Gobernadores de cinco provincias lanzaron un frente electoral para impulsar una agenda federal, en medio de las tensiones con Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra publica.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente Javier Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra pública, cinco gobernadores provinciales oficializaron la creación de “Grito Federal”, un nuevo frente político que buscará llevar al Congreso la voz del interior productivo y avanzar con una agenda federal.

La alianza fue sellada este miércoles en la Casa de Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El espacio, que se proyecta hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, se presenta como una tercera vía frente a la polarización política actual y apunta a defender los intereses de las provincias frente al centralismo de la administración nacional.

El acta fundacional del nuevo frente, titulada justamente “Un grito federal”, marca el tono de la iniciativa: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. En el documento, los mandatarios destacaron su compromiso con el equilibrio fiscal, pero advirtieron que ese esfuerzo no puede sostenerse sin inversión pública ni obras de infraestructura que permitan desarrollar el potencial productivo del interior del país.

𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐋

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.

Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

“No estamos pidiendo plata, estamos exigiendo un reparto justo y previsible de los recursos que corresponden a cada provincia”, subrayaron.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el recorte de fondos y la parálisis de la obra pública. En particular, los gobernadores denunciaron la interrupción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su uso discrecional como mecanismo de premio y castigo político por parte del Gobierno nacional. Ignacio Torres, vocero del nuevo frente, cuestionó con dureza esa práctica, al calificarla de “látigo y chequera”, y propuso además una reforma para que recursos clave —como los derivados del impuesto al combustible— se distribuyan según índices de coparticipación, garantizando mayor equidad.

La coalición “Grito Federal” reúne a referentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, en un intento por superar las divisiones ideológicas y centrarse en una agenda común basada en el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y una distribución más justa de los fondos públicos.

Aunque el armado aún se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores anticiparon que la reunión en la Casa de Chubut fue apenas la primera de muchas. El objetivo: construir una alternativa nacional que represente al interior, con una mirada puesta en el futuro y una decisión firme de dejar atrás “el pasado que dividió y frenó el desarrollo del país”.

Mientras cubría la nueva movilización en las inmediaciones del Congreso, el periodista Nicolás Munafó fue víctima del violento accionar de las fuerzas de seguridad.

En una jornada marcada por la tensión y la protesta social, cientos de jubilados se concentraron nuevamente este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación para reclamar contra el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Movilidad Jubilatoria y de Emergencia en Discapacidad, donde no faltó el violento accionar represivo de las fuerzas de seguridad, que esta vez hasta le dispararon al periodista de C5N, Nicolás Munafó.

Desde temprano, un imponente operativo de seguridad rodeó al Palacio Legislativo, vallado en su totalidad, en lo que ya se ha vuelto una postal habitual de cada miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. La manifestación comenzó a las 15, pero desde la mañana las fuerzas de seguridad habían tomado posición en los alrededores del Congreso.

Excelente reacción de @nicolasmunafo de @C5N: hay que increparlos y escracharlos. Y llevarlos a la Justicia. Son cobardes que casi matan a Pablo Grillo. No debemos naturalizar este ataque semanal del régimen de Milei a jubilados y periodistas. pic.twitter.com/4jaTnYbfMf

— Dante López Foresi (@DanteForesi) July 30, 2025

Escasas horas más tarde comenzó a aplicarse el siempre violento protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Y las cámaras de C5N captaron en vivo cómo un policía le disparó a pocos metros a un manifestante, y tras el reclamo de Munafó, también atacó al cronista.

El incidente ocurrió en vivo, en plena transmisión del programa Argenzuela. En las imágenes se observa cómo el efectivo de seguridad le dispara al periodista a escasos metros de distancia.

“¿Qué te pasa que me tirás ahí al lado? Me tiraste en los pies, cagón. Dale, seguí tirando”, le recriminó el cronista al policía, que quedó identificado por las cámara de TV.

Trabajadores del hospital pediátrico convocan a una movilización simbólica con velas hacia el Obelisco. Denuncian despidos encubiertos, paritarias irrisorias y falta de insumos.

Bajo la consigna “El Garrahan no se apaga”, profesionales de la salud, pacientes y referentes culturales realizarán este jueves una caminata desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La protesta busca visibilizar la crítica situación del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, que atraviesa una pérdida acelerada de personal y reducción de recursos esenciales.

La marcha, que dará inicio a la campaña “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, contará con la lectura pública de una carta a cargo de la actriz Cecilia Roth. Se trata de una acción artística y comunitaria que apunta a romper el cerco informativo y advertir sobre el vaciamiento de un hospital que atiende el 50% de los trasplantes infantiles del país y realiza más de 600 mil consultas anuales.

Según el gremio APyT, solo en 2024 ya renunciaron 236 trabajadores, desbordados por salarios que no cubren la canasta básica. La paritaria acordada por UPCN —apenas un 7% semestral en cuotas del 1%— fue calificada como “una burla” por los delegados.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, denunció que “la sobrecarga laboral es insostenible” y que áreas críticas como enfermería operan con dotaciones mínimas. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, refuerza la sensación de abandono.

En paralelo a la caminata principal en la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones solidarias en distintos puntos del país. Con esta iniciativa, los trabajadores buscan reabrir canales de diálogo institucional y presionar al Congreso para que avance una ley de financiamiento que proteja el presupuesto del hospital frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Un relevamiento de Zuban Córdoba muestra un fuerte deterioro en la percepción económica: el 65% siente que está peor que hace seis meses, mientras más del 50% teme por su empleo o ingresos. Crece la expectativa de nuevas protestas sociales.

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados arrojó resultados inquietantes para el gobierno nacional. El 65,1% de los encuestados manifestó que su situación económica personal se ha deteriorado en los últimos seis meses, mientras que un 54,2% aseguró no poder cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.

La percepción de malestar económico no se limita al presente: un 58,3% de los consultados cree que este clima podría derivar en manifestaciones o cacerolazos en el corto plazo. En tanto, el 64,8% opinó que la gestión de Javier Milei está profundizando la desigualdad social.

La encuesta también refleja un bajo nivel de ahorro entre la población: solo el 14,7% logra guardar dinero al final del mes. El resto debe destinar todo lo que gana al consumo o recurrir al endeudamiento.

En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos, salud y servicios, el “ajuste virtuoso” promovido por el Ejecutivo parece haber perdido respaldo simbólico. El termómetro del humor social, hoy, pasa por el bolsillo.

En abril de este año, la ministra de Seguridad calificó públicamente a Tim Ballard como “un abusador”. Ayer, se conoció un video del ministro de Justicia con el polémico ex agente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó públicamente a Tim Ballard, conocido por liderar campañas internacionales contra la trata infantil y por ser inspiración de la película “Sound of Freedom”, como “un abusador”. En una entrevista grabada en abril para NG Federal, Bullrich afirmó que Ballard tiene “23 causas por abuso” y que fue expulsado de todas las organizaciones en las que participó. Además, aseguró que el Gobierno argentino rechazó recibirlo: “Querían que lo reciba el presidente y le dijimos que no, porque este Gobierno no puede recibir a un abusador”.

Las declaraciones volvieron a tomar fuerza tras la filtración de un video en el que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece gestionando reuniones con jueces, legisladores y medios para instalar la figura de Ballard en Argentina. En la grabación, el funcionario incluso ofrece un borrador de proyecto de ley inspirado en la película “Sound of Freedom” y propone una estrategia mediática para “cambiar ese malentendido”.

Bullrich sostiene que las denuncias contra Ballard son numerosas y contundentes, aunque fuentes judiciales estadounidenses indican que solo había seis causas activas en Utah, muchas de las cuales fueron desestimadas. En algunos casos, las denunciantes debieron pagar costas judiciales. Este contraste deja en evidencia tensiones dentro del oficialismo y dudas sobre la rigurosidad con la que se manejó la información oficial.

El escándalo desató una interna en el Gobierno y generó fuertes críticas en la opinión pública. Mientras Ballard intenta avanzar con la instalación de su fundación en el país, crecen los cuestionamientos sobre el rol del ministro de Justicia y la posible utilización del aparato estatal para beneficiar a una figura polémica, fuertemente vinculada a sectores ultraconservadores de Estados Unidos.

“Yo puedo hacerte un buen artículo, hablar con los medios… con Rolando Graña, por ejemplo”, dijo el ministro de Justicia, en un video que lo muestra negociando con Tim Ballard en Nueva York.

Un video grabado con cámara oculta expuso al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo su red de contactos políticos, judiciales y mediáticos a Tim Ballard, ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y fundador de una organización internacional cuestionada por sus métodos. La reunión tuvo lugar en Nueva York, y las imágenes lo muestran dispuesto a intervenir para “cambiar la imagen” del activista en la Argentina.

En la grabación, Cúneo Libarona asegura poder organizarle reuniones con jueces, influir en medios de comunicación y hasta modificar un proyecto de ley antes de que llegue al Congreso. “Yo puedo hablar con diputados, con jueces de diferentes fueros, ver el proyecto antes, ayudarte a armar algo lindo”, se lo escucha decir, sin disimulo.

Las reacciones no tardaron en llegar: desde distintos espacios políticos reclamaron su renuncia inmediata y denunciaron tráfico de influencias. El escándalo pone en jaque el relato oficialista contra la “casta”, dejando al descubierto prácticas que contradicen el discurso de transparencia institucional.

Por ahora, el gobierno guarda silencio. Mientras tanto, crece la presión pública ante un episodio que pone al Ministerio de Justicia en el centro de una crisis de credibilidad, y que expone hasta qué punto el poder se pone al servicio de intereses privados en la gestión de Milei.

Agosto arranca con aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

El inicio de agosto trae consigo una serie de aumentos en diversos rubros que afectarán la economía familiar y contribuirán a la inflación en las próximas semanas.

A días de conocerse los datos del IPC de julio, que se espera reflejen nuevamente un aumento significativo, los nuevos ajustes en tarifas y precios ya comienzan a sentirse, impactando en los gastos diarios de las familias argentinas.

Transporte público: Los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentarán a $506,29, mientras que en las líneas provinciales del conurbano alcanzarán los $509,19. Por su parte, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para las líneas nacionales permanecerán en $451. En el subte, el pasaje con tarjeta SUBE llegará a $1.032, incrementando notablemente el costo para los usuarios.

Servicios públicos: Las facturas de electricidad, gas y agua también verán sus precios elevarse. Las tarifas eléctricas en el AMBA aumentarán en promedio un 2%, mientras que el gas tendrá un incremento entre 2,6% y 2,8%. El agua, en tanto, subirá un 1%, impactando en los gastos mensuales de las familias.

Prepagas: Los planes de salud en las prepagas subirán entre 1,3% y 1,95%, en línea con la inflación, lo que representará un gasto adicional para las familias que dependen de estos servicios.

Alquileres: Quienes tienen contratos regidos por la ley anterior afrontarán una actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual del 121,6% para agosto, duplicando los costos en comparación con años anteriores.

Combustibles: Durante julio, YPF aplicó dos aumentos acumulados del 6% en nafta y gasoil, tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono. Para agosto, se espera que vuelvan a subir, completando la suba correspondiente al primer trimestre de 2024, en un contexto de aumentos constantes que presionan los bolsillos de los consumidores.

Estos nuevos aumentos en tarifas y precios son una muestra clara de cómo la inflación y las decisiones económicas continuarán afectando el poder adquisitivo en el mes de agosto y, probablemente, en meses próximos.

Dos organizaciones de derechos humanos israelíes denunciaron públicamente a su propio gobierno por estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Se trata de B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI) que expusieron en una conferencia de prensa un informe en el que señalan que la ofensiva militar en el enclave palestino cumple con los elementos que configuran ese crimen según la Convención de Ginebra.

“Es crucial que llamemos a las cosas por su nombre en este momento”, sostuvo la doctora Daphna Shochat, de PHRI, al presentar el trabajo. El hecho sucede mientras el gobierno de Javier Milei respalda el genocidio que Israel lleva adelante sobre la población civil de Gaza.

El pronunciamiento coincide con la implementación de las primeras pausas humanitarias anunciadas por el Ejército israelí, que permiten el ingreso diario de ayuda durante diez horas. Sin embargo, desde el terreno aseguran que las medidas no alcanzan para contener el colapso humanitario.

Las ONG alertaron que los esfuerzos de asistencia son limitados y, según testigos, solo una parte de la ayuda lanzada por aire llegó efectivamente a destino. Para Médicos Sin Fronteras, esta estrategia es “ineficaz y peligrosa”, al obligar a la población a moverse por zonas militarizadas para conseguir comida.

El informe presentado por PHRI describe un colapso absoluto del sistema de salud, mientras que B’Tselem acompaña con una recopilación de declaraciones de altos funcionarios israelíes que, según el documento, evidencian la intención deliberada de destruir a la sociedad palestina. La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, expresó que “nada te prepara para darte cuenta de que sos parte de una sociedad que comete genocidio”. Y lamentó: “Este es un momento profundamente doloroso para nosotros”.

Aunque Israel negó sistemáticamente que esté provocando una hambruna, organizaciones internacionales y gobiernos aliados empiezan a expresar reservas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en una aparición pública que “esos niños se ven muy hambrientos”. Sin embargo, atribuyó la responsabilidad a Hamas. También el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la situación como “una absoluta catástrofe humanitaria”.

La crítica de las ONG israelíes también advierte que el silencio y la falta de acción frente a la tragedia en Gaza son parte del problema. “Hay una combinación aterradora de circunstancias”, explicó Novak, que van desde políticas de asfixia económica hasta bombardeos sobre infraestructura civil. El documento concluye que el Estado de Israel lleva adelante una política destinada a “destruir intencionadamente la sociedad palestina”.

El gobierno israelí rechazó las acusaciones. Su portavoz, David Mencer, sostuvo que no tienen “ningún sentido” si se toma en cuenta que se han enviado “1,9 millones de toneladas de ayuda”. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu reafirmó que la ofensiva continuará “hasta eliminar a Hamas y traer de regreso a nuestros rehenes”, insistiendo en que ambos objetivos son inseparables.

Si bien organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya habían acusado a Israel de cometer actos genocidas, las acusaciones provenientes desde el seno de Israel adquieren mayor peso. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto un proceso contra el Estado israelí, iniciado por Sudáfrica, mientras la cifra de víctimas y el colapso humanitario siguen en ascenso.

Con tasas que llegaron hasta el 65,3% anual, el Ministerio de Economía —a cargo de Luis Caputo— adjudicó alrededor de $9 billones en letras y bonos en la última licitación de julio. El objetivo era cubrir vencimientos por más de $11 billones, por lo que la colocación logró refinanciar el 76% de los compromisos. El interés del mercado fue moderado: las ofertas superaron apenas en $400.000 millones el monto finalmente tomado por el Tesoro.

Lejos quedó la propuesta de Javier Milei de cerrar el Banco Central. No solo no se cierra sino que emite pesos más que nunca. Además, toma deuda en pesos y en dólares como nunca antes. ¿Bomba explosiva?

La operación sirvió para cerrar un mes marcado por la tensión financiera, tras la decisión oficial de discontinuar las LEFI, un instrumento clave que había funcionado como válvula de liquidez diaria para los bancos.

Pero el frente financiero continúa abierto y se vuelve más exigente: entre agosto y octubre, el Tesoro enfrenta vencimientos por unos $70 billones. Ese volumen plantea un doble desafío para el Gobierno: sostener el financiamiento en pesos sin convalidar tasas cada vez más altas y, al mismo tiempo, evitar una nueva escalada de tensiones cambiarias e inflacionarias. En un contexto donde el mercado ya descuenta un escenario de devaluación tras las elecciones de octubre, cada licitación se vuelve una prueba de fuego.

En una decisión que desata una nueva ola de indignación, el gobierno de Javier Milei formalizó la entrega de la represa hidroeléctrica de Lago Escondido a Hidden Lake SA, la firma que encubre los intereses del billonario británico Joe Lewis —socio de Mauricio Macri y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude.

Esta polémica adjudicación no solo legaliza el control de una fuente estratégica de energía por parte de un extranjero, sino que lo hace en favor de un empresario ampliamente cuestionado por la justicia argentina y condenado por fraude financiero en el exterior. La represa, ubicada dentro de las 12 mil hectáreas que Lewis se apropió de manera ilegal en la Patagonia, ahora queda bajo su control absoluto, consolidando un enclave privado en una zona estratégica y en abierta violación a la Ley de Seguridad de Fronteras.

Según el acta firmada por el Ejecutivo nacional, el contrato otorga a Hidden Lake —una sociedad denunciada por la IGJ como “ficticia” y usada para encubrir los negocios de Lewis— la operación y explotación de la represa. Dicha empresa lleva años resistiendo fallos judiciales que exigen la apertura del acceso público al Lago Escondido, en tierras adquiridas de forma irregular a través de una maniobra de triangulación societaria.

La IGJ había solicitado su intervención judicial en 2022, señalando que Hidden Lake es una pantalla para ocultar la verdadera titularidad del magnate. No obstante, el gobierno de Milei ignoró todas esas advertencias y avanzó con una adjudicación directa a una empresa que ni siquiera cumple con su objeto social declarado.

La central hidroeléctrica —que empezó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr, recibiendo tarifas preferenciales— produce 7,2 MW y le permite a Lewis facturar el megavatio a diez veces el valor que se paga a Salto Grande, una de las represas más grandes del país. Mientras tanto, el acceso al Lago Escondido sigue siendo bloqueado por su seguridad privada, con complicidad del poder político.

El prontuario de Lewis suma capítulos escandalosos: usurpación de tierras, cercamiento de bienes públicos, represión a manifestantes y hasta la financiación de un viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios de medios que visitaron su mansión patagónica. El mismo Nicolás Van Ditmar, gerente de Hidden Lake y organizador de ese encuentro con magistrados cercanos a Macri, fue denunciado por piratería y privación de libertad.

Condenado en los Estados Unidos

En abril de 2024, la justicia de Manhattan condenó a Lewis a tres años de prisión en suspenso por fraude bursátil. El multimillonario admitió haber usado información confidencial para beneficiar a sus choferes, amantes y empleados, provocando un beneficio económico ilícito de millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Javier Milei —que prometió combatir la “casta”— decide ahora entregar uno de los recursos estratégicos del país a este empresario extranjero, en un acto que muchos dirigentes políticos ya califican como una forma de financiar las campañas del oficialismo libertario.

“La están juntando para la campaña”, graficó un dirigente político al tanto de los movimientos del oficialismo. Lo que está en juego no es solo una represa, sino la soberanía, el acceso público a recursos naturales, y el control del territorio argentino por parte de intereses privados y extranjeros.

Con esta decisión, el gobierno de Milei consagra uno de los capítulos más oscuros de la entrega del patrimonio nacional, beneficiando a un empresario condenado y abiertamente vinculado al entramado judicial y mediático que protege sus intereses desde hace más de dos décadas.