El padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo lanzó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual y cuestionó el rumbo adoptado por el presidente Javier Milei. “No hay estabilidad ni crecimiento”, sentenció.

En un artículo publicado en su blog personal, titulado “Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimiento”, Cavallo expresó su decepción con los resultados del plan libertario. Si bien reconoció que el salto cambiario de diciembre de 2024 no provocó un nuevo brote inflacionario, afirmó que tampoco logró lo más importante: reactivar la economía ni consolidar un clima de confianza.

Lejos de su anterior respaldo parcial al ideario de Milei, el “padre de la Convertibilidad” advirtió que su propia expectativa de un shock estabilizador se frustró. “No acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, admitió, en una autocrítica que reforzó su actual visión negativa.

Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimientohttps://t.co/V7wQ7GDFfG

— Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) August 1, 2025

Uno de los principales blancos de sus críticas fue el cepo cambiario, cuya continuidad —aunque parcial— considera el mayor obstáculo para la recuperación. Según Cavallo, las restricciones a la libre disponibilidad de divisas siguen generando desconfianza, ahuyentan inversiones productivas y alimentan las expectativas de nuevas devaluaciones. “Los capitales productivos son muy sensibles al riesgo de quedar atrapados si no pueden salir cuando lo necesiten”, advirtió.

Además, apuntó contra la falta de reglas claras en materia monetaria y cambiaria, señalando que muchas decisiones del gobierno son “difíciles de comprender y explicar”, lo cual, según sostuvo, alimenta aún más la percepción de inestabilidad.

Respaldado en los principios de la Escuela de Chicago, Cavallo insistió en que sin un marco normativo previsible y sin una apertura total del mercado cambiario, será imposible atraer inversiones ni generar las condiciones para el crecimiento. “Que no haya ninguna restricción para la compraventa de monedas extranjeras es un requisito indispensable para que la economía funcione con competencia de monedas a la peruana”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que mientras persista el actual esquema de controles, la economía seguirá atrapada en un ciclo de estancamiento, con tasas de interés elevadas, desconfianza generalizada y sin señales concretas de reactivación. En su visión, el experimento libertario está fracasando en sus objetivos fundamentales: lograr estabilidad y generar crecimiento.

El presidente Javier Milei habló en una cena en Puerto Madero que “la calle debería estar llena de cadáveres” si la gente no llegara a fin de mes. Fue en el marco de la cena de la Fundación Faro de Agustín Laje, una creación de Santiago Caputo y su hermano para recaudar fondos. Se vio a muchos empresarios que ganan mucha plata con la timba financiera…

A Milei se lo notó muy errático, como sedado: “No se dan cuenta de lo que dicen, sería bastante complicado caminar por las calles si no se llegara a fin de mes”.

Esta semana, el gobierno mostró en profundidad cuál es su modelo de país. Por un lado, vetó un aumento a jubilados y la declaración de emergencia de las personas con discapacidad. Mientras, le cedió dos mil millones de dólares de retenciones a la Sociedad Rural, que reúne a las familias más ricas de Argentina. Además, por la timba financiera, muchos bancos lograron ganancias extraordinarias. Ganadores y perdedores…

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó este martes en Comodoro Py una denuncia penal que sacudió al corazón del oficialismo: acusó por rebelión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y atentados contra el orden público a varios referentes del universo libertario, entre ellos Javier Negre, director del medio ultramileísta La Derecha Diario.

La presentación judicial, según confirmaron fuentes a Noticias Argentinas, fue realizada a título personal y quedó en manos del juez Sebastián Casanello, con intervención de los fiscales Franco Picardi y Guillermo Marijuan. Desde Ámbito aclararon que la denuncia no involucra formalmente su rol como titular del Senado, aunque el impacto político es inevitable.

La respuesta de La Derecha Diario no se hizo esperar: acusaron a Villarruel de utilizar el sistema judicial como herramienta de venganza, tras haber sido “expuesta por sus traiciones contra Milei”.

Lejos de calmar las aguas, la movida judicial encendió aún más la interna que desde hace semanas divide al Gobierno. La denuncia llega tras una serie de desplantes: a Villarruel le bloquearon el ingreso al acto de La Rural encabezado por el Presidente y el diputado José Luis Espert la tildó directamente de estar “fuera del proyecto”. La fractura ya no es silenciosa: se tramita en tribunales y a plena luz del día.

Según detalla la denuncia, Bausili declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial que pasó de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, lo que representa un aumento superior al 880%.

Una grave denuncia por presunto enriquecimiento ilícito sacude al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tras conocerse que su patrimonio creció un 880% en apenas un año. La presentación judicial, radicada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, expone cifras que ya encendieron las alarmas en el ámbito político y económico.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social”, quien apunta contra Bausili por inconsistencias en sus declaraciones juradas y vínculos directos con sectores del poder económico. Según el documento, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, una cifra que, a todas luces, desborda los ingresos legales de cualquier funcionario público.

“El incremento no guarda proporción con los ingresos habituales ni está debidamente respaldado por antecedentes patrimoniales u operaciones comerciales conocidas”, sostiene la denuncia, a la que tuvo acceso la periodista Vanesa Petrillo (C5N). Este crecimiento súbito y descomunal despierta sospechas no sólo por su magnitud, sino también por el contexto: Bausili mantiene lazos históricos con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió años de negocios en el sector financiero.

Otro dato que refuerza el escándalo: en su declaración de 2024 figuran acciones por más de $400 millones en Pampa Holding SA, una empresa estrechamente vinculada al poder económico concentrado y con nexos con el propio Caputo.

El denunciante pidió una pericia contable integral para analizar la evolución patrimonial del titular del BCRA en los últimos cinco años, con el objetivo de contrastar sus activos declarados con los ingresos lícitos que percibió y determinar la legalidad de ese incremento extraordinario.

La explosiva denuncia ya genera repercusiones en el escenario político y podría abrir una nueva etapa de tensión institucional, en momentos en que se discute la transparencia y el rol de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos.

El Presidente rechazó por decreto las leyes que preveían mejoras en haberes previsionales y ayudas por discapacidad. El Gobierno ratificó su prioridad fiscal y mantendrá los valores definidos antes de la votación en el Congreso.

El presidente Javier Milei vetó este lunes dos leyes clave impulsadas por la oposición: una que establecía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y otra que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de que las iniciativas “afectan el equilibrio fiscal” y representan “una amenaza directa al superávit” que el Ejecutivo considera pilar central de su programa económico.

Tras el veto, los haberes jubilatorios recibirán en agosto únicamente el aumento del 1,6% anunciado previamente por el Gobierno, en base a la inflación informada por el INDEC. De este modo, la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que el haber máximo se mantendrá en $2.114.561,35.

También continuará vigente el bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Aquellos que superen ese monto, pero no lleguen a $384.243,50, recibirán un refuerzo proporcional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $321.394,80 con el bono incluido, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $289.970,45.

En cuanto al proyecto vetado sobre discapacidad, incluía la creación de una pensión no contributiva específica, mayores transferencias a prestadores y la declaración de emergencia hasta 2026. La medida fue rechazada también por razones fiscales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las leyes aprobadas por el Congreso constituían un “intento de desestabilización institucional”. En paralelo, distintas organizaciones de jubilados y personas con discapacidad anticiparon movilizaciones para exigir que se revierta el veto.

Con una suba del dólar que supera el 13% en julio, grandes compañías ajustaron precios entre un 3% y un 9% en productos de consumo masivo. Comerciantes y supermercados recibieron nuevas listas con incrementos generalizados.

La reciente escalada del tipo de cambio ya muestra impacto directo en los precios al consumidor. En los últimos días, empresas líderes del sector alimenticio, de higiene y limpieza enviaron nuevas listas de precios con aumentos que van del 3% al 9%, en respuesta a la suba del dólar libre, que en julio acumuló un alza superior al 13%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) confirmó que los nuevos valores fueron comunicados a cadenas de supermercados y comercios minoristas. Entre los principales ajustes, Arcor aplicó subas de entre el 3% y el 5%, Mondelez entre el 7% y el 9%, y Unilever estableció un incremento promedio del 8%.

También se sumaron aumentos del 7% en productos de Softys (Elite, Babysec, Ladysoft) y del 4% al 5% en alimentos de marcas como La Serenísima (Mastellone) y Danone. Las aceiteras General Deheza y Cañuelas, por su parte, remarcaron un 5%.

A esto se agregan subas del 7% en artículos de limpieza de SC Johnson y un incremento en el precio de los cigarrillos en los comercios de barrio, que ronda el 8%. Panificados, galletitas y harinas también comenzaron a moverse al alza.

Desde el sector supermercadista anticiparon que buscarán negociar con los proveedores para moderar los aumentos y acercarlos al 5%, aunque admiten que el escenario cambiario complica cualquier intento de contención.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había advertido públicamente contra las remarcaciones, asegurando que los consumidores no convalidarían los nuevos precios. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la falta de señales claras en la política monetaria están acelerando la dinámica inflacionaria.

En un nuevo episodio de la disputa interna, Mauricio Macri marcó su postura priorizando el apoyo a La Libertad Avanza, pese a sus diferencias.

Mauricio Macri afirmó que, aunque el PRO no comparta la ideología de La Libertad Avanza (LLA), su prioridad es “ayudarlos a gobernar” y buscar una posición dominante en la coalición. En declaraciones recientes, el expresidente enfatizó la necesidad de fortalecer la alianza para mantener poder en el gobierno, una estrategia que fue cubierta por Ámbito Financiero y otros medios.

Macri sostuvo que la fuerza del PRO reside en tener influencia en la toma de decisiones, incluso si eso implica convivir con posturas extremas de la derecha libertaria representada por Javier Milei y sus aliados. Este posicionamiento evidencia una clara intención de pactar con sectores que históricamente han sido cuestionados por su impacto social y económico.

📣 En diálogo con Radio Mitre, Mauricio Macri habló sobre el posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas.

🗣 “El riesgo país muestra la negativa del gobierno a dejarse ayudar”, aseguró el expresidente.

📹 @rodrigojorgeok pic.twitter.com/FOd3DqAXis

— Radio Mitre (@radiomitre) August 4, 2025

Especialistas políticos y analistas consultados advierten que esta postura puede generar tensiones internas y alejar a votantes moderados, al tiempo que legitima a un espacio político con discursos de ajuste y recorte de derechos. Desde sectores opositores señalan que Macri prioriza su rearmado político por encima de los intereses populares, consolidando una alianza que pone en riesgo conquistas sociales.

Este llamado a la unidad con La Libertad Avanza se da en medio de una fuerte disputa por el control del PRO y las decisiones estratégicas de cara a las próximas elecciones nacionales, donde la derecha busca ampliar su base con discursos que afectan a los sectores más vulnerables.

El jefe de Gobierno porteño instruyó a la Policía y al Ministerio de Seguridad para actuar contra quienes remuevan residuos de los contenedores y ensucien el espacio público, aplicando el artículo 94 del Código Contravencional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ordenó aplicar sanciones a las personas que remuevan residuos de los contenedores de basura. La medida fue comunicada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde detalló que la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad están instruidos para intervenir ante estas situaciones.

“Si detectan que alguien rompe o desparrama basura, deben pedirle que lo limpie; si se niega, que lo sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri. La decisión se enmarca en la supuesta intención de “mantener la limpieza del espacio público”, pero generó repudio inmediato en redes sociales y sectores sociales, por apuntar directamente contra personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato.
Si se niegan, que los sancionen según… pic.twitter.com/437CgfmYWv

— Jorge Macri (@jorgemacri) August 4, 2025

El instrumento legal citado por el Gobierno porteño es el artículo 94 del Código Contravencional, que establece sanciones de entre uno y quince días de trabajos comunitarios, o multas que van de 81 a 1.217 unidades fijas. Las penas se agravan si el hecho ocurre en espacios sensibles como hospitales, escuelas, monumentos o subtes.

La decisión llega en un contexto de crisis social creciente, donde cada vez más personas recurren a los contenedores para buscar alimentos o materiales reciclables. Mientras desde el Ejecutivo porteño se insiste en el discurso de “orden y limpieza”, la respuesta institucional frente al hambre y la exclusión vuelve a ser la persecución punitiva.

El BCRA reglamentó el Fondo de Cese Laboral, un nuevo mecanismo que reemplaza la indemnización por despido si lo establece el convenio colectivo.

El Banco Central de la República Argentina formalizó la reglamentación del Fondo de Cese Laboral, un esquema incluido en la Ley Bases y su decreto reglamentario, que habilita a reemplazar las indemnizaciones por despido tradicionales por un sistema de aportes mensuales anticipados a cuentas específicas. El nuevo modelo se podrá aplicar solo si está previsto en el convenio colectivo correspondiente.

El sistema consiste en cuentas especiales donde los empleadores depositarán un porcentaje del salario mensual, que luego será entregado al trabajador cuando finalice la relación laboral. Las cuentas pueden ser administradas por bancos, fideicomisos o fondos comunes de inversión, y están sujetas a supervisión del BCRA. También podrán tener aportes voluntarios del trabajador si lo permite el convenio.

El aporte patronal tendrá un tope del 8%, aunque en algunos sectores como la construcción podrá llegar al 12%, especialmente durante el primer año de implementación. Los fondos serán inembargables y tendrán el mismo tratamiento fiscal que una indemnización tradicional. Los trabajadores podrán consultar movimientos y saldos desde home banking o aplicaciones móviles.

La medida ya generó fuertes críticas de abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo, como Matías Cremonte y Luis Enrique Ramírez, quienes advierten que este sistema debilita los derechos laborales. En declaraciones a El Destape y Tiempo Argentino, Cremonte alertó que “la indemnización por despido es un derecho constitucional, y reemplazarla por un fondo administrado por entidades privadas representa un retroceso gravísimo”. Por su parte, Ramírez señaló que “con este mecanismo se traslada al propio trabajador el costo del despido y se desnaturaliza el principio protector del derecho laboral”.

Además, especialistas como Luis Roa, citado por iProfesional, advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo por inflación, el carácter especulativo de los instrumentos financieros involucrados, y la posibilidad de que “los fondos no estén disponibles cuando más se necesitan”. Aunque el régimen es formalmente optativo, existe temor a que se generalice por presión empresarial o flexibilización de convenios.

“Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra en Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti en una carta abierta dirigida al jefe del Estado difundida hoy.

Luego de un devastador accidente en la Ruta Nacional 19, en el que murieron cuatro personas —entre ellas tres menores—, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, lanzó un desesperado reclamo al presidente Javier Milei, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas en esa carretera nacional.

A través de una carta pública, Benedetti apuntó directamente al Gobierno nacional:
“¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?”, escribió con indignación, denunciando el abandono del tramo que une Córdoba con Santa Fe.

El jefe comunal describió como “deplorable” el estado de un tramo de 63 kilómetros de la Ruta Nacional 19, paralizado desde que el Gobierno libertario suspendió toda obra pública. Por esa ruta transitan 15 mil vehículos diarios y, según Benedetti, los accidentes no dejan de aumentar. Solo en los últimos meses, el hospital municipal tuvo que atender a 63 personas heridas en choques ocurridos en los sectores inconclusos.
“El promedio es un accidente cada tres días”, alertó el intendente, y recordó que entre enero y julio ya se registraron cinco muertes.

El último siniestro, ocurrido en la madrugada del domingo entre El Tío y El Fuertecito, fue el detonante de su reclamo: un Volkswagen Bora embistió a un Fiat 147 donde viajaban seis personas. Cuatro de ellas murieron —tres eran niños— y otras dos resultaron gravemente heridas.
“Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti conmovido.

El intendente radical, que días atrás ya había criticado abiertamente el ajuste libertario en una reunión con otros jefes comunales, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias del recorte nacional.
“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, había dicho en ese encuentro, reflejando la tensión de gobernar en municipios donde el apoyo a Milei fue contundente —en Arroyito, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo el 75% en el balotaje.

La situación no es aislada. Otros intendentes cordobeses también comenzaron a colocar carteles denunciando el abandono de las rutas nacionales, y la misma estrategia fue adoptada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, los gobernadores comenzaron a presionar para modificar el reparto de fondos federales, con el cordobés Martín Llaryora participando activamente en alianzas regionales con sus pares de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Mientras el país discute el rol del Estado en la infraestructura vial, el drama se cobra nuevas víctimas. El conductor del Bora, un joven de 19 años, fue detenido por la Justicia. Pero para Benedetti y su comunidad, la verdadera responsabilidad recae en un Estado ausente que, por decisión política, condena a miles de argentinos a transitar rutas que matan.