El complejo agroexportador obtuvo ganancias por 4900%. Mientras el plato de guiso para los sectores populares se incrementó en 151% en los últimos diez meses.

Pese a la caída del consumo en supermercados, los oligopolios agroexportadores y las grandes empresas alimentarias han sido los grandes beneficiarios del modelo económico impulsado por el gobierno libertario. Según el informe “Rascar la olla”, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el CELS, las empresas del sector alimentario incrementaron sus ganancias en un 1.300%, mientras que el complejo agroexportador obtuvo márgenes de hasta el 4.900% en apenas unos meses.

El análisis expone el desmantelamiento de políticas agroalimentarias durante el gobierno de Javier Milei, detallando cómo una serie de reformas y eliminaciones de programas públicos han reforzado el poder de los grupos económicos concentrados. En este contexto, mientras el consumo de alimentos en supermercados cayó un 16%, los precios de productos básicos se dispararon. Un plato de guiso, por ejemplo, aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, resultando cada vez menos accesible para la población, especialmente para quienes dependen de salarios mínimos o jubilaciones.

El informe, elaborado entre noviembre de 2023 y julio de 2024 por especialistas del IGEO-UBA, divide su análisis en tres ejes: producción, acceso y apoyo gubernamental. En estos temas, destaca cómo el modelo económico actual ha impulsado la concentración del sistema agroalimentario, eliminando programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y debilitando la asistencia alimentaria. Esto se ejemplifica con la cancelación de programas como Pro Huerta, que había sido una fuente clave de apoyo técnico y financiero para la producción de alimentos comunitarios durante más de tres décadas.

En paralelo, el gobierno ha creado nuevas políticas que benefician a las grandes corporaciones y limitan el desarrollo de la producción local. Estas medidas incluyen la autorización de eventos transgénicos en soja y maíz, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y la prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como cambio climático y sustentabilidad. A su vez, se eliminaron regulaciones importantes para productores medianos y pequeños, tales como el gravamen a productos de vaca y lácteos, y leyes orientadas a la vitivinicultura y la olivicultura, entre otras.

El ajuste impactó en la posibilidad de alimentarse bien.

Con un salario o una jubilación mínimas, es posible preparar casi un tercio menos de porciones de guiso que en noviembre pasado. pic.twitter.com/4ZN2gEioGq

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Con estos cambios, la participación de los pequeños productores en el precio final se ha reducido drásticamente, mientras que el aumento de precios al consumidor ha sido del 111% en promedio. Sin embargo, este ajuste ha sido insuficiente para proteger a los sectores más vulnerables, ya que el crecimiento de la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024 refleja que los refuerzos presupuestarios para políticas asistenciales como AUH y AUE han tenido un impacto limitado.

Quienes trabajan en comedores o merenderos comunitarios enfrentan cada vez más obstáculos para brindar alimentos. pic.twitter.com/vbuRkj7bJP

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Como resultado, el desmantelamiento de políticas alimentarias y de apoyo ha afectado directamente a comedores y huertas comunitarias, que ahora enfrentan dificultades para mantener la calidad y cantidad de alimentos que ofrecen. Con una menor asistencia técnica y falta de insumos como semillas, estos espacios ven amenazada su capacidad de sostener el tejido social y enfrentar la crisis alimentaria.

Desde sus redes sociales, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien acusó de “armar una bicicleta financiera” para beneficiar a sus amigos.

“Qué hermosa bicicleta financiera están armando. Cómo ganan y qué felices están los amigos de Toto, el ministro”, lanzó la ex diputada nacional.

Del mismo modo, apuntó contra el vocero presidencial: “Que Adorni explique en su rol de comunicador social de buenas noticias para que todos los argentinos entren en el juego de unos pocos. Así todos somos felices y comemos perdices”.

Los sindicatos agrupados en la Mesa Nacional de Transporte llamaron a una huelga para el miércoles 30 de octubre, pero desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que nuclea a los trabajadores de los colectivos avisaron que no adhieren y realizan otro paro el jueves 31. Es la respuesta al ajuste sin fin del gobierno de Javier Milei.

Los sindicatos reunidos en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezados por Pablo Moyano, habían llamado a una huelga para este miércoles contra “el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”.

Por su parte, la UTA se encuentra en discusión salarial con las empresas de colectivos que no llegaron a buen puerto y decidieron avanzar en una medida de fuerza que buscaron que no concuerde con la del miércoles para no acompañar los reclamos contra el Gobierno Nacional.

El 30 de octubre, de esta manera, paran camiones, subtes, taxis, trenes, aviones y barcos. Los colectivos funcionarán normalmente este miércoles. El jueves, a menos que haya una modificación en la medida de fuerza, no habrá colectivos en el AMBA.

La medida de fuerza es en reclamo de mejoras salariales.

Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió convocar a un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el jueves 31 de octubre, luego de que fracasaran las negociaciones salariales con las cámaras empresarias. Esta medida, que llega un día después del paro nacional del transporte decretado por la Mesa Nacional del Transporte, paralizará los colectivos en la región, mientras que el miércoles 30 afectará a trenes, subtes y otros servicios.

La medida busca exigir un aumento salarial adicional del 25% con retroactividad a agosto, ante la pérdida de ingresos por reducción de frecuencias y horas extra en el sector. El sindicato, encabezado por Roberto Fernández, manifestó en un comunicado: “Nuestra única intención es la dignidad de nuestros afiliados y sus familias”.

La Mesa Nacional del Transporte también anunció la adhesión de otros gremios para el paro del 30, afectando trenes, subtes, aviones, puertos y servicios de recolección de basura, lo que prevé un impacto significativo en la semana laboral del AMBA.

Denunció que mientras se dirigía a la emisora de radio donde conduce su programa, el auto en el que viajaba junto a otras dos personas recibió 14 disparos.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales denunció hoy que el vehículo en que se trasladaba recibió 14 disparos. Su chofer fue el único herido y por el momento no hay detenidos. En un comunicado oficial del Movimiento al Socialismo (MAS) responsabilizaron al Gobierno de Luis Arce del ataque.

Morales denunció que mientras se dirigía a la emisora de radio donde conduce su programa, el auto en el que viajaba junto a otras dos personas recibió 14 disparos.

El exmandatario detalló a la radio Kawsachun Coca que la persecución a su vehículo y el posterior ataque se dio alrededor de las 6:30 (hora boliviana), a la altura de la localidad de Villa Tunari y Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. En las imágenes que trascendieron se escucha a una mujer que viajaba en el asiento trasero del auto decir: “Están aquí, nos están disparando. Agáchate Presi, agáchate”.

Luego, el dirigente que hablaba por teléfono, agrega: “Nos están disparando, rápido movilicen. Al carro, le metieron bala a la llanta y se quedó en camino”. Se estima que los atacantes eran alrededor de 6 y que escaparon en helicóptero. El único herido fue el conductor del vehículo.

Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, advierte por la sostenibilidad de un esquema que convalida una tasa de interés del 4% con un crawling peg corriendo al 2%. “El comportamiento de generar ganancias rápido y salir por no saber qué va a pasar no es sostenible ni para los propios inversores”, aseguró en diálogo con Ámbito.

De todos modos, señala también que el Gobierno “puede controlarlo de alguna manera” en tanto no suba la tasa de interés, pero eso podría cambiar si comenzará a desarmar las regulaciones cambiarias. “El carry trade, con una tasa anual del 27% en dólares, es una suerte de esquema Ponzi”, ironizó.

Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, advierte por la sostenibilidad de un esquema que convalida una tasa de interés del 4% con un crawling peg corriendo al 2%. “El comportamiento de generar ganancias rápido y salir por no saber qué va a pasar no es sostenible ni para los propios inversores”, asegura en diálogo con Ámbito.

De todos modos, señala también que el Gobierno “puede controlarlo de alguna manera” en tanto no suba la tasa de interés, pero eso podría cambiar si comenzará a desarmar las regulaciones cambiarias.

Guillermo Francos insistió con la modificación del sistema electoral, pero aceptó que a La Libertad Avanza no le dan los números para llevar el debate al recinto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que, a pesar de las intenciones del gobierno de eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), no cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso para avanzar en esa dirección. En declaraciones radiales, Francos señaló que el oficialismo enfrenta una fuerte resistencia legislativa, ya que la mayoría de los legisladores no comparte la idea de eliminar las elecciones primarias. Esto ha puesto un freno a la propuesta del gobierno de Javier Milei, que esperaba simplificar el proceso electoral y reducir costos.

Las PASO, implementadas en 2009 con el propósito de democratizar la selección de candidatos y ordenar la oferta electoral, han sido objeto de debate en los últimos años. Algunos sectores cuestionan su efectividad y consideran que han perdido su propósito original, mientras que otros defienden su importancia para garantizar la participación ciudadana en las internas partidarias. Ante esta división de posturas, el gobierno se encuentra sin los votos necesarios para realizar la reforma en el corto plazo.

Francos sugirió que, debido a esta falta de apoyo, el gobierno podría esperar un cambio en la composición del Congreso tras las elecciones de 2025, con la expectativa de que una nueva configuración parlamentaria permita avanzar no sólo en la eliminación de las PASO, sino también en otras reformas políticas que están en la agenda oficial. “Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión; veo difícil que podamos llegar a un entendimiento en este tema”, reconoció el jefe de Gabinete. Hasta ahora, la fecha de las próximas elecciones está prevista para agosto, sin modificaciones en el sistema vigente.

La asamblea Interfacultades celebrada en Plaza de Mayo resolvió convocar a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

Centros de estudiantes y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizaron una Asamblea Interfacultades en Plaza de Mayo, en la que decidieron intensificar las medidas de fuerza ante el aumento de la conflictividad con el gobierno. Como parte de estas resoluciones, convocaron a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

La Asamblea, realizada este sábado en Plaza de Mayo, reunió a representantes de estas universidades para analizar acciones frente a la crisis generada por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, así como ante su insistencia en implementar auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las universidades. Las decisiones tomadas reflejan el descontento creciente en el ámbito académico y denuncian un ambiente de persecución ideológica por parte del gobierno.

El secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (CeFyL), Luca Bonfante, informó en su cuenta de X (ex Twitter) que la Asamblea aprobó organizar un corte en las universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el viernes 1° de noviembre en el Obelisco, seguido de una movilización a Plaza de Mayo y una marcha a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde exigirán la convocatoria a un paro nacional el mismo día de la Marcha Federal Universitaria.

En cuanto a la organización de la Marcha Federal, la Asamblea acordó reunirse el martes 5 de noviembre a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para coordinar la participación de centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país.

Además, como parte del plan de lucha, se acordó llevar a cabo tomas y permanencias en las facultades de distintas universidades entre el 28 y el 30 de octubre, junto con clases públicas en las instituciones superiores del AMBA hasta el final del cuatrimestre, en un esfuerzo por visibilizar el deterioro en el financiamiento de la educación y rechazar la interferencia ideológica del gobierno en las universidades.

El aumento estuvo impulsado por subas en frutas, lácteos, huevo, bebidas e infusiones.

Un fuerte repunte en los precios de los alimentos durante la última semana de octubre ha complicado aún más las perspectivas del gobierno en su lucha contra la inflación. Un informe privado muestra que el costo de los alimentos se disparó un 1,7% entre el jueves 17 y el miércoles 23, la mayor suba semanal desde julio. Este salto estuvo liderado por aumentos en frutas (5,7%), lácteos y huevos (4,6%), y bebidas e infusiones (4,2%), lo que ha elevado el promedio mensual de aumento en alimentos a 2,3% y la variación de “punta a punta” en las últimas cuatro semanas al 3,3%.

Hasta la tercera semana de octubre, los precios de alimentos incluso mostraban una ligera deflación de 0,1%, alentando la esperanza de que la inflación mensual podría cerrar por debajo del 3%. Sin embargo, los datos de la cuarta semana de octubre de la consultora LCG indican una aceleración inesperada. Otras consultoras han registrado incrementos también: Orlando Ferreres encontró una variación de 2,1% en las primeras tres semanas del mes; PriceStats reportó una inflación acumulada del 2,36% al 20 de octubre, la más baja en tres años; y Eco GO estimó una suba del 3,2% en alimentos en la tercera semana, proyectando un cierre mensual en torno al 3%.

Este aumento de precios en los alimentos se produce en un contexto de inflación alta, afectando tanto los costos de vida como la capacidad del gobierno para cumplir sus metas de estabilización económica.

“Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico” denunció el comunicado de la casa de estudios.

El gobierno nacional ha planteado una serie de medidas bajo el argumento de promover accountability y rendición de cuentas en instituciones públicas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, en lugar de una genuina supervisión de la transparencia y eficiencia de sus funciones, la UBA y diversos sectores académicos perciben que estas medidas esconden la intención de ejercer un control político sobre la universidad, con el objetivo de disciplinar y condicionar su autonomía recurriendo incluso a la asfixia económica. Este conflicto pone en tensión los principios fundamentales de la autonomía universitaria y la libertad académica, claves para la independencia de la institución.

El contexto de las auditorías de la SIGEN

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de auditoría dependiente del Poder Ejecutivo, ha sido designada para realizar auditorías sobre el funcionamiento de la UBA, justificando su actuación en la supuesta necesidad de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. No obstante, la UBA señala que este organismo no posee competencias sobre las universidades nacionales, dado que, por ley, estas instituciones tienen autonomía administrativa y académica, consagrada en la Constitución Nacional. Tradicionalmente, la supervisión de estas entidades corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que se encuentra bajo la órbita del Congreso Nacional y no depende del Poder Ejecutivo. La AGN además es un organismo de mayor pluralidad en su composición y no esta subordinada a ningún poder ni funcionario, siendo un organismo auxiliar del Congreso Nacional, lo que le brinda mayor garantía de transparencia en relación con la SIGEN que depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y por lo tanto sus procedimientos podrían estar viciados o tener cierto sesgo político.

Los riesgos para la autonomía universitaria

La universidad argumenta que el verdadero propósito detrás de estas medidas es avanzar hacia una intervención encubierta, limitando su autonomía y estableciendo un modelo de control que pueda ser utilizado para influir en decisiones académicas y administrativas. En este sentido, el gobierno podría tener la capacidad de intervenir en los planes de estudio, proyectos de investigación, y en la selección de personal docente o administrativo, socavando la independencia de la universidad para tomar decisiones en base a criterios exclusivamente académicos.

SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.

Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.

Leé la solicitada ⬇️ pic.twitter.com/JP24DOgM46

— UBAonline (@UBAonline) October 26, 2024

La UBA expresa su preocupación por las repercusiones que esta intervención podría tener en términos de libertad de cátedra y en la formación de pensamiento crítico. El riesgo de que el gobierno busque imponer una línea ideológica específica sobre los contenidos académicos y las actividades de investigación significaría una seria amenaza para el carácter plural y autónomo de la universidad. Esta situación pondría en peligro la misión de la universidad pública, al transformar sus funciones en herramientas al servicio de intereses políticos y partidarios de corto plazo.

Respuesta de la Universidad de Buenos Aires

La UBA ha manifestado públicamente su rechazo a estas medidas, afirmando que la autonomía universitaria no solo es un principio constitucional sino también una condición fundamental para garantizar que la educación superior cumpla su función social de manera libre y sin interferencias. En su comunicado, la universidad remarcó que ya cuenta con mecanismos de auditoría y control externos a través de la AGN y con auditorías privadas que garantizan la rendición de cuentas, sin necesidad de la intervención de la SIGEN que responde al partido gobernante de turno.

Además, la universidad anunció que llevará este conflicto a los tribunales, solicitando que la Justicia defina con claridad las competencias de la SIGEN y reitere la autonomía de las universidades nacionales, así como los límites del Poder Ejecutivo para intervenir en estas instituciones. La UBA sostiene que cualquier intento de modificar esta autonomía vulneraría derechos constitucionales y afectaría la misión educativa de la universidad, que se basa en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad social.

Una amenaza para la educación pública

En un contexto donde la universidad pública enfrenta desafíos en términos de financiamiento y accesibilidad, la UBA advierte que la intervención política y el control excesivo por parte del gobierno podrían conducir a un debilitamiento de la educación pública. La universidad pública en Argentina ha sido un pilar fundamental en la construcción de igualdad de oportunidades, y la UBA representa un símbolo de inclusión, calidad académica y desarrollo social, además de posicionar al país a nivel internacional en ámbitos de prestigio. Cualquier intento de intervenir en su funcionamiento, advierten desde la UBA, pone en riesgo la capacidad de la universidad para mantener sus estándares de calidad y su compromiso con el acceso gratuito y masivo a la educación superior.

Conclusión

El conflicto entre la UBA y el gobierno nacional refleja una tensión más amplia entre los principios de autonomía académica y los intentos de control político sobre instituciones educativas. La UBA considera que el uso de argumentos de rendición de cuentas y transparencia, aunque legítimos en su sentido general, está siendo utilizado en este caso como un pretexto para condicionar y disciplinar a la universidad, amenazando con transformar la educación pública en un instrumento del poder político. En un contexto donde la independencia universitaria es fundamental para la construcción de un pensamiento crítico y plural, la UBA advierte sobre los peligros de esta medida y llama a la sociedad a defender los principios de autonomía y libertad académica como garantía de una educación pública verdaderamente libre.