Así lo aseguró el abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, que además afirmó que la causa “recién empieza”.

La investigación por una presunta red de coimas y desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva. El abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, afirmó que la causa “recién empieza” y que el entramado delictivo no se va a detener en los actuales procesamientos. En declaraciones radiales, sostuvo que el expediente terminará inevitablemente escalando hasta Karina Milei, hermana del Presidente, señalada en los audios que dieron origen a la pesquisa.

“Esto se va a abrir hasta llegar a Karina Milei. Porque lo que decían esos audios, por más que no hayan sido utilizados por una cuestión estratégica del fiscal, es cierto: el 3% iba a Karina Milei”, afirmó Dalbón. Y agregó que uno de los nombres centrales es Sebastián “Nuner” Un, a quien describió como el operador que “llevaba y traía el dinero de la coima a la Casa Rosada”. Para el abogado, ese funcionario “tiene los dedos absolutamente puestos en la parte más espuria del sistema”, y tarde o temprano deberá declarar como arrepentido.

En ese marco, Dalbón fue contundente sobre el mecanismo que puede comprometer a la hermana del Presidente: “La investigación puede llegar a probar su participación con un arrepentido que no se quiera comer 18 años de prisión por ser parte de una asociación ilícita”. Según explicó, varios de los imputados —entre ellos Diego Spagnuolo y otros funcionarios y empresarios— ya estarían evaluando acogerse a esa figura para mejorar su situación procesal. “No tengo ninguna duda de que algunos ya están pensando qué hacer para asegurarse una salida menos grave de la que enfrentan ahora”, advirtió.

Más adelante, el abogado remarcó la gravedad política y social del caso: “Esto no es un error administrativo, es un sistema para robarle al Estado y, lo más miserable, para robarle a los discapacitados”. También subrayó que la causa avanza con pruebas sólidas, sin aprietes ni armados: “Es una investigación limpia, basada en auditorías del propio gobierno y allanamientos positivos. Por eso no va a quedar en estos procesamientos: es la primera etapa”. Con el foco puesto en los arrepentidos y en la ruta del dinero, Dalbón dejó una definición que sacude al poder: “Cuando alguien hable para no ir preso, Karina Milei va a caer”.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró en enero una suba de 3,1%, un salto respecto al 2,7% de diciembre y el nivel más alto en casi un año. El dato se da en la antesala de la publicación de la inflación nacional, en medio de tensión por las mediciones oficiales.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aceleró su ritmo en enero y alcanzó una variación mensual de 3,1%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, en lo que representa el mayor aumento registrado en los últimos 10 meses. Esta cifra marcó un avance respecto del 2,7% de diciembre y confirma la tendencia alcista del índice desde septiembre pasado.

En términos interanuales, el dato se ubicó en 31,7%, apenas por debajo del cierre de 2025, y anticipa un escenario inflacionario complejo para todo el país, ya que suele funcionar como un adelanto de los números que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento de precios en enero estuvo impulsado por fuertes subas en rubros sensibles al bolsillo de los consumidores. Las divisiones que más incidieron fueron Recreación y cultura, con una suba notable; Restaurantes y hoteles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Seguros y servicios financieros; y Transporte, todos con incrementos que empujaron la variación mensual general.

El informe también reflejó que los servicios tuvieron un incremento promedio superior al de los bienes, lo que muestra que las tarifas asociadas con movilidad, turismo y consumo fuera de casa siguieron presionando el nivel general de precios.

Estos datos se publican justo antes de que el INDEC dé a conocer su propio índice nacional de precios, en un contexto donde la medición de la inflación se volvió objeto de debate público y político tras la marcha atrás del Gobierno con la actualización del sistema de cálculo oficial, una polémica que llegó incluso a forzar cambios en la conducción del organismo.

Con el inicio del año marcado por un salto de precios en la capital del país, miles de hogares sienten el impacto directo en su presupuesto familiar, y los analistas advierten que la presión sobre los precios podría continuar si no hay cambios en las políticas económicas actuales.

La Justicia federal dictó procesamientos en la investigación por un entramado de corrupción dentro de ANDIS que incluye sobornos, fraudes y manejos irregulares de contrataciones públicas, con implicancias que podrían ir más allá del ex titular del organismo.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados, por una causa que investiga un esquema de presunta asociación ilícita, coimas y fraude contra la administración pública en la adjudicación de contratos y la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, Spagnuolo y los demás imputados integraron una organización que direccionaba licitaciones y negoció contrataciones en beneficio propio y de terceros, en detrimento de fondos públicos. El procesamiento incluye cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, además de embargos millonarios sobre bienes de los acusados.

El fallo también señala que la agencia fue utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito por parte de los acusados, al tiempo que alertó que el esquema delictivo podría haber tenido otro nivel de complicidades más allá de los imputados actuales, con indicios de expansión hacia otras áreas y actores dentro y fuera del organismo.

La causa, que se inició tras la aparición de audios y pruebas que advertían sobre irregularidades en la compra de medicamentos y servicios, incluyó en su análisis documentación financiera, comunicaciones internas y testimonios que permitieron reconstruir parte de la dinámica delictiva.

El procesamiento de Spagnuolo y de los demás acusados representa uno de los golpes judiciales más significativos en torno a la ANDIS y la gestión de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La investigación continúa y, según advierte el propio juez, podría dar lugar a nuevas imputaciones y ampliaciones del expediente conforme se sigan analizando pruebas.

La Fraternidad confirmó un paro de 24 horas ante el estancamiento de las paritarias y la falta de respuestas del Gobierno. Denuncian que los sueldos quedaron pulverizados por la inflación y que ya no alcanza para vivir.

El sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, anunció la realización de un paro de actividades por 24 horas este jueves, ante la falta de avances en las negociaciones paritarias que vienen manteniendo con las autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes del sector ferroviario.

La medida de fuerza fue confirmada por las autoridades del gremio tras considerar que las últimas reuniones paritarias no arrojaron resultados concretos respecto a los reclamos de los trabajadores por mejoras salariales y condiciones laborales, en un contexto de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario.

Desde La Fraternidad explicaron que la decisión de parar los servicios ferroviarios busca presionar para lograr un acuerdo que contemple aumentos reales que compensen la pérdida de ingresos que los trabajadores vienen sufriendo, y subrayaron que el estancamiento de las negociaciones llevó al sindicato a adoptar esta medida de fuerza.

La paralización impactará en los servicios de trenes de pasajeros y de cargas que dependen de los conductores nucleados en el gremio, generando inconvenientes para usuarios y empresas en diferentes ramales del sistema ferroviario, y obligará a los pasajeros a reprogramar sus viajes o recurrir a medios alternativos de transporte.

La situación se inscribe en un panorama más amplio de conflicto laboral en diversas actividades del país, donde sindicatos reclaman recomposiciones salariales en línea con el aumento de precios y con condiciones de trabajo dignas, mientras que los representantes del Gobierno sostienen la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en medio de restricciones presupuestarias.

El paro de 24 horas anunciado por La Fraternidad representa así una nueva señal de alerta por parte de los trabajadores del sector, que reclaman soluciones urgentes ante un proceso de negociación que, hasta ahora, no logró destrabarse y que promete mantener las tensiones con el Poder Ejecutivo en los próximos días.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia tras años al frente del organismo, en medio de tensiones por el manejo de estadísticas oficiales y la continuidad de una crisis institucional que ya había llevado a otras salidas de cargos clave en el Gobierno.

Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección general del INDEC, el organismo oficial encargado de las estadísticas públicas, poniendo fin a su gestión luego de varios años al frente de la institución. La decisión se da en un contexto de críticas por la forma en que se manejan los datos oficiales y tras una serie de salidas de funcionarios que marcaron una fuerte rotación en cargos clave del Gobierno.

La renuncia fue formalizada ante el Ministerio de Economía, y según fuentes oficiales, Lavagna expresó que su salida se produce por motivos personales y para dar paso a una renovación del equipo técnico del organismo. Sin embargo, la decisión se conoce en un momento de fuerte presión política sobre las cifras oficiales y cuestionamientos a la credibilidad de algunos indicadores clave de la economía argentina.

El INDEC ha sido centro de debates durante los últimos años, especialmente por el manejo de estadísticas de inflación y empleo, y por la percepción de sectores económicos y sociales sobre la transparencia de los datos. La salida de Lavagna se suma así a una serie de cambios de gabinete y salidas de colaboradores en áreas sensibles del Estado.

Desde distintos sectores de la oposición aprovecharon la renuncia para vincularla con la situación general del país, en la que la falta de resultados económicos claros y la inestabilidad institucional se reflejan en la rotación de funcionarios con responsabilidades estratégicas.

Con la partida de Lavagna, la conducción del INDEC quedará a cargo de un reemplazo que deberá enfrentar no sólo los desafíos técnicos de la recopilación y difusión de estadísticas, sino también la presión de distintos actores políticos y sociales que exigen mayor claridad y confiabilidad en los números oficiales.

La salida de Marco Lavagna del INDEC se suma a un contexto de continuos cambios en posiciones de gestión pública, reforzando la percepción de una administración con dificultades para sostener equipos técnicos estables en áreas clave.

Los bomberos voluntarios de Trelew denunciaron que el Gobierno nacional no entregó los fondos necesarios para hacer frente a los incendios forestales que afectan la Patagonia.

Mientras los incendios forestales avanzaban sobre la Patagonia y ponían en riesgo miles de hectáreas, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió no reforzar los fondos destinados a los cuerpos de bomberos voluntarios. En Trelew, uno de los puntos más afectados por la crisis ígnea, la situación fue expuesta con crudeza: no hubo partidas especiales, no hubo refuerzos y no hubo respuestas frente a una emergencia que exigía acción inmediata.

Desde el cuartel local fueron directos: “No existe aporte extraordinario del Gobierno nacional para afrontar los incendios. Estamos trabajando con lo mínimo indispensable”, advirtieron. Más adelante, remarcaron que el esfuerzo cotidiano se sostuvo casi exclusivamente con recursos propios, donaciones y el compromiso de los brigadistas, en un contexto donde el fuego avanzaba más rápido que la asistencia oficial.

En el mismo tono, señalaron que la falta de apoyo no fue un problema aislado, sino parte de una política de ajuste que golpeó incluso en situaciones críticas. “Estamos operando al límite”, explicaron, con equipos desgastados, personal exhausto y sin el respaldo económico que debería garantizar el Estado nacional en una catástrofe ambiental de esta magnitud.

Finalmente, el cuadro dejó en evidencia el contraste entre el discurso libertario y la realidad: mientras el Gobierno hablaba de eficiencia y recorte, en el territorio los bomberos enfrentaron el fuego sin recursos. La emergencia no encontró un Estado presente, sino una administración que eligió mirar para otro lado cuando más falta hacía intervenir.

En medio de un escándalo que sigue creciendo, el Gobierno sigue sin brindar explicaciones claras sobre el destino de 5.000 millones de dólares en oro físico pertenecientes al Banco Central.

Mientras el Ejecutivo intenta cerrar el año con anuncios positivos sobre la marcha de la economía, el caso del oro del Banco Central se convirtió en uno de los temas más polémicos del momento político y financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, continúan rehusándose a dar explicaciones precisas sobre el paradero y el uso de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro que fueron trasladados fuera del país.

La operación, que consistió en cargar lingotes de oro en un avión comercial para llevarlos al exterior, no dejó contratos formales ni documentación pública que respalde la transacción, según fuentes vinculadas a la auditoría y al análisis de las reservas. El vacío de información oficial generó una fuerte reacción de economistas, sectores de la oposición y especialistas en finanzas internacionales.

En declaraciones públicas, tanto Milei como Caputo se limitaron a asegurar que la operación forma parte de maniobras de gestión de reservas, pero no ofrecieron detalles concretos sobre quién autorizó el movimiento, con qué contrapartes se hizo ni cuál fue el destino final de esos activos. Esta ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre la intención detrás de la decisión y pone en cuestión la estrategia del Banco Central bajo el actual gobierno.

Los críticos del Ejecutivo advierten que la falta de documentación contractual y de explicaciones claras no solo contradice estándares básicos de administración de activos públicos, sino que además expone la economía argentina a riesgos innecesarios en un contexto de fragilidad macroeconómica. La transparencia en el manejo de las reservas es clave para la confianza de mercados e inversores, sostienen.

El caso del oro se suma a una serie de otros debates sobre la gestión de las reservas internacionales y el manejo de activos estratégicos del Estado, un terreno que ya venía siendo cuestionado por la comunidad económica debido a la magnitud de las operaciones realizadas sin información pública suficiente.

Con el avance de 2026 y el inicio del nuevo periodo legislativo, la controversia por el destino del oro del Banco Central promete seguir en la agenda pública, con llamados desde distintos sectores a que el Gobierno brinde respuestas claras y documentación respaldatoria sobre una operación que, hasta ahora, permanece opaca.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para las centrales nucleares, con contratos de limpieza y software con sobreprecios que superan el 140% y hasta el 1000%, desatando una crisis interna y pedidos de auditoría.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, quedó nuevamente en el ojo de una tormenta tras una serie de denuncias por posibles sobreprecios millonarios en contratos y adquisiciones, según presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico dentro de la propia empresa.

La primera denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares, en la que se cuestionó que la contratación de una empresa se realizara con un valor casi 140% mayor que el histórico pagado por servicios similares, lo que generó sospechas de irregularidades en el proceso y favorecimiento de determinados proveedores.

A eso se sumó una nueva denuncia por la adquisición de un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando, de acuerdo con cálculos sindicales y de mercado, su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación de la compra y una auditoría completa para investigar las condiciones en que se concretó esa operación.

Las acusaciones no quedaron solo en números: desde adentro de la empresa se advirtió sobre intentos de modificar informes técnicos y justificar ofertas más caras con intervenciones de áreas sin competencia específica, lo que derivó en la presentación de escritos ante el Comité de Integridad de la compañía para alertar sobre posibles presiones y prácticas irregulares.

La controversia generó tensiones internas y llevó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la licitación cuestionada y apartar a dos gerentes clave designados por Reidel, mientras persiste el debate sobre la conducción y la transparencia en una empresa estratégica para la producción energética.

Reidel, economista y estrecho colaborador dentro del círculo del presidente Javier Milei, se consolidó como uno de los funcionarios con mayor influencia en el sector energético y nuclear, pero estas denuncias ponen en foco sus decisiones administrativas y la gestión de recursos públicos en un contexto donde la sociedad reclama mayor control y rendición de cuentas.

El Presidente retoma sus actos de celebración política en plena temporada, en una ciudad atravesada por la crisis laboral y el deterioro del consumo. Agradece votos, pero el costo lo siguen pagando otros.

Javier Milei regresa este lunes a Mar del Plata para encabezar una nueva parada de su llamado “Tour de la Gratitud”, una gira pensada para agradecer el respaldo electoral mientras buena parte del país lidia con las consecuencias del ajuste, la caída del empleo y el desplome del poder adquisitivo.

El acto está previsto en una de las zonas más transitadas de la ciudad, en pleno verano, con turistas, comerciantes y trabajadores que viven una temporada floja y con consumo en baja. En ese escenario, el Presidente eligió volver a mostrarse en modo festejo, aunque el contexto económico no acompañe demasiado el clima de celebración.

Desde el oficialismo explican que la idea es “reconectar con la gente” después del viaje a Davos y de semanas de agenda internacional. Sin embargo, puertas adentro incluso aliados reconocen que el Gobierno enfrenta un desgaste acelerado por la falta de respuestas concretas a los problemas cotidianos.

Mientras Milei agradece el “apoyo”, en Mar del Plata siguen cerrando comercios, hay despidos en el sector turístico y miles de familias sobreviven con ingresos que no alcanzan. La gratitud corre por un lado; la realidad, por otro muy distinto.

El contraste es evidente: discursos de optimismo desde el escenario, y calles donde el ajuste se siente fuerte. El “tour” sigue, pero para muchos argentinos la gira se parece más a una postal desconectada del país real.

Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos consolidaron un pedido masivo para exigir la libertad de Milagro Sala, al cumplirse una década de su detención en Jujuy en un caso que diversas entidades consideran un montaje político y una violación de derechos fundamentales.

Milagro Sala, dirigente social y fundadora de la organización Tupac Amaru, lleva diez años detenida en la provincia de Jujuy, en un proceso que para numerosas organizaciones de derechos humanos, gremios y referentes políticos constituye una detención arbitraria e ilegal, sin que se hayan agotado todas las instancias de defensa ni se hayan garantizado sus derechos constitucionales.

A lo largo de estos años, se sumaron múltiples pronunciamientos internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron irregularidades y cuestionaron la proporcionalidad y legalidad de la prisión preventiva prolongada aplicada en su contra.

En las últimas semanas, miles de ciudadanos, agrupaciones sociales y figuras del ámbito político y cultural firmaron un petitorio colectivo que reclama la libertad de Sala, subrayando que su detención superó ampliamente los plazos razonables de prisión preventiva y que su situación representa una afrenta al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.

Los impulsores de la iniciativa señalan que, más allá de las causas judiciales específicas, el caso de Milagro Sala se ha convertido en un símbolo de persecución política y de uso abusivo del sistema penal para silenciar a voces críticas y referentes comunitarios que tenían un rol activo en la articulación social y política.

Este décimo aniversario de detención coincide con llamados a una revisión exhaustiva de su situación procesal, así como con reclamos para que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales y se garantice el acceso a la justicia sin demoras indebidas.

Para quienes firman la petición, la liberación de Milagro Sala no solo responde a un caso particular, sino que también representa una reivindicación más amplia del estado de derecho, la equidad procesal y la protección de los derechos civiles y políticos en Argentina.