El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue denunciado penalmente luego de la difusión de un video grabado con cámara oculta en Nueva York. En las imágenes, se lo ve ofreciéndole al exagente estadounidense Tim Ballard contactos con jueces, legisladores y medios argentinos, e incluso la posibilidad de impulsar “leyes a medida” para mejorar su imagen pública. Las denuncias, presentadas por el abogado Rodrigo Tripolone y la Fundación La Alameda, ya fueron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py.

La grabación, difundida el 29 de julio, muestra al ministro conversando con Ballard —fundador de la ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), hoy desvinculada de su figura— y proponiéndole utilizar estructuras del Estado argentino para revertir el impacto de las múltiples denuncias por abuso sexual que pesan sobre él. “Ese accionar inadmisible en un Estado de Derecho socava la imparcialidad judicial y legislativa”, señalaron desde La Alameda.

Tripolone, abogado y querellante, explicó que llegó al caso Ballard tras conocer su nombre en una denuncia mediática. “Así me entero quién es. Luego aparece él vinculado al caso Loan. Fue fuente de Viviana Canosa y también tuvo relación con Nicolás Soria, porque vino en representación de su ONG”, detalló. A partir de esa información, presentó una denuncia contra Cúneo Libarona por abuso de autoridad.

El abogado también aseguró que Ballard firmó en 2023 un convenio con el procurador general bonaerense Julio Conte Grand, y que “participaba de allanamientos como si estuviera a cargo de las filmaciones”. “Hay registros donde se los ve manipulando documentación. Cualquier abogado defensor puede pedir la nulidad de esos procedimientos”, advirtió. Según Tripolone, Ballard creía que su cercanía con las autoridades lo habilitaba a intervenir en el caso por la desaparición de Loan Peña.

En su presentación judicial, La Alameda —que encabeza Gustavo Vera— acusó al ministro de incurrir en abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, de acuerdo con los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal. “Solicitamos que se impulse la acción penal y que se proteja la institucionalidad democrática”, reclamaron.

Ballard, que se presenta como experto en trata de personas, enfrenta numerosas demandas civiles en Utah y California, además de una denuncia federal por violar la Trafficking Victims Protection Act (TVPA). “Lo que dice combatir es lo que está fomentando”, sentenció Tripolone. Según explicó, representa legalmente a dos presuntas víctimas de Ballard, una de las cuales habría sido su secretaria y lo acusa por delitos cometidos en América Latina.

A fines de mayo, cuando todavía regía el esquema de bandas cambiarias que el Gobierno había pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei aseguraba que “si el mercado quiere llevar el dólar a $600 o menos, lo puede hacer”. “El dólar va a estar más cerca del piso de la banda”, mintió el mandatario. Ayer cerró a casi 1400 pesos.

La frase no fue casual ni ingenua. En un contexto de recesión profunda, atraso cambiario y desconfianza creciente, el Presidente deslizaba la posibilidad de perforar el piso que su propio equipo económico había acordado. En otras palabras, amagaba con romper las reglas de su propio juego.

Pero la realidad terminó por desmentirlo. El dólar nunca bajó a $600. De hecho, en julio, el Gobierno tuvo que abandonar el sistema de bandas y convalidar una especie de devaluación encubierta del tipo de cambio oficial. Ayer cerró a casi 1400 pesos. Ya nadie piensa en bandas, porque no hay forma de que la divisa baje de ese precio.

El mercado de futuros del dólar está desbordado y expone los límites de la estrategia oficial. Los contratos con vencimiento en diciembre ya tocaron el techo de la banda, a pesar de que el Banco Central viene ofreciendo posiciones a precios artificialmente bajos —incluso por debajo del dólar contado— en un intento desesperado por calmar las expectativas. Pero el termómetro del mercado marca otra cosa: desconfianza.

Entre abril y mayo, el BCRA pasó de no tener prácticamente exposición en futuros a cerrar mayo con una posición vendedora de casi USD 1.950 millones. Y para fines de julio, analistas de la City estiman que ese número ya se duplicó, superando los USD 4.000 millones. Una aceleración que revela el nivel de tensión cambiaria y la falta de herramientas genuinas para controlarla.

El problema es que esta maniobra no sale gratis. Con tasas implícitas negativas, cada salto del tipo de cambio obliga al Banco Central a pagar la diferencia en pesos. En otras palabras, se compromete a emitir si el dólar sube. El ejemplo es sencillo pero alarmante: si el Central vende a $1.290 y el oficial cierra a $1.300, debe poner $10 por contrato. Y con un vencimiento fuerte como el de julio en el horizonte inmediato, el riesgo de emisión se vuelve inminente.

El Gobierno apuesta a contener la presión cambiaria con parches financieros que solo ganan tiempo, pero no despejan las dudas de fondo. La gran pregunta —sin respuesta hasta ahora— es de dónde saldrán los pesos para enfrentar esos pagos, si no es con más emisión y, por lo tanto, más inflación. La fragilidad del esquema económico vuelve a quedar expuesta.

El tipo de cambio oficial dio un salto de $25 este miércoles y cerró a $1.325 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que volvieron a aflorar las dudas del mercado sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno. La suba se produjo a pesar de que el equipo económico convalidó una tasa efectiva anual del 65% en su intento por absorber más de $9 billones en pesos que circulan en la plaza financiera.

En el segmento mayorista, que suele funcionar como referencia para el resto de las cotizaciones, el dólar también mostró un fuerte movimiento alcista y terminó en $1.315 por unidad. Las intervenciones del Banco Central en los contratos de futuros, combinadas con una política de tasas altas, habían logrado contener la escalada el martes. Sin embargo, ese freno resultó efímero.

El dólar blue, en cambio, se mantuvo sin cambios en $1.320, mientras que las cotizaciones bursátiles acompañaron con subas más moderadas: el MEP avanzó 0,1% hasta los $1.297,58, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.297,53. A pesar de las maniobras oficiales, los tipos de cambio paralelos siguen reflejando la incertidumbre que atraviesa al mercado.

Dos organizaciones de derechos humanos israelíes denunciaron públicamente a su propio gobierno por estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Se trata de B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI) que expusieron en una conferencia de prensa un informe en el que señalan que la ofensiva militar en el enclave palestino cumple con los elementos que configuran ese crimen según la Convención de Ginebra.

“Es crucial que llamemos a las cosas por su nombre en este momento”, sostuvo la doctora Daphna Shochat, de PHRI, al presentar el trabajo. El hecho sucede mientras el gobierno de Javier Milei respalda el genocidio que Israel lleva adelante sobre la población civil de Gaza.

El pronunciamiento coincide con la implementación de las primeras pausas humanitarias anunciadas por el Ejército israelí, que permiten el ingreso diario de ayuda durante diez horas. Sin embargo, desde el terreno aseguran que las medidas no alcanzan para contener el colapso humanitario.

Las ONG alertaron que los esfuerzos de asistencia son limitados y, según testigos, solo una parte de la ayuda lanzada por aire llegó efectivamente a destino. Para Médicos Sin Fronteras, esta estrategia es “ineficaz y peligrosa”, al obligar a la población a moverse por zonas militarizadas para conseguir comida.

El informe presentado por PHRI describe un colapso absoluto del sistema de salud, mientras que B’Tselem acompaña con una recopilación de declaraciones de altos funcionarios israelíes que, según el documento, evidencian la intención deliberada de destruir a la sociedad palestina. La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, expresó que “nada te prepara para darte cuenta de que sos parte de una sociedad que comete genocidio”. Y lamentó: “Este es un momento profundamente doloroso para nosotros”.

Aunque Israel negó sistemáticamente que esté provocando una hambruna, organizaciones internacionales y gobiernos aliados empiezan a expresar reservas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en una aparición pública que “esos niños se ven muy hambrientos”. Sin embargo, atribuyó la responsabilidad a Hamas. También el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la situación como “una absoluta catástrofe humanitaria”.

La crítica de las ONG israelíes también advierte que el silencio y la falta de acción frente a la tragedia en Gaza son parte del problema. “Hay una combinación aterradora de circunstancias”, explicó Novak, que van desde políticas de asfixia económica hasta bombardeos sobre infraestructura civil. El documento concluye que el Estado de Israel lleva adelante una política destinada a “destruir intencionadamente la sociedad palestina”.

El gobierno israelí rechazó las acusaciones. Su portavoz, David Mencer, sostuvo que no tienen “ningún sentido” si se toma en cuenta que se han enviado “1,9 millones de toneladas de ayuda”. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu reafirmó que la ofensiva continuará “hasta eliminar a Hamas y traer de regreso a nuestros rehenes”, insistiendo en que ambos objetivos son inseparables.

Si bien organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya habían acusado a Israel de cometer actos genocidas, las acusaciones provenientes desde el seno de Israel adquieren mayor peso. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto un proceso contra el Estado israelí, iniciado por Sudáfrica, mientras la cifra de víctimas y el colapso humanitario siguen en ascenso.

Con tasas que llegaron hasta el 65,3% anual, el Ministerio de Economía —a cargo de Luis Caputo— adjudicó alrededor de $9 billones en letras y bonos en la última licitación de julio. El objetivo era cubrir vencimientos por más de $11 billones, por lo que la colocación logró refinanciar el 76% de los compromisos. El interés del mercado fue moderado: las ofertas superaron apenas en $400.000 millones el monto finalmente tomado por el Tesoro.

Lejos quedó la propuesta de Javier Milei de cerrar el Banco Central. No solo no se cierra sino que emite pesos más que nunca. Además, toma deuda en pesos y en dólares como nunca antes. ¿Bomba explosiva?

La operación sirvió para cerrar un mes marcado por la tensión financiera, tras la decisión oficial de discontinuar las LEFI, un instrumento clave que había funcionado como válvula de liquidez diaria para los bancos.

Pero el frente financiero continúa abierto y se vuelve más exigente: entre agosto y octubre, el Tesoro enfrenta vencimientos por unos $70 billones. Ese volumen plantea un doble desafío para el Gobierno: sostener el financiamiento en pesos sin convalidar tasas cada vez más altas y, al mismo tiempo, evitar una nueva escalada de tensiones cambiarias e inflacionarias. En un contexto donde el mercado ya descuenta un escenario de devaluación tras las elecciones de octubre, cada licitación se vuelve una prueba de fuego.

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo con fuertes declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de “traicionar” al presidente Javier Milei y de estar tejiendo alianzas con sectores del peronismo no alineado a Unión por la Patria con el objetivo de debilitarlo.

“Le encanta pactar con el kirchnerismo. Con ellos no vamos a pactar, y ella está con ellos”, afirmó Lemoine en declaraciones a TN, aunque luego matizó que en realidad se trataría de una facción peronista no kirchnerista. La diputada sostuvo que Villarruel aspira a reemplazar a Milei y por eso estaría dialogando con gobernadores y senadores del norte del país, entre ellos el radical Gerardo Zamora, con quien se reunió en Santiago del Estero.

La tensión entre el Presidente y su vice no es nueva, pero en las últimas semanas se intensificó tras la aprobación en el Senado —con apoyo de Villarruel— de proyectos como el aumento y la moratoria jubilatoria, fondos para discapacidad y reparto de ATN a provincias. Milei acusó públicamente a Villarruel de “traidora” y, en el evento DerechaFest, subió el tono al llamarla “bruta y traidora”.

Lemoine se sumó a esa línea y aseguró que la vicepresidenta “dinamitó la imagen del Presidente desde adentro”. Además, apuntó que “cuando alguien te traiciona, ya no es de los tuyos”, en consonancia con lo dicho por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien días atrás señaló que Villarruel “ya no forma parte del proyecto libertario”.

La diputada también alimentó una versión inquietante: que desde el entorno presidencial se teme una maniobra institucional para desplazar a Milei. “En el Senado, con dos tercios, se puede dictaminar sacar al Presidente. No es fácil, pero es posible”, advirtió.

Por otro lado, Lemoine hizo referencia a la polémica por la ausencia de Villarruel en la apertura de la Exposición Rural, evento al que —según la diputada— no asistió por haber exigido diez lugares en el palco oficial. “Claro que estaba invitada, pero tuvo el descaro de pedir diez lugares sin informar quiénes eran”, señaló.

El conflicto abierto entre la línea presidencial y la vicepresidenta deja al descubierto una fractura en el núcleo del poder libertario. Mientras Milei busca sostener su capital político en medio de un ajuste cada vez más impopular, la vice construye su propia agenda, con señales que generan incomodidad en la Casa Rosada.

Aunque el gobierno celebra la baja de la inflación como un logro central, una nueva encuesta revela que ese “orden macro” se sostiene a costa de un deterioro marcado en los ingresos de la población. El ajuste sobre salarios y jubilaciones empieza a mostrar sus límites: el malestar económico crece y ya impacta en el humor social, incluso entre votantes libertarios.

Según un estudio reciente de la consultora Zuban-Córdoba, el 63% de los encuestados percibe que su situación económica empeoró en los últimos seis meses. A eso se suma un 15,5% que dice estar igual de mal, lo que eleva a casi el 80% el porcentaje de personas que no notan mejoras en su economía personal.

La encuesta también deja al descubierto las fisuras en el relato oficial. El 58% afirma que los precios volvieron a subir, el 55% dice que no hay un plan económico visible y la mitad considera que el verdadero problema es la inflación en dólares, un fenómeno que el gobierno minimiza. La conclusión es contundente: el 63% admite que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes.

Un dato clave para entender el desgaste político: el 36% de quienes reconocen tener dificultades para cerrar el mes votaron a Javier Milei en el ballotage. El dato marca un posible punto de inflexión en el vínculo entre el gobierno y parte de su base electoral, en un contexto en que las promesas de recomposición siguen sin materializarse y la recesión empieza a generar tensiones incluso dentro del oficialismo.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quedó en el centro de una fuerte denuncia por presunto direccionamiento de fondos públicos a favor de su hijo. Según una investigación de El Disenso, replicada por el portal Diagonales, el municipio adjudicó durante 2024 al menos $261 millones a BigTree Studio SRL, una empresa donde trabaja Lucio Valenzuela, hijo del jefe comunal. La compañía también fue contratada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que le pagó US$252.000 por el desarrollo de un software, en una operación que compromete además al Gobierno nacional.

Valenzuela, que lleva casi diez años al frente del municipio y recientemente abandonó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, se perfila como uno de los principales candidatos del oficialismo para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Casa Rosada, reforzada en los últimos meses, fue evidente en su participación en distintas reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, aunque evitó aparecer en la foto protocolar tras la firma del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad con Axel Kicillof.

De acuerdo con la denuncia, BigTree Studio ya había recibido contrataciones por parte del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pero los vínculos con el Estado se profundizaron desde que Valenzuela alineó su figura con el oficialismo libertario. El escándalo puso en agenda posibles conflictos de interés, ya que los contratos acumulados por la empresa vinculada a su familia superarían los $500 millones, sumando fondos municipales y nacionales.

La revelación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición local y provincial, que pidió explicaciones públicas y una investigación formal sobre el manejo de los recursos públicos. En medio de su proyección política como referente bonaerense del oficialismo, el intendente enfrenta ahora acusaciones que podrían afectar su estrategia electoral y su imagen ante la ciudadanía.

“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, informaron desde la firma estatal de agua de Israel, Mekorot.

La empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, desmintió públicamente su posible desembarco en AySA y dejó en una situación incómoda al gobierno de Javier Milei, que en los últimos días había alentado versiones sobre una eventual privatización de la compañía argentina con participación israelí. Aclaración importante: en Israel, modelo defendido por Milei, es el Estado el que se ocupa de un servicio esencial como el agua.

“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, sostuvo Diego Berger, coordinador de proyectos especiales en el exterior de Mekorot, en declaraciones a Radio Jai. “No solo no estamos interesados, sino que directamente no podemos comprar AySA. Está totalmente prohibido para nosotros participar o comprar cualquier cosa en el exterior”, remarcó el funcionario.

El episodio dejó en evidencia el apuro del oficialismo en presentar avances concretos en su plan de privatizaciones, en este caso sin el debido respaldo de los actores involucrados. Mekorot es una compañía pública dependiente del Estado de Israel y considerada estratégica en términos de seguridad hídrica, por lo que sus operaciones están sujetas a fuertes restricciones normativas en el plano internacional.

Desesperado por los dólares, Milei quiere prácticamente regalar la empresa que gestiona el agua y las cloacas en CABA y Gran Buenos Aires. Podría lograr solo un ingreso de 500 millones de dólares pero la desesperación es total. En la década de 1990 AYSA fue privatizada con logros pésimos que obligaron a su reestatización unos años después.