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Mastollone (La Serenísima): profundiza el rojo en su balance por el ajuste en el consumo popular

Después de haber cerrado el primer semestre con una pérdida de $869 millones, Mastellone Hermanos, propietaria de La Serenísima, profundizó sus números rojos: en los nueve meses terminados el 30 de septiembre acumuló una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV. La compañía explicó que el resultado final “está afectado fundamentalmente por el efecto neto que la devaluación del peso produjo en la valuación de nuestros activos y pasivos en moneda extranjera”.

Los motivos de la caída: la baja del consumo interno, en crisis desde enero de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei implementó un ajuste sobre los ingresos de trabajadores y jubilados. Las empresas empiezan a sufir por el ajuste del gobierno libertario.

Como suele ocurrir cada vez que gobiernan los llamados liberales – pasó con la dictadura, el menemismo y el macrismo – el ajuste golpea en primer lugar sobre los trabajadores y los jubilados pero automáticamente se desplaza a las empresas, que pierden rentabilidad por la caída de sus ventas en el mercado local – ¡porque sus consumidores ganan cada vez menos!

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Diputada libertaria se niega a leer el reglamento del Congreso: “es tedioso y tiene letra chiquita”

A un mes de jurar como diputada electa de La Libertad Avanza, Karen Reichardt admitió que todavía no leyó el reglamento del Congreso, el documento que regula el funcionamiento de la Cámara de Diputados y define los derechos y deberes de sus integrantes. Su explicación fue insólita: “Tiene letra chiquita”.

El texto le fue entregado el martes en la Casa Rosada, durante una reunión entre los legisladores electos de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei, acompañados por Karina Milei, quien ofició de anfitriona. En el encuentro, la hermana del mandatario obsequió a cada dirigente una bolsa con la Constitución Nacional y el reglamento parlamentario.

Dos días después, Reichardt confesó entre risas que el documento seguía cerrado: “Es largo, tedioso y tiene letra chiquita”, comentó.

De la farándula al Congreso

Exvedette, conductora y empresaria, Reichardt es una de las figuras “outsiders” que Javier Milei incorporó a sus listas con la promesa de renovar la política. Con su estilo descontracturado, contó su primera experiencia institucional: “Nos dieron una libreta, una lapicera y el reglamento”, relató con sorpresa.

Pese a su falta de lectura del texto legislativo, la futura diputada se mostró entusiasmada tras el encuentro con el Presidente y su hermana: “Este va a ser el año en que el Congreso más va a trabajar”, aseguró.

“Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más”

Fiel a su estilo directo, Reichardt también aprovechó para marcar distancia con los políticos tradicionales: “Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más, me harté de escucharlos hablar”, lanzó.

La futura legisladora aclaró que no pretende convertirse en una experta en técnica parlamentaria, sino aportar una mirada ciudadana: “Hay mucho por aprender, claro, pero seguimos el lineamiento del Presidente. Venimos de otro palo, hablamos distinto. Yo hablo como ciudadana”.

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IMAGEN DE ARCHIVO. Trabajadores de la aplicación de entregas Rappi en Bogotá, Colombia

Increíble: un abogado de Rappi es el encargado de redactar la reforma laboral que propone Milei

Un abogado vinculado a Rappi redacta la reforma laboral y el gobierno de Javier Milei no introducirá mejoras para los trabajadores de plataformas, que seguirán siendo independientes. Al no blanquear la relación de dependencia, no existe derecho a reclamos sindicales. Insólito: el sector con mayor informalidad y menos derechos será el encargado de reformar las leyes laborales. Los trabajadores no deberían entusiasmarse.

Julián de Diego es un abogado especializado en asesoramiento laboral empresario (para mejorar sus ingresos). Entre las compañías que asesora está Rappi, representada formalmente por el Estudio Cárrega. Al igual que todas las plataformas, Rappi no reconoce a sus repartidores como empleados.

En diciembre empezará el debate por una nueva reforma laboral: como ocurrió durante la década de 1990, los empresarios quieren leyes más flexibles para despedir trabajadores y de ese modo, sostienen, aumentará el empleo formal. La década de 1990 terminó al revés, con 25% de desempleo, récord absoluto en la historia del país.

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La levantó con pala: Bessent ganó USD 200 millones con el carry trade que le armó Caputo

En los pasillos del mercado financiero argentino circula una versión que incomoda al equipo económico: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habría obtenido una ganancia cercana a los USD 200 millones gracias a un carry trade diseñado a medida por Luis Caputo para contener el dólar en la recta final electoral.

La intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino se mantuvo rodeada de hermetismo total. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central ofrecieron explicaciones sobre el destino de los pesos que ingresaron ni sobre el origen de los dólares que salieron. Sin embargo, los números del balance semanal del BCRA, con corte al 31 de octubre, dejan rastros elocuentes: las Letras en pesos emitidas cayeron abruptamente de 3 billones a 270 mil millones, una reducción casi idéntica al monto —unos 2,7 billones de pesos— que el Tesoro norteamericano había invertido semanas antes.

Según operadores del mercado, Bessent habría desarmado su posición en pesos y recomprado los dólares que había vendido para estabilizar el tipo de cambio. El silencio oficial alimenta las sospechas: no se sabe bajo qué instrumentos financieros se realizó la operación, ni cuáles fueron las tasas, coberturas o plazos de esas letras.

En los hechos, el BCRA habría tomado los pesos del Tesoro estadounidense y entregado letras que ofrecían algún tipo de tasa preferencial o cobertura cambiaria, garantizando una salida limpia. Coincidentemente, el rubro “Otros pasivos” del Central aumentó casi 2,9 billones de pesos en esa misma semana, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra de ingeniería financiera cuidadosamente planificada.

Para varios analistas, el movimiento sugiere que el Banco Central habría activado un tramo del swap con Estados Unidos, permitiendo a Bessent salir de su posición sin presionar el mercado. “Parece que se activó un tramo del swap con USA. Si no hay aclaraciones, podemos concluir eso”, señaló Fernando Marull. Gabriel Caamaño fue más allá: “Si así fuera, activaron el swap para darle salida a Bessent contra reservas internacionales. Eso implicaría que la intervención del Tesoro fue un anticipo del acuerdo”.

Con ironía, Christian Buteler resumió la jugada: “El Tesoro americano vende 2.000 millones de dólares, luego le presta al BCRA para recomprarlos sin mover el precio y embolsa una ganancia sustancial. Esta sí es una masterclass, con la tuya”. En el mercado calculan que la ganancia neta rondó los USD 200 millones.

El desenlace podría confirmarse pronto. Sebastián Maril anticipó que el Tesoro estadounidense publicará la próxima semana el balance del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que incluirá las posiciones al 31 de octubre. Si las especulaciones son correctas, el reporte mostrará posición cero en pesos argentinos, confirmando que Bessent cerró el mes sin riesgo local y con ganancias aseguradas.

“De ser así, el Congreso tendrá menos motivos para cuestionarlo”, concluyó Maril.

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Mena: “La causa Cuadernos es una ficción judicial para perseguir a Cristina”

El ministro bonaerense de Justicia cuestionó el avance del juicio por la llamada “Causa Cuadernos” y denunció la manipulación del Poder Judicial durante el macrismo para montar una persecución política contra la expresidenta.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, fue categórico al referirse al inicio del juicio oral por la llamada Causa Cuadernos. En diálogo con AM 530, definió el proceso como “un mamarracho” y “una farsa” construida con un único fin: “perseguir a Cristina Fernández de Kirchner utilizando el poder judicial como herramienta política”.

“Esto no es normal, no está bien. Es parte del mamarracho en el que convirtieron a la justicia argentina”, sostuvo Mena, quien además advirtió que “en los últimos años la destruyeron para forzarla al servicio del poder real”.

En esa línea, el ministro denunció que “siempre son los mismos jueces y fiscales” los que aparecen en las causas contra el kirchnerismo. “El Poder Judicial está compuesto por más de 2.500 funcionarios y siempre son los mismos 15 los que arman estos expedientes. Son las marionetas del poder económico”, afirmó.

Mena recordó el inicio de la causa, nacida de fotocopias truchas de supuestos cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, y señaló que todo el proceso “fue armado mediáticamente por el diario La Nación” y sostenido “a fuerza de extorsión y presión sobre empresarios”.

Juan Martín Mena

“Metieron presos a más de 70 empresarios para obligarlos a declarar lo que querían escuchar. Usaron la ley del arrepentido como una herramienta de chantaje”, dijo Mena. Además, reveló que “ninguna de las declaraciones fue grabada como exige la ley”, y que los peritajes oficiales detectaron “más de quince tachaduras y cinco puños distintos” en los cuadernos originales.

“El peritaje demostró que los dos cuadernos donde aparece toda la novela no fueron escritos por Centeno. La velocidad de escritura indica que alguien se los dictó”, detalló.

Con contundencia, el ministro bonaerense vinculó esta causa con la condena en la obra pública: “Todo lo que dijimos en Vialidad se repite acá. Es la misma maquinaria judicial y mediática que busca destruir a Cristina”.

Finalmente, Mena fue más allá y apuntó directamente contra el macrismo: “El guion lo escribió el poder político de Mauricio Macri y lo ejecutaron sus jueces de confianza. Lo que buscan es mantener viva una persecución para proscribir al peronismo”.

“Esta justicia ya no administra justicia —cerró—, administra una serie. Está hecha para Netflix, no para la Constitución.”

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Milei profundiza su alineamiento con la derecha global en una nueva gira por Estados Unidos

El presidente viajó nuevamente a Estados Unidos para participar de foros empresariales y un encuentro conservador en Miami, en una agenda centrada en mostrar afinidad ideológica antes que resultados concretos para la economía argentina.

El presidente Javier Milei arribó a Miami para desplegar una agenda que combina exposiciones ante empresarios y su participación en una gala conservadora vinculada al expresidente estadounidense Donald Trump. Se trata de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el marco de la estrategia del mandatario de afianzar su vínculo con el eje liberal-conservador internacional mientras la situación económica en Argentina atraviesa tensiones por la caída del consumo, la recesión y el desgaste social derivado del ajuste.

Milei será uno de los oradores en el American Business Forum, donde insistirá en su plan de apertura irrestricta, reducción del gasto público y desregulación, con el objetivo declarado de atraer inversiones. Sin embargo, hasta el momento, los principales anuncios de empresas no se tradujeron en nuevas cadenas de producción ni en generación de empleo, y el clima inversor sigue condicionado por la caída del mercado interno.

Por la noche, el presidente participará de una gala organizada por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en la residencia de Mar-a-Lago. Se espera que reafirme su discurso contra lo que denomina “colectivismo” y en defensa del libre mercado y la tradición occidental. Trump no estará presente, aunque Milei busca mantener la sintonía política con el exmandatario de cara a la reconfiguración conservadora en la región.

La visita continuará en Nueva York, donde el presidente tiene previsto mantener contactos con representantes del sistema financiero y organismos multilaterales. La agenda incluye también su intervención en la Asamblea General de la ONU. Allí, el mandatario insistirá en su postura de “reordenamiento global” y en la necesidad de reformas estructurales, pese a las críticas internas por el impacto social del ajuste.

La gira se produce en un contexto de creciente malestar en sectores productivos y sindicatos, que advierten que la estrategia exterior del gobierno busca más consolidación ideológica que resultados económicos inmediatos.

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Otro capítulo del lawfare a Cristina

La expresidenta y referenta del peronismo afirmó que el proceso responde a intereses políticos y que busca condicionar al campo nacional y popular.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este jueves antes del inicio del juicio oral por la causa Cuadernos. La dirigente calificó el proceso como un “show judicial” y sostuvo que la reapertura del expediente responde a tiempos políticos y no a criterios jurídicos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cristina afirmó que la causa se sostiene sobre declaraciones obtenidas bajo presión y documentos cuya autenticidad fue cuestionada en distintas etapas. Señaló que se trata de una maniobra destinada a mantener activa la persecución contra el movimiento nacional y popular y recordó que en la causa Vialidad denunció irregularidades durante todo el proceso.

La exmandataria advirtió que la reactivación del expediente se produce en medio del debate sobre el empleo, las jubilaciones y el rumbo económico, y señaló que la estrategia judicial opera como herramienta para desplazar el foco público. También cuestionó el nivel de endeudamiento y ajuste que atraviesa el país.

Cristina sostuvo que no teme al proceso y se mostró confiada en que la historia pondrá en evidencia las motivaciones detrás de las causas. Reafirmó su respaldo a la organización política del peronismo y señaló que el eje central continúa siendo la discusión sobre el modelo económico y social para los próximos meses.

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Crisis industrial: Newsan despide a 200 trabajadores y Electrolux suspendió a 400

En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

La industria argentina atraviesa su momento más crítico en años. En un contexto de recesión, caída del consumo y apertura de importaciones, empresas emblemáticas del sector electrodoméstico comenzaron a ajustar drásticamente sus plantillas. En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

Despidos masivos en Newsan: del saludo a Milei al telegrama de despido

Apenas un mes después de recibir al presidente Javier Milei en la planta fueguina de Newsan, más de 200 trabajadores fueron despedidos —entre efectivos y temporarios— en Ushuaia. La medida tomó por sorpresa a los operarios, quienes aseguran que no hubo aviso previo y denuncian la pasividad del gremio metalúrgico. “La UOM no nos recibe ni da respuestas. Solo dicen que está todo caído”, señalaron los cesanteados.

El golpe laboral ocurre en medio de un clima de desconfianza y tensión social. La muerte de Pablo Ulises Lizarraga, un trabajador recientemente despedido, conmocionó a la comunidad fabril y acentuó el malestar en el sector.

Desde la CGT, su secretario general Ramón “Moncho” Calderón confirmó los despidos —150 en Newsan y 50 en GDS, su empresa subsidiaria— y denunció la complicidad entre Gobierno, empresas y algunos dirigentes gremiales. “Para ellos, los trabajadores somos material descartable”, sostuvo, anticipando acciones legales contra la firma.

El gobernador Gustavo Melella también alertó sobre el colapso productivo fueguino: “Hasta 6.000 empleos están en riesgo por medidas del Gobierno nacional que destruyen la industria”. En una provincia donde la economía depende casi exclusivamente del ensamblado electrónico, los despidos masivos amenazan con un impacto social devastador.

Electrolux y Mabe: suspensiones y cierres en el corazón industrial del país

En Rosario, Electrolux suspendió a 400 trabajadores debido a la fuerte caída en la demanda de electrodomésticos y al incremento de importaciones. Las suspensiones, originalmente previstas por un mes, se extendieron hasta enero de 2026 y la empresa solo garantiza el pago total de los sueldos hasta noviembre.

“Estamos trabajando a menos del 50% de la capacidad instalada”, advirtió Pablo Cerra, apoderado de la UOM Rosario. Según estimaciones sindicales, solo este año se perdieron más de 2.000 puestos industriales en la región, afectando no solo a las grandes fábricas, sino también a sus proveedoras —en su mayoría pymes metalúrgicas—, las más vulnerables ante la crisis.

Mientras tanto, Mabe anunció el cierre de su planta en Río Segundo (Córdoba), trasladando la producción a Luque y dejando sin tareas a 150 empleados. Aunque la empresa ofreció relocalizaciones, la distancia de 60 kilómetros implica extensas jornadas laborales, y al menos 50 trabajadores fueron despedidos con una indemnización especial.

Un panorama crítico y sin señales de recuperación

Con despidos, suspensiones y cierres en cadena, la industria nacional enfrenta una crisis estructural que golpea tanto al empleo formal como al entramado pyme.
Empresarios del sector metalúrgico reconocen que “la actividad está destrozada” y que no existen perspectivas de recuperación en los próximos seis meses.

La apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas industriales están configurando un escenario donde cada semana se pierde capacidad productiva y empleo calificado.

Mientras el Gobierno defiende su plan económico, en las fábricas argentinas se instala el silencio, la incertidumbre y la angustia de miles de familias que ven desmoronarse su fuente de trabajo.

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Insólito: ahora Mercado Libre le pide al Estado que lo proteja de la competencia

Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría según él “desequilibrando el campo de juego”.

Mercado Libre, la empresa que durante años se presentó como emblema del libre mercado y del ideario anarcocapitalista que hoy inspira al gobierno de Javier Milei, ahora reclama la intervención del Estado. Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría —según él— “desequilibrando el campo de juego”.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, sostuvo De la Serna, en una declaración que contrasta con el discurso histórico de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, ferviente defensor de la desregulación, la “motosierra” estatal y la competencia sin restricciones.

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos chinos a bajo costo podría afectar a las pequeñas y medianas empresas —que representan el 90% de las ventas de la plataforma— y “socavar el tejido productivo local”. También reclamó que la apertura indiscriminada del comercio “genera empleo en China, no en Argentina”, un argumento que, paradójicamente, apela a la protección de la industria nacional y al rol regulador del Estado.

Mientras tanto, países como Chile, Uruguay y México ya implementaron medidas para proteger a sus pymes del desembarco asiático. En la Argentina, el gobierno libertario de Milei —que promete desregulación total y libre competencia— aún no ha tomado una postura.

Según la consultora Sensor Tower, la aplicación Temu aumentó un 143% sus usuarios activos en América Latina durante el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones de personas. Con precios muy bajos y envíos gratuitos, la plataforma se convirtió en una amenaza directa para el dominio regional de Mercado Libre, que mantiene su liderazgo con 27 trimestres consecutivos de crecimiento y más de 112.000 empleados.

De la Serna destacó que la empresa continúa invirtiendo en infraestructura, con un nuevo centro logístico de 65 millones de dólares en Buenos Aires, aunque reconoció que “la estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles”. Y marcó distancia con la competencia asiática: “Estas empresas suelen vender productos de baja calidad; lo importante es diferenciarnos”.

El pedido de “campo de juego equilibrado” deja al descubierto una contradicción central: la plataforma que hizo bandera del libre mercado ahora demanda regulaciones estatales para proteger su posición frente a la creciente competencia global. En tiempos en que el discurso oficial celebra la desaparición del Estado como árbitro económico, Mercado Libre parece pedir justamente lo contrario: un Estado que, al menos esta vez, intervenga para salvarlo del mercado.

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El Gobierno habilitó a civiles a comprar armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras de asalto

El gobierno de Javier Milei había abierto la posibilidad de acceder a esta clase de armamento a civiles en junio pasado. Qué requisitos hay que cumplir.

El 18 de junio pasado el gobierno de Javier Milei había abierto a los civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, carabinas y subametralladoras de asalto. Ahora dio un paso más en ese sentido y reglamentó la polémica medida y abrió así la posibilidad de acceder a armamento que antes estaba vedado a los civiles y solo autorizado a las distintas fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.

Así quedó plasmado en la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial que avanza en un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de una serie de requisitos que reemplazan la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Requisitos para adquirir y tener armas de guerra:

  • Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
  • Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.
  • Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.
  • Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
  • Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas: certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo; representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material y/o solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.
  • No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.
  • Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
  • Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.

Desde Junio pasado se habilitó la adquisición y tenencia de este tipo de armamento, antes reservado sólo a las fuerzas de seguridad, bajo un régimen especial.

Así, y luego de más de 30 años, el gobierno libertario dejó caer el Decreto 64/1995 que prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas de guerra, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa.

“Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego. La ANMAC tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial”, señala el decreto presidencial.

La medida afectó directamente a los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.

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