Un hombre de 45 años fue asesinado durante un operativo policial en la Villa 20 de Villa Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Familiares y vecinos denunciaron como un caso de gatillo fácil.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizado en la tarde del jueves 25 de diciembre en la Villa 20 de Villa Lugano terminó con la muerte de un vecino de ese barrio porteño, generando indignación entre familiares y organizaciones sociales por lo que consideran un posible caso de gatillo fácil.

La víctima fue identificada como Gabriel González, un hombre de 45 años que, según testimonios de allegados, se encontraba en el lugar cuando la policía acudió por una denuncia vinculada a disturbios durante la noche navideña. Las fuentes oficiales aún no brindaron detalles sobre las circunstancias precisas del hecho.

De acuerdo con vecinos presentes, los efectivos policiales intervinieron y se produjo un altercado en el que González recibió disparos. Tras ser herido, fue trasladado por el SAME al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento horas después.

Familiares y personas que estaban en el lugar denunciaron que, tras el hecho, los policías impidieron que una trabajadora de la salud realizara maniobras de reanimación, lo que aumentó la bronca de los presentes y las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Los allegados describieron a González como un trabajador y vecino conocido en la comunidad, y cuestionaron con dureza la actuación policial, reclamando que se amplíe la investigación y se determine si hubo uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.

Mientras tanto, la Justicia porteña abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, con la recolección de pruebas, testimonios de testigos y la realización de pericias que permitan determinar responsabilidades en lo que ya es considerado un hecho grave de violencia policial en un contexto festivo.

Un nuevo parte médico confirmó que la expresidenta permanece hospitalizada tras ser operada de urgencia por una apendicitis con peritonitis.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuaba este viernes internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de íleo postoperatorio, según informó el último parte médico difundido por el centro de salud.

De acuerdo al informe, la dirigente evolucionaba favorablemente de la intervención quirúrgica por apendicitis aguda con peritonitis localizada, aunque presentaba una complicación caracterizada por la disminución transitoria de la función intestinal, una situación frecuente en el período posterior a cirugías abdominales.

El comunicado médico detalló que la paciente mantenía drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico por vía endovenosa, y que hasta el momento no registraba fiebre, un dato considerado positivo dentro del seguimiento clínico.

Asimismo, se indicó que Cristina Kirchner continuaba con dieta líquida, sin posibilidad de avanzar hacia una alimentación sólida, en el marco del tratamiento indicado para este tipo de cuadros postoperatorios.

Desde el sanatorio señalaron que la internación se prolongará hasta la resolución del íleo, motivo por el cual no se estableció una fecha de alta médica, quedando supeditada a la evolución que presente en los próximos días.

La expresidenta había sido intervenida quirúrgicamente luego de ser trasladada de urgencia por fuertes dolores abdominales, y permanece bajo control médico estricto mientras se monitorea su recuperación.

La expresidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis y su evolución es favorable, aunque aún no se informó una fecha de alta.

Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi, donde fue operada de urgencia tras presentar un fuerte dolor abdominal que derivó en el diagnóstico de apendicitis. La intervención se realizó mediante una técnica laparoscópica y, de acuerdo con la información médica difundida, el postoperatorio transcurre sin complicaciones.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuántos días deberá permanecer internada, aunque especialistas señalan que, en cuadros de estas características y con una evolución estable, el tiempo habitual de hospitalización suele ser breve. En general, este tipo de cirugías permite una recuperación hospitalaria de entre uno y pocos días, siempre que no surjan imprevistos clínicos.

Una vez que reciba el alta, se prevé que la expresidenta deba cumplir con un período de reposo y cuidados posteriores, evitando esfuerzos físicos durante varias semanas. Mientras tanto, su estado de salud es monitoreado de manera permanente y desde su entorno indicaron que la evolución continúa siendo favorable.

La expresidenta fue intervenida este domingo en el Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal, y según el parte médico oficial evoluciona de manera estable tras la cirugía.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de que médicos detectaran un cuadro de apendicitis complicada con peritonitis localizada tras un intenso dolor abdominal. El procedimiento se realizó tras la atención inicial en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, y con la autorización judicial correspondiente para su traslado al centro médico.

El equipo médico que la atendió confirmó que la cirugía fue exitosa y que la expresidenta, de 72 años, se encuentra estable y en observación postoperatoria, sin complicaciones mayores hasta el momento. Las autoridades del sanatorio indicaron que la intervención se llevó a cabo mediante laparoscopía y que se esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución en las próximas horas.

Desde su entorno señalaron que, pese al cuadro abdominal que motivó la internación, la detección temprana del problema permitió una respuesta médica rápida y efectiva, lo que habría contribuido a que no se agravaran las complicaciones del cuadro abdominal. Familiares y allegados se mantendrían en contacto con el equipo sanitario mientras avanza su recuperación.

La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte malestar abdominal. Permanece en observación mientras se le realizan estudios médicos y aún no se difundió un parte oficial sobre su evolución.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este viernes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar una dolencia abdominal que motivó la intervención de su equipo médico. La expresidenta se encontraba en su domicilio cuando comenzó con el malestar, que derivó en una primera evaluación clínica.

Más adelante, y tras esa revisión inicial, los profesionales de la salud resolvieron su traslado al centro médico para realizar estudios complementarios y un control más exhaustivo del cuadro. El procedimiento se llevó a cabo con la autorización judicial correspondiente, dado que CFK cumple arresto domiciliario en el marco de su situación legal.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la duración de la internación. Desde su entorno indicaron que la hospitalización respondió a la necesidad de observación y evaluación, mientras se aguardan novedades sobre su evolución en las próximas horas.

La central obrera se moviliza junto a las CTA, movimientos sociales y sectores de la oposición para rechazar un proyecto que califica de regresivo, mientras acelera gestiones políticas y prepara una ofensiva judicial contra el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo pasa a la acción frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y convoca a una movilización masiva a Plaza de Mayo como primer gesto de una estrategia integral. La central busca mostrar músculo en la calle para forzar al Ejecutivo a negociar y frenar una iniciativa que considera un ataque directo a los derechos laborales y al poder de los sindicatos, en un contexto marcado por la falta total de diálogo con la Casa Rosada.

En el mismo tono, la CGT expresa un rechazo absoluto al proyecto oficial, al que define como flexibilizador y desfinanciador de la estructura sindical. “El rechazo a la reforma laboral, así como la presentó el Gobierno, es total”, sostiene Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN y referente clave de la central. Según advierten, la iniciativa no solo empeora las condiciones de trabajo, sino que reduce la capacidad de negociación colectiva y debilita a las organizaciones gremiales.

Más adelante, la conducción sindical refuerza el carácter político de la protesta al montar el acto de espaldas a la Casa Rosada, una señal explícita hacia el presidente Javier Milei. A diferencia de otras etapas, la CGT decide confrontar de manera directa con el poder Ejecutivo y endurecer su posicionamiento. El mensaje del acto apunta a dejar en claro que avanzar sobre los derechos laborales no es una modernización, sino un retroceso, y que el movimiento obrero no está dispuesto a convalidarlo.

Finalmente, la estrategia de la CGT combina calle, Congreso y Justicia. Mientras intenta trabar el debate parlamentario y sumar apoyos en el Senado, la central analiza impugnar judicialmente los artículos más regresivos, entre ellos los que limitan el derecho a huelga y chocan con garantías constitucionales. En Azopardo advierten que esta movilización es solo el comienzo y no descartan nuevas protestas o un paro general, si el Gobierno insiste en avanzar, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Las reformas que impulsa el Gobierno anticipan un cambio profundo en el mundo del trabajo, los impuestos y el modelo productivo. Un escenario que, de avanzar sin frenos, impactará de lleno en el empleo, los derechos laborales y la vida cotidiana.

El Gobierno Nacional de Javier Milei avanza con un conjunto de proyectos que anticipan un cambio estructural del modelo económico y social. Bajo el discurso de la “modernización”, el oficialismo impulsa reformas que reconfigurarían el sistema laboral, impositivo y productivo, con efectos que empezarían a sentirse con fuerza a partir de 2026, una vez que el paquete esté plenamente aprobado y reglamentado.

Lo que podría cambiar si el plan avanza

• Menos impuestos para los sectores más ricos: las iniciativas oficiales buscarían reducir de manera significativa los tributos a grandes patrimonios, actividades financieras, alquileres y bienes de lujo, sin establecer mecanismos claros que obliguen a reinvertir esos recursos en la economía real.
• Despidos con costo mínimo: la reforma laboral plantea reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese, lo que abarataría el despido y habilitaría una dinámica de expulsión de trabajadores en contextos de recesión.
• Más trabajo en negro: la eliminación de sanciones por empleo no registrado incentivaría la informalidad, al quitar castigos efectivos a quienes contraten trabajadores fuera del sistema.
• Menos derecho a huelga: los cambios impulsados por el Ejecutivo ampliarían las actividades con restricciones para parar, alcanzando a casi la mitad de los trabajadores.
• Un negocio financiero millonario: el esquema del Fondo de Cese trasladaría el 3% de la masa salarial a la administración de los bancos, debilitando el financiamiento de jubilaciones y obras sociales.
• Ajuste social sostenido: el rumbo fiscal anticipa recortes en universidades, políticas de discapacidad y programas públicos esenciales.
• Presión política sobre las provincias: el uso discrecional de fondos nacionales funcionaría como herramienta de negociación para garantizar apoyos legislativos.

En términos productivos, el modelo que impulsa el Gobierno podría consolidar un crecimiento sin empleo. La expansión quedaría concentrada en sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y el sistema financiero, actividades que generan poco trabajo y escaso derrame, mientras la industria, el comercio, la construcción y la ciencia quedarían relegados, especialmente en las grandes ciudades.

Si este rumbo se consolida, el escenario hacia 2026 anticipa un país con menos derechos laborales, mayor precarización y un crecimiento que no se traduce en bienestar social. Una advertencia que empieza a discutirse ahora, cuando el paquete todavía está en debate, pero cuyos efectos podrían volverse irreversibles una vez que el modelo termine de implementarse.

El Gobierno nacional impulsa cambios en el régimen indemnizatorio del personal de casas particulares, con exclusiones del Fondo de Asistencia Laboral, topes al cobro y nuevas facilidades para el despido.

El Gobierno de Javier Milei avanza con la reforma laboral y pone en la mira a las empleadas domésticas y a los trabajadores de casas particulares, que verán modificado su régimen indemnizatorio. De aprobarse la llamada Ley de Modernización Laboral (ML), este sector queda excluido del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado para reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones.

En ese marco, a diferencia de la mayoría de los empleadores del sector privado, los empleadores de casas particulares no estarán obligados a aportar el 3% mensual del salario para cubrir futuras indemnizaciones. Esta exclusión deja a las trabajadoras domésticas fuera del esquema general que propone la reforma y consolida un trato desigual y regresivo en materia de derechos laborales.

Más adelante, la iniciativa también introduce cambios en la actualización de los créditos laborales. El artículo 70 de la Ley 26.844 es sustituido para establecer que las indemnizaciones y demás créditos reclamados se ajusten según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%, en línea con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. En paralelo, los artículos 277 y 278 habilitan que, en caso de juicio laboral, un juez pueda autorizar el pago de la indemnización en hasta doce cuotas consecutivas, diluyendo el impacto del resarcimiento para la trabajadora.

Con el mismo ímpetu, la reforma avanza sobre el propio concepto de indemnización. El Fondo de Asistencia Laboral, presentado como una modernización, rompe con el sistema vigente y traslada el costo del despido al trabajador, ya que se financia con un aporte obligatorio del 3% del salario. Además, el proyecto establece un período de carencia de seis meses, durante el cual el empleador puede despedir sin pagar indemnización alguna. Aunque el régimen de casas particulares queda formalmente excluido del FAL, los cambios impulsados por el Gobierno recortan derechos, debilitan la protección laboral y refuerzan la precarización, una vez más, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Un informe de organismos de derechos humanos advierte que la gestión de Javier Milei impulsa un ataque sistemático al consenso democrático construido desde 1983, a través de recortes, despidos y una ofensiva revisionista contra el legado del Nunca Más.

El Gobierno de Javier Milei despliega una ofensiva inédita contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y pone bajo asedio el consenso democrático que se consolida tras el fin de la última dictadura cívico-militar. Así lo señala un informe elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, que advierte sobre el carácter sistemático de las medidas impulsadas por la administración de La Libertad Avanza.

En el mismo sentido, el documento sostiene que el Ejecutivo avanza con una estrategia sostenida que combina recortes presupuestarios, desmantelamiento de políticas públicas y una disputa discursiva de carácter revisionista. Los organismos alertan que la apelación oficial a una supuesta “memoria completa” funciona como un intento de relativizar el terrorismo de Estado y de cuestionar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido durante más de cuatro décadas.

Más adelante, el informe detalla un profundo vaciamiento institucional. La Secretaría de Derechos Humanos es degradada a subsecretaría, se reduce su planta en un 40 por ciento y se despide a abogados que actúan como querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. A su vez, se desmantelan programas clave, se retira el acompañamiento a testigos y se interrumpe la asistencia al Poder Judicial, lo que profundiza las demoras en las causas en trámite.

Con el mismo ímpetu, los organismos denuncian la eliminación de equipos estatales encargados de investigar el accionar represivo, la degradación del Archivo Nacional de la Memoria y la pérdida de facultades para acceder a archivos militares. Los sitios de memoria también son alcanzados por el ajuste, con despidos, reducción de horarios y cierre de espacios culturales, incluso en lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad.

Finalmente, el informe alerta sobre el impacto directo de estas decisiones en la búsqueda de niñas y niños apropiados durante la dictadura. La eliminación de unidades de investigación, la reducción de personal en la Conadi y el debilitamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos favorecen un escenario de mayor impunidad. Frente a este panorama, los organismos remarcan que las políticas de memoria siguen en pie gracias al respaldo social y advierten que, de cara a los 50 años del golpe de Estado, la disputa por el sentido del pasado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

Bausili negó una flexibilización cambiaria mientras el Gobierno insiste en que el dólar no presiona sobre los precios.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Gobierno no tiene previsto avanzar en el levantamiento del cepo cambiario y descartó cualquier flexibilización que implicara su desarme total. Más adelante, el funcionario sostuvo que el esquema de actualización mensual de las bandas del dólar, combinado con compras de reservas, no había provocado un rebrote inflacionario, aun cuando el frente externo siguió mostrando señales de fragilidad.

En el mismo tono de autosuficiencia que caracterizó al equipo económico, Bausili aseguró que los movimientos en el tipo de cambio “no generaron una aceleración de la inflación”. Sin embargo, con el mismo ímpetu, evitó explicar cómo se sostuvo esa afirmación en un contexto de escasez de dólares, atraso cambiario y una economía que continuó atada a controles que el propio oficialismo había prometido eliminar.

Más adelante, la ratificación de que el cepo continuó vigente volvió a dejar en evidencia las contradicciones del discurso libertario. Por más que a Milei y su junta les molestó, el control cambiario se consolidó como una herramienta permanente ante la imposibilidad de acumular reservas genuinas sin recurrir a parches regulatorios y restricciones que desmintieron la retórica de la libertad económica.

En paralelo, el Gobierno formalizó cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras la renuncia de su director, y designó a Andrés Vázquez como nuevo titular del organismo. Finalmente, la definición del Banco Central dejó un dato central: lejos de la promesa de libertad cambiaria, el cepo siguió siendo el ancla de un programa económico que no logró resolver sus propias inconsistencias ni ofrecer un horizonte claro.