Aunque la jueza de Nueva York rechazó vincular al Estado argentino con los fondos de $LIBRA, advirtió que los beneficiarios podrían ser el propio presidente, su hermana o el empresario Hayden Davis, abriendo un frente judicial internacional de alto voltaje.

La Justicia de Estados Unidos volvió a apuntar contra el entorno más cercano del presidente Javier Milei. La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el intento de cuatro fondos internacionales de inversión de vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda $LIBRA, pero lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas: los fondos podrían pertenecer al propio Milei, a su hermana Karina o al empresario Hayden Davis, principal impulsor del proyecto digital.

Según la resolución de 33 páginas, los elementos presentados por los fondos —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited— no alcanzaron para probar que los activos fueran del Estado argentino. Sin embargo, la magistrada sostuvo que las pruebas “podrían sugerir” que los beneficiarios reales son los mencionados Milei, su hermana y Davis, quien habría retenido parte de las ganancias con el supuesto propósito de “invertirlas en la economía argentina”.

La jueza definió la ofensiva de los fondos como una “excursión de pesca”, una maniobra especulativa para obtener información sin sustento concreto. No obstante, su fallo deja una puerta abierta inquietante para el Gobierno argentino: si los fondos no pertenecen al Estado, entonces podrían ser privados y estar bajo control del Presidente o su entorno directo.

La periodista Vanesa Petrillo, especializada en temas judiciales, alertó en Radio Nacional que tanto Javier Milei como Karina Milei siguen bajo la mira de la Justicia estadounidense. Según explicó, la jueza Rochon fue clara al remarcar que la Argentina no debe responder por los criptoactivos, pero que el foco se desplazó hacia las responsabilidades individuales del mandatario, su hermana y el empresario estadounidense.

“Hay querellantes que están reclamando contra los funcionarios públicos y los amigos del presidente. Se está rastreando el origen y destino del dinero, y en algún momento se sabrá en qué manos están esas billeteras”, señaló Petrillo, quien añadió que los investigadores sospechan que parte de los 251 millones de dólares generados por $LIBRA podrían haber terminado fuera de los canales oficiales.

El fallo cita también a la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la promoción de la criptomoneda por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no institucional. Esa aclaración, lejos de cerrar el caso, refuerza la sospecha de un uso privado del poder, al desligar al Estado pero dejar expuestos a los funcionarios.

Mientras tanto, en Argentina, la Comisión Investigadora Parlamentaria continúa reclamando documentación y citaciones a los involucrados. La causa $LIBRA, que ya acumula denuncias cruzadas y movimientos financieros poco claros, podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros y políticos del gobierno de Milei, con implicancias judiciales tanto en Buenos Aires como en Nueva York.

En definitiva, el fallo de Rochon desactiva un reclamo de los fondos buitres, pero deja un frente más peligroso para el oficialismo: la posibilidad de que el dinero cripto no sea del Estado argentino, sino del propio Presidente y su círculo más cercano.

El sector metalúrgico se hundió 5,2% interanual en septiembre y el uso de la capacidad instalada bajó al 44,5%, el peor nivel desde la pandemia. Empresarios advierten que el ajuste del Gobierno paralizó la producción y pone en riesgo miles de empleos.

La política económica del Gobierno de Javier Milei continúa dejando secuelas en la industria nacional. Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la producción del sector retrocedió 5,2% interanual en septiembre y acumula una caída del 30% respecto de sus picos históricos.

El uso de la capacidad instalada se desplomó al 44,5%, un nivel comparable al del aislamiento de 2020, mientras el empleo industrial volvió a contraerse. En los últimos doce meses, el número de trabajadores del rubro cayó 3,2%, y las expectativas empresarias anticipan nuevos recortes.

La retracción golpea con fuerza a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde la actividad fabril concentra la mayor parte de las pymes metalúrgicas. “Estamos operando con plantas semi vacías y sin demanda interna. El ajuste destruyó la cadena productiva”, señaló un dirigente del sector.

El informe también revela que el 77% de las empresas prevé mantener o reducir su producción en los próximos meses, y más del 90% no planea incorporar personal. Para ADIMRA, el escenario refleja “la parálisis de la economía real” y la falta de políticas activas para sostener el empleo y la inversión.

“La industria argentina está en un punto crítico. Si el Estado no interviene, corremos el riesgo de perder capacidades que costaron décadas construir”, advirtió el presidente de la entidad, Elio Del Re.

Con fábricas trabajando a menos de la mitad y un consumo interno desplomado, la recesión industrial se consolida como el rostro más visible del ajuste libertario.

La principal coalición opositora reclamó que el escrutinio provisorio se publique por provincia y acusó al oficialismo de intentar manipular la lectura política de los comicios legislativos del 26 de octubre.

Fuerza Patria presentó este lunes un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que los resultados de las elecciones legislativas se informen exclusivamente por distrito y no de forma agregada a nivel nacional. La medida apunta a evitar que el Gobierno de Javier Milei utilice los datos del escrutinio provisorio con fines propagandísticos.

“El voto legislativo se define provincia por provincia. La suma nacional no tiene valor institucional y confunde deliberadamente a la ciudadanía”, sostiene el texto entregado por la alianza, que reúne a la mayoría de las fuerzas opositoras con representación parlamentaria.

El reclamo se produjo tras el simulacro electoral realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el Correo Argentino, donde —según denunció la oposición— se aplicaron criterios “opacos” y “sin control ciudadano” en la carga de datos. En Fuerza Patria sospechan que el Ejecutivo busca mostrar un resultado global favorable, pese a los retrocesos previstos en los grandes distritos.

“La transparencia no se declama, se garantiza”, afirmó una fuente del espacio opositor, que acusó al oficialismo de utilizar la DINE “como herramienta de marketing político en lugar de órgano técnico”.

La CNE deberá resolver el planteo antes del cierre de la semana, aunque la tensión política ya se instaló. El debate vuelve a poner en el centro la disputa por el sentido del federalismo y por el control del relato electoral, en un contexto de malestar económico y creciente desgaste del gobierno libertario.

El presidente Javier Milei promete día y noche que “no hay plata” y que el ajuste “lo paga la casta política”. Sin embargo, dentro de su propio gobierno hay funcionarios que parecen vivir al margen de ese sacrificio nacional que se le exige todos los días a la sociedad.

Un caso emblemático es el de Macarena Jimena Rodríguez, fotógrafa personal del Presidente convertida súbitamente en Coordinadora de Cobertura Presidencial, quien ya gastó más de $25 millones en viajes internacionales pagados por el Estado en apenas un año y medio.

Mientras millones de argentinos sufren recortes en educación, salud, cultura y jubilaciones, Rodríguez acumula millas, sellos en el pasaporte y hoteles de lujo sin que nadie en el Gobierno hable de ajuste ni austeridad cuando se trata de justificar sus privilegios.

Ascenso meteórico y sueldos que no conocen ajuste

Rodríguez ingresó a Casa Rosada el 2 de enero de 2024 como simple asesora. En tiempo récord fue premiada con dos designaciones: primero como Coordinadora de Contenidos Digitales (Resolución 1079/25) y luego como Coordinadora de Cobertura Presidencial (Resolución 260/25). En julio de 2025 cobró $2.037.140,54 netos. Milei asegura que “la casta vive de privilegios”, pero su fotógrafa gana ocho veces más que la jubilación mínima del mismo período. ¿Ajuste? Solo para otros.

Una agenda de viajes digna de estrella pop

Los documentos oficiales revelan un ritmo de viajes difícil de justificar para una funcionaria estatal. Rodríguez participó de más de 20 giras internacionales junto a Milei, sumando escalas en Miami, Los Ángeles, Roma, Davos, Hamburgo, Palm Beach, Jerusalén y Madrid, entre otros destinos.

Algunos gastos oficiales:

Eso suma más de $25 millones, sin incluir viajes con gastos que aún no se informaron, como Palm Beach y Jerusalén. Transparencia selectiva.

La épica de la “austeridad”, hecha trizas

Mientras Milei congelaba salarios públicos, prometía “ajustar a la política” y denunciaba los privilegios de los funcionarios, Rodríguez multiplicaba viajes y ascendía en el organigrama estatal. Incluso protagonizó un escándalo cuando viajó a Roma para el funeral del Papa Francisco: primero lo negó el Gobierno, después lo admitió. El ajuste se aplica, parece, solo cuando conviene narrativamente.

Propaganda financiada por el Estado

Rodríguez no es solo una fotógrafa: es parte clave del aparato de comunicación presidencial. Se la vio en giras políticas del Presidente, campañas en redes y hasta producciones personales en TikTok y X. Muchas de las fotos que alimentan el culto personalista de Milei salen de su cámara. La épica libertaria también se paga con fondos públicos.

La contradicción que Milei no puede explicar

Mientras millones de argentinos ajustan sus vidas al límite, una funcionaria de confianza del Presidente acumula privilegios impensados incluso en gobiernos que él mismo denuncia como “casta corrupta”. Se prometió recortar gastos superfluos. En cambio, se financia una agencia de imagen presidencial con escala internacional.

El caso de Macarena Rodríguez desnuda la verdadera lógica del gobierno: ajuste para la mayoría, privilegios para el círculo íntimo. La austeridad fue apenas un eslogan.

El diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch dejó en evidencia su asombrosa capacidad para opinar desde una realidad paralela. En declaraciones recientes, recomendó a las familias argentinas “ajustarse” vendiendo la lancha o alguno de los varios autos que según el libertario, tendría cualquier hogar promedio en el país.

Una vez más, el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch dejó en evidencia su asombrosa capacidad para opinar desde una realidad paralela. En declaraciones recientes, recomendó a las familias argentinas “ajustarse” vendiendo la lancha o alguno de los varios autos que —según él— tendría cualquier hogar promedio en el país.

El legislador parece convencido de que todos viven como su acomodada familia: con seis autos en el garage, una embarcación en el muelle y margen para recortar “lujitos innecesarios” como la segunda lancha. Sí, lo dijo en serio.

En su esfuerzo por defender el ajuste que impulsa el Gobierno, Benegas Lynch relató un ejemplo que buscaba sonar razonable, pero terminó confirmando lo contrario: no tiene la menor idea de cómo vive la inmensa mayoría de los argentinos. Mientras millones de trabajadores hacen malabares para llegar a fin de mes, pagan los servicios en cuotas o directamente dejan de comprar medicamentos para poder comer, el diputado imagina familias con patrimonio náutico y flota vehicular.

Diputado de LLA totalmente abstraido de la realidad. Le dice a la gente que no se puede quejar de no llegar a fin de mes porque si tenemos lanchas, autos y un "caserón fenomenal" y queremos otra lancha obvio no nos va a alcanzar. Solo habla con millonariospic.twitter.com/Tsw9M32boN

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 18, 2025

En su universo ideológico, el problema no es la caída del salario, ni la inflación, ni el deterioro social. No. Para él, el verdadero drama nacional es haber caído en “el consumismo extremo” de comprarse una segunda lancha.

El comentario fue tan disparatado que ni siquiera Cristina Pérez, conductora que suele simpatizar con las ideas del oficialismo, logró disimular la sorpresa. Lo miró perpleja, entendió la dimensión del absurdo y eligió el silencio, quizás porque no hay forma educada de decirle a un diputado nacional que acaba de demostrar públicamente estar desconectado del país que pretende gobernar.

Mientras tanto, en la Argentina real, la única lancha que ven millones de personas es la del noticiero. Y ni siquiera viene con combustible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue lapidario con el gobierno de Javier Milei: “Argentina está muriendo, no tiene plata, no tiene nada”, aseguró. Desde la llegada de los libertarios al poder creció notablemente el endeudamiento lo que desestabilizó la moneda nacional. En dos años, el dólar pasó de valer 350 pesos a 1450. Milei lo hizo.

“Mire, Argentina está luchando por su supervivencia, señorita. Usted no sabe nada al respecto. ¿Entiende lo que eso significa? Están muriendo”, aseguró el mandatario norteamericano.

¿Cómo caerán las declaraciones de Trump en medio de la incertidumbre por el valor del dólar y la posibilidad de que Argentina caiga en default por el endeudamiento masivo? Milei apostó a la deuda y a un salvataje del FMI o de Estados Unidos. ¿Y si sale mal?

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde está siendo investigado por narcotráfico, Fred Machado, volvió a hablar sobre su vínculo con José Luis Espert, quien bajó su candidatura a diputado por La Libertad Avanza luego de que se conocieran contratos con el empresario, y advirtió: “Si hablo, se cae el país”. Mensaje claro al gobierno libertario.

Sobre esta advertencia, explicó: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”, contó Machado. Ahora se investiga la relación de Machado con Patricia Bullrich a través del pago de cientos de miles de dólares a la empresa Lácteos Vidal, que financió a la actual ministra de Segurida. Narcopolítica.

Por otro lado, habló de su vínculo con Espert, a quien apoyó durante la campaña electoral de 2019, y aseguró que tiene “bronca y decepción acumulada” y consideró: “No tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó”, cuestionó. El reclamo de Machado surge ya que el diputado no quiso explicar, tras ser consultado en reiteradas oportunidades, cuál era su relación.

“Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”, sostuvo Machado en diálogo con Radio Splendid.

Al ser consultado sobre qué le diría hoy, respondió: “Le diría hoy: ‘Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes’… Entre gitanos no nos miremos las cartas”, lanzó.

Por último, reiteró que le puso un avión a disposición y le pagó hoteles, pero que el “Espert del 19 no era el Espert del 25”. Y sentenció: “El Espert del 25 se convirtió en lo que combate”.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quedó involucrada en dos causas judiciales que apuntan a presuntos aportes ilegales a su campaña y a vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Las investigaciones avanzan sobre los aportes de los dueños de Lácteos Vidal, quienes habrían realizado operaciones por tres millones de dólares con la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Machado. Desde esa misma empresa salieron los 200.000 dólares que José Luis Espert recibió en 2020. Además, los propietarios de la láctea, figuran como aportantes a la campaña presidencial de Bullrich en 2023, cuando aún competía por Juntos por el Cambio.

La denuncia presentada por trabajadores despedidos de Lácteos Vidal en 2022 pide investigar posibles nexos con “operaciones de narcotráfico internacional” y “triangulación de fondos ilícitos”. Según trascendió por Página 12, los empleados también señalaron que la empresa habría realizado escisiones societarias para desviar fondos hacia otras firmas controladas por los mismos dueños, en perjuicio de las deudas laborales que mantienen con los veinte empleados cesanteados.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) presentó ante el juez laboral José Ignacio Ramonet documentación periodística y fragmentos del expediente que se tramita en Texas, donde Machado figura como principal investigado. En esos papeles se registran transferencias millonarias entre cuentas ligadas a Machado y su socia Debra Lynn Erwin Mercer, condenada a 16 años de prisión, y Alejandra Bada Vázquez, directora de Lácteos Vidal junto a su hermano Vidal Bada Vázquez.

En un comunicado, Atilra señaló además aportes de Lácteos Vidal a Bullrich en 2023, lo que “refuerza la sospecha de triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina”. En paralelo, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó una denuncia ante el juzgado electoral de María Servini para que se investiguen los aportes a la campaña de Bullrich.

A seis ruedas de las elecciones de medio término, el Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario, pero el dólar siguió su escalada y cerró este jueves a $1.425. Algunos operadores financieros argentinos ironizaron sobre la situación: “Los norteamericanos no saben lo que pasa en Argentina con el dólar, se van a encontrar con un Vietnam cambiaria. No es fácil ganarle la guerra al dólar”.

Según estimaciones privadas citadas por Infobae, las ventas de divisas del Tesoro norteamericano en el segmento de contado alcanzaron los USD 120 millones en la jornada, tras haber inyectado unos USD 100 millones el miércoles. Pese a ese esfuerzo, el dólar mayorista volvió a subir: avanzó 22 pesos (1,6%) y cerró a $1.402, el valor más alto desde el 9 de octubre, cuando la administración de Donald Trump comenzó a intervenir directamente en la plaza local.

En el mercado contado se negociaron USD 676,9 millones, un volumen elevado para una época del año con escasa liquidación del agro, lo que refleja una fuerte demanda privada de cobertura frente a la incertidumbre política y financiera.

Mientras tanto, el Gobierno argentino afronta una mayor presión monetaria: esta semana liberó unos 2,1 billones de pesos al no renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en moneda local. En este contexto, el esquema de bandas cambiarias vigente desde el 14 de abril fija un techo de $1.488,59, apenas 6,2% por encima del cierre mayorista.

El contexto coincide con los recientes anuncios de Washington de asistencia a la Argentina. Trump adelantó la creación de un swap de monedas por USD 20.000 millones entre el Tesoro y el Banco Central, junto a otro monto similar comprometido por fondos de inversión para la compra de bonos y la adquisición de pesos en el mercado mayorista, con el objetivo de generar liquidez en dólares.

La noticia cayó como una bomba en Bahía Blanca y generó un profundo malestar entre los vecinos y las autoridades locales: el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, le está cobrando al municipio más de 50 millones de pesos por los puentes desmontables que el Ejército instaló tras el devastador temporal de marzo.

El hecho, revelado a través del Boletín Oficial Municipal, desató una ola de indignación y enojo. En un momento en que la ciudad aún intenta levantarse de los destrozos, el Gobierno nacional —que ya había recortado a la mitad la ayuda prometida— ahora le pasa una factura millonaria por lo que en su momento se presentó como un gesto de asistencia humanitaria.

Según se conoció, la Municipalidad deberá pagar más de 43 millones de pesos cada tres meses por los dos puentes Bailey, además de un seguro adicional superior a 8 millones. “Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía”, admitió con frustración el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien confirmó la medida en declaraciones radiales.

La indignación también alcanzó al arco político local. En el presupuesto nacional 2026, Bahía Blanca no figura con ninguna obra asignada, a pesar de que la reconstrucción de los puentes arrasados por el agua —en la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 3— es una necesidad urgente.

La diputada bonaerense Natalia Dziakowski fue una de las voces más críticas. En redes sociales, denunció que el Gobierno nacional “factura la ayuda” mientras mantiene vetada la ley de emergencia y sigue recortando los fondos para la recuperación de la ciudad. “No hay federalismo sin justicia territorial”, escribió la legisladora, reclamando empatía e inversión real del Estado.

Los puentes modulares —de tipo COMPAC BAILEY, con rampas de 36,5 metros— fueron instalados sobre el canal Maldonado, en las avenidas Malvinas y Santa Cruz, para restablecer la conectividad entre barrios afectados. Hoy, esa infraestructura de emergencia se transformó en una nueva carga económica para una comunidad que aún llora a sus 18 víctimas fatales y lucha por reconstruirse.

La paradoja no pasa inadvertida: mientras Bahía Blanca enfrenta el peso del abandono y la factura de su propia desgracia, Javier Milei y La Libertad Avanza fueron la fuerza más votada en la ciudad. La pregunta resuena entre vecinos y funcionarios por igual:
¿cómo se puede cobrar lo que se prometió como ayuda solidaria?
Y, quizás la más punzante de todas:
¿a quién votarán los bahienses el 26 de octubre?