La Corte Suprema confirmó la entrega del empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero a la justicia estadounidense. El presidente Javier Milei deberá firmar la resolución definitiva, en medio de las revelaciones sobre sus vínculos con el acusado.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, donde el empresario argentino enfrenta múltiples cargos por narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita y fraude electrónico. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y dejó firme el fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén que había declarado procedente el pedido de la justicia norteamericana.

Machado, quien reconoció haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019, mantiene vínculos directos con el oficialismo actual. De hecho, el empresario comparte abogado con el propio presidente Javier Milei, que deberá ahora definir si autoriza o no la extradición.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que el pedido de cooperación judicial “se ajusta plenamente a los tratados vigentes” y descartó los argumentos de la defensa, que había invocado una supuesta vulneración del derecho a la igualdad y al debido proceso.

La Corte también valoró la nueva documentación remitida por la embajada de Estados Unidos, que confirmó las condenas de dos cómplices de Machado —Kayleigh Moffett y Debra Lynn Mercer Erwin—, desarticulando la estrategia de su defensa y dejando “disipadas las dudas planteadas”.

Con esta decisión, el expediente regresará al juzgado de origen para completar los trámites de entrega. La última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo. En la práctica, será el propio Milei quien deba firmar la extradición de un empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, cuya relación con su entorno político vuelve a quedar bajo la lupa.

El fideicomiso controlado por el empresario argentino Federico “Fred” Machado, menciona a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04 en operaciones realizadas en 2016, durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri.

Los registros del Bank of America incorporados a una causa judicial en Texas revelan tres transferencias por un total de US$2,65 millones, con referencias explícitas a las aeronaves oficiales.

Según la investigación del periodista Sebastián Lacunza, las operaciones se realizaron entre junio y julio de 2016:

• 14 de junio: US$150.000
• 23 de junio: US$965.000
• 6 de julio: US$1.500.000

Las transferencias fueron efectuadas por America Core Aviation, con sede en Delaware y vinculada a la ciudadana rusa Shalva Pavlovich Chigirinskiy, y por Sunrise Company, un desarrollador inmobiliario de California. No obstante, los documentos no aclaran si esos fondos correspondieron a servicios reales sobre las aeronaves ni quién fue el beneficiario final del dinero.

En ese momento, el gobierno de Cambiemos había decidido retirar al Tango 01 de servicio por considerarlo inoperable y había anunciado una licitación para adquirir un nuevo avión presidencial, que nunca se concretó. La aeronave permaneció almacenada en El Palomar hasta que en 2022 fue entregada como parte de pago por el ARG 01, adquirido bajo la gestión de Alberto Fernández.

Machado, Espert y la investigación en Texas

Machado, nacido en Carmen de Patagones, emigró hace más de dos décadas y fundó las empresas South Aviation y Minas del Pueblo. En 2019 aportó vuelos y fondos a la campaña de José Luis Espert, hoy diputado nacional. Precisamente, la revelación de sus vínculos con el empresario lo llevó a renunciar a su candidatura en las últimas elecciones.

El empresario enfrenta un proceso en Texas por narcotráfico y lavado, y cumple prisión domiciliaria en Río Negro mientras la Corte Suprema resuelve su extradición a Estados Unidos. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada en 2024 a 16 años de cárcel por las mismas causas.

El fideicomiso Aircrafts Guarantee Corporation, utilizado para registrar los pagos vinculados a los aviones presidenciales argentinos, también aparece en investigaciones de Homeland Security, luego de que varias aeronaves bajo su órbita fueran halladas con cargamentos de cocaína en Sudamérica y Centroamérica.

Un capítulo incómodo para el macrismo

Aunque no existen pruebas de que Macri haya tenido conocimiento directo de estas transacciones, la aparición de los Tango 01 y Tango 04 en las operaciones del fideicomiso de Machado instala nuevas dudas sobre la transparencia en la gestión de los bienes del Estado y abre un nuevo flanco político para el expresidente.

El negocio de la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) volvió a poner la lupa sobre el entramado empresarial detrás de la logística electoral. Según pudo saberse, Artes Gráficas del Litoral (AGL), perteneciente al Grupo Clarín, fue la principal beneficiaria del proceso de impresión en la provincia de Buenos Aires: se quedó con el 60% del total, mientras que el 40% restante quedó en manos de Boldt, a través de una UTE con IPESA.

La contratación, que se realizó en el marco de la urgencia por reemplazar boletas dañadas o faltantes, implicó una inversión millonaria y concentró buena parte del negocio en empresas con historial de vínculos con el poder político y mediático. AGL, una de las principales imprentas del país, ya había participado en procesos electorales anteriores, al igual que Boldt, tradicional proveedora del Estado en materia de sistemas de juego y servicios gráficos.

A nivel nacional, otras tres compañías también fueron parte de la impresión de las BUP para distintos distritos: Su Papel, Kollor Press y DP Argentina, aunque con volúmenes mucho menores. En conjunto, el reparto revela una fuerte concentración del negocio electoral en pocas manos, especialmente en firmas con capacidad técnica y política para responder a los tiempos del calendario electoral.

La discusión sobre la transparencia y los costos del proceso se reavivó luego de que trascendiera la necesidad de reimprimir boletas en varias provincias por errores y deterioros. En ese contexto, la participación de una empresa del Grupo Clarín en el centro del negocio reabre el debate sobre los vínculos entre el poder económico, los medios y el sistema electoral argentino.

Con el título “Los argentinos pierden la paciencia con la economía de Milei”, el diario financiero advirtió que el ajuste, la recesión y un peso artificialmente fuerte están erosionando rápidamente el apoyo social y político al Presidente.

El artículo, firmado por Ciara Nugent, subraya el alto costo del ajuste libertario: pérdida del poder adquisitivo, recesión, desempleo y creciente desilusión social. “El presidente advirtió que habría dolor, y lo cumplió”, resume con crudeza el análisis.

El texto se suma a otra nota publicada días atrás por el mismo medio, donde se alertó sobre el drenaje de dólares provocado por operaciones cambiarias que, según un informe del Banco Provincia, representaron casi la mitad de las divisas agrícolas ingresadas en la última cosecha. Esa dinámica, explicó el FT, complicó los intentos del Banco Central de recomponer reservas sin debilitar el peso.

Economía estancada y creciente frustración

El diario sostiene que la economía argentina se encuentra estancada desde abril, con salarios reales deprimidos desde 2023 y un tipo de cambio fuerte que, aunque ayudó a contener la inflación importada, afectó gravemente la competitividad de las exportaciones y de la industria nacional.

La desilusión social se expande, según el FT, incluso en sectores que inicialmente respaldaban al mandatario, como comerciantes y jóvenes profesionales. A esto se suman las derrotas electorales —en particular la sufrida en la provincia de Buenos Aires— y las denuncias de corrupción en el entorno presidencial, que aceleran el desgaste político.

Advertencia electoral y de mercado

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Financial Times advierte que Argentina podría seguir en recesión, con tasas de interés que superan el 60% y paralizan la inversión y el crédito a las pymes. Para revertir la crisis, los economistas citados señalan que Milei deberá profundizar su programa: liberar completamente el tipo de cambio y obtener mayorías en el Congreso para concretar las reformas estructurales prometidas.

La advertencia del FT es contundente: la paciencia social se agota y los riesgos políticos crecen.

El empresario detenido por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos rompió el silencio y reconoció haber entregado 200 mil dólares y aviones a Espert. “Su error fue negarme”, dijo.

Por si faltaba una voz para complicar aún más el escándalo de José Luis Espert, este lunes apareció Federico “Fred” Machado, el empresario detenido por narcotráfico y sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia estadounidense. En diálogo con Radio Rivadavia, Machado confirmó públicamente que financió al excandidato con 200 mil dólares y aviones privados, y aseguró que el diputado de “cárcel o bala” “se metió en una cloaca” al intentar negar el vínculo.

“Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos. En ese momento me parecía un tipo noble, con una causa honesta. Su error fue negarme”, lanzó Machado, dejando sin margen las versiones con las que Espert intentó despegarse del escándalo que lo hundió.

Durante la entrevista, el empresario detenido contó que Espert voló en al menos dos ocasiones con sus aeronaves, una de ellas hacia Viedma, y que incluso llegó a disponer de otro avión durante varios meses para giras políticas y presentaciones de libros. “A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión”, precisó.

El testimonio contradice las explicaciones que el propio Espert había dado semanas atrás, cuando minimizó su relación con Machado diciendo que solo había volado una vez.

“Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, agregó Machado, que también habló del entorno libertario que acompañaba al excandidato: Nazareno Etchepare, Clara Montero Barré, Luis Rosales, Dick Morris y Lilia Lemoine, a quienes calificó de “muy bizarros”.

Machado sostuvo además que firmó un contrato con Espert en 2019 por más de 200 mil dólares. “La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly, pero en 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, relató.

Incluso se refirió al supuesto “atentado” que Espert había denunciado años atrás, cuando su camioneta fue atacada mientras circulaba por la Villa 31. “No fue un atentado ni fueron tiros. Pasó por la villa y le tiraron dos piedrazos. Esa camioneta era de un primo mío”, dijo Machado, en alusión a Claudio Ciccarelli, señalado como su socio y testaferro, y expareja de Lorena Villaverde, actual diputada de La Libertad Avanza.

Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos con medio kilo de cocaína, y acumula denuncias por estafas, robo de boletas y un préstamo irregular de casi 300 mil dólares del Banco Nación.

El testimonio de Machado no solo derrumba el relato del oficialismo libertario, sino que deja al descubierto una trama de vínculos entre negocios turbios, narcotráfico y poder político que atraviesa al propio espacio de Javier Milei.

En declaraciones al programa Minuto Uno en C5N, Kicillof sostuvo que “es asombroso, están completamente fuera de la realidad”. Y agregó: “Estuve recorriendo la provincia: hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente?”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó una dura crítica contra Javier Milei tras el acto que el presidente encabezó en el Movistar Arena, en el marco de la presentación de su libro. “La gente no llega a fin de mes y el presidente canta”, disparó, cuestionando el contraste entre la crisis económica y social que atraviesa el país y el despliegue de luces, música y discursos del mandatario.

En declaraciones al programa Minuto Uno en C5N, Kicillof sostuvo que “es asombroso, están completamente fuera de la realidad”. Y agregó: “Estuve recorriendo la provincia: hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente? Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora es gravísimo, porque debería estar dando respuestas”.

El mandatario bonaerense calificó el espectáculo de Milei como un gesto de irresponsabilidad en medio de la crisis: “Un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar resolver al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que implica todo esto”.

Kicillof subrayó además el deterioro de la situación social y económica: “La morosidad de las familias bonaerenses alcanzó el 5,9%, el peor dato desde 2009 y ya por encima de los niveles de la pandemia. Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”.

El gobernador también vinculó la renuncia de José Luis Espert a la estrategia electoral de Milei y no a las denuncias en su contra. “No lo bajaron por los delitos, ni por los dólares, ni por las mentiras. Lo bajaron porque no rinde como candidato. El jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es Donald Trump”, ironizó.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Kicillof advirtió: “Hay que ponerle un límite. Se están perdiendo reservas a un ritmo alarmante y Caputo está en Estados Unidos sin fecha de regreso. Si continúan con esta política económica, nos esperan escenarios cada vez más complejos”.

El cierre fue con un mensaje directo: “Con el show del Movistar Arena, Milei le falta el respeto a la gente. La situación es muy seria: basta de agredir, golpear e insultar”.

El candidato de Fuerza Patria consideró que la dimisión de José Luis Espert “no limpia la podredumbre que atraviesa al gobierno libertario”. Acusó a Javier Milei de encubrir vínculos con el narcotráfico y denunció el uso de fondos públicos para reimprimir boletas.

El primer postulante a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó duramente al oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al sostener que “la corrupción del gobierno no se borra con una renuncia televisada ni con un silencio de Balcarce 50”.

Taiana calificó la decisión de Espert como “una victoria del repudio popular frente a la impunidad y la connivencia con el delito”, en alusión a las acusaciones que vinculan al economista libertario con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado. “Milei sabía perfectamente con quién se estaba asociando. Si no lo sabía, es aún más grave”, afirmó.

El ex canciller también criticó los intentos del oficialismo por reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires, al advertir que implicaría un gasto millonario “para tapar un escándalo con dinero de los contribuyentes”. Según estimó, el costo rondaría los 15.000 millones de pesos. “Con eso se podría financiar un año entero del Garrahan”, ironizó.

Taiana reclamó, además, que Espert renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, cargo que —dijo— “ha mantenido paralizado y al servicio del ajuste”. En su declaración, sostuvo que la crisis del oficialismo “ya no se mide por encuestas, sino por el olor a corrupción que sale de sus oficinas”.

Para el candidato de Fuerza Patria, la renuncia de Espert “es apenas la punta de un iceberg que hunde el relato de transparencia del mileísmo”, y advirtió que “cuando la corrupción se vuelve política de Estado, ningún cambio de nombres alcanza para lavar las manos de un gobierno que se ha ensuciado solo”.

La doble renuncia del economista libertario expone el colapso interno del gobierno de Javier Milei, acorralado por el escándalo que lo vincula fuertemente con un empresario acusado de narcotráfico. La Casa Rosada intenta contener el daño mientras crece el malestar entre los aliados.

José Luis Espert formalizó su salida de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apenas horas después de anunciar que no competiría como candidato por la provincia de Buenos Aires. El gesto, lejos de traer calma, aceleró la descomposición dentro del bloque oficialista, que enfrenta su primera gran crisis política y moral.

El caso, originado en las denuncias por presuntos aportes ilegales del empresario Fred Machado, dejó al desnudo los vínculos opacos entre el financiamiento político y figuras que el propio Milei presentaba como “estandartes de la transparencia”. Según las investigaciones, Espert habría recibido 200 mil dólares y realizado decenas de vuelos en aeronaves ligadas al empresario detenido.

Aunque el Gobierno intentó minimizar el impacto, en la práctica la renuncia de Espert simboliza el derrumbe del relato ético con el que el oficialismo buscaba diferenciarse. Desde sectores aliados admiten que el daño es “inmenso” y que la salida del diputado abre una grieta difícil de cerrar.

El episodio golpea especialmente al Presidente, que había respaldado a Espert como garante del ajuste fiscal y del orden presupuestario. Hoy, su renuncia deja vacante una de las comisiones clave del Congreso y evidencia el desconcierto de un gobierno que ya no puede controlar ni a sus propios voceros.

De acuerdo con una publicación de La Política Online, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogado de larga trayectoria en causas de alto perfil, entre ellas vinculadas al narcotráfico, habría intervenido para favorecer al entorno de Machado, detenido en Neuquén en 2021.

La Justicia federal habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y estafa, incluyendo fraude en la compra de aeronaves utilizadas para contrabando. El caso, que deberá ser resuelto en última instancia por la Corte Suprema tras la confirmación de los cargos en Texas en octubre de 2025, vuelve a sacudir al oficialismo libertario en medio de denuncias por supuestas maniobras políticas y judiciales destinadas a frenar el proceso.

De acuerdo con una publicación de La Política Online, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona —abogado de larga trayectoria en causas de alto perfil, entre ellas vinculadas al narcotráfico— habría intervenido para favorecer al entorno de Machado, detenido en Neuquén en 2021 y requerido desde entonces por la justicia norteamericana.

El entramado de relaciones que rodea al empresario argentino refuerza las sospechas. La diputada libertaria Lorena Villaverde, defendida en el pasado por Cúneo Libarona en un caso con ramificaciones en Estados Unidos, es pareja de Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de máxima confianza de Machado. Ciccarelli, señalado en el expediente como intermediario en operaciones de sociedades ligadas al acusado, también aparece vinculado a emprendimientos mineros en Río Negro y a gestiones destinadas a retrasar la extradición.

Según la denuncia, Cúneo Libarona habría usado su cargo para desplegar gestiones ante el Ministerio Público Fiscal y tribunales federales con el fin de condicionar la decisión judicial. Sin embargo, la causa avanzó: en abril de 2022 el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente la entrega de Machado, y en abril de 2023 el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor del pedido estadounidense. Ahora será la Corte Suprema quien defina en forma definitiva, antes de que el Poder Ejecutivo tenga la última palabra por razones de soberanía.

Mientras tanto, el caso genera creciente incomodidad en el oficialismo libertario. No solo por los lazos personales y políticos con el círculo presidencial —ya que el abogado de Machado, Francisco Oneto, también representa a Javier Milei—, sino porque expone una red de conexiones entre poder político, justicia y negocios internacionales que el gobierno preferiría mantener fuera de la luz pública.

El Presidente intentó respaldar al ahora excandidato libertario José Luis Espert, pero terminó reconociendo que “tomó la decisión” de que la expresidenta fuera condenada.

En una entrevista con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al afirmar que fue él quien “tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa”, una declaración que implica una confesión directa de injerencia sobre el Poder Judicial, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional.

El mandatario buscaba defender al diputado libertario José Luis Espert, envuelto en un escándalo por sus vínculos con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado, pero terminó revelando un supuesto accionar político detrás de la condena de la expresidenta.

“Este año lo tiene al kirchnerismo tirando con todo. Recrudecido, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, dijo Milei en el ciclo de Majul.

Sorprendido, el periodista le recordó que un presidente no puede meterse en causas judiciales. Pero lejos de retractarse, Milei insistió:

“Yo no me meto con la Justicia. Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría pasando por esto. Si hubiera arreglado para que no la metan presa, no me estarían atacando.”

Aunque intentó aclarar, la contradicción fue evidente: el propio jefe de Estado se atribuyó un rol decisivo en una condena judicial, lo que vulnera el artículo 109 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente al Presidente “ejercer funciones judiciales” o “intervenir en causas en trámite”.

Una declaración con posibles consecuencias judiciales

El impacto político fue inmediato, pero las implicancias legales podrían ser aún más profundas. Con esa frase, Milei le dio a la defensa de Cristina Kirchner un argumento clave para solicitar la nulidad de la condena en la causa Vialidad, bajo la figura de “interferencia indebida del Poder Ejecutivo”.

Juristas consultados recordaron que una afirmación pública de esa magnitud puede ser considerada una confesión de intromisión institucional, lo que afectaría la validez del fallo. Además, abre la puerta a que la defensa eleve un planteo ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por persecución política y violación de garantías constitucionales.

Por qué esto favorece a Cristina Kirchner

La declaración de Milei podría reconfigurar el tablero judicial en torno a la expresidenta. En términos técnicos, sus palabras constituyen un reconocimiento de injerencia directa del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, algo que la defensa de Cristina podría utilizar para demostrar que su condena estuvo viciada de origen.

En concreto:

• Refuerza la tesis del lawfare, es decir, la persecución política mediante causas judiciales.
• Permite solicitar la nulidad de la condena o la reapertura de la revisión de su sentencia ante tribunales superiores.
• Y en un plano político, le otorga una fuerte ventaja discursiva: el propio Presidente admite haber vulnerado la independencia de la Justicia, dando crédito a lo que el kirchnerismo denuncia desde hace años.

Lejos de proteger a Espert, Milei terminó complicando su propia gestión y dinamitando la credibilidad de su discurso republicano.
Con una sola frase, puso en duda la independencia del Poder Judicial, se autoincriminó políticamente y reactivó la narrativa del kirchnerismo sobre la persecución judicial y mediática.

Una defensa mal calculada que puede transformarse en el error más costoso de su presidencia.