La central obrera presentó un amparo para frenar el decreto que amplía al extremo las actividades “esenciales” y limita el derecho constitucional a la protesta. “Quieren borrar la huelga de un plumazo”, advirtieron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical para frenar el decreto del gobierno de Javier Milei que busca restringir el derecho a huelga al declarar como “esenciales” a una lista ampliada de actividades. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

La ofensiva contra la huelga quedó oficializada la semana pasada con la publicación del Decreto 340/2025, que impone nuevas condiciones para las medidas de fuerza, exigiendo un funcionamiento mínimo del 50% al 75% en una veintena de actividades. Desde el sector sindical lo interpretan como un intento de vaciar de contenido el principal instrumento de protesta del movimiento obrero.

“El decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, había señalado la CGT en un comunicado que anticipaba el paso por los tribunales. La central obrera remarcó que dará la batalla “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, recordó que la Justicia ya se había pronunciado contra intentos similares contenidos en el DNU 70/2023. “Están reiterando lo mismo. Pretenden cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de ejercer medidas de acción directa”, señaló.

La norma firmada por Milei incluye como esenciales a sectores estratégicos como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte, aduanas, internet y hasta el cuidado de menores, con lo cual deja bajo un régimen restrictivo a casi toda la estructura de servicios del país. Para la CGT, la decisión representa un retroceso en derechos laborales y una violación directa a convenios internacionales firmados por Argentina.

La jugada oficialista, que busca blindarse frente a eventuales paros nacionales en medio del creciente malestar social, ya generó un nuevo frente judicial con el sindicalismo organizado. Desde la central obrera confían en que la Justicia volverá a frenar el intento libertario de imponer por decreto el silenciamiento de la protesta social.

Cristian Ritondo confirmó que los partidos de Milei y Macri compartirán boleta en las elecciones legislativas bonaerenses. Ajuste, represión y negocios, el pacto que los une.

La Libertad Avanza y el PRO formalizaron su alianza para competir juntos en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El anuncio lo hizo este miércoles el diputado macrista Cristian Ritondo, tras mantener una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada.

“Vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires”, declaró Ritondo, quien agregó que “todavía falta definir qué instrumento se utilizará en septiembre y en octubre”, en referencia a la presentación formal de listas y el posible uso de sellos partidarios propios o compartidos.

En el encuentro participaron también Diego Santilli, Sebastián Pareja —mano derecha de Karina Milei en el conurbano— y Eduardo “Lule” Menem, operador clave de la estructura libertaria.

Con este acuerdo, se consolida la sociedad entre el mileísmo y el macrismo duro, que ya viene funcionando en el Congreso y que encuentra en la provincia de Buenos Aires su próxima gran apuesta electoral. Ambos espacios confluyen en un programa común: profundización del ajuste, avance sobre derechos laborales y sociales, criminalización de la protesta, y desguace del Estado.

La alianza no sorprende, pero sí deja en evidencia la sintonía ideológica entre Mauricio Macri y Javier Milei, que se traduce ahora en una estrategia electoral conjunta para disputar el poder territorial bonaerense. Para los trabajadores, jubilados y sectores populares de la provincia, la fórmula ya es conocida: más mercado, menos derechos.

El gremio de controladores aéreos anunció seis jornadas de medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales. Denuncian que el Gobierno mantiene congeladas las negociaciones con EANA.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que representa a los controladores aéreos de todo el país, anunció un plan de lucha que comenzará este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de mayo, con paros escalonados de entre tres y cuatro horas por jornada.

Las medidas de fuerza, que alcanzarán a vuelos internacionales y de cabotaje, podrían provocar demoras y cancelaciones en aeropuertos clave del país. El conflicto se desata por la falta de respuestas del Gobierno nacional y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) frente a los reclamos salariales del sector, en medio de una brutal licuación de ingresos y un congelamiento de las paritarias.

“Desde hace meses venimos exigiendo una recomposición real del salario, pero la negativa del Gobierno y la falta de voluntad de diálogo con EANA nos obliga a tomar estas medidas”, señalaron desde Atepsa. La organización remarcó que se garantizarán los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios y estatales, pero advirtió que los servicios comerciales regulares se verán gravemente afectados.

El plan de acción arranca este sábado con una interrupción de cuatro horas en los vuelos internacionales, de 13 a 17, y continuará el domingo de 19 a 22 en los servicios de cabotaje. Las jornadas de protesta no serán consecutivas, pero están calendarizadas hasta el último día del mes, en caso de no haber acuerdo.

La situación abre un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Javier Milei, que ya enfrenta paros en sectores estratégicos como el transporte, la industria electrónica fueguina, la salud y la educación. La motosierra no solo golpea el bolsillo de los trabajadores: ahora también pone en riesgo la operatividad aérea del país.

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El gobernador visitó la localidad de Laprida y repasó el avance de obras provinciales y proyectos en ejecución en el distrito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves la localidad bonaerense de Laprida, donde mantuvo un encuentro con el intendente local, Alfredo Fisher, con quien repasó el avance de obras provinciales y proyectos en ejecución en el distrito.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el edificio municipal, se abordaron temas vinculados a infraestructura, salud, educación y producción, en el marco del programa de acompañamiento provincial a los municipios del interior.

El mandatario estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, quienes también mantuvieron reuniones técnicas con equipos del municipio. Tras el encuentro, el gobernador recorrió una obra financiada por la provincia y dialogó con vecinos y trabajadores.

La visita a Laprida forma parte de una agenda de trabajo que el gobernador desarrolla en distintos distritos del interior bonaerense, con el objetivo de fortalecer la articulación con los gobiernos locales.

La Corte Suprema ordenó que la justicia bonaerense investigue a tres referentes del PRO por campaña anticipada. También están implicados De la Torre y Burlando.

Tres pesos pesados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti, serán investigados por la Justicia provincial por haber lanzado sus campañas para gobernador de forma anticipada en 2023, violando la ley electoral. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que el fuero penal bonaerense es el competente para avanzar en la causa, que incluye además al exfuncionario peronista Joaquín de la Torre y al abogado mediático Fernando Burlando.

Según la denuncia presentada por el abogado Emiliano Rodríguez, los dirigentes desplegaron afiches, spots y acciones proselitistas en redes sociales cuando aún no estaban habilitados por ley para hacerlo. El artículo 16 de la norma electoral provincial establece con claridad que las campañas solo pueden comenzar 30 días antes de las primarias. Pero los referentes del PRO ignoraron la normativa, apostaron al marketing vacío y se lanzaron sin freno ni control, dando muestras de que el respeto a las reglas solo aplica para sus rivales.

El fallo de la Corte llega en un momento incómodo para el PRO, en plena negociación con La Libertad Avanza por acuerdos en Buenos Aires. Lejos de representar una “nueva política”, los nombres que encabezan esta causa simbolizan lo más rancio de la vieja maquinaria electoral: Ritondo, exministro de Seguridad con oscuros vínculos judiciales; Santilli, eterno funcionario sin territorio propio; Grindetti, intendente devenido en fugaz candidato. Todos ellos ahora, además, con una causa penal en marcha por no respetar siquiera las reglas básicas del juego democrático.

La expresidenta hablará este domingo en el aniversario número 22 de la asunción de Néstor Kirchner. Su reaparición agita el mapa del peronismo en plena disputa por el liderazgo opositor.

Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá este domingo con un acto en la Ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 22 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. El evento, que se realizará en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, forma parte del “Encuentro de la Cultura Popular” y podrá seguirse en vivo por redes sociales. La actividad se enmarca bajo el lema: “El nacimiento de la Patria, a 22 años de Néstor Kirchner presidente”.

El regreso de la exmandataria se produce en medio de una creciente tensión interna en el peronismo. Su reaparición es leída como un gesto de reafirmación política, en un momento donde el kirchnerismo debate su conducción y estrategia. Cristina, alejada del centro de la escena desde diciembre, vuelve en una fecha cargada de simbolismo para recordar el legado de Néstor Kirchner y revitalizar su relación con la militancia.

Con Axel Kicillof proyectando autonomía desde la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei consolidando su agenda liberal, la palabra de Cristina será observada con atención por propios y ajenos. Su presencia podría significar un punto de inflexión para el peronismo, en busca de unidad y definición rumbo al 2025.

La eliminación de aranceles a productos electrónicos importados encendió la protesta en Tierra del Fuego. Los gremios denuncian que la medida destruye el empleo industrial y entrega el mercado a empresas extranjeras.

Tierra del Fuego amaneció paralizada por completo este miércoles en respuesta al brutal ajuste del gobierno nacional sobre la industria electrónica. La decisión de eliminar aranceles e impuestos internos para productos importados desató un paro general encabezado por la UOM, ASIMRA y otros gremios, que advirtieron que la medida pone en riesgo más de 6000 puestos de trabajo.

El epicentro de la protesta se concentra en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde se ubican las principales plantas de ensamblado de celulares, televisores y aires acondicionados del país. En 2024, la producción fueguina superó los 5,5 millones de celulares, lo que da dimensión del impacto que tendría la apertura indiscriminada del mercado.

“Están desmantelando el régimen industrial fueguino”, denunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, al criticar la eliminación del 16% de arancel que protegía la producción nacional. A su vez, la senadora Cristina López alertó que “las medidas responden a exigencias del FMI y no a las necesidades del país”.

La protesta incluye una amplia articulación sindical: además de la UOM y ASIMRA, se sumaron ATE, La Bancaria, ATSA, Judiciales, docentes, remiseros y choferes de colectivos. El único gremio exceptuado fue el de Petroleros, por encontrarse bajo conciliación obligatoria.

La medida oficial fue publicada esta semana en el Boletín Oficial y permite la importación directa y con baja carga impositiva de celulares, televisores y aires. El Gobierno justifica el cambio con el argumento de que hará “más accesible la tecnología” para los consumidores, pero en Tierra del Fuego lo ven como una sentencia de muerte al entramado productivo que sustenta a miles de familias.

“Es una competencia desleal que destruye el empleo”, afirmaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Las empresas más afectadas son Newsan y Mirgor, que concentran más del 87% de la producción local.

El paro incluye un acto central frente a la planta de Mirgor, donde se leerá un documento que convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a “defender la industria nacional y el trabajo argentino”.

El gobernador Gustavo Melella también expresó su rechazo: “Esto pone en riesgo no solo la economía fueguina, sino la estabilidad social de toda la provincia. Vamos a estar del lado de los trabajadores”.

Mientras el Ejecutivo avanza con su plan de “modernización” basado en importaciones, Tierra del Fuego responde con una contundente señal de resistencia que pone en evidencia los costos humanos y productivos de las decisiones libertarias.

El gobierno recorta un área clave de memoria, verdad y justicia. La Secretaría será reducida a Subsecretaría y el 30% del personal será despedido. También habrá un golpe contra Cultura y la historia nacional.

En una nueva ofensiva contra las estructuras estatales que preservan la memoria histórica y garantizan derechos fundamentales, el gobierno de Javier Milei anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido del 30% de su planta de trabajadores.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia habitual en Casa Rosada. Con tono celebratorio, el funcionario afirmó que “se recortará un 40% de la estructura” y que los despidos implicarán un “ahorro de 9 mil millones de pesos anuales”. Adorni volvió a cargar contra la función pública, al sostener que la Secretaría pasará a “defender todos los derechos humanos, no los de un sector ideológico partidario”.

La medida es parte de un ajuste sistemático que ya dejó 45 mil estatales en la calle en apenas un año y medio de gestión. En el caso del área de Derechos Humanos, el recorte adquiere un carácter simbólicamente grave: representa el vaciamiento deliberado de políticas ligadas a la memoria, los crímenes de la dictadura y la reparación histórica.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión y sostuvo que “el contexto actual exige medidas urgentes”. Según el funcionario, ya se produjeron 405 despidos en el área, lo que representa el 44% del personal recibido.

Golpe a la cultura y la historia nacional

El ataque no se detiene en Derechos Humanos. En paralelo, el gobierno libertario anunció también una intervención directa en instituciones culturales, con cambios profundos en su estatus jurídico y autonomía.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) perderá su autarquía y pasará a estar bajo control centralizado, lo que habilita recortes directos y despidos. Lo mismo ocurrirá con organismos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, el Palacio Libertad (ex CCK) y la CONABIP (Bibliotecas Populares).

Además, el Ejecutivo impulsa una reorganización de los institutos históricos, que incluye la disolución de varios organismos clave. Se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que absorberá al Instituto Sanmartiniano, al Evita (transformado en museo), y fusionará al Yrigoyeneano con el Rosas. En tanto, los institutos Browneano, Belgraniano y Newberiano serán directamente eliminados.

Con esta decisión, el gobierno desarma instituciones encargadas de preservar la memoria y construir identidad nacional, mientras avanza en su plan de ajuste sin contemplaciones, incluso a costa de la historia, los derechos y la cultura del país.

Con un clic y sin pasar por ventanilla, el Gobierno acelera el camino hacia una sociedad más armada.

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un trámite digital para que civiles y personal de las fuerzas de seguridad obtengan la “tenencia exprés” de armas de fuego. La iniciativa, impulsada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 45/2025 y ya genera preocupación en sectores que advierten sobre la flexibilización de los controles.

El nuevo sistema permite gestionar online, a través de la plataforma MiAnmac, la autorización para armas adquiridas en armerías registradas. También habilita la emisión digital de credenciales de tenencia y consumo de municiones, disponibles en la app MiArgentina.

Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “simplificar y agilizar los trámites” mediante controles automatizados de antecedentes penales y validaciones digitales para miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Sin embargo, la medida profundiza el giro liberalizador en materia armamentista, iniciado en diciembre pasado cuando el Ejecutivo redujo a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario.

Menos controles, más armas

La resolución vuelve a encender alarmas en organismos de derechos humanos y sectores que alertan por el impacto social de armar a la población civil en un contexto de crisis económica, conflictividad social y desprotección estatal.

Los requisitos actuales para ser legítimo usuario incluyen mayoría de edad, certificado médico en algunos casos, acreditación de identidad, medios lícitos de vida y ausencia de antecedentes penales. No obstante, la digitalización y automatización de procesos puede generar una puerta de entrada más expedita sin mayor evaluación contextual.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con su agenda de “mano dura ciudadana”, con una política que muchos ven más cercana al ideal libertario de autodefensa armada que a la seguridad pública planificada.

Tras la contundente derrota electoral en CABA, Mauricio Macri se va de viaje y deja el camino libre para que Ritondo pacten con La Libertad Avanza.

La derrota en las elecciones porteñas encendió todas las alarmas en el PRO. La fuerza que gobernó CABA durante casi dos décadas firmó este domingo su peor resultado histórico, y con Mauricio Macri armando las valijas para irse a Perú y luego a Dubái, el camino quedó allanado para que Javier Milei avance con la integración total del partido amarillo a la maquinaria libertaria.

Cristian Ritondo quedó al frente de las conversaciones con La Libertad Avanza, en una movida que acelera la mutación del PRO en una fuerza satelital del oficialismo. La foto de su hermana Karina con Ritondo, Sebastián Pareja, José Luis Espert, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem fue más que un retrato: fue la postal de un acuerdo que avanza sin Macri y sin disimulos.

“La gente lo votó a Milei, no a Macri. Quizás tenga que entender que su momento ya pasó”, lanzó el presidente esta mañana en una entrevista radial, dejando en claro que la fusión se da en sus términos. La línea es clara: quien quiera poder, debe alinearse sin condiciones.

Macri se borra

Lejos de dar pelea o encabezar la reconstrucción, el expresidente optó por la fuga: primero a Perú, por motivos institucionales ligados a la Fundación FIFA; luego, rumbo a Dubái. Su silencio es proporcional a la derrota. Su candidata en CABA, Silvia Lospenatto, quedó tercera, desfondada por el arrastre de Manuel Adorni, el vocero presidencial que encabezó la lista libertaria.

La elección no solo representó una humillación para el PRO porteño; también instaló un nuevo equilibrio de poder entre Milei y sus exsocios. El oficialismo ya no necesita mediaciones para avanzar sobre el aparato territorial que los amarillos aún controlan, especialmente en la siempre escurridiza Provincia de Buenos Aires.

Provincia, el próximo objetivo

Pero no todo es victoria para el Gobierno. El mapa electoral porteño dejó señales contradictorias. Mientras Adorni arrasó en el corredor norte, las comunas del sur y del centro se pintaron de verde: Leandro Santoro ganó con amplitud en los barrios más populares. Y allí, donde Milei había captado voto bronca en 2023, ahora asoman señales de rechazo al ajuste.

El desembarco libertario en la Provincia de Buenos Aires buscará aprovechar la fragilidad del PRO, pero enfrenta una doble dificultad: una demografía menos elitista que la porteña y una tradición radical-republicana que Milei choca de frente con su estilo incendiario.

Una absorción por goteo

La “absorción” del PRO ya no es solo una hipótesis: es una estrategia en marcha. Lo que no pudo Macri con los radicales, lo está logrando Milei con los suyos. Ya sin capital político ni conducción efectiva, los cuadros que aún sobreviven dentro del partido se apuran a sellar acuerdos para no quedar afuera del nuevo mapa.

El pragmatismo libertario vuelve a mostrar su capacidad para digerir enemigos sin indigestarse. Así lo hizo con Patricia Bullrich, convertida en ministra tras ser acusada de “poner bombas en jardines de infantes”; así lo hace ahora con los restos del macrismo.

Quedarse afuera ya no es una opción. Lo que está en juego no es solo el poder: es la supervivencia política.