Con aumentos por encima del IPC, más familias quedaron al borde de la pobreza en plena recesión.

El INDEC confirmó este jueves que tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron en noviembre por encima de la inflación, profundizando el deterioro social en plena recesión. Más adelante, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no caer en la indigencia, cifras que vuelven a poner en el centro del debate el impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

En el mismo tono, la CBA subió 4,1% y la CBT avanzó 3,6% en noviembre, muy por encima del IPC del mes, que fue de apenas 2,5%. Con el mismo ímpetu, las canastas acumularon en el año incrementos del 26,1% y 22,7% respectivamente, mientras que en términos interanuales aumentaron 28,9% y 25,5%. En ambos casos, los alimentos —que representan el gasto más sensible— continúan creciendo por encima del promedio general.

Más adelante, la comparación con octubre exhibe otro dato preocupante: en ese mes, una familia necesitaba $1.213.798 para no ser pobre y $544.304 para no ser indigente. Es decir, la suba mensual de las canastas volvió a ser mayor que los ajustes salariales y dejó a miles de hogares un escalón más cerca de la pobreza estructural. En paralelo, el Gobierno mantiene sin actualizar la estructura de gastos con la que se calculan las canastas, basada en datos de 2004/05, pese a contar con una encuesta más reciente realizada en 2017/2018.

En el mismo sentido, la Ciudad de Buenos Aires reveló que su inflación de noviembre fue del 2,4%, con subas más fuertes en servicios por contar con una estructura de gastos actualizada. Si se toma ese esquema, el panorama es aún más crítico: en septiembre, una familia porteña necesitó $1.255.933, sin contar alquiler, para no ser pobre; y casi $2 millones para cubrir el nivel de “clase media”, también sin vivienda incluida. La diferencia entre los ingresos reales y el costo de vida crece cada mes.

Finalmente, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, la brecha entre salarios y necesidades básicas sigue ensanchándose mientras el Gobierno festeja desaceleraciones del IPC que no se traducen en alivio real para la población. Con canastas que suben más que la inflación y un ajuste que recae sobre los trabajadores, la supuesta estabilidad macroeconómica convive con una fragilidad social cada vez más evidente.

El proyecto oficial debilita sindicatos, extiende jornadas, abarata despidos y deja a miles de trabajadores sin protección. Todos los detalles.

En un clima social cada vez más tenso, el Gobierno finalmente presentó en el Senado su esperada reforma laboral, una iniciativa que estira los tiempos de negociación para definir hasta dónde avanzar en su ofensiva contra trabajadores y sindicatos. Más adelante, el texto ingresado retoma lo peor de todas las versiones previas y lo condensa en 191 artículos que, bajo el disfraz de una “modernización”, pulverizan límites históricos como la jornada de ocho horas y restringen incluso el derecho a huelga.

En el mismo tono, la reforma libertaria que Javier Milei rubricó incorpora beneficios explícitos para grandes empresas y plataformas digitales, incluida la posibilidad de pagar salarios en pesos, dólares o incluso en especie. Con el mismo ímpetu, habilita cambios unilaterales por parte del empleador, reduce el cálculo de indemnizaciones y permite que las pymes paguen en cuotas, todo en un contexto de destrucción de empleo formal y cierre masivo de empresas. Los laboralistas coinciden: se trata de una transferencia regresiva del trabajo hacia el capital.

Más adelante, el proyecto también altera derechos clave como el descanso anual, habilitando que las vacaciones se fragmenten y se muevan fuera de temporada según “acuerdos” que, en la práctica, dependerán de la voluntad patronal. El retroceso es tan profundo que especialistas advierten que nos devuelve a un escenario anterior a la propia Ley 11.544, conquistada tras las huelgas y masacres de comienzos del siglo XX. En vez de reducir jornadas para crear empleo —como discuten hoy los países desarrollados— el Gobierno propone jornadas de hasta 12 horas.

En el mismo sentido, la reforma golpea de lleno a monotributistas y trabajadores “independientes” al invertir la presunción de laboralidad. Desde ahora, toda prestación con factura se considerará una simple locación de servicios, lo que deja a miles sin posibilidad de reclamar vínculos encubiertos. Las plataformas, lejos de ser incorporadas a la Ley de Contrato de Trabajo, quedan en un limbo jurídico ideal para las empresas, pero fatal para quienes ya trabajan en condiciones precarias.

Finalmente, el proyecto ataca la organización colectiva: amplía la definición de “servicios esenciales” para limitar la huelga, debilita la negociación por actividad, restringe la afiliación sindical y reduce la cuota solidaria. Lejos de ser una modernización, la reforma que impulsa Milei atrasa más de un siglo y reinstala un modelo en el que la relación laboral queda librada a la voluntad del más fuerte. Para los especialistas, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, se trata de una iniciativa antiderechos, antisindical y antiestatal que empuja a la Argentina hacia un pasado sin resguardo alguno.

El Ejecutivo vuelve a optar por la confrontación y el ajuste mientras profundiza una reforma que recorta derechos.

Este martes 9 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un paro nacional y una movilización en el Congreso, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende imponer con aval de los gobernadores. Más adelante, la administración confirmó que descontará el día a quienes adhieran, una señal clara de que la estrategia oficial continúa siendo disciplinar a los trabajadores en medio de un clima social cada vez más tenso.

En el mismo tono, el oficialismo se mostró confiado en aprobar la reforma que incluye cambios profundos en indemnizaciones, horas laborales y mecanismos de contratación. A pesar de que el Ejecutivo repite que busca “modernizar” el mercado laboral, lo cierto es que el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que se trata del “mayor ataque en democracia a los derechos laborales”, y responsabilizó a los gobernadores por acompañar un proyecto regresivo que consolida la precarización.

Con el mismo ímpetu, la medida de fuerza también reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y el freno al recorte del 10% de los trabajadores del Estado. Las áreas afectadas incluyen desde la CONEAU, ANSES y CONADIS, hasta organismos técnicos estratégicos como el INTA, el INTI y los entes de control energético. Para los gremios, el ajuste fiscal del Gobierno está vaciando instituciones fundamentales y debilitando la capacidad del Estado.

Más adelante, la conducción de ATE remarcó que el paro se desarrolla en todo el país, con epicentro en el Congreso desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los descuentos son una forma de “ordenar” la administración pública, aunque en los hechos la medida funciona como un castigo directo que busca desalentar la protesta en vísperas del debate parlamentario de la reforma.

En un contexto económico y político marcado por la recesión, los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo, el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores vuelve a escalar. El Ejecutivo, lejos de abrir canales de diálogo, elige profundizar la tensión social y avanzar con una reforma laboral que, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, recorta derechos, precariza empleos y castiga a quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

El Gobierno profundiza beneficios al agro mientras la macroeconomía continúa en extrema fragilidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ceder ante la presión del sector agropecuario y confirmó una nueva reducción de retenciones, presentada como un “alivio fiscal permanente”. El anuncio, hecho en X, llega mientras la economía real sigue sin señales de recuperación y con un Gobierno que insiste en presentar rebajas impositivas selectivas como un “camino claro”, pese al estancamiento productivo que atraviesa el país.

Más adelante, Caputo reiteró que la eliminación total de los derechos de exportación es una “prioridad” del presidente Javier Milei, aunque condicionada a unas “condiciones macroeconómicas” que nunca terminan de llegar. El discurso oficial promete alivio mientras la inflación persiste, el consumo se derrumba y la recaudación fiscal cae, lo que vuelve difícil sostener la idea de un sendero económico coherente.

Con el mismo ímpetu, el ministro aseguró que la baja busca “mejorar la competitividad” de un sector que ya concentra cerca del 60% de las exportaciones nacionales. Las entidades agroexportadoras venían exigiendo un recorte, especialmente sobre la soja. Sin embargo, las nuevas rebajas vuelven a exponer un patrón: un Gobierno que ajusta a casi todos los sectores pero concede beneficios fiscales al agro sin ofrecer una estrategia integral de desarrollo ni resolver los problemas estructurales que frenan la inversión.

En el mismo tono, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el anuncio bajo el mantra del “equilibrio fiscal”, aunque la medida aún debe formalizarse en el Boletín Oficial. Mientras tanto, la agroindustria reclama que sigue fuera del RIGI y que el país acumula quince años de estancamiento productivo en soja, con infraestructura deteriorada y dificultades financieras que el Gobierno no aborda. La baja de retenciones puede entusiasmar a algunos, pero difícilmente resuelva un modelo económico que no ofrece horizonte ni crecimiento sostenido.

El secretario del Tesoro de EE.UU. suspendió el viaje que tenía previsto a la Argentina luego de que Javier Milei bajara su participación del sorteo del Mundial 2026.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, canceló la visita que tenía prevista para la próxima semana, luego de que Javier Milei suspendiera su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Washington. Según informó Noticias Argentinas, la decisión generó malestar en la administración de Donald Trump, donde esperaban que el Presidente argentino asistiera al evento.

Fuentes cercanas al mandatario estadounidense señalaron que Trump había reservado un lugar destacado para Milei en el sorteo del próximo viernes 5 en el Kennedy Center. La baja llamó la atención en la Casa Blanca, especialmente porque Argentina es la campeona del mundo vigente y la presencia del jefe de Estado estaba prácticamente confirmada.

La tensión interna entre el Gobierno y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también jugó su papel. Tapia sí viajará a Washington, mientras Milei decidió bajarse en medio de su enfrentamiento con la dirigencia del fútbol local. En ámbitos diplomáticos, la decisión fue leída como un gesto de improvisación y falta de previsibilidad.

La suspensión de Bessent tuvo un impacto adicional: el funcionario había sido clave en la negociación del swap con el Banco Central y en la posterior compra de pesos antes y después de las elecciones legislativas. Su visita estaba pensada como un nuevo gesto de respaldo económico hacia la Argentina, algo que ahora quedó en pausa.

Bessent había anunciado en octubre que visitaría Buenos Aires antes de fin de año, tras la victoria de La Libertad Avanza. La marcha atrás expuso que la baja de Milei del sorteo tuvo consecuencias inmediatas en la relación bilateral, en un contexto donde la política exterior del Gobierno ya venía acumulando señales de desgaste.

Mientras la inseguridad aumentaba y los recursos del Estado para prevención seguían desfinanciados, el gobierno de Javier Milei confirmó el envío de una reforma del Código Penal centrada en el endurecimiento de penas y en una doctrina que prioriza el castigo por encima de las garantías constitucionales.

En primer lugar, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso su proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa incluida en las reformas de “segundo orden” de Javier Milei. Desde Casa Rosada insistieron en que el objetivo era “poner orden donde antes reinaba la barbarie”, aun cuando la propia gestión mantenía áreas sensibles —como salud, educación y vivienda— bajo un ajuste constante que generaba más conflictividad social.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la propuesta y reivindicó “el enorme aporte” de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich. Según él, la funcionaria había revertido un país “sumido en un baño de sangre”, con “piqueteros dueños de la calle” y “zonas liberadas”. El discurso oficial intentó instalar una narrativa de caos previo, aun cuando los propios datos del Gobierno habían mostrado que la violencia no disminuyó y que las fuerzas de seguridad ampliaron su margen de acción durante la gestión.

En el mismo tono, Bullrich afirmó que la reforma apuntaba a “dar vuelta la realidad de quiénes eran favorecidos por el sistema” y sostuvo que la nueva doctrina endurecería penas para delincuentes, violadores y asesinos. Sin embargo, la funcionaria evitó mencionar que el Ejecutivo recortó programas de prevención del delito, fortalecimiento comunitario y asistencia a víctimas, dejando expuestos los límites de un modelo que buscaba más castigo, pero menos inversión en políticas públicas.

Con el mismo ímpetu, el Gobierno adelantó que el proyecto incluía un esquema de agravamiento de penas y un capítulo específico para proteger a docentes, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Aunque el oficialismo lo presentó como un avance, especialistas advirtieron que sin recursos, capacitación judicial ni políticas de acompañamiento, el endurecimiento punitivo podía transformarse en una respuesta simbólica más que en una solución real.

Finalmente, el paquete también incorporó medidas para acelerar procesos judiciales y garantizar mayor ejecutabilidad de condenas. El Ejecutivo aseguró que la reforma permitiría “recuperar el orden, modernizar la Justicia y fortalecer la seguridad ciudadana”. No obstante, en un país donde el propio gobierno profundizaba la desigualdad y la violencia institucional, la apuesta por un Código Penal más duro parecía reforzar un patrón: menos Estado para derechos, más Estado para castigar.

Mientras el mundo reflexiona sobre el VIH el gobierno de Javier Milei presentó un Presupuesto 2026 que desfinanció herramientas clave de prevención, diagnóstico y tratamiento. Fundación Huésped advirtió por un “giro preocupante” que dejó expuestas a miles de personas.

En el mismo día en que el mundo reflexionó sobre el VIH, el gobierno de Javier Milei avanzó con un Presupuesto 2026 que profundizó el ajuste en una de las áreas más sensibles de la salud pública. Fundación Huésped denunció un “giro preocupante” en la estrategia sanitaria nacional, marcado por recortes que afectaron directamente a quienes viven con VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. Más aún, por más que a Milei y su junta les moleste, el presupuesto definió prioridades, y en este caso dejó claro que la salud pública no ocupó un lugar central.

Más adelante, la organización remarcó que el proyecto oficial redujo y hasta invisibilizó partidas específicas para VIH e ITS, debilitando pilares fundamentales como la prevención combinada, la detección temprana y el acceso sostenido a tratamientos. La ausencia total de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post-Exposición (PEP) en las metas presupuestarias representó un retroceso grave: miles de personas habían accedido a estas herramientas en 2023, pero el gobierno decidió borrarlas del debate público y de la planificación estatal.

En el mismo tono, el presupuesto incluyó una caída drástica en el número de testeos rápidos disponibles. Para 2026 solo se proyectaron 581.000 pruebas, un 49,3% menos que en 2023. Esto resultó especialmente crítico en un país donde el 45% de los diagnósticos ya se realizaban de forma tardía, impidiendo el inicio oportuno del tratamiento y comprometiendo el principio de Indetectable = Intransmisible (I=I). A la vez, los reactivos de carga viral también sufrieron recortes: las 116.215 pruebas previstas resultaron insuficientes para cumplir con las dos mediciones anuales recomendadas por la OMS y ONUSIDA.

Con el mismo ímpetu, el Ministerio de Salud dejó completamente de lado la educación y la información pública: la distribución de materiales preventivos pasó de 275.565 unidades en 2023 a cero en la proyección de 2026. En paralelo, otras patologías también fueron golpeadas por el ajuste. Los tratamientos para Hepatitis C se redujeron un 44% entre 2023 y 2026, mientras que los insumos para tuberculosis cayeron un 11%. A pesar de ello, el ministro Mario Lugones evitó pronunciarse sobre las consecuencias sanitarias de este desmantelamiento.

Finalmente, Fundación Huésped sostuvo que “el derecho a la salud no podía ser una variable de ajuste presupuestario” y advirtió que la falta de inversión generaría mayor transmisión, diagnósticos tardíos y peores desenlaces clínicos. En el Día Mundial del VIH, mientras el mundo reafirmó compromisos, el gobierno argentino eligió recortar. Y lo hizo a sabiendas de que cada peso que no se destinó a prevención y tratamiento implicaría un costo humano y económico mucho mayor.

Con reservas reales del BCRA cerca de cero y un déficit proyectado de US$ 16.000 millones bajo las reglas del FMI, Argentina enfrenta una fragilidad estructural que vuelve inevitable un salto cambiario o ajuste externo.

Un reciente informe privado revela que las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas alcanzan los US$ 275 millones, un monto ridículo para una economía del tamaño de la argentina. En simultáneo, bajo los criterios del programa EFF con el FMI, el país queda con un déficit de reservas proyectado de más de US$ 16.000 millones. La fragilidad del balance oficial advierte sobre un futuro de alta vulnerabilidad cambiaria, inflación persistente y dependencia de nuevos préstamos externos.

Recientemente un informe de la consultora 1816 advirtió que, tras la activación de un swap con Estados Unidos por US$ 2.500 millones y el pago de un vencimiento con el FMI, las reservas netas “a valor de mercado” del BCRA quedaron reducidas a apenas US$ 275 millones.

Ese dato —que no había sido divulgado oficialmente con claridad— implica que la autoridad monetaria perdió prácticamente toda su capacidad de intervenir en el mercado de cambios. Es decir: si se dispara la demanda de dólares, no hay caja para responder.

Al mismo tiempo, al aplicar los criterios de contabilidad exigidos por el programa de facilitad extendida (EFF) con el FMI —que incluye pasivos en dólares, valuación de oro, DEG y otros ajustes— el resultado proyectado es un agujero de US$ -16.036 millones.

Así, la Argentina no sólo quedó virtualmente sin reservas líquidas: también se alejó dramáticamente de la meta fijada en diciembre de 2025. Según 1816, la brecha ronda los US$ 13.000 millones.

¿Qué significa tener sólo 275 millones de dólares en caja? Fragilidad total

Con ese nivel de reservas reales, la Argentina vive un presente extremadamente débil, con al menos tres problemas estructurales a la vista:

• Intervención cambiaria nula o casi nula. Si vuelve a haber presión sobre el dólar —oficial, paralelo o financiero— el BCRA no podrá abastecer. Eso pone en riesgo cualquier intento de mantener controles o bandas cambiarias.
• Alta vulnerabilidad ante choques externos. Una suba de tasas en EE.UU., una caída de exportaciones, o una salida abrupta de capitales pueden desatar una corrida cambiaria sin defensa posible.
• Dependencia absoluta del financiamiento externo. Sin reservas, el país necesitará nuevos préstamos, swaps o ayuda del FMI o potencias amigas. Pero esa puerta no siempre está abierta ni es confiable.

¿El rojo de -US$ 16.000 millones del FMI es una extrapolación teórica? Sí, pero refleja compromiso firme

Es importante aclarar: el dato negativo de US$ -16.036 millones no describe “lo que hay en caja hoy”. Es una contabilidad de compromisos futuros, valuaciones y deudas en dólares. Pero su relevancia es fuerte: marca que con los criterios acordados en el programa EFF, la Argentina quedará muy por debajo de lo pactado en diciembre 2025.

Es decir: no sólo se agotaron las reservas reales. Además, el país se comprometió —ante el FMI— a mantener un piso de divisas que hoy parece imposible de alcanzar.

Ese desfase proyectado alimenta dudas sobre la sostenibilidad del plan firmado, y si no se renegocia pronto, podría obligar a nuevas medidas de ajuste y sometimiento externo.

En definitiva: Argentina no está en una mera crisis pasajera. Está en un estado de vulnerabilidad estructural. Con reservas reales casi en cero y un programa de estabilización volcado sobre metas que ya parecen irrealizables, el país quedó a merced de cualquier viento económico externo.

Por más que el gobierno intente usar swaps, endeudamientos o rifar promesas de ingreso de dólares —o por más que insistan en discursos tranquilizadores— la realidad es clara: no hay margen para errores. Cualquier shock: suba del dólar, corrida cambiaria, nuevo vencimiento, crisis internacional, fuga de capitales, caída de exportaciones, puede activar una crisis cambiaria, inflacionaria y social.

Por ese motivo, advertir la fragilidad actual es indispensable: no para sembrar pánico —aunque no estaría de más— sino para exponer la brutal contradicción entre la retórica oficial de “normalidad” y la cruda realidad. Si no hay un giro urgente hacia un plan real de generación genuina de divisas (exportaciones, inversión externa, superávit comercial), Argentina podría encaminarse hacia un nuevo colapso.

Un dictamen fiscal de 270 páginas describe una asociación ilícita entre exfuncionarios macristas, actuales operadores mileístas y un laboratorio multinacional. El operador clave era el abogado personal de Javier Milei.

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó atrás la etapa de declaraciones y audios para ingresar en la fase de las pruebas concretas. El dictamen del fiscal Franco Picardi, de 270 páginas, constituye la primera acusación formal sólida en la gestión del presidente Javier Milei y describe el accionar de lo que califica como una “banda mixta” dedicada a robarle a los sectores más vulnerables.

Según el documento, la asociación ilícita habría comenzado a operar en diciembre de 2023, apenas asumió el nuevo gobierno. El mecanismo central habría sido la imposición de sobreprecios escandalosos en la compra de medicamentos de alto costo, prótesis e implantes cocleares. Esos sobreprecios, que en algunos casos alcanzaron el 1900%, eran el origen de un circuito de coimas y enriquecimiento ilícito.

La “Banda Mixta”: Una alianza inédita

La investigación judicial identifica a los integrantes de este esquema, que combina funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, La Libertad Avanza y ejecutivos del sector privado.

En el núcleo de la operatoria se encontraría Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Milei y hombre de su máxima confianza en la ANDIS. Según el fiscal, lejos de ser un “cruzado del ajuste”, Spagnuolo también habría sido beneficiario de los pagos ilegales. En allanamientos a su domicilio se encontró una máquina de contar billetes y 80.000 dólares en efectivo que no pudo justificar.

El otro pilar de la banda sería Pablo Atchabahian, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri. Atchabahian, actualmente detenido, ya no era funcionario público, pero desde su cargo como gerente en el laboratorio Roche –una multinacional suiza de prestigio mundial– actuaba como un “director paralelo” de la agencia, dando órdenes a su excompañero y actual funcionario, Daniel Garbellini.

La nómina se completa con Luciana Ferrari, también exfuncionaria macrista en el ANDIS y actual empleada de Roche, a quien se le adjudica el uso de una “clave trucha” para acceder al sistema de compras del organismo y obtener información privilegiada.

El fiscal considera que ambos ejecutivos actuaban para favorecer los intereses de Roche a través de droguerías intermediarias.

El “lobby” y el circuito del dinero

El eslabón que conectaba a los funcionarios con el sector privado sería Miguel Ángel Calvete, un conocido consultor de medios. El dictamen lo señala como el coordinador de pagos y gestor de cobros para diversas droguerías y firmas del rubro. Su rol habría sido fungir como enlace y gestionar pagos indebidos a funcionarios del ANDIS, incluyendo al propio Spagnuolo.

La evidencia incluye filmaciones de Spagnuolo entrando a la oficina de Calvete con una mochila, y audios en los que Calvete le pide a su esposa que prepare 5 millones de pesos para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”. Para el blanqueo del dinero, el fiscal identificó a Alan Pocovi, quien se encargaría de convertir el dinero en efectivo en criptomonedas.

Los citados a indagatoria

• Pablo Atchabahian
• Miguel Ángel Calvete
• Diego Orlando Spagnuolo
• Daniel María Garbellini
• Eduardo Nelio González
• Lorena Di Giorno
• Roger Edgar Grant
• Luciana Ferrari
• Federico Maximiliano Santich
• Guadalupe Ariana Muñoz
• Patricio Gustavo Rama
• Ruth Noemí Lozano
• Andrés Horacio Arnaudo
• Silvana Vanina Escudero
• Alejandro Gastón Fuentes Acosta

El “verso” del ajuste

El fiscal Picardi construye una teoría que desnuda una doble moral. Mientras públicamente se anunciaban recortes, despidos de empleados y suspensiones de pensiones por discapacidad con el argumento de combatir el “curro” y el derroche, el organismo destinaba sumas siderales a pagar medicamentos con sobreprecios que alimentaban las coimas.

El hallazgo judicial deja atrás lo que hasta ahora era un cruce de versiones y audios, para instalar una acusación formal basada en chats, transferencias, audios interceptados y material de cámaras de seguridad. Un total de 15 personas fueron citadas a indagatoria por este caso, que se erige como el primer gran escándalo de corrupción con pruebas concretas de la era Milei, demostrando que, detrás del relato del ajuste, se escondía un sofisticado sistema de desvío de fondos públicos.

El IPCVA registró nuevos incrementos en los cortes más populares del AMBA mientras el consumo sigue cayendo y el Gobierno mira para otro lado ante la pérdida del poder adquisitivo.

El precio del asado volvió a dispararse. Según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), el valor de los cortes más consumidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires subió en promedio un 2,8% entre septiembre y octubre, con un aumento del 8,2% en el asado de tira, uno de los preferidos en las parrillas argentinas.

En el último año, la carne acumula una suba del 61,3%, y solo en lo que va de 2025 ya aumentó un 37,5%, muy por encima de la mayoría de las paritarias y del poder adquisitivo de los hogares.

El asado fue el corte con mayor incremento mensual, superando a la picada especial (+6,1%) y al matambre (+5,5%). En tanto, cortes como el lomo apenas subieron un 0,2%, mientras que el osobuco bajó 0,4% tras el fin de la temporada de guisos.

Hoy, el kilo de asado de tira ronda los $12.500, aunque en algunas carnicerías ya supera esa cifra. En comparación, el bife angosto cuesta cerca de $12.600, y el cuadril trepa a $14.700.

Los carniceros señalan que la escalada no se debe solo a la inflación general, sino a la falta de hacienda y a la presión del mercado exportador. “Está faltando ganado y los exportadores se llevan los novillos para recriarlos. Al faltar oferta, sube el precio, aunque se venda menos carne”, explicó Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores.

La realidad es que cada aumento golpea más fuerte en los hogares que ven cómo la parrilla se convierte en un lujo. Con salarios congelados y consumo en baja, el panorama de cara a las Fiestas promete nuevos aumentos y mesas más austeras, mientras el Gobierno insiste en que “los precios se están estabilizando”.

La brecha entre la promesa y la realidad

Durante la campaña electoral, el gobierno actual había difundido flyers donde aseguraba que con Milei el kilo de asado costaría $2.800 “sin impuestos”, mientras que “con Massa” valdría $4.000. Hoy, el mismo corte supera los $12.000, y la promesa quedó reducida a una postal de ficción.

Es esperable que en campaña los candidatos exageren o prometan con optimismo, pero lo del gobierno libertario fue directamente una mentira descomunal. No solo no bajó el precio de la carne, sino que se triplicó en menos de un año, demostrando que el “libre mercado” y la motosierra no resuelven nada, y sólo empobrecieron más a la población.

La realidad se impuso sobre la propaganda: el asado, ese símbolo del encuentro argentino, hoy volvió a ser un lujo.