La reciente disposición se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector aeronáutico.

Como se había anticipado, la Administración ha intensificado su acción contra Aerolíneas Argentinas. Este miércoles, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró a la aerolínea de bandera como una empresa “sujeta a privatización”. La norma deberá ser aprobada por el Congreso y surge en medio del conflicto con el personal de la compañía, que ha llevado a cabo medidas de fuerza por reclamos salariales y en defensa de la aerolínea.

El decreto 873/2024, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, sostiene que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio” y “el cuidado de las arcas públicas”. Se argumenta que esta acción busca que “los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

En este sentido, se destaca que Aerolíneas Argentinas cuenta con “1107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas”, lo que equivale a aproximadamente 14 pilotos por avión operativo, un número considerado “desproporcionado” en comparación con los estándares internacionales. Además, se señala que, a pesar de los resultados económicos negativos de la aerolínea, sus empleados conservan beneficios que agravan la situación. Se menciona que “en un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1 %, el Estado debe destinar sus limitados recursos fiscales a satisfacer las necesidades de los más vulnerables” y que “el Tesoro Nacional no puede sostener una empresa con altos niveles de déficit”.

Desde el inicio de su gestión, la Administración ha puesto su foco en Aerolíneas Argentinas. Aunque la aerolínea no figuraba en la lista de empresas a privatizar según la Ley Bases, la privatización se ha convertido en un objetivo prioritario, lo que ha generado resistencia por parte de los sindicatos del sector. Este miércoles, los pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevarán a cabo un paro de 24 horas en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (Cefepra) ubicado en el Aeropuerto de Ezeiza. Esta medida no afectará a los vuelos programados. Esta será la primera acción de protesta del gremio liderado por Pablo Biró desde mediados de septiembre, cuando, junto a la Asociación de Aeronavegantes (AAA), paralizaron más de 300 vuelos de Aerolíneas Argentinas durante un paro de 24 horas.

El dirigente gremial fue hospitalizado en estado crítico debido a problemas de salud.

Luis Barrionuevo, dirigente de 82 años y líder de la Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTHGRA), fue internado de urgencia esta tarde en el Sanatorio Güemes, donde actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su ingreso se produjo tras presentar un cuadro de descompensación, caracterizado por la pérdida de la percepción del tiempo y el espacio. Los médicos están realizando una serie de estudios para estabilizar su condición y determinar el diagnóstico adecuado.

Barrionuevo ha estado al frente del sindicato durante 39 años. Aunque no forma parte directamente de la CGT, lidera un sector del sindicalismo vinculado a Carlos Acuña, co-titular de la central. Es un dirigente con gran influencia entre sus pares y ha mantenido una relación tensa con el gobierno de Javier Milei. A pesar de haberlo respaldado en la última campaña electoral, su apoyo se retiró cuando Milei se acercó al PRO, lo que llevó a un distanciamiento entre ambos.

Docentes, no docentes y alumnos se movilizarán en una marcha federal para rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario y defender el acceso a la educación pública, ante los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno.

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes participarán mañana en una marcha federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional, en respuesta al veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso.

Bajo el lema “La universidad no es el problema, es parte de la solución”, la comunidad educativa de las universidades públicas rechaza el recorte presupuestario implementado por el gobierno, que forma parte de su agenda de ajuste.

El acto central de la Marcha Federal Universitaria tendrá lugar a las 17 horas en la Plaza del Congreso, con réplicas en las principales ciudades del país.

El conflicto entre el Ejecutivo y las universidades se intensificó la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro de 48 horas en defensa de sus salarios y de la ley vetada.

Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, los gremios rechazaron la oferta del Ministerio de Capital Humano de un aumento salarial del 5,8% en octubre, que el Ejecutivo calificó como un incremento histórico.

A pesar de que el Gobierno convocó a los gremios para negociar paritarias, las organizaciones sindicales —FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT— consideraron insuficiente la propuesta, argumentando que no compensa la pérdida salarial acumulada.

“La oferta no alcanza para equilibrar la situación, dado que solo incluye un 5,8% para octubre, ignorando la enorme deuda en los salarios de docentes y no docentes”, señalaron desde el sector docente, anticipando la movilización.

La CGT confirmó su respaldo a la marcha, subrayando su apoyo a la defensa de la educación y la universidad pública. Héctor Daer, uno de los líderes de la central sindical, instó a encontrar una solución sin menoscabar el prestigio de las universidades públicas. En diálogo con Radio Splendid, Daer destacó la urgencia de llegar a un acuerdo con los gremios docentes para salir de la crisis.

Por otro lado, Cristina Kirchner llamó a los jóvenes a sumarse a la marcha, enfatizando que lo hacen “por su presente y su futuro”.

En contraste, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de inflar el número de estudiantes para recibir más fondos. Según sus declaraciones, el 38% de los alumnos no tienen registros claros de inscripción en las materias, lo que cuestiona la transparencia en el uso de los recursos.

El Ministerio de Capital Humano, por su parte, defendió su compromiso con la universidad pública, resaltando las medidas tomadas para mejorar el sistema educativo y presentando “siete puntos clave” en relación con el conflicto, entre ellos un aumento presupuestario adicional del 6,8%.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno ha tenido momentos de alta tensión, siendo uno de los picos la masiva movilización del 23 de abril, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país en defensa de las universidades públicas.

El Gobierno cerró esa área para reducir el gasto público y evitar duplicidades en la administración, como parte de una reforma estatal más amplia.

El presidente Javier Milei, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso la disolución del Instituto Argentino del Transporte, creado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida se enmarca dentro de la política libertaria de reducir el tamaño del Estado y avanzar hacia la privatización de sectores clave.

El Instituto, que tenía como misión asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto mediante el Decreto 870/2024, firmado por Milei y Caputo. El decreto justifica la medida bajo el argumento de “racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.”

El Decreto 1004/2014, que había dado origen al Instituto durante la gestión de Kirchner, establecía que su objetivo era integrar al sector público y privado en la planificación del transporte, fomentar la investigación en el área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.

No obstante, el Gobierno actual afirmó que con el tiempo el Instituto comenzó a superponerse con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte.

En abril de 2024, el Instituto había sido transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo el Ministerio de Economía, por medio del Decreto 318/2024. Sin embargo, una evaluación posterior concluyó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de su disolución.

El Gobierno argumentó que esta medida responde a la necesidad de “optimizar los recursos públicos” y que las funciones del Instituto podían ser absorbidas por otras dependencias. El decreto enfatiza la importancia de destinar los recursos a “áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan”, en línea con la estrategia de la actual administración para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.

Con la disolución del Instituto, todos sus recursos materiales y financieros serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba la entidad ahora cerrada. Así, el Decreto 1004/2014 de Cristina Kirchner, que había creado el organismo, queda derogado.

Esta decisión se inscribe en un proceso más amplio de reforma del Estado que busca no solo reducir costos, sino también mejorar la coordinación entre distintas áreas gubernamentales y maximizar la eficiencia en el uso de los recursos.

El Sumo Pontífice instó por el cese de los ataques militares de Tel-Aviv, enfatizando la necesidad de ayudar a las víctimas en medio del creciente conflicto.

El Papa Francisco pidió este domingo un alto al fuego inmediato en Líbano y Gaza, durante su mensaje del ángelus tras la misa celebrada en el estadio Rey Balduino de Bruselas. “Demasiadas personas siguen muriendo día tras día en Medio Oriente”, expresó el Santo Padre, subrayando la urgencia de detener la violencia desproporcionada.

“Hago un llamado a todas las partes para que cese inmediatamente el fuego en Líbano, en Gaza, en el resto de Palestina y en Israel”, enfatizó Francisco ante unas 30.000 personas presentes. “Rezamos por las víctimas, por sus familias y por la paz. Liberen a los rehenes y permitan la ayuda humanitaria”, agregó, subrayando que la situación es insostenible.

El mensaje del Papa se produce en un contexto de continuos bombardeos por parte del Ejército israelí en diversas áreas de Líbano, lo que ha provocado una creciente preocupación internacional. Las autoridades libanesas han confirmado que al menos 1.640 personas han perdido la vida desde el inicio de los enfrentamientos entre Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el 7 de octubre.

Desde el 16 de septiembre, Israel ha intensificado sus ataques, resultando en la muerte de más de 1.000 personas, entre las que se incluyen alrededor de 130 mujeres y niños, y más de 6.300 heridos. Este aumento en la violencia pone de manifiesto el impacto devastador de las políticas agresivas de Israel en la región, lo que ha llevado a un llamado urgente a la comunidad internacional para actuar y poner fin a esta crisis humanitaria.

ATE convoca a movilizaciones en todo el país. Denuncian la pérdida de derechos laborales y acusan al Gobierno por desmantelar políticas públicas.

Con la proximidad del vencimiento de 65.000 contratos de empleados estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado protestas a nivel nacional. Las asambleas comenzarán a las 10:00 en diversos organismos públicos para rechazar las cesantías y alertar sobre el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.

El secretario general del gremio destacó que estas cesantías impactan de manera negativa en los sectores más vulnerables y en la clase media, que ven cómo se pierden derechos fundamentales. Además, criticó al presidente por desmantelar el “verdadero Estado” en beneficio de un grupo selecto de empresarios, mientras se reducen los recursos humanos disponibles para las políticas públicas.

Desde el viernes, ATE ha reportado la llegada de telegramas de despido que se han prolongado durante el fin de semana. Ante esta situación, el gremio también participará en la marcha federal universitaria programada para el miércoles, en rechazo a las políticas del Gobierno.

Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha informado que la reducción de más de 28.000 contratos desde diciembre ha permitido al Gobierno un ahorro de $36.000 millones, afectando particularmente a los ministerios de Justicia y Capital Humano, así como a áreas sensibles como la Secretaría Nacional de Niñez y Familia y la Secretaría de Derechos Humanos.

El Ejecutivo nacional acusó a las universidades de inflar el número de estudiantes para recibir más fondos, en medio del conflicto salarial y la movilización programada para esta semana.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, lanzó duras críticas hacia las universidades, afirmando que “inventan alumnos” para recibir fondos, en medio de la disputa salarial con el sector educativo superior y la movilización prevista para este miércoles. Además, se anticipa el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

En declaraciones radiales este domingo, Torrendell señaló que “sobre el 38% de los alumnos no hay constancia de su inscripción en materias. Las universidades no informan sobre ello, y los fondos se distribuyen de acuerdo a esos datos imprecisos”. Enfatizó la necesidad de invertir adecuadamente en educación, dado el contexto de escasez de recursos y el hecho de que el 60% de los niños viven en situación de pobreza.

Torrendell también criticó la opacidad en la gestión de las casas de estudio, afirmando: “Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar con precisión a los alumnos que tenemos”. Además, ironizó sobre la tradición de “inventar alumnos” en el sistema educativo argentino, que según él, lleva más de 200 años y se relaciona con la proliferación de cargos docentes en todos los niveles, incluyendo las universidades.

La tensión entre el Gobierno y las universidades aumentó después de que los gremios docentes y no docentes rechazaran el ofrecimiento de un aumento salarial del 5,8% para octubre, propuesto por el Ministerio de Capital Humano. Desde la cartera liderada por Sandra Pettovello, señalaron que esta negativa frustra un “avance salarial histórico” y deja en claro los “verdaderos intereses” de quienes se oponen a mejorar los ingresos del sector.

En respuesta, la Asociación Gremial Docente de la UBA expresó su descontento, afirmando que el Gobierno pretende que “levantemos nuestro reclamo por menos de una décima parte de lo que hemos perdido por la inflación desde diciembre de 2024”.

Torrendell admitió la necesidad de mejorar los salarios, pero insistió en que los aumentos se implementarán progresivamente, respetando el objetivo de déficit cero. También aclaró que no hay reclamos por parte de las universidades respecto a los gastos de funcionamiento.

A medida que se aproxima la marcha del miércoles, el secretario calificó la protesta como una “marcha política” y reiteró su compromiso con lo que llamó “la revolución de la honestidad”, enfocada en combatir la corrupción y gestionar mejor los recursos públicos.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades promete continuar escalando en los próximos días, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto del veto a la ley de Financiamiento Universitario.

Presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, ejerció un poder significativo en el Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, controlando diversas instituciones sanitarias y el sector de las prepagas. Su influencia despierta inquietudes sobre posibles conflictos de interés en política sanitaria.

Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, es un influyente empresario de la salud vinculado a figuras como Santiago Caputo y Luis Barrionuevo. Su papel ha cobrado protagonismo, especialmente tras el escándalo relacionado con las prepagas, que puso en tela de juicio la verdadera dirección del Ministerio de Salud. Mientras Mario Russo aparece oficialmente como el ministro en el organigrama del gobierno de Javier Milei, se considera que Lugones es quien realmente maneja los hilos detrás de escena, controlando los organismos relacionados con la política sanitaria del país.

Poder en la sombra

Lugones no solo preside la Fundación Sanatorio Güemes, sino que también es socio de personalidades como el operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, Barrionuevo y el ex presidente de Independiente, Julio Comparada. Este grupo tiene bajo su control la prepaga Hominis, que proporciona servicios médicos a numerosos trabajadores del sector gastronómico, quienes buscan mejorar la atención de su obra social.

Un funcionario del área de Salud indicó a iProfesional que “los que han declarado la guerra a la clase media están adentro”, lo que evidencia los conflictos de interés que caracterizan la gestión de Milei. Según informes, Lugones tiene el control no solo del Ministerio de Salud, sino también de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el PAMI, la Anmat y el Incucai, operando con un equipo de confianza.

Crisis en el sector de las prepagas

La SSS está actualmente preparando un informe sobre las prepagas que será evaluado por la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, en respuesta a las denuncias de cartelización y conductas abusivas en el sector. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que las prepagas han incrementado sus cuotas en hasta un 170% en apenas cuatro meses, lo que ha llevado a un conflicto abierto con la clase media.

El gobierno, a través del DNU 70/2023, modificó la ley que permitía al Ministerio de Salud regular los precios de la medicina prepaga, lo que ha suscitado críticas y sospechas sobre el accionar de empresas como OSDE, Galeno, Omint, Medicus y Swiss Medical. Se cree que Lugones controla la SSS mediante Gabriel Oriolo, ex gerente de sistemas de OSDE, y su influencia se extiende a todo el sistema de salud privado.

Manejo estratégico

Ubicada en el Edificio Shell Mex, en Diagonal Norte, Lugones mantiene un estricto control sobre sus operaciones, comunicándose a través de un grupo de WhatsApp con funcionarios del área de salud, donde dicta órdenes y establece políticas de comunicación con la prensa. Se afirma que, a pesar de que Mario Russo ocupa el cargo de ministro, la verdadera autoridad recae en Lugones.

El vínculo de Lugones con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se fortalece a través de su hijo, Rodrigo Lugones, quien colabora con la consultora de marketing Move, asociada con Caputo. Esta conexión ha facilitado su ascenso y la confianza que Milei deposita en él.

Enfrentamientos internos y consolidación de poder

Lugones fue también el centro de un conflicto antes de asumir el gobierno, cuando se produjo una disputa entre Posse y Sandra Pettovello, quien estaba destinada a liderar una Secretaría de Salud. Finalmente, Lugones encontró en Mario Russo al candidato ideal para ocupar el ministerio, mientras él se mantiene como su principal asesor.

La SSS también ha visto cambios importantes bajo su mando, con la reciente designación de Oriolo en lugar de Enrique Rodríguez Chiantore, quien fue removido tras un breve período. Además, Lugones ha consolidado su influencia en el PAMI, donde nombró a Esteban Leguizamo, asegurando su alineación con diversos sectores del poder.

Influencia en el sistema de salud

Lugones no solo ha tomado control del PAMI, sino que también ha designado a dos funcionarias clave en la ANMAT y al director del Incucai, Carlos Soratti, otro hombre de su confianza. De esta manera, Mario Lugones se ha convertido en una figura central y poderosa en la salud pública, moldeando políticas y estrategias en un entorno altamente interconectado.

A pesar de una caída proyectada del 4% en la actividad económica y una inflación del 147,5% para este año, el organismo internacional señala la necesidad de políticas más efectivas para asegurar la estabilidad del país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó este miércoles una recesión más pronunciada para Argentina en 2023, estimando una caída de la actividad económica del 4% y una disminución en la inflación, que se proyecta en un 147,5% anual. Estas cifras son un duro golpe a las expectativas que se habían creado en torno a las políticas económicas del actual gobierno, encabezado por Javier Milei, cuyo enfoque ha sido criticado por muchos expertos como imprudente y desmedido.

Las nuevas proyecciones de la OCDE reflejan un agravamiento respecto a los análisis previos, especialmente los presentados en mayo, cuando se había revisado a la baja la caída del PIB del 2,3% al 3,3%, así como la estimación inflacionaria, que pasó del 250,6% al 208,1%. La gestión de Milei ha sido marcada por decisiones que, lejos de estabilizar la economía, han contribuido a una mayor incertidumbre y desconfianza en los mercados.

El reciente informe indica que la contracción económica es 0,7 puntos porcentuales más pronunciada que la anticipada en mayo, mientras que la inflación se ha ajustado a la baja en 60,6 puntos porcentuales, lo que representa una significativa revisión. Sin embargo, esta aparente mejora en las proyecciones inflacionarias no debe ocultar el hecho de que la situación económica sigue siendo crítica y que las medidas adoptadas por Milei no han logrado revertir la tendencia recesiva.

A nivel global, la OCDE prevé que el crecimiento se estabilice en un 3,2% tanto en 2024 como en 2025, alineándose con el ritmo promedio observado durante el primer semestre de este año. Sin embargo, para Argentina, las proyecciones para 2025 sugieren un cambio notable, con un crecimiento esperado del 3,9% y un aumento de precios que alcanzaría un 46,7% anual. Esta mejora, aunque alentadora, plantea la pregunta de si la política económica de Milei podrá realmente llevar al país hacia un camino de recuperación sostenible.

El análisis también destacó que, aunque se espera que la inflación en los mercados emergentes se mantenga más alta que en las economías avanzadas, habrá una tendencia a la moderación. En particular, se anticipa que la inflación en Argentina y Turquía disminuirá en 2024 y 2025, aunque seguirá estando en niveles de dos dígitos. Esto plantea un desafío para la administración de Milei, que debe encontrar un equilibrio entre la contención de la inflación y el crecimiento económico.

Esta desaceleración en el aumento de precios es parte de una tendencia global, atribuida a la caída de la inflación en los precios de alimentos, energía y otros bienes. La OCDE indicó que se prevé que la inflación general en el G20 disminuya del 6,1% en 2023 al 5,4% en 2024 y al 3,3% en 2025, pero la realidad argentina sigue siendo más compleja.

El informe también abordó el acceso al financiamiento de los países, señalando que, aunque el crecimiento del crédito ha comenzado a recuperarse en algunas economías avanzadas, las condiciones para la concesión de préstamos siguen siendo estrictas. Este contexto plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno de Milei para acceder a financiamiento internacional en un momento crítico.

Además, se destacó que la depreciación de las monedas en Brasil, Argentina, México y Turquía ha beneficiado los ingresos por exportaciones, pero ha incrementado los costos del servicio de la deuda en dólares, ejerciendo presión sobre la inflación. La falta de una estrategia clara y coherente por parte de Milei ha llevado a muchos a cuestionar su capacidad para gestionar la economía de manera efectiva.

La OCDE también subrayó que la crisis de la deuda soberana continúa afectando a varias economías emergentes, especialmente en los países de bajos ingresos, aunque los diferenciales de los bonos gubernamentales denominados en dólares se han mantenido estables en la mayoría de estas naciones. En este contexto, la OCDE afirmó que se requieren esfuerzos más decididos a corto plazo para controlar el crecimiento del gasto y aumentar los ingresos, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la deuda y reconstruir los amortiguadores fiscales. Es un mensaje claro para el gobierno de Milei: las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes para enfrentar los desafíos económicos que tiene por delante.

Desde el gobierno de esa provincia sostuvieron que los focos continúan activos.

Los incendios en la provincia de Córdoba “continúan activos, pero con menor actividad”, todavía “no están contenidos ni controlados”, afirmaron desde la gobernación.

“Los bomberos lograron avanzar en la lucha contra el fuego y continúan trabajando en algunos perímetros inestables. Por el momento no están contenidos ni controlados”, destaca el comunicado publicado en la noche del martes.

En este sentido, indicaron que el foco ígneo de Villa Berna presenta menos actividad y continúa la lucha cuerpo a cuerpo, mientras que en Capilla del Monte, del lado oeste en dirección a San Marcos Sierras, están trabajando bomberos voluntarios.

Por otro lado, en La Granja ha disminuido la actividad del fuego y el incendio de Chancaní sigue con actividad por lo que continúa el trabajo de los bomberos.

“Este miércoles serán reemplazados los 800 bomberos por nuevos efectivos. Cabe destacar que el personal cuenta con el apoyo de todas las fuerzas especializadas, con la ayuda de bomberos de otras ciudades y como así también de cuarteles de otras provincias”, explicaron.

Según un informe de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), ya se quemaron alrededor de 43 mil hectáreas, aunque en lo que va del 2024 se vieron afectadas casi 70 mil.

Asimismo, se trata de una jornada importante ya que el presidente Javier Milei viajará hasta la provincia para monitorear el operativo de emergencia.

Conforme a la informaron de fuentes de la Presidencia, el jefe de Estado irá en una comitiva integrada también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.