El ministro de Justicia bonaerense aseguró que fue Macri quien intervino para favorecer al ex secretario de Obras Públicas y cuestionó el rol del Poder Judicial.

El ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Mauricio Macri al afirmar que fue quien permitió la liberación de José López, el exfuncionario detenido en 2016 con bolsos llenos de dinero. La declaración generó un momento de tensión en el estudio y dejó sin respuesta a los periodistas que lo entrevistaban.

“Macri sacó de prisión a López”, sostuvo Mena sin rodeos, al tiempo que planteó que la causa judicial estuvo atravesada por decisiones políticas y maniobras que exceden el plano estrictamente judicial. La frase sorprendió por su contundencia y abrió un nuevo foco de polémica sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la Argentina reciente.

Más adelante, el funcionario profundizó su postura y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial durante el gobierno de Cambiemos. En ese sentido, sugirió que existieron decisiones direccionadas que beneficiaron a determinados actores mientras se perseguía a otros, en una lógica que —según planteó— combinó intereses políticos y judiciales.

En el mismo tono, Mena también apuntó contra el rol de los medios de comunicación en la construcción de determinados relatos sobre las causas judiciales. Sus declaraciones generaron incomodidad en el intercambio con los periodistas, quienes evitaron confrontar directamente con la afirmación central.

Las palabras del ministro reavivan el debate sobre la utilización política de la Justicia y el manejo de causas sensibles durante el macrismo. En particular, vuelven a poner en discusión el caso de José López, cuyo impacto mediático marcó un antes y un después en la agenda pública, pero que aún sigue generando controversias sobre su tratamiento judicial.

El ex jefe de Gobierno porteño cuestionó con dureza al PRO por alinearse con La Libertad Avanza y marcó diferencias “profundas” con Mauricio Macri. Mirá el video.

En una entrevista, Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro que la relación con el macrismo está completamente quebrada y apuntó directamente contra su acercamiento a Javier Milei. “El PRO se pintó de violeta, se entregó a La Libertad Avanza, dio toda identidad”, disparó, en una de las definiciones más duras contra el rumbo que tomó el espacio que ayudó a fundar.

Más adelante, el ex jefe de Gobierno profundizó sus críticas y remarcó que ese alineamiento no solo implicó un cambio político sino también una pérdida de valores. “Si hay algo que tenía el PRO era que respetaba al que pensaba diferente. Hoy entregan un gobierno que hace de la agresión su forma de gobernar”, sostuvo, en clara alusión al estilo del oficialismo libertario.

En el mismo tono, Larreta insistió en que el partido abandonó sus principios históricos: “Muchos dirigentes del PRO perdieron valores que eran muy profundos, por eso se perdió identidad”. Y fue más allá al recordar que el espacio que fundaron “valoraba el rol del Estado y trabajaba para que funcione mejor”, en contraste con el actual apoyo a un gobierno que, según señaló, “dice que el Estado tiene que prácticamente desaparecer”.

La ruptura también alcanza a Mauricio Macri. Consultado sobre una eventual reconstrucción del espacio, Larreta fue tajante: “Tengo muchas diferencias con Macri y son profundas, no tengo ningún problema en decirlas”. Entre ellas, cuestionó el respaldo del expresidente a la actual gestión porteña y al gobierno nacional.

Finalmente, Larreta dejó en evidencia que no hay margen para recomponer el vínculo político. “Hace cuatro meses fueron a una elección totalmente entregados, subsumidos en las listas de La Libertad Avanza. Es lo último que sabemos del PRO”, concluyó, marcando un quiebre que expone cómo el avance libertario terminó por fracturar al macrismo desde adentro.

Mientras el Gobierno celebra la macro, la economía real muestra fábricas que bajan la persiana y empleo en caída.

Según un informe de la consultora Fundar, el sector privado argentino atraviesa un deterioro profundo, con un cierre masivo de empresas desde la asunción de Javier Milei. El estudio advierte sobre una contracción sostenida del entramado productivo, en un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y ajuste económico que golpea de lleno a la industria y las pymes.

Los datos son contundentes: desde el cambio de gobierno ya cerraron más de 22.600 empresas empleadoras en todo el país, lo que representa una caída significativa del tejido productivo. Este proceso no solo implica la desaparición de unidades económicas, sino también un impacto directo en el empleo formal y en las economías regionales, profundizando la recesión en múltiples sectores.

El fenómeno no es aislado ni sectorial. Casos como FATE, que cerró su planta en San Fernando tras perder mercado frente a un fuerte aumento de las importaciones, o los despidos en empresas como Newsan, Whirlpool o Quilmes, muestran que la crisis atraviesa toda la estructura productiva. Detrás de este deterioro aparecen tres factores clave en los que coinciden distintos diagnósticos: atraso cambiario, apertura de importaciones y caída del consumo interno, una combinación que remite, en varios aspectos, a la crisis posterior a la salida de la convertibilidad en 2002.

Los indicadores oficiales también reflejan la gravedad del escenario. Según el INDEC, más de la mitad de las empresas industriales (52,4%) reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia la debilidad del mercado interno como principal limitante para la producción. En la misma línea, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,6% en enero, marcando el peor inicio de año desde 2002.

A su vez, un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso fuertes tensiones financieras: el 45,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su plantilla de personal. Estos datos surgen de una encuesta realizada a 644 compañías de distintos tamaños y sectores, lo que confirma la extensión del problema en todo el entramado productivo.

En este contexto, distintos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se corrige el rumbo económico. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía, los datos muestran que la supuesta recuperación aún no se materializa y convive con un deterioro profundo en la economía real. La apuesta oficial a una mejora futura contrasta con un presente marcado por fábricas que cierran, empleo que se pierde y un tejido productivo cada vez más debilitado.

Cristina denunció la selectividad del Poder Judicial y contrastó la persecución en su contra con la ausencia de causas sobre la deuda con el FMI.

En el tramo final de su declaración, Cristina Fernández de Kirchner amplió el foco y vinculó el funcionamiento del Poder Judicial con las decisiones económicas de los últimos años. En ese marco, cuestionó la ausencia de investigaciones sobre el endeudamiento externo y apuntó directamente contra el gobierno de Mauricio Macri.

Más adelante, la ex presidenta puso el eje en el rol del ex ministro de Finanzas Luis Caputo y denunció que no existe ninguna causa judicial relevante sobre el destino de los fondos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “No sabemos dónde se fueron 20 mil millones de dólares”, afirmó, marcando el contraste con la persecución judicial que —según planteó— recae sobre dirigentes políticos.

En el mismo tono, sostuvo que los montos más significativos de presunta irregularidad no se encuentran en la obra pública sino en el sistema financiero: “Las cifras más brutales están en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, en las comisiones de deuda”, remarcó. Así, planteó que existe una selectividad en la acción judicial que evita investigar áreas clave del poder económico.

Con el mismo énfasis, Cristina condicionó su participación en el proceso judicial y lanzó una definición política: aseguró que recién considerará responder preguntas cuando la Justicia cite a declarar a Macri, Caputo u otros funcionarios por el endeudamiento. “Ese día les voy a contestar preguntas”, advirtió, denunciando que el actual escenario judicial funciona como “un circo” orientado a legitimar decisiones ya tomadas.

Finalmente, la ex mandataria cerró con una advertencia de tono crítico sobre la situación económica y social. Señaló que, más allá de las maniobras judiciales y mediáticas, la realidad material terminará imponiéndose: “La gente necesita vivir”, afirmó. Así, vinculó la persecución judicial con un modelo económico que —según su visión— se sostiene mientras se deterioran las condiciones de vida de la mayoría.

Cristina expuso una trama de presiones, detenciones arbitrarias y maniobras ilegales que, según afirmó, convierten al expediente en una construcción mafiosa destinada a garantizar su condena.

Este martes en su declaración en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner desplegó una batería de argumentos con los que buscó desmontar el expediente y exponer lo que definió como un sistema de “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial. Además, la ex presidenta sostuvo que este proceso incluso supera en gravedad a la causa Vialidad, a la que hasta ahora consideraba el caso emblemático de persecución política en su contra.

En el mismo tono, apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de haber actuado en connivencia con una estructura ilegal. “Ya no estamos ante jueces que condenan sin pruebas, sino ante un estadio superior: construyen pruebas”, afirmó. Además, denunció forum shopping, violación del juez natural y una “oleada de detenciones” destinada a extorsionar empresarios para que declararan en su contra.

Más adelante, la ex mandataria incorporó como elemento central la sentencia del caso Marcelo D’Alessio, donde —según remarcó— se probó la existencia de una asociación ilícita integrada por agentes de inteligencia, periodistas y funcionarios judiciales. Según su exposición, ese fallo confirmó el vínculo directo entre D’Alessio y Stornelli, al que definió como “un activo muy importante” dentro de la organización. En ese marco, describió episodios de extorsión documentados con chats, audios y registros fotográficos, que incluían pedidos de dinero a empresarios a cambio de no ser detenidos o involucrados en la causa.

Con el mismo ímpetu, detalló casos concretos como el de los hermanos Barreiro y el empresario Pedro Etchebest, en los que —según afirmó— se exigían sumas de hasta 500 mil dólares para evitar detenciones. “Mafia pura y dura”, sintetizó, al tiempo que cuestionó la validez de las declaraciones de arrepentidos obtenidas bajo presión. También denunció maniobras como la posible plantación de droga a un tercero o la planificación de cámaras ocultas contra abogados defensores, lo que, a su entender, revela “la catadura moral” de quienes impulsaron la investigación.

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner remarcó la ausencia total de pruebas materiales en su contra: “¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo?”, se preguntó. En ese sentido, subrayó que no existe un solo testimonio directo ni actos funcionales que la vinculen con los hechos imputados. “Esto es un gran disparate”, concluyó, al denunciar que la causa se sostiene sobre acusaciones sin sustento y un entramado judicial que busca garantizar una condena previamente escrita.

La adjudicación de más de 100 millones de pesos a una entidad encabezada por la esposa de Federico Sturzenegger desató denuncias por posible conflicto de intereses, reclamos de explicaciones al Gobierno y una investigación judicial que aún continúa.

El escándalo por el contrato millonario entre la Cancillería y una institución dirigida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La polémica se originó cuando se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, pareja del funcionario.

La contratación, destinada a brindar cursos de inglés al personal diplomático, fue realizada mediante un procedimiento administrativo que renovó un acuerdo que existe desde 2018. Sin embargo, la situación generó sospechas por un posible conflicto de intereses, dado que el beneficiario del contrato es una institución encabezada por la esposa de un ministro del propio gobierno. Por ese motivo se presentaron denuncias penales que apuntan a investigar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario.

La controversia también alcanzó al Congreso: legisladores de la oposición pidieron informes al Poder Ejecutivo para que explique en detalle cómo se realizó la adjudicación, qué criterios se utilizaron y si se cumplieron los mecanismos de transparencia exigidos para este tipo de contrataciones estatales. Además, denunciantes señalaron que habría existido una omisión en los procedimientos de control vinculados a la Oficina Anticorrupción.

Desde el gobierno intentaron desactivar la polémica. El canciller Pablo Quirno defendió la contratación y aseguró que no hubo irregularidades, afirmando que la entidad ya trabajaba con la Cancillería desde años anteriores y que en este caso intervinieron organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Por ahora, el caso no fue cerrado: las denuncias continúan en la Justicia y la contratación sigue bajo cuestionamiento político. Mientras tanto, el episodio dejó al ministro Sturzenegger en el centro de un nuevo debate sobre conflictos de interés dentro del gobierno, en un contexto donde la administración de Javier Milei afirma impulsar una agenda de transparencia y reducción del gasto estatal.

Un informe periodístico reveló presuntos vínculos entre la consultora de la esposa de Manuel Adorni, una asesora cercana a Karina Milei y empresas interesadas en la concesión del predio de Tecnópolis.

Un informe publicado por el portal El Disenso advirtió sobre un entramado de vínculos empresariales y políticos que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, a su esposa Bettina Angeletti y a una consultora vinculada al entorno de Karina Milei. La investigación describe una red de relaciones que conecta intereses privados con decisiones estatales en torno a la explotación del predio de Tecnópolis.

Según el informe titulado “La casta libertaria: Adorni, su esposa, Karina, la consultora y un negocio redondo”, la esposa de Adorni es dueña de la consultora +Be, que tendría como cliente a Foggia Group, una productora de espectáculos vinculada a la consultora Mara Gorini, quien a su vez trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

El trabajo periodístico señala además que Gorini habría mantenido vínculos societarios con esa empresa incluso después de comenzar a prestar servicios para el Estado, mientras que su pareja continuó al frente de la firma. Esta trama, según el informe, conecta a la consultora contratada por el entorno presidencial con compañías que participan de negocios vinculados a la administración pública.

El foco del posible conflicto de intereses aparece en torno a la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años. La decisión final depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Adorni.

En ese contexto, el informe sostiene que una de las empresas vinculadas a este entramado aparece entre las interesadas en el negocio de explotación del predio, lo que abre interrogantes sobre posibles incompatibilidades entre las funciones públicas y las relaciones comerciales del entorno del funcionario.

Un informe técnico incorporado a la causa judicial reveló comunicaciones entre el presidente y el empresario Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit que promocionó el token. El hallazgo suma presión sobre la investigación por la presunta estafa vinculada a $LIBRA.

Un nuevo informe pericial incorporado a la causa por la criptomoneda $LIBRA reveló que el presidente Javier Milei mantuvo intercambios de mensajes y llamadas con el empresario Mauricio Novelli minutos antes y después del lanzamiento del token que terminó envuelto en denuncias de estafa. El dato surge del análisis de teléfonos y dispositivos secuestrados durante la investigación judicial.

Según el peritaje, Novelli —quien actuó como nexo entre los impulsores del proyecto cripto y el entorno presidencial— se comunicó varias veces con el mandatario antes del mensaje publicado en redes sociales que promocionó $LIBRA. Los registros indican que hubo al menos cinco llamadas en los minutos previos al posteo, lo que abre interrogantes sobre una posible coordinación previa en la difusión del token.

El informe también señala que el empresario mantuvo contactos con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que incluso habría participado en la coordinación de las respuestas que el presidente brindó posteriormente en una entrevista televisiva cuando el escándalo ya había estallado.

La causa judicial busca determinar si la promoción pública del proyecto cripto por parte del presidente —que incluyó la difusión del código del token en redes sociales— formó parte de una maniobra que terminó beneficiando a un pequeño grupo de operadores mientras miles de inversores registraban pérdidas tras el desplome del valor del activo.

Con estas nuevas evidencias incorporadas al expediente, la investigación continúa avanzando para establecer el grado de conocimiento y eventual responsabilidad de los distintos involucrados en el lanzamiento y la difusión de $LIBRA, uno de los escándalos financieros y políticos más resonantes del último tiempo en la Argentina.

La víctima tenía 20 años y viajaba en moto con un amigo cuando un agente abrió fuego al sospechar que lo iban a asaltar. El joven murió en el acto y su acompañante resultó herido. El efectivo fue detenido y la Justicia investiga el caso.

Un joven de 20 años fue asesinado por un efectivo de la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El hecho ocurrió cuando la víctima viajaba en moto con un amigo rumbo a jugar al fútbol y el agente, que también circulaba en motocicleta, abrió fuego al creer que lo estaban siguiendo para robarle.

La víctima fue identificada como Juan Cruz Leal, quien murió tras recibir un disparo que impactó en la zona de la ingle. Su amigo, Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, resultó herido por un balazo en el torso, aunque logró sobrevivir al ataque.

Según la reconstrucción inicial del hecho, el oficial Lucas Adrián Gómez, integrante de la División Servicio Especial de la Autopista de la Policía de la Ciudad, creyó que los jóvenes intentaban interceptarlo para robarle. En ese contexto sacó su pistola 9 milímetros y efectuó al menos dos disparos.

El amigo de la víctima declaró ante la fiscalía que ambos se dirigían a jugar al fútbol cuando el policía se detuvo y disparó sin mediar palabra. La investigación quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI N°2 de Ituzaingó, que caratuló la causa como homicidio agravado.

Tras el hecho, el efectivo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios. El caso volvió a abrir el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad fuera de situaciones comprobadas de peligro.

El jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que trascendiera que los gastos mensuales con tarjetas de crédito vinculadas a su familia superan ampliamente sus ingresos declarados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse datos sobre los gastos con tarjetas de crédito asociados a su familia. Según revelaciones periodísticas, mientras el funcionario percibe un salario cercano a $3.500.000, los consumos registrados en tarjetas superarían los $17 millones mensuales, una cifra que generó interrogantes sobre el origen de los fondos.

El dato se conoció en medio de una serie de controversias que involucran al funcionario, entre ellas el viaje a Nueva York junto al presidente Javier Milei y la presencia de su esposa en la comitiva oficial. La situación despertó cuestionamientos públicos porque el nivel de gastos revelado parece muy superior al ingreso que el propio Adorni percibe por su cargo en el Estado.

El caso se suma a otras polémicas recientes vinculadas al entorno del funcionario, como el viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia, que también generó dudas sobre cómo se financiaron esos traslados. Incluso un periodista cercano a Adorni terminó reconociendo públicamente que el vuelo había sido pagado “con plata del Estado”, una declaración que luego intentó corregir pero que agravó el escándalo político.

La controversia ocurre además en un contexto donde el propio Adorni se presenta habitualmente como uno de los principales voceros del discurso oficial contra los privilegios de la política y el uso indebido de recursos públicos. Mientras crecen las críticas y los pedidos de explicaciones, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y las prácticas de algunos de sus funcionarios.