La Asociación por los Derechos Civiles denunció que el uso atenta contra “la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión, reunión y asociación”. Funciona desde septiembre de 2020.

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad (Stjcba) rechazó, por mayoría de sus miembros, la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) contra la aplicación del reconocimiento facial en la Ciudad.
 
La asociación expresó su “más profunda preocupación” ante esta decisión judicial y emitió un comunicado  contra la vigencia de la ley que, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, establece el sistema de reconocimiento facial en la vía pública.
 
Allí indicó que la negativa de debatir la legalidad de la medida “pone en riesgo derechos como la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión, reunión y asociación”.
 
El 23 de marzo último, los jueces del Tsjcba, Santiago Otamendi, Inés Weinberg y Marcela De Langhe, impusieron sus votos contra el pedido de la ADC, mientras que Alicia Ruiz y Luis Lozano, en disidencia, se pronunciaron por dar trámite al planteo presentado en 2019, previo al trámite legislativo en esta ciudad.
 
Según consignó Télam, en septiembre de 2020, la Legislatura incorporó el sistema de reconocimiento facial, una tecnología biométrica que permite identificar a las personas mediante los rasgos de su rostro, a la ley de seguridad pública “a pesar de las recomendaciones de la ADC y otras organizaciones de derechos humanos”, sostuvo la entidad.
 
Para la ADC “la tecnología es imprecisa y arroja un alto porcentaje de falsos positivos contra personas de tez no blanca y mujeres”, además de otras comunidades en situación de vulnerabilidad.
 
Por medio de la acción de inconstitucionalidad planteada en 2019, la ADC pretendía que se restrinja por completo el uso del reconocimiento facial, con fines de vigilancia, por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad, que ya lo implementó en algunas líneas de subterráneos.
 
“A pesar del revés judicial, la ADC seguirá planteando ante el Poder Judicial de la Ciudad aquellos casos concretos donde algún individuo haya visto conculcados sus derechos por ser sometido al reconocimiento facial”, sostuvo el documento.

El expresidente agitó la interna de Juntos por el Cambio a través de un video que le mando a los referentes bonaerenses del PRO que estaban reunidos

En las últimas horas comenzó a circular un video de Mauricio Macri que expone la interna dentro de Juntos por el Cambio y dejó un mensaje para el PRO y el resto de la coalición.

A través de un saludo grabado en un clip de menos de 20 segundos, el exmandatario se dirigió a la Primera Sección Electoral bonaerense, que encabeza Cristian Ritondo. “Hola a todos, buenas tardes. Un saludo grande a Cristian [Ritondo] y Alex [Campbell] y todos los integrantes de la primera que están almorzando y no me la quería perder”, expresó.

El exjefe de Estado, continuó: “Quiero enviarles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio”.

En la última semana, Macri había sido noticia porque había compartido un almuerzo con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que, al igual que Mauricio, fue derrotado en las últimas elecciones presidenciales. “Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, había escrito en su cuenta de Twitter.

La periodista se refirió al acampe que hubo la semana pasada en la avenida 9 de Julio y al blindaje mediático que tiene el macrismo

Nancy Pazos explotó contra Horacio Rodríguez Larreta por sus declaraciones sobre las personas que la semana pasada acamparon en la 9 de Julio en reclamo de más programas Potenciar Trabajo, entre otras demandas. En esa línea, el jefe de Gobierno porteño había dicho “hay gente que podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan social”.

Al mismo tiempo, la periodista criticó a los medios de comunicación, que blindan al macrismo. “Yo puedo entender los dos lados de la grieta, pero está muy bandeado para un lado lo que está sucediendo en términos mediáticos”.

Por otro lado, la conductora de Ruleta Rusa, programa que se emite por Rock & Pop Radio, se refirió a la defensa del diario La Nación a Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo que se encuentra prófugo de la Justicia: “Si el prófugo de la Justicia fuera un kirchnerista hubiera sido tapa de todos los diarios”.

“Cuando tratan el tema lo tratan de una manera tan maniquea, es imposible no coincidir con aquellos que dicen, como nos lavan la cabeza en lo cotidiano”, cerró.

El intendente Julio Garro, había solicitado el desalojo del predio de 160 hectáreas. Se trata de la usurpación en Los Horno. El juez Alejo Ramos Padilla falló a favor de las familias.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla resolvió, en un dictamen de 58 fojas, que la mega usurpación de Los Hornos, ubicada en el ex predio nacional del Club Planeadores, no fue un delito y archivó el expediente que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020.

Además, el magistrado instó a la gobernación a “concretar el proyecto de urbanización” y “soluciones adecuadas a la ‘magnitud’ de a problemática habitacional”.

El hecho se trasformó en un campo de batalla de 160 hectáreas que enfrentaba a desocupados, familias sin vivienda y vendedores de parcelas usurpadas por Internet. La diáspora llevó a que el gobierno bonaerense anunciara un proyecto de urbanización y a que la municipalidad de La Plata solicitara el desalojo.

En su extensa resolución, el magistrado recordó que la causa se había iniciado hace dos años y que la fiscalía federal actuante no había efectuado el requerimiento de investigación ya que esa función le corresponde al Ministerio Público fiscal.

En segunda instancia precisó que previo a que el juzgado federal asumiera la competencia de la causa, el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Agustín Crispo, rechazó el requerimiento de la fiscalía de que se desocupare el predio usurpado, con el argumento de que, antes de ello, podían ejercerse acciones componedores y resolverse por otros medios. Sí tuvo en cuenta el pedido de resguardar los derechos de los usurpadores, realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

El magistrado le dio relevancia a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof, quien acompañado por el de Alberto Fernández presentó un proyecto de urbanización realizado por la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat, tendientes a otorgar a los intrusos la tenencia precaria de las parcelas apropiadas.

Precisó además que “las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo” y que “dicho cuadro de situación sumado al carácter ocioso en que se encuentra el predio del Estado Nacional, los lleva -a los usurpadores- a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana”. Por esa razón, siguió argumentando Ramos Padilla, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a al frente de Andrés “Cuervo” Larroque, había diseñado un proyecto urbanístico para cubrir las necesidades de esas familias.

Desde este viernes, el municipio de Leandro N Alem lanza Asadito Municipal, un programa mediante el cual venden 3 kilos de carne a $ 2 mil.

Otro municipio bonaerense se suma a la lista de comunas que implementan programas para luchar contra la marcada suba en alimentos registrada en los últimos meses y salen a competir con los precios del mercado.

En el distrito de Leandro N. Alem comenzó a funcionar “Asadito Municipal”, un programa articulado con el frigorífico municipal, que busca que los vecinos puedan acceder a cortes de carne accesibles y de calidad.

La iniciativa lanzada por el intendente local Carlos Ferraris, que estará vigente desde hoy, consta de un bolsón de 3 kilos de costilla y asado, más algo para la picada, a $2 mil un valor inferior al 50% de lo que se consigue en cualquier carnicería.

En ese sentido, el Intendente explicó que se coordinó con el frigorífico municipal “un valor preferencial” que se va a implementar dos fines de semana por mes, “para no competir de manera desigual con las carnicerías de la ciudad”.

En tanto, desde el municipio explicaron que el objetivo de Asadito Municipal es alcanzar a toda la población con cortes de carnes a precios accesibles y de excelente calidad, y garantizar el consumo de carne en la mesa de cada familia del distrito.

Vale aclarar que, en los últimos meses se registró una suba en el precio se los alimentos cerca del 5%, por lo que el Gobierno nacional inició una serie de medida en el marco de lo que llamó la “guerra contra la inflación”, como la ampliación de Precios Cuidados.

Dentro de estos programas se encuentra Cortes Ciudados, una iniciativa mediante la cual se acordó fijar el valor de siete cortes de carne para el consumo interno. Por ejemplo, la tira y la tapa de asado cuesta $679 y el matambre $810.

Sin embargo, como estos Cortes Cuidados se venden en grandes cadenas de supermercados o en algunas canecerías adheridas, el interior de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo los pueblos con menor cantidad de habitantes, presentan impedimentos para conseguir la carne a precios  preferenciales.  

En este sentido, los funcionarios locales aseguraron que el programa Asadito municipal, además de conseguirse en Vedia, la cabecera del distrito de Leandro N Alem, llegará a cada una de las seis localidades que integran el partido.

 “La idea es que las familias puedan tener la posibilidad de compartir un asadito el fin de semana”, expresó Ferraris, al tiempo que explicó que lo que motivó la iniciativa es que la gente empezó a perder la cultura de “poder compartir los fines de semana algo en la parrilla” por la suba de precios registrada en los últimos meses.

El pionero en el control del precio de la leche fue el municipio bonaerense de Marcos Paz, quienes lanzaron su propia marca llamada leche “Marcos Paz” al módico precio de $60.

Por otro lado, similar al caso del municipio de Marcos Paz, en Carmen de Areco, lanzaron bolsones de fruta y verdura a $500 y también avanzan en una empresa láctea para  producir de mil litros de leche diarios, con un valor en góndola de entre $60 y $70.

Lo anunció el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. La medida sigue vigente para el transporte público.

La Provincia de Buenos Aires anunció que yo no será obligatorio usar barbijo en escuelas y ámbitos laborales. La medida comenzará a regir desde este jueves y también contempla el fin del uso obligatorio del tapabocas en espacios recreativos, aunque se mantendrá en el transporte público.

Así lo anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, luego de que varios intendentes del conurbano le pidieran al gobernador a Axel Kicillof que revisara la posibilidad de flexibilizar el uso del barbijo en las aulas, medida que ya había sido eliminada en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter, Kreplak fundamentó la decisión en que en la provincia se registra un descenso sostenido de casos de coronavirus desde hace diez semanas, mientras que el brote adelantado de influenza está controlado y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus.

“El objetivo de esta transformación de la policía es la profesionalización”, aseguró el gobernador bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el acto de egreso de los primeros 993 oficiales de la nueva Policía Rural, donde aseguró que esa especialidad dentro de la fuerza “es una respuesta concreta y de fondo a un problema estructural que acarrea” la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una fuerza especial con oficiales capacitados para recorrer todo tipo de superficies y enfrentar el delito rural.

Durante el acto, que se desarrolló en el municipio de Olavarría, Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Sergio Berni; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el mandatario dijo que “el objetivo de esta transformación de la policía es la profesionalización de la fuerza”.

“Parece exagerado hablar de un día histórico, pero estamos dando inicio a nuevo cuerpo de la policía. De los 135 municipios que hay en la provincia, 100 son de carácter rural. Entonces, uno se pregunta ¿cómo no se hizo antes? Este es un cuerpo especial formado y preparado para abordar la problemática de la seguridad en ambientes rurales”, dijo el gobernador.

En ese marco, Kicillof manifestó que “la provincia arrastra problemas estructurales” y opinó que su administración considera que éstos “no se solucionan ocultándolos o no nombrándolos, sino enfrentándolos y llevando adelante transformaciones profundas con recursos, inversión, creatividad, trabajo y coraje”.

“El cuerpo de policía rural viene a atender una problemática específica y distinta”, recalcó el mandatario y puso de relieve que, desde que asumió se implementó un cambio en la formación policial y no contaba con recursos científicos´.

Sostuvo que “en dos años y en pandemia hicimos una inmensa inversión en equipamiento, infraestructura y formación porque se le pide mucho a la policía, pero no hay nada que podamos hacer con marketing y afiches en las rutas. Se necesita trabajo en serio”.

Así, graficó que se debieron crear una escuela de manejo y otra de tiro “porque no existían” y rememoró que “se formaron camadas de policías en 6 meses”.

“Era necesario abordar el problema de la formación y preparación de la policía y rediseñar sus cuerpos para readecuarlos a las problemáticas actuales”, indicó al respecto.

“Todos estos cadetes provienen del ámbito rural, conocen la problemática, el terreno, el modo de vida y las tareas. Ellos participan de los anhelos y las esperanzas de este pueblo. Tenemos que estar todos satisfechos porque sabemos que la provincia es atacada y se dice que es inviable. Están equivocados. La provincia tiene una enorme potencia”, continuó.

Al dirigirse a los cadetes, Kicillof pidió “trabajar en el marco de los derechos humanos” y les recordó: “Dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada”.

En tanto, Berni expuso que “hoy es un día muy especial porque estamos saldando la palabra empeñada y generando respuestas de fondo a un problema estructural” y rememoró que “el gobernador materializó el compromiso que había adoptado”.

“El gobernador tomó el compromiso no sólo de reforzar la seguridad rural, sino de crear un cuerpo especial que se dedique a delitos rurales. Parecía una utopía cuando en plena pandemia lo planteamos junto a los productores rurales y organizaciones del agro. Kicillof dio la orden y creó la especialidad de policía rural, la Escuela y se reclutaron 12 mil aspirantes a oficiales”.

Por último, sostuvo que “luego de una selección, hoy egresan 993 oficiales especialistas en seguridad rural con entrenamiento para que los productores sepan que hay agentes que cuidan sus intereses, pero también a sus familias en una estancia, un puesto o una chacra”.

El gobernador bonaerense lanzó una advertencia a raíz de la fuerte suba de precios, en medio de la interna que vive el Frente de Todos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alertó este martes que la “situación social” en el conurbano y el interior de la Provincia “no da más”, al referirse al alza de precios que se registró en las últimas semanas.

Las declaraciones se dieron en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lo que aceleró la inflación del país. Además, sus palabras resonaron en medio de la interna que vive el Frente de Todos que se terminó de desatar con el acuerdo con el FMI, que no cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) decir que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar todo lo que podamos y todo lo que falte lo vamos a pedir también porque acá con el conurbano y también con el interior no da más la situación social”, señaló Kicillof en declaraciones a C5N.

Sin embargo el gobernador reconoció que hubo una “recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia”, advirtió que “falta la distribución, los ingresos y los salarios y eso implica que los precios dejen de subir”. “Evidentemente, con los precios de guerra que hay en el mundo, para algunos es un negocio bárbaro. El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la Provincia pueden generar una rentabilidad inmensa. No solo alguno se va a enriquecer mucho, otros se van a empobrecer. No lo podemos permitir”, advirtió.

Por otra parte, recordó cuando fue ministro de Economía y le “tocó pelear contra los precios. Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Está habiendo una presión muy alta”.

“No puede haber más ajuste. Esto, los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero el la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y venimos de una pandemia, recuperándonos de una situación muy grave”, agregó durante la entrega de más de 700 títulos de propiedad en Arrecifes, donde estuvo acompañado por el intendente, Javier Olaeta y los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.

Galli buscó despegarse del escándalo por la venta ilegal de terrenos apartó al empleado municipal Mariano Ciancio, uno de los cuatro imputado en la causa.

Luego de semanas de investigación judicial, y ante la imputación, el intendente comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, decidió suspender de su cargo al asesor municipal Mariano Ciancio, acusado de estafa por vender ilegalmente terrenos, incluso algunos de ellos pertenecientes al propio municipio de la Séptima sección electoral.

Mediante un comunicado, Galli informó, que en el marco de la causa de estafa reiterada por la venta irregular de terrenos, decidió la suspensión desde este lunes y hasta que la Justicia esclarezca los hechos, a Mariano Ciancio, quien desde 2019 se desempeña en el cargo de Asesor de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, secundando a Diego Robbiani.

A cambio, los damnificados de la venta ilegal de terrenos recibían un “boleto de compraventa y los planos”, pero tiempo más tarde descubrían que los lotes que supuestamente habían comprado en realidad tenían dueños y que en algunos casos eran directamente propiedad de la municipalidad de Olavarría.

Los lotes que ponían en venta eran de propietarios que hacía muchos años que no pagaban los impuestos y otros que directamente eran tierras fiscales. A la información para identificar este tipo de terrenos sólo se puede acceder a través de la dirección de catastro municipal, por lo que la causa genera suspicacias en Olavarría.

Dos meses después del inicio de la investigación por la venta ilegal de terrenos, con allanamientos, declaraciones, e imputaciones de por medio que salpican a la administración local de Galli, el intendente de Juntos por el Cambio decidió distanciarse Ciancio y además colocarse como particular dignificada ante la Justicia.

Un exfuncionario del gobierno de María Eugenia Vidal habría participado de la instalación de cámaras en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Qué declararon los involucrados en la causa.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie medidas que pesan sobre un exfuncionario del Gobierno de María Eugenia Vidal para determinar si estuvo detrás del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018 en caso de ser detenidos, como supuestamente buscaba el expresidente Mauricio Macri.

Se trata de Juan José Baric, exsubsecretario de Políticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestión Cambiemos, quien actualmente se desempeña como juez federal de La Pampa. Las medidas habían sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Macri sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas y en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.

En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se había ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello había contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes “de arriba”.

En agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el supuesto objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano. Por aquellos días un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidía 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.

Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podían ser trasladados allí.

En particular, la funcionaria pensó que la disposición de cámaras y micrófonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General Rodríguez. “Se me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venían y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretario”, reveló Rousillon en una de sus declaraciones.

Los técnicos que fueron a instalar las cámaras y los micrófonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Las cámaras y micrófonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados después de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellón y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidía.

Según relató ante la Justicia, Rousillon se contactó de inmediato con el entonces director provincial de alcaidías, Leandro Borghetti, y le pidió hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.

Como primera medida, el juez Martínez de Giorgi requirió el último viernes a las empresas prestatarias de telefonía móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio Rodríguez, entre otros.

También ordenó identificar las líneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra de espionaje ilegal: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.

El juez también requirió al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires “que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada” entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y Rodríguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo período.

En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.