El procurador pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidente en la causa Vialidad. Se profundiza la ofensiva judicial contra la dirigente política más votada desde el retorno democrático.

En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se eleve la condena en su contra a 12 años de prisión, esta vez por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad.

La medida busca no solo agravar la pena ya impuesta por administración fraudulenta —6 años dictados en diciembre de 2022—, sino también habilitar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que en los hechos representaría la proscripción política de la principal referente del campo popular argentino.

Casal respaldó el recurso presentado por el fiscal Mario Villar y pidió ampliar el decomiso de bienes y revertir la absolución del ex ministro Julio De Vido. En su dictamen, acusó a los tribunales inferiores de haber actuado con “arbitrariedad” al descartar la figura de asociación ilícita, desoyendo incluso pruebas y criterios ya debatidos en instancias anteriores.

La avanzada se da en un contexto político marcado por la judicialización de la política, donde sectores del Poder Judicial operan abiertamente como actores partidarios. No es menor que Casal, procurador interino desde 2017, haya sido sostenido durante años por el macrismo y nunca ratificado por el Senado, lo que debilita su legitimidad institucional.

Cristina Kirchner ya había denunciado en múltiples ocasiones que las causas judiciales en su contra no buscan justicia sino su proscripción. La posible intervención de la Corte, luego del dictamen de Casal, abre la puerta a un fallo definitivo que, de concretarse, excluiría a la expresidenta de la vida política por fuera de cualquier decisión del voto popular.

Dos constructoras se retiran por falta de pagos de Enarsa, se acumulan deudas desde febrero y renunció el gerente de mantenimiento. La parálisis afecta una obra estratégica que ahorra USD 3.000 millones anuales en energía.

Una nueva señal de crisis golpea al desarrollo energético de Vaca Muerta. La obra del gasoducto clave para el transporte de gas natural quedó virtualmente detenida luego de que la UTE conformada por Contreras Hermanos y Esuco anunciara su retiro del proyecto. El motivo: Enarsa acumula meses de deudas impagas y se niega a reconocer sobrecostos inesperados.

El ducto, considerado estratégico para reducir importaciones y mejorar el abastecimiento interno, quedó con tramos críticos inconclusos, especialmente en la planta compresora de Salliqueló, indispensable para el pleno funcionamiento del sistema.

A esto se suma el colapso de una estación de medición en La Pampa, provocado por un temporal, pero agravado por la falta de mantenimiento. La situación, según fuentes del sector, refleja la parálisis técnica y administrativa que atraviesa la empresa estatal.

En una nota formal dirigida a Enarsa, la UTE fue tajante: “Se procederá a la relocalización de todos los recursos que esta Contratista mantiene actualmente dentro del predio de Enarsa, correspondiente a la zona de emplazamiento de la Planta Compresora Salliqueló”. Y añadieron: “A partir del lunes 19 de mayo de 2025, todas las comunicaciones deberán canalizarse exclusivamente por correo electrónico y/o mediante carta contractual, conforme los interlocutores designados por ambas partes”.

El cuadro se agrava por el deterioro interno en Enarsa. Esta semana renunció Oscar Álvarez, gerente de mantenimiento del gasoducto, en medio de una ola de dimisiones. Una fuente de la empresa no ahorró críticas: “Mientras el club de asesores que rodeaban a las autoridades de Enarsa se van retirando o huyendo como ratas y con vacaciones pagas, la empresa sigue a la deriva”.

Sin previo aviso, la petrolera estatal aplicó una suba en todos sus combustibles desde la medianoche del miércoles. El incremento, aunque leve en porcentaje, fue notorio al llenar el tanque. Hace apenas dos semanas, se había prometido una baja.

En una nueva medida que golpea al ya deteriorado poder adquisitivo, YPF aplicó desde la medianoche del miércoles un aumento en todos sus combustibles. El ajuste fue del 0,4% en promedio, pero sorprendió por su carácter sorpresivo y por su impacto acumulativo, justo cuando el Gobierno nacional había anunciado una baja del 4% apenas dos semanas atrás.

La suba se registró sin previo aviso ni comunicación oficial, lo que generó malestar entre usuarios y conductores que, al llegar a las estaciones de servicio, se encontraron con el nuevo cuadro tarifario. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, al momento de llenar el tanque la diferencia fue evidente, especialmente en contextos de inflación persistente y pérdida del poder de compra.

El movimiento de precios se produce en un marco de inestabilidad para el mercado de combustibles, en el que el Gobierno había prometido contener aumentos mediante una reducción impulsada por la caída del precio internacional del barril de petróleo. Esa promesa duró apenas quince días.

Con esta nueva corrección, vuelve a quedar en evidencia la falta de previsibilidad en los costos de los servicios esenciales y la desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad en surtidores.

Hasta el momento, YPF no emitió comunicado formal y se desconoce si este ajuste responde a presiones internas de mercado, reacomodamientos de márgenes o una nueva política de precios impulsada desde el Ejecutivo. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo el único combustible que no deja de subir.

Con un discurso plagado de estigmas y falsedades, Manuel Adorni anunció un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria: restricciones para residencias y ciudadanía, expulsiones aceleradas y arancelamiento de servicios públicos.

En una nueva ofensiva contra los migrantes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles un paquete de medidas que endurecen de forma drástica el acceso a la residencia permanente, la ciudadanía, y los servicios públicos para extranjeros. Con un tono autoritario y acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el funcionario confirmó que quienes cometan delitos —o incluso solo ingresen de manera irregular— serán expulsados del país, y que los migrantes deberán comenzar a pagar por la atención sanitaria y, eventualmente, por la educación universitaria.

En línea con el discurso de la ultraderecha internacional, Adorni utilizó el eslogan de Donald Trump —“Hacer grande a la Argentina otra vez”— y apeló a los clichés de la “invasión migrante” y los “tours sanitarios”, sin brindar datos verificables ni permitir preguntas de la prensa.

“Queremos recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley, y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas”, afirmó el vocero. Entre los puntos más controvertidos del anuncio se destacan la expulsión inmediata de migrantes con condenas, sin importar el tipo de delito ni el tiempo de residencia, el rechazo en frontera a cualquier extranjero con antecedentes penale, el arancelamiento obligatorio de la salud pública para residentes transitorios e inmigrantes “ilegales, la autorización a las universidades nacionales a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros y la modificación de los requisitos para obtener la ciudadanía: ahora se exigirá una residencia continua de dos años sin salir del país.

“Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas”, sostuvo Adorni, y se quejó de que “las condiciones de deportación son demasiado flexibles”. En otro tramo, denunció sin fuentes que “en un año, ocho hospitales nacionales gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.

Pese al intento de criminalización, los datos oficiales desmienten al Gobierno. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, vigente a diciembre de 2022, sólo el 5% de la población penitenciaria es de origen extranjero: 5.089 personas sobre un total de 105.053. Lejos de lo que sugiere la narrativa oficial, no existe correlación entre migración y delincuencia.

Las medidas serán implementadas por decreto, en otra muestra del avance del Ejecutivo sobre temas sensibles sin debate parlamentario. La ministra Bullrich, quien impulsó en su gestión anterior el fallido DNU 70/2017 (de contenido similar y declarado inconstitucional por la Corte Suprema), vuelve a la carga contra las personas migrantes, ahora con respaldo presidencial.

En paralelo, Adorni —quien se posiciona como candidato a legislador porteño— utilizará estas conferencias como plataforma de campaña en la recta final electoral. El jueves se espera un nuevo anuncio vinculado al blanqueo de capitales, otra medida controvertida del oficialismo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su modelo de ajuste y exclusión, ahora apuntando contra los sectores más vulnerables y con un mensaje que estigmatiza, desinforma y vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, la promesa de libertad parece aplicarse solo a unos pocos.

La Agencia Nacional de Discapacidad anuló la resolución que establecía controles sobre más de un millón de beneficios. Organizaciones advierten por el impacto del ajuste en el sector y reclaman una política clara de protección.

El Gobierno nacional suspendió de manera temporal el proceso de auditorías sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derogó una normativa anterior impulsada en el marco del ajuste fiscal.

La decisión afecta la Resolución 187/2025, que preveía un procedimiento de revisión integral con entrevistas presenciales y evaluaciones médicas a más de un millón de personas beneficiarias. Según argumentó el Ejecutivo, el esquema presentaba inconsistencias técnicas y carecía de estándares internacionales adecuados.

“Se identificaron aspectos del baremo médico que no garantizaban equidad en la evaluación”, señalaron desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. De acuerdo con el texto oficial, la revisión de los parámetros utilizados evidenció una falta de solidez normativa y técnica, motivo por el cual se resolvió “iniciar un nuevo proceso de validación”.

A pesar del retroceso parcial, el Gobierno ratificó su intención de continuar con una revisión del padrón, aunque bajo un nuevo procedimiento que, según anunció, será elaborado conforme a criterios internacionales. No se establecieron plazos para la reanudación de las auditorías.

En paralelo, organizaciones del sector de la discapacidad denunciaron un escenario de “abandono estatal” y alertaron sobre el deterioro en la cobertura de servicios terapéuticos, transporte y apoyos escolares. Centros de atención y profesionales advierten que el ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional desde el inicio de su gestión ha generado una situación crítica sin precedentes.

La suspensión de las auditorías ocurre luego de semanas de reclamos por parte de familias, instituciones y entidades que agrupan a personas con discapacidad, quienes denunciaron la aplicación “indiscriminada” de recortes y controles que ponían en riesgo derechos adquiridos.

La contratación se resolvió en diez días y favoreció a un solo proveedor. El precio mensual aumentará un 20% respecto del esquema anterior. Empresas excluidas cuestionan los plazos y el diseño del pliego.

El PAMI adjudicó un contrato por US$450 millones para la provisión de pañales para adultos a un único proveedor, en el marco de un proceso licitatorio acelerado que finalizó en menos de dos semanas. El nuevo esquema implica un incremento del 20% en los costos mensuales y modificaciones en las especificaciones técnicas que, según fuentes del sector, suponen una reducción en la calidad del producto.

La licitación, lanzada el 14 de abril y resuelta el 25 del mismo mes, coincidió con el feriado de Semana Santa, dejando solo seis días hábiles para la presentación de ofertas. De las cuatro empresas interesadas inicialmente, tres fueron descalificadas por cuestiones técnicas y presentaron objeciones formales sobre los plazos y condiciones. La única firma habilitada resultó adjudicataria del contrato, que contempla la distribución directa a domicilio, sin intermediarios.

El precio mensual pasará de $11.000 millones a $13.000 millones, con un anticipo del 3% del total del contrato, equivalente a más de $4.000 millones. El nuevo pliego modificó los requisitos de peso y absorción de los pañales: se pasó de 75 a 50 gramos y se eliminaron refuerzos y capas dobles. Profesionales vinculados al área sanitaria advirtieron que estos cambios pueden afectar la efectividad del producto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la adjudicación al asegurar que el nuevo modelo permitirá un ahorro de $5.000 millones anuales y eliminará “intermediarios que se quedaban con recursos del Estado”. También afirmó que los pliegos fueron revisados tras más de una década, ajustándose a parámetros establecidos por la ANMAT.

En paralelo, se conoció que la empresa adjudicataria ya había solicitado presupuestos a fabricantes locales en marzo, antes de conocerse públicamente los términos de la licitación. Este dato alimentó las sospechas de direccionamiento que evalúan las firmas excluidas, las cuales analizan medidas judiciales para impugnar la resolución.

El contrato adjudicado es el tercero en volumen dentro del PAMI, luego de los destinados a medicamentos e internaciones. El organismo distribuye cada mes cerca de 17 millones de pañales y apósitos entre sus afiliados.

El INDEC detectó diferencias superiores al 70% en el valor de los alimentos esenciales entre provincias.

Los precios de los alimentos registran disparidades significativas según la zona geográfica, con diferencias que llegan al 73% entre las distintas regiones del país, de acuerdo con un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El relevamiento, que mide el costo de la canasta básica alimentaria, reveló que una misma familia puede llegar a pagar hasta $8.000 más por los mismos productos dependiendo de la provincia en la que resida. Las mayores subas se observaron en la región patagónica y en el noroeste, mientras que el Gran Buenos Aires mostró valores más bajos en la comparación.

La disparidad responde a factores como los costos logísticos, la estructura impositiva local y las diferencias en la cadena de comercialización. Economistas advierten que estas brechas complican los esfuerzos por contener la inflación y agravan las desigualdades entre distritos.

Los datos del Indec vuelven a poner en agenda el impacto territorial de la suba de precios, en momentos en que el Gobierno busca acuerdos con cadenas de supermercados y productores para moderar el ritmo inflacionario.

EE.UU. y China pactan una pausa de 90 días en su disputa comercial, con alivio inmediato en bolsas y divisas.

Los gobiernos de Estados Unidos y China alcanzaron un entendimiento este lunes para limitar, por un plazo de tres meses, los aranceles aplicados a sus respectivos productos, en un intento de reabrir el diálogo y frenar el deterioro de los intercambios bilaterales.

El anuncio, realizado luego de negociaciones en Ginebra, establece que ambos países reducirán sustancialmente sus tasas impositivas, que en los últimos años habían escalado a niveles récord. Según precisó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, los aranceles quedarán limitados a un máximo del 10%, en lugar de los picos que habían superado el 100%.

“Este paso no significa renunciar a nuestras posiciones, sino crear espacio para un comercio más justo”, afirmó Bessent, quien encabezó las conversaciones junto al representante comercial Jamieson Greer.

El acuerdo representa el primer gesto de distensión desde que el presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca con un discurso proteccionista renovado, que había reavivado la guerra arancelaria con China. En respuesta a las medidas estadounidenses, Pekín había restringido las ventas de tierras raras y elevado sus propios gravámenes sobre bienes importados de EE.UU., lo que bloqueó operaciones por cientos de miles de millones de dólares.

Tras conocerse el entendimiento, los mercados reaccionaron con optimismo: los índices futuros en Wall Street subieron y el dólar se apreció frente a divisas consideradas refugio, en medio de expectativas de una posible normalización en las relaciones comerciales.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lidera con comodidad las encuestas en la provincia de Buenos Aires, donde aventaja por siete puntos al diputado José Luis Espert, según un relevamiento de la consultora Circuitos que también registra un fuerte rechazo a la gestión de Javier Milei.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 5 de mayo sobre 1.200 casos, muestra a Cristina con más de 35% de respaldo, especialmente en el conurbano, consolidándose como la figura opositora con mayor peso en el principal distrito electoral del país. Detrás se ubica Espert, a considerable distancia, mientras que otros dirigentes como Axel Kicillof y Sergio Massa mantienen apoyos menores pero estables.

La encuesta también revela que más del 60% de los bonaerenses desaprueba la administración libertaria, con críticas marcadas en materia económica y de seguridad, dos áreas sensibles para el electorado provincial.

Con un margen de error de +/- 2,8%, el relevamiento anticipa un escenario en el que la ex mandataria podría jugar un rol decisivo en las próximas elecciones, dado el peso estratégico de Buenos Aires en el mapa político nacional.

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el Gobierno nacional estableció por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con valores que se alinean con la propuesta presentada por el sector privado y se ubican lejos del monto reclamado por las centrales sindicales.

La administración de Javier Milei definió el aumento luego de que no se alcanzara consenso entre empresarios y sindicatos: mientras la CGT y las dos CTA exigieron una suba que elevara el salario mínimo por encima de los 600 mil pesos, los representantes empresarios propusieron cifras cercanas a los 300 mil, monto que finalmente fue adoptado por el Ejecutivo con una diferencia mínima.

Según la Resolución 5/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el nuevo salario mínimo será de $302.600 a partir del 1° de abril para trabajadores mensualizados a jornada completa y de $1.513 por hora para jornalizados. El esquema prevé subas escalonadas hasta agosto, cuando alcanzará los $322.000 mensuales.

Además, se mantuvieron sin cambios las condiciones de la prestación por desempleo, que continuará siendo equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del salario mínimo vigente.

La medida alcanza a trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades estatales empleadoras.