La incertidumbre sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y los crecientes conflictos políticos como el escandalo de $Libra, han provocado un nuevo aumento en el riesgo país de Argentina, que alcanzó niveles no vistos desde noviembre.

Los inversores muestran una creciente desconfianza ante la falta de resultados concretos en las políticas económicas del presidente y la demora en la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El índice de riesgo país, medido por el banco JP Morgan, se ubicó en 780 puntos básicos, sumando 30 unidades en la apertura del mercado (1405 GMT). Este nivel marca un claro deterioro desde el mínimo de 561 puntos registrado en enero, cuando la expectativa de un cambio de rumbo económico generaba cierto optimismo entre los inversores.

Según el Grupo SBS, “hay cierta impaciencia en el mercado debido a la falta de catalizadores positivos, los cuales están ligados a un acuerdo con el FMI y a señales concretas sobre la eliminación de los controles cambiarios”.

La incertidumbre económica y política golpea la confianza del mercado

El gobierno de Milei enfrenta crecientes dificultades para sostener la confianza de los mercados. Si bien sus primeras medidas fueron recibidas con optimismo por algunos sectores financieros, la falta de avances en áreas clave como la eliminación del “cepo” cambiario y la obtención de financiamiento externo comienza a erosionar la credibilidad del programa económico.

La renegociación del astronómico crédito de 44.000 millones de dólares contraído durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI es vista como un paso crucial para estabilizar las reservas del Banco Central y avanzar en una apertura del mercado cambiario. Sin embargo, la falta de avances concretos en estas negociaciones genera inquietud entre los inversores, que temen un estancamiento del proceso de ajuste y una falta de liquidez en el mediano plazo.

A esto se suman las tensiones políticas, que agregan aún más incertidumbre. El gobierno ha chocado repetidamente con la oposición y hasta con algunos de sus aliados, lo que dificulta la aprobación de reformas clave en el Congreso.

El riesgo político y las dudas sobre la estabilidad del gobierno

El mercado también empieza a considerar la posibilidad de un revés electoral para el oficialismo en los próximos comicios de medio término, lo que podría debilitar aún más su capacidad de maniobra.

“La realidad es que estamos en un año electoral donde la política termina primando sobre la economía. No deja de ser un gobierno de tercios y en los últimos días se han generado ruidos en sus alianzas políticas”, explicó la economista Natalia Motyl.

El impacto de esta incertidumbre ya se refleja en los mercados financieros:

• El índice S&P Merval cayó un 1,1% en los primeros negocios del día, acumulando una pérdida del 9% en cinco sesiones.
• Los bonos en la plaza extrabursátil local registraron una baja del 0,5% en la preapertura.
• En el mercado cambiario, el peso mayorista se apreció un leve 0,07% hasta las 1.061,5 unidades por dólar, manteniendo el ritmo de devaluación mensual del 1% impuesto por el Banco Central.

El analista Salvador Vitelli advirtió que incluso un acuerdo con el FMI no resolvería la situación de fondo: “El acuerdo permitirá capitalizar el Banco Central, pero no significa la salida del ‘cepo'”.

El clima de desconfianza sigue en aumento, y el mercado ya no otorga el mismo margen de espera al gobierno de Milei. Sin medidas concretas y resultados tangibles, la presión financiera podría seguir en ascenso, dificultando aún más el panorama para la administración libertaria.

El escándalo $Libra y la sombra de la negligencia

El caso $Libra, que involucra irregularidades en el mercado financiero y denuncias de favorecimiento a sectores especulativos, ha expuesto la falta de controles y la improvisación en la política económica del gobierno de Milei. A pesar de las advertencias sobre los riesgos de su implementación, la administración libertaria no solo permitió su avance, sino que ignoró señales claras de posibles perjuicios para el sistema financiero argentino.

La falta de regulación y la permisividad del Ejecutivo generaron una burbuja especulativa que benefició a un reducido grupo de actores, mientras que el resto de la economía se vio afectado por la volatilidad y la incertidumbre. Este episodio ha generado preocupación en los mercados internacionales, que ven con escepticismo la capacidad de Milei para gestionar crisis económicas sin comprometer aún más la estabilidad del país.

Manipulación de la Corte Suprema y debilitamiento institucional

Más allá del impacto económico, la creciente manipulación de las instituciones democráticas ha encendido alarmas a nivel global. El gobierno de Milei ha sido señalado por presionar a la Corte Suprema de Justicia, buscando consolidar su poder a través de maniobras que afectan la independencia judicial y generan una preocupante erosión del Estado de derecho.

Las recientes tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial han puesto en duda el respeto de Milei por los principios democráticos, sumándose a una serie de decisiones que han generado rechazo dentro y fuera del país. La falta de una justicia independiente, sumada a un Congreso debilitado y un Ejecutivo con tendencias autoritarias, proyecta una imagen de inestabilidad política que aleja inversiones y profundiza la crisis.

El mundo observa con desconfianza la gestión de Milei

Los organismos internacionales, los mercados y las potencias extranjeras comienzan a recalcular su relación con Argentina ante la falta de previsibilidad del gobierno de Milei. La combinación de errores económicos, crisis institucional y ausencia de políticas de Estado sólidas refuerza la percepción de que su administración no es confiable ni sostenible en el tiempo.

Mientras Milei insiste en un discurso confrontativo y en una gestión impulsiva, Argentina se enfrenta a un deterioro en su reputación global que podría traducirse en un mayor aislamiento, menos inversiones y un escenario de creciente fragilidad política.

La estrategia del gobierno nacional combina la asfixia económica con el discurso del colapso en seguridad para justificar una intervención sin precedentes en democracia.

El gobierno de Javier Milei avanza en una estrategia para desplazar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizando como argumento la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. A esto se suma la constante asfixia económica impuesta por la administración nacional, que busca desestabilizar al gobierno provincial, generar un clima de crisis extrema y justificar una intervención federal que incluso incluiría la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna como viene promoviendo el gobierno en base a las doctrinas de seguridad fomentadas por Estados Unidos en los países de la región.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei exigió abiertamente la renuncia de Kicillof, a quien responsabilizó por lo que denominó un “baño de sangre” en el distrito. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia”, escribió el presidente en un tono claramente amenazante, dejando en evidencia su intención de forzar la salida del gobernador y tomar el control de Buenos Aires.

BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF

.@Kicillofok Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las…

— Javier Milei (@JMilei) February 28, 2025

Un plan de intervención bajo el pretexto de la inseguridad

El discurso del gobierno nacional se ha basado en instalar la idea de que la provincia de Buenos Aires es un territorio fuera de control, dominado por el crimen, el terrorismo y la violencia. Con esta narrativa, Milei intenta justificar la aplicación de medidas extremas, como la militarización de la seguridad interna y la intervención directa del Ejecutivo nacional.

Sin embargo, esta supuesta “crisis de seguridad” se da en un contexto donde el propio gobierno de Milei ha debilitado deliberadamente la capacidad operativa de la provincia al retirar efectivos de fuerzas federales y al limitar el envío de recursos. Es decir, la administración nacional no solo niega apoyo, sino que luego utiliza la falta de respuestas como excusa para avanzar sobre el territorio bonaerense.

La idea de recurrir a los militares para tareas de seguridad interna representa un grave retroceso en términos democráticos y una clara violación de los principios constitucionales, que prohíben expresamente la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad pública. Aun así, la estrategia del gobierno nacional parece apuntar a generar un estado de conmoción suficiente para que esta medida sea vista como una necesidad y no como una imposición autoritaria.

Asfixia económica como herramienta de desestabilización

Paralelamente, el gobierno de Milei ha impuesto un severo ajuste financiero sobre Buenos Aires, reteniendo fondos que le corresponden por derecho y dejando a la provincia en una situación crítica. La quita de recursos ha afectado áreas clave como seguridad, educación y salud, impactando directamente en la calidad de vida de los bonaerenses y debilitando la gestión de Kicillof.

Esta estrategia de desfinanciamiento no es casual: el objetivo es ahogar a la provincia para luego señalarla como un “territorio inviable” y justificar así la necesidad de intervención. La combinación entre crisis económica e inseguridad es la base del plan del gobierno nacional para avanzar sobre Buenos Aires, desplazando a su gobernador electo y consolidando un modelo de poder centralista, sin respetar la autonomía provincial.

Milei avanza sobre Buenos Aires con un modelo autoritario

El avance del gobierno nacional sobre Buenos Aires no solo representa un ataque directo contra Kicillof, sino que sienta un precedente peligroso para el federalismo en Argentina. Si la Nación logra imponer una intervención forzada, cualquier otro distrito opositor podría enfrentar maniobras similares en el futuro.

La militarización de la seguridad, el ahogo financiero y la deslegitimación política forman parte de una estrategia coordinada para quebrar la autonomía de la provincia y concentrar el poder en el Ejecutivo nacional. El interrogante ahora es hasta dónde está dispuesto a llegar Milei y si la oposición logrará frenar esta avanzada que amenaza con romper el equilibrio democrático en Argentina con un gobierno que viene dando cada vez mayores demostraciones de autoritarismo con el nombramiento de jueces por decreto, la falta de transparencia ante los recientes y resonantes casos de corrupción como el escandalo de las criptomonedas y una retorica violenta basada en postulados racistas.

El Gobierno decretó llamar “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a las personas con discapacidad por retardos mentales. La repudiable medida fue publicada en el Boletín Oficial.

En una muestra alarmante de retroceso en derechos humanos e intolerancia, el gobierno de Javier Milei ha oficializado el uso de términos profundamente discriminatorios y degradantes para referirse a personas con discapacidad. En la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se emplean calificativos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con distintos niveles de discapacidad cognitiva y psíquica.

Lejos de ser un descuido o un anacronismo involuntario, esta decisión se inscribe en una política sistemática de discriminación y exclusión. La publicación de estos términos en una normativa oficial no solo revive un lenguaje obsoleto y ofensivo, sino que también vulnera los principios establecidos por acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.

El anexo de la resolución establece clasificaciones humillantes, segmentando a las personas con discapacidad de la siguiente manera:

• “Idiota” para aquellas entre 0 y 30 años.
• “Imbécil” para las de 30 a 50 años.
• “Débil mental profundo” entre 50 y 60 años.
• “Débil mental moderado” entre 60 y 70 años.
• “Débil mental leve” entre 70 y 90 años.

Estos términos se utilizan en descripciones que refuerzan estereotipos estigmatizantes, como la supuesta incapacidad de estas personas para leer, escribir o manejar dinero. No solo se trata de una violación de derechos, sino también de un discurso institucional que deshumaniza y justifica la exclusión.

El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación.

Es una barbaridad. pic.twitter.com/2XzM9Iq18X

— Julen Bollain (@JulenBollain) February 27, 2025

Una política de ajuste con un alto costo humano

Esta resolución no es un hecho aislado, sino parte de un ajuste brutal que busca justificar la baja de al menos 200 mil pensiones por discapacidad en 2025. En el marco de las auditorías que lleva adelante el gobierno, encabezadas por Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y actual director de ANDIS, se están endureciendo los criterios para acceder a estas prestaciones, privando de asistencia básica a miles de personas que dependen de ella.

El decreto restituye el uso de términos que habían sido descartados por su carácter discriminatorio desde hace décadas. La reintroducción de la palabra “invalidez”, por ejemplo, sigue la línea de un decreto del menemismo (432/97) que endureció las condiciones para el acceso a pensiones no contributivas. Con este tipo de medidas, el gobierno de Milei desoye por completo el enfoque de derechos humanos que la comunidad internacional ha promovido en materia de discapacidad.

Rechazo y posible judicialización de la normativa

Las organizaciones de derechos humanos y entidades dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad han repudiado enérgicamente esta decisión. Entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han presentado un reclamo formal exigiendo la derogación de la medida.

En el documento, las organizaciones alertan sobre la gravedad de la resolución: “La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad. Resulta innecesario ahondar en el carácter ofensivo y obsoleto de términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’, que no tienen cabida en una sociedad que se dice respetuosa de los derechos humanos”.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también se sumó al repudio, advirtiendo que “el uso de esta terminología atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad inclusiva”.

El rechazo social y legal a esta resolución evidencia el grado de violencia institucional con el que el gobierno de Milei está avanzando sobre los derechos de los sectores más vulnerables. Con un discurso que estigmatiza y una política de ajuste que deja sin cobertura a miles de personas con discapacidad, el Estado no solo incumple sus compromisos internacionales, sino que también profundiza la desigualdad y la exclusión.

El segundo banco más importante de Estados Unidos proyectó un dólar a $1400 para fin de año.

El Bank of America (BofA) confirmó que proyecta una devaluación del 30% para fin de año y pronostica un dólar oficial a $1400, lo que representa un fuerte desafío a la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ha negado que el acuerdo con el FMI contemple un salto del tipo de cambio.

Según el informe, esta corrección cambiaria sería necesaria para unificar los diferentes tipos de dólar y responder a las presiones del mercado. Actualmente, el dólar oficial se encuentra en $1081, y el nivel proyectado por el Gobierno en el Presupuesto 2025 es de $1207, muy por debajo de la estimación del BofA.

Advertencia sobre una devaluación inevitable

El informe fue presentado en el marco de “Argentinopedia”, la primera edición de una guía para inversores elaborada por el banco, y fue discutido en una conferencia en Nueva York, donde participaron 53 inversores y 16 empresas argentinas, incluyendo Supervielle, Edenor y Central Puerto.

El Bank of America destaca que la economía argentina necesita una fuerte entrada de capitales para afrontar sus compromisos de deuda externa. Aunque el nivel de endeudamiento no es alarmante, el 61% de la deuda está denominada en dólares y con plazos cortos, lo que genera mayor presión sobre el tipo de cambio.

Además, el banco advierte que el Gobierno enfrentará un desafío fiscal en 2025, ya que la eliminación del impuesto PAIS reduciría los ingresos en aproximadamente 1% del PBI. Sin embargo, mantiene su previsión de que el Ejecutivo podría alcanzar déficit cero, impulsado por un crecimiento económico del 5% en 2025, luego de una contracción del 2% en 2024.

Control de capitales y plazos de liberación

El informe también señala que Milei ha eliminado muchas restricciones a las importaciones, reduciendo el tiempo de acceso a divisas de 4-12 meses a solo 1 mes. Sin embargo, advierte que los controles de capital siguen vigentes y no se espera que sean eliminados completamente hasta el 1 de enero de 2026.

El impacto político y la reacción del mercado

Las proyecciones del Bank of America han generado malestar en el Gobierno, particularmente en Luis Caputo, quien previamente negó cualquier acuerdo con el FMI que implicara una devaluación de esta magnitud.

Mientras tanto, en los mercados crece la expectativa de un ajuste en el tipo de cambio en los próximos meses. La previsión de un dólar a $1400 refuerza la idea de que la actual estabilidad cambiaria podría ser temporal, y que el Gobierno se verá obligado a tomar medidas más drásticas para evitar mayores desequilibrios.

El pedido de secuestro de los smartphones del presidente y sus funcionarios fue realizado este miércoles. El objetivo es que sean peritados y se resguarde la prueba que podrían contener.

A casi dos semanas del escándalo desatado por la difusión de la criptomoneda $Libra, la causa contra el presidente Javier Milei avanza con dificultades. Imputado por presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad, una de las principales exigencias de los denunciantes es el secuestro y resguardo de los teléfonos móviles del mandatario, su hermana Karina Milei y su vocero Manuel Adorni.

El abogado Gregorio Dalbon, denunciante en la causa, denunció la “lentitud” en la investigación y subrayó la importancia de peritar los dispositivos para asegurar la integridad de pruebas fundamentales. “En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para garantizar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, indica el escrito judicial presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano.

El peritaje de los teléfonos busca analizar comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que podrían estar relacionados con la promoción de $Libra. En particular, se pretende determinar si existieron intercambios entre los funcionarios implicados y Mauricio Novelli y Hayen Davis, presuntos desarrolladores de la criptomoneda.

Peligro de destrucción de pruebas y movimientos sospechosos

Mientras la investigación avanza con lentitud, se han detectado movimientos de fondos asociados a $Libra. Según el especialista en criptomonedas Fernando Molina, una de las wallets vinculadas al lanzamiento transfirió 4.5 millones de dólares a una nueva billetera virtual. Esta maniobra incrementa la preocupación sobre la posible eliminación de pruebas y refuerza la urgencia de preservar los teléfonos de los involucrados.

Dalbon sostiene que, más allá del análisis de los dispositivos, el presidente Milei habría admitido su responsabilidad en una reciente entrevista con Jonatan Viale. “Nunca antes vi tanta brutalidad en la confesión de un delito. Milei confiesa y consuma el delito cuando dice que no promocionó, sino que difundió un negocio entre privados. Eso es incompatible con la función pública y viola la ley de ética pública”, explicó el abogado.

Medidas adicionales y la presión internacional

En respuesta a las preocupaciones sobre la protección de evidencia digital, el fiscal Taiano ordenó ampliar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, solicitó informes a organismos públicos y privados vinculados con el tema y evalúa nuevas diligencias.

Mientras tanto, la causa no solo avanza en Argentina. En Estados Unidos, se presentaron denuncias ante el Departamento de Justicia, lo que podría derivar en una investigación internacional.

Investigación en el Congreso

Paralelamente, en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, especialistas en tecnología expusieron sobre el uso de criptomonedas y la prevención de estafas. Allí, el programador Maximiliano Firtman subrayó la gravedad del caso: “Cuando salieron los tuits, todo el mundo creyó que habían hackeado la cuenta del presidente, incluso su entorno, lo que demuestra que hubo un fraude financiero evidente”.

El escándalo de $Libra sigue creciendo, mientras la preservación de pruebas y la aceleración de la investigación se vuelven clave para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Lejos de garantizar una investigación seria e imparcial, el gobierno ha optado por una estrategia previsible: ponerse a sí mismo al mando del escándalo del fraude cripto.

En lugar de permitir una pesquisa independiente, el gobierno ha designado al frente de la flamante Unidad de Tareas de Investigación (UTI) a María Florencia Zicavo, la número dos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y persona de extrema confianza del oficialismo.

Es decir, el Ejecutivo no solo maniobró para frenar en el Congreso la conformación de una comisión investigadora plural, sino que ahora entrega la investigación a una funcionaria con vínculos directos con quienes deberían ser investigados. El resultado es un intento de control absoluto sobre el caso, más orientado a blindar al entorno presidencial que a esclarecer la estafa.

El 15 de febrero, cuando el escándalo por la fallida cripto $LIBRA ya había estallado y se acumulaban denuncias de damnificados, el gobierno intentó mostrarse activo con la creación de la UTI y la intervención de la Oficina de Anticorrupción. Pero la letra chica reveló la trampa: la unidad estaría bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. En otras palabras, se dispuso a investigar… a sí mismo.

Ahora, con la publicación de la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, las sospechas sobre la parcialidad del proceso se profundizan aún más. El documento, que omite mencionar a Zicavo por su nombre, establece que la UTI será dirigida por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, un cargo que la funcionaria ocupa desde junio de 2024 por decisión del propio Milei y Cúneo Libarona.

Según el decreto que le da vida a la UTI, su misión será “recabar información relacionada al criptoactivo y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”. En los papeles, suena bien. En la práctica, deja en manos del oficialismo el manejo de pruebas y documentación clave.

La estrategia del gobierno es clara: evitar cualquier investigación externa que escape a su control y apagar el escándalo con un simulacro de transparencia. Mientras tanto, los damnificados del fraude cripto siguen esperando respuestas que, bajo este esquema, parecen cada vez más lejanas.

El medida afectará a todas las líneas metropolitanas: Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Mitre y Urquiza, el día que se da inicio al fin de semana extra largo de Carnaval.

El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, confirmó que el próximo sábado 1° de marzo no habrá servicio ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a que los trabajadores se tomarán licencia en conmemoración del Día del Ferroviario. La medida, que había sido anunciada el 28 de enero durante un paro de seis horas, marca el inicio de un plan de lucha por mejoras salariales y condiciones laborales.

“El próximo sábado 1° de marzo, los conductores afiliados al gremio La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, se tomarán licencia en recuerdo del año 1948, cuando el general Perón nacionalizó los ferrocarriles”, explicó el sindicato en un comunicado.

El paro afectará todas las líneas metropolitanas, incluyendo Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Mitre y Urquiza, en el inicio del fin de semana extra largo de Carnaval. No obstante, la protesta no se extenderá más allá del sábado, y los servicios funcionarán con normalidad el lunes y martes.

Desde La Fraternidad indicaron que cada trabajador notificará a la empresa su decisión de no prestar servicio en feriados nacionales, estableciendo así una nueva modalidad de protesta.

“Lamentable, hace meses venimos luchando para que se nos escuche. No solo hacemos reclamos saláriales también pedimos inversión en nuestro sector, estamos abandonados y “en venta” por qué así lo decide este gobierno, imagínense que acá transportamos cargas pic.twitter.com/mAEb3gSm6n

— La Fraternidad (@FraternidadArg) January 30, 2025

“Nosotros no estamos extorsionando y nunca fuimos extorsionadores. Los extorsionadores son los empresarios, que aumentan los precios, y los políticos, que imponen los aumentos por su cuenta”, declaró Omar Maturano, secretario general del gremio.

Además, el dirigente cuestionó la falta de avances en las negociaciones salariales: “Llevamos seis meses dialogando y no hay una propuesta seria que puedan aceptar los trabajadores. La CGT también está dispuesta al diálogo, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando?”, expresó.

Maturano también advirtió que las medidas de fuerza no solo responden a la necesidad de aumentos salariales, sino también a la preocupante falta de inversión en el sistema ferroviario, lo que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Larreta señalo que “el PRO perdió su identidad”, al tiempo que resalto el fracaso de la gestión de Jorge Macri en el territorio porteño. 

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció su regreso a la política porteña con un fuerte cuestionamiento a la gestión actual y al rumbo del PRO. En un mensaje contundente, denunció que “el PRO ha perdido su identidad” y reafirmó su oposición a una alianza con La Libertad Avanza. Además, apuntó contra la administración de Jorge Macri, señalando déficits en la gestión de la Ciudad.

“Voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos”, afirmó Larreta en un extenso descargo en redes sociales. En sus declaraciones, reivindicó su legado en Buenos Aires y lamentó el deterioro de los avances alcanzados durante su gestión. “Todos los días camino por distintos barrios y veo lo que hicimos. Pero también veo lo que se está perdiendo. Buenos Aires ya no es lo que era”, aseguró.

El ex mandatario porteño destacó la falta de mantenimiento urbano y la ausencia de respuestas a los vecinos. “La ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y los problemas se acumulan”, criticó. En ese sentido, también apuntó a la gestión de la seguridad, cuestionando la fuga de detenidos de comisarías porteñas. “Los presos por delitos federales se escapan, generando inseguridad. Me lo dicen todos”, sentenció.

En clave electoral, Larreta dejó abierta la posibilidad de competir en las próximas elecciones locales y aseguró estar “convencido de que juntos podemos recuperar Buenos Aires, llevarla al futuro y volver a hacer de nuestra ciudad una de las mejores del mundo”.

Por otro lado, el ex jefe de Gobierno se refirió a su distanciamiento del PRO, acusando al partido de haber perdido el rumbo. “El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo. Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día”, afirmó.

La respuesta del Gobierno porteño

Desde la gestión de Jorge Macri no tardaron en responder a las críticas de Larreta. La vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, calificó sus declaraciones como “agresivas e injustas” y destacó que “muchas personas de su equipo aún trabajan en la administración actual”. Además, cuestionó el momento elegido por el ex alcalde para lanzar sus críticas y puso en duda sus intenciones.

“Nos sorprende la agresividad del ataque porque muchas personas de su equipo siguen trabajando con nosotros”, afirmó Alonso. “Habría que preguntarle a él por qué lo hace ahora, para qué, cuál es el objetivo”, agregó. Según la funcionaria, la actual administración está enfocada en resolver los problemas cotidianos de los porteños y cumplir con el mandato otorgado por la ciudadanía. “Gobernamos la Ciudad, Jorge Macri fue elegido con fuerte apoyo. Sabemos los desafíos que tenemos y estamos concentrados en ellos”, concluyó.

Desde la oposición también lo cruzaron: “son dos décadas de una gestión de mierda”

El senador nacional de Unión por la Patria y referente del peronismo porteño, Mariano Recalde, salió al cruce de Rodríguez Larreta tras su anuncio, responsabilizándolo por el estado actual de la Ciudad. “No hiciste un solo kilómetro de Subte”, lanzó en sus redes sociales, aludiendo a la falta de expansión del sistema de transporte bajo tierra durante la gestión del ex jefe de Gobierno.

No Larreta, la Ciudad no está peor ahora, viene mal hace años. Te fuiste a recorrer el país para hacer campaña y dejaste abandonada la gestión. Abandonaste la educación, la salud, el espacio público. NO HICISTE UN SOLO KILÓMETRO DE SUBTE, LARRETA… NI UNO. Lo único que siguió… https://t.co/lpGZD8uq1N

— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 25, 2025

Recalde enfatizó que los problemas que afectan a los vecinos de Buenos Aires no son recientes, sino consecuencia de años de gestión del PRO. “No, Larreta, la Ciudad no está peor ahora, viene mal hace años. Te fuiste a recorrer el país para hacer campaña y dejaste abandonada la gestión”, afirmó.

Además, acusó a Larreta de haber desatendido áreas clave como la educación, la salud y el espacio público. “Abandonaste la educación, la salud, el espacio público. NO HICISTE UN SOLO KILÓMETRO DE SUBTE, LARRETA… NI UNO. Lo único que siguió funcionando fue el negociado permanente, y por eso se pelean ahora entre macristas”, agregó con dureza.

Con un tono confrontativo, Recalde dejó en claro su postura frente a una posible vuelta de Larreta al poder en la Ciudad: “No es un año de decadencia, son casi dos décadas de una gestión de mierda”.

“Estoy completamente horrorizado. Lo que hace ese presidente está arruinando el país y pisoteando a la gente”, afirmó Merz  durante una entrevista televisiva.

El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo económico adoptado por Javier Milei, asegurando que el presidente argentino está llevando al país hacia el colapso. “Lo que hace ese presidente está arruinando el país y pisoteando a la gente”, afirmó Merz en una reciente entrevista televisiva, dejando en claro su rechazo a las políticas del libertario.

Las declaraciones del líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), quien se impuso en las elecciones alemanas del pasado domingo, fueron originalmente pronunciadas en diciembre de 2024, cuando respondió con indignación a los comentarios del líder del Partido Liberal (FDP), Christian Lindner. En aquel momento, Lindner había sugerido que Alemania podría beneficiarse de “un poco de Milei y Musk”, lo que desató la reacción inmediata de Merz, quien condenó el modelo económico del argentino.

In der Welt von Frierdich Merz ruiniert ein Javier Milei sein Land, während er Robert Habeck als Wirtschaftsminister nicht ausschließen mag. „Was da zurzeit in Argentinien geschieht,… wir verfolgen das ja nun auch nicht jeden Tag, aber…“ Nö, ganz offensichtlich nicht. Aber… pic.twitter.com/rLcRo7EDZL

— de Mesekenwerke (@DerInnereWesten) December 5, 2024

El rechazo internacional a Milei va en aumento

El impacto de las palabras de Merz resuena en un contexto en el que distintos gobiernos y líderes internacionales comienzan a manifestar su preocupación por la grave crisis económica y social que atraviesa Argentina. El drástico ajuste implementado por Milei, la inflación descontrolada y el aumento de la pobreza producto de las políticas de ajuste han encendido las alarmas en el ámbito político y económico global.

La contundente victoria de Merz en Alemania refuerza la visión crítica de importantes sectores políticos europeos sobre el experimento económico de Milei. Mientras el presidente argentino insiste en su plan de choque y se presenta ilusoriamente como un líder mundial respetado, la comunidad internacional observa con creciente inquietud las consecuencias de sus medidas, que han llevado a Argentina a una situación de deterioro acelerado a lo que se suma también el escandalo por el fraude cripto que tocó de lleno al gobierno.

Con una participación electoral récord del 84%, los comicios alemanes marcaron un cambio de rumbo en la política del país. Merz, cercano a las posturas tradicionales de la CDU y heredero del legado de Angela Merkel, asumirá un papel clave en el escenario internacional. Sus críticas a Milei reflejan no solo una postura personal, sino también una tendencia cada vez más extendida en el mundo: la percepción de que Argentina se encamina hacia un desastre económico y social bajo la gestión del ultraliberal.

El Gobierno recurre a una medida excepcional para avanzar con los nombramientos sin consenso legislativo. La maniobra busca cambiar la agenda tras el escándalo del token $LIBRA, que involucra al Presidente.

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la designación “en comisión” de los juristas Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. La medida, tomada por decreto, se produce tras el fracaso en conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los pliegos en el Senado.

El nombramiento se concretó en el último tramo del receso legislativo, una posibilidad que había sido descartada en el caso de Lijo, pero que ahora se retomó ante la imposibilidad de lograr consenso. El juez federal cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdo, aunque su nominación fue resistida dentro y fuera del oficialismo. En cambio, el catedrático García-Mansilla, de perfil más cercano al Gobierno, nunca fue excluido de la posibilidad de ser designado por decreto.

El decreto de nombramiento debe publicarse antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el sábado 1 de marzo. Según versiones, el texto ya está en la Secretaría Legal y Técnica, a la espera de la firma presidencial.

El viernes pasado, el oficialismo intentó sin éxito convocar una sesión especial del Senado para tratar el pliego de Lijo. Sin embargo, el escándalo del token $LIBRA, una criptomoneda fraudulenta promocionada por Milei, tensionó el clima político y ni siquiera los sectores dialoguistas accedieron a dar quórum. Días antes, La Libertad Avanza y sus aliados bloquearon la creación de una comisión investigadora sobre el caso.

Aunque el Gobierno había dejado trascender que los nombramientos solo avanzarían con el aval del Senado, ahora se optó por el decreto. Esta decisión podría responder a la necesidad de un cambio de agenda, justo cuando la Justicia inició una investigación que podría derivar en la imputación de Milei por abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Los nombramientos por decreto tendrán vigencia hasta el último día hábil de noviembre, cuando finaliza el período parlamentario. En ese lapso, el Senado podría rechazar la medida. Desde el peronismo, que es clave para alcanzar los dos tercios requeridos, ya adelantaron que buscarán anular el decreto. En el PRO, Mauricio Macri se manifestó en contra de la designación de Lijo y podría impulsar a sus senadores a votar en contra.

El antecedente de Mauricio Macri

El mecanismo utilizado por Milei tiene un precedente reciente en la presidencia de Mauricio Macri. En diciembre de 2015, apenas asumido, Macri intentó designar por decreto “en comisión” a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema. La medida generó un fuerte rechazo político y jurídico, lo que obligó al entonces mandatario a retroceder y enviar los pliegos al Senado.

A diferencia del intento de Milei, Macri contaba con un escenario más favorable, ya que el peronismo negoció y terminó avalando las designaciones en el Congreso. Sin embargo, la maniobra de designar jueces por decreto fue severamente cuestionada en aquel momento, lo que reaviva el debate sobre la institucionalidad y el respeto a los procedimientos democráticos en la designación de magistrados.