Cristina expuso una trama de presiones, detenciones arbitrarias y maniobras ilegales que, según afirmó, convierten al expediente en una construcción mafiosa destinada a garantizar su condena.

Este martes en su declaración en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner desplegó una batería de argumentos con los que buscó desmontar el expediente y exponer lo que definió como un sistema de “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial. Además, la ex presidenta sostuvo que este proceso incluso supera en gravedad a la causa Vialidad, a la que hasta ahora consideraba el caso emblemático de persecución política en su contra.

En el mismo tono, apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de haber actuado en connivencia con una estructura ilegal. “Ya no estamos ante jueces que condenan sin pruebas, sino ante un estadio superior: construyen pruebas”, afirmó. Además, denunció forum shopping, violación del juez natural y una “oleada de detenciones” destinada a extorsionar empresarios para que declararan en su contra.

Más adelante, la ex mandataria incorporó como elemento central la sentencia del caso Marcelo D’Alessio, donde —según remarcó— se probó la existencia de una asociación ilícita integrada por agentes de inteligencia, periodistas y funcionarios judiciales. Según su exposición, ese fallo confirmó el vínculo directo entre D’Alessio y Stornelli, al que definió como “un activo muy importante” dentro de la organización. En ese marco, describió episodios de extorsión documentados con chats, audios y registros fotográficos, que incluían pedidos de dinero a empresarios a cambio de no ser detenidos o involucrados en la causa.

Con el mismo ímpetu, detalló casos concretos como el de los hermanos Barreiro y el empresario Pedro Etchebest, en los que —según afirmó— se exigían sumas de hasta 500 mil dólares para evitar detenciones. “Mafia pura y dura”, sintetizó, al tiempo que cuestionó la validez de las declaraciones de arrepentidos obtenidas bajo presión. También denunció maniobras como la posible plantación de droga a un tercero o la planificación de cámaras ocultas contra abogados defensores, lo que, a su entender, revela “la catadura moral” de quienes impulsaron la investigación.

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner remarcó la ausencia total de pruebas materiales en su contra: “¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo?”, se preguntó. En ese sentido, subrayó que no existe un solo testimonio directo ni actos funcionales que la vinculen con los hechos imputados. “Esto es un gran disparate”, concluyó, al denunciar que la causa se sostiene sobre acusaciones sin sustento y un entramado judicial que busca garantizar una condena previamente escrita.

La adjudicación de más de 100 millones de pesos a una entidad encabezada por la esposa de Federico Sturzenegger desató denuncias por posible conflicto de intereses, reclamos de explicaciones al Gobierno y una investigación judicial que aún continúa.

El escándalo por el contrato millonario entre la Cancillería y una institución dirigida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La polémica se originó cuando se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, pareja del funcionario.

La contratación, destinada a brindar cursos de inglés al personal diplomático, fue realizada mediante un procedimiento administrativo que renovó un acuerdo que existe desde 2018. Sin embargo, la situación generó sospechas por un posible conflicto de intereses, dado que el beneficiario del contrato es una institución encabezada por la esposa de un ministro del propio gobierno. Por ese motivo se presentaron denuncias penales que apuntan a investigar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario.

La controversia también alcanzó al Congreso: legisladores de la oposición pidieron informes al Poder Ejecutivo para que explique en detalle cómo se realizó la adjudicación, qué criterios se utilizaron y si se cumplieron los mecanismos de transparencia exigidos para este tipo de contrataciones estatales. Además, denunciantes señalaron que habría existido una omisión en los procedimientos de control vinculados a la Oficina Anticorrupción.

Desde el gobierno intentaron desactivar la polémica. El canciller Pablo Quirno defendió la contratación y aseguró que no hubo irregularidades, afirmando que la entidad ya trabajaba con la Cancillería desde años anteriores y que en este caso intervinieron organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Por ahora, el caso no fue cerrado: las denuncias continúan en la Justicia y la contratación sigue bajo cuestionamiento político. Mientras tanto, el episodio dejó al ministro Sturzenegger en el centro de un nuevo debate sobre conflictos de interés dentro del gobierno, en un contexto donde la administración de Javier Milei afirma impulsar una agenda de transparencia y reducción del gasto estatal.

Un informe periodístico reveló presuntos vínculos entre la consultora de la esposa de Manuel Adorni, una asesora cercana a Karina Milei y empresas interesadas en la concesión del predio de Tecnópolis.

Un informe publicado por el portal El Disenso advirtió sobre un entramado de vínculos empresariales y políticos que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, a su esposa Bettina Angeletti y a una consultora vinculada al entorno de Karina Milei. La investigación describe una red de relaciones que conecta intereses privados con decisiones estatales en torno a la explotación del predio de Tecnópolis.

Según el informe titulado “La casta libertaria: Adorni, su esposa, Karina, la consultora y un negocio redondo”, la esposa de Adorni es dueña de la consultora +Be, que tendría como cliente a Foggia Group, una productora de espectáculos vinculada a la consultora Mara Gorini, quien a su vez trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

El trabajo periodístico señala además que Gorini habría mantenido vínculos societarios con esa empresa incluso después de comenzar a prestar servicios para el Estado, mientras que su pareja continuó al frente de la firma. Esta trama, según el informe, conecta a la consultora contratada por el entorno presidencial con compañías que participan de negocios vinculados a la administración pública.

El foco del posible conflicto de intereses aparece en torno a la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años. La decisión final depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Adorni.

En ese contexto, el informe sostiene que una de las empresas vinculadas a este entramado aparece entre las interesadas en el negocio de explotación del predio, lo que abre interrogantes sobre posibles incompatibilidades entre las funciones públicas y las relaciones comerciales del entorno del funcionario.

Un informe técnico incorporado a la causa judicial reveló comunicaciones entre el presidente y el empresario Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit que promocionó el token. El hallazgo suma presión sobre la investigación por la presunta estafa vinculada a $LIBRA.

Un nuevo informe pericial incorporado a la causa por la criptomoneda $LIBRA reveló que el presidente Javier Milei mantuvo intercambios de mensajes y llamadas con el empresario Mauricio Novelli minutos antes y después del lanzamiento del token que terminó envuelto en denuncias de estafa. El dato surge del análisis de teléfonos y dispositivos secuestrados durante la investigación judicial.

Según el peritaje, Novelli —quien actuó como nexo entre los impulsores del proyecto cripto y el entorno presidencial— se comunicó varias veces con el mandatario antes del mensaje publicado en redes sociales que promocionó $LIBRA. Los registros indican que hubo al menos cinco llamadas en los minutos previos al posteo, lo que abre interrogantes sobre una posible coordinación previa en la difusión del token.

El informe también señala que el empresario mantuvo contactos con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que incluso habría participado en la coordinación de las respuestas que el presidente brindó posteriormente en una entrevista televisiva cuando el escándalo ya había estallado.

La causa judicial busca determinar si la promoción pública del proyecto cripto por parte del presidente —que incluyó la difusión del código del token en redes sociales— formó parte de una maniobra que terminó beneficiando a un pequeño grupo de operadores mientras miles de inversores registraban pérdidas tras el desplome del valor del activo.

Con estas nuevas evidencias incorporadas al expediente, la investigación continúa avanzando para establecer el grado de conocimiento y eventual responsabilidad de los distintos involucrados en el lanzamiento y la difusión de $LIBRA, uno de los escándalos financieros y políticos más resonantes del último tiempo en la Argentina.

La víctima tenía 20 años y viajaba en moto con un amigo cuando un agente abrió fuego al sospechar que lo iban a asaltar. El joven murió en el acto y su acompañante resultó herido. El efectivo fue detenido y la Justicia investiga el caso.

Un joven de 20 años fue asesinado por un efectivo de la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El hecho ocurrió cuando la víctima viajaba en moto con un amigo rumbo a jugar al fútbol y el agente, que también circulaba en motocicleta, abrió fuego al creer que lo estaban siguiendo para robarle.

La víctima fue identificada como Juan Cruz Leal, quien murió tras recibir un disparo que impactó en la zona de la ingle. Su amigo, Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, resultó herido por un balazo en el torso, aunque logró sobrevivir al ataque.

Según la reconstrucción inicial del hecho, el oficial Lucas Adrián Gómez, integrante de la División Servicio Especial de la Autopista de la Policía de la Ciudad, creyó que los jóvenes intentaban interceptarlo para robarle. En ese contexto sacó su pistola 9 milímetros y efectuó al menos dos disparos.

El amigo de la víctima declaró ante la fiscalía que ambos se dirigían a jugar al fútbol cuando el policía se detuvo y disparó sin mediar palabra. La investigación quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI N°2 de Ituzaingó, que caratuló la causa como homicidio agravado.

Tras el hecho, el efectivo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios. El caso volvió a abrir el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad fuera de situaciones comprobadas de peligro.

El jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que trascendiera que los gastos mensuales con tarjetas de crédito vinculadas a su familia superan ampliamente sus ingresos declarados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse datos sobre los gastos con tarjetas de crédito asociados a su familia. Según revelaciones periodísticas, mientras el funcionario percibe un salario cercano a $3.500.000, los consumos registrados en tarjetas superarían los $17 millones mensuales, una cifra que generó interrogantes sobre el origen de los fondos.

El dato se conoció en medio de una serie de controversias que involucran al funcionario, entre ellas el viaje a Nueva York junto al presidente Javier Milei y la presencia de su esposa en la comitiva oficial. La situación despertó cuestionamientos públicos porque el nivel de gastos revelado parece muy superior al ingreso que el propio Adorni percibe por su cargo en el Estado.

El caso se suma a otras polémicas recientes vinculadas al entorno del funcionario, como el viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia, que también generó dudas sobre cómo se financiaron esos traslados. Incluso un periodista cercano a Adorni terminó reconociendo públicamente que el vuelo había sido pagado “con plata del Estado”, una declaración que luego intentó corregir pero que agravó el escándalo político.

La controversia ocurre además en un contexto donde el propio Adorni se presenta habitualmente como uno de los principales voceros del discurso oficial contra los privilegios de la política y el uso indebido de recursos públicos. Mientras crecen las críticas y los pedidos de explicaciones, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno libertario y las prácticas de algunos de sus funcionarios.

El jefe de Gabinete fue denunciado por incluir a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos. El caso generó polémica porque el propio funcionario había criticado duramente el uso del Estado para beneficiar a allegados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por haber incluido a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York junto al presidente Javier Milei. La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió investigar si se produjo un uso indebido de recursos públicos al trasladar a una persona que no ocupa ningún cargo en el Estado.

La polémica se desató luego de que trascendiera que la esposa del funcionario integró la delegación que participó de actividades oficiales en Estados Unidos. La denuncia solicita que la Justicia determine si hubo malversación de fondos o utilización irregular de recursos del Estado en el marco del viaje presidencial.

El episodio reavivó críticas por las declaraciones que el propio Adorni había realizado en el pasado contra los privilegios de la política. En una conferencia de prensa, el actual jefe de Gabinete había afirmado: “Se acabó la lógica del Estado como un botín, a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada”, una frase que volvió a circular en redes sociales tras conocerse la denuncia.

No fue la única declaración en ese sentido. El ex vocero también sustuvo que “en la Argentina de las ideas de la libertad los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual”, y había insistido en que el gobierno libertario no haría acuerdos con “la corrupción” ni permitiría los privilegios de la política.

Consultado por la polémica, Adorni intentó justificar la presencia de su esposa en el viaje y sostuvo que los gastos personales no fueron cubiertos por el Estado. Sin embargo, la denuncia presentada ante la Justicia federal buscará determinar si la inclusión de su pareja en la comitiva oficial implicó o no un uso indebido de recursos públicos.

Mientras tanto, el caso volvió a abrir el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y lucha contra los privilegios que el Gobierno libertario repite en cada conferencia y las prácticas concretas de algunos de sus funcionarios.

En el marco del paro internacional del 8M, decenas de miles de mujeres y diversidades marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para denunciar los retrocesos en políticas de género y reclamar contra la violencia machista.

En una movilización multitudinaria, decenas de miles de mujeres y diversidades colmaron las calles del centro porteño en el marco del paro internacional feminista del 8 de marzo. La marcha partió desde el Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central con la lectura de un documento consensuado por organizaciones del movimiento feminista.

La convocatoria reunió a colectivos feministas, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas que se movilizaron para denunciar el recorte de políticas públicas vinculadas a género y diversidad, así como el aumento de la precarización laboral y la violencia machista. Durante la jornada, las consignas también apuntaron contra el negacionismo sobre la violencia de género y el desmantelamiento de áreas estatales dedicadas a la igualdad.

Ya entrada la tarde, ante una multitud concentrada frente a la Casa Rosada, se leyó el documento central de la jornada. El texto señaló que la movilización buscó “unir las luchas” frente a un contexto de ajuste económico y retrocesos en derechos, y reafirmó el rol del movimiento feminista como una de las principales fuerzas sociales de resistencia.

La jornada del 8M volvió a mostrar la capacidad de movilización del movimiento feminista argentino, que desde hace años se organiza en torno a reclamos como el fin de la violencia machista, la igualdad laboral y el reconocimiento de derechos para mujeres y diversidades. En un escenario de fuerte tensión política y social, la masiva marcha dejó en claro que la agenda feminista continúa presente en las calles.

Pese a un fallo firme del Tribunal de Trabajo de Pilar, Leandro Gómez no pudo retomar sus tareas en Lustramax. Increíblemente, la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, fue hasta la puerta de la planta para impedir su ingreso.

El delegado Leandro Gómez se presentó el jueves en su puesto de trabajo luego de que el Tribunal de Trabajo de Pilar emitiera una resolución clara ordenando su inmediata reinstalación. Sin embargo, su reincorporación fue impedida cuando la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, se ubicó en la puerta de la planta para bloquear el ingreso del trabajador.

La escena expuso un hecho de gravedad institucional: una legisladora interviniendo directamente para impedir el cumplimiento de un fallo judicial. Trabajadores denunciaron que la presencia de Arietto en el lugar funcionó como un mecanismo de presión e intimidación contra la organización sindical dentro de la empresa.

Ante el cuestionamiento por la resolución judicial, tanto la empresa Lustramax como la senadora mantuvieron una negativa rotunda a permitir el ingreso del delegado. Al día siguiente, Gómez volvió a presentarse en la fábrica acompañado por su abogado y un escribano, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del fallo, pero nuevamente se le impidió el acceso. La negativa de la empresa quedó asentada en un acta notarial.

La resolución del Tribunal de Trabajo de Pilar es contundente: la empresa “deberá permitir el ingreso del trabajador en sus días y horario habitual de trabajo y no impedir el desarrollo de la actividad laboral y/o sindical del delegado demandado conforme el derecho de libertad sindical de raigambre constitucional”.

Lustramax había intentado impedir su reincorporación mediante una medida cautelar mientras impulsa un juicio de desafuero contra el delegado, pero ese planteo fue rechazado por la Justicia. Posteriormente presentó un recurso de revocatoria que también fue desestimado, por lo que el fallo quedó firme y sin instancias de apelación.

Frente a esta situación, trabajadores denunciaron el incumplimiento de la resolución judicial y exigieron que la empresa acate de inmediato la decisión del Tribunal y permita la reinstalación del delegado.

La medida comenzará el 16 de marzo. Reclaman el pago de una recomposición salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado que comenzará el próximo 16 de marzo y podría afectar el inicio del cuatrimestre en varias facultades. La medida fue resuelta por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en medio de un fuerte conflicto salarial con el Gobierno nacional.

El reclamo central apunta al pago de una recomposición salarial del 51%, que los docentes consideran adeudada en función de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Desde el gremio sostienen que los incrementos otorgados hasta ahora no compensan la inflación acumulada y que el deterioro del salario docente se profundizó en los últimos meses.

Desde AGD-UBA advirtieron que el plan de lucha incluirá paros, movilizaciones, clases públicas y distintas acciones para visibilizar el conflicto. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron desde el sindicato al anunciar la medida.

El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento del sistema universitario. Los docentes denuncian que el Gobierno no aplica plenamente la ley aprobada por el Congreso, lo que —según advierten— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el inicio normal del ciclo lectivo.