El organismo cuenta con una caja millonaria, en menos de un año, el compañero de teatro del Presidente recibió alrededor de $ 17 mil millones. Una cifra superior al último aumento de partidas para el Hospital Garrahan.

En plena aplicación del “ajuste más grande de la historia”, el Gobierno destina más recursos públicos a un organismo conducido por un amigo personal del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, que al Hospital Garrahan, uno de los centros médicos pediátricos más emblemáticos del país.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), presidida por el actor y conductor Diego Sucalesca —compañero de teatro y allegado al presidente— recibió en los últimos nueve meses más de $17.200 millones, superando así el último aumento otorgado al Garrahan, que fue de $16.651 millones.

Sucalesca asumió en julio de 2024, y desde entonces ha manejado una caja millonaria con fondos provenientes de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei. Sólo en 2025, la Agencia ya recibió $4.322 millones, con un presupuesto proyectado de más de $13.000 millones para este año. Si se suman los montos de 2024 y los previstos para 2025, el total asciende a casi $26.000 millones.

Los giros hacia la AAICI se distribuyeron en varias entregas:

• 14 de agosto de 2024: $2.831 millones
• 24 de octubre de 2024: $5.041 millones
• 26 de diciembre de 2024: $5.007 millones
• 20 de febrero de 2025: $1.795 millones
• 21 de abril de 2025: $2.526 millones

Todo esto en un contexto donde el Hospital Garrahan —símbolo de la salud pública de alta complejidad infantil— mantuvo su presupuesto congelado durante meses, pese a las denuncias de bajos sueldos, protestas del personal y condiciones laborales precarias. Hasta hace semanas, había residentes que cobraban menos de $800 mil mensuales.

La contradicción es aún más marcada si se considera que la función principal de la AAICI supuestamente es atraer inversiones extranjeras, un objetivo que no ha mostrado avances concretos: según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa tuvo un saldo negativo de US$ 356 millones en el último trimestre de 2024.

Pese a los recursos disponibles, la Agencia destinó millones a participación en ferias internacionales. Por ejemplo, gastó más de $52 millones en la Offshore Technology Conference en EE.UU., $41 millones adicionales en la misma feria, otros $17 millones en una exposición minera en Chile, y más de $3 millones en una feria de literatura infantil en Italia.

Consultada sobre el salario de su titular, el Gobierno no respondió, argumentando que se trata de una entidad de “naturaleza jurídica privada”, aunque funciona con fondos estatales, es decir de los contribuyentes.

En un gesto que generó polémica, el propio presidente anunció que prepara una obra teatral llamada “Juicio al capitalismo”, en la que participará Sucalesca y que, según Milei, donará lo recaudado al Hospital Garrahan. La declaración fue calificada de “pavada” por trabajadores del hospital, quienes cuestionaron que la salud pública de los niños dependa de una obra de teatro, mientras se destinan cifras multimillonarias a organismos sin resultados comprobables.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que es “sano y hasta absolutamente razonable” que haya un déficit en la cuenta corriente de dólares de la Argentina, respondiendo de esta forma a las críticas que recibe por el saldo negativo en la cuenta corriente, que superó los 5 mil millones de dólares en el primer trimestre del año.

En una declaración que marca un giro discursivo respecto a la narrativa oficial del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, al que definió como “sano y hasta absolutamente razonable”. La afirmación sorprendió por venir del mismo funcionario que, durante meses, insistió en la necesidad de un ajuste fiscal severo y en la urgencia de equilibrar las cuentas públicas.

Durante el congreso Somos Pymes, realizado en La Rural, Caputo relativizó la magnitud del desequilibrio externo —que alcanzó más de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, según el INDEC— al señalar que responde a un “cambio de modelo” económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según el ministro, este déficit refleja una recuperación de la inversión y una mayor demanda externa, elementos que, a su entender, acompañan el “crecimiento” de la actividad económica.

“No es que no le prestamos atención al rojo de dólares, pero hago esta explicación para que no se dejen engañar por gente que no entiende o tiene otros objetivos”, sostuvo Caputo ante una audiencia de empresarios pymes. Aseguró, además, que el déficit ya no se debe al gasto del Estado sino que corresponde al sector privado, y calificó como “obvio” que esto ocurriría en un país “totalmente descapitalizado”.

El giro en su mensaje —pasando de la austeridad estricta a una visión más permisiva del déficit— busca desactivar las crecientes críticas al rumbo económico. Caputo aprovechó la ocasión para exhortar al empresariado a “cambiar el chip” y adaptarse al nuevo modelo, que, según explicó, promoverá la inversión, reducirá impuestos y avanzará hacia una apertura comercial gradual.

Finalmente, el ministro reconoció que el proceso será “duro” y no dará frutos inmediatos, pero insistió en que “es el único camino”. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas y reavivaron el debate sobre la coherencia del plan económico y las tensiones entre el discurso del ajuste y la realidad de los indicadores macroeconómicos.

En medio del deterioro salarial y la recesión, el gobierno bonaerense avala un nuevo aumento en los boletos del AMBA y el interior, empujando aún más el costo de vivir y moverse.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva suba en los boletos de colectivos urbanos e interurbanos a partir del 1° de julio, en línea con la política de aumentos automáticos que el gobierno nacional y los distritos aliados han decidido sostener pese a la caída del poder adquisitivo.

Mediante la Resolución N° 81/25, publicada este viernes, se aplicará un incremento del 3,5% en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gran La Plata y corredores interurbanos cercanos a CABA. El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC en el Gran Buenos Aires, sumado a un adicional de dos puntos que, lejos de compensar deficiencias del sistema, golpea directamente al usuario.

Con este aumento, el boleto mínimo en La Plata, Berisso y Ensenada pasará de $515,04 a $533,22. En el conurbano, el boleto de entre 0 y 3 kilómetros subirá de $472,91 a $489,61. Pero quienes no tengan su tarjeta SUBE nominalizada pagarán cifras desorbitadas: $847,82 en La Plata y $778,47 en el AMBA.

Mientras desde el gobierno se justifican en la “continuidad del servicio”, los usuarios enfrentan una pérdida constante de ingresos y una prestación cada vez más precaria. Ni los colectivos mejoran su frecuencia ni hay inversiones visibles, pero los precios suben religiosamente todos los meses, con un esquema que ya se naturalizó como si fuera inevitable.

La medida se da en un contexto económico recesivo, con desempleo en alza, salarios congelados y jubilaciones muy por debajo de la línea de pobreza. Pese a ello, las autoridades continúan aplicando tarifazos automáticos sin contemplar la capacidad real de pago de millones de personas que dependen del transporte público para estudiar, trabajar o simplemente vivir.

Con la excusa del orden fiscal, el Ejecutivo repone retenciones a cultivos clave y ahoga aún más al interior productivo.

El Gobierno nacional restableció las alícuotas plenas para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, revirtiendo las rebajas aplicadas meses atrás y profundizando el ajuste sobre el sector agropecuario. La medida fue oficializada mediante el decreto 439/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nuevo esquema vuelve a llevar las retenciones de la soja al 33%, las del maíz y el sorgo al 12%, y las del girasol al 7%. En cambio, las alícuotas del trigo y la cebada permanecerán en el 9,5% hasta marzo de 2026.

El decreto también establece la obligación de liquidar el 90% de las divisas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), bajo amenaza de tributar la alícuota plena si no se cumple ese plazo.

Desde las entidades del campo advierten que la decisión impactará de lleno en un escenario ya deteriorado por la sequía, la inflación en dólares y la falta de financiamiento. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció que el regreso de los derechos de exportación “ahonda el desincentivo a la inversión, reduce la competitividad y empuja a miles de productores a abandonar la actividad”.

“Es una medida que golpea a la producción y al empleo, especialmente en las economías regionales del interior profundo. Además, terminará afectando la recaudación por el parate que provocará en toda la cadena agroindustrial”, señalaron.

Desde Coninagro, en tanto, exigieron “reglas claras y duraderas” y reclamaron previsibilidad para los productores. “No se puede seguir improvisando con el esfuerzo de quienes sostienen la economía real del país”, indicaron.

Pese al relato oficial, que justifica la marcha atrás como parte de un plan fiscalista, el impacto económico y político de la medida reabre el conflicto con el agro. Mientras Milei insiste en una supuesta “libertad económica”, los productores enfrentan cada vez más trabas para producir y exportar, y son una de las principales variables de ajuste de un modelo que les exige cada vez más y les devuelve cada vez menos.

En un mensaje enviado al 52° Congreso Nacional de la Bancaria, la ex presidenta volvió a cuestionar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que el país atraviesa una situación crítica tanto en lo financiero como en lo social.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a marcar la agenda política con un discurso que combinó diagnóstico económico, memoria histórica y denuncia política. Fue en el marco del Congreso Nacional de la Asociación Bancaria, conducida por el diputado y sindicalista Sergio Palazzo. Desde su domicilio en San José 111, la expresidenta agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio y en los días posteriores, pero centró su intervención en el deterioro del presente: “Este modelo económico se cae. No es una postura ideológica, es puro pragmatismo sobre lo que está pasando”.

A lo largo de más de veinte minutos, Cristina desarmó uno a uno los pilares de la política económica del gobierno de Javier Milei. Con datos concretos, sostuvo que “ni siquiera pudieron renovar la totalidad de la deuda en pesos” y que por el 58% que sí lograron refinanciar, “tuvieron que pagar tasa positiva, o sea, por encima de la inflación”. Para la expresidenta, eso es una señal clara del colapso del sistema financiero.

Uno de los fragmentos más potentes fue cuando se refirió a la fuga de divisas tras la flexibilización del cepo: “En abril se fueron casi 2.200 millones de dólares y en mayo otros 1.700 millones. En 45 días se fumaron 4 mil millones de dólares, un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario”. Según explicó, esos dólares salieron por compras individuales de personas físicas, que formaron activos en el exterior. “Esto confirma lo que veníamos diciendo: el sistema no es sostenible”.

En términos políticos, Cristina cruzó al gobierno por haber construido un modelo de crecimiento “basado en la concentración de la renta y en la exclusión social”. “El poder económico necesita pobreza para sostener su acumulación. Le llaman crecimiento a una bicicleta financiera que solo favorece a un sector cada vez más chiquito”, denunció. Y agregó: “Ese es el famoso modelo peruano o paraguayo, donde la economía puede crecer, pero la mayoría vive mal. Eso no es desarrollo, eso es un modelo fallido”.

Además del diagnóstico económico, la expresidenta trazó una radiografía social estremecedora: “Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se está endeudando, pero no para viajar o comprarse una casa, sino para comer”. Y apuntó directamente al corazón del conflicto social: “La verdadera grieta no es la que nos achacaban a nosotros. La verdadera grieta es esta: entre los que pueden viajar al exterior y los que no pueden garantizar la comida”.

Con el mismo tono, denunció al poder económico como el principal responsable de esta situación: “Tiene un sesgo depredador, antinacional, fugador. Sustraen dólares de la actividad económica y generan una tragedia estructural. Si de verdad queremos volver a ser un país en serio, eso alguna vez tiene que ser abordado”. Y remarcó: “Ellos son los que generan la grieta económica que después se traduce en tragedia social”.

Cristina también recordó los años de gestión kirchnerista, diferenciándose de forma nítida del rumbo actual: “Néstor construyó trabajo. Nosotros después recuperamos el poder adquisitivo. En 2015, los trabajadores alcanzaron la mayor participación en el PBI de la historia argentina. Que lo cuenten como quieran, pero esos son los números”.

Hacia el final, vinculó su proscripción política al fracaso del gobierno actual. “Porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución haya sido en vano”, ironizó. Y cerró con un mensaje directo a los bancarios: “Hay que volver a armar el rompecabezas. Nadie mejor que ustedes sabe que cuando el sistema financiero solo sirve para especular y fugar, la historia termina mal. Ya lo vimos en el ’76, en el 2001. No podemos repetirlo”.

Finalmente, convocó a recuperar un horizonte de justicia social y desarrollo con inclusión: “Lo que hicimos entre 2003 y 2015 no fue un milagro, fue una decisión política. Reorientamos el ahorro y la inversión hacia la producción, el valor agregado, la industria, la tecnología. Ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a llevar a la calle”.

Mientras el gobierno celebra con entusiasmo los recientes datos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), las estadísticas oficiales muestran una realidad menos alentadora: la desigualdad en la distribución del ingreso se agravó durante el primer trimestre de 2025.

Los datos publicados por el INDEC confirman que el repunte de la economía no se traduce en un desarrollo más justo ni inclusivo.

El ingreso medio per cápita familiar del 10% más rico de la población fue 15 veces mayor que el del 10% más pobre, según la mediana, ampliando la brecha respecto del trimestre anterior, cuando era de 13 veces. Si se toma el ingreso promedio, la diferencia asciende a 19 veces, acercándose nuevamente a los niveles récord de desigualdad registrados en el pasado reciente.

El Coeficiente de Gini, índice que mide la desigualdad del ingreso (donde 0 representa igualdad total y 1 desigualdad absoluta), subió a 0,435, consolidando una tendencia ascendente desde el mínimo registrado en 2022. La concentración del ingreso también es alarmante: el 10% más rico concentra el 32% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,7%. Los tres deciles más pobres (el 30% de la población) reúnen apenas el 9% del ingreso, en contraste con el 50% que acaparan los dos deciles más altos (20% de la población).

Estos números desmienten cualquier lectura optimista que equipare crecimiento económico con mejora social. El modelo actual permite que el PBI crezca, pero lo hace profundizando las asimetrías estructurales. Lejos de distribuirse, la riqueza se concentra cada vez más en pocas manos.

A esta fractura social se suma una persistente desigualdad de género. En el primer trimestre de 2025, las mujeres percibieron en promedio un 27,8% menos que los varones por su ocupación principal, marcando el valor más alto desde 2023. En términos absolutos, el ingreso medio de las mujeres fue de $668.738, frente a los $926.671 de los varones. La brecha no solo persiste: se amplía trimestre tras trimestre.

Pese a los discursos oficiales, estos datos muestran que la economía argentina no camina hacia un modelo de desarrollo inclusivo. El crecimiento del PBI, sin mecanismos claros de redistribución y sin políticas sostenidas de equidad, solo consolida un país con más riqueza, pero también con más desigualdad.

El Gobierno informó al Fondo Monetario Internacional que la balanza de pagos tendrá un fuerte desequilibrio mayor al previsto lo que implicara un déficit cinco veces mayor al acordado para 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó al Fondo Monetario Internacional que la Argentina no podrá cumplir con una de las metas clave del acuerdo: el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La proyección oficial revela que el déficit externo será cinco veces superior al límite acordado, lo que representa un fuerte revés en el frente externo para el programa económico del Gobierno.

La información fue transmitida por el viceministro José Luis Daza durante una presentación ante empresarios y analistas en un foro del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), realizado en el Banco Galicia. Allí, Daza confirmó que el desequilibrio externo alcanzará aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno en 2025, muy por encima del 0,4% comprometido con el FMI.

Este desvío del 400% respecto a lo pactado agrava el escenario de incumplimientos con el Fondo, que ya había sido advertido sobre las dificultades para acumular reservas internacionales. Ahora, el frente externo se suma como otro factor crítico para el cumplimiento del programa.

El Gobierno atribuyó el aumento del déficit a una mayor expansión económica. Según Daza, “un déficit del 2% en un país que crece al 6% es esperable”, y explicó que el resultado refleja una brecha entre el ingreso nacional y el gasto, impulsada por una recuperación del consumo interno y condiciones externas menos favorables.

No obstante, el incremento del desequilibrio externo genera preocupación por su magnitud y por el impacto que puede tener sobre la sostenibilidad macroeconómica, especialmente en un contexto en el que el respaldo del FMI resulta clave para sostener el esquema financiero.

El gobierno sigue empecinado en involucrar al país en la tragedia de Medio Oriente, ahora ordeno activar un “plan integral de defensa” ante “posibles ataques” y gastará una fortuna en la seguridad de Javier Milei.

En una nueva muestra de su alineamiento irrestricto con potencias extranjeras, el gobierno de Javier Milei activó un “plan integral de defensa” supuestamente ante posibles amenazas derivadas de las tensiones en Medio Oriente. Sin que exista evidencia concreta de riesgos para el país, la medida vuelve a poner a la Argentina en el centro de una narrativa belicista que poco tiene que ver con los intereses y urgencias nacionales.

El operativo, presentado como una acción “anticipatoria” frente a un eventual conflicto más amplio entre Irán, Israel y Estados Unidos, activa una serie de dispositivos entre los ministerios de Defensa, Seguridad, Cancillería e Inteligencia. Desde refuerzo en zonas sensibles como la Triple Frontera hasta simulacros en ciudades como Rosario o Córdoba, el plan se despliega con una intensidad desproporcionada e innecesaria, mientras millones de argentinos enfrentan una crisis económica sin precedentes.

Detrás de esta estrategia supuestamente preventiva, lo que asoma es una preocupación central: blindar al presidente Milei. Según confirmó el propio Ejecutivo, el mandatario pasará a tener un nivel de custodia superior en todos sus viajes al exterior. La razón: su abierta adhesión al gobierno israelí y a Estados Unidos, y sus recientes declaraciones en las que calificó a Irán como “enemigo”.

El operativo de seguridad incluirá más agentes, protocolos especiales en hoteles, vuelos y coordinación con agencias internacionales. Además, las embajadas argentinas reforzarán su custodia ante el nuevo “riesgo medio” que, según fuentes oficiales, pesa sobre Milei. Todo este despliegue representa un gasto millonario que se suma a los privilegios presidenciales en medio del ajuste feroz que se impone a la mayoría de la población.

Como si fuera poco, este lunes se recibió una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos. Aunque se trató de una falsa alarma, el gobierno la usó para justificar el estado de alerta y profundizar el discurso del peligro inminente.

Lejos de resguardar la soberanía o la paz, el gobierno parece decidido a importar conflictos y sumergir al país en lógicas de confrontación global que no le pertenecen. Mientras tanto, Milei refuerza su burbuja de seguridad a costa del bolsillo de los argentinos.

Con paros, movilizaciones y una recolección masiva de firmas, el sistema universitario vuelve a denunciar el abandono presupuestario del gobierno de Javier Milei. La consigna: frenar la destrucción de la educación pública.

Las universidades públicas de todo el país realizarán este jueves una jornada de protesta y recolección de firmas en defensa de una Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una situación crítica generada por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional. El reclamo, motorizado por rectores, gremios docentes y estudiantes, busca frenar lo que denuncian como un proceso deliberado de desfinanciamiento del sistema universitario argentino.

La convocatoria incluye actos en más de 60 ciudades y universidades, junto con un paro docente de 48 horas que afectará la actividad académica el jueves 26 y viernes 27. La comunidad universitaria apunta directamente al Ejecutivo por haber congelado partidas y negarse a discutir un esquema sostenible para el funcionamiento de las casas de estudio.

“Estamos ante un intento de asfixia presupuestaria que pone en riesgo no solo la continuidad de las universidades, sino la soberanía intelectual del país”, afirmaron desde CONADU en un duro comunicado. Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrupaciones estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes confluyen en una protesta de alcance federal, con el objetivo de reunir un millón de firmas en respaldo a la ley presentada el 28 de mayo.

La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará bajo el lema “¡Prendete a defender la universidad pública!”, en un contexto en que las casas de altos estudios denuncian que los recursos asignados no alcanzan para cubrir los servicios básicos, ni garantizar salarios acordes al costo de vida.

“Si no hay financiamiento, lo que se está destruyendo es el derecho mismo a educarse”, sostuvo Oscar Alpa, presidente del CIN, quien advirtió sobre un desfasaje presupuestario sin precedentes y una “crisis salarial angustiante” entre docentes y no docentes.

En paralelo, los referentes del sistema educativo alertan que, mientras se dilata el tratamiento parlamentario del proyecto de ley, el Gobierno nacional se desentiende de la situación. “El mensaje es claro: quieren universidades cerradas o al servicio del mercado”, señalaron desde el Frente Sindical Universitario.

En contraste con la retórica oficial que pregona eficiencia y meritocracia, el ajuste sobre las universidades impacta en los sectores más vulnerables del país, profundizando la desigualdad. La movilización de este jueves es una respuesta coordinada ante un modelo que, acusan, desprecia la educación pública como herramienta de progreso colectivo.

El presidente defiende un modelo económico basado en teorías del siglo XIX que ignoran la complejidad de las economías modernas. Su visión del equilibrio general y la inflación no solo es errónea: es peligrosa. Detrás de su discurso técnico se esconde una política económica que profundiza la desigualdad, el ajuste y la crisis social.

El presidente es un defensor acérrimo de modelos teóricos neoclásicos como el Equilibrio General (EG) , que remontan a Walras y otros clásicos del siglo XIX. Sin embargo, su visión no solo es anacrónica, sino profundamente ingenua, dogmática e incompatible con la complejidad de las economías modernas.

¿Qué dice Milei sobre el equilibrio general?

En una serie de tweets publicados el 9 de abril de 2023, Milei explicó su visión del equilibrio general walrasiano , afirmando que:

“En este contexto no se determinan los precios absolutos, sino los precios relativos ‘P(A)/P(B)’ o su inverso”.

Además, argumentó que:

“Por ello en una economía de trueque no hay inflación sino cambio de precios relativos. Y si inflación es suba de todos los precios, es porque existe dinero que pierde valor”.

Estas afirmaciones son técnicamente ciertas dentro de su marco teórico, pero totalmente inútiles en la práctica.

La falacia del modelo de equilibrio general

Milei basa gran parte de su discurso económico en conceptos abstractos de equilibrio general, ignorando que estos modelos parten de supuestos irreales:

• Agentes racionales y mercados siempre en equilibrio : En la vida real, los seres humanos toman decisiones irracionales, existen rigideces salariales, desempleo involuntario y crisis sistémicas. Ninguna de estas cosas contempla Milei a la hora de analizar la situación económica del país ya que confía demasiado en las teorías escritas.
• El dinero como mero numerario : Para Milei, el dinero es solo una herramienta contable, sin rol activo en la economía. Esto contradice décadas de teoría monetaria y experiencia histórica. Además, auspicia una libertad de monedas que en la práctica el propio presidente no cumple, ya que desde que asumió intercede en el mercado de cambios.
• Ausencia de instituciones, poder corporativo y desigualdad : El EG ignora por completo estructuras sociales, políticas y de poder que afectan profundamente la dinámica económica, y los andares geopolíticos de la historia. Sus premisas se sostienen en un mundo ficticio donde la competencia es “perfecta” y nadie toma atajos ilegales a la hora de llevar adelante las finanzas.

¿Dónde falla Milei? Evidencia empírica

La visión de Milei no solo es ideológica, sino que choca frontalmente con la realidad argentina y global. Sus afirmaciones sobre el equilibrio general, la inflación y el rol del Estado parten de un marco teórico cerrado, que desconoce décadas de evidencia empírica, crisis reales y transformaciones estructurales de las economías modernas.

Milei sostiene que la inflación se reduce a un problema de emisión monetaria, ignorando que los procesos inflacionarios son multidimensionales y dependen de factores como el tipo de cambio, el déficit fiscal, la salida de capitales, la dolarización implícita, la inercia inflacionaria y el poder de mercado. Reducir todo fenómeno económico a variables microeconómicas o monetarias es simplificar hasta el punto de perder toda capacidad explicativa.

El país que trajo Milei: ajuste brutal y caos social

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei aplicó un paquete de medidas basado en su visión economicista liberal clásica: recorte del gasto público, eliminación de subsidios, despidos masivos en el sector estatal, reforma laboral regresiva y un proyecto de ley para abolir el Banco Central. Sin embargo, los resultados han sido contundentes:

• La pobreza supera el 54% según datos del INDEC del primer trimestre de 2024.
• La inflación interanual supera el 200% , sin signos claros de desaceleración y con una canasta poco creíble.
• El salario real cayó drásticamente, afectando a millones de trabajadores, a la vez que el gobierno se niega a homologar paritarias, intercediendo una vez más en la economía. ¿Y la libertad de negociación entre partes?
• Se han registrado cientos de cierres de pymes, comercios y fábricas , especialmente en sectores estratégicos como la industria textil, automotriz y alimenticia.
• La economía muestra una contracción significativa, con indicadores de actividad económica en baja constante que superan los números de la pandemia, cuando la economía se frenó casi en su totalidad.

Estos resultados no son accidentes ni consecuencias externas: son el producto predecible de políticas económicas diseñadas desde un modelo teórico que prioriza el dogma ideológico por encima de la evidencia empírica.

¿Y qué dice la historia?

Argentina no es el único país de la región que ha intentado seguir recetas similares a las de Milei. Históricamente, cuando se aplican políticas de ajuste extremo, desregulación financiera y reducción drástica del rol del Estado, los resultados suelen ser desastrosos:

• En Chile (1975) , durante la dictadura militar, se aplicaron reformas neoliberales inspiradas en Milton Friedman y los “Chicago Boys”. Aunque hubo cierto crecimiento en los años posteriores, la pobreza y la desigualdad permanecieron altas, generando movimientos sociales de protesta que perduran hasta hoy.
• En Argentina (1990-2001) nuestro país implementó el régimen de convertibilidad impulsado por Domingo Cavallo, que fijaba una paridad uno a uno entre el peso y el dólar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este modelo, alineado con recetas ortodoxas similares a las defendidas por Javier Milei, buscaba estabilizar la moneda y contener la inflación, pero generó rigideces que terminaron debilitando la economía. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, con Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Economía, se profundizaron políticas de ajuste que llevaron al colapso financiero, el corralito y el default soberano más grande de la historia, dejando millones de personas en la pobreza y arruinando los ahorros de muchas familias.
• En Perú (1990-1995) , Alberto Fujimori aplicó un plan de shock neoliberal que incluyó privatizaciones, ajuste fiscal y control salarial. Los resultados fueron estancamiento económico, aumento de la pobreza y una profunda polarización social.

Según informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los países que logran estabilidad macroeconómica sostenida combinan políticas monetarias responsables con intervención estatal estratégica, regulaciones financieras sólidas y sistemas de protección social efectivos. No hay caso exitoso documentado de recuperación económica basada exclusivamente en recortes y liberalización extrema.

La inflación no es solo un problema de oferta monetaria

Una de las obsesiones de Milei es achacar toda inflación a la emisión monetaria. Pero esto es simplificar hasta el absurdo.

Existen varios tipos de inflación:

• Inflación por demanda : cuando la demanda supera la capacidad productiva.
• Inflación por costos : por subidas de precios internacionales, como el petróleo.
• Inflación estructural : muy común en Argentina, por débil producción local y dolarización implícita.
• Inflación importada : por devaluación y tipo de cambio flexible.

Reducir todo fenómeno inflacionario a un problema de “emisión” es ignorar variables clave como:

• Expectativas de inflación
• Déficit fiscal
• Salida de capitales
• Inercia inflacionaria
• Poder monopolístico empresarial

Conclusión: el dogma mata

Javier Milei utiliza conceptos de equilibrio general walrasiano como si fueran leyes inmutables de la física, cuando en realidad son modelos teóricos simplificados que no capturan la complejidad de las economías reales.

Su visión del dinero, la inflación y los mercados es estática, idealizada y ajena a la evidencia empírica. Apostar por políticas basadas exclusivamente en estas ideas es como pretender curar una epidemia con remedios del siglo XVIII: puede sonar lógico en un aula, pero mata en la realidad.