La Corte Suprema ordenó que la justicia bonaerense investigue a tres referentes del PRO por campaña anticipada. También están implicados De la Torre y Burlando.

Tres pesos pesados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti, serán investigados por la Justicia provincial por haber lanzado sus campañas para gobernador de forma anticipada en 2023, violando la ley electoral. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles que el fuero penal bonaerense es el competente para avanzar en la causa, que incluye además al exfuncionario peronista Joaquín de la Torre y al abogado mediático Fernando Burlando.

Según la denuncia presentada por el abogado Emiliano Rodríguez, los dirigentes desplegaron afiches, spots y acciones proselitistas en redes sociales cuando aún no estaban habilitados por ley para hacerlo. El artículo 16 de la norma electoral provincial establece con claridad que las campañas solo pueden comenzar 30 días antes de las primarias. Pero los referentes del PRO ignoraron la normativa, apostaron al marketing vacío y se lanzaron sin freno ni control, dando muestras de que el respeto a las reglas solo aplica para sus rivales.

El fallo de la Corte llega en un momento incómodo para el PRO, en plena negociación con La Libertad Avanza por acuerdos en Buenos Aires. Lejos de representar una “nueva política”, los nombres que encabezan esta causa simbolizan lo más rancio de la vieja maquinaria electoral: Ritondo, exministro de Seguridad con oscuros vínculos judiciales; Santilli, eterno funcionario sin territorio propio; Grindetti, intendente devenido en fugaz candidato. Todos ellos ahora, además, con una causa penal en marcha por no respetar siquiera las reglas básicas del juego democrático.

La expresidenta hablará este domingo en el aniversario número 22 de la asunción de Néstor Kirchner. Su reaparición agita el mapa del peronismo en plena disputa por el liderazgo opositor.

Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá este domingo con un acto en la Ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 22 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. El evento, que se realizará en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, forma parte del “Encuentro de la Cultura Popular” y podrá seguirse en vivo por redes sociales. La actividad se enmarca bajo el lema: “El nacimiento de la Patria, a 22 años de Néstor Kirchner presidente”.

El regreso de la exmandataria se produce en medio de una creciente tensión interna en el peronismo. Su reaparición es leída como un gesto de reafirmación política, en un momento donde el kirchnerismo debate su conducción y estrategia. Cristina, alejada del centro de la escena desde diciembre, vuelve en una fecha cargada de simbolismo para recordar el legado de Néstor Kirchner y revitalizar su relación con la militancia.

Con Axel Kicillof proyectando autonomía desde la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei consolidando su agenda liberal, la palabra de Cristina será observada con atención por propios y ajenos. Su presencia podría significar un punto de inflexión para el peronismo, en busca de unidad y definición rumbo al 2025.

La eliminación de aranceles a productos electrónicos importados encendió la protesta en Tierra del Fuego. Los gremios denuncian que la medida destruye el empleo industrial y entrega el mercado a empresas extranjeras.

Tierra del Fuego amaneció paralizada por completo este miércoles en respuesta al brutal ajuste del gobierno nacional sobre la industria electrónica. La decisión de eliminar aranceles e impuestos internos para productos importados desató un paro general encabezado por la UOM, ASIMRA y otros gremios, que advirtieron que la medida pone en riesgo más de 6000 puestos de trabajo.

El epicentro de la protesta se concentra en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde se ubican las principales plantas de ensamblado de celulares, televisores y aires acondicionados del país. En 2024, la producción fueguina superó los 5,5 millones de celulares, lo que da dimensión del impacto que tendría la apertura indiscriminada del mercado.

“Están desmantelando el régimen industrial fueguino”, denunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, al criticar la eliminación del 16% de arancel que protegía la producción nacional. A su vez, la senadora Cristina López alertó que “las medidas responden a exigencias del FMI y no a las necesidades del país”.

La protesta incluye una amplia articulación sindical: además de la UOM y ASIMRA, se sumaron ATE, La Bancaria, ATSA, Judiciales, docentes, remiseros y choferes de colectivos. El único gremio exceptuado fue el de Petroleros, por encontrarse bajo conciliación obligatoria.

La medida oficial fue publicada esta semana en el Boletín Oficial y permite la importación directa y con baja carga impositiva de celulares, televisores y aires. El Gobierno justifica el cambio con el argumento de que hará “más accesible la tecnología” para los consumidores, pero en Tierra del Fuego lo ven como una sentencia de muerte al entramado productivo que sustenta a miles de familias.

“Es una competencia desleal que destruye el empleo”, afirmaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Las empresas más afectadas son Newsan y Mirgor, que concentran más del 87% de la producción local.

El paro incluye un acto central frente a la planta de Mirgor, donde se leerá un documento que convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a “defender la industria nacional y el trabajo argentino”.

El gobernador Gustavo Melella también expresó su rechazo: “Esto pone en riesgo no solo la economía fueguina, sino la estabilidad social de toda la provincia. Vamos a estar del lado de los trabajadores”.

Mientras el Ejecutivo avanza con su plan de “modernización” basado en importaciones, Tierra del Fuego responde con una contundente señal de resistencia que pone en evidencia los costos humanos y productivos de las decisiones libertarias.

El gobierno recorta un área clave de memoria, verdad y justicia. La Secretaría será reducida a Subsecretaría y el 30% del personal será despedido. También habrá un golpe contra Cultura y la historia nacional.

En una nueva ofensiva contra las estructuras estatales que preservan la memoria histórica y garantizan derechos fundamentales, el gobierno de Javier Milei anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido del 30% de su planta de trabajadores.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia habitual en Casa Rosada. Con tono celebratorio, el funcionario afirmó que “se recortará un 40% de la estructura” y que los despidos implicarán un “ahorro de 9 mil millones de pesos anuales”. Adorni volvió a cargar contra la función pública, al sostener que la Secretaría pasará a “defender todos los derechos humanos, no los de un sector ideológico partidario”.

La medida es parte de un ajuste sistemático que ya dejó 45 mil estatales en la calle en apenas un año y medio de gestión. En el caso del área de Derechos Humanos, el recorte adquiere un carácter simbólicamente grave: representa el vaciamiento deliberado de políticas ligadas a la memoria, los crímenes de la dictadura y la reparación histórica.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión y sostuvo que “el contexto actual exige medidas urgentes”. Según el funcionario, ya se produjeron 405 despidos en el área, lo que representa el 44% del personal recibido.

Golpe a la cultura y la historia nacional

El ataque no se detiene en Derechos Humanos. En paralelo, el gobierno libertario anunció también una intervención directa en instituciones culturales, con cambios profundos en su estatus jurídico y autonomía.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) perderá su autarquía y pasará a estar bajo control centralizado, lo que habilita recortes directos y despidos. Lo mismo ocurrirá con organismos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, el Palacio Libertad (ex CCK) y la CONABIP (Bibliotecas Populares).

Además, el Ejecutivo impulsa una reorganización de los institutos históricos, que incluye la disolución de varios organismos clave. Se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que absorberá al Instituto Sanmartiniano, al Evita (transformado en museo), y fusionará al Yrigoyeneano con el Rosas. En tanto, los institutos Browneano, Belgraniano y Newberiano serán directamente eliminados.

Con esta decisión, el gobierno desarma instituciones encargadas de preservar la memoria y construir identidad nacional, mientras avanza en su plan de ajuste sin contemplaciones, incluso a costa de la historia, los derechos y la cultura del país.

Con un clic y sin pasar por ventanilla, el Gobierno acelera el camino hacia una sociedad más armada.

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un trámite digital para que civiles y personal de las fuerzas de seguridad obtengan la “tenencia exprés” de armas de fuego. La iniciativa, impulsada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 45/2025 y ya genera preocupación en sectores que advierten sobre la flexibilización de los controles.

El nuevo sistema permite gestionar online, a través de la plataforma MiAnmac, la autorización para armas adquiridas en armerías registradas. También habilita la emisión digital de credenciales de tenencia y consumo de municiones, disponibles en la app MiArgentina.

Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “simplificar y agilizar los trámites” mediante controles automatizados de antecedentes penales y validaciones digitales para miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Sin embargo, la medida profundiza el giro liberalizador en materia armamentista, iniciado en diciembre pasado cuando el Ejecutivo redujo a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario.

Menos controles, más armas

La resolución vuelve a encender alarmas en organismos de derechos humanos y sectores que alertan por el impacto social de armar a la población civil en un contexto de crisis económica, conflictividad social y desprotección estatal.

Los requisitos actuales para ser legítimo usuario incluyen mayoría de edad, certificado médico en algunos casos, acreditación de identidad, medios lícitos de vida y ausencia de antecedentes penales. No obstante, la digitalización y automatización de procesos puede generar una puerta de entrada más expedita sin mayor evaluación contextual.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con su agenda de “mano dura ciudadana”, con una política que muchos ven más cercana al ideal libertario de autodefensa armada que a la seguridad pública planificada.

Tras la contundente derrota electoral en CABA, Mauricio Macri se va de viaje y deja el camino libre para que Ritondo pacten con La Libertad Avanza.

La derrota en las elecciones porteñas encendió todas las alarmas en el PRO. La fuerza que gobernó CABA durante casi dos décadas firmó este domingo su peor resultado histórico, y con Mauricio Macri armando las valijas para irse a Perú y luego a Dubái, el camino quedó allanado para que Javier Milei avance con la integración total del partido amarillo a la maquinaria libertaria.

Cristian Ritondo quedó al frente de las conversaciones con La Libertad Avanza, en una movida que acelera la mutación del PRO en una fuerza satelital del oficialismo. La foto de su hermana Karina con Ritondo, Sebastián Pareja, José Luis Espert, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem fue más que un retrato: fue la postal de un acuerdo que avanza sin Macri y sin disimulos.

“La gente lo votó a Milei, no a Macri. Quizás tenga que entender que su momento ya pasó”, lanzó el presidente esta mañana en una entrevista radial, dejando en claro que la fusión se da en sus términos. La línea es clara: quien quiera poder, debe alinearse sin condiciones.

Macri se borra

Lejos de dar pelea o encabezar la reconstrucción, el expresidente optó por la fuga: primero a Perú, por motivos institucionales ligados a la Fundación FIFA; luego, rumbo a Dubái. Su silencio es proporcional a la derrota. Su candidata en CABA, Silvia Lospenatto, quedó tercera, desfondada por el arrastre de Manuel Adorni, el vocero presidencial que encabezó la lista libertaria.

La elección no solo representó una humillación para el PRO porteño; también instaló un nuevo equilibrio de poder entre Milei y sus exsocios. El oficialismo ya no necesita mediaciones para avanzar sobre el aparato territorial que los amarillos aún controlan, especialmente en la siempre escurridiza Provincia de Buenos Aires.

Provincia, el próximo objetivo

Pero no todo es victoria para el Gobierno. El mapa electoral porteño dejó señales contradictorias. Mientras Adorni arrasó en el corredor norte, las comunas del sur y del centro se pintaron de verde: Leandro Santoro ganó con amplitud en los barrios más populares. Y allí, donde Milei había captado voto bronca en 2023, ahora asoman señales de rechazo al ajuste.

El desembarco libertario en la Provincia de Buenos Aires buscará aprovechar la fragilidad del PRO, pero enfrenta una doble dificultad: una demografía menos elitista que la porteña y una tradición radical-republicana que Milei choca de frente con su estilo incendiario.

Una absorción por goteo

La “absorción” del PRO ya no es solo una hipótesis: es una estrategia en marcha. Lo que no pudo Macri con los radicales, lo está logrando Milei con los suyos. Ya sin capital político ni conducción efectiva, los cuadros que aún sobreviven dentro del partido se apuran a sellar acuerdos para no quedar afuera del nuevo mapa.

El pragmatismo libertario vuelve a mostrar su capacidad para digerir enemigos sin indigestarse. Así lo hizo con Patricia Bullrich, convertida en ministra tras ser acusada de “poner bombas en jardines de infantes”; así lo hace ahora con los restos del macrismo.

Quedarse afuera ya no es una opción. Lo que está en juego no es solo el poder: es la supervivencia política.

ATE se moviliza al Ministerio de Economía para exigir paritarias sin techo y denunciar la política de despidos masivos. El gremio acusa al Gobierno de “hambrear y destruir” el empleo público.

En el marco de una jornada nacional de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La consigna es clara: paritarias libres, reincorporación de los despedidos y freno al vaciamiento del Estado.

“El Gobierno hambrea, despide y destruye el aparato estatal”, denunció el gremio en un comunicado que apuntó directamente contra el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

Despidos y deterioro salarial
Desde diciembre, el sindicato denuncia una ola sistemática de cesantías que, aseguran, busca reducir al mínimo la estructura pública, tercerizar funciones estratégicas y precarizar a los trabajadores del Estado.

“Sabemos que parte del plan de vaciamiento del Estado es arrojarnos a la pobreza. Por eso vamos a seguir luchando por nuestro poder adquisitivo y por una vida digna para todas y todos”, sostuvo ATE tras un plenario de delegados que resolvió la medida.

El salario no alcanza
Según estimaciones del gremio, el salario promedio de un trabajador estatal ronda los $750.000, una cifra que, frente a la línea de pobreza —que en abril superó los $1.147.000 para una familia tipo con vivienda propia—, resulta “claramente insuficiente y ofensiva”.

Los incrementos salariales otorgados hasta ahora tanto por el Gobierno nacional como por el porteño “no cubren ni la mitad de la inflación acumulada”, aseguran desde ATE, que además reclama la inmediata apertura de negociaciones salariales sin imposiciones ni techos.

Ajuste en tiempo real
En medio de un discurso oficial que celebra el “déficit cero” y el recorte del gasto público, los trabajadores estatales advierten que detrás de los números prolijos hay miles de despidos, oficinas desmanteladas y funciones claves abandonadas.

“Nos enfrentamos a un modelo que busca destruir el Estado para entregarlo a los privados”, advierten desde ATE, que promete continuar con las medidas de fuerza si no hay respuesta a sus demandas.

Mientras el Gobierno defiende el rumbo con elogios de los mercados, en la calle crece la protesta de quienes sienten que ese ajuste se paga, una vez más, con el bolsillo y el trabajo de los de abajo.

Una de cada tres pymes perdió mercado frente a la avalancha de productos extranjeros. Mientras caen la producción y el empleo, Milei baja aranceles y festeja la competencia “libre”.

La política de apertura comercial del Gobierno nacional ya muestra sus consecuencias: el 30% de las pymes industriales perdió participación de mercado por el avance de las importaciones, mientras que un 42% se siente directamente amenazada por la entrada de productos del exterior. Así lo revela el último informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), que alerta sobre el deterioro acelerado del tejido productivo nacional.

El fenómeno golpea con especial fuerza a sectores clave como la metalmecánica (60% de afectadas), textiles y calzado (57%) y la industria química (44%). El estudio, que releva a más de 500 empresas de todo el país, advierte que se alcanzaron niveles de vulnerabilidad superiores incluso a los registrados en los picos de crisis de 2016 y 2018.

“Se vende más, pero se produce menos”
Uno de los datos más llamativos es la desconexión entre ventas y producción: en el primer trimestre del año, las ventas deflactadas subieron un 15%, pero la producción cayó un 3%. La explicación es alarmante: muchas pymes están dejando de fabricar para dedicarse a vender productos terminados importados.

“El interrogante es si este repunte comercial se traducirá en reactivación productiva o si, por el contrario, consolidará un modelo de sustitución de producción nacional por bienes foráneos”, indica la FOP.

Menos trabajo, más costos
En paralelo, el empleo en el sector pyme industrial se redujo un 5%, mientras que los aumentos de costos siguen asfixiando a las empresas:

• El 64% reportó caída de ventas.
• El 51% sufrió alzas en los costos laborales.
• El 41% denunció aumentos en materias primas.

Pese a este escenario, el Gobierno insiste en profundizar el rumbo: recientemente redujo aranceles a celulares y electrónicos, lo que representa un nuevo golpe para las industrias locales.

Una economía abierta… pero para unos pocos
Aunque el oficialismo intentó compensar la crisis con la quita de retenciones a las exportaciones de pymes (del 3% al 5% para unas 3.800 empresas), la medida luce insuficiente frente a la velocidad con la que se achica el mercado interno.

Con una macro inestable, consumo deprimido y avalancha importadora, cada vez más empresas se enfrentan a un dilema existencial: reconvertirse o desaparecer. El Gobierno, por ahora, no parece dispuesto a ofrecer otra opción.

Mauricio Claver-Carone, operador clave de Trump, advirtió que mientras Argentina mantenga el swap con China, “no será libre”. La Casa Blanca y el Partido Republicano reaccionaron con furia al acuerdo. Acusan a Milei de doble discurso.

Mauricio Claver-Carone, exdirector del BID y figura clave en la política hemisférica de Donald Trump, encendió las alarmas en el Gobierno argentino al disparar contra la renovación del swap de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China. “Mientras tenga ese swap, Argentina no es libre”, sentenció en una entrevista que hizo crujir los puentes entre Buenos Aires y Washington.

El acuerdo con China, por US$5.000 millones, fue renovado por la gestión de Javier Milei en medio de las negociaciones con el FMI, y ahora está en el centro de un cruce geopolítico que expone la fragilidad del discurso oficial. Mientras el Presidente insiste en una alineación incondicional con Estados Unidos e Israel, sectores duros del Partido Republicano le reclaman coherencia y señalan que los lazos financieros con Beijing socavan la “independencia económica” que el libertario dice defender.

Según Claver-Carone, el swap con China condicionó el diseño del nuevo préstamo por US$20.000 millones con el Fondo Monetario. “Si se hubiese cancelado antes, el programa podría haber sido más robusto”, señaló, apuntando a una contradicción que en Washington ya se volvió insostenible. También recordó que funcionarios clave del Partido Republicano, como Scott Bessent y el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, expresaron en las últimas semanas su rechazo al vínculo con China.

Desde Beijing, la embajada china no se quedó atrás: acusó a Estados Unidos de intentar “sabotear” un acuerdo que, para ellos, representa una herramienta de cooperación estratégica con América Latina. En cambio, para Washington, es un instrumento de presión política y financiera de Xi Jinping sobre el Cono Sur.

El fuego cruzado estalló justo cuando Milei intenta presentarse en escena internacional como un socio confiable de Occidente. Pero las cuentas no cierran: para cumplir con vencimientos inmediatos y evitar un salto cambiario, el Gobierno decidió renovar el swap, contradiciendo su prédica ideológica. Esa tensión ahora se hace pública y amenaza con desgastar aún más la posición externa del país.

“Queremos asegurarnos de que ningún acuerdo con el Fondo prolongue ese swap. Si hacemos eso, nos estamos pegando un tiro en el pie”, advirtió Claver-Carone, con tono de ultimátum. La frase resume el nuevo dilema: o la lealtad con el Norte o la dependencia con el Este. En el medio, un país endeudado, fragmentado y presionado desde los dos extremos del tablero global.

Aunque el Gobierno celebra una mínima desaceleración inflacionaria, las ventas en supermercados cayeron otro 2,9% en abril. El consumo masivo acumulado sigue en rojo y los hogares necesitan casi $1,2 millones para no ser pobres. La recesión golpea de lleno el plato de los argentinos.

A pesar que la administración de Javier Milei intentó mostrar cierto alivio con el dato de inflación de abril, el bolsillo de los argentinos continúa en retroceso. Las ventas en supermercados volvieron a desplomarse un 2,9% interanual, con una caída más profunda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde alcanzó el 4,5%, frente al 1,3% del interior.

Según el relevamiento de la consultora Scentia, abril mostró una variación positiva del 0,1% en el consumo masivo total, un número apenas simbólico, pero que representa la primera suba desde diciembre de 2023. En lo que va del año, sin embargo, el consumo acumula una baja del 6,5%. Para poner en contexto: en septiembre del año pasado la caída fue del 22,2%, en octubre del 20,3% y en noviembre del 19,8%.

Mientras los alimentos suben por ascensor y los salarios por escalera, los hogares argentinos necesitan cada vez más ingresos para sobrevivir. Según el último informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en abril una familia tipo necesitó $1.167.271 para no ser pobre y $630.787 para no caer en la indigencia. La clase media quedó definida por ingresos entre $1,8 millones y $4 millones. Todo por debajo de esos números implica fragilidad.

El dato del IPC de abril fue del 2,8%, rompiendo la barrera del 3% como esperaba el Ejecutivo. Con este número, la inflación acumulada en 2025 asciende al 11,6%, mientras que la interanual alcanzó el 47,3%. Sin embargo, ese número se relativiza si se contrasta con el salto del tipo de cambio: tras la flotación del dólar oficial, la cotización llegó a superar los $1.200, triplicando la inflación del mes.

En los comercios de cercanía, en tanto, se registró un crecimiento del 3,1% interanual, impulsado sobre todo por el AMBA, donde el repunte alcanzó el 6,7%. El contraste con las grandes superficies refleja un cambio en los hábitos de compra ante la pérdida de poder adquisitivo: menos volumen, más compras de emergencia, menos stockeo.

El panorama económico sigue sin dar respiro: los números muestran que, lejos de una recuperación, el consumo básico está en estado crítico y el modelo de ajuste recae sobre los sectores populares. Mientras el Gobierno festeja índices que no se traducen en alivio real, la mesa de los argentinos sigue vaciándose.