El fotoperiodista estuvo casi tres meses internado tras haber sido herido durante la represión de una marcha frente al Congreso. Será trasladado al Hospital Rocca para su rehabilitación.

El fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido el pasado 12 de marzo durante una cobertura en Plaza Congreso, será dado de alta este martes del Hospital Ramos Mejía, donde permanecía internado desde entonces, e iniciará una nueva etapa de recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.

La información fue confirmada por la cuenta de Instagram “Justicia por Pablo Grillo”, que ha seguido su evolución desde el día del incidente. La familia del reportero gráfico celebró la noticia como un alivio en medio de un proceso que definieron como un “infierno”. En el mensaje publicado, agradecieron el acompañamiento recibido: “¡Gracias eternas por el cariño, el apoyo y acompañamiento!”.

Grillo, de 35 años, recibió un disparo de una lata de gas lacrimógeno en la frente, efectuado por un agente de Gendarmería Nacional mientras tomaba fotografías durante una movilización de jubilados frente al Congreso. Estuvo en terapia intensiva durante semanas y fue sometido recientemente a una cirugía por un cuadro de hidrocefalia.

A pesar de los retrocesos médicos que implicó el nuevo diagnóstico, su evolución ha sido favorable. Días atrás logró incorporarse por primera vez desde la agresión, sorprendiendo a sus familiares. “Fue increíble, sorpresivo. Se paró y nos saludó. La emoción fue inmensa”, relató su padre, Fabián Grillo.

El caso generó repercusión pública y reclamos de justicia por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. La cuenta que sigue su estado de salud también funciona como espacio de denuncia y visibilización del hecho.

Grillo continuará su rehabilitación con internación especializada, en lo que constituye un nuevo capítulo de su recuperación física y emocional.

Francos anticipó que vetarán toda ley que busque mejorar los ingresos de jubilados y personas con discapacidad. A la par, el Ejecutivo destinó casi $30.000 millones a inteligencia y espionaje.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno de Javier Milei vetará cualquier iniciativa del Congreso que busque mejorar los ingresos de jubilados o declarar la emergencia en el área de discapacidad, en medio de una crisis social profunda y creciente presión parlamentaria.

“El Ejecutivo va a vetar” esas leyes, dijo Francos en declaraciones radiales, argumentando que “no hay recursos” y señalando que el sistema previsional “no es sostenible”. La decisión fue anticipada justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para debatir reformas clave en esas áreas, impulsadas por bloques opositores y respaldadas por organizaciones sociales.

El contraste con otras prioridades del oficialismo generó inmediato repudio: mientras el Gobierno se niega a asistir a sectores vulnerables, aumentó sustancialmente las partidas para la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE. En lo que va del año, ya destinó casi 30 mil millones de pesos a ese organismo, de los cuales 8 mil millones corresponden a gastos reservados, bajo el amparo de su nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Las denuncias por espionaje ilegal, seguimientos a opositores y periodistas no han hecho más que multiplicarse.

Francos justificó la decisión en “la relación activa-pasiva del sistema jubilatorio”, y condicionó cualquier mejora a una hipotética reforma laboral y tributaria futura. “No podemos pagar lo que no tenemos”, sostuvo, aunque evitó responder sobre el desvío de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, en beneficio de la especulación financiera.

Justamente, uno de los casos que más compromete ese fondo es el default del Grupo Albanesi, deudor principal de un bono internacional por USD 350 millones, del cual el FGS es el mayor acreedor. La empresa acaba de dejar impagos USD 19,5 millones en intereses y su pasivo total supera los USD 1.000 millones.

En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue señalado por la oposición por utilizar activos del FGS para frenar la suba del dólar, comprometiendo la sustentabilidad del sistema previsional mientras se niega asistencia directa a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores del sector.

Las centrales sindicales, agrupaciones de discapacidad y bloques opositores ya evalúan estrategias judiciales y legislativas para frenar lo que consideran una “política de ajuste brutal y discriminatoria”, que castiga a los más vulnerables mientras protege intereses del poder financiero y del aparato de inteligencia.

Policía y Prefectura desalojaron con violencia a 300 feriantes que pedían reabrir La Salada. Aplicaron el protocolo de Bullrich: gas pimienta y balas de goma contra trabajadores.

La protesta de cerca de 300 trabajadores de la feria La Salada terminó este lunes en una brutal represión por parte de efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, que actuaron bajo el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los feriantes se habían concentrado por la mañana sobre Camino Negro, a la altura de Puente La Noria, para exigir el fin de la clausura judicial que desde hace más de once días les impedía trabajar. Denunciaron que el cierre del predio los dejó sin ingresos y sin respuestas claras sobre cuándo podrían retomar sus actividades.

La respuesta estatal fue inmediata y violenta: sin establecer un canal de diálogo, las fuerzas de seguridad avanzaron con gas pimienta y disparos de balas de goma para desalojar la zona, generando momentos de tensión y caos. Algunos trabajadores resultaron heridos y otros denunciaron robos y destrozos en sus pertenencias.

La clausura de la feria había sido dispuesta por la Justicia en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en ciertos puestos, pero afectó a cientos de familias que dependen del predio para subsistir. El operativo represivo se dio mientras desde el Gobierno se insiste con la “tolerancia cero” ante cualquier manifestación que interrumpa la circulación.

El episodio reavivó las críticas al protocolo de seguridad del oficialismo, cuestionado por organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos que denuncian una escalada represiva frente a los crecientes reclamos populares por la crisis económica.

El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones. Endurece las condiciones de ingreso y permanencia, y habilita el cobro a extranjeros en hospitales y universidades.

Bajo el paraguas del DNU 366/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una reforma de fondo en la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de acceso y permanencia para personas extranjeras y habilitando el arancelamiento en servicios públicos clave como salud y educación superior.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine las categorías migratorias —transitorio, temporario, permanente— y subordina el acceso a derechos fundamentales a la condición legal de residencia. Aunque mantiene la obligación de garantizar atención médica en casos de emergencia y el derecho a cursar niveles obligatorios, la novedad está en lo que excluye: las universidades podrán cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente y el sistema de salud quedará restringido a quienes no acrediten seguro o paguen por adelantado.

“Por fuera de los supuestos establecidos… sólo se brindará atención contra la presentación de un seguro o el pago previo del servicio”, reza el texto en referencia a los hospitales públicos. En paralelo, las universidades estatales tendrán vía libre para cobrar por la educación de extranjeros sin residencia permanente.

La política de expulsión también se recrudece. La Dirección Nacional de Migraciones podrá revocar residencias precarias si considera que se han “desnaturalizado los motivos” que las justificaron. Además, el trámite no implicará derecho alguno a una resolución favorable ni contará como antecedente para obtener la ciudadanía.

Las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno exigen a los extranjeros demostrar ingresos suficientes y carecer de antecedentes penales, incluso para casos de reunificación familiar. Sólo los hijos de argentinos conservarán automáticamente el estatus de residentes permanentes.

Organizaciones de derechos humanos y gremios universitarios ya expresaron su rechazo. “Es un retroceso brutal. Se criminaliza la pobreza y se vuelve a una visión selectiva y utilitarista del migrante”, señalaron desde la Cátedra de Migraciones de la UBA. En tanto, asociaciones de profesionales de la salud alertaron que la medida pondrá en riesgo la vida de miles de personas que hoy acceden a controles, tratamientos y cirugías en hospitales públicos.

La Argentina, que en 2004 fue ejemplo global con una ley migratoria basada en derechos humanos, se aleja ahora de aquel paradigma. Con el DNU 366/2025, la política migratoria adopta una lógica punitiva y excluyente, en línea con el proyecto de Estado mínimo que impulsa el oficialismo.

Con cifras que exhiben como trofeo, el Gobierno admite haber destruido casi el 10% del empleo público. El desguace estatal se profundiza con impactos críticos en salud, educación, ciencia y derechos sociales.

A 17 meses del inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei difundió con orgullo un balance lapidario: casi 48.000 trabajadores estatales fueron despedidos. El dato surge de un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quien además anunció que el recorte “se profundizará en los próximos meses”.

Según el documento, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el Estado nacional redujo su planta laboral en un 9,6%, con especial impacto en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas del Estado, donde la caída del personal alcanzó el 13,7% y 16,4%, respectivamente. El informe cuantifica el “ahorro” en 1.885 millones de dólares anuales, sin contemplar el costo social de semejante poda.

El ajuste no se limitó a despidos de planta: los contratos bajo Ley Marco se redujeron un 20%, mientras que el personal contratado bajo la modalidad de monotributo (LOYS) se desplomó en un 55%. A pesar de las advertencias de gremios, universidades y organismos internacionales sobre el deterioro del servicio público, el Gobierno insiste en que sólo se sostendrán “las áreas que cumplan una misión esencial”, sin definir qué significa esa categoría.

Mientras tanto, los efectos del vaciamiento ya se sienten: hospitales sin personal suficiente, proyectos científicos paralizados, oficinas de atención ciudadana cerradas y programas sociales desmantelados. La lógica, denuncian sindicatos y especialistas, responde a un plan ideológico de desarticulación del Estado como garante de derechos.

En paralelo, el Gobierno decidió triplicar los gastos reservados de inteligencia, mientras desfinancia áreas clave como salud, educación, ciencia y políticas de género. “Esta no es una reestructuración, es una demolición”, advirtieron desde ATE, que prepara nuevas medidas de fuerza ante lo que describen como una “ola de despidos arbitrarios y generalizados”.

Desde Casa Rosada, la narrativa es otra. El informe de Desregulación celebra el plan de despidos como un ejemplo de “eficiencia” y anuncia más motosierra: nuevas desvinculaciones y supresión de organismos considerados “innecesarios”.

Convocados por el Conicet y organizaciones científicas, investigadores y ciudadanos se movilizan este miércoles en defensa de la ciencia argentina. Denuncian recortes del 50% en la inversión estatal, salarios por el piso, parálisis en el ingreso de científicos y el éxodo forzado de jóvenes investigadores.

En un contexto de ajuste feroz sobre el sistema científico y tecnológico nacional, investigadores, becarios y trabajadores del sector marcharán este miércoles a las 13 hacia el Polo Científico en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna, tan contundente como urgente: “Sin ciencia no hay futuro”.

La protesta surge en respuesta a lo que desde distintos sectores ya definen como un “cientificidio”: recortes presupuestarios drásticos, paralización del ingreso a planta del CONICET, pérdida del poder adquisitivo de becas y sueldos, y un clima de hostigamiento discursivo que busca desprestigiar la labor científica.

La convocatoria, impulsada por numerosos institutos, universidades y colectivos de trabajadores de la ciencia, incluye una pieza audiovisual inspirada en El Eternauta, que apela a una memoria colectiva de resistencia ante lo que consideran una amenaza “tóxica” para el conocimiento nacional. La movilización principal será en Buenos Aires, pero se replicará en forma simultánea en ciudades de al menos ocho provincias.

El investigador del CONICET Alberto Kornblihtt advirtió en las últimas horas que “la situación actual no es una crisis más, es un intento deliberado de destrucción de décadas de desarrollo científico. Lo que está ocurriendo no es negligencia: es una decisión política que nos quiere borrar del mapa”.

Durante el primer trimestre de 2025, la inversión nacional en ciencia se redujo a la mitad respecto al año anterior, lo que significa un retroceso presupuestario a valores de 2005. Según un informe del Grupo de Estudios en Política Científica (EPC), la caída acumulada prevista para 2025 supera el 55% si se compara con la década anterior, incumpliendo además la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología sancionada por unanimidad en 2021.

Además de denunciar la paralización del sistema, los convocantes advierten sobre las consecuencias estructurales del desguace: deserción de jóvenes investigadores, cierre de líneas de trabajo, cancelación de proyectos internacionales y una creciente dependencia del conocimiento importado.

“No sólo están desfinanciando la ciencia. Están destruyendo el tejido institucional que la sostiene”, alertaron desde la Red Federal de Afectadxs por el Recorte en CyT. “No es un reclamo corporativo: es la defensa de un derecho social al conocimiento y al desarrollo”, afirmaron.

La marcha de este miércoles no será sólo una postal del malestar del sector. Será también, advierten los organizadores, un llamado a la sociedad para impedir que el país quede definitivamente a oscuras en materia científica y tecnológica.

La central obrera presentó un amparo para frenar el decreto que amplía al extremo las actividades “esenciales” y limita el derecho constitucional a la protesta. “Quieren borrar la huelga de un plumazo”, advirtieron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical para frenar el decreto del gobierno de Javier Milei que busca restringir el derecho a huelga al declarar como “esenciales” a una lista ampliada de actividades. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

La ofensiva contra la huelga quedó oficializada la semana pasada con la publicación del Decreto 340/2025, que impone nuevas condiciones para las medidas de fuerza, exigiendo un funcionamiento mínimo del 50% al 75% en una veintena de actividades. Desde el sector sindical lo interpretan como un intento de vaciar de contenido el principal instrumento de protesta del movimiento obrero.

“El decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, había señalado la CGT en un comunicado que anticipaba el paso por los tribunales. La central obrera remarcó que dará la batalla “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, recordó que la Justicia ya se había pronunciado contra intentos similares contenidos en el DNU 70/2023. “Están reiterando lo mismo. Pretenden cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de ejercer medidas de acción directa”, señaló.

La norma firmada por Milei incluye como esenciales a sectores estratégicos como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte, aduanas, internet y hasta el cuidado de menores, con lo cual deja bajo un régimen restrictivo a casi toda la estructura de servicios del país. Para la CGT, la decisión representa un retroceso en derechos laborales y una violación directa a convenios internacionales firmados por Argentina.

La jugada oficialista, que busca blindarse frente a eventuales paros nacionales en medio del creciente malestar social, ya generó un nuevo frente judicial con el sindicalismo organizado. Desde la central obrera confían en que la Justicia volverá a frenar el intento libertario de imponer por decreto el silenciamiento de la protesta social.

Cristian Ritondo confirmó que los partidos de Milei y Macri compartirán boleta en las elecciones legislativas bonaerenses. Ajuste, represión y negocios, el pacto que los une.

La Libertad Avanza y el PRO formalizaron su alianza para competir juntos en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El anuncio lo hizo este miércoles el diputado macrista Cristian Ritondo, tras mantener una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada.

“Vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires”, declaró Ritondo, quien agregó que “todavía falta definir qué instrumento se utilizará en septiembre y en octubre”, en referencia a la presentación formal de listas y el posible uso de sellos partidarios propios o compartidos.

En el encuentro participaron también Diego Santilli, Sebastián Pareja —mano derecha de Karina Milei en el conurbano— y Eduardo “Lule” Menem, operador clave de la estructura libertaria.

Con este acuerdo, se consolida la sociedad entre el mileísmo y el macrismo duro, que ya viene funcionando en el Congreso y que encuentra en la provincia de Buenos Aires su próxima gran apuesta electoral. Ambos espacios confluyen en un programa común: profundización del ajuste, avance sobre derechos laborales y sociales, criminalización de la protesta, y desguace del Estado.

La alianza no sorprende, pero sí deja en evidencia la sintonía ideológica entre Mauricio Macri y Javier Milei, que se traduce ahora en una estrategia electoral conjunta para disputar el poder territorial bonaerense. Para los trabajadores, jubilados y sectores populares de la provincia, la fórmula ya es conocida: más mercado, menos derechos.

El gremio de controladores aéreos anunció seis jornadas de medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales. Denuncian que el Gobierno mantiene congeladas las negociaciones con EANA.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que representa a los controladores aéreos de todo el país, anunció un plan de lucha que comenzará este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de mayo, con paros escalonados de entre tres y cuatro horas por jornada.

Las medidas de fuerza, que alcanzarán a vuelos internacionales y de cabotaje, podrían provocar demoras y cancelaciones en aeropuertos clave del país. El conflicto se desata por la falta de respuestas del Gobierno nacional y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) frente a los reclamos salariales del sector, en medio de una brutal licuación de ingresos y un congelamiento de las paritarias.

“Desde hace meses venimos exigiendo una recomposición real del salario, pero la negativa del Gobierno y la falta de voluntad de diálogo con EANA nos obliga a tomar estas medidas”, señalaron desde Atepsa. La organización remarcó que se garantizarán los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios y estatales, pero advirtió que los servicios comerciales regulares se verán gravemente afectados.

El plan de acción arranca este sábado con una interrupción de cuatro horas en los vuelos internacionales, de 13 a 17, y continuará el domingo de 19 a 22 en los servicios de cabotaje. Las jornadas de protesta no serán consecutivas, pero están calendarizadas hasta el último día del mes, en caso de no haber acuerdo.

La situación abre un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Javier Milei, que ya enfrenta paros en sectores estratégicos como el transporte, la industria electrónica fueguina, la salud y la educación. La motosierra no solo golpea el bolsillo de los trabajadores: ahora también pone en riesgo la operatividad aérea del país.

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El gobernador visitó la localidad de Laprida y repasó el avance de obras provinciales y proyectos en ejecución en el distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves la localidad bonaerense de Laprida, donde mantuvo un encuentro con el intendente local, Alfredo Fisher, con quien repasó el avance de obras provinciales y proyectos en ejecución en el distrito.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el edificio municipal, se abordaron temas vinculados a infraestructura, salud, educación y producción, en el marco del programa de acompañamiento provincial a los municipios del interior.

El mandatario estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, quienes también mantuvieron reuniones técnicas con equipos del municipio. Tras el encuentro, el gobernador recorrió una obra financiada por la provincia y dialogó con vecinos y trabajadores.

La visita a Laprida forma parte de una agenda de trabajo que el gobernador desarrolla en distintos distritos del interior bonaerense, con el objetivo de fortalecer la articulación con los gobiernos locales.