El INDEC detectó diferencias superiores al 70% en el valor de los alimentos esenciales entre provincias.

Los precios de los alimentos registran disparidades significativas según la zona geográfica, con diferencias que llegan al 73% entre las distintas regiones del país, de acuerdo con un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El relevamiento, que mide el costo de la canasta básica alimentaria, reveló que una misma familia puede llegar a pagar hasta $8.000 más por los mismos productos dependiendo de la provincia en la que resida. Las mayores subas se observaron en la región patagónica y en el noroeste, mientras que el Gran Buenos Aires mostró valores más bajos en la comparación.

La disparidad responde a factores como los costos logísticos, la estructura impositiva local y las diferencias en la cadena de comercialización. Economistas advierten que estas brechas complican los esfuerzos por contener la inflación y agravan las desigualdades entre distritos.

Los datos del Indec vuelven a poner en agenda el impacto territorial de la suba de precios, en momentos en que el Gobierno busca acuerdos con cadenas de supermercados y productores para moderar el ritmo inflacionario.

EE.UU. y China pactan una pausa de 90 días en su disputa comercial, con alivio inmediato en bolsas y divisas.

Los gobiernos de Estados Unidos y China alcanzaron un entendimiento este lunes para limitar, por un plazo de tres meses, los aranceles aplicados a sus respectivos productos, en un intento de reabrir el diálogo y frenar el deterioro de los intercambios bilaterales.

El anuncio, realizado luego de negociaciones en Ginebra, establece que ambos países reducirán sustancialmente sus tasas impositivas, que en los últimos años habían escalado a niveles récord. Según precisó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, los aranceles quedarán limitados a un máximo del 10%, en lugar de los picos que habían superado el 100%.

“Este paso no significa renunciar a nuestras posiciones, sino crear espacio para un comercio más justo”, afirmó Bessent, quien encabezó las conversaciones junto al representante comercial Jamieson Greer.

El acuerdo representa el primer gesto de distensión desde que el presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca con un discurso proteccionista renovado, que había reavivado la guerra arancelaria con China. En respuesta a las medidas estadounidenses, Pekín había restringido las ventas de tierras raras y elevado sus propios gravámenes sobre bienes importados de EE.UU., lo que bloqueó operaciones por cientos de miles de millones de dólares.

Tras conocerse el entendimiento, los mercados reaccionaron con optimismo: los índices futuros en Wall Street subieron y el dólar se apreció frente a divisas consideradas refugio, en medio de expectativas de una posible normalización en las relaciones comerciales.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lidera con comodidad las encuestas en la provincia de Buenos Aires, donde aventaja por siete puntos al diputado José Luis Espert, según un relevamiento de la consultora Circuitos que también registra un fuerte rechazo a la gestión de Javier Milei.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 5 de mayo sobre 1.200 casos, muestra a Cristina con más de 35% de respaldo, especialmente en el conurbano, consolidándose como la figura opositora con mayor peso en el principal distrito electoral del país. Detrás se ubica Espert, a considerable distancia, mientras que otros dirigentes como Axel Kicillof y Sergio Massa mantienen apoyos menores pero estables.

La encuesta también revela que más del 60% de los bonaerenses desaprueba la administración libertaria, con críticas marcadas en materia económica y de seguridad, dos áreas sensibles para el electorado provincial.

Con un margen de error de +/- 2,8%, el relevamiento anticipa un escenario en el que la ex mandataria podría jugar un rol decisivo en las próximas elecciones, dado el peso estratégico de Buenos Aires en el mapa político nacional.

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el Gobierno nacional estableció por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con valores que se alinean con la propuesta presentada por el sector privado y se ubican lejos del monto reclamado por las centrales sindicales.

La administración de Javier Milei definió el aumento luego de que no se alcanzara consenso entre empresarios y sindicatos: mientras la CGT y las dos CTA exigieron una suba que elevara el salario mínimo por encima de los 600 mil pesos, los representantes empresarios propusieron cifras cercanas a los 300 mil, monto que finalmente fue adoptado por el Ejecutivo con una diferencia mínima.

Según la Resolución 5/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el nuevo salario mínimo será de $302.600 a partir del 1° de abril para trabajadores mensualizados a jornada completa y de $1.513 por hora para jornalizados. El esquema prevé subas escalonadas hasta agosto, cuando alcanzará los $322.000 mensuales.

Además, se mantuvieron sin cambios las condiciones de la prestación por desempleo, que continuará siendo equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del salario mínimo vigente.

La medida alcanza a trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades estatales empleadoras.

El sindicato estatal anunció una jornada de huelga y movilización para el 22 de mayo en rechazo a los despidos, la pérdida salarial y la profundización del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y movilizaciones para el próximo 22 de mayo en rechazo al ajuste aplicado por el Gobierno de Javier Milei y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que profundiza el recorte del gasto público y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que “la paritaria de la administración pública se convirtió en un fraude” y afirmó que “en los últimos 16 meses el Gobierno nacional nos robó más del 40 por ciento de nuestro poder de compra”.

La medida de fuerza estará acompañada por una movilización en todo el país y por un plenario conjunto que ATE realizará junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) este jueves a las 15 horas, donde se debatirá “el nuevo acuerdo con el FMI, los condicionamientos que imponen a la Argentina y el aumento de la deuda externa”.

“Está claro que no alcanza con el diálogo y las notitas. Tenemos que salir a la calle y profundizar nuestro plan de acción para evitar que sigan destruyendo todo”, subrayó Aguiar, al rechazar el proyecto oficial de fusionar organismos estatales, anunciado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“No fusionan para ahorrar, fusionan para saquear. Quieren eliminar todas las funciones de control y fiscalización que tiene el Estado”, agregó.

Aguiar también cuestionó a los gobernadores, a quienes acusó de haber avalado con sus legisladores las políticas del Gobierno libertario. “Están arrepentidos porque mandaron a todos sus diputados a levantar la mano y Milei solo les da la mano para administrar la pobreza”, sostuvo.

Doctora en Oxford, premiada como la mejor del mundo en ciencias sociales y primera latinoamericana en recibir el prestigioso Premio John Bernal, la científica fue despedida por la administración libertaria que comanda Javier Milei.

Investigadores de todo el país lanzaron una campaña para exigir la reincorporación de la antropóloga Hebe Vessuri, reconocida internacionalmente y recientemente desvinculada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La decisión generó rechazo en la comunidad científica, que calificó el hecho como “una pérdida irreparable”.

“En diciembre se terminó mi contrato con el Conicet y no lo renovaron. El argumento fue que ya estaban pasados los límites porque este año cumplo 76 años. El tema es que no tengo otro ingreso, me tuve que ir de Argentina hace 50 años y no tengo jubilación”, explicó Vessuri, doctora en antropología por la Universidad de Oxford y con más de cinco décadas de trayectoria.

Radicada en Puerto Madryn, Vessuri desarrollaba tareas como docente e investigadora en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales, dependiente del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet). El director del organismo, Rolando González, cuestionó la medida: “Es como tener a Messi o Maradona y perderlo. La gente del instituto sabe que tiene a una de las mejores especialistas a nivel mundial”.

La investigadora fue recientemente distinguida con el Premio John Bernal, considerado el máximo reconocimiento en el campo de las ciencias sociales, y fue la primera latinoamericana en recibirlo. Al otorgarle el premio, el Conicet había destacado su figura en su sitio oficial, subrayando su trayectoria y contribuciones.

“Los científicos de todo el país estamos consternados, se están expresando colegas de las ciencias sociales y también de otras ciencias”, añadió González. La campaña de firmas dirigida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicita que se revierta la decisión y se garantice la continuidad laboral de Vessuri.

El modelo de mano dura de Daniel Noboa no resuelve las causas de la crisis ecuatoriana. Con una reelección en juego, el mandatario y candidato se alinea con figuras como el presidente estadounidense, mientras la injerencia externa se potencia.

Ecuador vive horas decisivas. Enfrentado a una espiral de violencia sin precedentes, un aparato estatal debilitado y una creciente desigualdad social, el país se encamina hacia el balotaje del domingo 13 de abril, donde se enfrentarán el presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Pero la elección no es solo un asunto interno: por la ubicación estratégica del país y su valor militar y económico, también está en juego el tablero geopolítico regional.

Desde que asumió el poder, Daniel Noboa ha optado por una estrategia de mano dura para enfrentar la violencia y el crimen organizado. Ha declarado “conflicto armado interno”, desplegado a los militares en las calles y mantenido estados de excepción recurrentes. Pero mientras fortalece el brazo represivo del Estado, la pobreza, el desempleo y la precariedad siguen sin respuestas estructurales.

La represión, sin políticas sociales y económicas profundas, no alcanza. La historia latinoamericana enseña que la seguridad no se impone: se construye desde la inclusión, el trabajo, la educación y el bienestar. En Ecuador, la militarización avanza, mientras el Estado retrocede y se debilita.

En paralelo, el presidente Noboa, empresario educado en EE.UU. y heredero de una de las mayores fortunas del país, ha privilegiado su imagen internacional. Su reciente encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago fue un gesto que buscó reforzar su legitimidad entre sectores conservadores, aunque resultó más simbólico que efectivo. Para muchos, fue una forma de alinearse con el nuevo eje de poder republicano en Washington, que ve en Ecuador un enclave clave para sus intereses.

Está elección presidencial es la primera en América del Sur desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Para el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio —conocido por su rol en operaciones encubiertas en la región—, Ecuador es la primera prueba de fuego de su “cruzada antizquierdista”. No se trata solo de impedir el retorno del correísmo al poder, sino de asegurar que la infraestructura militar de EE.UU. en Ecuador —como la presencia en Galápagos o la eventual reapertura de la base de Manta— no se vea amenazada.

En ese marco, la posibilidad de un fraude no puede ser descartada. Noboa llega debilitado al balotaje tras un empate técnico en la primera vuelta. Su rival, González, ha sumado el respaldo del movimiento indígena y campesino liderado por Leónidas Iza, que obtuvo el 5% de los votos. El bloque de poder que respalda a Noboa —que incluye al sionismo israelí, sectores del poder económico y la embajada estadounidense— ve en González un riesgo para sus intereses.

Los antecedentes no son alentadores. En 2021, cuando el candidato del correísmo Andrés Arauz ganó la primera vuelta, el entonces gobierno colombiano, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la inteligencia estadounidense montaron una operación para vincularlo falsamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), valiéndose de archivos presuntamente encontrados en una computadora de un comandante insurgente abatido. Cinco días después de la elección, el fiscal colombiano llegó a Quito para entregar la supuesta “prueba” a su par ecuatoriana. El escándalo, amplificado por los medios, afectó la candidatura de Arauz y facilitó el triunfo del banquero Guillermo Lasso.

Hoy, los mismos actores parecen estar en juego. La militarización de las Islas Galápagos, la cesión de soberanía territorial para operaciones del Comando Sur, y el alineamiento con Trump, son parte de una estrategia que apunta a blindar a Ecuador como puesto avanzado de la proyección militar estadounidense en el Pacífico, en plena disputa con China y su nuevo megapuerto en Chancay, Perú.

Mientras tanto, Noboa insiste en mostrarse como un líder fuerte, pero su política de seguridad se tambalea por la falta de legitimidad social y por su desconexión con las realidades del pueblo ecuatoriano. La represión no puede ocultar el vacío político ni la ausencia de un proyecto de país. Su prioridad no parece ser la solución de los problemas estructurales, sino la preservación del poder a cualquier costo.

En este escenario, el balotaje del 13 de abril será mucho más que una elección presidencial: será una disputa entre soberanía y dependencia, entre democracia y manipulación, entre justicia social y dominación imperial.

En un nuevo capítulo de la política de hostigamiento contra Cuba, el jefe de la diplomacia de la mayor de las Antillas denunció recientemente que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha invertido más de 120 millones de dólares en programas dirigidos a subvertir el orden constitucional cubano. Estas acciones, que forman parte de una estrategia más amplia de presión económica y desestabilización, responden a órdenes ejecutivas y políticas implementadas por la actual administración norteamericana, reforzando un esquema de agresión que ha perdurado por más de seis décadas.

Las órdenes ejecutivas en cuestión han estado dirigidas a fortalecer el bloqueo económico, endureciendo sanciones contra sectores clave de la economía cubana y restringiendo aún más el acceso a recursos financieros y comerciales. Bajo el argumento de promover la democracia y los derechos humanos, Washington ha canalizado estos fondos a través de la USAID y otras agencias, con el objetivo de financiar grupos opositores y campañas de desinformación. Esta estrategia no es nueva, pero en el actual contexto internacional, cobra especial relevancia debido a la creciente condena internacional contra el bloqueo económico y la presión sobre el gobierno de EE.UU. para modificar su política hacia La Habana.

El impacto de estas órdenes ejecutivas se traduce en un aumento de las dificultades económicas para el pueblo cubano. Las restricciones financieras limitan el acceso a insumos esenciales, mientras que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo impide transacciones bancarias y restringe aún más el comercio exterior. Al mismo tiempo, los fondos destinados a la subversión han sido objeto de críticas por su falta de transparencia y la ineficacia de los programas financiados, que han fracasado, una y otra vez, en generar un movimiento opositor de envergadura en Cuba.

Diversos analistas han señalado que la política de asfixia económica busca generar un descontento social que desemboque en un cambio de matriz política favorable a los intereses de Washington. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser contraproducente, reforzando el sentimiento nacional y antiimperialista en la población cubana y provocando un mayor respaldo a las políticas gubernamentales en defensa de la soberanía nacional.

A pesar del impacto negativo de estas medidas, Cuba ha buscado alternativas para contrarrestar los efectos del cerco económico, fortaleciendo alianzas con países como Rusia, China y México, y fomentando el desarrollo de sectores estratégicos como el biotecnológico y el energético. No obstante, la persistencia de las sanciones sigue representando un obstáculo significativo para la recuperación económica de la isla.

En este escenario, la pregunta clave es hasta qué punto la actual administración estadounidense está dispuesta a seguir endureciendo su política hacia Cuba o si, por el contrario, considerará una revisión pragmática de su estrategia. Lo cierto es que, más allá de los discursos oficiales, las órdenes ejecutivas que refuerzan la presión sobre la isla continúan generando un impacto real y directo sobre la vida cotidiana del pueblo cubano, manteniendo un esquema de confrontación de larga data.

A pesar del boicot mediático de la derecha, el 85% de las urnas implementó el registro biométrico digital. Sin embargo, la entrega tardía de material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula, bajo la administración del CNE presidido por el Partido Nacional, generó retrasos en el proceso.

Por Orlando Lara Pineda*/ Honduras celebró este domingo 9 de marzo elecciones primarias en las tres principales fuerzas políticas: el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos comicios definieron las candidaturas presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales para las elecciones generales de noviembre de 2025.

Moncada arrasa en LIBRE

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación fue del 40% del electorado, lo que equivale a aproximadamente 2.3 millones de votantes de un padrón de 5.8 millones. Si se descuenta la migración de más de 1.5 millones de ciudadanos, la participación efectiva superaría el 50%.

En el Partido LIBRE, con el 38% de las actas escrutadas, Rixi Moncada lidera con un contundente 92% de los votos, superando ampliamente a Rasel Tomé.

Por su parte, en el Partido Nacional, con el 35% de las actas contabilizadas, Nasry Asfura encabeza la votación con el 76%, seguido de Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, con un 21%. Jorge Zelaya y Roberto Martínez registran menos del 2% y 1%, respectivamente.

En el Partido Liberal, con el 30% de las actas procesadas, Salvador Nasralla lidera con el 59% de los votos, seguido por Jorge Cálix con un 30%. Ambos provienen de escisiones de LIBRE y se sumaron a las filas liberales en 2024 ante la caída de sus preferencias políticas. Los candidatos tradicionales Luis Zelaya y Maribel Espinoza apenas alcanzan el 6% y 5%, respectivamente, reflejando la crisis de identidad del partido.

El fin del fraude con el sistema de verificación biométrica

Por primera vez en Honduras, las primarias utilizaron un sistema de verificación biométrica dactilar basado en el registro de huellas digitales almacenado en el Registro Nacional de las Personas. Este mecanismo impidió la duplicación de votos y la suplantación de identidad, prácticas históricamente utilizadas para manipular los resultados electorales.

Previo a esta implementación, se reportaban fraudes mediante la emisión de DNIs adicionales para personas fallecidas y migrantes que residen en el exterior. También se denunciaba la votación múltiple en diferentes partidos gracias a la eliminación de la tinta en el dedo meñique, permitiendo ejercer el voto en más de una agrupación.

A pesar del boicot mediático impulsado por la derecha y de llamados de sectores del Partido Liberal y Nacional para desestimar el sistema biométrico, el CNE confirmó que este se utilizó en más del 85% de las urnas, marcando un avance significativo en la transparencia electoral.

CNE controlado por el bipartidismo y fallas logísticas

El Consejo Nacional Electoral está presidido por la comisionada del Partido Nacional, Cossette López, y la vicepresidenta Ana Hall del Partido Liberal, dos fuerzas políticas históricamente desplazadas por LIBRE en 2022. A pesar de estar en minoría, el comisionado de LIBRE, Marlon Ochoa, logró impulsar el uso del sistema biométrico y mejorar la transmisión de datos de las actas de urna.

Sin embargo, las elecciones estuvieron marcadas por problemas logísticos en la distribución del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las demoras se atribuyen a fallas en la entrega de papeletas por parte de las imprentas contratadas y cambios de última hora en la logística, situación que sigue bajo investigación.

¿Una nueva victoria de LIBRE?

Moncada, exministra de Finanzas hasta diciembre de 2023 y actual ministra de Defensa, ha sido una figura clave en la reforma institucional y económica del gobierno de LIBRE. Su gestión en Finanzas permitió recuperar el control de los fondos públicos, privatizados tras el golpe de Estado de 2009.

En septiembre de 2024, asumió el Ministerio de Defensa en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos, luego de que Honduras suspendiera el tratado de extradición tras amenazas de acusaciones de narcotráfico contra altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Durante su campaña, Moncada ha promovido un modelo de “socialismo democrático”, con mayor inversión en salud y educación, recuperación de recursos estratégicos y una reforma tributaria para reducir exenciones fiscales a grupos corporativos.

Con los resultados primarios reflejando una distribución equitativa de votos entre los tres principales partidos, el panorama electoral de noviembre de 2025 aún es incierto. No obstante, el liderazgo de Moncada en LIBRE podría ser clave para asegurar un segundo mandato del partido en el poder.

*Hondureño y argentino, economista político y sociólogo.

Se trata de la escuela primaria N°16 José María Ramos Mejía, la que enfrenta una crisis de infraestructura y condiciones inadecuadas. Docentes, estudiantes y familias denuncian la precariedad en la que deben desarrollar sus actividades diarias.

Este jueves por la tarde en las adyacencias de la escuela primaria José María Ramos Mejía, ubicada en la esquina de 33 Orientales y Don Bosco, se realizará un “semaforazo” para exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires soluciones concretas ante la grave situación edilicia que presenta esa institución educativa porteña.

A través de un comunicado divulgado por diferentes redes sociales, se denunció que el Ramos Mejía atraviesa una “crisis” debido a los graves problemas de infraestructura y condiciones inadecuadas en esa escuela.

Los convocantes a la original protesta denunciaron que la falta de agua dificulta la higiene básica de los estudiantes, maestros y del personal administrativo, además de afectar el funcionamiento del servicio del comedor escolar.

Cabe destacar que las clases iniciaron con arreglos en el patio central de la escuela, lo que impidió el uso del mismo para actividades recreativas y pedagógicas, generando un constante riesgo para los alumnos, docentes y no-docentes.

En ese sentido, en la primera semana de clases se debieron suspender las mismas debido a la falta de agua y al exceso de polvo en las aulas y espacios comunes.

La situación de los baños no es diferente, los cuales “están en pésimas condiciones, con falta de higiene e instalaciones rotas”, denunciaron.

La deficiencia en ventilación y calefacción expone a los alumnos y docentes a temperaturas extremas, con frío intenso en invierno y calor sofocante en verano. Las ventanas que no funcionan correctamente impiden una ventilación adecuada y pueden representar un peligro en caso de una evacuación de emergencia. Además, la falta de insumos básicos es evidente, con mobiliario en mal estado y una escasez de materiales didácticos que afecta directamente la calidad educativa.

Ante esta alarmante situación, la comunidad educativa exige respuestas concretas y urgentes para garantizar condiciones dignas de aprendizaje y trabajo.