Un documento oficial presentado por el Gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal afirma que no existe una estructura criminal denominada “Cártel de los Soles”, desmintiendo la idea instalada en el discurso mediático y cuestionando una figura clave en la narrativa sobre el narcotráfico venezolano.

Una presentación formal de funcionarios estadounidenses ante un tribunal federal en el marco de una causa judicial reveló que, según la propia administración de Estados Unidos, no existe evidencia de la conformación formal de una organización criminal denominada “Cártel de los Soles” como unidad estructurada y operativa.

La expresión “Cártel de los Soles” había sido utilizada en múltiples ocasiones por distintos actores políticos, analistas de seguridad y organismos de prensa para describir a una supuesta red de narcotráfico vinculada a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, el documento oficial reconoce que no hay una entidad con ese nombre o configuración identificable legal o procesalmente.

En el texto judicial, los representantes del Gobierno norteamericano explicaron que aunque existen investigaciones sobre actividades delictivas y vínculos de funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas, ninguna prueba concreta respalda la existencia de una estructura monolítica o cartelizada bajo el título de “Cártel de los Soles” con una jerarquía y operativa definidas como la de otros carteles tradicionales.

Este reconocimiento judicial contradice directamente el uso frecuente de esa denominación en discursos oficiales y mediáticos, que la emplearon como un sello para agrupar una serie de imputaciones y supuestos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico internacional.

La declaración también pone en evidencia la complejidad y fragmentación de las redes delictivas en Venezuela, donde actores vinculados a actividades ilícitas pueden operar sin constituirse en un cartel formal y centralizado, lo que complica las atribuciones judiciales y los procesos de imputación en materia de crimen organizado.

El impacto de este reconocimiento puede tener repercusiones tanto en la política internacional como en las estrategias de persecución del narcotráfico, porque desdibuja una narrativa instalada durante años que había servido de argumento en sanciones, discursos diplomáticos y campañas mediáticas contra el gobierno venezolano.

Con esta presentación, Estados Unidos puso en blanco sobre negro lo que expertos alertaban desde hace tiempo: la existencia de estructuras ilícitas no siempre coincide con la formulación simplificada de un cartel unificado, y la investigación judicial seguirá su curso con base en hechos y pruebas, no en denominaciones preestablecidas.

El bloque PRO puso en duda el respaldo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Inteligencia impulsado por La Libertad Avanza, marcando una fuerte interna política en el oficialismo mientras crece el rechazo en distintos sectores de la oposición y la sociedad.

El oficialismo vive una tensa disputa interna a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941/2025) que modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilitando atribuciones polémicas, como la realización de tareas de contrainteligencia y la aprehensión de personas sin control judicial estricto.

Mientras La Libertad Avanza empuja la medida con el argumento de “modernizar” el sistema de inteligencia, el bloque PRO en la Cámara de Diputados decidió no garantizar su apoyo hasta no conocer los protocolos de aplicación y establecer controles democráticos claros. Los referentes del PRO, liderados por Cristian Ritondo, expresaron su preferencia por evaluar técnicamente las normas que van a regir la implementación antes de convalidar la reforma.

La tensión se agudiza porque el DNU, al ser un decreto de necesidad y urgencia, no puede ser modificado parcialmente en el Congreso: debe ser aprobado o rechazado en bloque. Para el PRO, esta situación deja al partido amarillo en una encrucijada: apoyar sin garantías sería avalar potestades que consideran excesivas; oponerlo por completo implicaría abrir una grieta con LLA dentro del propio oficialismo.

Este manejo cauteloso contrasta con la postura del núcleo duro de La Libertad Avanza, que busca demorar el debate hasta que se definan los protocolos, con la intención de avanzar sin fricciones mayores en la agenda de reformas institucionales. La estrategia de LLA apunta a frenar la embestida opositora y exigir que el DNU sea tratado recién en el período ordinario de sesiones, lo que podría postergar cualquier resolución hasta febrero.

La interna se vuelve más visible en medio del creciente rechazo opositor: bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas e izquierda presentaron acciones legales para que el decreto sea declarado inconstitucional y se frene de inmediato su aplicación, además de reclamar la alta probabilidad de que habilite facultades propias de un “estado policial”.

En este escenario, el PRO parece marcar una distancia estratégica tanto del decreto como del entusiasmo que muestra LLA por avanzar sin diálogo amplio. La jugada política planteada por Ritondo y su bloque expone que el respaldo automático del PRO al Gobierno de Milei ya no está garantizado, y que las tensiones internas del oficialismo podrían complicar más que consolidar la gestión en temas de alta sensibilidad institucional.

El presidente venezolano y su esposa comparecieron este lunes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon “no culpables”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores hicieron su primera aparición ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, donde fueron formalmente presentados en audiencia tras su detención en Estados Unidos. Durante la diligencia, ambos se declararon “no culpables” de los cargos que les imputa la fiscalía estadounidense, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos graves.

La audiencia, presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, se realizó con traducción simultánea para los acusados, y en ella Maduro sostuvo que es inocente y declaró que “sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela”, mientras que Flores también rechazó las imputaciones y afirmó su inocencia.

La comparecencia, que se llevó a cabo apenas días después de la captura de la pareja en Caracas en una operación militar liderada por Estados Unidos, fue breve y centrada en la identificación formal de los acusados y en la lectura de sus respuestas ante los cargos, sin que se avanzara en la discusión de los méritos de la causa.

El tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo de 2026, cuando se espera que se planteen cuestiones procesales más profundas, incluida la posible discusión sobre la legalidad de su captura y la invocación de inmunidad como jefe de Estado por parte de la defensa.

Este episodio judicial es parte de un proceso mayor que seguirá desarrollándose en los próximos meses, en el marco de las acusaciones federales en Estados Unidos, que señalan a Maduro y a otros funcionarios venezolanos por presuntos vínculos con actividades criminales de gran escala.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación militar en Venezuela y la detención del mandatario Nicolás Maduro, y sostuvo que el objetivo real de Washington es “apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”.

La exmandataria rompió el silencio tras conocerse la operación estadounidense denominada “Operación Resolución Absoluta”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, en un hecho sin precedentes en la región. Cristina Fernández de Kirchner calificó el accionar de Estados Unidos como un “secuestro literal” y aseguró que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Desde su cuenta en la red social X, la dirigente sostuvo que las justificaciones oficiales de Washington sobre la defensa de la democracia o la lucha contra el narcotráfico no explican el operativo, y planteó que lo ocurrido “no es restablecer un gobierno democrático ni combatir criminalidad organizada”, sino una intervención con fines geopolíticos.

Kirchner advirtió que el verdadero objetivo de Trump es apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional, acusando abiertamente a la administración estadounidense de actuar para asegurarse el control de recursos estratégicos de Venezuela. Según su lectura, esta situación representa un peligroso antecedente que podría legitimar nuevas violaciones a la soberanía de países considerados más débiles frente a potencias con mayor poder económico y militar.

La expresidenta vinculó además la intervención a la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), una doctrina que, en su interpretación, implicó el uso de la fuerza militar para proteger intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos en América Latina. En ese marco, sostuvo que este tipo de acciones resultaron en el pasado en “atraso económico y social” para los países afectados.

El mensaje de Cristina Kirchner llegó horas después de haber recibido el alta médica tras su internación por una complicación postoperatoria, con lo que su pronunciamiento marca una fuerte postura política internacional en un momento de alta tensión geopolítica.

Las declaraciones de la exmandataria reavivaron el debate en las redes sobre la política exterior de Estados Unidos y sus intervenciones en América Latina, así como también sobre las consecuencias de la captura de Maduro.

Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.

Un tribunal federal de Bahía Blanca dispuso que el tradicional diario local rectifique sus publicaciones de la última dictadura, luego de considerar que reprodujeron versiones falsas que encubrieron crímenes de lesa humanidad, en una decisión sin precedentes sobre responsabilidad mediática.

La Justicia federal que intervino en la megacausa Zona V por delitos de lesa humanidad dictó un fallo que, además de imponer condenas a represores, incluyó una orden inédita: el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca deberá corregir sus notas publicadas durante la última dictadura cívico-militar.

Según la resolución, el medio deberá rectificar artículos y coberturas en los que se presentaba a personas secuestradas, torturadas o asesinadas por el terrorismo de Estado como supuestos supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en combate. La decisión se basa en que esas publicaciones fueron falacias y difamaciones que ayudaron a encubrir crímenes de lesa humanidad.

El tribunal entendió que no se trató de simples errores aislados, sino de prácticas periodísticas que replicaron comunicados militares sin cuestionamiento y emplearon un lenguaje diseñado para legitimar la violencia estatal y deshumanizar a las víctimas. Por eso, sostuvo que mantener ese archivo sin rectificaciones prolonga el daño causado y consolida una versión falsa de los hechos que afecta la memoria social.

La orden de rectificación, que se deberá cumplir una vez que la sentencia quede firme, busca corregir el archivo periodístico del diario y restituir la verdad histórica, estableciendo que no hubo enfrentamientos sino secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos sistemáticos, como ya quedó probado en el juicio.

Los jueces destacaron que la reparación no se agota en las penas impuestas a los represores, sino que debe alcanzar también el plano simbólico y comunicacional, donde se construyen las percepciones colectivas sobre el pasado reciente de Argentina.

Este fallo marca un precedente sin antecedentes en la responsabilidad mediática durante la dictadura, al ordenar que un medio de comunicación actualice su propio archivo para reflejar la verdad de lo ocurrido y contribuir a la memoria social en lugar de perpetuar relatos falseados.

En un descargo ante la Justicia, Calvete intentó despegarse del caso ANDIS tras el hallazgo de 700 mil dólares en su vivienda, aseguró que el dinero pertenecía a una empresa vinculada a su padre y sostuvo que la frase “karinear el 3%”, incluida en chats de la causa, fue solo una “broma”.

La imputada en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, presentó un escrito para desligarse de los hechos investigados, en el que negó cualquier responsabilidad penal y afirmó que el dinero encontrado en su domicilio no le pertenecía.

Según su versión, los 700 mil dólares en efectivo hallados durante un allanamiento en su departamento eran propiedad de una empresa vinculada a su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado en la causa, y habrían sido dejados allí antes de que ella se mudara al inmueble en marzo de este año.

Calvete aseguró que desconocía la existencia y el monto del dinero, que nunca lo tocó ni lo administró y que el efectivo fue encontrado intacto semanas después de su mudanza, una explicación que dejó más interrogantes que certezas.

El descargo también se refirió a los chats incorporados al expediente judicial, donde aparece la frase “karinear el 3%”, una expresión que quedó bajo la lupa de los investigadores. Sobre ese punto, la exfuncionaria sostuvo que se trató de una “broma coyuntural”, sin relación con maniobras reales ni con el funcionamiento del organismo.

Además, afirmó que no mantiene vínculos societarios con la empresa dueña del dinero, que no es accionista, empleada ni apoderada, y que jamás administró ni dispuso de esos fondos, intentando despegarse por completo del entramado investigado.

Las explicaciones brindadas no lograron descomprimir el clima de escándalo que rodea al caso, que dejó una escena difícil de justificar: bolsos con cientos de miles de dólares en una vivienda particular y conversaciones sobre “karinear el 3%”, reducidas luego a una supuesta broma en una causa que sigue acumulando sospechas y rechazo social.

La Justicia federal ordenó un allanamiento sobre el titular del Servicio Penitenciario Federal en el marco de una investigación por la provisión de alimentos en mal estado a personas detenidas en el penal de Ezeiza, en una causa que apunta a posibles irregularidades en la contratación de proveedores.

El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue allanado este viernes por orden judicial en el marco de una causa que investiga la compra y distribución de comida en mal estado para los internos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, según confirmaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta luego de denuncias reiteradas sobre la mala calidad de los alimentos suministrados en el penal, que habrían llegado a los detenidos en condiciones no aptas para el consumo humano, generando preocupación por la situación sanitaria dentro del establecimiento.

La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación de las empresas proveedoras del servicio de alimentación y si hubo responsabilidades directas de las autoridades del SPF en la supervisión y control de esos contratos.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que serán analizados para reconstruir el circuito de compras y establecer si se produjeron maniobras administrativas irregulares o beneficios indebidos a determinadas firmas.

La causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta que en los próximos días se amplíen las medidas judiciales, tanto sobre funcionarios del organismo como sobre las empresas involucradas en la provisión de alimentos.

El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de detención en las cárceles federales y el rol del Estado en garantizar derechos básicos, incluso para quienes se encuentran privados de la libertad, mientras avanza la investigación judicial.

El ministro de Economía confirmó que el llamado Fondo de Asistencia Laboral impulsado dentro de la reforma laboral, no tendrá un objetivo laboral sino que será utilizado para “alimentar el mercado de capitales”, generando fuertes cuestionamientos de sindicatos y sectores críticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este viernes que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —la herramienta prevista en la reforma laboral para financiar una alternativa a la indemnización por despido— será canalizado hacia el mercado de capitales y no directamente para sostener empleo o compensar cesantías, tal como habían señalado diversos sectores gremiales durante el debate de la reforma.

Caputo explicó que el FAL, que se nutrirá de aportes equivalentes a alrededor de 3% de las remuneraciones, no tendrá “naturaleza laboral” sino financiera, y su objetivo principal será recomponer y dinamizar el mercado de capitales argentino al canalizar ese flujo de recursos hacia instrumentos financieros registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Según lo reconoció el propio ministro, se estima que este instrumento podría movilizar aproximadamente US$ 4.000 millones por año, colocando ese dinero en manos de fondos privados con el objetivo de “alimentar un nuevo mercado de capitales” y favorecer la inversión interna.

La definición de Caputo descartó así la interpretación de que el FAL pudiera actuar como un mecanismo directo de protección o asistencia a trabajadores desvinculados, generando críticas de sectores sindicales que ven en la medida una transferencia de aportes laborales hacia el mercado financiero.

Desde la oposición y organizaciones gremiales advirtieron que la medida profundiza la desprotección del régimen previsional, al desviar recursos que hoy se destinan a la seguridad social hacia un esquema financiero orientado al mercado de capitales, sin garantías claras de retorno social o laboral.

El anuncio de Caputo se produce en medio del debate por la reforma laboral y las negociaciones sobre otras medidas económicas que el Gobierno impulsa para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del financiamiento externo, aunque la estrategia enfrenta cuestionamientos crecientes tanto en el ámbito político como sindical.