En medio de un escándalo que sigue creciendo, el Gobierno sigue sin brindar explicaciones claras sobre el destino de 5.000 millones de dólares en oro físico pertenecientes al Banco Central.

Mientras el Ejecutivo intenta cerrar el año con anuncios positivos sobre la marcha de la economía, el caso del oro del Banco Central se convirtió en uno de los temas más polémicos del momento político y financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, continúan rehusándose a dar explicaciones precisas sobre el paradero y el uso de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro que fueron trasladados fuera del país.

La operación, que consistió en cargar lingotes de oro en un avión comercial para llevarlos al exterior, no dejó contratos formales ni documentación pública que respalde la transacción, según fuentes vinculadas a la auditoría y al análisis de las reservas. El vacío de información oficial generó una fuerte reacción de economistas, sectores de la oposición y especialistas en finanzas internacionales.

En declaraciones públicas, tanto Milei como Caputo se limitaron a asegurar que la operación forma parte de maniobras de gestión de reservas, pero no ofrecieron detalles concretos sobre quién autorizó el movimiento, con qué contrapartes se hizo ni cuál fue el destino final de esos activos. Esta ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre la intención detrás de la decisión y pone en cuestión la estrategia del Banco Central bajo el actual gobierno.

Los críticos del Ejecutivo advierten que la falta de documentación contractual y de explicaciones claras no solo contradice estándares básicos de administración de activos públicos, sino que además expone la economía argentina a riesgos innecesarios en un contexto de fragilidad macroeconómica. La transparencia en el manejo de las reservas es clave para la confianza de mercados e inversores, sostienen.

El caso del oro se suma a una serie de otros debates sobre la gestión de las reservas internacionales y el manejo de activos estratégicos del Estado, un terreno que ya venía siendo cuestionado por la comunidad económica debido a la magnitud de las operaciones realizadas sin información pública suficiente.

Con el avance de 2026 y el inicio del nuevo periodo legislativo, la controversia por el destino del oro del Banco Central promete seguir en la agenda pública, con llamados desde distintos sectores a que el Gobierno brinde respuestas claras y documentación respaldatoria sobre una operación que, hasta ahora, permanece opaca.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para las centrales nucleares, con contratos de limpieza y software con sobreprecios que superan el 140% y hasta el 1000%, desatando una crisis interna y pedidos de auditoría.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, quedó nuevamente en el ojo de una tormenta tras una serie de denuncias por posibles sobreprecios millonarios en contratos y adquisiciones, según presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico dentro de la propia empresa.

La primera denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares, en la que se cuestionó que la contratación de una empresa se realizara con un valor casi 140% mayor que el histórico pagado por servicios similares, lo que generó sospechas de irregularidades en el proceso y favorecimiento de determinados proveedores.

A eso se sumó una nueva denuncia por la adquisición de un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando, de acuerdo con cálculos sindicales y de mercado, su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación de la compra y una auditoría completa para investigar las condiciones en que se concretó esa operación.

Las acusaciones no quedaron solo en números: desde adentro de la empresa se advirtió sobre intentos de modificar informes técnicos y justificar ofertas más caras con intervenciones de áreas sin competencia específica, lo que derivó en la presentación de escritos ante el Comité de Integridad de la compañía para alertar sobre posibles presiones y prácticas irregulares.

La controversia generó tensiones internas y llevó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la licitación cuestionada y apartar a dos gerentes clave designados por Reidel, mientras persiste el debate sobre la conducción y la transparencia en una empresa estratégica para la producción energética.

Reidel, economista y estrecho colaborador dentro del círculo del presidente Javier Milei, se consolidó como uno de los funcionarios con mayor influencia en el sector energético y nuclear, pero estas denuncias ponen en foco sus decisiones administrativas y la gestión de recursos públicos en un contexto donde la sociedad reclama mayor control y rendición de cuentas.

El Presidente retoma sus actos de celebración política en plena temporada, en una ciudad atravesada por la crisis laboral y el deterioro del consumo. Agradece votos, pero el costo lo siguen pagando otros.

Javier Milei regresa este lunes a Mar del Plata para encabezar una nueva parada de su llamado “Tour de la Gratitud”, una gira pensada para agradecer el respaldo electoral mientras buena parte del país lidia con las consecuencias del ajuste, la caída del empleo y el desplome del poder adquisitivo.

El acto está previsto en una de las zonas más transitadas de la ciudad, en pleno verano, con turistas, comerciantes y trabajadores que viven una temporada floja y con consumo en baja. En ese escenario, el Presidente eligió volver a mostrarse en modo festejo, aunque el contexto económico no acompañe demasiado el clima de celebración.

Desde el oficialismo explican que la idea es “reconectar con la gente” después del viaje a Davos y de semanas de agenda internacional. Sin embargo, puertas adentro incluso aliados reconocen que el Gobierno enfrenta un desgaste acelerado por la falta de respuestas concretas a los problemas cotidianos.

Mientras Milei agradece el “apoyo”, en Mar del Plata siguen cerrando comercios, hay despidos en el sector turístico y miles de familias sobreviven con ingresos que no alcanzan. La gratitud corre por un lado; la realidad, por otro muy distinto.

El contraste es evidente: discursos de optimismo desde el escenario, y calles donde el ajuste se siente fuerte. El “tour” sigue, pero para muchos argentinos la gira se parece más a una postal desconectada del país real.

Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos consolidaron un pedido masivo para exigir la libertad de Milagro Sala, al cumplirse una década de su detención en Jujuy en un caso que diversas entidades consideran un montaje político y una violación de derechos fundamentales.

Milagro Sala, dirigente social y fundadora de la organización Tupac Amaru, lleva diez años detenida en la provincia de Jujuy, en un proceso que para numerosas organizaciones de derechos humanos, gremios y referentes políticos constituye una detención arbitraria e ilegal, sin que se hayan agotado todas las instancias de defensa ni se hayan garantizado sus derechos constitucionales.

A lo largo de estos años, se sumaron múltiples pronunciamientos internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron irregularidades y cuestionaron la proporcionalidad y legalidad de la prisión preventiva prolongada aplicada en su contra.

En las últimas semanas, miles de ciudadanos, agrupaciones sociales y figuras del ámbito político y cultural firmaron un petitorio colectivo que reclama la libertad de Sala, subrayando que su detención superó ampliamente los plazos razonables de prisión preventiva y que su situación representa una afrenta al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.

Los impulsores de la iniciativa señalan que, más allá de las causas judiciales específicas, el caso de Milagro Sala se ha convertido en un símbolo de persecución política y de uso abusivo del sistema penal para silenciar a voces críticas y referentes comunitarios que tenían un rol activo en la articulación social y política.

Este décimo aniversario de detención coincide con llamados a una revisión exhaustiva de su situación procesal, así como con reclamos para que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales y se garantice el acceso a la justicia sin demoras indebidas.

Para quienes firman la petición, la liberación de Milagro Sala no solo responde a un caso particular, sino que también representa una reivindicación más amplia del estado de derecho, la equidad procesal y la protección de los derechos civiles y políticos en Argentina.

La periodista relató un episodio ocurrido en un cumpleaños privado en el que el expresidente habría manoseado a la esposa de un conocido. “Está sacado, no lo podemos parar”, habrían reconocido desde su propio entorno.

El expresidente Mauricio Macri quedó envuelto en un nuevo escándalo tras un fuerte relato realizado por la periodista Nancy Pazos, quien contó al aire un episodio ocurrido el pasado 5 de noviembre durante el cumpleaños de Osvaldo Bruco, dueño de un reconocido restaurante porteño.

Según narró Pazos, el hecho ocurrió cuando Macri, acompañado por Juliana Awada, compartía una charla informal con otra pareja invitada al evento. Al momento de pasar a las mesas, el exmandatario “se hizo el caballero”, dejó avanzar a las mujeres y, en ese contexto, manoseó a una de ellas. “Le metió la mano en el culo. No te estoy jodiendo”, aseguró la periodista.

Siempre de acuerdo al relato, la mujer sintió el contacto en la zona baja de la espalda de manera claramente insinuante. La situación generó un momento de enorme incomodidad y tensión, especialmente cuando la víctima se lo contó a su esposo, quien debió ser contenido para evitar un enfrentamiento en medio del cumpleaños.

Pazos agregó que el marido, completamente alterado, buscó a un amigo cercano de Macri para consultarle qué hacer ante lo ocurrido. La respuesta fue demoledora: “Está sacado; no lo podemos contener”, le habrían dicho desde el propio entorno del expresidente.

El episodio, relatado públicamente por una periodista con nombre y apellido, vuelve a exponer a Mauricio Macri en un contexto de conductas denunciadas como abusivas y genera un fuerte repudio político y social. Hasta el momento, el expresidente no realizó declaraciones públicas sobre el hecho.

Milei construyó el relato del 17.000% de inflación y del 95% de pobres para describir una herencia catastrófica, pero la admisión oficial de una inflación del 211,4% expone que aquella cifra no se sostiene en ningún registro estadístico reconocido.

El vocero presidencial Manuel Adorni publicó este martes un mensaje en redes sociales en el que celebró que “la inflación del 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años”, y recordó que, al asumir el actual gobierno, “la inflación del 2023 había sido del 211,4%”. Con esos números, Adorni cerró su mensaje autoatribuyéndose un supuesto logro de gestión: “esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Sin embargo, en el mismo movimiento, Adorni terminó desarmando el relato que tanto Milei como su equipo repitieron desde la campaña electoral y durante buena parte de su gestión. En múltiples apariciones públicas, el Presidente aseguró que recibía de Alberto Fernández una economía con una inflación anual de 17.000%. Por ejemplo, en un discurso y entrevistas de 2024 dijo categóricamente: “En seis meses redujimos la inflación del 17.000 al 50% anual”, frase que fue reproducida varias veces en medios pese a no estar sustentada en datos estadísticos oficiales.

Incluso en declaraciones más técnicas, Milei insistió con el mismo número: “Cuando vos tomás lo que dio mayorista, que fue 54%, lo anualizás y te da 17.000%” — un intento de justificar con un cálculo poco convencional una cifra apocalíptica que nunca se materializó en los datos del INDEC. Además, en el ámbito de la campaña y eventos partidarios vinculados a La Libertad Avanza, aseguró que “dejaron plantada una inflación del 17.000%, que iba a dejar 95% de pobres”, asociando ese número a una herencia catastrófica del gobierno anterior.

En el mismo tono, esta contradicción no es un detalle menor ni un ajuste técnico de cifras: si la inflación real del último año de Alberto Fernández fue del 211,4% y no del 17.000%, entonces las cifras ultraexageradas que Milei decidió llevar en discursos oficiales, entrevistas y presentaciones públicas no se sostienen con ninguna estadística reconocida. La repetición constante de este número funcionó como relato político para justificar recortes, ajustes y la narrativa del desastre, pero hoy queda expuesto como una construcción retórica que el propio vocero del presidente no pudo sostener cuando fue a dar los datos oficiales.

Finalmente, mientras el gobierno celebra porcentajes más moderados y se aplaude a sí mismo, queda claro que el relato presidencial estuvo montado sobre cifras que no correspondían a la realidad y que, en muchos casos, eran deliberadamente alarmistas. Que el propio vocero tenga que publicar los datos oficiales y dejar de lado la versión presidencial desnuda no solo un error técnico, sino un engaño político que se usó para condicionar decisiones económicas profundas y dolorosas para la mayoría de los argentinos.

Las estadísticas oficiales confirman que durante octubre de 2025 la destrucción de empleo registrado tuvo un salto preocupante: se perdieron más de 30 mil puestos laborales en todo el país, mostrando una profundización de la caída del mercado de trabajo en múltiples sectores.

Los datos oficiales sobre el mercado laboral revelan que en octubre pasado se perdieron 33.100 puestos de trabajo registrado, con caídas que afectaron prácticamente a todas las categorías laborales, incluido el monotributo, un segmento que hasta ahora había mostrado mayor resistencia ante la contracción del empleo formal.

La caída se reflejó en una reducción de la cantidad total de aportantes al sistema previsional, que pasó de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 en octubre, lo que muestra una retracción significativa en pocas semanas.

El empleo asalariado privado —el principal generador de trabajo formal— fue uno de los más golpeados, con una pérdida acumulada de 71.000 puestos entre junio y octubre de 2025. La estadística oficial también indicó que 10 de los 14 sectores productivos relevados registraron descensos de empleo en el mes.

La caída laboral no se concentró en un área aislada: industria, comercio, construcción y servicios empresariales fueron los sectores que evidenciaron mayores bajas, en un panorama que refleja el retroceso de la actividad productiva y la falta de generación de empleo.

El empleo público y el trabajo en casas particulares también sufrieron retrocesos en octubre, mientras que el único segmento con leve mejora fue el de trabajadores autónomos, un cambio que no alcanza para compensar la destrucción neta de fuentes de trabajo formal.

En términos interanuales, la caída del empleo es aún más profunda: entre octubre de 2024 y octubre de 2025 se perdieron más de 90 mil puestos de trabajo registrados, con descensos tanto en el sector privado como en el público y entre los trabajadores domésticos.

Estos números se suman a una tendencia prolongada de debilitamiento del mercado laboral argentino, que en los últimos años viene mostrando cifras negativas en los principales indicadores de empleo formal, y plantean un desafío urgente para las políticas económicas y sociales ante la falta de creación de trabajo estable y de calidad.

En plena temporada alta, Flybondi canceló 125 vuelos en apenas cinco días, afectando a más de 22.000 pasajeros y dejando en evidencia que el discurso de que “lo privado funciona” no se traduce en servicio ni previsibilidad para la gente.

Flybondi, la aerolínea low cost que se promociona como la gran apuesta privada al transporte aéreo, volvió a estar en el centro de la polémica: entre el jueves y este lunes canceló 125 vuelos programados, lo que representa casi una cuarta parte de sus servicios previstos en ese período, y afectó a un número enorme de pasajeros justamente cuando comenzaban las vacaciones.

Con una capacidad promedio de unos 180 asientos por avión, más de 22.000 turistas y viajeros quedaron sin ruta definida, muchos de ellos con tickets en mano, planes armados y expectativas arruinadas por cancelaciones que se repiten en el tiempo. Las compañías bajo este modelo suelen adjudicar las interrupciones a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”, una explicación que no alcanza para explicar por qué el servicio falla de manera tan reiterada.

Este nuevo episodio no es aislado en la historia de Flybondi: ya en diciembre pasado la compañía había protagonizado otra tanda masiva de cancelaciones, suspendiendo decenas de vuelos durante la previa de las fiestas y complicando a miles de personas.

La empresa intenta justificar su operación en base a cifras positivas —como el número de vuelos operados o la cantidad total de pasajeros transportados desde su creación— y a planes de expansión con la incorporación de nuevos aviones, pero los números de cancelaciones y demoras constantes ponen en duda ese argumento.

Mientras tanto, los usuarios afectados se enfrentan a reprogramaciones, reembolsos incompletos o la incertidumbre de no saber si podrán llegar a sus destinos, situación que desnuda el mito de que el sector privado, por ser competitivo, ofrece mejores servicios. La realidad muestra que las promesas de eficiencia y ahorro muchas veces se traducen en caos operativo y falta de respuestas claras para quienes pagan por un servicio que no se cumple.

El escándalo de estas cancelaciones masivas abre la discusión sobre la responsabilidad real de las low cost y si realmente sirven a la población que las elige, o si, detrás del marketing de tarifas bajas, hay un modelo que sacrifica calidad y certeza en pos de ganancias y expansión sin control.

El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA presentó un mapa interactivo que sistematiza por primera vez información oficial sobre la extranjerización del suelo argentino.

El relevamiento, elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, constituye la primera herramienta pública que ordena y visibiliza datos oficiales dispersos sobre la propiedad de la tierra en manos extranjeras. El mapa permite identificar regiones, superficies y patrones de concentración territorial, y pone en evidencia la magnitud de un proceso que se profundizó en las últimas décadas.

La publicación del informe no es casual. Llega en un momento crítico, cuando vastas zonas del sur argentino enfrentan incendios forestales de enorme gravedad, y cuando el Gobierno nacional impulsa cambios normativos que apuntan a desmantelar las protecciones legales que restringen la venta de tierras a extranjeros. Para los especialistas, la combinación de ambos factores expone un escenario de alto riesgo para la soberanía territorial y ambiental.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que la extranjerización no es solo un problema de titularidad legal, sino una cuestión estructural que involucra el control de recursos estratégicos como el agua, los bosques, la producción de alimentos y la biodiversidad. En muchos casos, señalaron, grandes extensiones de territorio quedan bajo decisiones que se toman fuera del país, sin considerar las necesidades de las comunidades locales.

El mapa interactivo busca precisamente romper con esa opacidad. Al sistematizar información oficial, permite dimensionar el fenómeno y generar herramientas para el debate público, la planificación y la resistencia social frente a políticas que favorecen la concentración y la entrega de tierras a intereses financieros y corporativos.

Organizaciones sociales, ambientales y campesinas remarcaron que la ofensiva del Gobierno para eliminar los límites a la extranjerización se inscribe en una lógica más amplia de “poner el país a la venta”, donde el territorio aparece como un activo negociable y no como un bien común estratégico. En ese marco, alertaron que la flexibilización normativa profundizaría desigualdades y conflictos territoriales.

El informe del CONICET y la UBA se transforma así en una herramienta clave para comprender lo que está en juego: mientras se debilitan las protecciones estatales, crece la presión sobre el suelo argentino. El debate ya no es solo jurídico o económico, sino profundamente político: quién controla la tierra, para qué y en beneficio de quién.

La multinacional Lamb Weston anunció el cierre de su planta de papas fritas congeladas en Munro, en una medida que terminó con 100 despidos y generó incertidumbre en el sector industrial y entre los trabajadores, en un contexto de caída de la producción y falta de políticas para la industria alimentaria.

La compañía multinacional Lamb Weston / Meijer confirmó el cierre definitivo de su planta de producción de papas fritas congeladas ubicada en Munro, partido de Vicente López, lo que impactó directamente en la fuente laboral de 100 trabajadores, quienes quedaron sin empleo de manera abrupta tras la decisión empresarial.

Fuentes sindicales indicaron que la firma notificó formalmente a los empleados sobre el cierre y los despidos en el marco de una reestructuración que, según la empresa, responde a cambios en la demanda del mercado y a la necesidad de optimizar operaciones a nivel regional.

Los trabajadores afectados, muchos de los cuales formaban parte de la planta desde hace años, recibieron la comunicación con preocupación y malestar, y ya expresaron su rechazo frente a una decisión que se conoció sin mayores advertencias previas y que los deja en una situación de vulnerabilidad laboral.

La medida se conoció en un escenario de fuerte crisis industrial y caída de la producción, donde numerosas empresas vienen achicando operaciones, cerrando fábricas o trasladando líneas de producción al exterior, agravando las dificultades del sector manufacturero local.

Organizaciones gremiales y sectores de la industria alimentaria advirtieron que el cierre de la planta de Lamb Weston en Munro no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia de pérdida de empleo industrial que requiere respuestas de políticas públicas para sostener el trabajo y la producción en el país.

Aunque la empresa argumentó que la decisión responde a “ajustes operativos”, los sindicatos señalaron que los trabajadores no tuvieron instancias reales de diálogo ni propuestas alternativas de reubicación laboral, lo que profundiza el impacto social de los despidos.

Con el cierre de la planta y los 100 despidos consumados, las voces de los trabajadores y sus representantes exigen medidas concretas para garantizar empleo, reactivar la producción y evitar que más fábricas cierren sus puertas en el corto plazo.