Por Santiago Masetti
El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, abrió una investigación para determinar las responsabilidades en lo que, en Tegucigalpa nadie lo duda, es un atentado cívico militar contra el sistema democrático de Honduras, a un mes de la elecciones generales que, según las encuestas, le darían la victoria a la candidata a la presidencia de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.
La Fiscalía informó que cuenta con una serie de audios y transcripciones que documentan una estrategia concertada para sabotear la transmisión de resultados y construir un relato de deslegitimación de la oficialista Rixi Moncada, quien, reiteramos se impone en los comicios previsto para el 30 de noviembre próximo.
Los archivos grabados muestran las operaciones realizadas entre el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, también del Partido Nacional y un militar activo del que no se identificada su identidad.
Las conversaciones desnudan cómo se piensa desarrollar un fraude electoral ante una casi segura victoria de Libre.
En ellas se detallan la intención de influir en contrataciones logísticas (transporte y personal acreditado), controlar la observación electoral mediante infiltrados, manipular interrupciones en la transmisión de datos y lanzar un anuncio público —según una línea ya trazada—, para instalar como ganador al candidato derechista del Partido Liberal, Salvador Nasralla, violando el mandato de las urnas y la Constitución Nacional.
Hay frases textuales que ilustran la intención operativa. Cossette lo dice sin ambages: “Lo importante es que se anuncie que va ganando Salvador Nasralla, no Rixi Moncada”.
En otros pasajes se planifica usar empresas afines para el transporte del material electoral y se señala la necesidad de “anunciar” resultados parciales favorables que luego sirvan de coartada para impugnar y suspender el proceso.
Los audios describen un método y Zambrano propone generar contenidos mediáticos que siembren las sospechas sobre el desempeño de los comicios.
El militar aún no identificado propone controles ilegales sobre el sistema de comunicaciones y “operaciones” desestabilizadoras de diversas naturalezas.
El cóctel político-militar-empresarial que surge de las grabaciones es, en el argot técnico, un riesgo sistémico: no solo socava la transparencia operativa, sino que construye la narrativa con la que se pretende violar la voluntad popular.
La gravedad mayor no es solo el contenido de las conversaciones sino su encaje en un patrón histórico.
Honduras arrastra episodios pasados donde la manipulación del escrutinio y la intervención de actores armados y estructuras clientelares tuvieron consecuencias dramáticas.
Hoy, quienes fueron señalados en aquellos capítulos vuelven a aparecer (con menos máscaras y mucha más tecnología) dispuestos a explotar brechas técnicas y administrativas: conectividad, control de centros de votación, credenciales de veedores y la potestad para anunciar “cortes” de resultados.
Las grabaciones reveladas por la Fiscalía dan cuenta de un plan para presionar a actores externos, en la que se desataca a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa con el fin de que no reconozcan eventuales victorias de Libre. Eso convertiría una disputa interna en una crisis de reconocimiento internacional, con efectos duraderos sobre la soberanía y la gobernabilidad.
Demás está añadir, como lo enseña la historia, que detrás de esta intentona está la mano directriz de la activa plantilla de servicio de inteligencia con que cuenta la propia Embajada de Estados Unidos.
Tras conocerse las filtraciones de los audios, el Fiscal aseguró en una conferencia de prensa que “cualquier intento deliberado para alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria de naturaleza imprescriptible”.
“El orden constitucional y el Estado de Derecho son bienes jurídicos superiores a cualquier interés privado o partidario”, y luego Zelaya añadió que la suplantación de la soberanía popular “se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena”.
La política hondureña enfrenta, de nuevo, una encrucijada: o se refuerzan las reglas del juego y se asegura el escrutinio público, o se abre la puerta a un ciclo de deslegitimación que terminará por erosionar la frágil institucionalidad. Si el país quiere mirar al futuro, como dicen quienes imaginan cambios profundos, tendrá que defender hoy la letra fría de los procedimientos y la voluntad caliente de las urnas.
Seguramente está no será la última operación en la que el bipartidismo que gobernó durante varias décadas está nación centroamericana – en componendas con el sistema de poder militar y empresario-, busque agredir a la frágil democracia hondureña, en beneficio de lo que denominan “las diez familias” y de los intereses foráneos.
En ese marco de peligrosidad para la democracia debe ser entendida la solicitud del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, para obtener copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos en el nivel presidencial al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al respecto, el periódico hondureño La Prensa acaba de publicar:
“El abogado constitucionalista Oliver Erazo fue contundente al señalar que la Constitución de la República no otorga, ni sugiere, ni insinúa facultad alguna a las Fuerzas Armadas para solicitar actas electorales. El artículo 272 y el 273 de la Constitución delimitan claramente las atribuciones del órgano militar. Bajo ningún contexto, la Carta Magna ni la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas le permiten peticionar al CNE copias de las actas”.
Todas estas acciones de la derecha, que decididamente deben ser consideradas golpistas, se dan en un marco regional e internacional signado por la agresividad que viene demostrando el gobierno de Donald Trump.
Al respecto, resulta destacable lo publicado este miércoles 29 de octubre por el sitio de análisis internacional Other News, cuando reproduce el artículo “Washington redibuja el Caribe…”, del colega mexicano-estadounidense Jorge Luis Sierra, del Diario Red:
“El Caribe está ocupando un lugar central en la geopolítica de Estados Unidos (…). El gobierno de Trump lo ha convertido en un mero espacio de proyección militar. Las operaciones navales de la Armada estadounidense en el mar Caribe y las costas de Colombia, los bombardeos de embarcaciones sospechosas y la presencia de destructores y fragatas norteamericanas evocan una escena de tiempos pasados, cuando la Doctrina Monroe justificaba la intervención. Hoy, bajo el discurso de la ‘guerra contra el narcotráfico’, Washington intenta reconfigurar el mapa de seguridad del hemisferio occidental y ha reinstalado en el Caribe un dispositivo militar que altera el equilibrio político regional. El argumento oficial es familiar: combatir las rutas del narcotráfico y neutralizar las redes criminales transnacionales. Sin embargo, bajo el prisma del análisis estratégico, esta narrativa opera como un velo. En realidad, se está reacomodando la doctrina de defensa estadounidense hacia una visión hemisférica que busca reafirmar su presencia militar frente a China, Rusia y, en menor medida, Irán. El narcotráfico es el pretexto”.
Si alguien alberga alguna duda sobre la presencia del gobierno de Estados Unidos como directriz de esta intentona golpista en Honduras, a leer con atención una frase lapidaria de la consejera del CNE, Cossette López-Osorio, en los audios que la incriminan.
Dijo: “Utilizamos las herramientas que nos dio la gente de la Embajada”.
