El presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel se enfrentan por los sueldos, alimentando las dudas sobre la estabilidad institucional.

La relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel atraviesa su peor momento, y esta vez, el detonante fue el tema de los sueldos. Villarruel criticó abiertamente las políticas salariales del gobierno que integra, mientras Milei respondió acusándola de pertenecer a una “casta desconectada de la realidad”. El enfrentamiento evidencia el fuerte deterioro en su vínculo, generando incertidumbre sobre la estabilidad institucional.

Villarruel, en un intento de posicionarse como voz crítica dentro del gobierno, arremetió contra el congelamiento de su sueldo y el de los senadores, a quienes señaló por recibir ingresos brutos de hasta $9,5 millones. En sus declaraciones, la vicepresidenta denunció que su salario de $3,7 millones es insuficiente para hacer frente al aumento de la inflación, las prepagas y los impuestos.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve, me pagan dos chirolas, y soy vice”, lanzó en redes sociales, donde también expresó que los legisladores “pagan su comida, viajan a sus provincias” y desconoció otras entradas económicas que puedan tener. Además, advirtió sobre un posible giro autoritario del gobierno: “Sin Poder Legislativo nos convertiremos en una dictadura qué es lo primero que hacen las tiranías, cerrar el Congreso, así que ojo porque eso no es democracia”..

La respuesta de Milei

El presidente respondió con dureza a las críticas, declarando públicamente que Villarruel vive en un “micromundo desconectado de la realidad”. Durante una entrevista en Radio Mitre, Milei fue más allá, insinuando que Villarruel ya no forma parte activa de su proyecto político.

“Es una pena que haya dicho algo así. Fue una frase extremadamente desafortunada”, afirmó. Además, describió al Senado como un espacio compuesto por “gente desconectada de la realidad”, con sueldos que superan los $10 millones si se incluyen gastos de representación y desarraigo.

Tensiones dentro del gobierno

Villarruel también apuntó contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien recientemente anunció la devolución de $7 mil millones no ejecutados del presupuesto al Ministerio de Economía. Según Villarruel, Menem “aumentó un 70% las dietas” mientras se presentaba como ejemplo de austeridad.

El enfrentamiento pone en evidencia una fractura interna que los voceros del gobierno han intentado disimular sin éxito durante los últimos meses. La mala relación entre Milei y Villarruel, que ya venía desgastada, alcanzó un punto crítico con este conflicto, dejando al descubierto profundas diferencias en la conducción del espacio libertario.

Incertidumbre sobre la estabilidad institucional

El deterioro de la relación entre el presidente y su vicepresidenta genera dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener la unidad en un contexto político y económico desafiante. Si bien Villarruel busca mantener un discurso de confrontación y alerta sobre posibles avances autoritarios, la dinámica interna del oficialismo parece cada vez más desarticulada, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad institucional en los próximos meses.

Si bien la empresa intentó darle un enfoque “voluntario” a la medida, la realidad es que la mayoría de los empleados se ven presionados a tomar esta decisión. 

El control libertario sobre YPF ha comenzado a redibujar el mapa energético en Argentina, con decisiones que favorecen a empresarios cercanos al poder político, como Eduardo Eurnekian. La petrolera estatal anunció que dejará de operar en el norte de Santa Cruz el 28 de febrero de 2025, en un proceso de reestructuración que afectará a más de 2.500 trabajadores.

Bajo el marco de “retiros voluntarios”, muchos empleados están siendo presionados a aceptar indemnizaciones especiales antes de que los yacimientos sean entregados a CGC, una empresa vinculada al mencionado empresario. La reestructuración no solo implica una drástica reducción del personal, sino también un repliegue estratégico de la estatal YPF, en favor de actores privados con claras afinidades políticas.

Retiros no tan voluntarios

YPF ha lanzado un plan de retiros “voluntarios”, ofreciendo indemnizaciones de hasta el 120% si se aceptan antes del 31 de enero. Sin embargo, los trabajadores denuncian que las condiciones laborales y la falta de alternativas los obligan, en la práctica, a adherirse al programa. Esta estrategia afectará a más del 50% de la plantilla de la región y pone en evidencia la falta de compromiso de la empresa con los empleados y las economías locales.

Transferencia de los yacimientos a CGC

El control de los yacimientos será transferido a CGC a partir del 1 de marzo, en lo que parece ser una estrategia para beneficiar a empresarios vinculados al gobierno libertario. CGC asumirá la operación con un personal significativamente reducido, y en su primera etapa no utilizará equipos perforadores, relegando la producción a empresas como Crown Point, Roch y PECOM.

Este movimiento ha generado preocupación, no solo entre los trabajadores, sino también entre los sindicatos, que advierten sobre el impacto laboral y productivo de esta decisión.

Impacto en los trabajadores y el sector petrolero

Aunque desde YPF aseguran que no habrá despidos forzosos, los trabajadores que no se acojan a los retiros voluntarios enfrentan un panorama incierto. La medida deja en evidencia un proceso de privatización encubierta que prioriza los intereses empresariales sobre el bienestar de los empleados y las comunidades locales.

La salida de YPF de Santa Cruz y la entrega de los yacimientos a CGC marca un precedente en la política energética del país, donde las decisiones estratégicas parecen estar alineadas con la concentración del sector en manos de empresarios cercanos al poder, en detrimento de la soberanía energética y el empleo.

Se trata de la fábrica de calzado Dass, dependiente de Adidas, la cual cerrará sus puertas el 20 de enero, tras varios años de operaciones. La apertura importadora y la caída del consumo como detonantes de la medida.

La histórica fábrica de calzado Dass, ubicada en Coronel Suárez, anunció su cierre definitivo el próximo 20 de enero, dejando a 360 trabajadores sin empleo. Los despidos fueron notificados mediante telegramas enviados mientras los empleados se encontraban de vacaciones, en un contexto marcado por la crisis del sector industrial, atribuida a la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.

En el comunicado enviado a los trabajadores, la empresa informó que las liquidaciones finales e indemnizaciones serán depositadas en tiempo y forma, aunque el cierre representa un duro golpe para la comunidad local, que dependía en gran medida de esta fuente de empleo.

Apertura importadora y desplome del mercado interno: un cóctel letal

Agustín Amicone, titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), subrayó que las principales causas del cierre están vinculadas al aumento de las importaciones, que han inundado el mercado con productos a precios más bajos que los costos de producción local, y la recesión económica que ha reducido significativamente las ventas.

“La decisión final recae en Adidas, la principal responsable, ya que prefirieron abastecerse desde el exterior por conveniencia económica. Esto es una consecuencia directa de la apertura indiscriminada del comercio de importaciones en Argentina”, declaró Amicone.

La fábrica Dass, dependiente de Adidas, había operado durante varios años en Coronel Suárez, convirtiéndose en una parte fundamental del tejido económico local. Sin embargo, la falta de medidas para proteger la producción nacional, sumada a la contracción del mercado interno, ha llevado a este desenlace que refleja la compleja situación que enfrenta la industria en el país.

El cierre de Dass no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino que también pone en evidencia cómo las políticas de apertura comercial y la falta de incentivos para el consumo interno están deteriorando sectores productivos clave, con impactos profundos en el empleo y las economías locales.

La diputada libertaria de vinculo directo con Milei, le dedico una catarata de insultos a la vice de su propio gobierno.

En el torbellino de disputas internas que sacude a La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine volvió a encender la mecha contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, consolidando la fractura entre los seguidores más leales de Javier Milei y quienes respaldan a la vice. En su último ataque, Lemoine tildó a Villarruel de “garrapata” y “sanguijuela”, acusándola de “chupar la popularidad” del mandatario y sugiriendo que se aprovecha de su imagen para consolidar su posición política.

Las declaraciones de Lemoine, cada vez más frecuentes, reflejan la tensión permanente dentro del oficialismo. En esta ocasión, la diputada ironizó sobre las aspiraciones de Villarruel, afirmando que la vice “vive una fantasía” al creer que el triunfo presidencial de 2023 se debe a su influencia. “Los votantes de Victoria Villarruel no existen, es un call center en Twitter. Simpatizaban con ella por Milei”, disparó Lemoine, subestimando el peso político de su adversaria interna.

Sin embargo, en un giro inesperado, Lemoine destacó el papel de Patricia Bullrich en el balotaje presidencial, atribuyéndole el aporte decisivo de votos para la victoria de Milei, dejando entrever que el apoyo de la excandidata de Juntos por el Cambio fue más relevante que cualquier contribución de Villarruel.

El conflicto no es nuevo. Según Lemoine, Villarruel la bloqueó en la red social X (antes Twitter) tras un desacuerdo público sobre el acuerdo con el Reino Unido durante la gestión de Diana Mondino como canciller (acuerdo Mondino-Lamy). En ese contexto Villarruel había criticado con dureza el pacto que restablecía vuelos a las Islas Malvinas desde Brasil con escala en Córdoba, calificándolo como una negociación desequilibrada en detrimento de Argentina. Para Lemoine, este episodio marcó el inicio de un distanciamiento que solo se ha agravado con el tiempo.

La diputada también recordó otras controversias, como la supuesta estrategia de Villarruel de centrarse en su propia campaña política y desentenderse de las funciones inherentes a su cargo como presidenta del Senado. “Es la Vicepresidenta siguiendo su propio camino, olvidándose de cuáles son sus funciones”, sentenció Lemoine, dejando en claro su postura.

El enfrentamiento interno subraya una realidad compleja para el gobierno libertario. Mientras los sectores más afines a Milei buscan consolidar su liderazgo y acallar las voces disidentes mediante una subordinación acrítica al presidente, Villarruel parece resistir, reforzando su propia agenda y exacerbando las tensiones. En este contexto, los conflictos internos no solo amenazan la cohesión del oficialismo, sino que también exponen las fracturas ideológicas y estratégicas que podrían definir el futuro político de La Libertad Avanza.

A 192 años de usurpación de las Islas el gobernador bonaerense recordó aquel acontecimiento: “el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas por la fuerza, contrariando el derecho internacional y quebrando nuestra integridad territorial”. 

El gobernador bonaerense Axel Kicillof hizo un firme y contundente reclamo en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, al recordar la usurpación ilegal por parte del Reino Unido, que el 3 de enero de 1833 ocupó las islas por la fuerza en claro acto de piratería, desoyendo el derecho internacional y quebrando la integridad territorial de nuestro país. En su posteo en redes sociales, el mandatario destacó la histórica frase: “Fueron, son y serán argentinas”, reiterando el compromiso de la provincia de Buenos Aires con esta causa nacional, que permanece irrenunciable.

El 3 de enero de 1833 el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas por la fuerza, contrariando el derecho internacional y quebrando nuestra integridad territorial.

Hoy se cumplen 192 años de dicho acto y seguimos reclamando de manera pacífica nuestros legítimos derechos soberanos…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 3, 2025

“Hoy se cumplen 192 años de aquel acto ilegal y seguimos reclamando pacíficamente nuestros legítimos derechos soberanos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. No vamos a consentir las prácticas colonialistas del Reino Unido en pleno siglo XXI”, expresó Kicillof. Su postura subraya la clara defensa de los principios establecidos en la Constitución Nacional, que posiciona la recuperación de la soberanía sobre las Islas como un objetivo permanente e irrenunciable para el pueblo argentino.

Este reclamo contrasta con el enfoque del gobierno nacional, que en las últimas semanas ha relajado su postura frente al Reino Unido, en un aparente intento de alinearse más estrechamente con la angloesfera. A pesar de este giro diplomático, la defensa de la soberanía sobre las Malvinas sigue siendo un eje primordial para muchos sectores de la sociedad argentina, que no están dispuestos a ver este reclamo diluirse en función de intereses externos.

Por otro lado, el centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata ha denunciado el desinterés del gobierno de Javier Milei, quien ha desoído varias solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con los veteranos de guerra y las negociaciones sobre las Malvinas. Estos pedidos incluyen detalles sobre la cobertura de salud para los veteranos y los acuerdos con el Reino Unido sobre la pesca en la zona de las islas plasmados en el comunicado 470/24 que detallaba una reunión mantenida entre la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy.  La falta de respuesta pone en evidencia la desconexión entre las demandas de los excombatientes y las prioridades del Ejecutivo nacional.

La situación refleja en claro contraste y tensión entre la defensa histórica de la soberanía argentina, liderada por figuras como Kicillof, y la posición asumida por el actual gobierno nacional basada en un enfoque geopolítico más conciliatorio con las potencias anglosajonas que trabajan mancomunadamente para consolidar su presencia ilegal en el atlántico sur, un enfoque que sigue siendo cuestionado por quienes consideran que la causa de Malvinas debe mantenerse como una prioridad indiscutible para el país.

El año no pudo empezar peor para los vecinos de la Recoleta: mas de 95.000 hogares sin luz. Edesur le echó la culpa a la generación. “Detectamos una incidencia en la Recoleta por causas ajenas a Edesur, originadas en la generación de energía”, sostuvo la distribuidora que había anunciado que se iba del país y cuando ganó Javier Milei decidió quedarse.

La acusación apunta directo a Central Puerto, la generadora más grande del país que tiene entre sus socios a Nicky Caputo, hermano del alma de Mauricio Macri. Desde la central adujeron que un “objeto volador”, como una rama, se supone producto de la tormenta les causó un desperfecto que dejó a casi 100 mil personas sin luz. Así de frágil es la infraestructura.

Cada vez que asume un gobierno liberal, sea el de Macri o ahora el de Milei, el discurso es el mismo. Se ponen brutales tarifazos con el argumento de que son necesarios para evitar cortes de luz. Lo primero siempre pasa, lo segundo no. Ahora, se quedaron 100 mil personas sin luz en CABA y todavía no llegó la ola de calor.

El hombre fuerte del gobierno Santiago Caputo presiona para que Federico Sturzenegger eche al economista (radical, macrista, progresista…) Lucas Llach del ministerio de Desregulación y le mandó a la jauría de trolls a atacarlo por las redes. La razón: el economista dijo que era mentira que el ajuste de Javier Milei no lo pagó la gente ni recayó sobre el sector privado.

Llach trabaja como asesor del ministro de Desregulación y si bien no está nombrado en ningún cargo participa de las reuniones de gabinete, va a Olivos para verlo a Milei e incluso formó parte de la redacción del DNU 70/23. ¿Cobra salario? ¿Quién le paga? Preguntas que nadie se hace.

“Amo eso de ‘ajustar a los privados’. Te juro que me tienta ver el ajuste de Milei de 5% ‘pero no sobre el sector privado’. Son realmente hermosos”, tuiteó Llach en plena campaña presidencial, cuando el plan económico que elaboró su jefe Sturzenegger no era para Milei sino para la candidatura de Patricia Bullrich.

Traductor Te Ama, uno de los trolls principales de Caputo, citó ese tuit y le recordó a Llach que “siempre fue un pelotudo”. “Jaja sí porque la suba de tarifas fue un ajuste ‘a las empresas’. Ya te dije, Soba: policy no. ¡A seguir sobando!”, respondió Llach y de este modo cuestionó al propio Milei.

“Estás diciendo que Milei miente cuando dice que ajustó 15 puntos y que el 95% del ajuste cayó sobre el sector público?”, le retrucó el usuario Nariz de Chancho. “No, Milei siempre dice la verdad, sobaquenas!”, retrucó Llach, confirmando que acusaba al presidente de mentiroso.

“El radical empobrecedor fracasado, Lucas Llach, dice que Milei es un mentiroso y no ajustó al sector público. Proceda presidente ojos de Superávit. Con más ganas motosierra profunda y recorte el sueldo de Lucas Llach”, ordenó Traductor, uno de los trolls más retuiteados por el presidente. 

A pocos días de ser anunciado el “plan nuclear” por parte del gobierno, ahora el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica afirmó que el reactor CAREM “no es comercialmente viable”.

El reciente anuncio del gobierno sobre el Plan Nuclear Argentino generó numerosas expectativas y controversias no solo por su contenido, sino también por lo que deja fuera: el proyecto CAREM, una central nuclear de potencia íntegramente diseñada y construida en Argentina con reconocimiento internacional y un importante grado de avance. La exclusión de este desarrollo estratégico ha despertado no pocas sospechas sobre las verdaderas prioridades e intenciones detrás de la política nuclear del gobierno libertario.

“Comercialmente inviable” o una decisión política

Según Guillermo Lavalle, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el CAREM no avanza porque es “comercialmente inviable”. Lavalle aseguró que el prototipo de 32 MW de potencia no se ajusta a los estándares globales de competitividad económica ni a los objetivos comerciales fijados por el gobierno. Sin embargo, esta justificación fue duramente cuestionada por especialistas, quienes señalaron que el proyecto ya alcanzó un 63,8% de avance y que su diseño (escalable en cuanto a potencia de generación eléctrica) está alineado con los reactores más utilizados en el mundo.

El periodista Daniel Arias, del portal especializado AgendAR, calificó la decisión como un grave error estratégico. Según Arias “Milei apuesta a una ingeniería equivocada, la estadounidense, para un objetivo equivocado, la minería de criptomonedas. Es un proyecto inviable, dice, porque un Data Center para “fabricar” criptomonedas puede consumir toda la potencia nuclear instalada en Argentina desde 1974 a 2014, unos 1700 MW repartidos en las tres centrales que controla NASA. El objetivo del gobierno, tal como lo autorizó la ley Bases, es privatizar parcialmente la empresa NASA”.

Arias advierte que los Data Center que quiere traer Musk para avanzar en la carrera de la Inteligencia Artificial van a acaparar la electricidad que debería usarse en producir agua potable o trabajo industrial electrointensivo. En cambio, afirma, “si el CAREM 32 MW logra financiamiento, rápidamente accederá a compradores y socios. La prueba está en la experiencia que la CNEA e INVAP hicieron a partir de 1986 con el RA-6 de Bariloche, el antecedente que convirtió a INVAP en el mayor proveedor mundial de reactores multipropósito”.  

Intereses extranjeros y presiones geopolíticas

El rechazo al CAREM no puede desvincularse del contexto geopolítico, los acuerdos firmados con la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de nuevas centrales nucleares siguen envueltos en una nebulosa de incertidumbre. Los mismos contemplaban la cooperación y financiación para construir en el país dos centrales atomicas : una del tipo CANDU de 800 MW (denominada proyecto nacional) ya que se trataba de tecnología conocida por argentina y otra central de diseño chino tipo HMR Hualong de 1.000 MW, que incluiría la transferencia de tecnología a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que los combustibles nucleares pudieran fabricarse en Argentina.

Estos proyectos fueron paralizados durante el gobierno de Mauricio Macri quien además había intentado involucrar sin éxito a capitales privados en el proyecto CAREM. Ya durante 2022, una misión diplomática estadounidense comandada por Ann Ganzer (jefa diplomática del Departamento de Estado) presionó a las autoridades nucleares del gobierno de Alberto Fernández para que Argentina cesara su cooperación nuclear con China. Según trascendió, esta presión incluyó visitas a instalaciones clave, como el complejo donde se construye el CAREM en Lima, Buenos Aires, donde también se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II. Además, empresas argentinas estratégicas, como IMPSA cuyo rol es fundamental dentro del plan nuclear argentino, ya pasaron curiosamente a manos de capitales de origen estadounidense, lo que alimenta las sospechas de que la exclusión del CAREM podría responder a intereses foráneos que buscan limitar la independencia nuclear de Argentina.

En este sentido, José Luis Antúnez, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), comento en una charla en la Universidad de Buenos Aires que: “el rol de los Estados Unidos es de obstaculizar el plan nuclear argentino, no simpatiza en lo más mínimo con el plan nuclear argentino, no tienen el menor interés en que argentina complete sus capacidades nucleares y si encontraran la forma de hacerlo desparecer… bueno en 2028 estuvieron cerca, hemos recibido amenazas directas del departamento de estado”.

Si bien se espera que en la visita oficial de Milei a China prevista en el transcurso de este año se aborden estos temas, lo cierto es que el alineamiento geopolítico del gobierno Argentino para con los Estados Unidos hace extremadamente improbable cualquier participación de China en estos proyectos.

Un plan con falta de transparencia

El Plan Nuclear Argentino, liderado por Demian Reidel, ha sido criticado no solo por la exclusión del CAREM, sino también por su falta de transparencia. Reidel, conocido más por sus vínculos con el sector financiero que por su experiencia nuclear, rechazó asistir al Congreso para explicar los detalles del proyecto. Este acto fue interpretado como una muestra de desprecio hacia las instituciones democráticas, en un contexto donde las decisiones sobre ciencia y tecnología parecen ser tomadas sin un sustento técnico claro.

¿Qué se pierde con el CAREM?

El CAREM representa más que un prototipo o demostrador tecnológico que como tal tiene posibilidades de perfectibilidad: es un símbolo de la capacidad tecnológica argentina, con potencial para posicionar al país como líder en el mercado de reactores modulares pequeños de la misma forma en que se logro en el campo de los reactores de investigación. Este proyecto es la culminación de décadas de experiencia acumulada por la CNEA e INVAP, entidades que han demostrado su competitividad global con desarrollos como el RA-6 de Bariloche y otros reactores multipropósito y tecnologías asociadas exportadas a países de todo el mundo como Australia, Holanda, Perú, Egipto, Argelia y Brasil.

La decisión de abandonar el CAREM no solo pone en riesgo este legado, sino que también podría significar una pérdida de soberanía tecnológica en un área estratégica.

Un debate necesario

La exclusión del CAREM del Plan Nuclear Argentino exige una discusión pública seria. ¿Es realmente inviable, como asegura el gobierno, o responde a intereses geopolíticos y económicos ajenos al bienestar y progreso del país? La falta de respuestas claras y la negativa a dialogar con el Congreso solo profundizan las sospechas sobre el verdadero objetivo de este plan. Mientras tanto, Argentina corre el riesgo de perder una oportunidad histórica para consolidarse como un referente en tecnología nuclear a nivel mundial.

En medio de la interna que enfrenta el gobierno, la diputada ultralibertaria Lilia Lemoine ratificó la posición del presidente Javier Milei al acusar a la vicepresidenta Victoria Villarruel de ser parte de la casta política y expresó que no la acepta “como libertaria”. 

“La verdad que yo no la acepto como libertaria, me molesta que le digan la vice libertaria”, admitió Lemoine en declaraciones en TN donde aclaró que su malestar surgió por la falta de compromiso que tendría con el proyecto de país planteado por el liberalismo y aseugró: “No es que no la quiero, no es personal”. Por ahora, Villarruel prefirió esconderse y no responder.

En ese sentido, manifestó: “Estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear. Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente”.

“A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país”, insistió Lemoine al tildarla de nefasta por ser parte de la casta y consideró que la vicepresidenta “se comporta como la casta, le gusta”. “Entonces, que se quede con la casta, no con nosotros se declaró fan de la alta política”, lanzó. 

Lemoine criticó ciertas actitudes de Villarruel: “Empezando que se retrasó el tratamiento de la Ley de Bases por su desempeño”, recriminó al señalar que también habría contratado una agencia de publicidad para trabajar en su marca personal. “No había terminado de jurar el Presidente y ella ya tenía su propio logo”, apuntó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la militarización en espacios de Derechos Humanos luego de que efectivos de la Policía aparecieran con listados de trabajadores de dicha Secretaría para comunicar despidos cuando comenzaba una asamblea en el lugar.

“En este inicio de año se profundiza el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado. Esto ya pasó con la dictadura y lo vivimos durante el macrismo. Volvió a llenarse de policías la Administración Pública y son ellos con listados en las manos quienes comunican las cesantías”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Y pensar que muchos se asombraron cuando decíamos que la motosierra tiene que empezar a apuntar en otra dirección y cortar otras cabezas. El Gobierno decide que este sea un año marcado por una fuerte conflictividad en el Estado. Por estas horas llueven cartas documentos de despidos. La motosierra sigue cortando con exclusividad a los trabajadores y jubilados”, agregó el dirigente.

En este marco, el Secretario General de ATE Nacional detalló: “Para los estatales, cambió el año pero no cambió la crueldad, la persecución y la violencia del Gobierno. Siguen extorsionando y despidiendo de manera ilegal y masiva. Quieren barrer con la memoria de nuestro pueblo y destruir todas las políticas de derechos humanos. Tenemos que impedirlo. Tenemos que defender nuestra memoria colectiva”.

El sindicato definió llevar adelante distintas medidas de acción en defensa del Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria, y todos los organismos de derechos humanos que peligran a partir de las políticas de despidos y desguace que impulsa el Gobierno nacional.

En primera instancia, este jueves se realizará una asamblea unificada durante todo el día en la Secretaría de Derechos Humanos, ubicada en Avenida del Libertador 8151 (sede de la ex ESMA). El viernes 3 de enero, se desarrollará una misa por los trabajadores en las puertas del organismo a partir de las 11. Y el sábado se realizará el festival “Una Memoria que Arde” en las puertas del Haroldo Conti a partir de las 18.

ATE además informó que llegó una nueva tanda de comunicaciones de despidos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en Parques Nacionales y en otras áreas del Estado. El sindicato además continúa relevando el posible recorte de personal en otras áreas del sector público.