En medio de una nueva disparada del dólar que puso al Gobierno contra las cuerdas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a intervenir: aprobó la primera revisión del acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina y autorizó el giro inmediato de USD 2.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

El Directorio del organismo se reunió este jueves para debatir el desempeño del programa, y aunque marcó el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN), consideró que la implementación del plan económico fue “sólida”. Según el comunicado oficial, se valoraron las políticas “adecuadamente restrictivas” aplicadas por el Gobierno de Javier Milei, que facilitaron —según el Fondo— una transición hacia un régimen cambiario más flexible.

El desembolso aprobado equivale a 1.529 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), elevando el total transferido bajo el acuerdo a unos USD 14.000 millones. El programa, de 48 meses de duración, contempla un acceso total de USD 20.000 millones.

Incumplimientos y advertencias

Si bien se incumplió la meta de acumulación de divisas a mediados de junio, el FMI destacó que se cumplieron otros criterios clave y que se adoptaron medidas correctivas. Aún resta confirmar si el organismo otorgó un “waiver” (exención) por esa falta, algo que se sabrá una vez se publique el informe técnico (“staff report”), previsto para este viernes, también alertó por la persistencia de tasas de interés elevadas.

Dólar, reservas y reformas

Georgieva también advirtió sobre la necesidad de preservar la flexibilidad cambiaria y continuar reconstruyendo reservas internacionales. En un llamado a la prudencia, señaló que se requiere una mayor claridad sobre el régimen monetario a mediano plazo y pidió continuar optimizando la gestión de liquidez para mitigar la volatilidad financiera.

Finalmente, la titular del FMI instó a avanzar en una reforma laboral, atraer inversiones extranjeras y profundizar la desregulación económica. En un contexto de alta fragilidad, destacó que será clave sostener el consenso político y social alrededor del programa económico con medidas focalizadas de contención social

A través de un proyecto presentado en el Congreso, legisladores de izquierda buscan impedir una eventual visita del primer ministro israelí, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes en la Franja de Gaza.

El bloque del Frente de Izquierda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que exige rechazar cualquier visita oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien enfrenta órdenes de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La iniciativa, firmada por los diputados Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll, califica a Netanyahu como “persona no grata” y solicita al Ejecutivo cortar vínculos diplomáticos, comerciales y políticos con Israel.

El texto se fundamenta en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que responsabilizan al mandatario israelí por su accionar durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza. En ese contexto, el FIT reclama la “inmediata ruptura de relaciones” con el Estado israelí hasta que finalicen las acciones de ocupación y exterminio.

“Estamos ante un gobierno genocida que lleva adelante una limpieza étnica. La Argentina no puede prestarse a legitimar esa visita”, sostuvo el diputado Giordano, quien también acusó al presidente Javier Milei de alinearse con un Estado que promueve la guerra y el hambre.

Por su parte, Mercedes De Mendieta advirtió que la política exterior del actual gobierno “nos pone en riesgo” y llamó a sumarse a la campaña internacional por una Palestina libre.

El proyecto incluye referencias a denuncias realizadas por organizaciones israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que documentaron el uso del hambre como arma de guerra, la destrucción sistemática de viviendas e infraestructura civil y el desplazamiento forzado de millones de personas.

Desde el FIT sostienen que impedir la entrada de Netanyahu al país no solo es una toma de posición frente al conflicto, sino también un gesto de soberanía y coherencia frente a las normas del derecho internacional.

Los contratos de alquiler que siguen vigentes bajo la ley anterior actualizan cada tres meses con el índice ICL, que combina inflación y salarios. El resultado: subas del 11,2% trimestral frente a una inflación del 6%.

Los inquilinos con contratos firmados entre julio de 2020 y octubre de 2023 enfrentan incrementos por encima del promedio inflacionario, producto de la fórmula mixta que regula sus actualizaciones. En el trimestre abril-julio de 2025, el Índice para Contratos de Locación (ICL) arrojó un aumento del 11,20%, mientras que el índice de inflación acumulada fue del 6,0%.

El ICL, utilizado en contratos amparados por la derogada Ley 27.551, combina en partes iguales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En un contexto de salarios que suben por decreto o por inflación pasada, esta fórmula se vuelve más gravosa para quienes alquilan, incluso en períodos de desaceleración de precios.

Un ejemplo práctico: un alquiler de $700.000 ajustado por IPC puro aumentaría a $742.000 tras un trimestre; con el ICL, el mismo contrato sube a $778.400. La diferencia se multiplica al cabo de un año, generando una presión que afecta directamente la economía de los hogares.

En enero de 2025, los contratos ajustados por ICL registraron una suba anual del 190,69%, levemente por debajo del IPC del mismo período, que fue del 193%. Sin embargo, esta cercanía es engañosa: la fórmula mixta puede funcionar como un “piso móvil” en meses de inflación moderada, dificultando previsibilidad y negociación.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU presidencial, los nuevos contratos no están obligados a usar ninguna fórmula específica. Aun así, el ICL sigue siendo una opción vigente para los acuerdos privados, con ajustes que pueden pactarse en forma trimestral, cuatrimestral o semestral.

Los datos oficiales muestran que cuanto más espaciada es la actualización, mayor es el salto:

• Trimestral: 11,20%
• Cuatrimestral: 13,96%
• Semestral: 20,60%

Aunque la inflación interanual muestra una desaceleración respecto del pico del 265% en julio de 2024 (pasó al 116,85% en abril de 2025), la carga que implica el ICL sigue siendo superior a la inflación corriente.

La paradoja del sistema mixto es que, al incorporar salarios —que en teoría deberían reflejar capacidad de pago— termina imponiendo subas más duras, en un país donde los ingresos corren siempre por detrás del costo de vida.

María Eugenia Vidal, cruzó con todo a Javier Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente” pero reconoció que el PRO le votó todas las leyes y volvería a hacerlo.

En plena puja por el armado de listas y con el tablero político en plena ebullición, la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal reapareció en la escena con fuertes críticas al presidente Javier Milei. En una entrevista con La Voz del Interior, lanzó una de las frases más duras contra el discurso libertario: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente”.

Vidal advirtió sobre la política fiscal “eso no alcanza” y apuntó directamente al costo social del programa económico de Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo cargó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario”, disparó.

Vidal bancó el ajuste del gobierno: “lo volvería a hacer”

Su intervención no pasó desapercibida no sólo por el contenido, sino por el contexto: se produce mientras su partido, el PRO se debate por su existencia política y su relación con el oficialismo. Pese a sus críticas, Vidal ratificó el respaldo que su espacio le dio a La Libertad Avanza en 2023: “Acompañamos a LLA porque la Argentina estaba en una situación crítica. Lo volvería a hacer”.

Dice María Eugenia Vidal que la gente se está cagando de hambre gracias a que ella y sus compañeros del PRO le votaron todas las leyes a Milei. En serio lo dice, escuchen hasta el final porque no se puede creer.pic.twitter.com/tplZqch5bp

— PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) July 30, 2025

También dejó una frase que apunta al descrédito institucional: “Me da vergüenza el Congreso”, dijo, al tiempo que remarcó que en las elecciones de octubre “no sólo elegimos partidos, sino personas”.

La reaparición de Vidal, con un tono más confrontativo pero contradictorio y sin romper con el oficialismo, deja en evidencia las tensiones internas dentro del PRO y la compleja relación que muchos de sus dirigentes mantienen con el Gobierno libertario: cuestionan el rumbo, pero siguen acompañando las leyes clave.

El acuerdo de Milei con el gobierno de Donald Trump implicaría que agentes estadounidenses realicen los controles en Argentina.

Bajo el pretexto de facilitar los viajes de argentinos a Estados Unidos sin necesidad de visa, el gobierno de Javier Milei impulsa un acuerdo con la administración de Donald Trump que podría implicar una cesión sin precedentes de soberanía nacional: permitir que agentes migratorios y aduaneros estadounidenses operen directamente en territorio argentino.

El gobierno libertario anunció con entusiasmo el inicio del proceso para reingresar al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), del cual Argentina formó parte brevemente en los años 90 en el marco de las relaciones carnales del menemismo. Sin embargo, lo que no se transparenta es que uno de los requisitos centrales para volver a integrar este programa es aceptar que personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se instale en el país para realizar controles migratorios previos a la salida de viajeros.

Esta medida ya ha sido rechazada por otros países de la región, como México, por considerarla una violación directa a su soberanía. En ese caso, el gobierno mexicano se negó a permitir la instalación de puestos del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), justamente porque implicaba que funcionarios extranjeros actuaran con autoridad dentro de sus fronteras.

En cambio, la administración Milei parece dispuesta a ceder ante estas presiones, incluso cuando las implicancias de seguridad y autonomía son gravísimas. De concretarse, sería la primera vez que agentes migratorios de una potencia extranjera operen en suelo argentino con capacidad de control y decisión sobre ciudadanos locales y extranjeros.

Además de los aspectos simbólicos y políticos, existen también cuestionamientos técnicos y legales. El sistema argentino de documentación para inmigrantes ha sido señalado como “laxo” por funcionarios estadounidenses, lo que supone una presión adicional para endurecer normativas internas según estándares ajenos.

La foto de Milei montando a caballo junto a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., puede parecer pintoresca, pero detrás de esa imagen se esconde una negociación que podría colocar al país en una posición de subordinación inédita. Lo que se presenta como una “facilidad” migratoria, en realidad podría ser la puerta de entrada para la intervención directa de agencias estadounidenses en funciones que competen exclusivamente al Estado argentino.

El acuerdo, aún en etapa de evaluación, será revisado por Stephen Miller, figura clave en la política antiinmigratoria de Trump, y quien no ha ocultado su intención de endurecer al máximo las condiciones para países que busquen ingresar al VWP.

Aceptar este tipo de condiciones no sólo compromete la autonomía nacional, sino que sienta un precedente alarmante sobre el alcance que podrían tener agentes extranjeros en asuntos internos. Lo que está en juego va mucho más allá de la eliminación de una visa: es la capacidad de un país de decidir soberanamente sobre quién actúa dentro de sus fronteras.

El mercado de futuros del dólar está desbordado y expone los límites de la estrategia oficial. Los contratos con vencimiento en diciembre ya tocaron el techo de la banda, a pesar de que el Banco Central viene ofreciendo posiciones a precios artificialmente bajos —incluso por debajo del dólar contado— en un intento desesperado por calmar las expectativas. Pero el termómetro del mercado marca otra cosa: desconfianza.

Entre abril y mayo, el BCRA pasó de no tener prácticamente exposición en futuros a cerrar mayo con una posición vendedora de casi USD 1.950 millones. Y para fines de julio, analistas de la City estiman que ese número ya se duplicó, superando los USD 4.000 millones. Una aceleración que revela el nivel de tensión cambiaria y la falta de herramientas genuinas para controlarla.

El problema es que esta maniobra no sale gratis. Con tasas implícitas negativas, cada salto del tipo de cambio obliga al Banco Central a pagar la diferencia en pesos. En otras palabras, se compromete a emitir si el dólar sube. El ejemplo es sencillo pero alarmante: si el Central vende a $1.290 y el oficial cierra a $1.300, debe poner $10 por contrato. Y con un vencimiento fuerte como el de julio en el horizonte inmediato, el riesgo de emisión se vuelve inminente.

El Gobierno apuesta a contener la presión cambiaria con parches financieros que solo ganan tiempo, pero no despejan las dudas de fondo. La gran pregunta —sin respuesta hasta ahora— es de dónde saldrán los pesos para enfrentar esos pagos, si no es con más emisión y, por lo tanto, más inflación. La fragilidad del esquema económico vuelve a quedar expuesta.

La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

Una profunda crisis se desató en el Hospital Naval Buenos Aires tras el anuncio de la disolución del convenio que lo sostiene desde hace más de tres décadas. La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

El conflicto estalló luego de que se confirmara que el convenio entre la Armada y la Fundación de Sanidad de la Armada (FUSANA), vigente desde 1991, se dará por terminado el próximo 31 de diciembre. Esta medida, que afecta a médicos, enfermeros y personal administrativo, generó una inmediata respuesta sindical: la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) convocó a un paro general en defensa del hospital y los puestos de trabajo.

Desde la conducción gremial advierten que la intención detrás del vaciamiento es clara: “Sin trabajadores no hay Hospital Naval. No hay reestructuración legítima con los trabajadores afuera”, sostuvo Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y miembro del triunvirato de la CGT. La preocupación crece ante la posibilidad de que el Estado no garantice la continuidad laboral, ni respete la antigüedad ni el convenio colectivo vigente.

Aunque voceros de la Armada niegan que se trate de un cierre o una privatización, diversas fuentes internas señalan que ya se baraja la posibilidad de ceder la gestión del hospital a una empresa privada, y que si no se consigue ese gerenciamiento, el hospital directamente cerraría sus puertas a fin de año. “Si no lo gerencian, se cierra”, fue la frase tajante de un funcionario naval.

El Hospital Naval alberga una infraestructura crítica: 350 camas de internación, 10 quirófanos, laboratorios y consultorios de 39 especialidades. Su cierre implicaría una grave pérdida para el sistema de salud no solo militar, sino también civil, ya que brinda servicios a otras obras sociales además de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería.

Este nuevo conflicto se suma al complejo escenario que atraviesa IOSFA, que acumula una deuda superior a los $160.000 millones y una sucesión de renuncias en su dirección. La obra social, tercera más grande del país, se encuentra envuelta en una crisis de cobertura que ya afecta a cientos de miles de afiliados con recortes en medicamentos, tratamientos y estudios.

Referentes gremiales y del sector salud denuncian que se está llevando adelante un proceso de vaciamiento deliberado, con fines privatizadores. De concretarse, se perdería una institución histórica fundada en 1946, dejando a miles de pacientes sin atención y a cientos de familias sin sustento.

El tipo de cambio oficial dio un salto de $25 este miércoles y cerró a $1.325 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que volvieron a aflorar las dudas del mercado sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno. La suba se produjo a pesar de que el equipo económico convalidó una tasa efectiva anual del 65% en su intento por absorber más de $9 billones en pesos que circulan en la plaza financiera.

En el segmento mayorista, que suele funcionar como referencia para el resto de las cotizaciones, el dólar también mostró un fuerte movimiento alcista y terminó en $1.315 por unidad. Las intervenciones del Banco Central en los contratos de futuros, combinadas con una política de tasas altas, habían logrado contener la escalada el martes. Sin embargo, ese freno resultó efímero.

El dólar blue, en cambio, se mantuvo sin cambios en $1.320, mientras que las cotizaciones bursátiles acompañaron con subas más moderadas: el MEP avanzó 0,1% hasta los $1.297,58, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.297,53. A pesar de las maniobras oficiales, los tipos de cambio paralelos siguen reflejando la incertidumbre que atraviesa al mercado.

En la ampliación de la denuncia realizada en los Estados Unidos, los abogados que impulsan la demanda colectiva, destacan que Karina Milei, en su rol de Secretaria General de la Presidencia, fue quien autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa de Gobierno.

El caso del megafraude vinculado al token cripto $LIBRA dio un giro clave esta semana en la justicia estadounidense. Los abogados que impulsan la demanda colectiva contra el empresario Hayden Davis y otros implicados presentaron una ampliación del expediente que introduce, por primera vez, a figuras del círculo presidencial argentino: Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, aparece mencionada en el nuevo documento judicial.

Aunque Karina Milei de momento no está formalmente imputada, los abogados sostienen que fue quien facilitó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada en su rol como secretaria general de la Presidencia. La presentación, firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, representa una ampliación de la demanda colectiva (“class action”) en el fuero federal de Estados Unidos, y apunta a que los acusados enfrenten un juicio oral y público por crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito.

El apellido Milei —en alusión al presidente argentino— aparece más de 50 veces en el texto judicial, principalmente en relación con la promoción pública que hizo del token $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, lo cual, según los denunciantes, tuvo un impacto directo en el volumen de operaciones y en la cotización del criptoactivo.

“El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, señala la demanda en referencia a un posteo realizado por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), donde respaldaba el proyecto.

La mención directa a Karina Milei marca un punto de inflexión en el caso: hasta ahora, ninguna figura del entorno presidencial había sido vinculada en los documentos judiciales presentados ante la justicia norteamericana. Si bien no se trata aún de una imputación formal, su inclusión en el expediente suma tensión política al escándalo.

Desde el Gobierno argentino no se emitieron declaraciones oficiales sobre esta nueva etapa del proceso. No obstante, tanto en el ámbito político como en el financiero se sigue de cerca la evolución del caso, que podría escalar aún más si la justicia estadounidense decide avanzar hacia un juicio con jurado.

El caso $LIBRA ya es considerado uno de los mayores escándalos financieros recientes vinculados al mundo cripto, y la causa continúa expandiéndose con nuevas revelaciones y protagonistas.

Gobernadores de cinco provincias lanzaron un frente electoral para impulsar una agenda federal, en medio de las tensiones con Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra publica.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente Javier Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra pública, cinco gobernadores provinciales oficializaron la creación de “Grito Federal”, un nuevo frente político que buscará llevar al Congreso la voz del interior productivo y avanzar con una agenda federal.

La alianza fue sellada este miércoles en la Casa de Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El espacio, que se proyecta hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, se presenta como una tercera vía frente a la polarización política actual y apunta a defender los intereses de las provincias frente al centralismo de la administración nacional.

El acta fundacional del nuevo frente, titulada justamente “Un grito federal”, marca el tono de la iniciativa: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. En el documento, los mandatarios destacaron su compromiso con el equilibrio fiscal, pero advirtieron que ese esfuerzo no puede sostenerse sin inversión pública ni obras de infraestructura que permitan desarrollar el potencial productivo del interior del país.

𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐋

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.

Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

“No estamos pidiendo plata, estamos exigiendo un reparto justo y previsible de los recursos que corresponden a cada provincia”, subrayaron.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el recorte de fondos y la parálisis de la obra pública. En particular, los gobernadores denunciaron la interrupción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su uso discrecional como mecanismo de premio y castigo político por parte del Gobierno nacional. Ignacio Torres, vocero del nuevo frente, cuestionó con dureza esa práctica, al calificarla de “látigo y chequera”, y propuso además una reforma para que recursos clave —como los derivados del impuesto al combustible— se distribuyan según índices de coparticipación, garantizando mayor equidad.

La coalición “Grito Federal” reúne a referentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, en un intento por superar las divisiones ideológicas y centrarse en una agenda común basada en el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y una distribución más justa de los fondos públicos.

Aunque el armado aún se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores anticiparon que la reunión en la Casa de Chubut fue apenas la primera de muchas. El objetivo: construir una alternativa nacional que represente al interior, con una mirada puesta en el futuro y una decisión firme de dejar atrás “el pasado que dividió y frenó el desarrollo del país”.