Mientras el mundo reflexiona sobre el VIH el gobierno de Javier Milei presentó un Presupuesto 2026 que desfinanció herramientas clave de prevención, diagnóstico y tratamiento. Fundación Huésped advirtió por un “giro preocupante” que dejó expuestas a miles de personas.

En el mismo día en que el mundo reflexionó sobre el VIH, el gobierno de Javier Milei avanzó con un Presupuesto 2026 que profundizó el ajuste en una de las áreas más sensibles de la salud pública. Fundación Huésped denunció un “giro preocupante” en la estrategia sanitaria nacional, marcado por recortes que afectaron directamente a quienes viven con VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. Más aún, por más que a Milei y su junta les moleste, el presupuesto definió prioridades, y en este caso dejó claro que la salud pública no ocupó un lugar central.

Más adelante, la organización remarcó que el proyecto oficial redujo y hasta invisibilizó partidas específicas para VIH e ITS, debilitando pilares fundamentales como la prevención combinada, la detección temprana y el acceso sostenido a tratamientos. La ausencia total de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post-Exposición (PEP) en las metas presupuestarias representó un retroceso grave: miles de personas habían accedido a estas herramientas en 2023, pero el gobierno decidió borrarlas del debate público y de la planificación estatal.

En el mismo tono, el presupuesto incluyó una caída drástica en el número de testeos rápidos disponibles. Para 2026 solo se proyectaron 581.000 pruebas, un 49,3% menos que en 2023. Esto resultó especialmente crítico en un país donde el 45% de los diagnósticos ya se realizaban de forma tardía, impidiendo el inicio oportuno del tratamiento y comprometiendo el principio de Indetectable = Intransmisible (I=I). A la vez, los reactivos de carga viral también sufrieron recortes: las 116.215 pruebas previstas resultaron insuficientes para cumplir con las dos mediciones anuales recomendadas por la OMS y ONUSIDA.

Con el mismo ímpetu, el Ministerio de Salud dejó completamente de lado la educación y la información pública: la distribución de materiales preventivos pasó de 275.565 unidades en 2023 a cero en la proyección de 2026. En paralelo, otras patologías también fueron golpeadas por el ajuste. Los tratamientos para Hepatitis C se redujeron un 44% entre 2023 y 2026, mientras que los insumos para tuberculosis cayeron un 11%. A pesar de ello, el ministro Mario Lugones evitó pronunciarse sobre las consecuencias sanitarias de este desmantelamiento.

Finalmente, Fundación Huésped sostuvo que “el derecho a la salud no podía ser una variable de ajuste presupuestario” y advirtió que la falta de inversión generaría mayor transmisión, diagnósticos tardíos y peores desenlaces clínicos. En el Día Mundial del VIH, mientras el mundo reafirmó compromisos, el gobierno argentino eligió recortar. Y lo hizo a sabiendas de que cada peso que no se destinó a prevención y tratamiento implicaría un costo humano y económico mucho mayor.

Con reservas reales del BCRA cerca de cero y un déficit proyectado de US$ 16.000 millones bajo las reglas del FMI, Argentina enfrenta una fragilidad estructural que vuelve inevitable un salto cambiario o ajuste externo.

Un reciente informe privado revela que las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas alcanzan los US$ 275 millones, un monto ridículo para una economía del tamaño de la argentina. En simultáneo, bajo los criterios del programa EFF con el FMI, el país queda con un déficit de reservas proyectado de más de US$ 16.000 millones. La fragilidad del balance oficial advierte sobre un futuro de alta vulnerabilidad cambiaria, inflación persistente y dependencia de nuevos préstamos externos.

Recientemente un informe de la consultora 1816 advirtió que, tras la activación de un swap con Estados Unidos por US$ 2.500 millones y el pago de un vencimiento con el FMI, las reservas netas “a valor de mercado” del BCRA quedaron reducidas a apenas US$ 275 millones.

Ese dato —que no había sido divulgado oficialmente con claridad— implica que la autoridad monetaria perdió prácticamente toda su capacidad de intervenir en el mercado de cambios. Es decir: si se dispara la demanda de dólares, no hay caja para responder.

Al mismo tiempo, al aplicar los criterios de contabilidad exigidos por el programa de facilitad extendida (EFF) con el FMI —que incluye pasivos en dólares, valuación de oro, DEG y otros ajustes— el resultado proyectado es un agujero de US$ -16.036 millones.

Así, la Argentina no sólo quedó virtualmente sin reservas líquidas: también se alejó dramáticamente de la meta fijada en diciembre de 2025. Según 1816, la brecha ronda los US$ 13.000 millones.

¿Qué significa tener sólo 275 millones de dólares en caja? Fragilidad total

Con ese nivel de reservas reales, la Argentina vive un presente extremadamente débil, con al menos tres problemas estructurales a la vista:

• Intervención cambiaria nula o casi nula. Si vuelve a haber presión sobre el dólar —oficial, paralelo o financiero— el BCRA no podrá abastecer. Eso pone en riesgo cualquier intento de mantener controles o bandas cambiarias.
• Alta vulnerabilidad ante choques externos. Una suba de tasas en EE.UU., una caída de exportaciones, o una salida abrupta de capitales pueden desatar una corrida cambiaria sin defensa posible.
• Dependencia absoluta del financiamiento externo. Sin reservas, el país necesitará nuevos préstamos, swaps o ayuda del FMI o potencias amigas. Pero esa puerta no siempre está abierta ni es confiable.

¿El rojo de -US$ 16.000 millones del FMI es una extrapolación teórica? Sí, pero refleja compromiso firme

Es importante aclarar: el dato negativo de US$ -16.036 millones no describe “lo que hay en caja hoy”. Es una contabilidad de compromisos futuros, valuaciones y deudas en dólares. Pero su relevancia es fuerte: marca que con los criterios acordados en el programa EFF, la Argentina quedará muy por debajo de lo pactado en diciembre 2025.

Es decir: no sólo se agotaron las reservas reales. Además, el país se comprometió —ante el FMI— a mantener un piso de divisas que hoy parece imposible de alcanzar.

Ese desfase proyectado alimenta dudas sobre la sostenibilidad del plan firmado, y si no se renegocia pronto, podría obligar a nuevas medidas de ajuste y sometimiento externo.

En definitiva: Argentina no está en una mera crisis pasajera. Está en un estado de vulnerabilidad estructural. Con reservas reales casi en cero y un programa de estabilización volcado sobre metas que ya parecen irrealizables, el país quedó a merced de cualquier viento económico externo.

Por más que el gobierno intente usar swaps, endeudamientos o rifar promesas de ingreso de dólares —o por más que insistan en discursos tranquilizadores— la realidad es clara: no hay margen para errores. Cualquier shock: suba del dólar, corrida cambiaria, nuevo vencimiento, crisis internacional, fuga de capitales, caída de exportaciones, puede activar una crisis cambiaria, inflacionaria y social.

Por ese motivo, advertir la fragilidad actual es indispensable: no para sembrar pánico —aunque no estaría de más— sino para exponer la brutal contradicción entre la retórica oficial de “normalidad” y la cruda realidad. Si no hay un giro urgente hacia un plan real de generación genuina de divisas (exportaciones, inversión externa, superávit comercial), Argentina podría encaminarse hacia un nuevo colapso.

Un dictamen fiscal de 270 páginas describe una asociación ilícita entre exfuncionarios macristas, actuales operadores mileístas y un laboratorio multinacional. El operador clave era el abogado personal de Javier Milei.

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó atrás la etapa de declaraciones y audios para ingresar en la fase de las pruebas concretas. El dictamen del fiscal Franco Picardi, de 270 páginas, constituye la primera acusación formal sólida en la gestión del presidente Javier Milei y describe el accionar de lo que califica como una “banda mixta” dedicada a robarle a los sectores más vulnerables.

Según el documento, la asociación ilícita habría comenzado a operar en diciembre de 2023, apenas asumió el nuevo gobierno. El mecanismo central habría sido la imposición de sobreprecios escandalosos en la compra de medicamentos de alto costo, prótesis e implantes cocleares. Esos sobreprecios, que en algunos casos alcanzaron el 1900%, eran el origen de un circuito de coimas y enriquecimiento ilícito.

La “Banda Mixta”: Una alianza inédita

La investigación judicial identifica a los integrantes de este esquema, que combina funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, La Libertad Avanza y ejecutivos del sector privado.

En el núcleo de la operatoria se encontraría Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Milei y hombre de su máxima confianza en la ANDIS. Según el fiscal, lejos de ser un “cruzado del ajuste”, Spagnuolo también habría sido beneficiario de los pagos ilegales. En allanamientos a su domicilio se encontró una máquina de contar billetes y 80.000 dólares en efectivo que no pudo justificar.

El otro pilar de la banda sería Pablo Atchabahian, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri. Atchabahian, actualmente detenido, ya no era funcionario público, pero desde su cargo como gerente en el laboratorio Roche –una multinacional suiza de prestigio mundial– actuaba como un “director paralelo” de la agencia, dando órdenes a su excompañero y actual funcionario, Daniel Garbellini.

La nómina se completa con Luciana Ferrari, también exfuncionaria macrista en el ANDIS y actual empleada de Roche, a quien se le adjudica el uso de una “clave trucha” para acceder al sistema de compras del organismo y obtener información privilegiada.

El fiscal considera que ambos ejecutivos actuaban para favorecer los intereses de Roche a través de droguerías intermediarias.

El “lobby” y el circuito del dinero

El eslabón que conectaba a los funcionarios con el sector privado sería Miguel Ángel Calvete, un conocido consultor de medios. El dictamen lo señala como el coordinador de pagos y gestor de cobros para diversas droguerías y firmas del rubro. Su rol habría sido fungir como enlace y gestionar pagos indebidos a funcionarios del ANDIS, incluyendo al propio Spagnuolo.

La evidencia incluye filmaciones de Spagnuolo entrando a la oficina de Calvete con una mochila, y audios en los que Calvete le pide a su esposa que prepare 5 millones de pesos para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”. Para el blanqueo del dinero, el fiscal identificó a Alan Pocovi, quien se encargaría de convertir el dinero en efectivo en criptomonedas.

Los citados a indagatoria

• Pablo Atchabahian
• Miguel Ángel Calvete
• Diego Orlando Spagnuolo
• Daniel María Garbellini
• Eduardo Nelio González
• Lorena Di Giorno
• Roger Edgar Grant
• Luciana Ferrari
• Federico Maximiliano Santich
• Guadalupe Ariana Muñoz
• Patricio Gustavo Rama
• Ruth Noemí Lozano
• Andrés Horacio Arnaudo
• Silvana Vanina Escudero
• Alejandro Gastón Fuentes Acosta

El “verso” del ajuste

El fiscal Picardi construye una teoría que desnuda una doble moral. Mientras públicamente se anunciaban recortes, despidos de empleados y suspensiones de pensiones por discapacidad con el argumento de combatir el “curro” y el derroche, el organismo destinaba sumas siderales a pagar medicamentos con sobreprecios que alimentaban las coimas.

El hallazgo judicial deja atrás lo que hasta ahora era un cruce de versiones y audios, para instalar una acusación formal basada en chats, transferencias, audios interceptados y material de cámaras de seguridad. Un total de 15 personas fueron citadas a indagatoria por este caso, que se erige como el primer gran escándalo de corrupción con pruebas concretas de la era Milei, demostrando que, detrás del relato del ajuste, se escondía un sofisticado sistema de desvío de fondos públicos.

El IPCVA registró nuevos incrementos en los cortes más populares del AMBA mientras el consumo sigue cayendo y el Gobierno mira para otro lado ante la pérdida del poder adquisitivo.

El precio del asado volvió a dispararse. Según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), el valor de los cortes más consumidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires subió en promedio un 2,8% entre septiembre y octubre, con un aumento del 8,2% en el asado de tira, uno de los preferidos en las parrillas argentinas.

En el último año, la carne acumula una suba del 61,3%, y solo en lo que va de 2025 ya aumentó un 37,5%, muy por encima de la mayoría de las paritarias y del poder adquisitivo de los hogares.

El asado fue el corte con mayor incremento mensual, superando a la picada especial (+6,1%) y al matambre (+5,5%). En tanto, cortes como el lomo apenas subieron un 0,2%, mientras que el osobuco bajó 0,4% tras el fin de la temporada de guisos.

Hoy, el kilo de asado de tira ronda los $12.500, aunque en algunas carnicerías ya supera esa cifra. En comparación, el bife angosto cuesta cerca de $12.600, y el cuadril trepa a $14.700.

Los carniceros señalan que la escalada no se debe solo a la inflación general, sino a la falta de hacienda y a la presión del mercado exportador. “Está faltando ganado y los exportadores se llevan los novillos para recriarlos. Al faltar oferta, sube el precio, aunque se venda menos carne”, explicó Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores.

La realidad es que cada aumento golpea más fuerte en los hogares que ven cómo la parrilla se convierte en un lujo. Con salarios congelados y consumo en baja, el panorama de cara a las Fiestas promete nuevos aumentos y mesas más austeras, mientras el Gobierno insiste en que “los precios se están estabilizando”.

La brecha entre la promesa y la realidad

Durante la campaña electoral, el gobierno actual había difundido flyers donde aseguraba que con Milei el kilo de asado costaría $2.800 “sin impuestos”, mientras que “con Massa” valdría $4.000. Hoy, el mismo corte supera los $12.000, y la promesa quedó reducida a una postal de ficción.

Es esperable que en campaña los candidatos exageren o prometan con optimismo, pero lo del gobierno libertario fue directamente una mentira descomunal. No solo no bajó el precio de la carne, sino que se triplicó en menos de un año, demostrando que el “libre mercado” y la motosierra no resuelven nada, y sólo empobrecieron más a la población.

La realidad se impuso sobre la propaganda: el asado, ese símbolo del encuentro argentino, hoy volvió a ser un lujo.

Docentes y estudiantes iniciaron un paro de 72 horas en defensa de la universidad pública y contra el ajuste del Gobierno, que alega falta de fondos pese al respaldo financiero internacional que recibió.

Las casas de altos estudios iniciaron este miércoles una huelga nacional como respuesta al incumplimiento del Ejecutivo del Ley de Financiamiento Universitario sancionada el 21 de octubre, y a las dilaciones para recomponer salarios docentes y defender la educación pública. Sin embargo, el Gobierno insiste con la excusa de la “falta de recursos”, a pesar de que existen paquetes multimillonarios de apoyo financiero internacional que podrían aliviar la crisis.

Los gremios universitarios denuncian que los salarios “no fueron recompuestos” y que la universidad pública está al borde del colapso. Como afirmó la secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas: “Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales…”.
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) se agregó que los docentes ya acumulan una deuda de aumento del 44% que la ley les reconoció. Mucho más que una espera: es un incumplimiento estructural.

Mientras tanto, desde el plano internacional aparece un dato incómodo para la versión oficial: la U.S. Treasury Department está trabajando en un respaldo para Argentina por hasta US$ 40 mil millones (un swap de US$ 20 mil millones más un paquete privado de igual monto) según informes de octubre de 2025.

Si hay respaldo externo de ese calibre, ¿por qué las universidades “no tienen plata”? ¿Dónde fueron esos recursos y por qué no se destinan a la educación pública y al salario docente?
Además, los datos oficiales de ayuda exterior muestran que en 2023 la ayuda directa de EE. UU. a Argentina ronda apenas unos pocos millones de dólares.

El paro de 72 horas no solo es un reclamo salarial, sino una advertencia de que la educación pública está siendo arrinconada por la política de ajuste del Gobierno. Los docentes no solo exigen la aplicación de la ley, sino que alertan que la universidad se vacía, se cargan tareas en menos personas y se incrementan los ad honorem.
La frase de la diputada Mercedes de Mendieta sintetiza el hartazgo: “Estamos ante salarios de miseria… la universidad argentina se sostiene gracias al esfuerzo tremendo de docentes, no docentes y estudiantes”.

En resumen: mientras la versión oficial habla de “recursos insuficientes”, los hechos sugieren otra cosa. Hay apoyos internacionales millonarios, legislaciones aprobadas que quedan sin cumplir, y una educación pública que sigue perdiendo terreno. El paro es más que una protesta: es un llamado urgente a que el Estado cumpla con su responsabilidad antes de que la universidad deje de ser un derecho para pasar a ser un lujo.

El ministro bonaerense de Justicia cuestionó el avance del juicio por la llamada “Causa Cuadernos” y denunció la manipulación del Poder Judicial durante el macrismo para montar una persecución política contra la expresidenta.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, fue categórico al referirse al inicio del juicio oral por la llamada Causa Cuadernos. En diálogo con AM 530, definió el proceso como “un mamarracho” y “una farsa” construida con un único fin: “perseguir a Cristina Fernández de Kirchner utilizando el poder judicial como herramienta política”.

“Esto no es normal, no está bien. Es parte del mamarracho en el que convirtieron a la justicia argentina”, sostuvo Mena, quien además advirtió que “en los últimos años la destruyeron para forzarla al servicio del poder real”.

En esa línea, el ministro denunció que “siempre son los mismos jueces y fiscales” los que aparecen en las causas contra el kirchnerismo. “El Poder Judicial está compuesto por más de 2.500 funcionarios y siempre son los mismos 15 los que arman estos expedientes. Son las marionetas del poder económico”, afirmó.

Mena recordó el inicio de la causa, nacida de fotocopias truchas de supuestos cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, y señaló que todo el proceso “fue armado mediáticamente por el diario La Nación” y sostenido “a fuerza de extorsión y presión sobre empresarios”.

“Metieron presos a más de 70 empresarios para obligarlos a declarar lo que querían escuchar. Usaron la ley del arrepentido como una herramienta de chantaje”, dijo Mena. Además, reveló que “ninguna de las declaraciones fue grabada como exige la ley”, y que los peritajes oficiales detectaron “más de quince tachaduras y cinco puños distintos” en los cuadernos originales.

“El peritaje demostró que los dos cuadernos donde aparece toda la novela no fueron escritos por Centeno. La velocidad de escritura indica que alguien se los dictó”, detalló.

Con contundencia, el ministro bonaerense vinculó esta causa con la condena en la obra pública: “Todo lo que dijimos en Vialidad se repite acá. Es la misma maquinaria judicial y mediática que busca destruir a Cristina”.

Finalmente, Mena fue más allá y apuntó directamente contra el macrismo: “El guion lo escribió el poder político de Mauricio Macri y lo ejecutaron sus jueces de confianza. Lo que buscan es mantener viva una persecución para proscribir al peronismo”.

“Esta justicia ya no administra justicia —cerró—, administra una serie. Está hecha para Netflix, no para la Constitución.”

La crisis económica profundiza el deterioro del tejido productivo: casi 30 empresas cierran por día y el empleo formal retrocede en todo el país.

Entre enero y junio de 2025, 3.647 empresas formales con al menos un trabajador registrado dejaron de operar en Argentina, según informó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto equivale a más de 20 cierres empresariales por día solo en el primer semestre.

La tendencia se acentúa si se analiza el período completo desde la asunción del gobierno de Javier Milei: entre noviembre de 2023 y junio de 2025, 16.322 empresas cerraron sus puertas, lo que representa un promedio de 28 cierres diarios, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

Este colapso empresarial va de la mano con una fuerte destrucción de empleo. Solo en la Provincia de Buenos Aires, 88.460 trabajadores registrados perdieron su fuente laboral y 4.479 empleadores desaparecieron en el mismo lapso

A nivel nacional, sindicatos y centros de estudio estiman que más de 230.000 puestos de trabajo formales se perdieron desde fines de 2023.

Los sectores más afectados son la industria textil, la construcción, el comercio y los servicios. Casos emblemáticos como los despidos en Magnera, ILVA, Kimberly-Clark y Kenvue —más de 1.000 trabajadores afectados solo en el Parque Industrial de Pilar— reflejan el alcance de la crisis en el sector industrial

La mayoría de las empresas que cierran son pequeñas y medianas (PyMEs), que representan el 99,7% del total del sector privado formal. Su desaparición no solo destruye empleo, sino que debilita la cadena productiva nacional y reduce la capacidad del país para abastecerse con productos propios.

Las fuentes oficiales confirman una tendencia preocupante: el modelo económico actual está provocando un ajuste sobre el trabajo y la producción, con consecuencias sociales profundas en todas las regiones del país.

El Presidente reunió a líderes de ACIERA para orar en la sede del Gobierno Nacional, en un gesto que mezcla poder político, fe y propaganda. La escena, inédita, refuerza el avance de la lógica religiosa sobre las instituciones públicas.

En un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia, Javier Milei abrió la Casa Rosada a pastores evangélicos para realizar una “jornada de oración” en pleno despacho presidencial.
El encuentro coincidió —no por casualidad— con la primera reunión de su nuevo Gabinete, en un intento del mandatario de mostrar cohesión interna y apoyo espiritual tras semanas de tensiones políticas y renuncias.

Participaron su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien acompañó el acto calificándolo como “histórico”. Desde el Ejecutivo lo presentaron como un gesto de unidad nacional y afirmaron que “por primera vez, pastores de todo el país participaron de una jornada de oración en la sede del Gobierno”.

Sin embargo, el hecho encendió alarmas por la naturalización del discurso religioso dentro del Estado. La Casa Rosada, sede del poder político y símbolo de la república laica, fue escenario de una ceremonia confesional encabezada por un presidente que suele apelar al lenguaje mesiánico y espiritual para justificar decisiones políticas.

Más allá de la efusividad del acto, la convocatoria a líderes religiosos en el corazón del poder institucional marca un retroceso en materia de laicidad y un preocupante corrimiento de los límites entre Iglesia y Estado.
El Gobierno libertario, que se jacta de combatir “privilegios” y “corporaciones”, parece encontrar en el poder religioso un aliado ideológico y simbólico para sostener su discurso.

Mientras Milei habla de “libertad” y “meritocracia”, bendice su gestión bajo el lema de la fe. Una escena que, si la protagonizara un dirigente peronista, seguramente desata portadas indignadas y pedidos de explicaciones en todos los canales.

La Justicia negó a la Comisión Investigadora de Diputados el acceso al expediente sobre la criptomoneda impulsada por el propio Presidente, y también desestimó detener a dos empresarios involucrados. Una decisión que despierta sospechas por su oportunismo político.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi volvió a colocarse en el centro de la polémica al rechazar el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para acceder al expediente por el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, una causa que involucra directamente al presidente Javier Milei.

Según el magistrado, el Congreso “no tiene legitimación” para acceder al expediente, una interpretación que coincide palabra por palabra con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que lleva adelante la pesquisa. Ambos argumentaron que una apertura “irrestricta” de la información podría obstruir la investigación.

Sin embargo, la decisión genera más preguntas que certezas. ¿Por qué tanta reserva cuando el propio Presidente promocionó públicamente la moneda en redes sociales, provocando un alza artificial de su valor antes del desplome? ¿Y por qué se impide al Congreso ejercer su rol de control político?

Mientras tanto, De Giorgi también rechazó detener a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados por la querella como piezas clave del entramado financiero detrás de LIBRA. El denunciante, Martín Romeo, advirtió que ambos presentan riesgo de fuga —por tener pasaportes extranjeros y residencia en el exterior—, además de haber vaciado cajas de seguridad y eliminado archivos.

Aun así, el juez consideró que “no hay riesgos procesales ni peligro de fuga”, y que las medidas cautelares vigentes, como el congelamiento de activos, son “suficientes”. Incluso sostuvo que poseer doble nacionalidad “no puede interpretarse como un indicio suficiente”.

El contraste no pasó inadvertido: si los involucrados fueran dirigentes peronistas, las detenciones ya estarían dictadas y el expediente filtrado a los medios. Pero cuando se trata de una causa que roza al Presidente libertario, la Justicia prefiere el silencio y la cautela.

Una vez más, la independencia judicial parece depender de quién es el acusado y de qué lado del mostrador se encuentra el poder.

El Presidente encabezó un encuentro con mandatarios provinciales para buscar consensos sobre las reformas laboral y tributaria, y avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026.

Con la intención de restablecer el diálogo político con los gobiernos provinciales, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en lo que el oficialismo presentó como el inicio de una “nueva etapa de acuerdos políticos y fiscales”.

El encuentro comenzó pasadas las 17 horas en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de todo el Gabinete nacional, incluidos Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Karina Milei y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó que el objetivo es “acelerar las reformas estructurales” y definir consensos sobre el Presupuesto 2026.

Entre los mandatarios presentes se encontraron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. En cambio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no fueron convocados, por decisión del Ejecutivo.

Los reclamos patagónicos dominaron la primera parte del encuentro. Los gobernadores Torres y Vidal insistieron en la eliminación de las retenciones al petróleo crudo convencional, un pedido que también compartieron las operadoras del sector. “Las empresas se comprometen a reinvertir todo el ahorro fiscal para aumentar la producción”, explicó Torres antes del ingreso a Balcarce 50.

Más adelante, el Presidente propuso avanzar en un pacto político para aprobar el Presupuesto 2026 junto con las reformas laboral y tributaria, que el oficialismo considera esenciales para “generar empleo y estabilidad macroeconómica”. Según fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete, Milei sostuvo que el nuevo escenario tras la victoria electoral brinda condiciones favorables para impulsar su paquete de leyes.

Por su parte, los gobernadores plantearon ajustar el superávit fiscal proyectado (del 1,5% al 0,9% del PBI) para destinar más fondos a obras públicas y transferencias federales. Desde el Gobierno, admiten que evalúan esa posibilidad como un gesto para reconstruir el consenso político y recomponer la relación institucional con las provincias luego de meses de tensión y recortes.