La periodista relató un episodio ocurrido en un cumpleaños privado en el que el expresidente habría manoseado a la esposa de un conocido. “Está sacado, no lo podemos parar”, habrían reconocido desde su propio entorno.

El expresidente Mauricio Macri quedó envuelto en un nuevo escándalo tras un fuerte relato realizado por la periodista Nancy Pazos, quien contó al aire un episodio ocurrido el pasado 5 de noviembre durante el cumpleaños de Osvaldo Bruco, dueño de un reconocido restaurante porteño.

Según narró Pazos, el hecho ocurrió cuando Macri, acompañado por Juliana Awada, compartía una charla informal con otra pareja invitada al evento. Al momento de pasar a las mesas, el exmandatario “se hizo el caballero”, dejó avanzar a las mujeres y, en ese contexto, manoseó a una de ellas. “Le metió la mano en el culo. No te estoy jodiendo”, aseguró la periodista.

Siempre de acuerdo al relato, la mujer sintió el contacto en la zona baja de la espalda de manera claramente insinuante. La situación generó un momento de enorme incomodidad y tensión, especialmente cuando la víctima se lo contó a su esposo, quien debió ser contenido para evitar un enfrentamiento en medio del cumpleaños.

Pazos agregó que el marido, completamente alterado, buscó a un amigo cercano de Macri para consultarle qué hacer ante lo ocurrido. La respuesta fue demoledora: “Está sacado; no lo podemos contener”, le habrían dicho desde el propio entorno del expresidente.

El episodio, relatado públicamente por una periodista con nombre y apellido, vuelve a exponer a Mauricio Macri en un contexto de conductas denunciadas como abusivas y genera un fuerte repudio político y social. Hasta el momento, el expresidente no realizó declaraciones públicas sobre el hecho.

Milei construyó el relato del 17.000% de inflación y del 95% de pobres para describir una herencia catastrófica, pero la admisión oficial de una inflación del 211,4% expone que aquella cifra no se sostiene en ningún registro estadístico reconocido.

El vocero presidencial Manuel Adorni publicó este martes un mensaje en redes sociales en el que celebró que “la inflación del 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años”, y recordó que, al asumir el actual gobierno, “la inflación del 2023 había sido del 211,4%”. Con esos números, Adorni cerró su mensaje autoatribuyéndose un supuesto logro de gestión: “esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Sin embargo, en el mismo movimiento, Adorni terminó desarmando el relato que tanto Milei como su equipo repitieron desde la campaña electoral y durante buena parte de su gestión. En múltiples apariciones públicas, el Presidente aseguró que recibía de Alberto Fernández una economía con una inflación anual de 17.000%. Por ejemplo, en un discurso y entrevistas de 2024 dijo categóricamente: “En seis meses redujimos la inflación del 17.000 al 50% anual”, frase que fue reproducida varias veces en medios pese a no estar sustentada en datos estadísticos oficiales.

Incluso en declaraciones más técnicas, Milei insistió con el mismo número: “Cuando vos tomás lo que dio mayorista, que fue 54%, lo anualizás y te da 17.000%” — un intento de justificar con un cálculo poco convencional una cifra apocalíptica que nunca se materializó en los datos del INDEC. Además, en el ámbito de la campaña y eventos partidarios vinculados a La Libertad Avanza, aseguró que “dejaron plantada una inflación del 17.000%, que iba a dejar 95% de pobres”, asociando ese número a una herencia catastrófica del gobierno anterior.

En el mismo tono, esta contradicción no es un detalle menor ni un ajuste técnico de cifras: si la inflación real del último año de Alberto Fernández fue del 211,4% y no del 17.000%, entonces las cifras ultraexageradas que Milei decidió llevar en discursos oficiales, entrevistas y presentaciones públicas no se sostienen con ninguna estadística reconocida. La repetición constante de este número funcionó como relato político para justificar recortes, ajustes y la narrativa del desastre, pero hoy queda expuesto como una construcción retórica que el propio vocero del presidente no pudo sostener cuando fue a dar los datos oficiales.

Finalmente, mientras el gobierno celebra porcentajes más moderados y se aplaude a sí mismo, queda claro que el relato presidencial estuvo montado sobre cifras que no correspondían a la realidad y que, en muchos casos, eran deliberadamente alarmistas. Que el propio vocero tenga que publicar los datos oficiales y dejar de lado la versión presidencial desnuda no solo un error técnico, sino un engaño político que se usó para condicionar decisiones económicas profundas y dolorosas para la mayoría de los argentinos.

Las estadísticas oficiales confirman que durante octubre de 2025 la destrucción de empleo registrado tuvo un salto preocupante: se perdieron más de 30 mil puestos laborales en todo el país, mostrando una profundización de la caída del mercado de trabajo en múltiples sectores.

Los datos oficiales sobre el mercado laboral revelan que en octubre pasado se perdieron 33.100 puestos de trabajo registrado, con caídas que afectaron prácticamente a todas las categorías laborales, incluido el monotributo, un segmento que hasta ahora había mostrado mayor resistencia ante la contracción del empleo formal.

La caída se reflejó en una reducción de la cantidad total de aportantes al sistema previsional, que pasó de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 en octubre, lo que muestra una retracción significativa en pocas semanas.

El empleo asalariado privado —el principal generador de trabajo formal— fue uno de los más golpeados, con una pérdida acumulada de 71.000 puestos entre junio y octubre de 2025. La estadística oficial también indicó que 10 de los 14 sectores productivos relevados registraron descensos de empleo en el mes.

La caída laboral no se concentró en un área aislada: industria, comercio, construcción y servicios empresariales fueron los sectores que evidenciaron mayores bajas, en un panorama que refleja el retroceso de la actividad productiva y la falta de generación de empleo.

El empleo público y el trabajo en casas particulares también sufrieron retrocesos en octubre, mientras que el único segmento con leve mejora fue el de trabajadores autónomos, un cambio que no alcanza para compensar la destrucción neta de fuentes de trabajo formal.

En términos interanuales, la caída del empleo es aún más profunda: entre octubre de 2024 y octubre de 2025 se perdieron más de 90 mil puestos de trabajo registrados, con descensos tanto en el sector privado como en el público y entre los trabajadores domésticos.

Estos números se suman a una tendencia prolongada de debilitamiento del mercado laboral argentino, que en los últimos años viene mostrando cifras negativas en los principales indicadores de empleo formal, y plantean un desafío urgente para las políticas económicas y sociales ante la falta de creación de trabajo estable y de calidad.

En plena temporada alta, Flybondi canceló 125 vuelos en apenas cinco días, afectando a más de 22.000 pasajeros y dejando en evidencia que el discurso de que “lo privado funciona” no se traduce en servicio ni previsibilidad para la gente.

Flybondi, la aerolínea low cost que se promociona como la gran apuesta privada al transporte aéreo, volvió a estar en el centro de la polémica: entre el jueves y este lunes canceló 125 vuelos programados, lo que representa casi una cuarta parte de sus servicios previstos en ese período, y afectó a un número enorme de pasajeros justamente cuando comenzaban las vacaciones.

Con una capacidad promedio de unos 180 asientos por avión, más de 22.000 turistas y viajeros quedaron sin ruta definida, muchos de ellos con tickets en mano, planes armados y expectativas arruinadas por cancelaciones que se repiten en el tiempo. Las compañías bajo este modelo suelen adjudicar las interrupciones a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”, una explicación que no alcanza para explicar por qué el servicio falla de manera tan reiterada.

Este nuevo episodio no es aislado en la historia de Flybondi: ya en diciembre pasado la compañía había protagonizado otra tanda masiva de cancelaciones, suspendiendo decenas de vuelos durante la previa de las fiestas y complicando a miles de personas.

La empresa intenta justificar su operación en base a cifras positivas —como el número de vuelos operados o la cantidad total de pasajeros transportados desde su creación— y a planes de expansión con la incorporación de nuevos aviones, pero los números de cancelaciones y demoras constantes ponen en duda ese argumento.

Mientras tanto, los usuarios afectados se enfrentan a reprogramaciones, reembolsos incompletos o la incertidumbre de no saber si podrán llegar a sus destinos, situación que desnuda el mito de que el sector privado, por ser competitivo, ofrece mejores servicios. La realidad muestra que las promesas de eficiencia y ahorro muchas veces se traducen en caos operativo y falta de respuestas claras para quienes pagan por un servicio que no se cumple.

El escándalo de estas cancelaciones masivas abre la discusión sobre la responsabilidad real de las low cost y si realmente sirven a la población que las elige, o si, detrás del marketing de tarifas bajas, hay un modelo que sacrifica calidad y certeza en pos de ganancias y expansión sin control.

El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA presentó un mapa interactivo que sistematiza por primera vez información oficial sobre la extranjerización del suelo argentino.

El relevamiento, elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, constituye la primera herramienta pública que ordena y visibiliza datos oficiales dispersos sobre la propiedad de la tierra en manos extranjeras. El mapa permite identificar regiones, superficies y patrones de concentración territorial, y pone en evidencia la magnitud de un proceso que se profundizó en las últimas décadas.

La publicación del informe no es casual. Llega en un momento crítico, cuando vastas zonas del sur argentino enfrentan incendios forestales de enorme gravedad, y cuando el Gobierno nacional impulsa cambios normativos que apuntan a desmantelar las protecciones legales que restringen la venta de tierras a extranjeros. Para los especialistas, la combinación de ambos factores expone un escenario de alto riesgo para la soberanía territorial y ambiental.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que la extranjerización no es solo un problema de titularidad legal, sino una cuestión estructural que involucra el control de recursos estratégicos como el agua, los bosques, la producción de alimentos y la biodiversidad. En muchos casos, señalaron, grandes extensiones de territorio quedan bajo decisiones que se toman fuera del país, sin considerar las necesidades de las comunidades locales.

El mapa interactivo busca precisamente romper con esa opacidad. Al sistematizar información oficial, permite dimensionar el fenómeno y generar herramientas para el debate público, la planificación y la resistencia social frente a políticas que favorecen la concentración y la entrega de tierras a intereses financieros y corporativos.

Organizaciones sociales, ambientales y campesinas remarcaron que la ofensiva del Gobierno para eliminar los límites a la extranjerización se inscribe en una lógica más amplia de “poner el país a la venta”, donde el territorio aparece como un activo negociable y no como un bien común estratégico. En ese marco, alertaron que la flexibilización normativa profundizaría desigualdades y conflictos territoriales.

El informe del CONICET y la UBA se transforma así en una herramienta clave para comprender lo que está en juego: mientras se debilitan las protecciones estatales, crece la presión sobre el suelo argentino. El debate ya no es solo jurídico o económico, sino profundamente político: quién controla la tierra, para qué y en beneficio de quién.

La multinacional Lamb Weston anunció el cierre de su planta de papas fritas congeladas en Munro, en una medida que terminó con 100 despidos y generó incertidumbre en el sector industrial y entre los trabajadores, en un contexto de caída de la producción y falta de políticas para la industria alimentaria.

La compañía multinacional Lamb Weston / Meijer confirmó el cierre definitivo de su planta de producción de papas fritas congeladas ubicada en Munro, partido de Vicente López, lo que impactó directamente en la fuente laboral de 100 trabajadores, quienes quedaron sin empleo de manera abrupta tras la decisión empresarial.

Fuentes sindicales indicaron que la firma notificó formalmente a los empleados sobre el cierre y los despidos en el marco de una reestructuración que, según la empresa, responde a cambios en la demanda del mercado y a la necesidad de optimizar operaciones a nivel regional.

Los trabajadores afectados, muchos de los cuales formaban parte de la planta desde hace años, recibieron la comunicación con preocupación y malestar, y ya expresaron su rechazo frente a una decisión que se conoció sin mayores advertencias previas y que los deja en una situación de vulnerabilidad laboral.

La medida se conoció en un escenario de fuerte crisis industrial y caída de la producción, donde numerosas empresas vienen achicando operaciones, cerrando fábricas o trasladando líneas de producción al exterior, agravando las dificultades del sector manufacturero local.

Organizaciones gremiales y sectores de la industria alimentaria advirtieron que el cierre de la planta de Lamb Weston en Munro no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia de pérdida de empleo industrial que requiere respuestas de políticas públicas para sostener el trabajo y la producción en el país.

Aunque la empresa argumentó que la decisión responde a “ajustes operativos”, los sindicatos señalaron que los trabajadores no tuvieron instancias reales de diálogo ni propuestas alternativas de reubicación laboral, lo que profundiza el impacto social de los despidos.

Con el cierre de la planta y los 100 despidos consumados, las voces de los trabajadores y sus representantes exigen medidas concretas para garantizar empleo, reactivar la producción y evitar que más fábricas cierren sus puertas en el corto plazo.

Un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 expone que, mientras el gasto social se desploma, el Gobierno prioriza el financiamiento de inteligencia y mecanismos de control, con consecuencias profundas para áreas esenciales como salud, educación y desarrollo.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei reveló una profunda reasignación de recursos que refleja las prioridades del Gobierno: áreas esenciales como salud, educación, ciencia y obra pública sufrieron fortes recortes, mientras que los fondos destinados a organismos de inteligencia y seguridad crecieron de manera significativa.

Según el informe, el gasto público total cayó de manera real respecto a años anteriores, producto de un ajuste generalizado. Sin embargo, en medio de esa contracción, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó sus recursos de manera notable, en un contraste que plantea una pregunta central: ¿quién sale beneficiado con esta asignación de recursos?

En el área social, los recortes fueron severos. Hospitales nacionales, servicios de salud esenciales, y programas de prevención y atención territorial perdieron gran parte de sus partidas, paralizando en muchos casos su funcionamiento. Lo mismo sucedió en educación, donde iniciativas clave como becas, infraestructura escolar y programas de formación docente enfrentaron ejecuciones prácticamente nulas, dejando a escuelas y estudiantes sin herramientas básicas.

El desfinanciamiento también se extendió a la ciencia y la innovación, con organismos estratégicos como el CONICET y servicios meteorológicos recortando sus presupuestos, lo que dificulta la continuidad de investigaciones y proyectos vitales para el desarrollo del país. En simultáneo, la obra pública, el transporte y las transferencias a provincias y municipios registraron caídas bruscas, afectando la gestión local y el sostenimiento de infraestructura.

Mientras tantas áreas esenciales quedan desguazadas, la expansión de recursos para inteligencia revela una apuesta del Gobierno por reforzar mecanismos de control y vigilancia, en vez de invertir en servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta reasignación de fondos plantea un patrón preocupante: el Estado vuelve su mirada hacia el mantenimiento de estructuras de poder y control, en detrimento del bienestar social.

Lejos de un equilibrio responsable en la asignación de recursos, esta política presupuestaria proyecta un cambio de rol del Estado, priorizando vigilancia y seguridad sobre salud, educación y desarrollo humano, con efectos que ya se hacen sentir en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional convocó a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de la controvertida reforma laboral, pero la jugada expone una interna con gobernadores y demuestra que la iniciativa no busca proteger el empleo sino abrir puertas a más endeudamiento y beneficios para sectores empresariales.

Javier Milei decidió poner el foco de su regreso de las vacaciones en intentar encaminar la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias, aunque lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica sobre temas de trabajo: se trata de habilitar un paquete de cambios que profundiza la flexibilización laboral y -en los hechos- alimenta nuevas fuentes de endeudamiento sin respuestas reales a la crisis de empleo.

La reunión convocada en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia del jefe de Gabinete y otros referentes oficialistas, tiene como objetivo introducir modificaciones tácticas al dictamen original con tal de seducir a gobernadores y aliados para que acompañen el tratamiento de la ley. Pero la negociación expone que la reforma no fue diseñada para generar más trabajo estable, ni para fortalecer derechos laborales; su esencia está orientada a favorecer a los grandes empleadores y al mercado financiero, con el argumento falaz de que así se incentiva la inversión.

Lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral” esconde una agenda mucho más amplia: reducción de cargas patronales, apertura a convenios por empresa con menos protecciones, y una drástica debilitación del poder de negociación de los sindicatos frente al capital. Y si bien el oficialismo promete que “bajar el riesgo país” facilitará el rolleo de deuda provincial, la verdad es que la reforma termina financiando un esquema donde el capital financiero y los sectores más poderosos salen ganando mientras los trabajadores pierden derechos adquiridos.

El nerviosismo por asegurar votos llevó al Gobierno a negociar con gobernadores aliados la forma en que se repartirán las cargas tributarias y los capítulos de Ganancias, coparticipación e impuestos internos, una señal más de que la reforma tiene implicancias fiscales profundas que terminarán ampliando el espacio para la toma de deuda pública. Gobernadores alertan que la caída de la recaudación tendrá efectos negativos netos en sus distritos, lo que pone al descubierto que la iniciativa tiene más que ver con trasladar costos al conjunto de la población que con generar empleo genuino.

Lejos de un debate transparente sobre el impacto real en el mercado laboral y en la vida de millones de trabajadores, la Casa Rosada negocia bajo perfil, ajustando la letra del proyecto para “no complicar” su sanción en febrero, en un escenario donde la oposición y organizaciones sindicales ya cuestionan duramente que la reforma privilegie intereses empresariales y financieros.

El avance de esta reforma pone en tensión no solo a los sindicatos, que rechazaron de plano medidas que limitan el derecho de huelga y reducen aportes patronales, sino también a gran parte de la sociedad que observa cómo, mientras se promete crecimiento, la verdadera agenda parece ser abrir espacios para más endeudamiento y beneficios para las élites económicas, sin garantías de creación de empleo de calidad ni protección de derechos laborales.

El gobierno bonaerense oficializó un mapa de riesgo que identifica zonas del Conurbano Sur con alta probabilidad de inundaciones, en un intento por planificar obras, mejorar la gestión de emergencias y mitigar los efectos de los desbordes hídricos que afectan a los vecinos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles un plan que incorpora un mapa de riesgo hídricos para seis municipios del Conurbano Sur, con el objetivo de anticipar, manejar y prevenir futuras inundaciones en una región que históricamente sufre los efectos de lluvias intensas y desbordes de arroyos.

La iniciativa, impulsada por la administración bonaerense en conjunto con organismos técnicos, identifica sectores urbanos y rurales que, por su topografía y escasa infraestructura de drenaje, son susceptibles a acumular agua durante eventos climáticos extremos.

Los municipios incluidos en el nuevo mapa de riesgo son Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui, donde las autoridades proyectan priorizar inversiones en obras hidráulicas, limpieza de arroyos, mejoras en desagües y sistemas de alerta temprana para proteger a las comunidades más vulnerables.

Según fuentes oficiales, la herramienta servirá para planificar proyectos a corto, mediano y largo plazo, además de facilitar la articulación entre los gobiernos municipal, provincial y nacional. El mapa permitirá también una gestión más eficiente de recursos ante situaciones de emergencia, buscando minimizar los daños materiales y los riesgos para la población.

La medida fue bien recibida por algunos intendentes de la región, que destacaron la importancia de contar con datos técnicos para tomar decisiones y coordinar respuestas rápidas ante precipitaciones extraordinarias. Sin embargo, también fuentes comunales señalaron que es imprescindible avanzar con la ejecución de obras concretas, no solo con la elaboración de estudios.

Especialistas en gestión de riesgos e hidrología señalaron que la aprobación del mapa representa un paso hacia la planificación integral, aunque advirtieron que la efectividad de la medida dependerá de la velocidad y ejecución de las obras comprometidas, así como de la asignación de los recursos necesarios para llevarlas adelante.

Con la firma del decreto que oficializa el mapa de riesgo, la Provincia busca consolidar una política pública de largo alcance que reduzca la vulnerabilidad de miles de vecinos ante nuevas precipitaciones severas, un desafío que se agrava en el contexto de cambio climático y eventos meteorológicos cada vez más frecuentes.

Aunque el Gobierno negó un recorte directo, el cambio de la fórmula previsional y el congelamiento del bono funcionaron como una licuadora silenciosa sobre los haberes. En la comparación con el esquema anterior, los jubilados cobran hoy hasta un 25% menos de lo que deberían.

En el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, las jubilaciones fueron uno de los blancos centrales de la motosierra. Si bien el Ejecutivo no aplicó un recorte nominal directo sobre los haberes, la decisión de modificar por decreto la fórmula de movilidad previsional derivó en una pérdida concreta y acumulada que, según distintos análisis, ya alcanzó hasta un 25% respecto de lo que los jubilados hubieran cobrado de haberse mantenido el esquema anterior.

Más adelante, el impacto se explicó a partir del cambio dispuesto vía DNU 274/2024, mediante el cual el Gobierno reemplazó la fórmula que combinaba salarios y recaudación por una actualización atada exclusivamente a la inflación. Esa modificación, presentada como una medida “neutral”, implicó en los hechos que los haberes crecieran menos que bajo el régimen previo, especialmente en un contexto de recuperación parcial de ingresos y actividad. La comparación entre ambos esquemas dejó en evidencia que, hacia fines de 2025, las jubilaciones deberían haber sido alrededor de un 25 a 27% más altas sin el cambio impuesto por Milei.

En el mismo tono, otro factor clave del ajuste fue el congelamiento del bono previsional. El refuerzo de $70.000, que alcanzó a millones de jubilados y pensionados, permaneció fijo mientras la inflación continuó licuando su valor real. De este modo, incluso quienes percibieron el bono vieron deteriorarse su ingreso total mes a mes, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Finalmente, por más que Milei y su junta insistieron en negar un “recorte”, los números mostraron otra cosa: el ajuste existió, fue deliberado y tuvo consecuencias directas sobre los ingresos de los jubilados. No se trató de una poda explícita, sino de una estrategia de licuación sostenida, que volvió a colocar el peso del programa económico sobre quienes menos margen tienen para resistirlo.