma del decreto que oficializa el mapa de riesgo, la Provincia busca consolidar una política pública de largo alcance que reduzca la vulnerabilidad de miles de vecinos ante nuevas precipitaciones severas, un desafío que se agrava en el contexto de cambio climático y eventos meteorológicos cada vez más frecuentes.

Aunque el Gobierno negó un recorte directo, el cambio de la fórmula previsional y el congelamiento del bono funcionaron como una licuadora silenciosa sobre los haberes. En la comparación con el esquema anterior, los jubilados cobran hoy hasta un 25% menos de lo que deberían.

En el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, las jubilaciones fueron uno de los blancos centrales de la motosierra. Si bien el Ejecutivo no aplicó un recorte nominal directo sobre los haberes, la decisión de modificar por decreto la fórmula de movilidad previsional derivó en una pérdida concreta y acumulada que, según distintos análisis, ya alcanzó hasta un 25% respecto de lo que los jubilados hubieran cobrado de haberse mantenido el esquema anterior.

Más adelante, el impacto se explicó a partir del cambio dispuesto vía DNU 274/2024, mediante el cual el Gobierno reemplazó la fórmula que combinaba salarios y recaudación por una actualización atada exclusivamente a la inflación. Esa modificación, presentada como una medida “neutral”, implicó en los hechos que los haberes crecieran menos que bajo el régimen previo, especialmente en un contexto de recuperación parcial de ingresos y actividad. La comparación entre ambos esquemas dejó en evidencia que, hacia fines de 2025, las jubilaciones deberían haber sido alrededor de un 25 a 27% más altas sin el cambio impuesto por Milei.

En el mismo tono, otro factor clave del ajuste fue el congelamiento del bono previsional. El refuerzo de $70.000, que alcanzó a millones de jubilados y pensionados, permaneció fijo mientras la inflación continuó licuando su valor real. De este modo, incluso quienes percibieron el bono vieron deteriorarse su ingreso total mes a mes, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Finalmente, por más que Milei y su junta insistieron en negar un “recorte”, los números mostraron otra cosa: el ajuste existió, fue deliberado y tuvo consecuencias directas sobre los ingresos de los jubilados. No se trató de una poda explícita, sino de una estrategia de licuación sostenida, que volvió a colocar el peso del programa económico sobre quienes menos margen tienen para resistirlo.

Un documento oficial presentado por el Gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal afirma que no existe una estructura criminal denominada “Cártel de los Soles”, desmintiendo la idea instalada en el discurso mediático y cuestionando una figura clave en la narrativa sobre el narcotráfico venezolano.

Una presentación formal de funcionarios estadounidenses ante un tribunal federal en el marco de una causa judicial reveló que, según la propia administración de Estados Unidos, no existe evidencia de la conformación formal de una organización criminal denominada “Cártel de los Soles” como unidad estructurada y operativa.

La expresión “Cártel de los Soles” había sido utilizada en múltiples ocasiones por distintos actores políticos, analistas de seguridad y organismos de prensa para describir a una supuesta red de narcotráfico vinculada a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, el documento oficial reconoce que no hay una entidad con ese nombre o configuración identificable legal o procesalmente.

En el texto judicial, los representantes del Gobierno norteamericano explicaron que aunque existen investigaciones sobre actividades delictivas y vínculos de funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas, ninguna prueba concreta respalda la existencia de una estructura monolítica o cartelizada bajo el título de “Cártel de los Soles” con una jerarquía y operativa definidas como la de otros carteles tradicionales.

Este reconocimiento judicial contradice directamente el uso frecuente de esa denominación en discursos oficiales y mediáticos, que la emplearon como un sello para agrupar una serie de imputaciones y supuestos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico internacional.

La declaración también pone en evidencia la complejidad y fragmentación de las redes delictivas en Venezuela, donde actores vinculados a actividades ilícitas pueden operar sin constituirse en un cartel formal y centralizado, lo que complica las atribuciones judiciales y los procesos de imputación en materia de crimen organizado.

El impacto de este reconocimiento puede tener repercusiones tanto en la política internacional como en las estrategias de persecución del narcotráfico, porque desdibuja una narrativa instalada durante años que había servido de argumento en sanciones, discursos diplomáticos y campañas mediáticas contra el gobierno venezolano.

Con esta presentación, Estados Unidos puso en blanco sobre negro lo que expertos alertaban desde hace tiempo: la existencia de estructuras ilícitas no siempre coincide con la formulación simplificada de un cartel unificado, y la investigación judicial seguirá su curso con base en hechos y pruebas, no en denominaciones preestablecidas.

El bloque PRO puso en duda el respaldo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Inteligencia impulsado por La Libertad Avanza, marcando una fuerte interna política en el oficialismo mientras crece el rechazo en distintos sectores de la oposición y la sociedad.

El oficialismo vive una tensa disputa interna a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941/2025) que modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilitando atribuciones polémicas, como la realización de tareas de contrainteligencia y la aprehensión de personas sin control judicial estricto.

Mientras La Libertad Avanza empuja la medida con el argumento de “modernizar” el sistema de inteligencia, el bloque PRO en la Cámara de Diputados decidió no garantizar su apoyo hasta no conocer los protocolos de aplicación y establecer controles democráticos claros. Los referentes del PRO, liderados por Cristian Ritondo, expresaron su preferencia por evaluar técnicamente las normas que van a regir la implementación antes de convalidar la reforma.

La tensión se agudiza porque el DNU, al ser un decreto de necesidad y urgencia, no puede ser modificado parcialmente en el Congreso: debe ser aprobado o rechazado en bloque. Para el PRO, esta situación deja al partido amarillo en una encrucijada: apoyar sin garantías sería avalar potestades que consideran excesivas; oponerlo por completo implicaría abrir una grieta con LLA dentro del propio oficialismo.

Este manejo cauteloso contrasta con la postura del núcleo duro de La Libertad Avanza, que busca demorar el debate hasta que se definan los protocolos, con la intención de avanzar sin fricciones mayores en la agenda de reformas institucionales. La estrategia de LLA apunta a frenar la embestida opositora y exigir que el DNU sea tratado recién en el período ordinario de sesiones, lo que podría postergar cualquier resolución hasta febrero.

La interna se vuelve más visible en medio del creciente rechazo opositor: bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas e izquierda presentaron acciones legales para que el decreto sea declarado inconstitucional y se frene de inmediato su aplicación, además de reclamar la alta probabilidad de que habilite facultades propias de un “estado policial”.

En este escenario, el PRO parece marcar una distancia estratégica tanto del decreto como del entusiasmo que muestra LLA por avanzar sin diálogo amplio. La jugada política planteada por Ritondo y su bloque expone que el respaldo automático del PRO al Gobierno de Milei ya no está garantizado, y que las tensiones internas del oficialismo podrían complicar más que consolidar la gestión en temas de alta sensibilidad institucional.

El presidente venezolano y su esposa comparecieron este lunes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon “no culpables”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores hicieron su primera aparición ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, donde fueron formalmente presentados en audiencia tras su detención en Estados Unidos. Durante la diligencia, ambos se declararon “no culpables” de los cargos que les imputa la fiscalía estadounidense, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos graves.

La audiencia, presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, se realizó con traducción simultánea para los acusados, y en ella Maduro sostuvo que es inocente y declaró que “sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela”, mientras que Flores también rechazó las imputaciones y afirmó su inocencia.

La comparecencia, que se llevó a cabo apenas días después de la captura de la pareja en Caracas en una operación militar liderada por Estados Unidos, fue breve y centrada en la identificación formal de los acusados y en la lectura de sus respuestas ante los cargos, sin que se avanzara en la discusión de los méritos de la causa.

El tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo de 2026, cuando se espera que se planteen cuestiones procesales más profundas, incluida la posible discusión sobre la legalidad de su captura y la invocación de inmunidad como jefe de Estado por parte de la defensa.

Este episodio judicial es parte de un proceso mayor que seguirá desarrollándose en los próximos meses, en el marco de las acusaciones federales en Estados Unidos, que señalan a Maduro y a otros funcionarios venezolanos por presuntos vínculos con actividades criminales de gran escala.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación militar en Venezuela y la detención del mandatario Nicolás Maduro, y sostuvo que el objetivo real de Washington es “apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”.

La exmandataria rompió el silencio tras conocerse la operación estadounidense denominada “Operación Resolución Absoluta”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, en un hecho sin precedentes en la región. Cristina Fernández de Kirchner calificó el accionar de Estados Unidos como un “secuestro literal” y aseguró que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Desde su cuenta en la red social X, la dirigente sostuvo que las justificaciones oficiales de Washington sobre la defensa de la democracia o la lucha contra el narcotráfico no explican el operativo, y planteó que lo ocurrido “no es restablecer un gobierno democrático ni combatir criminalidad organizada”, sino una intervención con fines geopolíticos.

Kirchner advirtió que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional, acusando abiertamente a la administración estadounidense de actuar para asegurarse el control de recursos estratégicos de Venezuela. Según su lectura, esta situación representa un peligroso antecedente que podría legitimar nuevas violaciones a la soberanía de países considerados más débiles frente a potencias con mayor poder económico y militar.

La expresidenta vinculó además la intervención a la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), una doctrina que, en su interpretación, implicó el uso de la fuerza militar para proteger intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos en América Latina. En ese marco, sostuvo que este tipo de acciones resultaron en el pasado en “atraso económico y social” para los países afectados.

El mensaje de Cristina Kirchner llegó horas después de haber recibido el alta médica tras su internación por una complicación postoperatoria, con lo que su pronunciamiento marca una fuerte postura política internacional en un momento de alta tensión geopolítica.

Las declaraciones de la exmandataria reavivaron el debate en las redes sobre la política exterior de Estados Unidos y sus intervenciones en América Latina, así como también sobre las consecuencias de la captura de Maduro.

Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.