La medida de fuerza es para exigir mejoras salariales y en cuestionamiento a las políticas de ajuste del Gobierno.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado un paro total de 36 horas con movilización hacia el Ministerio de Desregulación Estatal, en protesta contra las políticas lideradas por Federico Sturzenegger. Según el gremio, Sturzenegger ha estado actuando “en las sombras” con intenciones perjudiciales, y denuncian que el último aumento salarial es insuficiente para hacer frente a la creciente inflación.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, argumentó que las paritarias de este año han quedado un 34% por debajo de la evolución de los precios. “El Gobierno intenta usar las paritarias de la Administración Pública como un mecanismo para disciplinar al resto de los sectores. El último aumento es miserable, y los empleados públicos apenas sobreviven. El número de estatales bajo la línea de pobreza es el más alto en décadas. Es urgente reabrir las negociaciones salariales”, enfatizó Aguiar.

Además del reclamo salarial, ATE exige el fin de los despidos en el sector público, rechaza el cierre de organismos estatales y se opone a la reforma administrativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. También anticiparon que podrían realizar protestas en diversas rutas del país, mientras se convocarán asambleas en los organismos que se sumen a la medida.

El gremio alertó que más del 75% de los trabajadores estatales perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza, establecida en $964.620, con los empleados provinciales y municipales siendo los más afectados. Muchos de estos últimos, incluso, ganan por debajo de la línea de indigencia.

Por otra parte, ATE ha definido un paro en las universidades para el jueves 17 de octubre, y participará en la movilización organizada por la CTA Autónoma el miércoles 23 de octubre hacia el Congreso, con el objetivo de presentar firmas para anular el DNU 70/23.

Tras un extenso plenario federal con más de mil delegados de todo el país, ATE votó de manera unánime realizar esta huelga para exigir al gobierno la reapertura de paritarias y un aumento que recupere el poder adquisitivo perdido durante la gestión de Milei. La medida de fuerza comenzará el martes 29 a las 12 del mediodía, con una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 788, y se prolongará hasta el miércoles 30.

“No podemos tolerar más a este gobierno. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha porque los salarios ya no alcanzan para vivir dignamente. Hay que frenar a Milei antes de que destruya por completo el derecho constitucional a un salario justo”, señaló Aguiar.

El líder de ATE también cuestionó duramente a Sturzenegger, señalando que “el gobierno miente, se aferra a la casta y está perdiendo apoyo popular. Debemos exponer a Sturzenegger, quien ha estado operando en las sombras con acciones malintencionadas. Nos movilizaremos para rechazar el cierre de organismos y las irregularidades en la aplicación de la Ley de Bases”, concluyó Aguiar.

Los alumnos anunciaron que se movilizarán hacia el Congreso este miércoles , donde se debatirá el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante la noche del lunes, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron tomar la Facultad de Psicología y la de Filosofía y Letras en protesta contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y el arancelamiento propuesto por el Gobierno para estudiantes extranjeros.

En el marco de la toma, se llevarán a cabo clases públicas no obligatorias en ambos edificios, mientras que se suspenderán todas las actividades académicas y administrativas presenciales. “Invitamos a la participación de docentes, no docentes, estudiantes y graduados en esta jornada de lucha y visibilización de estos ataques sin precedentes”, señalaron los estudiantes antes de la votación.

“Si el veto se mantiene, organizaremos cacerolazos masivos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, además de una nueva asamblea el miércoles 16 a las 18”, añadieron sobre las futuras medidas de fuerza, en caso de que el oficialismo logre mantener el veto.

La toma de ambas facultades concluirá el miércoles a las 10, momento en que los estudiantes se movilizarán hacia el Congreso para instar a la Cámara de Diputados a votar en contra de la decisión presidencial, la cual se debatirá ese mismo día.

Las autoridades advierten que la alerta extrema por riesgo de incendios se mantendrá durante octubre y noviembre.

En Córdoba, ya no hay focos activos de incendio, lo que trae alivio a la provincia. Sin embargo, las autoridades han confirmado que se mantiene la alerta extrema debido al riesgo de reactivación.

Según el último informe del Gobierno de Córdoba, en áreas como Quebrada de la Mermela, Berrotarán y San José de la Dormida, “los focos han sido contenidos y se mantiene vigilancia sobre posibles cenizas”.

Además, la Ruta Provincial 28, en el Valle de Traslasierra, sigue cerrada por desprendimientos de rocas.

A pesar de la buena noticia sobre la situación de los incendios, las autoridades insisten en que el riesgo se prolongará en los próximos meses.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional ha informado que se prevén tres días consecutivos de lluvias, con temperaturas máximas alrededor de 24 grados.

Para este lunes, se emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde y la noche. Las condiciones del tiempo serán similares el martes y el miércoles, con lluvias aisladas esperadas.

El personal médico de ese nosocomio exige un aumento salarial del 100%. Además, se movilizarán hacia el Ministerio de Economía.

Este martes comenzará una huelga que se prolongará hasta mañana, impulsada por el personal del Hospital Garrahan en demanda de una mejora salarial. Además, está prevista una movilización hacia el Ministerio de Economía.

La medida fue anunciada por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del hospital, exigiendo una recomposición salarial. Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), expresó: “Reclamamos un aumento del 100%, que es lo que hemos perdido en términos reales desde agosto hasta la fecha”.

El martes, los trabajadores se movilizarán al Ministerio de Economía para presentar sus demandas al titular de esa cartera, Luis Caputo.

Lezana confirmó que el personal del Garrahan ya recibió el bono extraordinario de 500 mil pesos, cuya aprobación había provocado la renuncia del Consejo de Administración del hospital, solicitada por el ministro de Salud, Mario Lugones. Este último se opuso a la decisión del Consejo, tomada sin su autorización y sin consulta previa, según fuentes del Ministerio de Salud.

“El bono ya fue cobrado, lo cual es una victoria. Aunque es por única vez y extraordinario, nos brinda un respiro temporal”, explicó Lezana, quien también destacó que el pago se hizo con recursos propios del hospital.

Respecto a la designación de Soraya Anis El Kik como presidenta del Consejo de Administración, junto a Roberto Agustín Dalmazzo y Jorge Menehem como consejeros, Lezana afirmó que la medida responde a una estrategia del Gobierno para desactivar la lucha gremial en el Garrahan. “Es un mensaje a los trabajadores para desmotivar nuestra lucha, que es reflejo de lo que enfrentan muchos otros sectores con salarios devaluados”, subrayó.

Los gremios han precisado que el personal exige que el salario inicial se equipare a la canasta básica, fijada en 1.500.000 pesos.

Trabajadores de ese nosocomio resisten su cierre, que afecta a 700 empleos y miles de pacientes, y anuncian medidas de fuerza ante la falta de respuesta oficial.

Este lunes a las 11:00, los empleados del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte realizarán una conferencia de prensa para anunciar medidas de fuerza. Afirman que más de 25.000 personas fueron atendidas en lo que va del año y que el cierre pone en riesgo casi 700 puestos de trabajo.

En respuesta al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre el cierre del hospital, los trabajadores han organizado guardias rotativas de 12 horas para garantizar la atención de los pacientes internados. Permanecen en el edificio desde el viernes y planean quedarse para impedir que este lunes se les bloquee el acceso a sus puestos de trabajo.

“Estamos en el hospital desde el viernes y no vamos a irnos”, declaró Leonardo Fernández Camacho, delegado gremial, a TN. El personal teme que el cierre del área de internación y de la guardia interdisciplinaria sea solo el primer paso hacia la disolución total del hospital. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades.

ATE también denunció que la instrucción es la clausura completa del servicio de guardia y las internaciones durante el fin de semana, y que el decreto que formalizaría el cierre total del hospital podría firmarse el lunes.

Las denuncias de los trabajadores
“Esta decisión no solo afecta a casi 700 trabajadores, sino que perjudica a miles de pacientes que reciben atención en diversas áreas como internación, guardia, consultorios externos, odontología y clínica médica”, señaló ATE en un comunicado. Además, destacaron que el Bonaparte es el único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones.

El gremio denunció que el cierre es un ataque directo a la salud pública y advirtió que la situación incrementa el conflicto dentro del Estado. “Las medidas de fuerza se endurecerán”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien culpó al Gobierno por la escalada de tensiones.

ATE ha establecido la permanencia de los trabajadores en el hospital y no descarta profundizar las protestas. El futuro de las acciones se definirá en la conferencia de prensa de este lunes.

Aguiar también alertó sobre las consecuencias del cierre, subrayando que el hospital brinda un servicio esencial para la comunidad y que la protesta busca defender su derecho a trabajar. Además, recordó que, tras la Ley Nacional de Salud Mental, el Bonaparte fue reconvertido para tratar problemáticas de adicciones y consumo.

Según ATE, 612 puestos de trabajo están en peligro debido a la decisión del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, comunicada por el director del hospital, Cristian Baldino.

En el último año, el precio de los medicamentos ha crecido a un ritmo mayor que la inflación, afectando al bolsillo . Los productos de alta complejidad, se han vuelto inaccesibles para muchos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que entre julio de 2023 y julio de 2024 el sector salud aumentó un 285,2%, mientras que la inflación general fue del 266,1%. En el rubro de “productos medicinales y equipos para la salud”, el aumento fue aún mayor: 289,4%. Este escenario agrava una situación ya difícil, donde el costo de los medicamentos pasó de representar el 15% al 33% del gasto médico en obras sociales y prepagas desde la pandemia.

Un sector del mercado señala que la inflación distorsiona los precios, permitiendo subas excesivas en ciertos medicamentos. Además, mencionan la aprobación judicial de fármacos costosos, sin pruebas concluyentes sobre su eficacia, lo que contribuye al encarecimiento general del sistema de salud.

Entre enero de 2019 y agosto de 2024, los medicamentos aumentaron un 4.055%, superando ampliamente la inflación acumulada de 3.537%. Esto ha impulsado al Gobierno a permitir que las provincias importen medicamentos sin autorización nacional, como respuesta a propuestas como la del gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Fármacos que lideran los aumentos
Algunos medicamentos han tenido incrementos desmesurados. La fórmula láctea Nutrilon Pepti Lata y las tiras reactivas Accu-chek subieron un 596%. Otros ejemplos son el Diamicron para la diabetes (544%) y el Daflon para la circulación (567%).

Un estudio del CEPA destacó que medicamentos comunes como el Ibupirac 600 mg aumentaron un 456% en un año. Tras las elecciones de Javier Milei, los precios de los medicamentos comenzaron un ciclo de subas, registrándose incrementos del 25,7% en noviembre de 2023 y otros importantes en los meses siguientes.

Medicamentos de alta complejidad: precios millonarios
Los medicamentos de alta complejidad han experimentado alzas exorbitantes. El Perjeta-Herceptin, utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, cuesta actualmente $16.500.000 tras subir un 590%. Otros medicamentos, como el Mabthera para artritis reumatoide y el Herceptin, subieron un 586%, con precios de hasta $7.000.000. El medicamento más caro, el OFEV para fibrosis pulmonar, tiene un precio de $19.000.000 y ha subido un 473% en el último año.

El Gobierno busca alternativas para enfrentar estos aumentos, pero los medicamentos continúan siendo un factor crítico en la crisis económica que afecta al país.

La norma se publicó por el Boletín Oficial. Se permitirá a las empresas fijar los horarios, paradas, frecuencias y precios del servicio de ómnibus, dejando al mercado las condiciones de transporte para los pasajeros.

Este lunes, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que desregula los servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia. Fuentes oficiales informaron que la nueva norma permitirá a las empresas fijar libremente recorridos, horarios, precios y duración de los servicios.

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sustituye la regulación vigente de más de 30 años. Según el Gobierno, el objetivo es modernizar y adaptar el transporte a las necesidades actuales, promoviendo la competencia y una mayor oferta de servicios.

Además, se creará el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, accesible online, sin costo, para facilitar los trámites y garantizar la transparencia. Las empresas registradas no tendrán que reinscribirse, pero las nuevas operadoras obtendrán su habilitación automáticamente tras cinco días de inscribirse, aplicando el “Silencio Positivo”, que concede la aprobación si no hay respuesta en un plazo determinado.

Si bien la norma flexibiliza la organización del servicio, se mantendrán los requisitos de seguridad establecidos por la ley. Las empresas deberán informar en el Registro detalles sobre capacidad, vehículos, licencias de conductores y paradas autorizadas. No podrán ofrecer servicios que no figuren en el Registro.

La Secretaría de Transporte será la encargada de implementar la medida, que entrará en vigor en 60 días, tras las actualizaciones tecnológicas necesarias.

La portavoz del organismo multilateral de crédito elogió la política económica del Gobierno.

Durante una reciente conferencia de prensa, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, reconoció que “la situación social en Argentina es muy delicada”, aunque, de manera contradictoria, también mencionó que hay “indicios de recuperación” en la economía.

Este elogio y la crítica a la crisis argentina reflejan la postura ambivalente que ha mantenido la administración de Kristalina Georgieva desde que La Libertad Avanza (LLA) asumió el poder en la Casa Rosada.

En el ámbito financiero, Kozack destacó los avances en la reducción de la inflación, el déficit fiscal y el cumplimiento de las metas de pago. Sin embargo, en el aspecto social, la portavoz subrayó que “la situación es muy delicada”, citando el reciente informe del Indec que reveló que el 53,9% de los argentinos viven en condiciones de pobreza.

Pese a esta alarmante cifra, Kozack afirmó que las autoridades argentinas continúan implementando medidas para proteger a los sectores más vulnerables y que la inclusión es una “prioridad” para el Gobierno. “Se han ampliado programas de asistencia social bien focalizados que benefician a mujeres y niños en situación de pobreza”, destacó.

No obstante, la información proporcionada al FMI no incluyó que los montos de los planes sociales apenas cubren una cuarta parte de la canasta básica, ni que se han suspendido programas de ayuda social, ni que las prestaciones básicas en salud y educación están siendo constantemente desfinanciadas.

Para el FMI, “abordar las altas tasas de pobreza y garantizar un crecimiento más inclusivo sigue siendo una prioridad para el gobierno de Milei”. Kozack añadió que “las medidas para reducir la inflación y las reformas destinadas a fomentar el empleo y la inversión deberían traducirse en una mejora de los salarios reales y en la actividad económica”.

Además, garantizó que el FMI seguirá colaborando en la supervisión del programa económico de LLA, elogiando sus esfuerzos por lograr “una considerable reducción de la inflación y el déficit fiscal”. También señaló que se está comenzando a valorar el cumplimiento de los objetivos fiscales y de reservas establecidos para finales de septiembre.

“Existen indicios de una incipiente recuperación en la actividad económica y en los salarios reales, aunque persisten muchos desafíos”, concluyó la vocera, quien evitó referirse a la posible elaboración de un nuevo programa económico bajo la administración de Luis Caputo, afirmando que “sería prematuro comentar sobre esa cuestión”.

Así lo afirmó el senador neuquino al resaltar la figura de la ex presidenta. Además criticó las políticas del gobierno de Milei en educación y energía.

En una reciente entrevista en la AM-530, el senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, abordó la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner asuma la presidencia del Partido Justicialista (PJ). Parrilli destacó que un amplio espectro de afiliados, dirigentes y referentes políticos le han expresado la necesidad de que Cristina lidere un proceso de renovación dentro del partido.

“Es tiempo de mujeres, y lo estamos viendo”, afirmó el senador, quien hizo hincapié en la reciente asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta de México como un ejemplo de este cambio.

Durante la conversación, Parrilli también se refirió al actual conflicto universitario, manifestando la intención de su bloque de “ratificar la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario; es la solución necesaria para apoyar a los docentes y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades”.

El legislador criticó la gestión de Javier Milei, afirmando que “el gobierno está afectando la esencia del pueblo argentino, que es la educación pública”. Esta crítica se suma a su rechazo por las políticas implementadas en el sector educativo.

Parrilli no escatimó en sus denuncias sobre el aumento de las facturas eléctricas, indicando que “las empresas generadoras de energía, cercanas a Macri, han registrado ganancias de hasta un 700% en su rentabilidad”. Esta situación ha generado preocupación en la población, que enfrenta el impacto de estos incrementos en su economía cotidiana.

Al finalizar la entrevista, el senador concluyó con una dura crítica: “El gobierno de Milei está aplicando la misma política energética que su antecesor, Macri, centrada en aumentar desmesuradamente las ganancias de un selecto grupo de amigos del poder”.

El futuro del PJ y el papel de Cristina Fernández de Kirchner en él son temas que seguirán siendo debatidos en el contexto actual, donde las decisiones gubernamentales continúan generando polémica y descontento social.

La medida será dispuesta por la administración libertaria mediante un decreto que el Presidente firmará en los días próximos.

El Gobierno Nacional avanzará con una polémica medida para arancelar la educación superior para estudiantes extranjeros en universidades públicas, desatando duras críticas desde diversos sectores. El decreto, que Javier Milei firmará en los próximos días, implementará el cobro de aranceles a aquellos estudiantes que no sean residentes permanentes en el país. Esta medida estaba prevista en la versión original de la Ley de Bases, aunque fue eliminada durante el proceso de aprobación en el Congreso.

Infores del Ejecutivo confirman que la decisión será anunciada pocos días después de una masiva movilización que exigió la continuidad de los fondos para las universidades públicas, reclamo que el presidente Milei desestimó tras vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Parlamento. La negativa a garantizar recursos para la educación superior pública ha generado una ola de descontento, que ahora se intensifica con esta medida dirigida a estudiantes extranjeros.

Desde la Casa Rosada aclararon que la gratuidad de la educación superior seguirá garantizada para los argentinos, pero señalaron que los extranjeros no residentes deberán pagar por sus estudios. Este cambio ha provocado una nueva ronda de cuestionamientos hacia la administración de Milei, acusada de debilitar el acceso inclusivo a la educación y de priorizar medidas que afectan a los sectores más vulnerables.

En el texto original de la Ley de Bases, Milei había planteado que el Poder Ejecutivo podría “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos” para estudiantes que no sean “ciudadanos argentinos nativos o por opción” o extranjeros sin residencia permanente. Aunque este punto fue finalmente excluido en la versión aprobada por el Congreso, el Gobierno ha decidido avanzar de todas formas mediante un decreto presidencial.

El proyecto también establecía que los estudiantes extranjeros podrían acceder a becas bajo ciertos convenios o estatutos, y permitía a las universidades públicas firmar acuerdos con organismos nacionales e internacionales para compartir recursos y fomentar intercambios educativos. No obstante, este artículo fue objeto de debate y finalmente suprimido en la versión sancionada de la ley.

Las críticas no han tardado en llegar, con voces que acusan al Gobierno de implementar políticas que restringen el acceso a la educación, y de emular las medidas del gobierno de Mauricio Macri, favoreciendo intereses privados por sobre el bien común.