En los primeros 18 meses del gobierno libertario, se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo en blanco y el 3% de las firmas empleadoras bajaron sus persianas. El retroceso golpea especialmente a las pymes y a sectores como transporte, construcción e industria.

La política de estabilización económica aplicada por el presidente Javier Milei derivó en un fuerte retroceso del aparato productivo: en un año y medio cerraron 15.564 empresas y se destruyeron 223.537 empleos registrados, según cifras oficiales.

El ajuste sobre la economía real muestra que el 99,7% de las firmas que dejaron de operar eran pymes, lo que evidencia la vulnerabilidad del entramado productivo. La contracción alcanzó al 3% de los empleadores, con pérdidas concentradas en transporte y almacenamiento (-10,3% del empleo), servicios inmobiliarios (-8,8%) y construcción (-8%).

En términos absolutos, los sectores más golpeados fueron la administración pública (-98.653 puestos), la construcción (-80.873), el transporte y almacenamiento (-54.935) y la industria manufacturera (-39.016).

Dirigentes empresarios advierten que el programa económico “achica” el potencial de crecimiento de las pequeñas y medianas compañías. “Las pymes son empresas que tienden a expandirse, no a retraerse, y hoy están sin margen para sobrevivir”, planteó un representante sectorial.

La recesión responde, entre otros factores, a la apertura importadora, la reducción del consumo interno, el encarecimiento de costos y el desarme de organismos de apoyo como el INTA y el INTI.

Mientras el Ejecutivo celebra la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal, el impacto social se traduce en menos empresas, menos empleo y un horizonte de mayor precariedad laboral.

La senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) y aliada del oficialismo, sugirió durante el plenario de comisiones donde se debatía la emergencia pediátrica por el ajuste contra el Garrahan que ese hospital sólo debería atender a los niños porteños.

La senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, dejó atónitos a propios y ajenos al afirmar en pleno debate sobre la emergencia pediátrica por el ajuste al Hospital Garrahan que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”.

La frase, tan descarnada como despiadada, provocó un inmediato rechazo en el recinto. Con frialdad, la legisladora defendió la idea de que cada jurisdicción debería hacerse cargo de la salud de sus habitantes, negando de plano el carácter federal del acceso a tratamientos de alta complejidad.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan el derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco”, lanzó, en una intervención que varios de sus colegas calificaron de violenta, ignorante e inhumana.

“No creo que los niños Argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Esto dijo una senadora del PRO, aliada libertaria, uno mas impresentable que el otro pic.twitter.com/kfohf2Gf2Q

— TUGO News (@TugoNews) August 19, 2025

Las reacciones fueron inmediatas. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri le recordó que la salud de niños, niñas y adolescentes tiene rango constitucional. Martín Lousteau (UCR) retrucó con dureza: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra un grado de injusticia y de violencia inusitado”.

La peronista Carolina Moisés fue aún más tajante: “Nunca hay que subestimar la audacia de los ignorantes y, cuando la ignorancia es tan explícita, es una pérdida de tiempo responder”.

En medio de los abucheos, Álvarez Rivero intentó justificarse alegando que había sido “malinterpretada”, pero insistió en que los hospitales de alta complejidad deben limitarse a los habitantes de su zona.

La senadora libertaria-propuesta se mostró así como una férrea defensora de la lógica del ajuste del gobierno de Milei, incluso a costa de desconocer derechos básicos y de exhibir un desprecio brutal hacia la niñez más vulnerable del país.

“Les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado” había afirmado el presidente, pero los documentos oficiales muestran una realidad muy diferente.

Javier Milei volvió a quedar en evidencia. Aunque el presidente celebró el estreno de Homo Argentum asegurando que la película “no recibió financiamiento del Estado”, documentos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prueban lo contrario: el film obtuvo $150 millones a través del programa BA Producciones Internacionales, con la obligación de devolver apenas un 12,13% del monto otorgado.

En declaraciones a Ámbito el pasado 14 de agosto, Milei destacó el estreno de la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, con Guillermo Francella como protagonista, como un ejemplo de éxito “independiente de la ayuda estatal”. Sin embargo, los registros oficiales confirman que la producción fue beneficiada con una millonaria inyección de fondos públicos pertenecientes a los contribuyentes.

El contraste es evidente. Mientras el presidente intenta instalar la idea de un triunfo cultural desligado del financiamiento estatal, los documentos demuestran que la inversión pública fue determinante.

El caso expone una vez más la contradicción del discurso presidencial: Milei sostiene que la cultura “vive del Estado” y critica el financiamiento público, pero uno de los proyectos que él mismo celebra no podría haberse concretado sin recursos estatales.

Alejandro Fantino cruzó fuerte al ministro de Salud por el escándalo del fentanilo: “renuncia viejo choto, estás más sucio que una papa”. Pero inmediatamente le avisaron desde la producción de la radio que alguien estaba llamando para frenarlo. “Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé, lo lamento, hermano. Cien muertos, que me chupe bien la pija” contestó Fantino.

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo explosivo tras el escándalo por el fentanilo adulterado, que desató una crisis sanitaria de proporciones y golpeó de lleno al gobierno nacional. En ese contexto, Alejandro Fantino salió al aire con una embestida directa contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien le exigió la renuncia inmediata.

“Murieron cien personas, Mario agarrá los bolsos y volá. No estás a la altura”, disparó el conductor, acusando al funcionario de dar explicaciones “berretas” y “asquerosas” tras la tragedia. Fantino incluso sugirió que Lugones podría tener responsabilidad penal por las muertes vinculadas al lote contaminado.

Pero lo más llamativo ocurrió durante la transmisión: mientras criticaba con dureza al ministro, Fantino fue advertido desde la producción de que alguien estaba llamando para frenarlo. La reacción del periodista fue furibunda. “Que me chupe bien la pija el que está llamando. No me rompan los huevos, no me hagan sonar el teléfono”, lanzó en vivo, dejando expuesto un intento de disciplinarlo desde las entrañas del poder.

El episodio no sólo volvió a exhibir la frontalidad del conductor, sino que también dejó en evidencia la feroz disputa interna dentro del oficialismo. No es la primera vez que Fantino interviene en la interna libertaria: semanas atrás había cargado contra Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, al golpear a Lugones —padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo—, muchos interpretan que se trata en realidad de un tiro por elevación contra el asesor estrella del Presidente, en un contexto donde los equilibrios de poder dentro de Las Fuerzas del Cielo están cada vez más frágiles.

La crisis por el fentanilo adulterado, lejos de ser un problema sanitario aislado, terminó por convertirse en un catalizador que exacerbó las tensiones libertarias, dejando al descubierto cómo los errores de gestión se transforman rápidamente en armas de la guerra interna.

Así lo aseguró la exgobernadora bonaerense en redes sociales. La publicación llamó la atención por el tono irónico en un contexto de fuerte ajuste y desocupación creciente.

En medio de la crisis social y económica que atraviesa la Argentina, el posteo de Vidal generó repercusiones por la liviandad con que se refirió a su situación personal, contrastando con los miles de despidos y suspensiones que se viven en el país.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, escribió Vidal, acompañando la frase con una foto sonriente. La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires perderá su banca en la Cámara de Diputados al finalizar su mandato, y todavía no confirmó qué rumbo tomará en su carrera política.

Más allá del tono de humor que intentó transmitir, el comentario fue interpretado por muchos como una falta de sensibilidad frente a los miles de trabajadores que, a diferencia de ella, no tienen asegurado un futuro económico estable ni contactos políticos que les garanticen continuidad laboral.

El posteo de Vidal también abrió especulaciones sobre su futuro dentro de Juntos por el Cambio, fuerza en plena crisis interna tras la llegada de Javier Milei al poder. Mientras algunos creen que podría replegarse de la vida política, otros sostienen que buscará reposicionarse en la interna opositora.

La corrida del dólar dejó su huella en las góndolas. Pese al ajuste monetario que aplicó el Gobierno para intentar contener la escalada cambiaria, los precios de los alimentos volvieron a moverse fuerte y en algunas mediciones privadas ya superaron el 3% en lo que va de agosto. Se espera que la inflación supere el 2% otra vez. La desinflación no llega.

El dato no es menor: se trata del rubro que más pesa en la canasta del INDEC y, por lo tanto, el que termina marcando el pulso de la inflación. En otras palabras, cada salto en los alimentos se traduce en un golpe directo al índice y, sobre todo, al bolsillo de los sectores más vulnerables.

La corrida del 11% no se trasladó completa a precios porque la caída de la actividad es tan grande que los comercios no tienen margen para cambiar los valores ante la falta de consumo.

La legisladora Patricia Vázquez fue increpada en el Hospital Mercante de José C. Paz a donde fue a provocar y hacer campaña electoral, pero la gente le recordó que votó en contra de la ley de discapacidad y el aumento a los jubilados.

La diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez, fue escrachada en el Hospital Mercante de José C. Paz, donde pacientes y trabajadores la enfrentaron por su voto en contra de la ley de emergencia en discapacidad y del aumento a los jubilados.

Vázquez, dirigente cercana a Patricia Bullrich y alineada con el gobierno de Javier Milei, se presentó en el hospital con críticas al estado del establecimiento, pero la visita terminó en un abierto rechazo a su presencia. Un joven la increpó públicamente, grabando la escena que rápidamente se viralizó.

“El deterioro de los servicios públicos es consecuencia de lo que ustedes votan en el Congreso. La emergencia en discapacidad la votaste en contra, igual que el aumento a los jubilados. La gente como vos no tiene que estar acá”, le espetó con dureza, señalando la contradicción entre su discurso y sus decisiones políticas.

El malestar se extendió entre quienes se encontraban en el hospital, que reprocharon a la diputada haber respaldado las políticas de ajuste impulsadas por el oficialismo y haber sido parte de una gestión que, según denunciaron, dejó en abandono a la salud pública.

El episodio no fue aislado: días antes, Vázquez había sido increpada en el Hospital Pacheco de Tigre, donde también le recordaron sus votos en contra de jubilados y personas con discapacidad.

Visiblemente incómoda, la legisladora tuvo que retirarse del Hospital Mercante ante la presión de los presentes, que insistieron en que su presencia allí era una provocación y que no era bienvenida.

El déficit volvió a asomar y le aguó la fiesta a Javier Milei. El Presidente insiste en celebrar el superávit primario como si fuera la gran bandera de su gestión, pero los intereses de la deuda –que su propio gobierno no deja de acumular– terminaron borrando la sonrisa: el resultado financiero volvió al rojo.

En julio, el superávit primario alcanzó $1,7 billones. Sin embargo, cuando se observa la película completa aparece el dato incómodo: el resultado financiero arrojó un déficit de $168.515 millones, lo que marca un salto del rojo del 41% en términos reales frente al mismo mes de 2024. En julio el déficit fiscal fue del 1,6% y se espera un número todavía peor en agosto.

La explicación está en los intereses de la deuda, un gasto que no entra en la cuenta “primaria” y que en la jerga de la City se conoce como “emisión silenciosa”. Milei habla de “emisión cero”, pero la realidad lo desmiente: la base monetaria trepó 97% en un año y la deuda flotante –pagos postergados por el Estado– se disparó a $3,8 billones en junio, más del triple que en mayo. Un bache que no desaparece, solo se patea para adelante.

“Los vencimientos de intereses de los Bonares y Globales son muy altos en enero y julio. En julio se sumó además el pago del medio aguinaldo al sector público”, se justificó en X el ministro Luis “Toto” Caputo, señalando que solo en ese mes los intereses netos abonados alcanzaron $1,9 billones, 247% más que el promedio mensual entre febrero y junio.

El argumento oficial no es casual: el superávit es la única carta fuerte que Milei puede mostrar como resultado económico y el pilar de todo su programa. Pero los números de julio dejaron claro que, detrás del festejo, el déficit sigue vivo.

Ocho de cada diez hogares ajustaron sus hábitos alimentarios por la suba de precios. Crece el uso de la tarjeta de crédito en supermercados y se desploma el pago en efectivo.

La crisis económica está modificando de manera profunda el consumo de los argentinos, que no solo compran menos, sino que además optan por alimentos de menor calidad, según un relevamiento difundido por la consultora Management & Fitpolítica y un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la UBA.

El sondeo nacional muestra que ocho de cada diez hogares alteraron sus hábitos: la carne es el rubro más afectado, con familias que reducen su presencia en la mesa o la reemplazan por cortes más baratos. La sustitución de primeras marcas por segundas y terceras líneas también se extiende a productos de limpieza y cuidado personal.

El ajuste alcanza otros sectores como la indumentaria y el calzado, donde las compras se postergan o se reducen al mínimo. Casi la mitad de los encuestados (46,3%) admite que sus ingresos no cubren los gastos mensuales, mientras que un 29,6% llega “con dificultades” y un 16,7% lo hace con “grandes dificultades”.

En paralelo, un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que se incrementó de forma marcada el financiamiento con tarjeta de crédito para las compras en supermercados. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, este medio de pago pasó de representar el 39% al 46% de las operaciones.

El informe señala que el retroceso fue notorio en las tarjetas de débito, que bajaron del 34% al 27%, y en el uso de efectivo, que cayó del 20% al 16%. Los investigadores advierten que, pese a señales de reactivación económica en el segundo trimestre, “la demanda de bienes todavía no muestra un repunte consistente”.

El Ministerio de Economía oficializó el traspaso del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento del AMBA al sector privado. La medida se enmarca en el plan de privatizaciones del presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que da inicio formal al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía estatal que brinda servicios a más de 13 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Resolución 1198/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, fija un cronograma de ocho meses para transferir al sector privado el 90% del capital accionario. El plan contempla una primera etapa en la que un operador estratégico adquirirá al menos el 51% de la firma, mientras que el resto se colocará en los mercados bursátiles.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar la operación, con apoyo de un banco estatal que valuará la compañía y preparará la colocación en los mercados. A su vez, la Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar la documentación contractual, incluyendo el nuevo esquema de concesión.

El marco regulatorio del sector ya había sido modificado mediante el DNU 493/2025, que introdujo dos cambios centrales: la autorización para interrumpir el servicio en caso de falta de pago y la actualización de tarifas en función de la inflación. Según fuentes oficiales, estas disposiciones buscan dar “certeza y atractivo” a los potenciales inversores.

AySA había sido estatizada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras el retiro de la concesionaria privada Aguas Argentinas. Actualmente la empresa emplea a 6.222 trabajadores, un 20% menos que en 2019.

La decisión genera preocupación en sindicatos y asociaciones de consumidores. Los primeros advierten por la estabilidad laboral, mientras que los segundos cuestionan la habilitación de cortes de servicio y el impacto de la indexación tarifaria.

Con esta medida, el Gobierno profundiza su programa de privatizaciones, que incluye además a empresas como Intercargo. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado en julio que el Ejecutivo buscaría “incorporar capital privado” en AySA, confirmando así los planes que hoy comienzan a ejecutarse.