La reunión de los ministros de Economía de 17 provincias con el enviado de Luis “Toto” Caputo terminó mal y ahora los gobernadores decidieron acelerar el paquete de leyes para cobrar los fondos que les retiene la Nación. Desde que llegó Javier Milei a Casa Rosada, el gobierno ajusta sobre las provincias para lograr un superávit “trucho”, como señalan desde las provincias.

“Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias,, cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto está generando un superávit con plata de las provincias”, dijo Olivares, funcionario de la provincia de Santa Fe.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la Coparticipación Federal cayó un de 3,9% interanual el último mes, pese a que la recaudación por IVA se incrementó 8,3% interanualmente en términos reales. El dato más fuerte es que el impuesto a las Ganancias se desplomó 18,7%, lo que según el informe constituye una pésima noticia para las arcas provinciales.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, cruzó fuertemente a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, a la que acusó de favorecer el narcotráfico en su provincia. Bomba.

Antes, la empresa había informado que iba a “diferenciar sus cargos según los impuestos locales de cada provincia”, siendo el distrito conducido por Maximiliano Pullaro uno de los lugares donde aumentarán los costos.

Tras darse a conocer la noticia, Olivares desmintió a la compañía líder en venta online y la acusó de “facilitar indirectamente las transacciones de los narcos“. No es la primera vez que se señala a Mercado Pago como una plataforma que permite transacciones irregulares sin mayores controles públicos.

Se prevén desembolsos iniciales por algo más de 380 millones de dólares para la compra de vehículos blindados y otros equipamientos.

En medio de un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios en áreas sensibles como la salud, la educación y la ciencia, el gobierno de Javier Milei avanza sin reparos en importantes desembolsos de fondos y endeudamiento para la compra de armas. Esta semana, el ministro de Defensa, Luis Petri, viajará a Washington para mantener una reunión de alto nivel con el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, donde se discutirán nuevas compras de armamento que comprometerán cientos de millones de dólares.

El encuentro forma parte de la actualización del llamado “diálogo estratégico” entre Argentina y Estados Unidos, en el que se profundizará la cooperación en materia de defensa, ciberseguridad y ejercicios militares conjuntos. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la visita será la negociación para la adquisición de vehículos blindados a rueda Stryker 8×8, fabricados por la empresa General Dynamics. La operación, según lo planteado por el propio gobierno en el presupuesto 2025, implicaría un desembolso inicial de más de 380 millones de dólares.

Esta compra se suma a la reciente incorporación de 24 cazas supersónicos F-16 adquiridos de segunda mano a Dinamarca, pero de origen estadounidense, en una operación que Petri calificó como “la más importante en décadas”. Ahora, Defensa planea adquirir 209 vehículos blindados en distintas versiones, incluyendo caza tanques, transportes de tropas y otras versiones especializadas, a través del programa estadounidense FMS (Foreign Military Sales), reservado para países aliados.

Mientras se afianzan los vínculos militares con Estados Unidos, el gobierno de La Libertad Avanza justifica internamente la necesidad de estas adquisiciones en nombre de la modernización del Ejército. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se ajustan partidas esenciales y se promueven discursos de “austeridad” y “sacrificio” hacia la ciudadanía, se destinan recursos públicos millonarios a la compra de armamento en el exterior y en desconexión con la propia industria de defensa.

El viaje de Petri al Pentágono, acompañado por el secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme, se da además en un momento propicio para fortalecer los lazos geopolíticos con Washington. Allí también se avanzará en acuerdos sobre ciberdefensa, en base a un memorándum firmado en marzo, y en la participación de Argentina en ejercicios combinados como UNITAS, maniobras con fuerzas especiales estadounidenses en regiones extremas del país y la posible instalación de una base militar estadounidense en la Isla de Tierra del Fuego.

El plan de “rearme nacional”, diseñado y defendido por el gobierno de Milei, se presenta como un avance estratégico. Pero para vastos sectores de la sociedad, golpeados por el ajuste, representa una clara señal de prioridades invertidas: se congelan fondos para la salud pública, se desfinancia la investigación científica y se limita el acceso a la educación superior verdaderos multiplicadores de la soberanía nacional, mientras se destinan cientos de millones de dólares a equipamientos de dudosa utilidad ya que responden mas a los alineamientos geopolíticos de turno que a las reales necesidades del instrumento militar del país.

La empresa Molinos Río de la Plata no acató la conciliación obligatoria, y procederá a nuevos despidos, además presiona para aplicar una rebaja salarial.

El conflicto laboral en la planta de Molinos Río de la Plata, ubicada en Esteban Echeverría, atraviesa su momento más crítico. La empresa no solo continúa con el despido de trabajadores, sino que también desconoce abiertamente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, mientras presiona para imponer una rebaja salarial bajo amenaza de cierre.

Según denunció el delegado sindical Luciano Greco, la empresa impide el reingreso del personal cesanteado y avanza en una ofensiva que combina ajuste de plantilla, deterioro de condiciones laborales y un intento de disciplinamiento gremial. “Desde el 18 de junio, Molinos no acata la conciliación obligatoria y continúa con los despidos. Ahora, además, buscan aplicar una baja salarial extorsiva: nos dicen que si no aceptamos, pueden cerrar la planta”, advirtió.

El conflicto comenzó el 9 de mayo con un primer recorte de personal. Sin embargo, la situación se agravó con seis nuevos despidos el pasado 17 de junio, lo que desencadenó un paro por tiempo indeterminado impulsado por la filial Buenos Aires del Sindicato de la Alimentación (STIA).

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la intensificación de ritmos de producción con menos personal, lo que, según Greco, compromete la seguridad e higiene en la planta y pone en riesgo la salud de los trabajadores, al violar normativas vigentes.

Desde la Comisión Interna denuncian además que la empresa está llevando adelante una “segunda etapa de reforma laboral y sindical de hecho”, en sintonía con el clima político nacional. Entre sus objetivos estarían el desmantelamiento de la negociación colectiva, la eliminación de derechos adquiridos y el reemplazo de personal sindicalizado por mano de obra precarizada.

El conflicto sigue sin solución a la vista. Con trabajadores en estado de alerta y movilización permanente, el reclamo central sigue siendo claro: cumplimiento inmediato de la conciliación obligatoria y reincorporación de los despedidos.

Así lo reveló una encuesta realizada por la Universidad Di Tella. El respaldo al mandatario cae con fuerza entre jóvenes y profesionales, dos sectores clave para su legitimidad.

La gestión de Javier Milei continúa perdiendo respaldo ciudadano, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) difundido por la Universidad Di Tella, basado en una encuesta de la consultora Poliarquía. El informe revela que en junio la confianza cayó 4,6% respecto al mes anterior, marcando una tendencia descendente sostenida desde diciembre.

Lejos del entusiasmo que el propio Milei expresó por redes sociales tras la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) —que mostró una suba interanual del 7,7% en abril—, los datos de percepción pública pintan otro panorama. La desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los argentinos vuelve a quedar en evidencia.

La medición ubicó el nivel de confianza en 2,34 puntos sobre un máximo de 5, el tercer registro más bajo desde el inicio de su mandato. Los sectores que más se alejaron del gobierno son los jóvenes y las personas con educación universitaria, grupos que alguna vez entusiasmaron a Milei y hoy parecen darle la espalda ante la falta de resultados concretos.

“Con este descenso, el ICG de junio vuelve prácticamente al mismo nivel que tuvo en abril, el punto más bajo del año, y consolida un deterioro progresivo de la confianza social en la administración libertaria”, señala el informe.

En lo que va de la gestión, el gobierno solo logró superar mínimamente en promedio los niveles de confianza que obtuvieron Macri y Fernández en sus primeros 18 meses. Pero ese consuelo estadístico pierde peso frente al dato político: Milei no logra transformar sus indicadores macroeconómicos en mejoras tangibles para la sociedad.

El desempleo, la caída del salario real y el ajuste en áreas clave como salud, educación y transporte han golpeado la calidad de vida, y eso se refleja en el ánimo social. La “esperanza libertaria” pierde fuerza, y el espejismo del “milagro económico” comienza a desgastarse frente al malestar cotidiano de amplios sectores de la población.

Milei podrá seguir celebrando gráficos, pero el termómetro social ya no le responde.

El Gobierno evitó la destitución del juez federal Marcelo Bailaque, procesado y con prisión preventiva, aceptando su renuncia antes de que el Consejo de la Magistratura lo sancionara. Así, conservaría una jubilación de privilegio, pese a estar acusado de delitos graves. Crece el malestar por el doble discurso oficial.

En una decisión que genera críticas incluso dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, procesado por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta presuntos vínculos con el narcotráfico. La salida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aclaró que el exmagistrado ya no cuenta con fueros, aunque evitará la destitución por parte del Consejo de la Magistratura, medida que lo habría privado de su millonaria jubilación.

El caso provocó una oleada de cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito político. Legisladores opositores señalaron que la jugada del Ejecutivo no solo blinda al exjuez de una sanción institucional, sino que contradice el discurso anticasta que Milei repite desde su campaña.

“En algún momento tendrán que explicar por qué no lo destituyeron. Bailaque debería haber sido apartado por sus vínculos con la corrupción, pero hoy se retira con todos sus beneficios intactos”, expresó la diputada santafesina Lionella Cattalini.

Bailaque está imputado por múltiples delitos: extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal y vínculos con estructuras del narcotráfico. La causa es llevada adelante por la fiscalía federal y había sido avalada por el Juzgado Federal N°4 y la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Desde el Gobierno intentaron matizar las críticas. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que no se busca encubrir a nadie y que si la Justicia avanza con una condena firme e inhabilitación, el exjuez podría perder su jubilación. “No hay intocables”, insistió. Pero en los hechos, la renuncia aceptada por el Ejecutivo le abre una puerta lateral para salir del sistema judicial sin enfrentar las consecuencias institucionales más severas.

Mientras el oficialismo predica el fin de los privilegios, decisiones como esta alimentan la sospecha de que ciertas figuras, incluso cuestionadas, siguen contando con protección política. Para muchos, lo de Bailaque no fue una renuncia: fue una jubilación asistida desde Casa Rosada.

En junio y julio habrá subas significativas en servicios esenciales como la salud, la educación, la vivienda y la movilidad. La suba de precios en junio ya estaría de nuevo por arriba del 1,5% de mayo y en julio el número también estaría en el orden del 2%.

De esta manera, la inflación volverá a subir en un contexto donde el dólar está planchado desde principio de año, excepto un movimiento en marzo que subió el dólar un 20%. Ahora, muchos descartan que tarde o temprano el gobierno de Javier Milei deberá devaluar de nuevo, lo que volverá a meter presión sobre los precios que no paran de crecer cada mes.

Mientras, el gobierno mantiene las paritarias en torno al 1%, muy por debajo de la suba de precios, lo que golpea sobre el poder adquisitivo de la gente y sobre la actividad económica.

Un informe de JP Morgan recomendó que los fondos de inversión abandonen Argentina por el brutal déficit externo y el atraso cambiario. Ahora trascendió que otro fondo de inversión, Pimco, redujo posiciones por USD 1.600 millones, lo que podría profundizar la desconfianza de los mercados.

En 2025, el déficit externo fue récord, de USD 5.100 millones. El informe de JP Morgan titulado “Tomándose un respiro”, insta a “dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos” ante posibles ruidos electorales y salidas por turismo.

“Si Pimco se está yendo, es porque algo huele mal”. Otro especialista agregó: “Ya les pasó antes. La escena de hecho guarda similitudes con la crisis del 2017/18 del macrismo: un mercado que se adelanta, capitales que buscan la salida”, destacaron operadores de mercado.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la nacionalización de la empresa realizada en 2012. En diálogo con El Destape 1070, Rucci reclamó una defensa firme de la soberanía energética y de los recursos naturales del país:

“Argentina puede apelar el fallo o directamente desconocerlo”, sostuvo.

Rucci remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros, en especial en un contexto en el que el país busca potenciar su producción en Vaca Muerta.

“Las cortes extranjeras nunca van a fallar a favor de nuestro país. Poner un recurso estratégico como el energético en manos de un juez extranjero es inadmisible”, advirtió.
Y fue aún más categórico:
“Vivir de los fondos buitres es poner a la Argentina de rodillas ante los norteamericanos”.

El dirigente sindical, con amplia experiencia en el sector, advirtió sobre el modus operandi de los fondos especulativos:

🗨️ Marcelo Rucci se opinó sobre la noticia de la entrega del 51% de las acciones de YPF: "Esta dependencia de las Cortes extranjeras nunca van a favor de nuestro país porque históricamente nunca lo han hecho" pic.twitter.com/8eDE0xWn9C

— eldestape1070 (@eldestape_radio) June 30, 2025

“Ya sabemos cómo actúan los fondos buitres. Por eso, hay que litigar en la Argentina y defender nuestra soberanía jurídica”.

Críticas a la gestión energética y advertencia por el gasoducto

Además del reclamo geopolítico, Rucci apuntó contra el Gobierno por no avanzar en decisiones clave para el desarrollo energético del país. En ese sentido, expresó su preocupación por el estancamiento de la infraestructura de transporte de gas y petróleo.

“El gobierno no ha dado pasos para la reversión del gasoducto”, señaló.

“Las inversiones están puestas en los caños que van hacia Río Negro, pero estamos en un cuello de botella y no se puede sacar toda la producción”, agregó.

Para Rucci, el desarrollo de los hidrocarburos representa una de las principales salidas económicas para la Argentina:

“Una de las grandes salidas para este país es el gas y el petróleo. No creo que haya un gobierno que quiera desaprovechar esa posibilidad, pero hoy se lo está ignorando”.

Con sus declaraciones, Rucci no solo dejó en claro su rechazo al fallo judicial extranjero, sino que también llamó a una defensa activa de los intereses nacionales frente a presiones externas, en especial en el ámbito de los recursos estratégicos como el petróleo y el gas.

La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford y Eton Capital en 14 días.

La jueza Loretta Preska , del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina ceder el 51% de las acciones de YPF a los “fondos buitres” Burford y Eton Capital , como parte del pago por la condena relacionada con la expropiación de la petrolera en 2012.

La medida forma parte de una estrategia legal que busca cobrar el monto establecido en una sentencia previa, que fijó en US$ 16.100 millones el valor total de la deuda impaga. El fallo obliga al país a depositar las acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia en The Bank of New York Mellon Corporation (BNYM) dentro de los 14 días posteriores a la fecha del fallo . Además, se instruye a BNYM a iniciar la transferencia de dichas acciones a los demandantes dentro de un día hábil desde que sean depositadas.

En su fundamentación, la jueza estadounidense sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida” , indicando que “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York” .

El tribunal se amparó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras , argumentando que Argentina utilizó esas mismas acciones para actividades comerciales en Estados Unidos , como el programa de ADRs, la cotización en la NYSE, el registro ante la SEC y la venta de bonos a inversores estadounidenses, lo cual elimina cualquier protección soberana sobre ellas .

Además, la jueza rechazó la aplicación del Artículo 10 de la Ley argentina de Expropiación de YPF, que prohíbe la transferencia de acciones sin autorización del Congreso Nacional. Señaló que no hay un “verdadero conflicto” entre ambas normativas , ya que Argentina puede cumplir con el fallo cambiando la ley o negociando una salida política.

“Incluso si hubiera un conflicto, los intereses de Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias son prioritarios”, aseguró el dictamen.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF comenzaron a caer : en Wall Street perdieron más del 8% , mientras que en la bolsa local la baja fue del 6% poco después del mediodía. El índice Merval también sufrió una corrección superior al 3% .

Este nuevo giro judicial pone nuevamente en jaque la estabilidad económica y financiera del país, afectando directamente a uno de los activos estratégicos más importantes para la soberanía energética argentina .