Con movilizaciones en todo el país y epicentro en la ciudad de la Plata, se recordará a los estudiantes secundarios desparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Este 16 de septiembre, se realiza una multitudinaria movilización en La Plata para conmemorar los 48 años de la “Noche de los Lápices”. La convocatoria es impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), con el objetivo de recordar a los jóvenes desaparecidos y exigir justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

“La Noche de los Lápices” dejó una profunda huella en la historia argentina, no solo por la violencia que representó, sino también por la valentía y el compromiso de aquellos militantes populares y estudiantiles. En su memoria, cada 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Juventud.

La noche del 16 de septiembre de 1976 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a 10 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años, que en su mayoría eran integrantes de la UES, y militantes políticos de diferentes organizaciones revolucionarias .

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención “Arana”, donde se los torturó salvajemente durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.

De esos estudiantes continúan desaparecidos: Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha, mientras que Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz también fueron secuestrados y son los únicos sobrevivientes del hecho.

El incremento del 40% afecta las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur.

El Gobierno oficializó el aumento de un 40% en la tarifa de los trenes del ámbito metropolitano y los servicios locales extendidos que comenzará a regir desde este lunes, a través de la resolución 33/2024 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.

Esto eleva la tarifa de los servicios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur de $200 a $280 para los tramos más cortos (0 a 12 kilómetros), de $260 a $360 para la segunda sección (12 a 24 km) y de $320 a $450 para los recorridos más largos (más de 24 km).

La posibilidad de abonar el boleto en efectivo pasa a costar $900 independientemente de la distancia que se recorra, lo que también implica una suba en torno al 40% desde los $640 actuales.

En tanto que aquellos pasajeros que no tengan la SUBE registrada pagarán el doble del valor correspondiente según el tramo que transiten, por lo que el boleto mínimo a partir de mediados de septiembre pasará de $400 a $560.

Además, seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social, por lo que en este caso, los usuarios pagarán $126 por el tramo más corto, $162 para viajes de entre 12 y 24 kilómetros y $202,50 para viajes de 24 kilómetros o más.

También aumentaron los pasajes de los trenes de jurisdicción extendida, es decir aquellos que llegan a ciudades que no forman parte del AMBA, como es el caso de la Línea Belgrano Sur para el tramo que comprende González Catán – Navarro y la Línea General Roca, en el recorrido Cañuelas – Lobos, Cañuelas – Monte y Alejandro Korn – Chascomús. En estos casos, los valores comenzarán en $224 y el boleto más caro será de $1120.

Lo mismo sucede con los tramos Victoria – Capilla del Señor y Villa Ballester – Zárate (Línea Mitre); y Merlo – Lobos o Merlo – Mercedes (Línea Sarmiento).

La socióloga y economista Leticia Salomón realizó un detallado análisis acerca de la coyuntura política hondureña. Operaciones políticas y mediáticas de la derecha; avances y deudas en el oficialismo.

Por Leticia Salomón/ Me he tomado el tiempo necesario para informarme, analizar y sacar las conclusiones debidas de la especie de tsunami político producido por el video filtrado por Estados Unidos a través de Insight Crime sobre una reunión de “empresarios” narcos con el entonces Jefe de Campaña de Libre y, como tal, recaudador de aportes electorales, Carlos Zelaya, hasta hace unos días Secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, por un lado, y por el otro, por la decisión constitucional de la Presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de extradición con Estados Unidos. ¡Y vaya que me he asombrado, incomodado, indignado y enojado ante el cinismo, la desfachatez y el atrevimiento de esta oposición cavernaria, cínica y anquilosada que encontró el momento exacto de colocarse el traje de mansa oveja y arrastrar con ella a otros pusilánimes e ingenuos que siguen creyendo en las narrativas políticas perversas! He visto desfilar a toda la oposición emocionada hasta el éxtasis supremo, incluyendo el striptease ético de a) la oposición política: Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) -si es que se sigue llamando así- Parido Salvador de Honduras (PSH) y otros a punto de extinción que encontraron el sustento que necesitaban para el desquite personal o partidario y, por ello, pasar de la defensiva a la ofensiva política; b) la oposición política-social (COHEP, CNA y ASJ) que son organizaciones políticas disfrazadas de sociedad civil, con un claro papel vengativo, oportunista y cínico; c) la oposición mediática, en alineamiento disciplinado, igualmente excitada y frenética, arrasando entusiasmada con la objetividad obligada y revelando su verdadero interés personal y político en el desquite o en el cumplimiento del papel asignado o contratado; d) la oposición religiosa: con los pastores desplazados de los beneficios del poder con sus organizaciones conservadoras invocando los poderes celestiales para meterse en asuntos políticos que no les corresponden y e) la oposición externa: maquiavélica, astuta, cínica, anticomunista de guerra fría, intolerante, obsesionada con ver al monstruo del comunismo en todas partes y profundamente ignorante de la naturaleza compleja de los países del sur.

Tratando de darle significado preciso a las palabras con las cuales titularía esta reflexión, acudí a las opciones tecnológicas para buscar el significado de DESTAPE CÍNICO que fue lo primero que me vino a la mente mientras escudriñaba lo que observaba y encontré lo siguiente que calza como anillo al dedo sobre todo a aquellos ingenuos, cándidos y desinformados que creen en @lo que ven en apariencia, olvidando la esencia que siempre está oculta. Veamos la definición que me pareció más adecuada: “Destape cínico es la revelación de información o hechos de manera deliberada y sin escrúpulos, pero sin un verdadero compromiso ético o moral. En este tipo de destape, la intención no es mejorar o corregir una situación injusta, sino que puede estar motivada por intereses egoístas, manipulación política, desacreditación de adversarios o simplemente por causar escándalo… El destape cínico puede ser frío, calculado y dirigido a obtener beneficios personales o estratégicos, sin importar el daño que cause” (Chat GPT).

Aclarado el término anterior, me puse a pensar en el cisma producido en los últimos días por un video impactante colocado en el momento exacto con propósitos cada vez más claros; también en las reacciones desatadas en los diversos sectores y en la fragilidad de la cultura política local, tan frágil que parece bailar al son de la orquesta con solo oír la música o el chasquido de los dedos del dueño a la orden de empezar, situación lamentable que queda en evidencia con las palabras del mismo cofundador de Insight Crime, Steven Dudley, cuando reconoce que el video no da para acciones judiciales pero sí para obtener el efecto esperado. Veamos:

“El video genera un tipo de impacto que es distinto a otros tipos de pruebas y por eso sabíamos que iba a generar el efecto que ha generado hasta ahora. No hay pruebas de que aceptó el dinero… es complicado a nivel judicial y es más complicado a nivel político, Y eso fue hace 11 años… y como dijo Carlos Zelaya: me llamaron unos empresarios y dijeron que iban a dar aportes… de alguna manera él tiene razón: son empresarios importantes que van a dar aportes… ¿cómo podemos saber si él sabía con quién estaba?”

Si transcurrieron once años desde entonces y la hoy presidenta no ganó las elecciones en 2013 ¿cómo probar que cumplieron su parte del trato? Es interesante analizar en qué queda un acuerdo privado impregnado de soborno vulgar y vergonzoso realizado, en este caso o en otros, entre narcos, empresarios y agentes externos con políticos locales para conseguir algo al ganar un proceso electoral cuando el objeto de su interés no obtiene el triunfo en las elecciones: ¿corrupción? ¿narcopolítica? ¿narcotráfico? ¿delincuencia común? Al margen de lo anterior que da para mucho debate jurídico en el tema de narcotráfico y corrupción, tanto la Presidenta como el Canciller han insistido en que se trata de evitar que el tratado se use como arma política y las palabras de Sr. Dudley parecen confirmar que fue así.

En el contexto aquí expuesto incorporamos otros elementos que seguramente servirán para la reflexión o al menos para sacudirse el impacto de las narrativas que se activaron y alinearon con la velocidad de los que siempre están dispuestos al ataque:

Es potestad constitucional de la Presidenta definir LOS EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR y, en general, ha mantenido esa política coherente, consistente y más o menos estable, aunque en algún momento haya incomodado a ciertos líderes de Estados Unidos. Interesante y soberana la apertura hacia China; muy bien el perfil bajo con respecto a Nicaragua que hace tiempo dejó de ser socialista para convertirse en un país antidemocrático, intolerante, autoritario y dictatorial; comprensible que mantenga relaciones con Venezuela, pero ¿quién mandó a esos dos desubicados a viajar a ese país para ver competencias deportivas en momentos de mucha tensión poselectoral y agresividad de la oposición política a la que tantos países reconocieron de forma inadecuada e irresponsable como ganadora? Dicho sea de paso, esa oposición ultraderechista y tramposa, se enfrenta hoy a una grave crisis partidaria por las actas manipuladas que subieron a la web, tanto así que hasta su mismo candidato niega hoy su involucramiento para no exponerse a ser procesado por fraude electoral. Y aquí, desde el fanatismo y la vocación de serviles, se dieron y siguen dando golpes en el pecho renegando de Maduro, ese extraño dirigente desbocado y autoritario, casi impresentable, que ha sobrevivido a los embargos y hasta empieza a sacar a Venezuela del cerco en que la encerraron, aunque no les guste a sus detractores. Denunciar el tratado es una de las atribuciones presidenciales aunque el momento en que se hizo no haya sido el más adecuado, además de parecer una decisión poco meditada y sin las previsiones del caso, con muchas dudas sobre las razones que motivaron la denuncia.

Es importante analizar la reacción de LOS LÍDERES POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN. Creo que es urgente iniciar una profunda investigación criminal, si esto fuera posible en este país degradado, sobre las reuniones que han sostenido los jefes de campaña de todos los partidos desde la transición a la democracia hasta la actualidad, para ver si se encuentran registros, ojalá en videos, para aumentar el impacto, como aconseja el Sr. Dudley, de las veces que se reunieron con narcotraficantes, corruptos, empresarios locales, políticos internacionales, mensajeros encubiertos y delegados de países interesados justo en el momento en que les entregaban sus aportes desinteresados en maletines elegantes, en cheques al portador o en cualquier otro instrumento que no dejara huellas: ¡CÍNICOS!!! Todos esos que se golpean el pecho mostrando su repudio a lo que muestra el video son verdaderos maestros en el arte de regatear, negociar, chantajear, estafar y reclamar la cuota particular más allá de la del partido, comprometiendo su lealtad al país de acuerdo al monto de lo recibido ¿O por qué creen que no se han aprobado en el Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria, la Ley de colaboración eficaz, los contratos de adendas de la ENEE y la ley de hidrocarburos, entre otras? ¿Habrá alguna diferencia en términos del interés nacional entre lo que demandan los empresarios y lo que demandan los narcos cuando hacen sus “aportes desinteresados”? Ahí tiene para lucirse el Ministerio Público con un poco de ayuda de Insight Crime, de la DEA y de los fiscales de Nueva York.

¿Y qué decir del flamante líder errático SALVADOR NASRALLA quien reconoció como ciertas las declaraciones del liberal Luis Zelaya cuando denunció que aquél le ofreció 15 millones de lempiras para que renunciara a su candidatura y le dejara el espacio a él para competir por la presidencia desde ese partido? ¿De donde salió ese dinero? ¿Y qué pensar de su jefe de campaña antes de aliarse con Libre, Pedro Barquero, quien según Nasralla fue el mensajero asignado y tramitador encubierto: ¿EN SERIO? no les da pena golpearse el pecho conmocionados y gritar indignados “que renuncie la presidenta”, que se vaya “el familión” y que restauren la Ley de Extradición si buena parte de ellos conocen muy bien esas prácticas y otra parte tiene expedientes abiertos en Estados Unidos pero se han salvado de ser pedidos en extradición porque son “amigos” de Estados Unidos hasta que eso cambie, como le pasó a JOH: ¡Bien por la Presidenta que los sacó hasta con número de expediente de EU para que los investigue el Ministerio Público de aquí, esperando que hará muy bien su papel, de acuerdo a las entusiastas y desbordadas declaraciones del Fiscal General!

¿Y dónde queda el proclamado santo inmaculado de la política criolla JORGE CÁLIX, con tres familiares vinculados al narcotráfico y las maras (“Cubeta”, que se acaba de ir de turista a la Corte de Nueva York, Soraya que está en la lista y el otro, ¿Ramón?, que igual anda en malos pasos)? Como complemento informativo Pro-Honduras Network “señala que en la lista presentada desde casa presidencial no agregaron a Ramón Adalberto Martínez Hernández, socio de los narcotraficantes Juan Orlando Hernández y Geovanny Fuentes que según fiscales de NY, Ramón es cuñado del diputado Yahvé Sabillón y es parte de la fórmula de Jorge Cálix”. ¿Y él es otro de los que se golpea el pecho pidiendo la renuncia de la Presidenta y toda su familia porque está “horrorizado” del involucramiento de todos los Zelaya en el narcotráfico? ¿No debería ser llamado al Ministerio Público por cómplice cuando afirma que él mismo iba a sacar las aportaciones al banco asegurando que ese dinero era de los narcos? ¿No debería el partido Liberal pedirle exámenes de laboratorio o análisis clínicos para explicar su extraña exaltación, su mirada de loco, los gestos de su cara cuando habla de los Zelaya y la velocidad con que los amigos lo apartan de las cámaras para que no noten que se está desbocando? ¿No deberían preocuparse los liberales interesados en revivir a su partido, en realizar sus apuestas por un tipo como este capaz de traicionar al partido Libre, cuando era militante del mismo, recibiendo el apoyo entusiasta y seguramente monetario de JOH y su partido por sus ambiciones personales? ¿A cuántas reuniones habrá asistido para negociar entonces su incondicionalidad al PN y para negociar ahora el retorno al PL del que nunca debió salir? ¿Tendrán videos para pasárselos a Insight Crime?

¿Y dónde queda el PARTIDO LIBERAL? Por él hablan sus nuevos líderes tránsfugas de otros partidos y traidores por vocación natural, y esos representantes del ala derechista y ultraconservadora de ese partido en el Congreso quienes apenas tienen luz propia pero aparecen arrimados a la sombra de sus nuevos conductores tratando de evitar la salpicadura por narcotráfico de sus líderes y militantes, empezando por su coordinador Yani Rosenthal, varios con expediente abierto en Estados Unidos y muchos más cómplices de los doce años de gobierno del partido Nacional que avalaron con sus votos y su silencio cómplice las actividades de corrupción y narcotráfico por las cuales apenas empiezan a pagar. ¿Y qué decir de los mencionados sobornos de dos narcotraficantes en los juicios de Nueva York al diputado y expresidenciable Mauricio Villeda? ¿Y son ellos los que piden que se restaure la Ley de extradición, que renuncie la presidenta y que se vaya toda la familia? ¿Qué los hace sentir seguros de que no estarán incluidos en las próximas listas de extraditados de allá o en las listas de investigados por corrupción de aquí?

Por último, aunque siempre el primero, el PARTIDO NACIONAL, ultraconservador, reaccionario, derechista, cínico e incapaz de sacudirse al sector juanorlandista que aún está ahí, defendiéndose, justificándose, atacando, manipulando y proclamándose defensor de “la libertad y la democracia” con un expresidente, su hermano y varios líderes y militantes pagando sus crímenes por narcotráfico en Estados Unidos, por los cuales nunca iban a pagar aquí, otros salpicados por la MACCIH en las redes de corrupción y la mayoría en lista para ser investigados aquí por corrupción y narcotráfico por el entusiasta y emocionado Fiscal General; a ellos se suman los nacionalistas en fuga empezando por el presidente de su propio partido y tantos otros cobijados por Daniel Ortega, con larga tradición de proteger corruptos a cambio de una buena bonificación. Y qué decir de la precandidatura de la esposa del mismo presidente condenado por narcotráfico y ella misma a punto de ser investigada por corrupción en el país? El partido Nacional queda evidenciado en su naturaleza primitiva, obcecada, delirante y cínica en el pronunciamiento publicado el pasado dos de septiembre en el que utilizan como lema: “El principio del fin de la democracia comienza cuando el poder se utiliza para silenciar al pueblo Y PROTEGER A LOS CORRUPTOS”. Los brillantes analistas y estrategas de ese partido decadente y desprestigiado mencionan en alineamiento perfecto con el discurso ultraconservador de los Estados Unidos: “Libre inicia el Plan Venezuela para quedarse en el poder a sangre y fuego”, “quieren realizar o implementar un enorme fraude electoral en noviembre de 2025, como una copia al carbón de lo que sucedió en Venezuela”, “la Cátedra Morazánica es parte del adoctrinamiento político de izquierda dentro de las Fuerzas Armadas”, “Honduras no es Venezuela, las fuerzas de oposición estamos listas para salirle al paso y frenar cualquiera de esos escenarios, AUNQUE HAYA QUE DEJAR LA VIDA EN LAS CALLES de Honduras”. Después de leer ese pronunciamiento, que seguramente les costó varias horas de esfuerzo colectivo por su enorme originalidad, lo menos que podemos decir es que, o son cínicos hasta el remate, ignorantes que necesitan mucha lectura o que la constatación de su presente y futuro como partido los ha dejado desquiciados y al borde de la locura.

Sobre Libre, el escándalo que lo involucra y los desafíos a enfrentar

El descalabro del sistema de partidos en nuestro país, con los dos tradicionales a la cabeza, demandaba la irrupción política de un partido nuevo y diferente que marcara distancia con respecto al estilo de gobernar sustentado en la compra de votos en los poderes Legislativo y Judicial, la concentración autoritaria del poder, la neutralización del sistema de justicia vía politización y judicialización, la conversión en cómplice de un fuerte sector de la empresa privada, la compra descarada de los medios de comunicación corporativos, la incondicionalidad de las iglesias evangélicas, la complicidad solícita de algunas organizaciones de sociedad civil cuyos líderes fueron incorporados a la administración pública con sueldos y canonjías a cambio de su compromiso con el blanqueo de la corrupción y el narcotráfico. El deterioro ético de los partidos estaba acompañado de igual deterioro, desencanto, frustración y pesimismo de la ciudadanía en general y de las organizaciones sociales en particular. LIBRE significó esperanza, algo que se había quedado en el camino, pero también significó enfrentar el asedio frontal de todos los desplazados del gobierno anterior el cual fue duro, sistemático, coordinado, sucio y traicionero. Hasta cierto punto se entiende que desearan blindar a la presidenta con familiares, amigos e incondicionales en puestos clave de la administración para detectar a tiempo cualquier intento de separarla de su cargo, por iniciativa del Congreso o por acciones de las Fuerzas Armadas que siempre están dispuestas a escuchar argumentos que huelan al anticomunismo de guerra fría en el cual se formaron.

Pero LIBRE y su gobierno decidieron sostenerse únicamente en su militancia, aislarse de las organizaciones de la auténtica sociedad civil que podrían llegar a constituir su base social y les podrían proporcionar información genuina, desde los territorios en que se mueven, de todos los personajes propios o ajenos con fama de corruptos, narcotraficantes, violadores de derechos y pícaros que siempre se cuelan en los partidos políticos y que en otros han adquirido rango de líderes. Empezaron a desconfiar de los críticos que señalaban las cosas malas para enmendarlas, sospechando de todos e intimidándolos con cualquier comentario.

La puesta en circulación del video por parte de Estados Unidos fue un golpe fuerte a la imagen del gobierno y del partido, por el hecho, el diálogo y la intención. Pero ellos saben que ese video por sí solo no da para iniciar acciones judiciales en contra del protagonista pero lograron su propósito muy bien articulado con toda esa oposición cavernícola y trasnochada que se ha propuesto, por las buenas o por las malas, más por estas últimas, impedir que LIBRE gane las elecciones de 2025 y que regresen al poder todos esos sinvergüenzas y delincuentes responsables del descalabro de país que tenemos.

Al gobierno y a LIBRE les toca hacerse la autocrítica que le lleve a tomar medidas urgentes, entre ellas:

1. Marcar la mayor distancia posible, antes, durante y después de cualquier proceso judicial, con respecto al protagonista de esta historia, dejando que resuelva en los tribunales cualquier delito que le sea imputado. Y si no tiene nada pendiente con la Justicia en este caso, lo tiene y lo seguirá teniendo con la ética de la política, la imagen de LIBRE y la lucha contra el narcotráfico.
2. Hasta ahora los señalamientos contra LIBRE son aislados pero este partido tiene que impedir, con las iniciativas necesarias, la degradación ética y delictiva en que se sumergieron los otros partidos realizando acciones desde ahora y conteniendo la arremetida contra sus principales autoridades que son el blanco de esta iniciativa.
3. Investigar y evaluar con la mayor precisión el desempeño de todos los militantes de LIBRE en el gobierno y en los otros poderes del Estado y detectar a tiempo los que tienen deudas por ineficientes, acciones ilícitas en su desempeño y señalamientos de violación de derechos por prepotentes, irrespetuosos y autoritarios. La colaboración de los afectados será valiosa para realizar esta tarea.
4. LIBRE no puede permitirse otro escándalo de esta naturaleza, por ningún motivo, y estoy segura de que la oposición buscará a profundidad la oportunidad de armar otro escándalo que les abone en su búsqueda del triunfo electoral a como dé lugar. Cuando en tiempos de JOH se denunciaba a uno u otro de sus cómplices, activaba todos sus mecanismos de protección para impedir que llegaran hasta él porque siempre llevaba un porcentaje de las actividades ilícitas que realizaban sus subordinados. De LIBRE se espera que marque la diferencia.
5. Iniciar lo más pronto posible el acercamiento con las auténticas organizaciones de sociedad civil, diferentes a las que realizan actividades políticas de oposición y que reciben o han recibido presupuesto o beneficios del gobierno anterior, para escucharlos y procesar otras miradas más allá de las propias.
6. El acercamiento debe ser igual con los sectores no contaminados con la complicidad de JOH en el mundo empresarial, religioso, periodístico y académico, para escuchar y ver si es posible bajar la tensión y buscar rutas de encuentro y colaboración.
7. Dedicar el tiempo necesario, dentro de los seis meses disponibles, para analizar la posibilidad de restituir el Estado de extradición y de complementarlo con una ley de Extradición.
8. Formar su propio EQUIPO DE PREVENCIÓN, CRISIS Y RESPUESTA que analice, proyecte y recomiende con mucho cuidado acciones para contrarrestar estas y otras iniciativas que seguramente están en lista de espera.
9. Iniciar desde ahora un análisis de escenarios posibles para 2025 y estar preparados para enfrentarlos, en particular líneas discursivas, narrativas, acciones e iniciativas de la oposición política en su diversidad.
10. LIBRE fue opción electoral en 2021 porque era garantía de cambio. Seguramente lo será en 2025 porque no hay opciones que marquen la diferencia. Si nos atenemos a lo que hay en el espectro político, preparémonos para enterrar la esperanza, la confianza y la creencia en que “OTRO PAÍS ES POSIBLE”.

Reflexión final

1. El sistema de partidos políticos empezó a resquebrajarse, deteriorarse y envilecerse desde el golpe de Estado de 2009 hasta tener lo que tenemos en la actualidad. Debe comenzar cuanto antes un auténtico proceso para generar corrientes reformistas al interior de los partidos, empezando por reconocer la dimensión del deterioro, sus causas, protagonistas y posibles líderes del cambio.
2. Se siente en el aire la violencia discursiva, la crispación del ambiente, la zozobra, la incertidumbre, la polarización, la confrontación y la tristeza. Es urgente parar esto porque el país no se lo merece. Nos vamos hundiendo sin frenos y sin percepción del peligro que esto significa para todos.
3. Demandar de los partidos políticos una campaña electoral de compromiso con la transparencia pregonando lemas que alienten la esperanza como los siguientes: “¡En las fórmulas de mi partido no van corruptos!”, “¡Mi partido no tiene pactos con narcotraficantes!”, “¡Si me conoce como corrupto, denúncieme!”, “¡Mi partido confía en mí; no soy narcotraficante!”.
4. Todo puede pasar en un país que pierde la esperanza, la confianza y la credibilidad en sus instituciones, y ya estamos tocando fondo. Todavía podemos hacer algo para detener la caída y dejar de ser “UN PAÍS DE CÓMPLICES”.

Por Santiago Masetti

Hace días, Washington opera en Honduras para desestabilizar al Gobierno, con el fin de condicionar a las instituciones, desgastar a los candidatos del oficialismo y planificar una nueva asonada antidemocrática en la patria de Francisco Morazán.

Las intervenciones, directas e indirectas, de Estados Unidos en Honduras fueron moneda corriente durante todo el siglo XX y en lo que va de la actual centuria vienen siendo particularmente agresivas.

La más grave de las últimas intervenciones tuvo lugar en 2009. Agentes estadounidenses entrenaron a las fuerzas de seguridad hondureñas para la represión que se desató tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mel Zelaya.

Asimismo, sobran pruebas de la complicidad de Washington en los fraudes electorales de 2013 y 2017 que convirtieron a Honduras en una de las naciones más pobres, desiguales y peligrosas del mundo.

Ese proceso de deterioro económico, social y político comenzó a revertirse en 2021, con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de la nación, de la mano del partido Libertad y Refundación (Libre).

Esta semana, circuló en diferentes medios de comunicación locales que China alertó a las autoridades hondureñas acerca de un plan de desestabilización destinado a provocar un nuevo golpe de Estado.

La información describe los pasos para agredir a un gobierno determinado. La primera fase consiste en generar dudas entre la población y así provocar inestabilidad en su institucionalidad; la segunda, emitir una orden de extradición contra un funcionario de alto nivel sin el fundamento necesario y, por último, relevar el mando principal del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, e iniciar una insurrección de las tropas contra el poder ejecutivo.

La operación golpista orquestada por Estados Unidos y revelada por las autoridades chinas comenzó el miércoles pasado tras la reunión que mantuvieron el entonces ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, respectivamente, con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Menos de 24 horas después del encuentro entre los altos funcionarios de Honduras y Venezuela, la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionó la reunión y acusó al ministro venezolano de “narcotraficante”.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, entendió el mensaje de Dogu como injerencia en los asuntos internos y llamó a dar por finalizado al Tratado de Extradición que su país tiene con Estados Unidos desde 1912, época aquella que se caracterizó por las intervenciones armadas estadounidenses en Centroamérica, elemento central de la denominada “diplomacia del garrote”, aplicada por Washington en toda América Latina y el Caribe.

Los cuestionamientos y declaraciones de corte injerencistas de la diplomática estadounidense contra el actual gobierno hondureño no son nuevos. El 3 de mayo de 2022 condenó la reforma de los servicios energéticos, con la cual las autoridades declararon a los mismos como bien público y parte de los derechos humanos.

En sus argumentos injerencistas, la diplomacia estadounidense hablaba de un supuesto efecto negativo sobre las inversiones argumentando que habría un efecto negativo sobre las inversiones privadas extranjeras.

En marzo de 2023, Dogu opinó sobre los efectos, para ella dañinos, de la reforma tributaria para inversiones y empleo, alentada por la bancada de Libre en el Congreso.

En noviembre de ese mismo año, cuestionó al Ministerio Público por las acusaciones de fraude contra las autoridades del derechista Partido Nacional y en julio de este año se opuso públicamente a la construcción de una cárcel en la isla del Cisne.

Operaciones, acusaciones y renuncias

Cuando a fines de junio pasado se conoció la sentencia de la justicia estadounidense que condenó a 45 años de cárcel al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotraficante, todo hacía suponer que el panorama para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025 y la llegada de la candidata de Libre, Rixi Moncada, a la presidencia serían de cierta tranquilidad; que todo era una cuestión de tiempo.

Sin embargo, la derecha y los alfiles de la política estadounidense para Honduras, se enfilaron hacia una operación mediática que busca desgastar al oficialismo, generar el caos, producir una división en el seno de las Fuerzas Armadas y agredir a las instituciones democráticas.

La misma consistió en la viralización de un video filmado en 2013, donde aparecía el diputado oficialista, Carlos Zelaya, en una reunión con un narcotraficante vinculado a la DEA.

Al conocer la existencia de este video el legislador del oficialismo se anticipó a la operación y explicó que el encuentro se debió a uno de los tantos que se suele tener en tiempos de campañas electorales, que efectivamente había “caído en una trampa” y renunció a su bancada, poniéndose a disposición de la justicia.

Como gesto de buena voluntad y con el objetivo de no entorpecer la investigación, el ministro de Defensa de Honduras e hijo del diputado renunciante, José Manuel Zelaya, anunció el paso a un costado de su cargo el sábado último.

A través de la red social X publicó: “Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta @XiomaraCastroZ resaltando la integridad y el honor de mi padre @CarlosZelayaR”.

El martes por la tarde, poco tiempo después de publicado el video en las redes sociales, la presidenta hondureña junto a la flamante ministra de Defensa y otros altos funcionarios, brindaron una cadena nacional donde la mandataria fue contundente y expresó: “Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Como lo expresé con anterioridad, después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA y al ex ministro de Defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo”.

“El plan para destruir mi Gobierno, socialista-democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas, de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional se están reorganizando en nuestro país para gestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler”, expresó Xiomara Castro.

Luego, tomó la palabra el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien leyó los 33 casos de narcotráfico abiertos en EEUU a figuras del derechista Partido Nacional y del Partido Liberal, entre los que se destacan Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, Fredy Nájera y Roberto Micheletti, entre otros.

Al cierre de la cadena nacional Rixi Moncada recordó que luego del golpe de Estado en 2009 “todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizado nuestro territorio como puente para introducir cocaína a EEUU, convirtiéndolo en un paraíso de narcotraficantes en los 12 años y 7 meses de narcodictadura”.

En ese sentido, la titular de la cartera de Defensa rememoró: “Se inhabilitaron los radares”, y luego explicó: “La noticia crimines sobre la ruta y trazas del tráfico de drogas, utilizando nuestros mares y tráfico aéreo es controlada desde Cayo Hueso en EEUU”.

Rixi Moncada y la resistencia militante

Con la renuncia de Zelaya a la cartera de Defensa, la ex funcionaria hondureña y actual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, pasó a ocupar ese estratégico Ministerio, cuando juramentó este domingo en la Casa Presidencial.

El recorrido de Moncada comienza antes del golpe de Estado, cuando fue ministra de Trabajo en 2006 durante los primeros años del gobierno de Mel Zelaya.

Unos años después se desempeñó en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Durante los años de persecución y encarcelamiento a los miembros de la “resistencia”, fue abogada defensora de militantes perseguidos, encarcelados y exiliados.

También llegó a ser la coordinadora legal para la creación de Libre, delegada de esa fuerza política en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ministra de Finanzas durante los primeros años de Xiomara Castro, cargo que tuvo que declinar para dedicarse de lleno a la campaña electoral de 2025.

Por su parte, las organizaciones políticas y sociales oficialistas convocaron para el 15 de septiembre próximo a una multitudinaria movilización en Tegucigalpa, en apoyo a la presidenta Xiomara Castro, en defensa de la independencia, por la construcción del socialismo democrático y contra los actos injerencistas que buscan el caos y la desestabilización.

Las amenazas lanzadas por la jefa del Comando Sur del Pentágono, la generala Laura Richardson, están haciendo efecto en nuestro continente y buscan dinamitar los gobiernos que no son serviles ante los intereses de Washington.

Frente a ello, existe un pueblo que diagrama su presente y futuro. Recordando que fueron (y son) resistencia, los hondureños trabajan por una sociedad libre e independiente.

La información fue suministrada por el Gobierno estadounidense al periodista y escritor Fernando Morais que es biógrafo del presidente de Brasil.

Estados Unidos monitoreó durante cinco décadas al presidente brasileño Lula da Silva acumulando un importante archivo sobre su actividad política y sindical: al menos 819 documentos, que suman 3.300 páginas.

El diario Folha de Sao Paulo señaló que esta información fue proporcionada por el Gobierno estadounidense a pedido de Fernando Morais, biógrafo del líder izquierdista, que a principios de 2023 inició su tercer mandato, tras los dos anteriores (2003-2011).

La mayor parte de los documentos (613) fueron producidos por la CIA, aunque también hay informes del Departamento de Estado, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y del Departamento de Defensa, entre otros órganos.

Los registros abarcan el período entre 1966, en plena época militar y con Lula ascendiendo en su carrera sindical, y 2019. A finales de ese año, el mandatario salió de la cárcel, donde permaneció 19 meses, después de que fuera anulada la condena por corrupción.

Según el diario brasileño, Morais todavía no tuvo acceso a los documentos completos, entre los que figuran informes sobre la relación de Lula con la expresidenta Dilma Rousseff, reuniones con autoridades de China y de Oriente Medio o planes militares brasileños.

El biógrafo solicitó la documentación a través de un despacho de abogados, amparándose en la Ley de Libertad de Información estadounidense.

“El presidente aún estaba en prisión cuando obtuve poderes para recopilar en su nombre todos los registros existentes en las agencias”, explicó Morais.

Asimismo, aseguró que toda la información recogida en estos documentos servirá para el segundo volumen de la biografía del mandatario, después de la primera parte publicada en 2021.

Indicó que en el partido hay políticos que son “más libertarios” que Milei. “Hay personas con las que trabajé que no sabía que eran libertarios”, sostuvo.

El ex secretario de Cultura Pablo Avelluto criticó hoy al ex presidente Mauricio Macri por estar “cerca” de La Libertad Avanza y aseguró que el actual titular del PRO “debilitó” al partido amarillo para seguir siendo “protagonista” en política.

“No es extraño el fenómeno. Incluso, no es extraño dentro de la familia Macri, recordemos la relación de Franco con su hijo real, Mauricio. La búsqueda de seguir siendo protagonista en política te puede llevar a terminar debilitando a tu criatura”, afirmó Avelluto en declaraciones a Radio Splendid AM 990.

En este sentido, el ex funcionario dijo que el intento de formar parte del Gobierno afecta las posibilidades de “supervivencia” del PRO y afirmó: “Las diferencias entre (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich en relación a (el presidente Javier) Milei son mínimas, una quiere ser parte, y el otro quiere estar cerca”.

“Ha estado cerca a lo largo de estos meses, apoyando todas las elecciones y todas las votaciones, y acompañando a La Libertad Avanza en todas las instancias. En el plano ideológico, no parece haber tantas diferencias, sino en el plano táctico”, señaló Avelluto en relación al vínculo del ex mandatario con La Libertad Avanza.

Además, el ex ministro de Cultura dijo que aparecieron políticos en el PRO que son “más libertarios” que el propio Milei.

“Hay personas con las que trabajé que no sabía que eran libertarios”, sostuvo Avelluto e hizo referencia a los legisladores Diego Santilli, Maria Eugenia Vidal y Cristián Ritondo.

Asimismo, volvió a poner en duda la supervivencia del espacio que conduce Macri. “Los partidos mueren. Algunos duran mucho, como el peronismo o el radicalismo, pero otros no”, dijo Avelluto.

Sólo el 56% de las empresas puede pagar sueldos en las fechas de cobro establecidas.

El 43% promedio de las líneas de producción de las plantas industriales en casi todos los sectores, salvo refinación del petróleo, se encuentra inactivo, transcurrido casi un semestre del año y del Gobierno de Javier Milei.

El último caso emblemático fue la suspensión de 1.550 trabajadores durante 1 semana por parte de la firma Bridgestone, que como agravante lleva exportado apenas un 10% de lo proyectado en el año. La empresa adujo que los permanentes conflictos gremiales hicieron que reemplazara la producción local por la de Brasil para exportar a otros países.

El principal rubro en brazos cruzados se observa en Productos minerales no metálicos e Industrias metálicas básicas, en el marco del mayor nivel de ociosidad en 9 años, excepto 2020 por la pandemia. Supera 11% el mismo período del año anterior y el 7,2% al promedio de la serie, excepto 2020.

La recesión se respira en las fábricas y se traduce en reducción de los turnos de producción, de horas extras, suspensiones y despidos, cuando no en cierres parciales o totales de establecimientos.

Surge del segundo relevamiento de 1.097.693 trabajadores nucleados en sindicatos industriales (CSIRA) y más de 60 mil empresas que, en la actualidad, la situación es mucho peor que en diciembre, juicio que se vino repitiendo en los dos últimos meses.

En casi el 80% de las empresas hubo despidos. Solo 21,1% de los casos relevados reportan no haber sufrido desvinculaciones forzosas en el período que va desde diciembre a la actualidad.

Hubo, además, en este lapso suspensiones, ofrecimiento de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y recorte de horas extras.

En ese sentido, las suspensiones fueron reconocidas por el 60% de los encuestados, los retiros voluntarios estuvieron poresentes en el 80,0% de las respuestas y las jubilaciones anticipadas, en 35,0% de las empresas.

En 9 de cada 10 casos se computaron recortes de horas extras. Adelanto de vacaciones: 65,0%

La opinión recabada sobre la situación económica para la muestra es crítica, según la opinión de los gremios relevados.

La pregunta sobre la comparación respecto de diciembre fue en un 90,0% que considera desmejorada la situación.

Pero el dato más contundente se refleja en que 5 de cada 10 respondieron que, en la actualidad, la situación es mucho peor que es diciembre.

El dato es similar al relevamiento de mayo, lo que muestra que la situación no ha mejorado en los últimos dos meses.

La caída de las ventas se considera un factor central. El dato también es duro: el 65% indica que cayeron las ventas más de 15%.

Del mismo modo, en relación con la producción, también el 63,2%, sostuvo que la caída fue superior al 15%, mostrando el estrecho linkeo entre ventas y producción.

El dato de caída de ventas supera a la del relevamiento de mayo, que alcanzó 60,9% Las empresas afectadas venden mayoritariamente en el mercado local: el 52,7% de las empresas destinan más del 50% de sus productos al consumo en la Argentina.

El dato de capacidad instalada ociosa publicado en el informe es coincidente con los datos nacionales: casi 40% sostiene que se usan 6 de cada 10 máquinas o menos (al que se le suma otro 26,3% con 30% a 40% de capacidad instalada ociosa).

Como dato complementario, hay una disminución significativa en los turnos de producción.

El 75% de los sindicatos consultados indica que sus empresas han reducido sus turnos de producción.

En particular, el 60% señala que las empresas del sector redujeron sus turnos de producción hasta en un 30%, mientras que un 15,0% indicó que la reducción supera el 30%. En cuanto al pago de salarios, solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas de cobro establecidas.

Al extender las consultas al ámbito de los proveedores, solo el 33,3% de las respuestas señala que las empresas han podido pagar a sus proveedores en tiempo y forma, mientras que un preocupante 40% se ve obligado a realizar pagos durante el transcurso del mes.

Las expectativas para los próximos 6 meses se mantienen en niveles críticos: 95% considera que empeorará.

En la comparación con mayo, se percibe una leve mejora en la percepción que indica que, aunque la mayoría sigue sosteniendo que estará mucho peor, ese guarismo se reduce de 73,9% a 55,0%. Solo un 5% de las empresas se mostraría optimista respecto a mantener una situación similar a la actual, lo que evidencia un pesimismo generalizado y profundo respecto al futuro próximo de la economía.

La evaluación sobre como impactaría la Ley de Bases en las industrias respectivas es que no trajo ningún alivio. Ninguno de los sindicatos encuestados ve una mejora con esta sanción. El 65% de los encuestados indicaron que empeorará el funcionamiento y solo el 20% considera que estará igual.

La decisión fue de Buenaventura Duarte fue comunicada oficialmente. Será reemplazado por un diputado nacional que asumirá el lunes próximo en la Casa de Gobierno de Corrientes.

El Gobierno de Corrientes comunicó oficialmente este viernes que fue aceptada la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte y que su reemplazante el hasta ahora diputado nacional Alfredo Vallejos, a quien el gobernador Gustavo Valdés le tomará juramento el lunes próximo en Casa de Gobierno.

La dimisión se produjo en el contexto de las críticas a la policía correntina y a las autoridades judiciales correntinas derivadas de la investigación de la desaparición del niño Loan peña, ocurrida hace casi un mes y sobre el que no se tienen novedades.

Vallejos es diputado nacional desde 2023 por el partido de la Unión Cívica Radical. Su periodo iba a durar hasta 2027, pero ante esta nueva función que cumplirá no hay información sobre qué sucederá.

La renuncia de Duarte se produce el mismo día que uno de los abogados de la familia de Loan, Fernando Burlando, anunció que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, sostuvo Burlando.

En este marco, el abogado subrayó que “la situación es inmanejable…” y que hay “varios motivos” por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó en diálogo con TN.

La diputada bonaerense, Lucía Iañez, apuntó contra el Presidente por el cierre de los centros de acceso a la Justicia.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense, la legisladora de Unión por la Patria, Lucía Iañez, celebró la media sanción de su proyecto de ley que busca optimizar los mecanismos de determinación de la cuota alimentaria, y cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por el cierre de más de la mitad de los centros de acceso de la Justicia en todo el país.

Es que, a mediados de junio el Gobierno nacional anunció el cierre de 81 centros de acceso a la Justicia alegando que estos organismos “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”. Sumado a otros cinco que ya habían bajado sus persianas, de 110 de estas instituciones solo quedaron 24.

“Puede ser que muchos no sepan de qué se tratan estos centros de acceso a la Justicia, que son la estructuración base de la política pública pensada para articular territorialmente todos esos derechos que se han garantizado en la legislación y en la normativa. ¿Cómo hacemos que la gente realmente pueda ir a reclamar ese derecho? Necesitamos intermediarios y del Estado”, expuso Iañez en su intervención.

En ese sentido, la legisladora platense comentó que los centros de acceso a la Justicia nacieron en 2008 como una iniciativa de los curas que, ante la salida de nuevos derechos durante el Gobierno kirchnerista, veían la dificultad que tenía la población para ejecutar esas normativas. Por esa razón, los sacerdotes le pidieron al Ministerio de Justicia que pueda construir equipos que funcionen en los territorios y que ayuden a esas personas.

“Esa gran mentira estructural que se ha inventado en este último tiempo que el Estado podemos no tenerlo, si los ‘terminator’ y todas esas pavadas dichas por gente que jamás en su vida se vinculó con alguien que tiene una necesidad. El gobierno de Milei no tiene intendentes, ni representantes territoriales, ni tiene gobernadores, y denotan un amplio desconocimiento de las necesidades del pueblo, de cómo se hace un trámite, de la efectividad del Estado. Tiene una vocación central de recortar sin planificar”, fustigó Iañez.

En palabras de la legisladora de Unión por la Patria, en los últimos cuatro años los centros de acceso a la Justicia a nivel nacional atendieron a 623 mil personas y solucionarios 1 millón y medio de casos. “En el comunicado oficial se habla de cajas, de falta de atención. Yo quisiera saber qué política pública que se sostenga en nuestro país tiene semejante alcance. Debe ser lindo, divertido y fácil decir pavadas por Twitter pero el tema es ponerse a laburar y eso es un poco más difícil”, chicaneó.

Incluso, Iañez mencionó que durante la Presidencia de Mauricio Macri y el mandato de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los centros de acceso a la Justicia fueron acrecentados, potenciados y hasta recibieron la llegada de nuevos trabajadores que para ese momento hacían falta. “No es algo que solamente nosotros pensamos que es importante”, aclaró.

“En la política hay un principio que dice ‘el que se enoja pierde’, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo les propongo que nos enojemos todos. Porque si no están las pasiones de lo que venimos a hacer a esta Cámara y a la política, construir realidades donde los pibes y las pibas en el futuro puedan vivir en una Argentina que realmente le ofrezca oportunidades entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Enojémonos”, cerró Iañez.

Por: Orlando Lara Pineda*

“… Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras… Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia quien quiera oír que oiga”. Litto Nebbia.

En junio de 2008 José Manuel “Mel” Zelaya, presidente de Honduras solicitó a la Ministra de Trabajo, Mayra Mejía del Cid, una primera idea de escenarios para la negociación anual en la Comisión Tripartita del Salario Mínimo del sector privado en diciembre de ese año. La ministra Mejía, con quien trabajaba como asesor, me solicitó un borrador de un par de páginas para el presidente con la propuesta del gobierno para la negociación.

Con base en la idea fundamental del gobierno del “Poder Ciudadano” retomamos los valores del ingreso familiar de la “Línea de la Pobreza” y el número de personas trabajadoras por hogar – que estima anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así calculamos un salario mínimo digno del “Poder Ciudadano” de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) que al menos igualara la Línea de la Pobreza.

Unos días después, llegaba a mi oficina luego de almorzar y en la radio me sorprendió el anuncio del presidente Zelaya ante los medios de comunicación afirmando que, teniendo en cuenta la premisa del “Poder Ciudadano”, era indispensable un salario digno para la participación política activa de la ciudadanía por lo que había decidido establecer un salario mínimo mensual para todos los empleados públicos de 5,500 lempiras, justo la cifra propuesta.

De un plumazo se acababa la crisis del gremio de las enfermeras que llevaba meses de medidas de fuerza y que la prensa opositora cubría con fuertes críticas. El nuevo salario duplicaba el salario de las enfermeras auxiliares, las peor pagadas. Otras demandas, como la gestión de turnos, descansos y material fueron pronto resueltas. Con esta acción osada de duplicar el salario mínimo de los empleados públicos, el gobierno incrementaba en menos del 5% el presupuesto de salarios del Estado y resolvía una deuda histórica. De esa manera se establecía un referente para la futura negociación anual en la Comisión Tripartita del salario mínimo del sector privado.

Todo esto ocurría en un contexto de creciente conflicto del gobierno con el empresariado y las fuerzas conservadoras de Honduras. Desde el inicio del gobierno de Mel Zelaya en 2006 se habían impulsado salidas heterodoxas a contramano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: subsidios a la energía y la educación, transferencias a la población en extrema pobreza, reducción de los márgenes de ganancia de las compañías trasnacionales importadoras de combustibles, y la revisión de las concesiones sobre la tierra y los recursos naturales otorgadas anteriormente a terratenientes y grupos financieros concentrados.

En respuesta, Mel sumaba apoyo popular al ampliar el diálogo e incorporar las propuestas de los movimientos estudiantiles, políticos, feministas, sindicatos, pueblos originarios, campesinos y ambientalistas agrupados en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

La crisis financiera mundial del 2008 había producido fuertes aumentos de los precios internacionales de los combustibles y alimentos por lo que el gobierno exploraba varias alternativas para financiar la importación de combustibles, entre estas la adhesión a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que presidia Venezuela – bajo el liderazgo de Hugo Chávez – y que ofrecía financiamiento a largo plazo para importar combustibles, equipo agrícola y alimentos; y aliviar la presión sobre la balanza de pagos.

En agosto de 2008 el gobierno de Zelaya daría un paso crucial convocando a una gran movilización popular en la que anuncia la adhesión de Honduras al ALBA con la presencia de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela); Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage.

Ese segundo semestre de 2008 preparamos el informe base para la negociación salarial. La primera disputa fue con la tecnocracia del Banco Central de Honduras (BCH) que ante los escenarios de aumento salarial predecía una subida incontrolada de la “inflación”. Nos reunimos con el personal del BCH y argumentamos que, debido a la desigual distribución del ingreso nacional, el aumento salarial tendría un efecto en la inflación mucho menor al que el BCH había estimado. Es que el 15% de los trabajadores con salarios por encima del salario mínimo se quedaban con el 75% de la masa salarial de los trabajadores; y, en el otro extremo, el 85% de los trabajadores que ganaban el salario mínimo o menos, sumaban una masa salarial de apenas el 25%.

La propuesta presentada por el gobierno, a su vez, estimaba que el aumento salarial tendría un impacto decisivo en el aumento del consumo interno y en la multiplicación de la actividad económica. Se eliminaban las 8 categorías según actividades económicas en que se dividía el salario mínimo, ya que no existían evidencias significativas de diferencias de productividad que las justificaran. La propuesta solo incluía dos categorías: trabajadores urbanos y rurales, atendiendo a las diferencias en el costo de vida.

Históricamente, la negociación salarial en la Comisión Tripartita se prolongaba con interminables reuniones con el disenso entre obreros y empresarios; mientras que los funcionarios de gobierno se abstenían de votar y prevalecía un empate. Finalmente, se remitía un acta con el impasse en la negociación al ejecutivo y el presidente aprobaba un aumento salarial de compromiso, en general más cercano a la pretensión salarial patronal.

Es por eso por lo que los tres burócratas de carrera del Ministerio de Trabajo, que tenían la representación formal en la Comisión Tripartita, no salían de su asombro cuando se les comunicó la decisión del Ejecutivo de votar junto con los trabajadores. Temerosos de la reacción patronal vacilaban en firmar el acta favorable al aumento porque los técnicos y los representantes del empresariado presagiaban una situación obscura para el país combinando ruegos y amenazas. Hizo falta una llamada de Mel en altavoz para reafirmar la decisión.

En 1974 había sido la última vez que los representantes de gobierno habían votado junto con los obreros en la Comisión Tripartita, aprobando un aumento histórico del salario mínimo que alcanzó los 100 Lempiras (50 USD) mensuales; durante el gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, que además fortaleció el papel del Estado en la regulación de la economía y realizó la más amplia “Reforma Agraria”.

Era la tarde del 24 de diciembre llegamos a “Casa de Gobierno” junto con la Ministra Mejía del Cid, con los cuadros y cálculos finales de diferentes escenarios debajo del brazo para presentarlos al Presidente Zelaya. Luego de algunas consultas con empresarios y miembros de su gabinete Mel nos dijo que íbamos con el aumento.

Esa víspera de navidad de 2008 en cadena nacional, Mayra Mejía del Cid, Ministra de Trabajo anunciaba junto con Manuel Zelaya un aumento salarial histórico de carácter general para los trabajadores de Honduras de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) en las áreas urbanas y de 4,055 lempiras mensuales (213 USD) en las áreas rurales. Un aumento promedio del 60% que para algunas categorías fue de cerca del 100%.

La clase obrera debió esperar 34 años para que se repitiera un aumentó de esa dimensión. El nuevo salario mínimo implicaba que anualmente cerca de 2% del PIB de Honduras (200 millones de USD) pasarían de los bolsillos de los empresarios a los de la ciudadanía de a pie en Honduras. La disputa central por el reparto de la ganancia entre trabajadores y empresarios se resolvía con una redistribución del ingreso nacional en favor de las mayorías empobrecidas.

La reacción del empresariado trasnacional y nacional no se dejó esperar. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó un amparo legal ante la Corte Suprema de Justicia. A solicitud de la Ministra Mejía del Cid redacté un borrador del escrito de respuesta en el que se justificaba la legalidad y la procedencia del aumento salarial y se rebatían uno a uno los argumentos del empresariado. La Corte desestimó el recurso del sector privado.

Durante el primer semestre de 2009 el poder político y económico empresarial concentrado de Honduras desarrolló una clásica campaña anticomunista desde los medios de comunicación corporativos, con campos pagados suscritos por asociaciones apócrifas y ONGs financiadas desde el exterior.

En junio de 2009 el poder judicial decidió prohibir la consulta popular programada para el domingo 28 de junio por el gobierno- denominada la “4ta urna”-; que indagaría si las mayorías estaban a favor de consultar a la población en las elecciones de noviembre 2009 sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, para refundar la Nación. Ante la prohibición el gobierno de Zelaya, acuerpado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, reafirmó la apuesta por la consulta popular.

En 1975, unos meses después del aumento al salario mínimo, y mientras se planeaban nuevas expropiaciones de tierra a la compañía bananera Standard Fruit Co. “Chiquita Banana”; el presidente López Arellano fue obligado a renunciar luego de que se desató un escándalo mediático, el Bananagate, revelando el soborno de 2.5 millones de USD que había recibido de la empresa bananera para no incrementar el impuesto por caja de banano. La información fue convenientemente filtrada a la prensa por la misma empresa bananera responsable del soborno y que a la larga fue eximida de responsabilidad.

La madrugada del 28 de junio de 2009, unos meses después del aumento histórico al salario mínimo y luego de que el gobierno había resuelto devolver a los campesinos del Valle del Aguan tierras que empresarios les habían arrebatado; el poder económico y eclesiástico conservador y las Fuerzas Armadas ejecutaron el golpe cívico militar. Simularon la renuncia del presidente Zelaya, lo secuestraron y trasladaron a Costa Rica – previa parada técnica en la base militar Estadounidense de Palmerola en Honduras. Este sería el punto de partida de un prolongado movimiento social y político de resistencia liderado por el Frente Nacional de Resistencia Popular.