Comienza a registrarse un aumento en la cantidad de personas que, ante la imposibilidad de afrontar los costos de pagar un alquiler, recurren a geriátricos estatales.

La crisis económica actual y las políticas de ajuste del gobierno están llevando a los jubilados a situaciones de extrema vulnerabilidad. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, el porcentaje de adultos mayores que deben alquilar se ha duplicado en los últimos 20 años. Ante los elevados costos de los alquileres, muchos se ven obligados a recurrir a geriátricos estatales, al no poder cubrir los gastos de una vivienda independiente.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, advirtió sobre la creciente cantidad de jubilados que, sin problemas de salud, terminan internados en hogares públicos debido a la falta de medios económicos para sostener una vida autónoma. “En los hogares públicos hay mucha gente que termina internada porque no puede sostener su vida. Son, entre comillas, “enfermos sociales” que no pueden mantenerse económicamente”, explicó.

El alquiler representa actualmente el 22% de la canasta de un jubilado, que según la Defensoría ronda los $912.584, mientras que la jubilación mínima, con el bono incluido, asciende apenas a $314.320. Esta cifra apenas cubre los costos de una pensión básica, que hoy supera los $200.000 al mes. Ante esta situación, los adultos mayores se ven atrapados entre el pago de la vivienda o la cobertura de otras necesidades esenciales como alimentación y medicamentos.

El informe de Tejido Urbano muestra que, en el primer trimestre de 2024, más de 359 mil adultos mayores alquilaban, lo que representa el 7,2% de esta población y un fenómeno alarmante de “inquilinización” de la tercera edad. Además, destaca que el 51,3% de los adultos mayores vive solo o con su cónyuge, y entre ellos predomina la “feminización de la soledad”, ya que el 57,4% son mujeres.

La posible finalización de la moratoria previsional, según los cálculos presupuestarios del gobierno para 2025, afectaría especialmente a las mujeres mayores, quienes han tenido menos oportunidades laborales y, en su mayoría, debieron recurrir a la moratoria para obtener una jubilación. De hecho, el 40,5% de los adultos mayores que viven solos se encuentra en el decil más bajo de ingresos, lo que refleja una situación económica sumamente frágil.

A esto se suma que el bono compensatorio, congelado desde marzo, está perdiendo valor frente a la inflación. En términos reales, la última actualización apenas alcanzó un 1,2%, mientras que la inflación interanual supera el 100%. Esto implica que, de marzo a octubre, el complemento ha disminuido como proporción del haber mínimo, pasando del 34% al 22,2%.

Tejido Urbano también advierte que el alto costo de los alquileres y de los servicios básicos plantea serios interrogantes sobre el tipo de vivienda a la que pueden acceder los jubilados y sobre la posibilidad de cubrir otras necesidades después de pagar el alquiler. Incluso para aquellos que son propietarios, las expensas aumentaron un 133% en el último año, superando por 30 puntos porcentuales la inflación acumulada. Esta realidad obliga a cada vez más jubilados propietarios a recurrir a comedores comunitarios, ya que deben decidir entre mantener el inmueble o cubrir sus necesidades alimentarias.

Los programas de subsidio, como “Vivir en Casa” del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco logran compensar la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. El monto máximo de estos subsidios, de $60.000, resulta insuficiente frente a los costos de vida actuales. Como señala Semino, “los únicos programas efectivos que se mantienen son los que se arman desde la comunidad”, en un esfuerzo de organizaciones civiles para cubrir las necesidades de los adultos mayores.

La Asociación Civil Años – Espacio Gerontovida, fundada por Semino, ha impulsado proyectos comunitarios en el interior del país, donde voluntarios logran restaurar y mantener hogares comunitarios para los jubilados más vulnerables. Sin embargo, la situación de los “pueblos chicos, que se van transformando en pueblos de viejos”, refleja una realidad alarmante para los jubilados que quedan solos, dependiendo únicamente de la jubilación mínima para sobrevivir en condiciones cada vez más precarias.

El complejo agroexportador obtuvo ganancias por 4900%. Mientras el plato de guiso para los sectores populares se incrementó en 151% en los últimos diez meses.

Pese a la caída del consumo en supermercados, los oligopolios agroexportadores y las grandes empresas alimentarias han sido los grandes beneficiarios del modelo económico impulsado por el gobierno libertario. Según el informe “Rascar la olla”, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el CELS, las empresas del sector alimentario incrementaron sus ganancias en un 1.300%, mientras que el complejo agroexportador obtuvo márgenes de hasta el 4.900% en apenas unos meses.

El análisis expone el desmantelamiento de políticas agroalimentarias durante el gobierno de Javier Milei, detallando cómo una serie de reformas y eliminaciones de programas públicos han reforzado el poder de los grupos económicos concentrados. En este contexto, mientras el consumo de alimentos en supermercados cayó un 16%, los precios de productos básicos se dispararon. Un plato de guiso, por ejemplo, aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, resultando cada vez menos accesible para la población, especialmente para quienes dependen de salarios mínimos o jubilaciones.

El informe, elaborado entre noviembre de 2023 y julio de 2024 por especialistas del IGEO-UBA, divide su análisis en tres ejes: producción, acceso y apoyo gubernamental. En estos temas, destaca cómo el modelo económico actual ha impulsado la concentración del sistema agroalimentario, eliminando programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y debilitando la asistencia alimentaria. Esto se ejemplifica con la cancelación de programas como Pro Huerta, que había sido una fuente clave de apoyo técnico y financiero para la producción de alimentos comunitarios durante más de tres décadas.

En paralelo, el gobierno ha creado nuevas políticas que benefician a las grandes corporaciones y limitan el desarrollo de la producción local. Estas medidas incluyen la autorización de eventos transgénicos en soja y maíz, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y la prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como cambio climático y sustentabilidad. A su vez, se eliminaron regulaciones importantes para productores medianos y pequeños, tales como el gravamen a productos de vaca y lácteos, y leyes orientadas a la vitivinicultura y la olivicultura, entre otras.

El ajuste impactó en la posibilidad de alimentarse bien.

Con un salario o una jubilación mínimas, es posible preparar casi un tercio menos de porciones de guiso que en noviembre pasado. pic.twitter.com/4ZN2gEioGq

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Con estos cambios, la participación de los pequeños productores en el precio final se ha reducido drásticamente, mientras que el aumento de precios al consumidor ha sido del 111% en promedio. Sin embargo, este ajuste ha sido insuficiente para proteger a los sectores más vulnerables, ya que el crecimiento de la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024 refleja que los refuerzos presupuestarios para políticas asistenciales como AUH y AUE han tenido un impacto limitado.

Quienes trabajan en comedores o merenderos comunitarios enfrentan cada vez más obstáculos para brindar alimentos. pic.twitter.com/vbuRkj7bJP

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Como resultado, el desmantelamiento de políticas alimentarias y de apoyo ha afectado directamente a comedores y huertas comunitarias, que ahora enfrentan dificultades para mantener la calidad y cantidad de alimentos que ofrecen. Con una menor asistencia técnica y falta de insumos como semillas, estos espacios ven amenazada su capacidad de sostener el tejido social y enfrentar la crisis alimentaria.

Desde sus redes sociales, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien acusó de “armar una bicicleta financiera” para beneficiar a sus amigos.

“Qué hermosa bicicleta financiera están armando. Cómo ganan y qué felices están los amigos de Toto, el ministro”, lanzó la ex diputada nacional.

Del mismo modo, apuntó contra el vocero presidencial: “Que Adorni explique en su rol de comunicador social de buenas noticias para que todos los argentinos entren en el juego de unos pocos. Así todos somos felices y comemos perdices”.

Los sindicatos agrupados en la Mesa Nacional de Transporte llamaron a una huelga para el miércoles 30 de octubre, pero desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que nuclea a los trabajadores de los colectivos avisaron que no adhieren y realizan otro paro el jueves 31. Es la respuesta al ajuste sin fin del gobierno de Javier Milei.

Los sindicatos reunidos en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezados por Pablo Moyano, habían llamado a una huelga para este miércoles contra “el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”.

Por su parte, la UTA se encuentra en discusión salarial con las empresas de colectivos que no llegaron a buen puerto y decidieron avanzar en una medida de fuerza que buscaron que no concuerde con la del miércoles para no acompañar los reclamos contra el Gobierno Nacional.

El 30 de octubre, de esta manera, paran camiones, subtes, taxis, trenes, aviones y barcos. Los colectivos funcionarán normalmente este miércoles. El jueves, a menos que haya una modificación en la medida de fuerza, no habrá colectivos en el AMBA.

La medida de fuerza es en reclamo de mejoras salariales.

Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió convocar a un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el jueves 31 de octubre, luego de que fracasaran las negociaciones salariales con las cámaras empresarias. Esta medida, que llega un día después del paro nacional del transporte decretado por la Mesa Nacional del Transporte, paralizará los colectivos en la región, mientras que el miércoles 30 afectará a trenes, subtes y otros servicios.

La medida busca exigir un aumento salarial adicional del 25% con retroactividad a agosto, ante la pérdida de ingresos por reducción de frecuencias y horas extra en el sector. El sindicato, encabezado por Roberto Fernández, manifestó en un comunicado: “Nuestra única intención es la dignidad de nuestros afiliados y sus familias”.

La Mesa Nacional del Transporte también anunció la adhesión de otros gremios para el paro del 30, afectando trenes, subtes, aviones, puertos y servicios de recolección de basura, lo que prevé un impacto significativo en la semana laboral del AMBA.

Denunció que mientras se dirigía a la emisora de radio donde conduce su programa, el auto en el que viajaba junto a otras dos personas recibió 14 disparos.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales denunció hoy que el vehículo en que se trasladaba recibió 14 disparos. Su chofer fue el único herido y por el momento no hay detenidos. En un comunicado oficial del Movimiento al Socialismo (MAS) responsabilizaron al Gobierno de Luis Arce del ataque.

Morales denunció que mientras se dirigía a la emisora de radio donde conduce su programa, el auto en el que viajaba junto a otras dos personas recibió 14 disparos.

El exmandatario detalló a la radio Kawsachun Coca que la persecución a su vehículo y el posterior ataque se dio alrededor de las 6:30 (hora boliviana), a la altura de la localidad de Villa Tunari y Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. En las imágenes que trascendieron se escucha a una mujer que viajaba en el asiento trasero del auto decir: “Están aquí, nos están disparando. Agáchate Presi, agáchate”.

Luego, el dirigente que hablaba por teléfono, agrega: “Nos están disparando, rápido movilicen. Al carro, le metieron bala a la llanta y se quedó en camino”. Se estima que los atacantes eran alrededor de 6 y que escaparon en helicóptero. El único herido fue el conductor del vehículo.

Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, advierte por la sostenibilidad de un esquema que convalida una tasa de interés del 4% con un crawling peg corriendo al 2%. “El comportamiento de generar ganancias rápido y salir por no saber qué va a pasar no es sostenible ni para los propios inversores”, aseguró en diálogo con Ámbito.

De todos modos, señala también que el Gobierno “puede controlarlo de alguna manera” en tanto no suba la tasa de interés, pero eso podría cambiar si comenzará a desarmar las regulaciones cambiarias. “El carry trade, con una tasa anual del 27% en dólares, es una suerte de esquema Ponzi”, ironizó.

Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, advierte por la sostenibilidad de un esquema que convalida una tasa de interés del 4% con un crawling peg corriendo al 2%. “El comportamiento de generar ganancias rápido y salir por no saber qué va a pasar no es sostenible ni para los propios inversores”, asegura en diálogo con Ámbito.

De todos modos, señala también que el Gobierno “puede controlarlo de alguna manera” en tanto no suba la tasa de interés, pero eso podría cambiar si comenzará a desarmar las regulaciones cambiarias.

Guillermo Francos insistió con la modificación del sistema electoral, pero aceptó que a La Libertad Avanza no le dan los números para llevar el debate al recinto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que, a pesar de las intenciones del gobierno de eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), no cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso para avanzar en esa dirección. En declaraciones radiales, Francos señaló que el oficialismo enfrenta una fuerte resistencia legislativa, ya que la mayoría de los legisladores no comparte la idea de eliminar las elecciones primarias. Esto ha puesto un freno a la propuesta del gobierno de Javier Milei, que esperaba simplificar el proceso electoral y reducir costos.

Las PASO, implementadas en 2009 con el propósito de democratizar la selección de candidatos y ordenar la oferta electoral, han sido objeto de debate en los últimos años. Algunos sectores cuestionan su efectividad y consideran que han perdido su propósito original, mientras que otros defienden su importancia para garantizar la participación ciudadana en las internas partidarias. Ante esta división de posturas, el gobierno se encuentra sin los votos necesarios para realizar la reforma en el corto plazo.

Francos sugirió que, debido a esta falta de apoyo, el gobierno podría esperar un cambio en la composición del Congreso tras las elecciones de 2025, con la expectativa de que una nueva configuración parlamentaria permita avanzar no sólo en la eliminación de las PASO, sino también en otras reformas políticas que están en la agenda oficial. “Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión; veo difícil que podamos llegar a un entendimiento en este tema”, reconoció el jefe de Gabinete. Hasta ahora, la fecha de las próximas elecciones está prevista para agosto, sin modificaciones en el sistema vigente.

La asamblea Interfacultades celebrada en Plaza de Mayo resolvió convocar a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

Centros de estudiantes y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizaron una Asamblea Interfacultades en Plaza de Mayo, en la que decidieron intensificar las medidas de fuerza ante el aumento de la conflictividad con el gobierno. Como parte de estas resoluciones, convocaron a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

La Asamblea, realizada este sábado en Plaza de Mayo, reunió a representantes de estas universidades para analizar acciones frente a la crisis generada por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, así como ante su insistencia en implementar auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las universidades. Las decisiones tomadas reflejan el descontento creciente en el ámbito académico y denuncian un ambiente de persecución ideológica por parte del gobierno.

El secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (CeFyL), Luca Bonfante, informó en su cuenta de X (ex Twitter) que la Asamblea aprobó organizar un corte en las universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el viernes 1° de noviembre en el Obelisco, seguido de una movilización a Plaza de Mayo y una marcha a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde exigirán la convocatoria a un paro nacional el mismo día de la Marcha Federal Universitaria.

En cuanto a la organización de la Marcha Federal, la Asamblea acordó reunirse el martes 5 de noviembre a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para coordinar la participación de centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país.

Además, como parte del plan de lucha, se acordó llevar a cabo tomas y permanencias en las facultades de distintas universidades entre el 28 y el 30 de octubre, junto con clases públicas en las instituciones superiores del AMBA hasta el final del cuatrimestre, en un esfuerzo por visibilizar el deterioro en el financiamiento de la educación y rechazar la interferencia ideológica del gobierno en las universidades.

El aumento estuvo impulsado por subas en frutas, lácteos, huevo, bebidas e infusiones.

Un fuerte repunte en los precios de los alimentos durante la última semana de octubre ha complicado aún más las perspectivas del gobierno en su lucha contra la inflación. Un informe privado muestra que el costo de los alimentos se disparó un 1,7% entre el jueves 17 y el miércoles 23, la mayor suba semanal desde julio. Este salto estuvo liderado por aumentos en frutas (5,7%), lácteos y huevos (4,6%), y bebidas e infusiones (4,2%), lo que ha elevado el promedio mensual de aumento en alimentos a 2,3% y la variación de “punta a punta” en las últimas cuatro semanas al 3,3%.

Hasta la tercera semana de octubre, los precios de alimentos incluso mostraban una ligera deflación de 0,1%, alentando la esperanza de que la inflación mensual podría cerrar por debajo del 3%. Sin embargo, los datos de la cuarta semana de octubre de la consultora LCG indican una aceleración inesperada. Otras consultoras han registrado incrementos también: Orlando Ferreres encontró una variación de 2,1% en las primeras tres semanas del mes; PriceStats reportó una inflación acumulada del 2,36% al 20 de octubre, la más baja en tres años; y Eco GO estimó una suba del 3,2% en alimentos en la tercera semana, proyectando un cierre mensual en torno al 3%.

Este aumento de precios en los alimentos se produce en un contexto de inflación alta, afectando tanto los costos de vida como la capacidad del gobierno para cumplir sus metas de estabilización económica.