El respaldo de la central obrera se suma a la adhesión ya confirmada por las CTA y diversos movimientos sociales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su adhesión a la marcha federal convocada por el colectivo LGTBIQ+ para este sábado 1° de febrero. La movilización busca repudiar los recientes dichos y políticas del presidente Javier Milei, quien en el Foro de Davos tildó de “pedófilos” a quienes defienden los derechos de las diversidades sexuales.

El respaldo de la central obrera se suma a la adhesión ya confirmada por las CTA y diversos movimientos sociales, configurando lo que promete ser una de las manifestaciones más importantes desde la llegada del gobierno libertario. La movilización partirá a las 16:00 horas desde el Congreso y culminará en Plaza de Mayo.

Maia Volcovinsky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT y referente de los judiciales, afirmó que la decisión de sumarse responde a la urgencia de confrontar las políticas discriminatorias del oficialismo. “Milei traspasa constantemente los límites en materia de derechos humanos con su discurso de odio hacia las diversidades”, denunció.

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, destacó la importancia de la movilización. “Es saludable la respuesta que le está dando la sociedad a los dichos del presidente. Esto habla bien de nuestro pueblo. Milei intenta construir un nuevo enemigo interno todos los días y se está cavando su propia fosa”, señaló con contundencia.

Desde ATE Nacional, Rodolfo Aguiar también convocó a movilizarse y expresó una dura crítica al presidente. “Sus declaraciones en Davos constituyen una amenaza clara a la paz social y vulneran los principios fundamentales de la democracia. Quieren eliminar la figura de femicidio, vulnerar derechos y profundizar el ataque contra mujeres y diversidades”, advirtió.

La CGT, que no participaba de una movilización de esta magnitud desde hace varios meses, vuelve a las calles con un respaldo que promete ser contundente frente a las políticas antiderechos del gobierno de Milei.

El ministro de economía santafecino advirtió que solo en diciembre, en la plataforma de ventas de Mercado Libre se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial.

El Gobierno de Santa Fe expuso maniobras evasoras en la plataforma de comercio electrónico más grande del país. Según denunció el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, durante diciembre se detectaron casi 40.000 operaciones sin declarar en términos tributarios, lo que representa un serio perjuicio para el fisco santafesino y una competencia desleal contra los comercios que cumplen con sus obligaciones.

La revelación surgió luego de que Mercado Libre y el sector fintech elevaran un reclamo sobre la presión tributaria en Argentina, con el argumento de que las regulaciones fiscales afectan la competitividad del sector financiero. Sin embargo, Olivares respondió con datos concretos: lejos de ser víctimas del sistema impositivo, las plataformas digitales operan al margen de las normativas tributarias y evaden contribuciones millonarias.

Un esquema de evasión que perjudica a la economía provincial

“Son operaciones que le quitan trabajo al comercio santafesino formal”, enfatizó el funcionario, advirtiendo que la evasión fiscal de Mercado Libre no solo impacta en la recaudación provincial, sino que también perjudica a los pequeños y medianos comerciantes que deben competir en condiciones desiguales.

Olivares explicó que Santa Fe no aumentó la alícuota de Ingresos Brutos sobre las ventas a través de plataformas digitales en la Ley Tributaria Provincial sancionada en diciembre de 2024. Sin embargo, sí equiparó la carga impositiva de las billeteras virtuales con la de los bancos, dado que estas también obtienen ganancias a través de intereses por financiamiento de compras, préstamos y otros servicios financieros.

Además, el ministro apuntó contra otro mecanismo mediante el cual Mercado Libre maximiza su rentabilidad a costa de los comerciantes: la retención de fondos durante 48 a 72 horas entre el débito al comprador y el depósito al vendedor, lo que genera ganancias financieras adicionales sin tributar.

Una provincia en alerta ante la competencia desleal

Desde la Administración Tributaria Provincial, Olivares aseguró que se monitorea de forma permanente la evasión en plataformas digitales, ya que su uso indebido representa un riesgo para la producción y el empleo local. “Estamos cuidando el trabajo y la producción santafesina cuando se la afecta desde la actividad en negro”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la provincia trabaja en medidas que reduzcan la carga tributaria sobre los sectores productivos y que incentiven la inversión y la creación de empleo genuino en Santa Fe. Sin embargo, advirtió que, para lograr un sistema tributario más equitativo, las plataformas digitales también deben hacer su parte y adecuar sus condiciones de servicio a estándares internacionales de transparencia y competencia justa.

Mientras tanto, el impacto de estas maniobras sigue profundizando la brecha entre los grandes jugadores del comercio electrónico y los comercios tradicionales, que afrontan costos impositivos y operativos cada vez más elevados sin el respaldo de esquemas de evasión o retención de fondos.

En enero de 2025, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $144.775 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. 

Este gasto aumentó 3% con respecto del mes anterior y 345% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con un informe de Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA – Conicet).

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una familia necesita nada menos que 144.700 pesos por mes solo para cubrir los servicios públicos. Un monto que crece sin freno y que pone en jaque la economía de millones de hogares.

Porque claro, ¿quién necesita un sueldo digno cuando puede destinar una parte cada vez más grande de sus ingresos a pagar tarifas “razonables” que aumentan mes tras mes?

En enero de 2025, el costo total de la canasta de servicios básicos (energía eléctrica, gas, transporte y agua potable) se disparó un 345% en comparación con el mismo mes de 2024. Un incremento sin precedentes que, lejos de mejorar la calidad de vida, profundiza el ajuste sobre la mayoría de la población.

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA – Conicet), el desglose de los aumentos muestra cifras alarmantes:

• Energía eléctrica: +270%
• Gas: +559%
• Transporte: +385%

¿Casualidad? Difícil. Lo cierto es que los aumentos recaen con mayor peso sobre los sectores de menores ingresos, a los que ni siquiera se menciona en las políticas oficiales.

Salarios que no acompañan y un esfuerzo cada vez mayor para llegar a fin de mes

Para ponerlo en perspectiva, estos servicios básicos representan el 11,7% de un salario promedio, estimado en 1.238.608 pesos. La diferencia es que, mientras los servicios no paran de subir, los salarios corren muy por detrás, sin ningún ajuste proporcional que alivie el impacto de la inflación.

El transporte, por su parte, se lleva la mayor tajada del gasto en servicios, representando un 39% del total. Como si moverse dentro de la ciudad fuera un privilegio y no una necesidad diaria para millones de trabajadores.

Un Estado que se “desentiende” de los más vulnerables

A pesar de la creciente presión sobre los bolsillos de la población, el Estado sigue reduciendo su participación en el sostenimiento de los servicios públicos. Actualmente, cubre apenas el 47% del costo, dejando que la mayor parte del impacto recaiga sobre los usuarios.

Mientras tanto, la capacidad adquisitiva de los argentinos sigue cayendo a un ritmo alarmante, y el acceso a lo más básico—luz, gas, transporte—se convierte en un desafío diario. El costo de vida no deja de subir, pero la única variable que parece no ajustarse en la misma dirección es el salario.

El Gobierno nacional confirmó que solicitó al Banco Mundial la cancelación del crédito de 600 millones de dólares para la electrificación y modernización integral de la línea Belgrano Sur ya que no la consideran una obra prioritaria.

A pesar de la promesa de que “el ajuste lo paga la casta”, el Gobierno continúa aplicando recortes en áreas clave que afectan directamente a la población trabajadora. Esta vez, la Secretaría de Transporte canceló el crédito de 600 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para la electrificación de la línea Belgrano Sur, una de las más postergadas del sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y utilizada diariamente por miles de trabajadores.

La obra, que estaba prevista en el Plan de Modernización del Transporte, incluía la electrificación de la traza desde González Catán hasta la estación Sáenz, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Además, contemplaba la renovación de vías, la construcción de subestaciones eléctricas, la modernización de talleres, mejoras en señalamiento y la compra de nuevas formaciones eléctricas. El objetivo era reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad operativa y aumentar la capacidad del servicio.

Un ajuste que golpea la movilidad de los trabajadores

Desde el Ministerio de Economía justificaron la cancelación del crédito alegando que los fondos serán redestinados a programas de asistencia social. Sin embargo, la eliminación de este proyecto forma parte de un patrón más amplio de ajuste en la infraestructura ferroviaria, que también incluyó la cancelación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la electrificación del ferrocarril San Martín.

El recorte en el Belgrano Sur es especialmente crítico porque esta línea presta servicio en algunas de las zonas más postergadas del conurbano bonaerense, donde el acceso a un transporte eficiente y económico es fundamental para la movilidad de los sectores populares. Actualmente, la falta de electrificación obliga a utilizar formaciones diésel, más lentas, costosas y contaminantes, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio y en la economía cotidiana de los usuarios.

Tensión creciente con los gremios ferroviarios

El ajuste en el sector ferroviario se da en un contexto de creciente tensión con los sindicatos del sector. En los últimos meses, los gremios ferroviarios han advertido sobre la falta de inversión en infraestructura, el deterioro de las condiciones laborales y la posibilidad de despidos en el sector.

La cancelación de obras estratégicas refuerza el malestar entre los trabajadores del ferrocarril, que han llevado adelante medidas de fuerza en rechazo a las políticas de ajuste. A su vez, la falta de modernización del sistema impacta en los usuarios, que enfrentan viajes más largos, servicios con mayor riesgo de interrupciones y una infraestructura cada vez más deteriorada.

Mientras el Gobierno sostiene el discurso de que “el ajuste lo paga la casta”, las decisiones económicas siguen afectando directamente a los trabajadores y a sectores esenciales de la vida cotidiana, como el transporte público.

La cooperativa láctea SanCor y la gigante de la industria avícola, Granja Tres Arroyos, se sumaron a la larga lista de empresas que iniciaron este 2025 con despidos. En el caso de la firma láctea, hasta el momento mandó alrededor de 350 telegramas, mientras que la compañía avícola desvinculó a cerca de 70 trabajadores solo en las últimas horas.

El directorio de SanCor inició un plan de “reestructuración” en el que decidió despedir a cientos de trabajadores que estaban bajo el régimen de “jornada libre”, es decir que no trabajaban a tiempo completo o que ni siquiera tenían tareas asignadas.

“Por las razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la compañía, que son de público conocimiento, prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha (Art. 247 LCT) indemnizaciones, liquidación final y certificados de trabajo – CFR Art. 247 a su disposición en términos de ley – Conste”, reza el telegrama que recibieron alrededor de 350 trabajadores de la empresa láctea que en las próximos días ejecutaría más despidos.

Actualmente la compañía tiene cinco plantas productivas pero solo tres están operativas, aunque trabajando al mínimo de su capacidad. Su directorio busca con urgencia sumar a un inversor pero lo cierto es que el escenario está cada vez más complicado para la empresa que llegó a ser una de las líderes nacionales en el negocio lácteo.

Mientras tanto, en Granja Tres Arroyos, la principal firma avícola de Argentina que opera ocho plantas de producción y faena alrededor de 700.000 pollos por día, con una facturación anual estimada en USD 1.300 millones, también hablan de crisis y buscan  reducir su plantel laboral.

Con esa premisa en mente, en diciembre del año pasado la empresa solicitó ante la secretaria de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Alegaron que el cierre del mercado chino para la exportación de sus productos complicó toda su operatoria. En aquel entonces ya había cerrado una de sus plantas de producción localizada en Tristán Suárez y solo una parte de sus trabajadores había sido relocalizada.

Esta semana las malas noticias llegaron en forma de telegrama de despido a sus trabajadores de su planta localizada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Según indicaron desde el gremio de la alimentación, la empresa desvinculó a más de 70 trabajadores y por estas horas se especula con la posibilidad de que esa cifra siga creciendo. En este marco, desde el gremio piden la inmediata reincorporación de todos los despedidos.

Eduardo Serenellini renunció como Secretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Javier Milei, sumándose a una serie de salidas en el Ejecutivo, que refleja la creciente inestabilidad en la Casa Rosada.

Este martes, Eduardo Serenellini presentó su renuncia como Secretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Javier Milei. A través de su cuenta de X, el ahora exfuncionario expresó: “Por razones personales, he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Prensa de la Nación al Presidente”. Agradeció la confianza brindada y destacó que conserva “una gran amistad” con el mandatario, sugiriendo una salida pacífica en contraste con otras salidas más turbulentas de la gestión libertaria durante estos casi 14 meses en el poder.

Esta renuncia se suma a una serie de despidos y salidas voluntarias dentro del gobierno de Milei, reflejando una preocupante inestabilidad en la Casa Rosada.

Serenellini nunca contó con el apoyo de Manuel Adorni ni de Karina Milei. De hecho, había sido objeto de fuertes críticas por decisiones que tomó durante su gestión, y solo Javier Milei le brindó respaldo en todo momento.

Con su salida, Serenellini se convierte en el tercer funcionario en dejar el gobierno en lo que va de 2025. Por el momento, no hay nombres concretos para su reemplazo, y no se descarta que el área sea asumida por el vocero presidencial.

Despido de Rodolfo Barra: una nueva muestra de ajuste en el gobierno

Otro cambio relevante ocurrió hace apenas cuatro días con el despido de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro. A pesar de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó enmascarar esta salida como una “renuncia”, Manuel Adorni, vocero presidencial, aclaró en redes sociales que “el Gobierno le pidió la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra”. Esto dejó en claro que no se trató de una salida voluntaria por parte de Barra.

La decisión de desplazarlo está vinculada a un dictamen favorable a la demanda de una empleada que recibía un incentivo salarial a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta postura fue respaldada por Barra y consideraba la solicitud judicial en contra de la administración pública.

Aunque en un principio el gobierno libertario había optado por esperar que Barra presentara su renuncia debido al creciente malestar, finalmente optaron por despedirlo, mostrando la creciente tensión dentro de la gestión de Javier Milei.

El presidente continúa con su ataque a la comunidad LGBT+ en las redes. Ahora, replicó un video con contenido pedófilo. IMÁGENES SENSIBLES.

El presidente Javier Milei desató una nueva polémica al compartir en su cuenta de X (ex Twitter) un video que muestra a un hombre desnudo en presencia de menores de edad en una galería de arte en Brasil. El material, publicado inicialmente por la cuenta “Agarra la Pala”, fue retirado tras el escándalo, pero no antes de ser replicado por el mandatario con el mensaje: “Esto es ideología de género”. La publicación provocó una avalancha de críticas por la gravedad del contenido y el sesgo con el que fue compartido.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y referentes del colectivo LGBT+ condenaron enérgicamente la acción de Milei. “El Presidente acaba de avalar la difusión de un contenido explícitamente repudiable para justificar su discurso de odio contra la diversidad”, señaló un activista de la Federación Argentina LGBT+.

Este no es el primer episodio en el que el libertario utiliza la figura de la “ideología de género” como su blanco favorito. Durante el Foro de Davos, calificó al movimiento LGBT+ como “abusadores de niños” y acusó a las políticas de género de ser una “forma de pedofilia institucionalizada”.

El video, que debería haber sido inmediatamente denunciado por su contenido explícito, fue en cambio utilizado por Milei para reafirmar su discurso contra las disidencias. “Si un Presidente considera que la forma de gobernar es criminalizar y demonizar a quienes piensan distinto, estamos en presencia de un mandato peligroso y violento”, agregó un referente de Amnistía Internacional.

Amenazas a derechos conquistados

Desde que asumió la presidencia, Milei ha buscado avanzar con una serie de medidas que afectan directamente a la comunidad LGBT+. Entre ellas, la eliminación de la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans y la figura del femicidio del Código Penal. Las intenciones del mandatario han encendido las alarmas en múltiples organizaciones que defienden la igualdad y la diversidad en el país.

El uso de contenidos pedófilos para justificar su postura política representa un límite ético que Milei ha decidido cruzar sin titubeos. Frente a esta situación, distintos actores políticos y sociales están exigiendo que el Presidente dé explicaciones y que se abra una investigación sobre la difusión de este tipo de videos desde la cuenta oficial de un mandatario.

El debut de la baja temporal de las retenciones dejó sabor a poco al gobierno nacional, que está desesperado por dólares. El Banco Central apenas pudo comprar USD 36 millones y prácticamente no sumó reservas, que siguen por debajo del piso psicológico de los 30 mil millones. Están en el mismo nivel que cuando gobernaba Alberto Fernández.

La jugada desesperada del ministro de Economía, Luis Caputo, de bajar las retenciones por seis meses para que los productores anticipen la liquidación de la próxima cosecha encuentra resistencia entre los productores por su costo financiero.

El campo no se ve muy seducido por una movida que no tiene grandes incentivos. A saber: si los productores liquidan con anticipación se pueden perder el premio mayor, si finalmente el gobierno nacional termina devaluando.

Los libertarios saben que entraron en un terreno complicado porque el anuncio de un nuevo dólar soja fue un reconocimiento implícito a que el dólar está atrasado. Por ende: ¿se viene una devaluación?

Miente, miente, que algo quedará. El nuevo relato del gobierno de Javier Milei, mientras ve cómo hace para que el dólar ultrabarato se sostenga, es el acuerdo “de libre comercio con Estados Unidos”.

Más allá de las implicancias económicas de un acuerdo así, algo hay bien claro: es de imposible realización.

En primer lugar, porque el Mercosur no lo permite y eso implicaría salirse de ese espacio sudamericano.

Pero si Milei querría avanzar en una lógica así, se chocaría con el principal impedimento. Esto es: en Estados Unidos, los acuerdos de libre comercio deben ser aprobados por ambas cámaras del Congreso, con mayorías absolutas. Algo que es imposible de realizar.

El imperdible “show” de Bullrich en Salta: ahora dice que colocará 200 metros de alambre para “cuidar a los argentinos”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la instalación de un insólito cerco de apenas 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, Salta, calificándolo como una acción clave para frenar la entrada de cocaína al país. Según la funcionaria, este paso fronterizo es el “punto más álgido de entrada de cocaína”, y el alambrado busca “taponar la zona”. Sin embargo, la medida parece responder más un espectáculo mediático que una estrategia seria y completa para combatir el narcotráfico en una de las fronteras más extensas y porosas del mundo.

Bullrich destacó la presencia de fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería, además de la colaboración con la provincia de Salta y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Incluso utilizó términos como “el ladrón cuidando a las gallinas” para dramatizar la situación, en referencia a presuntas complicidades locales. No obstante, su discurso omite una visión integral del problema, enfocándose en soluciones simbólicas y de bajo impacto en lugar de abordar las verdaderas raíces del narcotráfico.

Blanqueos de capitales: ¿Aliados del crimen organizado?

Mientras Bullrich promociona la instalación del cerco como un hito en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Javier Milei avanza con una controvertida medida que podría beneficiar indirectamente al crimen organizado: la destrucción de datos de 300.000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19.000 millones de dólares. Según especialistas, esta acción debilita los controles contra el lavado de dinero, facilitando que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero sin supervisión adecuada entre ellos los del narcotráfico que la ministra dice querer combatir.

El economista Sebastián Domínguez y el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez han criticado duramente la medida, alertando sobre su impacto negativo en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. En este contexto, la narrativa de Bullrich contra el crimen organizado pierde credibilidad al no cuestionar las políticas financieras que generan condiciones favorables para el blanqueo de dinero ilegal.

El caso de las SAS: otra omisión conveniente

Una de las herramientas que ha facilitado el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales fue la creación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich encabezaba el Ministerio de Seguridad. Estas figuras jurídicas, diseñadas para simplificar trámites empresariales, fueron aprovechadas por bandas como “Los Monos” para lavar más de 12.000 millones de pesos, según informes de la Inspección General de Justicia.

Lejos de abordar este antecedente, Bullrich elige centrarse en medidas visibles pero ineficaces, como un alambrado de 200 metros o la militarización de zonas urbanas donde de paso alimenta el negocio de la compra de armas y equipos de seguridad a muy allegados socios israelíes. Estas acciones parecen responder más a un intento de emular en lo escénico modelos de seguridad como el de Bukele en El Salvador o Trump en EEUU, sin una verdadera intención de resolver los problemas estructurales que sostienen al narcotráfico, como el lavado de dinero y las redes financieras que lo hacen rentable.

Las medidas de Bullrich no son más que una puesta en escena, diseñada para generar impacto mediático sin atacar los pilares económicos y políticos del narcotráfico. Mientras se enfoca en construir cercos simbólicos y promover operativos para las cámaras, se evitan discusiones de fondo sobre las políticas fiscales y económicas que fortalecen al crimen organizado. Lejos de ser una lucha genuina contra el narcotráfico, la estrategia de Bullrich evidencia una preocupante desconexión entre el discurso y la realidad.