Los títulos públicos en dólares caen hasta 3% y las acciones retroceden más de 2% en Wall Street y Buenos Aires, en medio de la escalada del tipo de cambio y crecientes dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno.

Los mercados argentinos iniciaron la semana con números en rojo, reflejando el clima de desconfianza que domina a los inversores. Bonos soberanos en dólares y acciones de empresas locales profundizaron sus caídas este lunes, en un escenario marcado por la presión cambiaria y la expectativa en torno a la presentación del Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei anunciará esta noche.

En la apertura, el dólar superó el techo de la banda de intervención, forzando al Banco Central a ofertar divisas en un intento por contener la suba. Sin embargo, la debilidad de las reservas pone en duda la capacidad oficial de sostener la estrategia. Al cierre del viernes, la divisa ya había rozado los 1.465 pesos, apenas por debajo del límite fijado en 1.472.

La incertidumbre se trasladó con fuerza al mercado financiero: los bonos nominados en dólares retrocedieron hasta 3,4%, con papeles como el AE38 y el AL35 entre los más castigados. En Wall Street, los ADRs de bancos argentinos se desplomaron hasta 5,4%, mientras el riesgo país trepaba 9% para ubicarse en 1.140 puntos básicos.

Las acciones locales no escaparon a la tendencia: YPF cayó 1,19%, Banco Macro 2,18% y BBVA 2,64%, mientras que Metrogas y Transener cedieron 2,83% y 2,72%, respectivamente. Solo algunos papeles como Aluar y Pampa Energía lograron cerrar con leves alzas.

El deterioro refleja un doble frente: por un lado, la escasez de dólares para afrontar vencimientos de deuda; por otro, la debilidad de la economía real, con un consumo retraído y balances empresariales que exhiben la contracción del primer semestre. La suma de ambos factores alimenta los temores de los inversores, que ya negocian activos argentinos a valores de remate.

Desde que Milei llegó al poder, más de 18.000 efectivos dejaron las Fuerzas Armadas. Sueldos de miseria, atraso en equipamiento y una obra social colapsada empujan a oficiales, suboficiales y soldados a abandonar los cuarteles.

En menos de dos años, 18.659 militares pidieron la baja de las Fuerzas Armadas. Así lo reveló el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe al Congreso, donde se detalla que 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios dejaron la carrera militar desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei.

La deserción golpea sobre todo al Ejército, que concentra más de 14.000 de las bajas, seguido por la Fuerza Aérea con 2971 y la Armada con 1074. La principal causa es el atraso salarial: un subteniente o un alférez cobra apenas $806.000, mientras que la línea de pobreza ya supera los $1.160.000 para una familia tipo. En muchos casos, los militares reconocen que, pese a la vocación, ya no pueden sostener a sus hogares.

Además del bolsillo, pesa la falta de condiciones mínimas de trabajo. Los soldados siguen usando fusiles FAL de hace 70 años, las municiones son escasas y el equipamiento básico se entrega en cuentagotas. En los propios cuarteles admiten que el deterioro del material bélico es tan evidente que impacta en la motivación y en la profesionalización de las tropas.

La crisis de la obra social Iosfa agrava aún más el panorama: con una deuda de 210.000 millones de pesos, dejó de prestar servicios en varias provincias, dejando a miles de afiliados a la deriva. A eso se suma la fuga de efectivos hacia las policías de Buenos Aires y Córdoba, que ofrecen sueldos que duplican o triplican los salarios militares, mejores condiciones laborales y cobertura médica real.

El relato oficial relativiza la situación, pero en los cuarteles saben que el éxodo no tiene precedentes. “No es un problema nuevo, pero nunca con esta magnitud”, reconoció un general en actividad. En paralelo, Milei y su ministro Luis Petri posan en cenas de camaradería mientras ni los militares se salvan del ajuste: salarios licuados, familias bajo la línea de pobreza y un futuro cada vez más incierto para las Fuerzas Armadas.

Con la nafta premium superando los $1.600 y sin obligación de avisar aumentos, Milei le entrega a las petroleras un cheque en blanco mientras el bolsillo de los argentinos no da más.

Este lunes arrancó con sorpresa en las estaciones de servicio de todo el país: los usuarios se encontraron con un nuevo cuadro tarifario que llevó el litro de nafta premium por encima de los $1.600. El incremento se aplicó sin aviso previo, luego de que el Gobierno derogara la obligación de informar al público sobre los aumentos.

La actualización de precios estuvo impulsada por la suba del dólar y los impuestos a los combustibles líquidos. En los últimos 45 días, la nafta y el gasoil acumularon un alza del 5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hasta un 6% en distintas provincias.

En CABA, el litro de nafta súper se ubica desde los $1.372, la premium en $1.619 y el gasoil llega a $1.553. En otras regiones del país, los valores son incluso más elevados. Según informó El Día de La Plata, las estaciones de YPF ya remarcaron durante el fin de semana con estos nuevos precios.

La medida deja al consumidor a ciegas: el propio Gobierno eliminó en junio la plataforma Precios en Surtidor, creada durante la gestión de Mauricio Macri para transparentar el costo de los combustibles en más de 5.000 estaciones del país.

Mientras tanto, desde el sector señalan que la suba golpea fuerte al consumo. “El enfriamiento es particularmente visible en la movilidad. La circulación de vehículos en rutas y ciudades se redujo en comparación con meses anteriores, lo que impacta en la demanda de combustibles y en las ventas de estaciones de diferentes regiones”, advirtió el portal especializado Surtidores.

El Gobierno de Milei se vio obligado a promulgar la Ley de Discapacidad, pero insiste en poner en duda su financiamiento mientras la Justicia lo frena por haber suspendido miles de pensiones de manera ilegal.

El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso revirtiera el veto de Javier Milei. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, no obstante, volvió a poner en duda el financiamiento de la medida y acusó a la oposición de “atacar al equilibrio fiscal”.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley”, afirmó Francos, dejando en claro que el oficialismo buscará condicionar su implementación. Incluso llegó a deslizar que antes de pensar en nuevas pensiones habría que “resolver si las que se dieron fueron bien otorgadas”, en línea con las auditorías que derivaron en la suspensión masiva de beneficios a personas con discapacidad.

En paralelo, la Justicia volvió a ponerle freno al ajuste. El Juzgado Federal 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas y pagar los haberes retenidos, al considerar que el procedimiento fue irregular y vulneró derechos. El fallo, firmado por el juez Guillermo Díaz Martínez, también prohibió continuar con las auditorías hasta que se aclare el mecanismo legal para realizarlas.

El magistrado advirtió sobre “el peligro de la demora” en la restitución de los haberes, al tratarse de un colectivo vulnerable que no puede esperar indefinidamente una resolución. La medida cautelar fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo de Catamarca, quienes denunciaron la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, por establecer requisitos más restrictivos y regresivos para acceder a una pensión por discapacidad.

Aseguran que la Secretaría General de la Presidencia distribuyó de manera discrecional bienes incautados por la Aduana a provincias, municipios y ONGs cercanas a punteros de La Libertad Avanza.

En plena crisis política del gobierno de Javier Milei, un nuevo escándalo estalla en el corazón de la Casa Rosada y compromete directamente a su hermana y mano derecha, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Según distintas denuncias, bajo su conducción y con la supervisión del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, se habrían concretado 257 entregas de bienes incautados por la Aduana a 104 entidades, entre ellas ministerios, fuerzas de seguridad, municipios y ONGs, muchas de ellas vinculadas a La Libertad Avanza.

La ley permite disponer de rezagos aduaneros en casos de emergencia social, pero la gestión actual intensificó esta práctica, con un reparto que habría privilegiado a aliados políticos y estructuras clientelares cercanas al oficialismo.

Entre los principales beneficiados aparecen el Ministerio de Seguridad (29 donaciones), la Policía Federal (22) y el Ministerio de Capital Humano (10). También se registraron envíos al PAMI (7) y a la Anses (3), principalmente en La Rioja y Santiago del Estero, donde ya surgieron disputas internas por el manejo de esos recursos.

El reparto alcanzó a varias provincias: Misiones (12 donaciones), Salta (10), Jujuy (6), Tucumán, San Juan y Chaco (4 cada una), además de Mendoza, Entre Ríos y Catamarca. Municipios gobernados por aliados libertarios, como Gualeguaychú, Concordia y Villa El Chacay, también recibieron cargamentos.

Pero lo más polémico es la inclusión de ONGs como intermediarias, pese a que el propio Milei había prometido eliminarlas de la asistencia social. La Fundación Conin obtuvo 7 envíos, el Banco de Alimentos de Federación 5 y la Fundación Garrahan 3. Varias de las organizaciones favorecidas mantienen vínculos directos con dirigentes libertarios, como la Fundación Manos Abiertas, la Fundación Gea-Madre Tierra Mitología Griega o la Fundación Cristiana Cielos Abiertos.

La lista de beneficiados también incluye al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, creado por Patricia Bullrich, y a la Fundación Darío Donolo, cuyos referentes fueron investigados en causas aduaneras. A ellas se suman entidades religiosas evangélicas, judías y católicas, así como fundaciones cuestionadas como Remar Argentina o Los Sueños Se Cumplen.

Los bienes entregados fueron de lo más diverso: ropa, calzado, artículos de primera necesidad, celulares e incluso repuestos aeronáuticos. Algunos cargamentos terminaron en fundaciones riojanas vinculadas a dirigentes opositores, lo que alimenta aún más las sospechas sobre el uso discrecional de estos recursos.

El escándalo coloca a Karina Milei en el centro de la tormenta política, como responsable directa de un esquema de distribución que, lejos de ajustarse a la emergencia social, parece haberse convertido en una herramienta de clientelismo y favores políticos.

El medio británico Financial Times advirtió en un reciente artículo que Argentina atraviesa “la crisis más grande” desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, marcada por un fuerte freno económico, un creciente malestar social y resonantes casos de corrupción.

El análisis surge tras la derrota del oficialismo frente al peronismo en Buenos Aires, un revés considerado clave rumbo a las elecciones legislativas de octubre, que desató una combinación de turbulencia política y volatilidad en los mercados.

Golpe electoral y repercusiones económicas

Según el FT, el revés electoral del oficialismo aceleró la inestabilidad: el peso argentino sufrió una abrupta caída y los bonos soberanos se desplomaron, reflejando la desconfianza del sector financiero. A la par, aumentó la preocupación ciudadana por el deterioro de los salarios y el retroceso de la actividad económica.

En respuesta, Milei suspendió un viaje a España para encabezar reuniones de gabinete en la Casa Rosada, designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior e intentó recomponer vínculos con gobernadores opositores. El Fondo Monetario Internacional, mientras tanto, emitió un respaldo formal al gobierno.

Argentina’s stocks, bonds and currency tumbled on Monday after President Javier Milei’s party lost by a landslide in elections in the country’s largest province, ahead of midterm national polls. https://t.co/HZfmr9zSoa pic.twitter.com/TLcrYbdMMb

— Financial Times (@FT) September 8, 2025

Karina Milei, blanco de cuestionamientos

El FT también resalta la presión interna sobre el oficialismo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en la estrategia política del gobierno, quedó bajo fuego por audios que la vinculan con presuntos casos de corrupción. Pese a que el presidente desestimó las acusaciones como “mentiras”, encuestas recientes muestran que la mayoría de los ciudadanos cree en la veracidad de las grabaciones.

Analistas internacionales citados por el diario señalan además que Karina Milei fue clave en el fracaso electoral, al excluir alianzas con sectores moderados y apostar por candidatos sin trayectoria.

Necesidad de acuerdos y tensiones internas

Los especialistas advierten que la actual coyuntura obliga al oficialismo a construir consensos políticos, aunque hasta ahora no se perciben señales claras de apertura. “El gobierno necesita mostrar acuerdos reales con aliados o señales de fortaleza política”, afirmó Ramiro Blazquez Giomi, de StoneX, mientras que otros referentes remarcan las dificultades del presidente para dialogar con sectores moderados.

Economía en retroceso y creciente malestar social

A pesar de la baja de la inflación anual —de 289% en abril de 2024 a 34% en los últimos 12 meses—, el Financial Times subraya que la mejora macroeconómica no se traduce en bienestar social: los salarios reales siguen 8% por debajo de los niveles de inicios de 2023, el desempleo aumentó y la economía volvió a caer en el segundo trimestre.

Este deterioro repercute en la opinión pública: una encuesta de Trespuntozero revela que el apoyo al gobierno cayó por debajo del 40%. En palabras de un dirigente cercano al oficialismo: “A Milei le gusta verse a sí mismo como un león; (pero) el león ha sido rociado con una manguera”.

Kezia McKeague, directora de McLarty Associates, sintetizó la mirada internacional: “Estamos en un período de incertidumbre política más profunda de lo que esperábamos. Los inversores no encienden alarmas, pero reconocen que el escenario se ha vuelto mucho más complejo”.

“Este naufragio es más fraudulento que el de 2018. Argentina tiene una exposición impagable del 1300 % de su cuota como país miembro”, aseguró un técnico al tanto de las negociaciones.

Ceyla Pazarbasioglu, poderosa directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión (SPR) del Fondo Monetario Internacional, anunció que dejará el organismo antes de fin de año. Su salida sacude al staff técnico, donde crece el temor de que un nuevo fracaso económico en Argentina arrastre nuevamente a altos funcionarios del Fondo.

La renuncia no es menor: Pazarbasioglu fue quien en abril firmó un capítulo completo sobre el caso argentino dentro del Staff Level Agreement que rubricó Luis “Toto” Caputo. En ese documento, con tono quirúrgico, dejó asentado que la deuda del país es “prácticamente impagable”, una admisión inusual que incomodó tanto al mercado como a la conducción política del FMI.

El SPR es considerado el “cerebro” del organismo, encargado de definir la estrategia global de préstamos, revisar cada programa y redactar los informes que pesan como sentencia en los mercados. Bajo el mando de Pazarbasioglu, este departamento endureció sus criterios de sostenibilidad de deuda y puso bajo la lupa a países con alto riesgo de impago, entre ellos, Argentina.

Su salida se suma a otras dimisiones resonantes, como la de Gita Gopinath —ex número dos del Fondo— que migró a la vida académica en Harvard. Ahora, la partida de Pazarbasioglu ocurre justo cuando el acuerdo con el gobierno de Javier Milei ingresa en zona de turbulencias, con vencimientos por más de USD 20 mil millones el próximo año y crecientes dudas sobre la capacidad de pago.

“Este naufragio es más fraudulento que el de 2018. Argentina tiene una exposición impagable del 1300 % de su cuota como país miembro”, aseguró al portal LPO un técnico al tanto de las negociaciones.

En Washington reconocen que los riesgos de incumplimiento son cada vez más visibles: la recesión se profundiza, la industria y el consumo caen, y los problemas de inflación, riesgo país y gobernabilidad alejan inversores. El comunicado oficial del FMI sobre la renuncia fue breve y protocolar, resaltando su rol durante la pandemia y en la creación de nuevas líneas de crédito, pero sin mención al caso argentino.

Para algunos dentro del organismo, la salida de Pazarbasioglu allana el camino a una relación más “flexible” con Milei. “Fue muy dura en su diagnóstico; su retiro abre la puerta a renegociar sin tanta presión técnica”, admitió un funcionario.

La historia del FMI con Argentina está marcada por fracasos y renuncias: desde el stand-by de 2018 con Christine Lagarde, Mauricio Macri y Toto Caputo, hasta las salidas de Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, cada programa inconcluso terminó cobrándose funcionarios. Como ironizó un técnico del Fondo: “Cada vez que firmamos un acuerdo con Buenos Aires, también firmamos nuestra renuncia”.

El riesgo país de Argentina volvió a escalar y ya se ubica por encima de economías con severas inestabilidades como Congo, Kenia y Pakistán, generando creciente inquietud en los mercados internacionales.

Según un informe de la consultora Quantum, dirigida por el exsecretario de Financiamiento Daniel Marx, el rendimiento de los bonos argentinos se disparó hasta 14,2% anual tras la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Esta cifra supera ampliamente los retornos de Congo (10,6%), Kenia (8,3%) y Pakistán (7,9%), y se aproxima a los niveles de Bolivia.

El estudio advierte que, a diferencia de otros países emergentes, la volatilidad argentina responde a factores internos: la dificultad para acumular reservas, la presión cambiaria y los compromisos de deuda en moneda extranjera. A esto se sumó el resultado electoral bonaerense, que incorporó un nuevo elemento de incertidumbre de cara a las legislativas de octubre.

Una curva de rendimientos invertida

Un dato que preocupa particularmente a los inversores es la inversión de la curva de rendimientos. El bono más corto (GD29) rinde 18%, mientras que el más largo (GD46) apenas llega al 14,7% anual. Esta señal refleja que el mercado teme más por el riesgo inmediato que por el de largo plazo.

La presión se agudiza por los vencimientos de deuda: en 2026 se deberán afrontar u$s 14.000 millones, incluidos los compromisos del BOPREAL, con pagos concentrados en enero y julio por u$s 4.500 millones.

En paralelo, el clima político añade tensión. La derrota en Buenos Aires debilitó la estrategia oficial y gobernadores opositores, como el de Corrientes, Gustavo Valdés, endurecieron su postura frente al gobierno nacional.

Mercado cambiario e incertidumbre financiera

El dólar cerró la semana en $1.465 en el Banco Nación, rozando el techo de la banda cambiaria. Mientras tanto, las tasas de interés reales superan el 40%, un nivel que, aunque atractivo para inversores de corto plazo, refleja el fuerte apretón monetario que golpea la actividad económica.

El Banco Central busca aliviar la falta de crédito con medidas para aumentar la liquidez, aunque los analistas advierten que la estabilidad dependerá de la coordinación entre Tesoro y BCRA y de la capacidad para cumplir los compromisos externos.

La fotografía actual expone un escenario crítico: riesgo país en niveles récord, curva de rendimientos invertida y reservas escasas. Para los inversores, la clave será la definición de una política fiscal y monetaria clara, junto con un plan creíble para enfrentar los próximos vencimientos de deuda.

En este marco, Argentina no solo compite con su propio historial de crisis, sino que ya aparece como más riesgosa que países africanos y asiáticos en conflicto, un dato que alimenta la desconfianza y pone al país en el radar rojo de los mercados globales.

La crisis económica continúa golpeando al mercado laboral argentino y en julio dejó una nueva señal de alerta: el empleo formal en el sector privado cayó tanto en la comparación mensual como en la interanual, mientras que la tasa de despidos alcanzó su nivel más alto en ocho años.

La crisis económica continúa golpeando al mercado laboral argentino y en julio dejó una nueva señal de alerta: el empleo formal en el sector privado cayó tanto en la comparación mensual como en la interanual, mientras que la tasa de despidos alcanzó su nivel más alto en ocho años, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano.

Tras un leve repunte en junio, el empleo registrado en empresas de más de diez trabajadores retrocedió un 0,2% en julio en las principales zonas urbanas. Este retroceso refleja el freno de la actividad económica y la presión que enfrentan las compañías para sostener sus plantillas.

La contracción se concentró en sectores sensibles al ciclo económico: la Construcción y los Servicios financieros mostraron las caídas más fuertes, con un 0,5% menos de empleo. Transporte, almacenamiento y comunicaciones retrocedió un 0,3%, Comercio, restaurantes y hoteles un 0,2% y los Servicios comunales, sociales y personales un 0,1%. Solo la industria logró mantener estable su nivel de empleo.

En la comparación interanual, el empleo formal también retrocedió un 0,2%, ubicándose en niveles similares a los de 2018 y 2019, períodos marcados por recesión.

El deterioro laboral se explica principalmente por el aumento de las desvinculaciones: mientras las incorporaciones se mantuvieron en 1,8%, las bajas crecieron hasta 2,0%, lo que generó una caída neta del empleo. La tasa de despidos sin causa subió a 0,6 por cada 100 trabajadores, el valor más alto del año y el más elevado desde 2016.

Estos datos confirman que la crisis económica no solo afecta a la producción y el consumo, sino que también erosiona cada vez más la estabilidad laboral, golpeando con fuerza a los trabajadores formales.

Al mediodía, el Banco Nación ofrecía el dólar minorista a $1465, veinte pesos más que el cierre previo y a un paso del límite fijado. En los bancos privados, el precio era aún más alto, reflejo de la presión creciente de la demanda.

El dólar volvió a encender las alarmas y marcó otra jornada de fuerte tensión en los mercados. La divisa alcanzó este jueves el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI, lo que obligó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a intervenir con la venta de 100 millones de dólares del Tesoro. La señal, lejos de calmar, acentuó la preocupación por el margen de maniobra cada vez más limitado del Gobierno.

Al mediodía, el Banco Nación ofrecía el dólar minorista a $1465, veinte pesos más que el cierre previo y a un paso del límite fijado. En los bancos privados, el precio era aún más alto, reflejo de la presión creciente de la demanda.

Los dólares financieros —MEP y Contado con Liquidación— ya habían perforado el techo pactado con el Fondo, confirmando la tensión en todos los frentes. La maniobra de Caputo buscó frenar la corrida, pero en el mercado advierten que las reservas disponibles difícilmente soporten un ritmo sostenido de ventas si la presión cambiaria se mantiene.

Con los vencimientos de deuda a la vista y un contexto internacional adverso, los analistas remarcan que el Gobierno enfrenta un escenario crítico: contener la escalada del dólar sin recursos suficientes y bajo la mirada expectante del FMI. La pulseada por la divisa se consolida como el termómetro más claro de la fragilidad económica y política del oficialismo.