Mientras el gobierno de Javier Milei predica aplica un ajuste feroz que recorta fondos a la educación, la ciencia y la defensa nacional, destinará más de 60 millones de pesos para cubrir los gastos de las fuerzas militares de Estados Unidos durante su polémico despliegue en territorio argentino.

El dato, revelado en un documento oficial al que accedió el portal En Orsai, encendió la indignación: el Estado argentino pagará por la presencia de tropas extranjeras en tres enclaves estratégicos —Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia—, puntos clave para el control marítimo y antártico.
El colmo del cipayismo: Argentina financia su propia ocupación.

Un desembolso que hiere la soberanía

Según el documento, el operativo asciende a $60.211.157, cubiertos con fondos del presupuesto de la Armada. El objetivo declarado del ejercicio conjunto sería “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos”.

En la práctica, esto significa que el Estado argentino financiará la estadía, la logística y las operaciones de las tropas estadounidenses que desembarcarán en bases nacionales para “entrenar” a nuestras fuerzas.
Tres puntos neurálgicos —Mar del Plata, la base naval de Puerto Belgrano y Ushuaia, en el extremo sur ,serán escenario de esta “cooperación” que deja más dudas que beneficios.

Cooperación o subordinación

El texto oficial habla de “potenciar las capacidades nacionales” mediante el “aporte doctrinario y técnico novedoso” de la Armada estadounidense. Sin embargo, más que una instancia de intercambio, el planteo suena a subordinación: las fuerzas argentinas asumen el rol de aprendices frente a una potencia que ha intervenido una y otra vez en América Latina bajo el pretexto de la “asistencia técnica”, “seguridad hemisférica” y la “coordinación multinacional”.

Paradójicamente, el documento destaca como “recurso invaluable” la experiencia militar de Estados Unidos, sin mencionar que buena parte de esa experiencia proviene de invasiones, golpes de Estado y operaciones encubiertas en países del continente y la comisión de delitos de lesa humanidad en distintas partes del mundo.

La retórica de la “asistencia humanitaria” junto con la de la “lucha contra el terrorismo” vuelven a funcionar como pantalla para justificar la presencia de tropas extranjeras, mientras el gobierno argentino no solo la legitima, sino que además la financia con dinero público.

Subordinación absoluta con Washington

Lejos de ser un hecho aislado, esta decisión se inscribe en la línea de alineamiento absoluto del gobierno de Milei con los Estados Unidos.
Desde el respaldo a la OTAN y a Israel hasta el abandono de los vínculos con el BRICS y el relajamiento del reclamo por Malvinas, la política exterior argentina muestra un giro drástico hacia la dependencia.

Mientras se paralizan proyectos estratégicos de INVAP y Fabricaciones Militares, y se desmantelan programas de defensa nacional, el Ministerio de Defensa —a través de la Armada— destina recursos públicos a sostener la presencia militar extranjera en nuestras bases.

Ejercicios combinados o ensayo de control regional

Estos llamados “ejercicios combinados” no son nuevos, pero en el contexto actual adquieren otra lectura: son mecanismos de inserción operativa de fuerzas extranjeras, con acceso a información sensible y control sobre zonas estratégicas.

La inclusión de Ushuaia en el operativo es especialmente significativa.
Posicionada como puerta de ingreso privilegiada a la Antártida, la base naval del extremo sur argentino es una puerta de acceso a recursos naturales y rutas marítimas de enorme valor geopolítico.
El desembarco de tropas estadounidenses allí no puede entenderse como un simple entrenamiento, sino como un gesto de control y monitoreo del Atlántico Sur.

Un país convertido en protectorado militar extranjero

Que el propio Estado argentino pague la estadía de las fuerzas estadounidenses es más que un gesto diplomático: es una decisión política que expone un modelo de país subordinado y semicolonial.
Un país donde la soberanía se terceriza, los recursos se entregan y la defensa nacional se convierte en un apéndice del Pentágono con un disfraz discursivo de engañosa defensa de la soberanía.

Mientras los salarios de las Fuerzas Armadas locales permanecen congelados y los institutos de formación padecen recortes, la cúpula militar destina más de 60 millones de pesos para hospedar y entrenar a soldados extranjeros de una potencia militar que gasta miles de millones de dólares todos los días en mantener su brutal maquinaria militar a la largo y ancho del mundo.

La “libertad” que pregona el gobierno se traduce, en los hechos, en la entrega de los resortes estratégicos del Estado. En el mientras tanto Argentina paga su propia ocupación.
Y lo hace en medio de un ajuste brutal, con fondos públicos, y a costa de su propia soberanía.

Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió rechazar la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego del pedido surgido tras el narcoescándalo que involucra al economista José Luis Espert. Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

En su fallo, emitido este lunes, la CNE fue categórica: “En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires”. De esta manera, la imagen de Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA), pese a los intentos desesperados de sectores que buscaban retirarla tras su incorporación al oficialismo.

El tribunal recordó que el proceso de diseño, aprobación e impresión de las BUP está estrictamente regulado por el Código Electoral Nacional, y que los plazos ya se encontraban “precluidos”, según informó la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense.

Un informe técnico del Correo Argentino fue determinante en la decisión: el organismo había fijado el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral, y estimó que la reimpresión demandaría al menos cinco días. Con los plazos ya vencidos —el viernes 10 era la última fecha posible—, el pedido de reedición fue presentado fuera de término y sólo pudo ser tratado el domingo 12, tras la opinión del fiscal electoral.

La resolución de la CNE no solo marca un límite procedimental, sino que también impide un gasto multimillonario de recursos públicos en plena etapa electoral, reafirmando la vigencia de las normas y los plazos establecidos.

A más de un año del traslado de parte del oro argentino, el Banco Central impide que la Auditoría General de la Nación verifique su ubicación y destino.

El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que había completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”. En ese momento, la entidad aseguró que la Auditoría General de la Nación (AGN) contaba con toda la información necesaria para revisar la operación.

Sin embargo, más de un año después, la AGN denuncia que el BCRA no solo omitió entregar los datos solicitados —como la ubicación física del oro, los costos de traslado o los rendimientos financieros—, sino que directamente obstaculizó el acceso al material. Según los auditores, el Banco negó copias, fotografías y hasta la posibilidad de tomar notas durante las inspecciones.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, expuso ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas que “el proceso de intercambio de notas se ha agotado” y advirtió que el organismo “no puede saber dónde está específicamente el oro” si la autoridad monetaria no coopera.

Fuentes internas de la AGN señalaron que el BCRA se ampara en la confidencialidad para justificar su silencio, pero que ofreció una alternativa inaceptable: permitir la revisión de registros únicamente desde computadoras del Banco, sin posibilidad de copiar, fotografiar o anotar información. Esa condición, sostienen, vuelve técnicamente inviable una auditoría seria.

La falta de transparencia incrementa las sospechas sobre la gestión del presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya que circulan versiones que indican que parte del oro habría sido convertido en activos líquidos o redistribuido, sin que el Estado haya explicado dónde están los lingotes.

El conflicto ya llegó al Congreso. La Comisión Bicameral Revisora de Cuentas evalúa citar formalmente a Bausili e incluso iniciar acciones judiciales para forzar la entrega de la información. Además, advierten que las irregularidades no se limitan al oro: el Banco Central tampoco habría brindado datos completos sobre los bonos BOPREAL, otro punto bajo la lupa de los auditores.

El Nobel argentino criticó duramente a la dirigente opositora por “rendirle pleitesía” a Washington y cuestionó que haya pedido una invasión extranjera contra su propio país.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta abierta a la venezolana María Corina Machado, reciente receptora de la misma distinción, en la que la acusa de ser “vocera de los intereses de los Estados Unidos” y de haber “traicionado el principio básico de soberanía de los pueblos latinoamericanos”.

El activista argentino, símbolo de los derechos humanos durante la dictadura, planteó un duro cuestionamiento ético y político a Machado, a quien reprochó haber pedido públicamente la intervención militar de Washington contra Venezuela. “¿Cómo podés hablar de paz si reclamás la invasión de tu propio país?”, escribió Pérez Esquivel, en una carta que también denuncia la “sumisión colonial de ciertas élites latinoamericanas” ante el poder norteamericano.

El Nobel recordó que “Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, solo intereses” y advirtió que el continente aún paga las consecuencias de las dictaduras impuestas por la Casa Blanca durante la Guerra Fría. “Esas políticas destruyeron nuestras democracias, llenaron de desaparecidos y de exiliados a América Latina. ¿Cómo podés ahora pedirles que vuelvan?”, ironizó.

Pérez Esquivel defendió al gobierno venezolano como “una democracia con contradicciones, pero también con voluntad de soberanía”, y reivindicó la figura de Hugo Chávez como parte de “un proyecto emancipador que los poderosos del norte jamás toleraron”. Señaló además que las sanciones y bloqueos impulsados por Estados Unidos son “formas modernas de guerra” y que el acoso internacional a Caracas busca “sofocar la autodeterminación del pueblo venezolano”.

La carta fue leída en distintos espacios de derechos humanos de la región como una advertencia moral a quienes legitiman la intervención extranjera bajo el discurso de la democracia. “La paz no se construye con misiles ni con tutelas imperiales”, concluye Pérez Esquivel, en una frase que funciona tanto como reproche a Machado como diagnóstico de una época en la que, según el Nobel argentino, “algunos prefieren ser colonia antes que parte de una América Latina libre”.

Con una estrategia dilatoria y sin mayorías propias, el oficialismo apuesta a postergar el debate hasta diciembre mientras la oposición busca forzar la sanción antes del recambio parlamentario.

El tratamiento del Presupuesto 2026 se perfila como una larga maniobra de supervivencia política antes que un debate serio sobre las cuentas públicas. El Gobierno llevará el proyecto al Congreso sin consenso entre las comisiones clave y con la intención evidente de estirar los tiempos hasta que el nuevo mapa legislativo le resulte más favorable.

Lejos de promover una discusión sobre prioridades fiscales o inversiones estratégicas, el oficialismo busca ganar semanas. El texto ingresará al recinto sin dictamen unificado y con advertencias sobre posibles “modificaciones técnicas” de último momento, eufemismo que en la jerga parlamentaria suele anticipar enmiendas improvisadas para contentar aliados circunstanciales.

Desde la oposición denuncian que la Casa Rosada busca congelar la agenda presupuestaria para esquivar los costos de un ajuste que ya golpea a las provincias y amenaza con paralizar programas en salud, educación y obra pública. “No quieren discutir porque saben que el número no les cierra ni política ni socialmente”, admitió un referente de la bancada peronista.

En la práctica, el oficialismo apuesta a dilatar todo lo posible. Sin mayoría en Diputados y con un clima económico adverso, intenta reproducir la lógica que aplicó en otros proyectos sensibles: ganar tiempo, dosificar concesiones y trasladar el costo político al próximo Congreso. Mientras tanto, los gobernadores son nuevamente moneda de cambio en la negociación por partidas y transferencias.

Los bloques opositores, en cambio, ya diagramaron un cronograma propio para forzar el debate. Habrá seis reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre el 15 y el 29 de octubre, con la intención de emitir dictamen el 4 de noviembre y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.

El oficialismo confía en que el calendario electoral opere como escudo. La oposición, que huele la debilidad del Gobierno, quiere que la rendición de cuentas llegue al recinto antes de diciembre, cuando cambie la composición de las cámaras. En el medio, el país espera un presupuesto que, una vez más, parece destinado a ser rehén de las urgencias políticas y no una hoja de ruta económica.

El gobierno libertario vuelve a quedar envuelto en una controversia, esta vez por la concesión de un nuevo préstamo irregular del Banco Nación a Marcos Patiño Brizuela, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba y socio del legislador Gabriel Bornoroni.

Según la denuncia, Patiño Brizuela habría recibido un crédito por $164 millones pese a no cumplir con los requisitos de antigüedad exigidos para la categoría de “contratado”, condición necesaria para acceder a ese tipo de financiamiento.
La operación fue aprobada en plena etapa preelectoral, lo que despertó sospechas de un posible financiamiento de campaña encubierto con la complicidad de funcionarios libertarios del Banco Nación.

El caso apunta directamente al presidente de la entidad, Daniel Tillard, quien ya había sido señalado en situaciones similares. En particular, por haber autorizado un préstamo de $225 millones a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, también perteneciente al espacio libertario.
Villaverde cobró notoriedad recientemente por su presunta vinculación con el narcotráfico, escándalo que terminó forzando la renuncia de José Luis Espert a su candidatura nacional. La diputada mantiene, además, una causa por tráfico de drogas en Estados Unidos y vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Fred Machado, involucrado en un episodio de violencia narco tras el ataque a una camioneta Jeep que había sido puesta a disposición de Espert.

Banco Nación: una caja política de La Libertad Avanza

No es la primera vez que el Banco Nación aparece en el centro de acusaciones de manejos irregulares. Meses atrás, la institución fue cuestionada por adjudicar una licitación de $400 millones a Tech Security S.R.L., empresa que contaba entre sus accionistas a los hermanos del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se desprendieron de sus acciones poco antes de su asunción.

La nueva denuncia golpea de lleno la campaña de Patiño Brizuela y profundiza el desgaste de la narrativa “anticasta” que el oficialismo había convertido en bandera. Los reiterados casos de presuntos favores, nepotismo y corrupción comienzan a erosionar la credibilidad del discurso libertario.
Cabe recordar que Patiño Brizuela ya enfrenta una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es una de las figuras más cercanas a Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, busca renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana volvió al centro de la escena, cuando distintas cuentas difundieron antiguos tuits suyos en los que se leen frases provocadoras sobre la Argentina, el catolicismo y, sobre todo, la causa Malvinas.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón, fue uno de los primeros en reaccionar al recuperar un mensaje de 2018 en el que Ajmechet le escribía a Mauricio Macri: “Nos hacés felices con poco, sacá el feriado del día de la Virgen y poné uno por el día de la democracia. De paso, ocupate del temita de la economía. Y estamos”. Muchos de esos tuits hoy aparecen eliminados o con la etiqueta de “página inexistente”, pero los registros de sus palabras permanecen.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Ajmechet eligió la estrategia que mejor domina: la victimización. “Me juzgan por cosas que escribí hace diez años”, dijo. Pero en aquel entonces tenía 35, no 15. Y nunca pidió perdón. No se retractó. No reflexionó. Solo buscó empatía mediática, apelando a la distancia del tiempo como si diez años bastaran para borrar una convicción ideológica.

Ahora mandaron a victimizarse a la basura humana y anti-Argentina de Ajmechet
"Me juzgan por unos tuits de hace 10 años"
Hija de puta, 35 años tenía ya. Dijiste que querés ser colonia, eliminar el Día de los Veteranos de Malvinas y que odiás la bandera Argentina pic.twitter.com/5jJuOg8oVs

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 13, 2025

Uno de sus mensajes más recordados, escrito en 2014, lo deja claro:

“Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio.”

No fue una frase ingenua ni un exabrupto. Fue una declaración de principios. Lo que Ajmechet propone —y sigue sosteniendo al no retractarse— es un vaciamiento simbólico: borrar del calendario el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, despojar de sentido el duelo colectivo y relativizar la soberanía.

Infame traidora a la Patria pic.twitter.com/z1Sy9IbSoa

— 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 (@ComodoroJN) October 12, 2025

Paradójicamente, Ajmechet se presenta como “doctora en historia”, pero su discurso niega la historia misma. Desconoce que la causa Malvinas no es un capricho nacionalista, sino un reclamo de soberanía reconocido por la ONU y sostenido por el consenso democrático desde 1983.

Su falta de arrepentimiento no es un detalle. Es una posición política coherente con el mileísmo, que hoy busca institucionalizar la desmemoria: recortar cultura, eliminar feriados históricos, y transformar la educación y la historia en mercancías. La diputada libertaria encarna esa doctrina desde su banca, con la elegancia académica del negacionismo disfrazado de “opinión personal”.

Ajmechet no está sola. Forma parte de una corriente que reivindica a Margaret Thatcher y que considera la memoria colectiva un obstáculo para el “progreso”. Su tuit “Queremos ser colonia” no fue un lapsus: fue la síntesis perfecta del proyecto político que integra.

Durante la entrevista, nunca pronunció un “me equivoqué” ni un “pido perdón”. No hubo una sola palabra hacia los excombatientes, sus familias o el pueblo argentino. Solo habló de sí misma, de su malestar por ser cuestionada, de su derecho a no rendir cuentas. Pero las palabras importan, sobre todo cuando provienen de una funcionaria pública que debería representar y defender los intereses de la nación.

Olvidar sus dichos sería concederle lo que más desea: que el 2 de abril “sea un día cualquiera”. Recordarlos, en cambio, es una forma de resistencia. Porque la memoria no se negocia, y la soberanía no se terceriza.

Sabrina Ajmechet representa una cara pulida del negacionismo y cipayismo libertario: académica, mediática, políticamente correcta. Pero detrás de esa fachada se esconde el mismo mensaje que su espacio lleva al poder: un desprecio profundo por la historia argentina y por los valores que sostienen su independencia.

El candidato de la Libertad Avanza Diego César Santilli tiene una mansión de más de un millón de dólares en Nordelta. Además, tiene un departamento en Barrio Parque valuado en 600 mil dólares. ¿De qué vive?

Según se informó, Santilli cuenta con más de 30 empresas offshore que suelen usarse para fugar plata sin pagar impuestos en Argentina. Según su propia declaración “el 70% de mis ingresos vienen del sector privado”. Pero nadie le pregunta ni él se ocupó de explicar a qué se dedica en el sector privado.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, un espía – que respondía al propio Macri – armó un informe sobre Santilli donde decía: “Vive como un narco, gasta un millón de dólares por mes. Viajó a Dubai y pagó cash, nadie sabe como vive”. Ese audio está en la justicia.

A más de un año del misterioso traslado del oro argentino, el Gobierno y el Banco Central mantienen un hermetismo absoluto sobre el destino de ese activo clave. El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había comunicado que había completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, una operación que buscó poner fin a los rumores sobre una eventual venta o cesión del metal.

En aquel parte, el organismo aseguró que la Auditoría General de la Nación (AGN) tendría acceso a toda la información necesaria para realizar los informes de control correspondientes. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. Según confirmaron fuentes de la propia AGN a Ámbito Financiero, el Banco Central no solo omitió responder los requerimientos sobre la ubicación, rendimiento y costos del traslado del oro, sino que además habría entorpecido el acceso a la documentación respaldatoria.

“Están escondiendo algo y nadie sabe por qué”, advirtieron desde la AGN, que desde fines de 2024 viene reclamando información precisa sobre las operaciones vinculadas al oro, valuadas en miles de millones de dólares. La falta de transparencia alimenta las sospechas sobre si parte de esas reservas fue utilizada para obtener liquidez en el exterior o respaldar operaciones financieras que el Gobierno prefiere mantener fuera del radar público.

Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el presidente del Banco Central ni el Ministerio de Economía ofrecieron explicaciones sobre el paradero del oro ni sobre las condiciones en que se realizó el traslado. En medio de una crisis económica y de reservas menguantes, la opacidad sobre uno de los activos más sensibles del país se convierte en un nuevo foco de preocupación institucional y política.

El caso que involucra a Federico “Fred” Machado acusado en Estados Unidos por fraude y vínculos con el narcotráfico, y recordado por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019,comienza a generar ecos dentro del gobierno libertario.

Según pudo confirmar La Nación, Hernán Núñez, amigo y socio de Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano de Machado, ocupa hoy un cargo en el Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello. Núñez fue designado en junio de 2024 al frente de la Agencia Territorial de Viedma, dependiente de la Secretaría de Trabajo, y su contrato continúa vigente tras sucesivas renovaciones semestrales.

La relación entre Núñez y Ciccarelli se remonta a los años en que ambos compartían la liga de básquet local. La amistad derivó, tiempo después, en negocios conjuntos: en 2023 crearon Gold and Sand SRL, una empresa minera registrada en el Boletín Oficial de Río Negro y habilitada para desarrollar todo tipo de actividades vinculadas a la explotación de minas y canteras.

Ciccarelli, por su parte, es un personaje clave en el entramado que une al narcoescándalo de Machado con figuras políticas y empresariales. En abril de 2019, fue uno de los anfitriones del acto en el que Espert presentó su libro en un hotel de Viedma, junto a Machado y el empresario Nicolás Tellic, impulsor de La Libertad Avanza en la zona y con vínculos con el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.

En ese mismo evento, Ciccarelli habría puesto a disposición de Espert una camioneta Jeep Grand Cherokee para la campaña. El vehículo, según documentación oficial, había sido transferido a su nombre apenas dos semanas antes del acto, aunque la operación de compraventa se habría realizado meses antes en Buenos Aires. Todo indica que el traspaso se hizo por pedido directo de su primo, “Fred” Machado.

El primo del empresario, que actualmente percibe un salario del Ministerio de Turismo de Río Negro pero depende de la Legislatura provincial, mantiene todavía una relación laboral activa con el bloque Juntos Somos Río Negro, la fuerza de Weretilneck.

De origen humilde y exprofesor de básquet, Ciccarelli se reinventó como empresario de la construcción y la minería, exhibiendo en redes sociales un estilo de vida de lujo y ostentación. Su entorno, hoy, vuelve a quedar bajo la lupa: uno de sus socios cercanos trabaja dentro del gobierno nacional, en un área sensible del gabinete libertario.

El avance de las causas judiciales contra Machado y los vínculos que comienzan a emerger entre sus allegados y funcionarios actuales vuelven a poner el foco sobre los nexos entre política, negocios y narcotráfico, un entramado que parece extender sus raíces más allá del caso Espert.