La Policía Federal allanó este mediodía la casa del diputado José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado, señalado por sus nexos con el narcotráfico.

El operativo fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga movimientos financieros sospechosos entre Espert y Machado. La pesquisa ya había revelado una transferencia por 200 mil dólares que el legislador primero negó en varias ocasiones, pero luego terminó admitiendo.

Durante otro procedimiento en la vivienda de Machado, en Viedma, efectivos hallaron un contrato de un millón de dólares firmado en 2019 entre el empresario y el diputado. El documento, encontrado roto y manchado, fue reconstruido por la Policía y detalla pagos en cuotas de 100 mil dólares mensuales por supuestos servicios prestados por Espert.

El texto establece que, en caso de incumplimiento, el empresario podría exigir la devolución del dinero y someter cualquier controversia a la justicia ordinaria de Nueva York (EE.UU.). Según justifico el propio Espert, no devolvió los fondos pese a no haber concluido el trabajo, alegando como motivo la pandemia.

Escándalo político y judicial

El escándalo ya provocó que Espert renunciara a su candidatura y pidiera licencia en la Cámara baja, aunque con goce de sueldo. Ayer, el Congreso aprobó por amplia mayoría (215 votos) la solicitud del juez Mirabelli para profundizar las medidas de prueba, incluyendo un eventual allanamiento en el despacho del legislador.

En paralelo, Espert enfrenta otra causa en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, por los vuelos que realizó en aeronaves pertenecientes a Machado.

La situación de Machado

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es requerido por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. Esta semana, la Corte Suprema argentina autorizó finalmente la medida tras más de dos años de demora. El presidente Javier Milei anunció que firmará la extradición.

Desde que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios subieron más de 360% y uno de cada tres hogares tuvo que sumar otro empleo para no perder su vivienda.

La desregulación del mercado inmobiliario, presentada por el Gobierno como una “liberación”, se tradujo en un drama cotidiano para millones de familias. Tras la eliminación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, los precios se dispararon muy por encima de la inflación, los salarios se derrumbaron y el acceso a la vivienda se volvió un privilegio de pocos.

Según la última Encuesta Nacional Inquilina, siete de cada diez hogares se endeudaron para pagar el alquiler o cubrir gastos básicos, y un tercio de los inquilinos debió buscar un segundo empleo para poder sostener su techo. Hoy, el 66% destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%.

En lo que va de la gestión de Milei, la inflación acumuló 232%, pero los alquileres treparon 363%. El supuesto “mercado libre” terminó concentrando el negocio en pocas manos y excluyendo a miles del acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el Gobierno desmontó todos los programas habitacionales y paralizó más de 125 mil obras, dejando sin respuesta a quienes esperaban una solución estatal.

“El decreto nos dejó completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

A casi un año del DNU, la promesa de libertad se transformó en su opuesto: un país donde trabajar ya no alcanza ni para pagar el alquiler.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo, en un clima social y económico de alta tensión.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el éxito del severo programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei dependerá en gran medida del respaldo de la sociedad. “En Europa Central y del Este tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara”, señaló la funcionaria, al subrayar la importancia de la confianza ciudadana en tiempos de ajuste.

Argentina atraviesa un proceso de estabilización económica marcado por una disciplina fiscal estricta, que el FMI considera ejemplar en su exigencia de cuentas públicas equilibradas y reformas estructurales profundas. Georgieva planteó que el acompañamiento social es un componente clave para la viabilidad de este plan, conocido como el “plan Caputo”, actualmente en la cuerda floja y sujeto a revisión en Washington.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo y la continuidad de su agenda reformista. Mientras tanto, una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, cumple en la capital estadounidense su quinto día de reuniones estratégicas con el organismo y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a fin de agilizar un salvataje urgente para el gobierno

Aunque el FMI insiste en que el ajuste argentino puede consolidarse con apoyo popular, el escenario interno muestra evidentes señales de desgaste. El malestar social frente al costo del plan económico empieza a reflejarse en las encuestas y en las urnas, anticipando un desafío político para Milei: sostener la legitimidad de su programa frente a una población cada vez más desconforme con el rumbo económico y social.

José Luis Espert presentó este miércoles una nota formal a Martín Menem para pedir licencia, en medio del escándalo por el avance de la Justicia norteamericana contra su financista, el presunto narco Fred Machado. La licencia es con goce de sueldo: se aseguró 4 millones de pesos por mes hasta diciembre y no tendrá que ir a trabajar. Nada mal para el llamado “narcodiputado”.

El economista formuló un texto de dos líneas para explicar su apartamiento “por motivos particulares”. En rigor, este martes fue imputado por la Fiscalía de San Isidro, donde recayó la denuncia de Juan Grabois por sospechas de lavado de activos.

Sin embargo, el legislador oficialista terminó dando un paso al costado sin que la oposición contara con los votos suficientes para expulsarlo de la Cámara Baja. Lejos quedaron los días en los que Espert pedía “cárcel o bala” para cualquier persona a la que consideraba delincuente, poniendose en una especie de vara moral de la sociedad.

Por suerte para él, el Congreso no actuó de la misma manera y no habrá ni bala ni cárcel para su situación, apremiada por un escándalo narco. Como se sabe, los dirigentes no peronistas no tienen que dar mayores explicaciones judiciales aunque les demuestren que cobraron 200 mil dólares de un empresario narco.

La Justicia determinó las condenas para Fernando Sabag Montiel y su exnovia por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Recibieron 10 y 8 años.

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°6 estableció las condenas para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a la dos veces expresidenta Cristina Kirchner, que ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Sabag Montiel, quien gatilló un arma en la cabeza de la ex mandataria y la bala no salió, fue sentenciado a 10 años de prisión. Mientras que Uliarte, su exnovia, fue declarada partícipe necesaria del plan y recibió una pena de 8 años.

En la lectura del documento, la jueza Sabrina Namer, indicó que decisión fue tomada por unanimidad, y que Sabag Montiel fue declarado culpable de los delitos de intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, portación de arma de guerra sin autorización legal y tenencia de material de explotación sexual infantil, por este último delito la pena se extendió a 14 años de prisión.

El Tribunal no dio lugar a los pedidos de las defensas de los acusados de declarar inimputable a Sabag Montiel por su “trastorno psicótico” y de suspender el proceso contra Uliarte por “incapacidad mental sobreviviente”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre.

Fernando Sabag Montiel fue sentenciado a 14 años de prisión por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namar y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.

La declaración de los acusados en la lectura de las condenas

Carrizo cuestionó la decisión judicial y expresó su malestar por el tiempo que estuvo preso: “Me parece un poco injusto que vaya gente presa y que tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí le digan que te podes ir en libertad”, declaró ante el tribunal.

A diferencia de su expareja, Uliarte optó por no declarar. En cambio, Sabag Montiel utilizó su turno para defender al diputado Gerardo Milman, asegurando que le habían “armado una causa”. También comparó la situación con los casos del fiscal Alberto Nisman y de Santiago Maldonado, y sostuvo “echarle la culpa a un perejil como Milman me parece una injusticia”.

Los abogados de la expresidenta apelaron la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había archivado parcialmente la investigación sobre una posible participación de Milman. Según los denunciantes, el legislador había dicho dos días antes del ataque que “cuando la mataran a CFK, él iba a estar camino a la costa”.

El intento de asesinato a Cristina Kirchner

El 1 de septiembre de 2022 Cristina Kirchner llegó a su departamento de Juncal y Uruguay y el barrio porteño de Recoleta, y en la puerta de su domicilio militantes se manifestaban para expresarle su apoyo en mientras transcurría el juicio oral por la causa Vialidad.

En medio de la gente, la expresidenta se dispuso a sacarse fotos y compartir un momento con la gente cuando se le acercó Fernando Sabag Montiel y le apuntó a centímetros de la cabeza con una Bersa calibre 22 y gatilló. La bala no salió, y Sabag Montiel fue detenido en el lugar por los militantes y entregado a la policía.

El acto que encabezó Javier Milei en el Movistar Arena volvió a generar polémica, esta vez por el alto costo del evento y las dudas sobre su financiamiento. Según estimaciones de productores de espectáculos, la puesta en escena no habría costado menos de 300 mil dólares, una cifra que despertó cuestionamientos en la Coalición Cívica, que pidió explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para cubrir el despliegue. ¿Qué empresario la pagó? ¿Ese empresario tiene negocios con el Estado que conduce Milei, el protagonista del show?

Tres productores de primer nivel, con experiencia en recitales y actos en estadios, coincidieron en que el evento fue de una magnitud inusual para una actividad política. “Un espectáculo así no sale menos de 300 mil dólares. Los proveedores de ahí son caros: PRG en luces, Júpiter en pantallas, Mahler en sonido. Y además hay que sumar los micros, la seguridad y toda la logística”, detalló uno de ellos.

El acto reunió a más de 11.000 personas, según estimaciones de los organizadores, y contó con una producción técnica similar a la de un concierto internacional. Desde la oposición remarcaron que, en medio de una crisis económica que golpea a amplios sectores de la población, resulta necesario transparentar los mecanismos de financiamiento utilizados para costear un evento de semejante envergadura.

Un dirigente bonaerense consultado calculó que se necesitaron al menos 300 micros para trasladar a los asistentes al estadio, que estuvo prácticamente colmado: se ocuparon unas 11.500 de las 13.500 localidades disponibles. El despliegue, tanto técnico como logístico, alimenta las sospechas sobre el uso de fondos privados o eventuales aportes empresariales que aún no fueron informados oficialmente.

Los bonos argentinos en dólares profundizaron este miércoles 8 de octubre la tendencia negativa que vienen mostrando en los últimos días, con caídas de hasta 2% en algunos tramos de la curva. El deterioro se da en un contexto de marcada incertidumbre financiera y expectativas en torno al viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, donde se espera que mantenga reuniones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos en busca de apoyo para estabilizar la situación cambiaria.

Pese a los rumores que circularon en las últimas horas sobre posibles anuncios vinculados al programa financiero o nuevas líneas de crédito, el mercado no reaccionó con optimismo. Por el contrario, los inversores se mantuvieron cautelosos ante la falta de definiciones concretas y el limitado margen de maniobra del Tesoro, que enfrenta su quinta jornada consecutiva de intervención para contener la presión sobre los dólares financieros.

Entre los títulos más golpeados se destacaron el Global 2035 y el Global 2046, con bajas de 1,7%, seguidos por el Global 2041 y el 2048, que retrocedieron 1,67% y 1,6%, respectivamente. Las ventas reflejan la creciente desconfianza de los operadores respecto de la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos en medio de una coyuntura de escasez de divisas y caída de reservas.

La persistente debilidad de los bonos en moneda extranjera también se traduce en un aumento del riesgo país, que se mantiene en niveles elevados y limita la posibilidad de acceso a los mercados internacionales. Con la mirada puesta en los resultados del viaje de Caputo, los analistas coinciden en que el Ejecutivo enfrenta una tarea cada vez más compleja para recomponer la confianza y evitar que la crisis financiera se profundice en las próximas semanas.

Los cálculos del mercado indican que, hasta las elecciones legislativas, el Gobierno debería inmolar al menos US$ 5.000 millones para mantener a raya la presión cambiaria.

Con la mira puesta en el salvataje financiero que negocia en Estados Unidos, el ministro Luis Caputo intensifica las ventas de divisas en el mercado cambiario para sostener el dólar en torno a los $1.430. Sin embargo, economistas advierten que el drenaje de reservas del Tesoro avanza a un ritmo insostenible: de persistir la dinámica actual, los fondos podrían agotarse en cuestión de días. Los cálculos del mercado indican que, hasta las elecciones legislativas, el Gobierno debería sacrificar al menos US$ 5.000 millones para mantener a raya la presión cambiaria.

Distintos analistas coinciden en que Caputo recurre a los dólares acumulados bajo el esquema de “retenciones cero” al agro. Pero el margen es cada vez más estrecho: los depósitos del Palacio de Hacienda ya perforaron los US$ 1.000 millones, con 13 ruedas aún por delante.

El mercado bajo presión

“El volumen operado cayó a US$ 601 millones mientras que se negociaron US$ 254 millones en pantalla al tipo de cambio oficial. Hubo además operaciones atípicas fuera de pantalla por unos US$ 200 millones”, advirtió el economista Javier Giordano, al remarcar la fuerte intervención oficial pese a la caída en el flujo.

Desde el Grupo IEB, Nicolás Cappella precisó que el “paredón” de oferta oficial a $1.430 se mantiene firme. Estimó que este martes el Tesoro vendió cerca de US$ 250 millones, luego de haber desprendido más de US$ 400 millones el día anterior. Según sus proyecciones, los US$ 2.200 millones adquiridos vía retenciones cero se esfumarían entre esta semana y comienzos de la próxima.

La misma preocupación expresó Leonardo Anzalone (CEPEC), quien proyectó que, si el ritmo continúa, “para el fin de semana el Tesoro podría haber liquidado todo lo acumulado, dejando la incógnita sobre el paso siguiente: ¿entrará en escena el BCRA en el techo de $1.484 o el Gobierno intentará recomponer expectativas con anuncios?”.

Gabriel Caamaño (Outlier) también advirtió que el bajo volumen de oferta privada implica otra jornada de fuertes ventas oficiales. A la vez, destacó que en futuros “se operaron US$ 934 millones con alzas en las tasas implícitas: octubre cerró por encima del 42% TNA y noviembre trepó al 58%”, lo que refleja la tensión sobre las expectativas de devaluación.

El puente hasta las elecciones

Según Federico Machado, la estrategia de retenciones cero nunca buscó acumular reservas, sino crear un “puente de oferta hasta el 26 de octubre o hasta los anuncios de EE.UU.”. El Gobierno no previó la rapidez de las liquidaciones del agro, por lo que optó por recomprar esas divisas para luego venderlas de forma gradual, en una suerte de liquidación extendida y artificial.

Los datos duros muestran la magnitud del drenaje: el Tesoro redujo en apenas cuatro días casi US$ 1.000 millones de sus tenencias, y en las últimas dos jornadas el recorte rondó los US$ 700 millones. Un informe de Portfolio Personal Inversiones calculó que las ventas de los últimos cinco días totalizaron US$ 1.400 millones, lo que representa un 63% de los dólares obtenidos vía retenciones cero.

Un salvavidas clave desde Washington

La incertidumbre electoral agrava la tensión. Para Lorenzo Sigaut Gravina (Equilibra), el interrogante central es cómo se cubrirá el “gap” cambiario de al menos US$ 5.000 millones en las tres semanas que restan hasta los comicios. El consenso del mercado es claro: Tesoro y BCRA deberán afrontar ese costo, pero las reservas líquidas actuales no alcanzan.

Con el tiempo en contra, la apuesta del Gobierno está puesta en que Caputo logre cerrar un acuerdo con su par estadounidense, Scott Bessent, que le permita acceder a financiamiento fresco y así evitar que la sangría de dólares se convierta en una crisis cambiaria justo en la recta final hacia las elecciones.

A pesar de que Santilli niega todo, Leonardo Cositorto, el creador de Generación Zoe, redobló la apuesta y aseguró: “Que no me venga a desmentir, yo apoyé a Santilli y no me gusta que me niegue como si tuviera lepra”.

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y actualmente condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, sorprendió este martes con nuevas revelaciones políticas. Desde su celda en Corrientes, afirmó en una entrevista radial que financió parte de la campaña electoral de Diego Santilli en 2021, aportando 32.500 dólares.

“Yo le di 32.500 dólares”, lanzó sin rodeos. Y fue más allá: “Que no me venga a desmentir. Yo apoyé a Santilli y no me gusta que me niegue como si tuviera lepra”.

El exlíder de Zoe, señalado por la Justicia como jefe de una estructura fraudulenta de inversiones, relató cómo se habría dado el vínculo. Según dijo, a través de Gabriel González conoció a Martiniano Molina, quien lo invitó a un almuerzo con dirigentes de peso del PRO: Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y el propio Santilli.

Allí, aseguró Cositorto, le plantearon la necesidad de fondos para la fiscalización electoral: “Molina me dijo que estaban perdiendo votos porque les robaban fiscales y que necesitaban plata. Entonces le respondí: ‘Yo te aporto el 50%’”. El dinero, según su versión, se entregó antes de las elecciones generales de 2021.

Cositorto también agregó que colaboró con el auto de carrera del hijo de Santilli. “Yo no tengo problemas con Diego, pero no quiero que me niegue. Yo no soy Fred Machado. A mí me suben al ring y peleo”, advirtió.

Santilli: “A Cositorto no lo conozco”

Las palabras del empresario preso contrastan con la defensa pública de Santilli. Consultado en 2022, en medio de una ola de acusaciones en redes sociales, el diputado bonaerense rechazó tajantemente cualquier vínculo: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.

El legislador, que actualmente milita en La Libertad Avanza, denunció entonces una “burda operación política” en su contra. Explicó que solo coincidió con Cositorto en un acto público de Martiniano Molina, donde había numerosos dirigentes, y negó cualquier tipo de financiamiento irregular.

“Lo que él diga corre por cuenta de él. Es burdo, una operación política grave”, concluyó Santilli.

La justicia argentina imputó al diputado de La Libertad Avanza por lavado de dinero tras confirmarse que recibió fondos de Federico “Fred” Machado, empresario que será extraditado a EE.UU por delitos vinculados al narcotráfico.

La justicia argentina imputó al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras confirmarse que recibió fondos de Federico “Fred” Machado, empresario que será extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y fraude financiero. La causa expone conexiones que cruzan fronteras y cuestiona la ética de la campaña presidencial de 2019 del economista.

El diputado nacional José Luis Espert enfrenta una imputación penal por lavado de dinero en la Justicia Federal de San Isidro, luego de que se revelara que cobró u$s200.000 de Federico “Fred” Machado, empresario que será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. La denuncia fue presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien denunció la procedencia ilícita de los fondos y la posible vinculación de Espert con la red internacional de Machado.

Según consta en el expediente, el dinero fue transferido en 2020, antes de que se conocieran públicamente las causas penales abiertas en Texas contra Machado. La operación está documentada en registros del Bank of America y aparece en un “libro contable secreto” de Machado, junto a su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por delitos vinculados al narcotráfico.

La imputación también apunta a la relación directa entre Espert y Machado durante la campaña presidencial de 2019. El economista habría utilizado un avión privado del empresario para actos de campaña, un dato que refuerza la sospecha de que la financiación provino de actividades ilícitas.

La Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente la extradición de Machado a Estados Unidos, rechazando todos los planteos de su defensa y habilitando que sea juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Con la extradición pendiente de la decisión del Poder Ejecutivo, el escándalo deja al descubierto el entramado de financiamiento internacional que involucraría a un dirigente político argentino de alto perfil.

El caso plantea serias dudas sobre la transparencia en la política argentina y el uso de recursos con presuntos orígenes ilícitos para sostener campañas electorales. Además, abre interrogantes sobre las conexiones transnacionales que vinculan a empresarios investigados por narcotráfico con figuras políticas locales, dejando un manto de cuestionamiento sobre la integridad de Espert y su entorno.