La Justicia negó a la Comisión Investigadora de Diputados el acceso al expediente sobre la criptomoneda impulsada por el propio Presidente, y también desestimó detener a dos empresarios involucrados. Una decisión que despierta sospechas por su oportunismo político.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi volvió a colocarse en el centro de la polémica al rechazar el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para acceder al expediente por el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, una causa que involucra directamente al presidente Javier Milei.

Según el magistrado, el Congreso “no tiene legitimación” para acceder al expediente, una interpretación que coincide palabra por palabra con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que lleva adelante la pesquisa. Ambos argumentaron que una apertura “irrestricta” de la información podría obstruir la investigación.

Sin embargo, la decisión genera más preguntas que certezas. ¿Por qué tanta reserva cuando el propio Presidente promocionó públicamente la moneda en redes sociales, provocando un alza artificial de su valor antes del desplome? ¿Y por qué se impide al Congreso ejercer su rol de control político?

Mientras tanto, De Giorgi también rechazó detener a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados por la querella como piezas clave del entramado financiero detrás de LIBRA. El denunciante, Martín Romeo, advirtió que ambos presentan riesgo de fuga —por tener pasaportes extranjeros y residencia en el exterior—, además de haber vaciado cajas de seguridad y eliminado archivos.

Aun así, el juez consideró que “no hay riesgos procesales ni peligro de fuga”, y que las medidas cautelares vigentes, como el congelamiento de activos, son “suficientes”. Incluso sostuvo que poseer doble nacionalidad “no puede interpretarse como un indicio suficiente”.

El contraste no pasó inadvertido: si los involucrados fueran dirigentes peronistas, las detenciones ya estarían dictadas y el expediente filtrado a los medios. Pero cuando se trata de una causa que roza al Presidente libertario, la Justicia prefiere el silencio y la cautela.

Una vez más, la independencia judicial parece depender de quién es el acusado y de qué lado del mostrador se encuentra el poder.

La Libertad Avanza busca retrasar la aprobación del proyecto hasta diciembre, confiando en un Congreso más favorable que le permita imponer su versión sin negociar con la oposición.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados buscan postergar el dictamen del Presupuesto 2026, previsto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados el próximo martes, hasta después de la renovación legislativa del 10 de diciembre. La estrategia apunta a consolidar un panorama parlamentario más dócil y minimizar la influencia de la oposición en el debate.

Fuentes parlamentarias señalan que el oficialismo teme que la oposición aproveche la oportunidad para introducir modificaciones al proyecto que podrían debilitar los planes del Gobierno. Por ello, la dilación no se presenta como un error de gestión, sino como una maniobra deliberada para asegurar un dictamen a medida, una práctica que genera cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad fiscal.

Desde la oposición, ya se anticipa la intención de presentar un dictamen alternativo antes del recambio de bancas, lo que tensiona la negociación y deja al oficialismo a la defensiva. Expertos parlamentarios alertan que la demora podría convertirse en un factor de conflicto político, donde los intereses del Ejecutivo priman sobre la planificación presupuestaria del país.

En paralelo, se buscó coordinar encuentros entre el titular de Diputados, Martín Menem; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y los jefes de los bloques aliados, mientras el propio presidente Javier Milei discutió la estrategia con gobernadores. A pesar de estos esfuerzos, las diferencias internas y la resistencia de bloques opositores como Encuentro Federal o Democracia para Siempre dificultan garantizar un dictamen sin confrontaciones.

El oficialismo apuesta a que los desacuerdos entre los opositores frenen cualquier iniciativa antes de diciembre. Mientras tanto, el tiempo corre y la dilación expone un patrón recurrente: la prioridad del Gobierno parece ser asegurar el control político por sobre un debate transparente y participativo sobre el presupuesto.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo cuadro tarifario para las distribuidoras Edenor y Edesur, vigente desde el 1 de noviembre. El aumento responde a actualizaciones en los costos de distribución, el precio mayorista de la energía y el transporte eléctrico.

De acuerdo con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, las tarifas subirán 3,6% en el área de Edenor y 3,53% en la de Edesur, en comparación con octubre. El incremento alcanza a los usuarios residenciales de los tres niveles de segmentación (N1, N2 y N3), así como a comercios, industrias, clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios generadores.

El gobierno de Javier Milei solo conoce un camino que es el del ajuste permanente. ¿Cómo se recuperará la economía si la gente no llega a fin de mes?

Organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda América Latina y el Caribe se reunirán este 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata para conmemorar las dos décadas del histórico rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), reafirmando los principios de soberanía, justicia social y unidad continental.

Mar del Plata volverá a ser escenario de un encuentro regional en defensa de la integración latinoamericana, a veinte años de la Cumbre de las Américas de 2005, cuando los pueblos y sus líderes —entre ellos Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva— rechazaron el proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

Durante las dos jornadas se desarrollarán actividades, debates y actos de solidaridad en distintos espacios de la ciudad, con la participación de referentes nacionales de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT, la UTEP y Mundo Sur, junto a dirigentes internacionales de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Federación Sindical Mundial (FSM), el Foro de Sao Paulo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, Alba Movimientos, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Marcha Mundial de Mujeres.

El martes 4 de noviembre, las actividades comenzarán a las 9:00 en el Teatro Auditorium, Sala Astor Piazzolla, con la bienvenida de los organizadores y la apertura a cargo del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a representantes de las tres centrales sindicales y la UTEP.
La primera mesa de debate abordará el significado histórico del “No al ALCA”, seguida de un acto en solidaridad con el pueblo de Haití. Por la tarde, se discutirán las amenazas a las democracias regionales y los desafíos para la integración y la soberanía, con cierre a las 18:00 mediante un acto solidario con el pueblo de Palestina.

El miércoles 5 de noviembre se realizarán mesas simultáneas sobre movimiento sindical, movimiento de mujeres, juventudes y movimientos sociales en distintas sedes de la ciudad, y al mediodía tendrá lugar el acto público central en conmemoración de los 20 años del “No al ALCA”.

A dos décadas de aquel hecho que marcó un punto de inflexión en la historia regional, el encuentro busca reafirmar el compromiso de los pueblos latinoamericanos con la soberanía, la democracia y la integración solidaria, frente a un nuevo contexto internacional atravesado por disputas económicas, políticas y culturales.

El dirigente, que en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las candidaturas testimoniales por considerarlas una falta de respeto hacia los votantes, decidió ahora no asumir la banca de diputado que ganó hace apenas una semana en la provincia de Buenos Aires.

La reciente designación de Diego Santilli como ministro del Interior lo colocó en el centro de una polémica que él mismo ayudó a construir años atrás. El dirigente, que en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las candidaturas testimoniales por considerarlas una falta de respeto hacia los votantes, decidió ahora no asumir la banca de diputado que ganó hace apenas una semana en la provincia de Buenos Aires.

El contraste no podría ser más evidente. Hace pocos días, cuando le consultaron si en La Libertad Avanza había candidatos “testimoniales”, Santilli fue categórico: “No, no tenemos testimonial”. Y añadió, para reforzar su punto: “Asumimos todos”. Hoy, su designación en el gabinete nacional contradice de lleno aquellas declaraciones.

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío.

Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer… pic.twitter.com/aIetfeEAtG

— Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2025

La secuencia política es vertiginosa. Tras una campaña marcada por quejas sobre las dificultades para recorrer el territorio y por el uso de la boleta con la imagen de José Luis Espert —a quien reemplazó como primer candidato tras el escándalo por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado—, Santilli celebró el triunfo en las urnas. Incluso protagonizó un gesto simbólico al raparse la cabeza por la victoria. Sin embargo, una semana después, el “Colo” decidió no asumir la banca obtenida, priorizando su nuevo rol en el Ejecutivo.

El archivo, reciente pero implacable, volvió a circular con fuerza en redes y medios, recordando las palabras del propio Santilli, quien había definido como testimoniales aquellas candidaturas de dirigentes que se presentan a elecciones sin intención de ejercer el cargo. “Testimonial significa que sos intendente o gobernador, sos candidato y volvés a tu cargo”, explicó en su momento.

Hoy, esa definición parece alcanzarlo por completo. El dirigente que pedía coherencia y transparencia ante la ciudadanía se convirtió, en cuestión de días, en el protagonista de aquello que criticaba.

Pese a la desmentida de Donald Trump, medios estadounidenses afirmaron horas antes que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares venezolanas y que la agresión podría ocurrir en cualquier momento.

Medios estadounidenses afirmaron horas antes que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares venezolanas y que la agresión podría ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, el presidente Donald Trump negó este viernes (31.10.2025) haber tomado la decisión de atacar Venezuela, después de que The Wall Street Journal y el Miami Herald publicaran reportes sobre una posible ofensiva.

—“No”—, respondió Trump a bordo del Air Force One cuando un periodista le preguntó si contemplaba ataques de ese tipo.

Mientras tanto, los movimientos militares de Washington en el Caribe no cesan. Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra, aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico y un grupo de ataque con portaaviones que se dirige a la región. Esta acumulación de fuerza militar —que la Casa Blanca insiste en vincular con operaciones contra el narcotráfico— ha encendido las alarmas sobre una posible escalada bélica en el área.

Una guerra bajo el pretexto del narcotráfico

Desde principios de septiembre, Washington ha lanzado una serie de ataques contra supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Estas operaciones han dejado al menos 62 muertos y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

Aunque la administración Trump sostiene que las pequeñas embarcaciones representan una amenaza a la seguridad nacional, expertos y organizaciones de derechos humanos califican las acciones como ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando las víctimas son presuntos traficantes.

Demostraciones de fuerza y recrudecimiento de tensiones

Además del despliegue naval, Washington ha realizado múltiples vuelos de bombarderos B-52 y B-1B cerca de la costa venezolana. La más reciente demostración de fuerza ocurrió el lunes pasado (27.10.2025), reforzando la percepción de que la región se encuentra al borde de un conflicto abierto.

Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de “fabricar una guerra” y de conspirar para derrocarlo. En medio del creciente despliegue militar y los intercambios de acusaciones, los tambores de guerra resuenan con fuerza en el Caribe, donde la línea entre la disuasión y la confrontación parece cada vez más delgada.

Desde el PRO interpretaron que Macri fue “ninguneado” por un Milei que no sólo no ofreció ministerios, sino que ni siquiera dejó abierta la puerta a cargos secundarios.

La esperada reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei terminó en un choque de egos y sin ningún avance político. Durante una cena que se extendió por una hora y media en la Quinta de Olivos, el expresidente se encontró con un Milei exultante tras su triunfo electoral, que le repitió que hizo “todo bien” y que por eso lo habían “premiado” los argentinos y Donald Trump. Macri se fue con las manos vacías.

El encuentro había sido pautado en un contexto completamente distinto: cuando el oficialismo temía una derrota o un empate con el peronismo y enfrentaba una corrida contra el peso. Pero los diez puntos de ventaja obtenidos por La Libertad Avanza cambiaron los planes. En el entorno presidencial decidieron que ya no había motivos para entregar espacios de poder al PRO.

Macri percibió el desdén. En medio de la cena, las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán interrumpieron el diálogo y acapararon la atención de Milei. “No hay nada que contar”, deslizó con fastidio el exmandatario al salir del encuentro. Desde el PRO interpretaron que fue “ninguneado” por un Milei que no sólo no ofreció ministerios, sino que ni siquiera dejó abierta la puerta a cargos secundarios.

En la conversación, Macri intentó bajar el tono triunfalista del Presidente. Le advirtió que no desperdicie “la oportunidad histórica” que atraviesa la Argentina y le pidió no “tirar los penales afuera”. Pero sus advertencias cayeron en saco roto.

La designación de Manuel Adorni en lugar de Francos como jefe de Gabinete encendió aún más el malestar. “Poner a Adorni en lugar de Francos es como si nosotros hubiéramos puesto a Fer de Andreis en lugar de Marcos Peña”, ironizó un dirigente macrista, convencido de que el Gobierno no busca mejorar la gestión, como Macri venía reclamando.

Molesto, el líder del PRO publicó un mensaje en redes sociales donde lamentó la salida de Francos, a quien definió como “un hombre de equilibrio y sensatez”. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió.

El expresidente también marcó su desacuerdo con el rumbo político del Gobierno: “No logramos ponernos de acuerdo. Lamento esta situación porque el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse”.

Pero su advertencia más directa llegó desde el Congreso: “Tenemos 20 diputados, nos van a necesitar”, deslizó un legislador macrista. La frase refleja la tensión latente: con apenas poco más de 80 bancas propias, La Libertad Avanza dependerá de acuerdos para aprobar leyes clave como el Presupuesto o las reformas económicas.

En el PRO aseguran que la paciencia de Macri tiene límites. Ya en el pasado hizo sentir su enojo en el Congreso, cuando ordenó votar contra decretos del Ejecutivo tras sentirse desplazado por Milei. Esta vez, el mensaje es claro: sin diálogo ni respeto político, Milei podría enfrentar más de un revés parlamentario.

La CGT realizó una reunión ampliada en la sede de la Uocra, donde los principales referentes sindicales coincidieron en la necesidad de sostener la unidad frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Durante el encuentro, ratificaron que defenderán los derechos de los trabajadores a través del diálogo con legisladores y, si fuera necesario, mediante medidas de acción directa.

El encuentro, encabezado por el triunvirato conformado por Héctor Daer, Octavio Argüello y Gerardo Martínez, se extendió por más de tres horas y estuvo atravesado por la preocupación ante la iniciativa oficial que ya ingresó al Congreso. “Si es para retroceder, no va a haber negociación de ningún tipo”, advirtió Daer, mientras que Abel Furlán reclamó una “reacción concreta” de las organizaciones sindicales.

Los gremios cuestionaron aspectos del proyecto como la negociación por empresa y el denominado “salario dinámico”, a los que calificaron como intentos de flexibilización laboral. En paralelo, la CGT mantiene contactos con gobernadores y legisladores con el objetivo de frenar el avance de la reforma cuando se inicie el debate parlamentario en diciembre.

Las tarifas subirán 3,8% y volverán a superar la inflación y las paritarias, mientras el salario real continúa en caída.

El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo incremento en las tarifas de gas y electricidad que regirá a partir del 1º de noviembre, con un ajuste promedio del 3,8 %. La medida, confirmada este viernes por la Secretaría de Energía, implica un nuevo aumento por encima de la inflación estimada y del ritmo de las mejoras salariales.

Según las resoluciones publicadas, el gas natural será el primero en registrar el alza, mientras que la electricidad tendrá una corrección similar que se oficializará en los próximos días. Las subas se suman a una serie de aumentos consecutivos que ya habían reducido el poder adquisitivo de los hogares.

El porcentaje definido supera el 2,5 % de inflación esperada para octubre y también los acuerdos paritarios recientes, la mayoría por debajo de la suba de precios. Con este esquema, el costo de los servicios básicos vuelve a presionar sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

A la par, el Ejecutivo autorizó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría derivar en nuevas remarcaciones en naftas y gasoil. El descongelamiento de este tributo, junto con la eliminación de controles de precios, deja a las petroleras en libertad para definir sus propios aumentos.

La política de ajuste tarifario, presentada por el Gobierno como un paso hacia la “racionalización” del gasto público, consolida un escenario de encarecimiento sostenido en los servicios esenciales, con impacto directo sobre el consumo y el costo de vida de la población.

El presidente de Brasil ordenó intervenir en la investigación ante la pasividad del gobernador Cláudio Castro, acusado de encubrir ejecuciones y abuso policial.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío urgente de peritos federales a Río de Janeiro para investigar la masacre policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en los complejos de favelas Alemão y Penha. La decisión del Ejecutivo nacional llega tras el silencio del gobernador Cláudio Castro, cuestionado por organismos de derechos humanos por presunto encubrimiento y falta de control sobre sus fuerzas de seguridad.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó que un equipo de especialistas en necropsias, balística y ADN ya fue desplazado desde Brasilia. “El gobierno federal no permitirá impunidad ni manipulación de pruebas”, afirmó el funcionario tras una reunión de emergencia encabezada por Lula.

La intervención federal responde a las crecientes sospechas de ejecuciones sumarias y al intento del gobierno estadual de presentar la operación como un “éxito contra el crimen”. Testimonios recogidos por medios locales y organizaciones civiles aseguran que la mayoría de las víctimas no pertenecían al Comando Rojo, sino que fueron asesinadas dentro de sus viviendas.

Desde el Palacio del Planalto se confirmó además la creación de un gabinete especial que coordinará las acciones entre la Policía Federal, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. “La seguridad pública no puede ser sinónimo de exterminio”, señaló una fuente oficial, en alusión directa a la política represiva de Castro.

Mientras el gobierno de Río intenta justificar el operativo, el país asiste con conmoción a las imágenes de cuerpos apilados y viviendas perforadas por disparos de fusil. Amnistía Internacional, Río de Paz y otras entidades reclamaron una investigación internacional por violaciones graves a los derechos humanos.

El contraste entre la inacción del gobernador y la respuesta inmediata del gobierno federal marca un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Río. En los últimos años, el estado gobernado por Castro se consolidó como el de mayor letalidad policial del país, con más de 1.300 muertes anuales a manos de las fuerzas de seguridad.

“La policía no existe para matar ni para morir”, recordaron los organizadores del acto en Copacabana que rindió homenaje tanto a los cuatro agentes fallecidos como a las víctimas civiles. En las arenas de la playa, las cruces blancas y los carteles con mensajes de paz contrastaron con el silencio del Palacio Guanabara.