Trabajadores de ese nosocomio resisten su cierre, que afecta a 700 empleos y miles de pacientes, y anuncian medidas de fuerza ante la falta de respuesta oficial.

Este lunes a las 11:00, los empleados del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte realizarán una conferencia de prensa para anunciar medidas de fuerza. Afirman que más de 25.000 personas fueron atendidas en lo que va del año y que el cierre pone en riesgo casi 700 puestos de trabajo.

En respuesta al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre el cierre del hospital, los trabajadores han organizado guardias rotativas de 12 horas para garantizar la atención de los pacientes internados. Permanecen en el edificio desde el viernes y planean quedarse para impedir que este lunes se les bloquee el acceso a sus puestos de trabajo.

“Estamos en el hospital desde el viernes y no vamos a irnos”, declaró Leonardo Fernández Camacho, delegado gremial, a TN. El personal teme que el cierre del área de internación y de la guardia interdisciplinaria sea solo el primer paso hacia la disolución total del hospital. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades.

ATE también denunció que la instrucción es la clausura completa del servicio de guardia y las internaciones durante el fin de semana, y que el decreto que formalizaría el cierre total del hospital podría firmarse el lunes.

Las denuncias de los trabajadores
“Esta decisión no solo afecta a casi 700 trabajadores, sino que perjudica a miles de pacientes que reciben atención en diversas áreas como internación, guardia, consultorios externos, odontología y clínica médica”, señaló ATE en un comunicado. Además, destacaron que el Bonaparte es el único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones.

El gremio denunció que el cierre es un ataque directo a la salud pública y advirtió que la situación incrementa el conflicto dentro del Estado. “Las medidas de fuerza se endurecerán”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien culpó al Gobierno por la escalada de tensiones.

ATE ha establecido la permanencia de los trabajadores en el hospital y no descarta profundizar las protestas. El futuro de las acciones se definirá en la conferencia de prensa de este lunes.

Aguiar también alertó sobre las consecuencias del cierre, subrayando que el hospital brinda un servicio esencial para la comunidad y que la protesta busca defender su derecho a trabajar. Además, recordó que, tras la Ley Nacional de Salud Mental, el Bonaparte fue reconvertido para tratar problemáticas de adicciones y consumo.

Según ATE, 612 puestos de trabajo están en peligro debido a la decisión del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, comunicada por el director del hospital, Cristian Baldino.

En el último año, el precio de los medicamentos ha crecido a un ritmo mayor que la inflación, afectando al bolsillo . Los productos de alta complejidad, se han vuelto inaccesibles para muchos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que entre julio de 2023 y julio de 2024 el sector salud aumentó un 285,2%, mientras que la inflación general fue del 266,1%. En el rubro de “productos medicinales y equipos para la salud”, el aumento fue aún mayor: 289,4%. Este escenario agrava una situación ya difícil, donde el costo de los medicamentos pasó de representar el 15% al 33% del gasto médico en obras sociales y prepagas desde la pandemia.

Un sector del mercado señala que la inflación distorsiona los precios, permitiendo subas excesivas en ciertos medicamentos. Además, mencionan la aprobación judicial de fármacos costosos, sin pruebas concluyentes sobre su eficacia, lo que contribuye al encarecimiento general del sistema de salud.

Entre enero de 2019 y agosto de 2024, los medicamentos aumentaron un 4.055%, superando ampliamente la inflación acumulada de 3.537%. Esto ha impulsado al Gobierno a permitir que las provincias importen medicamentos sin autorización nacional, como respuesta a propuestas como la del gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Fármacos que lideran los aumentos
Algunos medicamentos han tenido incrementos desmesurados. La fórmula láctea Nutrilon Pepti Lata y las tiras reactivas Accu-chek subieron un 596%. Otros ejemplos son el Diamicron para la diabetes (544%) y el Daflon para la circulación (567%).

Un estudio del CEPA destacó que medicamentos comunes como el Ibupirac 600 mg aumentaron un 456% en un año. Tras las elecciones de Javier Milei, los precios de los medicamentos comenzaron un ciclo de subas, registrándose incrementos del 25,7% en noviembre de 2023 y otros importantes en los meses siguientes.

Medicamentos de alta complejidad: precios millonarios
Los medicamentos de alta complejidad han experimentado alzas exorbitantes. El Perjeta-Herceptin, utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, cuesta actualmente $16.500.000 tras subir un 590%. Otros medicamentos, como el Mabthera para artritis reumatoide y el Herceptin, subieron un 586%, con precios de hasta $7.000.000. El medicamento más caro, el OFEV para fibrosis pulmonar, tiene un precio de $19.000.000 y ha subido un 473% en el último año.

El Gobierno busca alternativas para enfrentar estos aumentos, pero los medicamentos continúan siendo un factor crítico en la crisis económica que afecta al país.

La norma se publicó por el Boletín Oficial. Se permitirá a las empresas fijar los horarios, paradas, frecuencias y precios del servicio de ómnibus, dejando al mercado las condiciones de transporte para los pasajeros.

Este lunes, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que desregula los servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia. Fuentes oficiales informaron que la nueva norma permitirá a las empresas fijar libremente recorridos, horarios, precios y duración de los servicios.

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sustituye la regulación vigente de más de 30 años. Según el Gobierno, el objetivo es modernizar y adaptar el transporte a las necesidades actuales, promoviendo la competencia y una mayor oferta de servicios.

Además, se creará el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, accesible online, sin costo, para facilitar los trámites y garantizar la transparencia. Las empresas registradas no tendrán que reinscribirse, pero las nuevas operadoras obtendrán su habilitación automáticamente tras cinco días de inscribirse, aplicando el “Silencio Positivo”, que concede la aprobación si no hay respuesta en un plazo determinado.

Si bien la norma flexibiliza la organización del servicio, se mantendrán los requisitos de seguridad establecidos por la ley. Las empresas deberán informar en el Registro detalles sobre capacidad, vehículos, licencias de conductores y paradas autorizadas. No podrán ofrecer servicios que no figuren en el Registro.

La Secretaría de Transporte será la encargada de implementar la medida, que entrará en vigor en 60 días, tras las actualizaciones tecnológicas necesarias.

La portavoz del organismo multilateral de crédito elogió la política económica del Gobierno.

Durante una reciente conferencia de prensa, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, reconoció que “la situación social en Argentina es muy delicada”, aunque, de manera contradictoria, también mencionó que hay “indicios de recuperación” en la economía.

Este elogio y la crítica a la crisis argentina reflejan la postura ambivalente que ha mantenido la administración de Kristalina Georgieva desde que La Libertad Avanza (LLA) asumió el poder en la Casa Rosada.

En el ámbito financiero, Kozack destacó los avances en la reducción de la inflación, el déficit fiscal y el cumplimiento de las metas de pago. Sin embargo, en el aspecto social, la portavoz subrayó que “la situación es muy delicada”, citando el reciente informe del Indec que reveló que el 53,9% de los argentinos viven en condiciones de pobreza.

Pese a esta alarmante cifra, Kozack afirmó que las autoridades argentinas continúan implementando medidas para proteger a los sectores más vulnerables y que la inclusión es una “prioridad” para el Gobierno. “Se han ampliado programas de asistencia social bien focalizados que benefician a mujeres y niños en situación de pobreza”, destacó.

No obstante, la información proporcionada al FMI no incluyó que los montos de los planes sociales apenas cubren una cuarta parte de la canasta básica, ni que se han suspendido programas de ayuda social, ni que las prestaciones básicas en salud y educación están siendo constantemente desfinanciadas.

Para el FMI, “abordar las altas tasas de pobreza y garantizar un crecimiento más inclusivo sigue siendo una prioridad para el gobierno de Milei”. Kozack añadió que “las medidas para reducir la inflación y las reformas destinadas a fomentar el empleo y la inversión deberían traducirse en una mejora de los salarios reales y en la actividad económica”.

Además, garantizó que el FMI seguirá colaborando en la supervisión del programa económico de LLA, elogiando sus esfuerzos por lograr “una considerable reducción de la inflación y el déficit fiscal”. También señaló que se está comenzando a valorar el cumplimiento de los objetivos fiscales y de reservas establecidos para finales de septiembre.

“Existen indicios de una incipiente recuperación en la actividad económica y en los salarios reales, aunque persisten muchos desafíos”, concluyó la vocera, quien evitó referirse a la posible elaboración de un nuevo programa económico bajo la administración de Luis Caputo, afirmando que “sería prematuro comentar sobre esa cuestión”.

Así lo afirmó el senador neuquino al resaltar la figura de la ex presidenta. Además criticó las políticas del gobierno de Milei en educación y energía.

En una reciente entrevista en la AM-530, el senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, abordó la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner asuma la presidencia del Partido Justicialista (PJ). Parrilli destacó que un amplio espectro de afiliados, dirigentes y referentes políticos le han expresado la necesidad de que Cristina lidere un proceso de renovación dentro del partido.

“Es tiempo de mujeres, y lo estamos viendo”, afirmó el senador, quien hizo hincapié en la reciente asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta de México como un ejemplo de este cambio.

Durante la conversación, Parrilli también se refirió al actual conflicto universitario, manifestando la intención de su bloque de “ratificar la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario; es la solución necesaria para apoyar a los docentes y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades”.

El legislador criticó la gestión de Javier Milei, afirmando que “el gobierno está afectando la esencia del pueblo argentino, que es la educación pública”. Esta crítica se suma a su rechazo por las políticas implementadas en el sector educativo.

Parrilli no escatimó en sus denuncias sobre el aumento de las facturas eléctricas, indicando que “las empresas generadoras de energía, cercanas a Macri, han registrado ganancias de hasta un 700% en su rentabilidad”. Esta situación ha generado preocupación en la población, que enfrenta el impacto de estos incrementos en su economía cotidiana.

Al finalizar la entrevista, el senador concluyó con una dura crítica: “El gobierno de Milei está aplicando la misma política energética que su antecesor, Macri, centrada en aumentar desmesuradamente las ganancias de un selecto grupo de amigos del poder”.

El futuro del PJ y el papel de Cristina Fernández de Kirchner en él son temas que seguirán siendo debatidos en el contexto actual, donde las decisiones gubernamentales continúan generando polémica y descontento social.

La medida será dispuesta por la administración libertaria mediante un decreto que el Presidente firmará en los días próximos.

El Gobierno Nacional avanzará con una polémica medida para arancelar la educación superior para estudiantes extranjeros en universidades públicas, desatando duras críticas desde diversos sectores. El decreto, que Javier Milei firmará en los próximos días, implementará el cobro de aranceles a aquellos estudiantes que no sean residentes permanentes en el país. Esta medida estaba prevista en la versión original de la Ley de Bases, aunque fue eliminada durante el proceso de aprobación en el Congreso.

Infores del Ejecutivo confirman que la decisión será anunciada pocos días después de una masiva movilización que exigió la continuidad de los fondos para las universidades públicas, reclamo que el presidente Milei desestimó tras vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Parlamento. La negativa a garantizar recursos para la educación superior pública ha generado una ola de descontento, que ahora se intensifica con esta medida dirigida a estudiantes extranjeros.

Desde la Casa Rosada aclararon que la gratuidad de la educación superior seguirá garantizada para los argentinos, pero señalaron que los extranjeros no residentes deberán pagar por sus estudios. Este cambio ha provocado una nueva ronda de cuestionamientos hacia la administración de Milei, acusada de debilitar el acceso inclusivo a la educación y de priorizar medidas que afectan a los sectores más vulnerables.

En el texto original de la Ley de Bases, Milei había planteado que el Poder Ejecutivo podría “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos” para estudiantes que no sean “ciudadanos argentinos nativos o por opción” o extranjeros sin residencia permanente. Aunque este punto fue finalmente excluido en la versión aprobada por el Congreso, el Gobierno ha decidido avanzar de todas formas mediante un decreto presidencial.

El proyecto también establecía que los estudiantes extranjeros podrían acceder a becas bajo ciertos convenios o estatutos, y permitía a las universidades públicas firmar acuerdos con organismos nacionales e internacionales para compartir recursos y fomentar intercambios educativos. No obstante, este artículo fue objeto de debate y finalmente suprimido en la versión sancionada de la ley.

Las críticas no han tardado en llegar, con voces que acusan al Gobierno de implementar políticas que restringen el acceso a la educación, y de emular las medidas del gobierno de Mauricio Macri, favoreciendo intereses privados por sobre el bien común.

La reciente disposición se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector aeronáutico.

Como se había anticipado, la Administración ha intensificado su acción contra Aerolíneas Argentinas. Este miércoles, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró a la aerolínea de bandera como una empresa “sujeta a privatización”. La norma deberá ser aprobada por el Congreso y surge en medio del conflicto con el personal de la compañía, que ha llevado a cabo medidas de fuerza por reclamos salariales y en defensa de la aerolínea.

El decreto 873/2024, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, sostiene que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio” y “el cuidado de las arcas públicas”. Se argumenta que esta acción busca que “los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

En este sentido, se destaca que Aerolíneas Argentinas cuenta con “1107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas”, lo que equivale a aproximadamente 14 pilotos por avión operativo, un número considerado “desproporcionado” en comparación con los estándares internacionales. Además, se señala que, a pesar de los resultados económicos negativos de la aerolínea, sus empleados conservan beneficios que agravan la situación. Se menciona que “en un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1 %, el Estado debe destinar sus limitados recursos fiscales a satisfacer las necesidades de los más vulnerables” y que “el Tesoro Nacional no puede sostener una empresa con altos niveles de déficit”.

Desde el inicio de su gestión, la Administración ha puesto su foco en Aerolíneas Argentinas. Aunque la aerolínea no figuraba en la lista de empresas a privatizar según la Ley Bases, la privatización se ha convertido en un objetivo prioritario, lo que ha generado resistencia por parte de los sindicatos del sector. Este miércoles, los pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevarán a cabo un paro de 24 horas en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (Cefepra) ubicado en el Aeropuerto de Ezeiza. Esta medida no afectará a los vuelos programados. Esta será la primera acción de protesta del gremio liderado por Pablo Biró desde mediados de septiembre, cuando, junto a la Asociación de Aeronavegantes (AAA), paralizaron más de 300 vuelos de Aerolíneas Argentinas durante un paro de 24 horas.

El dirigente gremial fue hospitalizado en estado crítico debido a problemas de salud.

Luis Barrionuevo, dirigente de 82 años y líder de la Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTHGRA), fue internado de urgencia esta tarde en el Sanatorio Güemes, donde actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su ingreso se produjo tras presentar un cuadro de descompensación, caracterizado por la pérdida de la percepción del tiempo y el espacio. Los médicos están realizando una serie de estudios para estabilizar su condición y determinar el diagnóstico adecuado.

Barrionuevo ha estado al frente del sindicato durante 39 años. Aunque no forma parte directamente de la CGT, lidera un sector del sindicalismo vinculado a Carlos Acuña, co-titular de la central. Es un dirigente con gran influencia entre sus pares y ha mantenido una relación tensa con el gobierno de Javier Milei. A pesar de haberlo respaldado en la última campaña electoral, su apoyo se retiró cuando Milei se acercó al PRO, lo que llevó a un distanciamiento entre ambos.

Docentes, no docentes y alumnos se movilizarán en una marcha federal para rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario y defender el acceso a la educación pública, ante los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno.

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes participarán mañana en una marcha federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional, en respuesta al veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso.

Bajo el lema “La universidad no es el problema, es parte de la solución”, la comunidad educativa de las universidades públicas rechaza el recorte presupuestario implementado por el gobierno, que forma parte de su agenda de ajuste.

El acto central de la Marcha Federal Universitaria tendrá lugar a las 17 horas en la Plaza del Congreso, con réplicas en las principales ciudades del país.

El conflicto entre el Ejecutivo y las universidades se intensificó la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro de 48 horas en defensa de sus salarios y de la ley vetada.

Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, los gremios rechazaron la oferta del Ministerio de Capital Humano de un aumento salarial del 5,8% en octubre, que el Ejecutivo calificó como un incremento histórico.

A pesar de que el Gobierno convocó a los gremios para negociar paritarias, las organizaciones sindicales —FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT— consideraron insuficiente la propuesta, argumentando que no compensa la pérdida salarial acumulada.

“La oferta no alcanza para equilibrar la situación, dado que solo incluye un 5,8% para octubre, ignorando la enorme deuda en los salarios de docentes y no docentes”, señalaron desde el sector docente, anticipando la movilización.

La CGT confirmó su respaldo a la marcha, subrayando su apoyo a la defensa de la educación y la universidad pública. Héctor Daer, uno de los líderes de la central sindical, instó a encontrar una solución sin menoscabar el prestigio de las universidades públicas. En diálogo con Radio Splendid, Daer destacó la urgencia de llegar a un acuerdo con los gremios docentes para salir de la crisis.

Por otro lado, Cristina Kirchner llamó a los jóvenes a sumarse a la marcha, enfatizando que lo hacen “por su presente y su futuro”.

En contraste, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de inflar el número de estudiantes para recibir más fondos. Según sus declaraciones, el 38% de los alumnos no tienen registros claros de inscripción en las materias, lo que cuestiona la transparencia en el uso de los recursos.

El Ministerio de Capital Humano, por su parte, defendió su compromiso con la universidad pública, resaltando las medidas tomadas para mejorar el sistema educativo y presentando “siete puntos clave” en relación con el conflicto, entre ellos un aumento presupuestario adicional del 6,8%.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno ha tenido momentos de alta tensión, siendo uno de los picos la masiva movilización del 23 de abril, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país en defensa de las universidades públicas.

El Gobierno cerró esa área para reducir el gasto público y evitar duplicidades en la administración, como parte de una reforma estatal más amplia.

El presidente Javier Milei, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso la disolución del Instituto Argentino del Transporte, creado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida se enmarca dentro de la política libertaria de reducir el tamaño del Estado y avanzar hacia la privatización de sectores clave.

El Instituto, que tenía como misión asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto mediante el Decreto 870/2024, firmado por Milei y Caputo. El decreto justifica la medida bajo el argumento de “racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.”

El Decreto 1004/2014, que había dado origen al Instituto durante la gestión de Kirchner, establecía que su objetivo era integrar al sector público y privado en la planificación del transporte, fomentar la investigación en el área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.

No obstante, el Gobierno actual afirmó que con el tiempo el Instituto comenzó a superponerse con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte.

En abril de 2024, el Instituto había sido transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo el Ministerio de Economía, por medio del Decreto 318/2024. Sin embargo, una evaluación posterior concluyó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de su disolución.

El Gobierno argumentó que esta medida responde a la necesidad de “optimizar los recursos públicos” y que las funciones del Instituto podían ser absorbidas por otras dependencias. El decreto enfatiza la importancia de destinar los recursos a “áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan”, en línea con la estrategia de la actual administración para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.

Con la disolución del Instituto, todos sus recursos materiales y financieros serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba la entidad ahora cerrada. Así, el Decreto 1004/2014 de Cristina Kirchner, que había creado el organismo, queda derogado.

Esta decisión se inscribe en un proceso más amplio de reforma del Estado que busca no solo reducir costos, sino también mejorar la coordinación entre distintas áreas gubernamentales y maximizar la eficiencia en el uso de los recursos.