El Sumo Pontífice instó por el cese de los ataques militares de Tel-Aviv, enfatizando la necesidad de ayudar a las víctimas en medio del creciente conflicto.

El Papa Francisco pidió este domingo un alto al fuego inmediato en Líbano y Gaza, durante su mensaje del ángelus tras la misa celebrada en el estadio Rey Balduino de Bruselas. “Demasiadas personas siguen muriendo día tras día en Medio Oriente”, expresó el Santo Padre, subrayando la urgencia de detener la violencia desproporcionada.

“Hago un llamado a todas las partes para que cese inmediatamente el fuego en Líbano, en Gaza, en el resto de Palestina y en Israel”, enfatizó Francisco ante unas 30.000 personas presentes. “Rezamos por las víctimas, por sus familias y por la paz. Liberen a los rehenes y permitan la ayuda humanitaria”, agregó, subrayando que la situación es insostenible.

El mensaje del Papa se produce en un contexto de continuos bombardeos por parte del Ejército israelí en diversas áreas de Líbano, lo que ha provocado una creciente preocupación internacional. Las autoridades libanesas han confirmado que al menos 1.640 personas han perdido la vida desde el inicio de los enfrentamientos entre Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el 7 de octubre.

Desde el 16 de septiembre, Israel ha intensificado sus ataques, resultando en la muerte de más de 1.000 personas, entre las que se incluyen alrededor de 130 mujeres y niños, y más de 6.300 heridos. Este aumento en la violencia pone de manifiesto el impacto devastador de las políticas agresivas de Israel en la región, lo que ha llevado a un llamado urgente a la comunidad internacional para actuar y poner fin a esta crisis humanitaria.

ATE convoca a movilizaciones en todo el país. Denuncian la pérdida de derechos laborales y acusan al Gobierno por desmantelar políticas públicas.

Con la proximidad del vencimiento de 65.000 contratos de empleados estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado protestas a nivel nacional. Las asambleas comenzarán a las 10:00 en diversos organismos públicos para rechazar las cesantías y alertar sobre el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.

El secretario general del gremio destacó que estas cesantías impactan de manera negativa en los sectores más vulnerables y en la clase media, que ven cómo se pierden derechos fundamentales. Además, criticó al presidente por desmantelar el “verdadero Estado” en beneficio de un grupo selecto de empresarios, mientras se reducen los recursos humanos disponibles para las políticas públicas.

Desde el viernes, ATE ha reportado la llegada de telegramas de despido que se han prolongado durante el fin de semana. Ante esta situación, el gremio también participará en la marcha federal universitaria programada para el miércoles, en rechazo a las políticas del Gobierno.

Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha informado que la reducción de más de 28.000 contratos desde diciembre ha permitido al Gobierno un ahorro de $36.000 millones, afectando particularmente a los ministerios de Justicia y Capital Humano, así como a áreas sensibles como la Secretaría Nacional de Niñez y Familia y la Secretaría de Derechos Humanos.

El Ejecutivo nacional acusó a las universidades de inflar el número de estudiantes para recibir más fondos, en medio del conflicto salarial y la movilización programada para esta semana.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, lanzó duras críticas hacia las universidades, afirmando que “inventan alumnos” para recibir fondos, en medio de la disputa salarial con el sector educativo superior y la movilización prevista para este miércoles. Además, se anticipa el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

En declaraciones radiales este domingo, Torrendell señaló que “sobre el 38% de los alumnos no hay constancia de su inscripción en materias. Las universidades no informan sobre ello, y los fondos se distribuyen de acuerdo a esos datos imprecisos”. Enfatizó la necesidad de invertir adecuadamente en educación, dado el contexto de escasez de recursos y el hecho de que el 60% de los niños viven en situación de pobreza.

Torrendell también criticó la opacidad en la gestión de las casas de estudio, afirmando: “Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar con precisión a los alumnos que tenemos”. Además, ironizó sobre la tradición de “inventar alumnos” en el sistema educativo argentino, que según él, lleva más de 200 años y se relaciona con la proliferación de cargos docentes en todos los niveles, incluyendo las universidades.

La tensión entre el Gobierno y las universidades aumentó después de que los gremios docentes y no docentes rechazaran el ofrecimiento de un aumento salarial del 5,8% para octubre, propuesto por el Ministerio de Capital Humano. Desde la cartera liderada por Sandra Pettovello, señalaron que esta negativa frustra un “avance salarial histórico” y deja en claro los “verdaderos intereses” de quienes se oponen a mejorar los ingresos del sector.

En respuesta, la Asociación Gremial Docente de la UBA expresó su descontento, afirmando que el Gobierno pretende que “levantemos nuestro reclamo por menos de una décima parte de lo que hemos perdido por la inflación desde diciembre de 2024”.

Torrendell admitió la necesidad de mejorar los salarios, pero insistió en que los aumentos se implementarán progresivamente, respetando el objetivo de déficit cero. También aclaró que no hay reclamos por parte de las universidades respecto a los gastos de funcionamiento.

A medida que se aproxima la marcha del miércoles, el secretario calificó la protesta como una “marcha política” y reiteró su compromiso con lo que llamó “la revolución de la honestidad”, enfocada en combatir la corrupción y gestionar mejor los recursos públicos.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades promete continuar escalando en los próximos días, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto del veto a la ley de Financiamiento Universitario.

Presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, ejerció un poder significativo en el Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, controlando diversas instituciones sanitarias y el sector de las prepagas. Su influencia despierta inquietudes sobre posibles conflictos de interés en política sanitaria.

Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, es un influyente empresario de la salud vinculado a figuras como Santiago Caputo y Luis Barrionuevo. Su papel ha cobrado protagonismo, especialmente tras el escándalo relacionado con las prepagas, que puso en tela de juicio la verdadera dirección del Ministerio de Salud. Mientras Mario Russo aparece oficialmente como el ministro en el organigrama del gobierno de Javier Milei, se considera que Lugones es quien realmente maneja los hilos detrás de escena, controlando los organismos relacionados con la política sanitaria del país.

Poder en la sombra

Lugones no solo preside la Fundación Sanatorio Güemes, sino que también es socio de personalidades como el operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, Barrionuevo y el ex presidente de Independiente, Julio Comparada. Este grupo tiene bajo su control la prepaga Hominis, que proporciona servicios médicos a numerosos trabajadores del sector gastronómico, quienes buscan mejorar la atención de su obra social.

Un funcionario del área de Salud indicó a iProfesional que “los que han declarado la guerra a la clase media están adentro”, lo que evidencia los conflictos de interés que caracterizan la gestión de Milei. Según informes, Lugones tiene el control no solo del Ministerio de Salud, sino también de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el PAMI, la Anmat y el Incucai, operando con un equipo de confianza.

Crisis en el sector de las prepagas

La SSS está actualmente preparando un informe sobre las prepagas que será evaluado por la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, en respuesta a las denuncias de cartelización y conductas abusivas en el sector. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que las prepagas han incrementado sus cuotas en hasta un 170% en apenas cuatro meses, lo que ha llevado a un conflicto abierto con la clase media.

El gobierno, a través del DNU 70/2023, modificó la ley que permitía al Ministerio de Salud regular los precios de la medicina prepaga, lo que ha suscitado críticas y sospechas sobre el accionar de empresas como OSDE, Galeno, Omint, Medicus y Swiss Medical. Se cree que Lugones controla la SSS mediante Gabriel Oriolo, ex gerente de sistemas de OSDE, y su influencia se extiende a todo el sistema de salud privado.

Manejo estratégico

Ubicada en el Edificio Shell Mex, en Diagonal Norte, Lugones mantiene un estricto control sobre sus operaciones, comunicándose a través de un grupo de WhatsApp con funcionarios del área de salud, donde dicta órdenes y establece políticas de comunicación con la prensa. Se afirma que, a pesar de que Mario Russo ocupa el cargo de ministro, la verdadera autoridad recae en Lugones.

El vínculo de Lugones con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se fortalece a través de su hijo, Rodrigo Lugones, quien colabora con la consultora de marketing Move, asociada con Caputo. Esta conexión ha facilitado su ascenso y la confianza que Milei deposita en él.

Enfrentamientos internos y consolidación de poder

Lugones fue también el centro de un conflicto antes de asumir el gobierno, cuando se produjo una disputa entre Posse y Sandra Pettovello, quien estaba destinada a liderar una Secretaría de Salud. Finalmente, Lugones encontró en Mario Russo al candidato ideal para ocupar el ministerio, mientras él se mantiene como su principal asesor.

La SSS también ha visto cambios importantes bajo su mando, con la reciente designación de Oriolo en lugar de Enrique Rodríguez Chiantore, quien fue removido tras un breve período. Además, Lugones ha consolidado su influencia en el PAMI, donde nombró a Esteban Leguizamo, asegurando su alineación con diversos sectores del poder.

Influencia en el sistema de salud

Lugones no solo ha tomado control del PAMI, sino que también ha designado a dos funcionarias clave en la ANMAT y al director del Incucai, Carlos Soratti, otro hombre de su confianza. De esta manera, Mario Lugones se ha convertido en una figura central y poderosa en la salud pública, moldeando políticas y estrategias en un entorno altamente interconectado.

A pesar de una caída proyectada del 4% en la actividad económica y una inflación del 147,5% para este año, el organismo internacional señala la necesidad de políticas más efectivas para asegurar la estabilidad del país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó este miércoles una recesión más pronunciada para Argentina en 2023, estimando una caída de la actividad económica del 4% y una disminución en la inflación, que se proyecta en un 147,5% anual. Estas cifras son un duro golpe a las expectativas que se habían creado en torno a las políticas económicas del actual gobierno, encabezado por Javier Milei, cuyo enfoque ha sido criticado por muchos expertos como imprudente y desmedido.

Las nuevas proyecciones de la OCDE reflejan un agravamiento respecto a los análisis previos, especialmente los presentados en mayo, cuando se había revisado a la baja la caída del PIB del 2,3% al 3,3%, así como la estimación inflacionaria, que pasó del 250,6% al 208,1%. La gestión de Milei ha sido marcada por decisiones que, lejos de estabilizar la economía, han contribuido a una mayor incertidumbre y desconfianza en los mercados.

El reciente informe indica que la contracción económica es 0,7 puntos porcentuales más pronunciada que la anticipada en mayo, mientras que la inflación se ha ajustado a la baja en 60,6 puntos porcentuales, lo que representa una significativa revisión. Sin embargo, esta aparente mejora en las proyecciones inflacionarias no debe ocultar el hecho de que la situación económica sigue siendo crítica y que las medidas adoptadas por Milei no han logrado revertir la tendencia recesiva.

A nivel global, la OCDE prevé que el crecimiento se estabilice en un 3,2% tanto en 2024 como en 2025, alineándose con el ritmo promedio observado durante el primer semestre de este año. Sin embargo, para Argentina, las proyecciones para 2025 sugieren un cambio notable, con un crecimiento esperado del 3,9% y un aumento de precios que alcanzaría un 46,7% anual. Esta mejora, aunque alentadora, plantea la pregunta de si la política económica de Milei podrá realmente llevar al país hacia un camino de recuperación sostenible.

El análisis también destacó que, aunque se espera que la inflación en los mercados emergentes se mantenga más alta que en las economías avanzadas, habrá una tendencia a la moderación. En particular, se anticipa que la inflación en Argentina y Turquía disminuirá en 2024 y 2025, aunque seguirá estando en niveles de dos dígitos. Esto plantea un desafío para la administración de Milei, que debe encontrar un equilibrio entre la contención de la inflación y el crecimiento económico.

Esta desaceleración en el aumento de precios es parte de una tendencia global, atribuida a la caída de la inflación en los precios de alimentos, energía y otros bienes. La OCDE indicó que se prevé que la inflación general en el G20 disminuya del 6,1% en 2023 al 5,4% en 2024 y al 3,3% en 2025, pero la realidad argentina sigue siendo más compleja.

El informe también abordó el acceso al financiamiento de los países, señalando que, aunque el crecimiento del crédito ha comenzado a recuperarse en algunas economías avanzadas, las condiciones para la concesión de préstamos siguen siendo estrictas. Este contexto plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno de Milei para acceder a financiamiento internacional en un momento crítico.

Además, se destacó que la depreciación de las monedas en Brasil, Argentina, México y Turquía ha beneficiado los ingresos por exportaciones, pero ha incrementado los costos del servicio de la deuda en dólares, ejerciendo presión sobre la inflación. La falta de una estrategia clara y coherente por parte de Milei ha llevado a muchos a cuestionar su capacidad para gestionar la economía de manera efectiva.

La OCDE también subrayó que la crisis de la deuda soberana continúa afectando a varias economías emergentes, especialmente en los países de bajos ingresos, aunque los diferenciales de los bonos gubernamentales denominados en dólares se han mantenido estables en la mayoría de estas naciones. En este contexto, la OCDE afirmó que se requieren esfuerzos más decididos a corto plazo para controlar el crecimiento del gasto y aumentar los ingresos, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la deuda y reconstruir los amortiguadores fiscales. Es un mensaje claro para el gobierno de Milei: las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes para enfrentar los desafíos económicos que tiene por delante.

Desde el gobierno de esa provincia sostuvieron que los focos continúan activos.

Los incendios en la provincia de Córdoba “continúan activos, pero con menor actividad”, todavía “no están contenidos ni controlados”, afirmaron desde la gobernación.

“Los bomberos lograron avanzar en la lucha contra el fuego y continúan trabajando en algunos perímetros inestables. Por el momento no están contenidos ni controlados”, destaca el comunicado publicado en la noche del martes.

En este sentido, indicaron que el foco ígneo de Villa Berna presenta menos actividad y continúa la lucha cuerpo a cuerpo, mientras que en Capilla del Monte, del lado oeste en dirección a San Marcos Sierras, están trabajando bomberos voluntarios.

Por otro lado, en La Granja ha disminuido la actividad del fuego y el incendio de Chancaní sigue con actividad por lo que continúa el trabajo de los bomberos.

“Este miércoles serán reemplazados los 800 bomberos por nuevos efectivos. Cabe destacar que el personal cuenta con el apoyo de todas las fuerzas especializadas, con la ayuda de bomberos de otras ciudades y como así también de cuarteles de otras provincias”, explicaron.

Según un informe de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), ya se quemaron alrededor de 43 mil hectáreas, aunque en lo que va del 2024 se vieron afectadas casi 70 mil.

Asimismo, se trata de una jornada importante ya que el presidente Javier Milei viajará hasta la provincia para monitorear el operativo de emergencia.

Conforme a la informaron de fuentes de la Presidencia, el jefe de Estado irá en una comitiva integrada también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La marcha se realizará este miércoles en rechazo a la privatización de la línea aérea de bandera.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes, liderada por Juan Pablo Brey, convocó junto a distintas organizaciones del sector aeronáutico a la marcha que se realizará mañana miércoles 25 de septiembre, desde las 10 horas, al Congreso de la Nación en defensa de Aerolíneas Argentinas y en rechazo de su privatización que promueve el Gobierno Nacional. Así, en medio de la disputa salarial, los trabajadores aeronáuticos y de otros sectores del transporte se unirán bajo el lema: “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende”.

En ese sentido, Alejandro Kogan, secretario de prensa de Aeronavegantes expresó que “no solo las fuentes de trabajo son las que están en peligro, sino también la interconectividad de los pueblos y sus economías regionales”, y agregó “nos manifestamos en contra porque las experiencias de venta de nuestra línea área de bandera han sido absolutamente perjudiciales, no solo para la aeronáutica, sino para el desarrollo de la industria en general”.

En esa misma línea, el representante sindical aseguró “vamos a estar poniendo toda la fuerza de nuestra lucha para hacer llegar la voz de los trabajadores al Congreso de la Nación”.

Cabe destacar que, la convocatoria fue efectuada de manera conjunta por los cinco sindicatos de la actividad que integran el nuevo frente aeronáutico. Así, junto a Aeronavegantes concentrarán desde las 10 horas en el Congreso, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), y ATE ANAC.

Se unieron las dos confederaciones del país y advierten sobre una medida de fuerza en el sector; estuvieron presentes trabajadores ferroviarios, de colectivos, aeronáuticos, portuarios y camioneros.

Los dirigentes sindicales Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Portuarios), Pablo Biró (Pilotos), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Raúl Durdos (Marítimos), Pablo Moyano (Camioneros) y Omar Pérez (Camioneros), se reunieron hoy en la sede de Aeronavegantes.

En una alianza sin precedentes, las dos confederaciones de sindicatos del transporte del país se unieron hoy para oponerse a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas que el gobierno de Javier Milei está considerando. Asimismo, se declararon en “estado de alerta y movilización” y amenazaron con un paro general del transporte a nivel nacional.

La reunión entre los líderes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) tuvo lugar hoy en la sede de Aeronavegantes, uno de los gremios señalados por el Gobierno debido a los constantes paros en el sector aeronáutico. En este primer encuentro participaron el anfitrión Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros); Juan Carlos Schmid (Fempinra); Pablo Biró (APLA); y Raúl Durdos (SOMU). Esto marcó el reencuentro estratégico, después de más de una década de distanciamiento, entre los camioneros de Moyano y los colectiveros de la UTA, el gremio que encabeza Roberto Fernández. También se sumó Maturano, del sector ferroviario, otro dirigente que había tomado distancia del moyanismo.

“Hoy consolidamos la unidad del transporte en acción. Nuestro eje es la defensa de la soberanía nacional, representada en las rutas, trenes, mares, ríos y cielos, frente a los embates constantes que vemos por parte del gobierno de Javier Milei en cada modo de transporte. El derecho a huelga está garantizado por la Constitución y los organismos internacionales de trabajo como el Convenio 87 de la OIT”, manifestaron los sindicalistas en un comunicado. Y agregaron: “Estamos unidos más allá de nuestras centrales de transporte porque la situación política lo exige, lo que dio lugar a esta Mesa Nacional del Transporte”.

El cónclave acordó una nueva reunión para la próxima semana, con el objetivo de definir un “Plan de Lucha General”, que podría incluir medidas de fuerza de alcance nacional.

Entre los promotores del encuentro estuvieron los aeronáuticos Brey y Biró, ambos sindicalistas señalados por el Gobierno por el conflicto en Aerolíneas Argentinas. Mañana, el Gobierno intentará desplazar a Biró del directorio de la empresa estatal, donde ocupa un puesto en representación de los trabajadores.

Al mismo tiempo, la CGT también intervino en el conflicto aeronáutico y rechazó la reciente denuncia del Ministerio de Seguridad contra Biró. “La CGT insta a la empresa a resolver los conflictos laborales en el marco de la negociación paritaria. Las diferencias entre empleadores y trabajadores deben resolverse a través del diálogo social, no buscando responsabilidades penales en declaraciones o acciones cuyo único objetivo es defender los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos”, expresó la central sindical en un comunicado. Y añadió: “Una vez más, esta CGT llama al Poder Ejecutivo a reflexionar sobre lo improductivo que es intentar resolver en la justicia lo que debe discutirse en una mesa paritaria”.

Como en ocasiones anteriores, los gremios del transporte utilizan esta articulación para presionar a la CGT a convocar a un paro general. Sería el tercero desde el inicio del mandato de Milei.

El documento condena la reducción de partidas presupuestarias en salud y educación; el cierre de ministerios y secretarías encargadas de los derechos infantiles y condena el aumento de la pobreza.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU presentó un informe en Ginebra que expone preocupaciones profundas respecto a la situación de la niñez en Argentina. En un documento de 17 páginas, se resalta la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia” y la “desinversión en salud y educación durante los últimos meses”. Esta situación se traduce en un aumento alarmante de la pobreza infantil, donde siete de cada diez niños en el país viven en condiciones precarias.

El informe critica el cierre de organismos clave para la protección de los derechos de los niños. En este sentido, se objetó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y del Ministerio de la Mujer. También se cuestionó el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una subsecretaría de menor rango, lo que pone en riesgo el enfoque necesario para abordar la crisis de la infancia.

Otro aspecto alarmante del informe es el aumento de casos de “pornografía infantil y abuso sexual intrafamiliar”. La falta de “mecanismos de denuncia y condena efectiva” se menciona como un grave obstáculo para proteger a los menores. En este contexto, se instó al Gobierno a adoptar medidas concretas para afrontar esta problemática.

El Comité de la ONU no solo destacó los problemas existentes, sino que también ofreció sugerencias. Una de las recomendaciones fue “volver a habilitar la utilización del lenguaje inclusivo en la administración pública”. Además, instó a Argentina a “aumentar urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños”, subrayando la necesidad de un cambio inmediato ante la situación crítica.

El subsecretario de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano, Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, presentó el informe del Gobierno argentino, que, aunque reconoce algunos avances alcanzados por administraciones anteriores, se enfrenta a un panorama desalentador. Se destacó la reducción de la mortalidad neonatal en un 50% respecto a 2002, pero las mejoras resultan insuficientes ante el contexto de crisis económica que afecta a diversas intervenciones estatales.

El Comité expresó su “seria preocupación” por los cambios institucionales recientes y sus posibles repercusiones en la protección de los derechos de los niños. El Comité recomendó que Argentina «aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños», según indicó el reporte.

Diferentes consultoras registraron un fuerte descenso en las ventas en una comparación interanual.

Un relevamiento privado a cargo de la consultora Nielsen IQ ratificó la caída del consumo masivo en agosto respecto a los datos del mismo mes del año pasado. Desde la consultora informaron que las ventas acumulan una disminución del 17,6 %, en términos interanuales.

De acuerdo con el informe, el consumo de alimentos retrocedió 15,8%, impulsado por los No básicos (-14,1%), las Golosinas (-17,3%) y los alimentos básicos (-17,6%). En tanto, el consumo de bebidas bajó 17,7% continuando la tendencia.

Mientras que la baja de bebidas alcohólicas fue del 27,2% y de bebidas no alcohólicas, 13,9%. Cuidado personal y limpieza bajó el mes pasado 16,7% impulsado por limpieza del hogar y de la ropa (-18,5%) y por cosmética y tocador (-15,9%).

Mientras que se publicaron cifras similares de la consultora Scentia, para la cual el consumo masivo se desplomó 17,2% en agosto.

Este número fue el mayor desde marzo de 2021, mes en que la baja había sido del 18,3%. En el acumulado de 2024, la disminución alcanza el 10,6%.

Los productos que menos se consumieron durante el mes pasado fueron los de tipo impulsivo (-27%), bebidas sin alcohol (-24,7%), bebidas con alcohol (-24,3%), higiene y cosmética (-20,1%), limpieza de ropa y hogar (-15,9%), desayuno y merienda (-14,4%), alimentos (-12,4%) y perecederos (-9,4%).

Mientras que la baja en supermercados fue del 17,9% interanual y en autoservicios, 16,5%. La caída del consumo masivo en agosto fue mucho más acentuada en el interior del país que en el AMBA: las caídas fueron del 22,5 y 8,6% respectivamente. Respecto al rubro alimentos, en el área metropolitana disminuyó 4,8% y en el resto del país se desplomó 16,9%.

El Índice de Desocupación alcanzó el 7,6% al término del segundo trimestre del año, en línea con el 7,7% del primer trimestre, a pesar de que la economía entre ambas mediciones bajó el 1,7%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Sin embargo, este nivel de desocupación estuvo por encima del 6,2% de abril-junio del año pasado, periodos entre los que hubo también una merma del 1,7% en el Producto Bruto Interno, medido trimestre contra trimestre, informó el organismo.

En tanto, la subocupación demandante, entendida esta como personas que laboran 35 horas semanales pero quisieran mayor empleo, se ubicó en 8,1%, por sobre el 76 % del primer trimestre y 7,4% de abril-junio del año pasado.

Por su parte, la tasa de los subocupados no demandantes quedó en 3,7%, apenas por encima del 3,2% del primer trimestre, y de un valor similar al de abril-junio del 2023.

El Gran Buenos Aires, entendido este como la región que alcanza a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lideró el nivel de desocupación con el 8,3%, seguido por la región Noreste con el 7,8%, la Pampeana, con el 7,6%, mientras que por debajo del promedio nacional se ubicaron la Patagonia con el 5,4%, Noroeste con el 5,2%, y Cuyo, con el 5,1%.

Por aglomerados, Resistencia (Chaco) lideró el nivel de desocupación con el 11%, La Plata, 9,9%: el Gran Buenos; Aires 9,1%; y el eje Rawson Trelew con el 9%.

Por contrapartida, los menores índices de desocupación se anotaron en Santiago del Estero, con el 0,7% Viedma-Carmen de Patagones con el 0,9%.