ATE se moviliza al Ministerio de Economía para exigir paritarias sin techo y denunciar la política de despidos masivos. El gremio acusa al Gobierno de “hambrear y destruir” el empleo público.

En el marco de una jornada nacional de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La consigna es clara: paritarias libres, reincorporación de los despedidos y freno al vaciamiento del Estado.

“El Gobierno hambrea, despide y destruye el aparato estatal”, denunció el gremio en un comunicado que apuntó directamente contra el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

Despidos y deterioro salarial
Desde diciembre, el sindicato denuncia una ola sistemática de cesantías que, aseguran, busca reducir al mínimo la estructura pública, tercerizar funciones estratégicas y precarizar a los trabajadores del Estado.

“Sabemos que parte del plan de vaciamiento del Estado es arrojarnos a la pobreza. Por eso vamos a seguir luchando por nuestro poder adquisitivo y por una vida digna para todas y todos”, sostuvo ATE tras un plenario de delegados que resolvió la medida.

El salario no alcanza
Según estimaciones del gremio, el salario promedio de un trabajador estatal ronda los $750.000, una cifra que, frente a la línea de pobreza —que en abril superó los $1.147.000 para una familia tipo con vivienda propia—, resulta “claramente insuficiente y ofensiva”.

Los incrementos salariales otorgados hasta ahora tanto por el Gobierno nacional como por el porteño “no cubren ni la mitad de la inflación acumulada”, aseguran desde ATE, que además reclama la inmediata apertura de negociaciones salariales sin imposiciones ni techos.

Ajuste en tiempo real
En medio de un discurso oficial que celebra el “déficit cero” y el recorte del gasto público, los trabajadores estatales advierten que detrás de los números prolijos hay miles de despidos, oficinas desmanteladas y funciones claves abandonadas.

“Nos enfrentamos a un modelo que busca destruir el Estado para entregarlo a los privados”, advierten desde ATE, que promete continuar con las medidas de fuerza si no hay respuesta a sus demandas.

Mientras el Gobierno defiende el rumbo con elogios de los mercados, en la calle crece la protesta de quienes sienten que ese ajuste se paga, una vez más, con el bolsillo y el trabajo de los de abajo.

Una de cada tres pymes perdió mercado frente a la avalancha de productos extranjeros. Mientras caen la producción y el empleo, Milei baja aranceles y festeja la competencia “libre”.

La política de apertura comercial del Gobierno nacional ya muestra sus consecuencias: el 30% de las pymes industriales perdió participación de mercado por el avance de las importaciones, mientras que un 42% se siente directamente amenazada por la entrada de productos del exterior. Así lo revela el último informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), que alerta sobre el deterioro acelerado del tejido productivo nacional.

El fenómeno golpea con especial fuerza a sectores clave como la metalmecánica (60% de afectadas), textiles y calzado (57%) y la industria química (44%). El estudio, que releva a más de 500 empresas de todo el país, advierte que se alcanzaron niveles de vulnerabilidad superiores incluso a los registrados en los picos de crisis de 2016 y 2018.

“Se vende más, pero se produce menos”
Uno de los datos más llamativos es la desconexión entre ventas y producción: en el primer trimestre del año, las ventas deflactadas subieron un 15%, pero la producción cayó un 3%. La explicación es alarmante: muchas pymes están dejando de fabricar para dedicarse a vender productos terminados importados.

“El interrogante es si este repunte comercial se traducirá en reactivación productiva o si, por el contrario, consolidará un modelo de sustitución de producción nacional por bienes foráneos”, indica la FOP.

Menos trabajo, más costos
En paralelo, el empleo en el sector pyme industrial se redujo un 5%, mientras que los aumentos de costos siguen asfixiando a las empresas:

• El 64% reportó caída de ventas.
• El 51% sufrió alzas en los costos laborales.
• El 41% denunció aumentos en materias primas.

Pese a este escenario, el Gobierno insiste en profundizar el rumbo: recientemente redujo aranceles a celulares y electrónicos, lo que representa un nuevo golpe para las industrias locales.

Una economía abierta… pero para unos pocos
Aunque el oficialismo intentó compensar la crisis con la quita de retenciones a las exportaciones de pymes (del 3% al 5% para unas 3.800 empresas), la medida luce insuficiente frente a la velocidad con la que se achica el mercado interno.

Con una macro inestable, consumo deprimido y avalancha importadora, cada vez más empresas se enfrentan a un dilema existencial: reconvertirse o desaparecer. El Gobierno, por ahora, no parece dispuesto a ofrecer otra opción.

Mauricio Claver-Carone, operador clave de Trump, advirtió que mientras Argentina mantenga el swap con China, “no será libre”. La Casa Blanca y el Partido Republicano reaccionaron con furia al acuerdo. Acusan a Milei de doble discurso.

Mauricio Claver-Carone, exdirector del BID y figura clave en la política hemisférica de Donald Trump, encendió las alarmas en el Gobierno argentino al disparar contra la renovación del swap de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China. “Mientras tenga ese swap, Argentina no es libre”, sentenció en una entrevista que hizo crujir los puentes entre Buenos Aires y Washington.

El acuerdo con China, por US$5.000 millones, fue renovado por la gestión de Javier Milei en medio de las negociaciones con el FMI, y ahora está en el centro de un cruce geopolítico que expone la fragilidad del discurso oficial. Mientras el Presidente insiste en una alineación incondicional con Estados Unidos e Israel, sectores duros del Partido Republicano le reclaman coherencia y señalan que los lazos financieros con Beijing socavan la “independencia económica” que el libertario dice defender.

Según Claver-Carone, el swap con China condicionó el diseño del nuevo préstamo por US$20.000 millones con el Fondo Monetario. “Si se hubiese cancelado antes, el programa podría haber sido más robusto”, señaló, apuntando a una contradicción que en Washington ya se volvió insostenible. También recordó que funcionarios clave del Partido Republicano, como Scott Bessent y el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, expresaron en las últimas semanas su rechazo al vínculo con China.

Desde Beijing, la embajada china no se quedó atrás: acusó a Estados Unidos de intentar “sabotear” un acuerdo que, para ellos, representa una herramienta de cooperación estratégica con América Latina. En cambio, para Washington, es un instrumento de presión política y financiera de Xi Jinping sobre el Cono Sur.

El fuego cruzado estalló justo cuando Milei intenta presentarse en escena internacional como un socio confiable de Occidente. Pero las cuentas no cierran: para cumplir con vencimientos inmediatos y evitar un salto cambiario, el Gobierno decidió renovar el swap, contradiciendo su prédica ideológica. Esa tensión ahora se hace pública y amenaza con desgastar aún más la posición externa del país.

“Queremos asegurarnos de que ningún acuerdo con el Fondo prolongue ese swap. Si hacemos eso, nos estamos pegando un tiro en el pie”, advirtió Claver-Carone, con tono de ultimátum. La frase resume el nuevo dilema: o la lealtad con el Norte o la dependencia con el Este. En el medio, un país endeudado, fragmentado y presionado desde los dos extremos del tablero global.

Aunque el Gobierno celebra una mínima desaceleración inflacionaria, las ventas en supermercados cayeron otro 2,9% en abril. El consumo masivo acumulado sigue en rojo y los hogares necesitan casi $1,2 millones para no ser pobres. La recesión golpea de lleno el plato de los argentinos.

A pesar que la administración de Javier Milei intentó mostrar cierto alivio con el dato de inflación de abril, el bolsillo de los argentinos continúa en retroceso. Las ventas en supermercados volvieron a desplomarse un 2,9% interanual, con una caída más profunda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde alcanzó el 4,5%, frente al 1,3% del interior.

Según el relevamiento de la consultora Scentia, abril mostró una variación positiva del 0,1% en el consumo masivo total, un número apenas simbólico, pero que representa la primera suba desde diciembre de 2023. En lo que va del año, sin embargo, el consumo acumula una baja del 6,5%. Para poner en contexto: en septiembre del año pasado la caída fue del 22,2%, en octubre del 20,3% y en noviembre del 19,8%.

Mientras los alimentos suben por ascensor y los salarios por escalera, los hogares argentinos necesitan cada vez más ingresos para sobrevivir. Según el último informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en abril una familia tipo necesitó $1.167.271 para no ser pobre y $630.787 para no caer en la indigencia. La clase media quedó definida por ingresos entre $1,8 millones y $4 millones. Todo por debajo de esos números implica fragilidad.

El dato del IPC de abril fue del 2,8%, rompiendo la barrera del 3% como esperaba el Ejecutivo. Con este número, la inflación acumulada en 2025 asciende al 11,6%, mientras que la interanual alcanzó el 47,3%. Sin embargo, ese número se relativiza si se contrasta con el salto del tipo de cambio: tras la flotación del dólar oficial, la cotización llegó a superar los $1.200, triplicando la inflación del mes.

En los comercios de cercanía, en tanto, se registró un crecimiento del 3,1% interanual, impulsado sobre todo por el AMBA, donde el repunte alcanzó el 6,7%. El contraste con las grandes superficies refleja un cambio en los hábitos de compra ante la pérdida de poder adquisitivo: menos volumen, más compras de emergencia, menos stockeo.

El panorama económico sigue sin dar respiro: los números muestran que, lejos de una recuperación, el consumo básico está en estado crítico y el modelo de ajuste recae sobre los sectores populares. Mientras el Gobierno festeja índices que no se traducen en alivio real, la mesa de los argentinos sigue vaciándose.

El procurador pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidente en la causa Vialidad. Se profundiza la ofensiva judicial contra la dirigente política más votada desde el retorno democrático.

En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se eleve la condena en su contra a 12 años de prisión, esta vez por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad.

La medida busca no solo agravar la pena ya impuesta por administración fraudulenta —6 años dictados en diciembre de 2022—, sino también habilitar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que en los hechos representaría la proscripción política de la principal referente del campo popular argentino.

Casal respaldó el recurso presentado por el fiscal Mario Villar y pidió ampliar el decomiso de bienes y revertir la absolución del ex ministro Julio De Vido. En su dictamen, acusó a los tribunales inferiores de haber actuado con “arbitrariedad” al descartar la figura de asociación ilícita, desoyendo incluso pruebas y criterios ya debatidos en instancias anteriores.

La avanzada se da en un contexto político marcado por la judicialización de la política, donde sectores del Poder Judicial operan abiertamente como actores partidarios. No es menor que Casal, procurador interino desde 2017, haya sido sostenido durante años por el macrismo y nunca ratificado por el Senado, lo que debilita su legitimidad institucional.

Cristina Kirchner ya había denunciado en múltiples ocasiones que las causas judiciales en su contra no buscan justicia sino su proscripción. La posible intervención de la Corte, luego del dictamen de Casal, abre la puerta a un fallo definitivo que, de concretarse, excluiría a la expresidenta de la vida política por fuera de cualquier decisión del voto popular.

Dos constructoras se retiran por falta de pagos de Enarsa, se acumulan deudas desde febrero y renunció el gerente de mantenimiento. La parálisis afecta una obra estratégica que ahorra USD 3.000 millones anuales en energía.

Una nueva señal de crisis golpea al desarrollo energético de Vaca Muerta. La obra del gasoducto clave para el transporte de gas natural quedó virtualmente detenida luego de que la UTE conformada por Contreras Hermanos y Esuco anunciara su retiro del proyecto. El motivo: Enarsa acumula meses de deudas impagas y se niega a reconocer sobrecostos inesperados.

El ducto, considerado estratégico para reducir importaciones y mejorar el abastecimiento interno, quedó con tramos críticos inconclusos, especialmente en la planta compresora de Salliqueló, indispensable para el pleno funcionamiento del sistema.

A esto se suma el colapso de una estación de medición en La Pampa, provocado por un temporal, pero agravado por la falta de mantenimiento. La situación, según fuentes del sector, refleja la parálisis técnica y administrativa que atraviesa la empresa estatal.

En una nota formal dirigida a Enarsa, la UTE fue tajante: “Se procederá a la relocalización de todos los recursos que esta Contratista mantiene actualmente dentro del predio de Enarsa, correspondiente a la zona de emplazamiento de la Planta Compresora Salliqueló”. Y añadieron: “A partir del lunes 19 de mayo de 2025, todas las comunicaciones deberán canalizarse exclusivamente por correo electrónico y/o mediante carta contractual, conforme los interlocutores designados por ambas partes”.

El cuadro se agrava por el deterioro interno en Enarsa. Esta semana renunció Oscar Álvarez, gerente de mantenimiento del gasoducto, en medio de una ola de dimisiones. Una fuente de la empresa no ahorró críticas: “Mientras el club de asesores que rodeaban a las autoridades de Enarsa se van retirando o huyendo como ratas y con vacaciones pagas, la empresa sigue a la deriva”.

Sin previo aviso, la petrolera estatal aplicó una suba en todos sus combustibles desde la medianoche del miércoles. El incremento, aunque leve en porcentaje, fue notorio al llenar el tanque. Hace apenas dos semanas, se había prometido una baja.

En una nueva medida que golpea al ya deteriorado poder adquisitivo, YPF aplicó desde la medianoche del miércoles un aumento en todos sus combustibles. El ajuste fue del 0,4% en promedio, pero sorprendió por su carácter sorpresivo y por su impacto acumulativo, justo cuando el Gobierno nacional había anunciado una baja del 4% apenas dos semanas atrás.

La suba se registró sin previo aviso ni comunicación oficial, lo que generó malestar entre usuarios y conductores que, al llegar a las estaciones de servicio, se encontraron con el nuevo cuadro tarifario. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, al momento de llenar el tanque la diferencia fue evidente, especialmente en contextos de inflación persistente y pérdida del poder de compra.

El movimiento de precios se produce en un marco de inestabilidad para el mercado de combustibles, en el que el Gobierno había prometido contener aumentos mediante una reducción impulsada por la caída del precio internacional del barril de petróleo. Esa promesa duró apenas quince días.

Con esta nueva corrección, vuelve a quedar en evidencia la falta de previsibilidad en los costos de los servicios esenciales y la desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad en surtidores.

Hasta el momento, YPF no emitió comunicado formal y se desconoce si este ajuste responde a presiones internas de mercado, reacomodamientos de márgenes o una nueva política de precios impulsada desde el Ejecutivo. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo el único combustible que no deja de subir.

Con un discurso plagado de estigmas y falsedades, Manuel Adorni anunció un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria: restricciones para residencias y ciudadanía, expulsiones aceleradas y arancelamiento de servicios públicos.

En una nueva ofensiva contra los migrantes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles un paquete de medidas que endurecen de forma drástica el acceso a la residencia permanente, la ciudadanía, y los servicios públicos para extranjeros. Con un tono autoritario y acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el funcionario confirmó que quienes cometan delitos —o incluso solo ingresen de manera irregular— serán expulsados del país, y que los migrantes deberán comenzar a pagar por la atención sanitaria y, eventualmente, por la educación universitaria.

En línea con el discurso de la ultraderecha internacional, Adorni utilizó el eslogan de Donald Trump —“Hacer grande a la Argentina otra vez”— y apeló a los clichés de la “invasión migrante” y los “tours sanitarios”, sin brindar datos verificables ni permitir preguntas de la prensa.

“Queremos recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley, y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas”, afirmó el vocero. Entre los puntos más controvertidos del anuncio se destacan la expulsión inmediata de migrantes con condenas, sin importar el tipo de delito ni el tiempo de residencia, el rechazo en frontera a cualquier extranjero con antecedentes penale, el arancelamiento obligatorio de la salud pública para residentes transitorios e inmigrantes “ilegales, la autorización a las universidades nacionales a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros y la modificación de los requisitos para obtener la ciudadanía: ahora se exigirá una residencia continua de dos años sin salir del país.

“Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas”, sostuvo Adorni, y se quejó de que “las condiciones de deportación son demasiado flexibles”. En otro tramo, denunció sin fuentes que “en un año, ocho hospitales nacionales gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.

Pese al intento de criminalización, los datos oficiales desmienten al Gobierno. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, vigente a diciembre de 2022, sólo el 5% de la población penitenciaria es de origen extranjero: 5.089 personas sobre un total de 105.053. Lejos de lo que sugiere la narrativa oficial, no existe correlación entre migración y delincuencia.

Las medidas serán implementadas por decreto, en otra muestra del avance del Ejecutivo sobre temas sensibles sin debate parlamentario. La ministra Bullrich, quien impulsó en su gestión anterior el fallido DNU 70/2017 (de contenido similar y declarado inconstitucional por la Corte Suprema), vuelve a la carga contra las personas migrantes, ahora con respaldo presidencial.

En paralelo, Adorni —quien se posiciona como candidato a legislador porteño— utilizará estas conferencias como plataforma de campaña en la recta final electoral. El jueves se espera un nuevo anuncio vinculado al blanqueo de capitales, otra medida controvertida del oficialismo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su modelo de ajuste y exclusión, ahora apuntando contra los sectores más vulnerables y con un mensaje que estigmatiza, desinforma y vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, la promesa de libertad parece aplicarse solo a unos pocos.

La Agencia Nacional de Discapacidad anuló la resolución que establecía controles sobre más de un millón de beneficios. Organizaciones advierten por el impacto del ajuste en el sector y reclaman una política clara de protección.

El Gobierno nacional suspendió de manera temporal el proceso de auditorías sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derogó una normativa anterior impulsada en el marco del ajuste fiscal.

La decisión afecta la Resolución 187/2025, que preveía un procedimiento de revisión integral con entrevistas presenciales y evaluaciones médicas a más de un millón de personas beneficiarias. Según argumentó el Ejecutivo, el esquema presentaba inconsistencias técnicas y carecía de estándares internacionales adecuados.

“Se identificaron aspectos del baremo médico que no garantizaban equidad en la evaluación”, señalaron desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. De acuerdo con el texto oficial, la revisión de los parámetros utilizados evidenció una falta de solidez normativa y técnica, motivo por el cual se resolvió “iniciar un nuevo proceso de validación”.

A pesar del retroceso parcial, el Gobierno ratificó su intención de continuar con una revisión del padrón, aunque bajo un nuevo procedimiento que, según anunció, será elaborado conforme a criterios internacionales. No se establecieron plazos para la reanudación de las auditorías.

En paralelo, organizaciones del sector de la discapacidad denunciaron un escenario de “abandono estatal” y alertaron sobre el deterioro en la cobertura de servicios terapéuticos, transporte y apoyos escolares. Centros de atención y profesionales advierten que el ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional desde el inicio de su gestión ha generado una situación crítica sin precedentes.

La suspensión de las auditorías ocurre luego de semanas de reclamos por parte de familias, instituciones y entidades que agrupan a personas con discapacidad, quienes denunciaron la aplicación “indiscriminada” de recortes y controles que ponían en riesgo derechos adquiridos.

La contratación se resolvió en diez días y favoreció a un solo proveedor. El precio mensual aumentará un 20% respecto del esquema anterior. Empresas excluidas cuestionan los plazos y el diseño del pliego.

El PAMI adjudicó un contrato por US$450 millones para la provisión de pañales para adultos a un único proveedor, en el marco de un proceso licitatorio acelerado que finalizó en menos de dos semanas. El nuevo esquema implica un incremento del 20% en los costos mensuales y modificaciones en las especificaciones técnicas que, según fuentes del sector, suponen una reducción en la calidad del producto.

La licitación, lanzada el 14 de abril y resuelta el 25 del mismo mes, coincidió con el feriado de Semana Santa, dejando solo seis días hábiles para la presentación de ofertas. De las cuatro empresas interesadas inicialmente, tres fueron descalificadas por cuestiones técnicas y presentaron objeciones formales sobre los plazos y condiciones. La única firma habilitada resultó adjudicataria del contrato, que contempla la distribución directa a domicilio, sin intermediarios.

El precio mensual pasará de $11.000 millones a $13.000 millones, con un anticipo del 3% del total del contrato, equivalente a más de $4.000 millones. El nuevo pliego modificó los requisitos de peso y absorción de los pañales: se pasó de 75 a 50 gramos y se eliminaron refuerzos y capas dobles. Profesionales vinculados al área sanitaria advirtieron que estos cambios pueden afectar la efectividad del producto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la adjudicación al asegurar que el nuevo modelo permitirá un ahorro de $5.000 millones anuales y eliminará “intermediarios que se quedaban con recursos del Estado”. También afirmó que los pliegos fueron revisados tras más de una década, ajustándose a parámetros establecidos por la ANMAT.

En paralelo, se conoció que la empresa adjudicataria ya había solicitado presupuestos a fabricantes locales en marzo, antes de conocerse públicamente los términos de la licitación. Este dato alimentó las sospechas de direccionamiento que evalúan las firmas excluidas, las cuales analizan medidas judiciales para impugnar la resolución.

El contrato adjudicado es el tercero en volumen dentro del PAMI, luego de los destinados a medicamentos e internaciones. El organismo distribuye cada mes cerca de 17 millones de pañales y apósitos entre sus afiliados.