“Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico” denunció el comunicado de la casa de estudios.

El gobierno nacional ha planteado una serie de medidas bajo el argumento de promover accountability y rendición de cuentas en instituciones públicas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, en lugar de una genuina supervisión de la transparencia y eficiencia de sus funciones, la UBA y diversos sectores académicos perciben que estas medidas esconden la intención de ejercer un control político sobre la universidad, con el objetivo de disciplinar y condicionar su autonomía recurriendo incluso a la asfixia económica. Este conflicto pone en tensión los principios fundamentales de la autonomía universitaria y la libertad académica, claves para la independencia de la institución.

El contexto de las auditorías de la SIGEN

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de auditoría dependiente del Poder Ejecutivo, ha sido designada para realizar auditorías sobre el funcionamiento de la UBA, justificando su actuación en la supuesta necesidad de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. No obstante, la UBA señala que este organismo no posee competencias sobre las universidades nacionales, dado que, por ley, estas instituciones tienen autonomía administrativa y académica, consagrada en la Constitución Nacional. Tradicionalmente, la supervisión de estas entidades corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que se encuentra bajo la órbita del Congreso Nacional y no depende del Poder Ejecutivo. La AGN además es un organismo de mayor pluralidad en su composición y no esta subordinada a ningún poder ni funcionario, siendo un organismo auxiliar del Congreso Nacional, lo que le brinda mayor garantía de transparencia en relación con la SIGEN que depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y por lo tanto sus procedimientos podrían estar viciados o tener cierto sesgo político.

Los riesgos para la autonomía universitaria

La universidad argumenta que el verdadero propósito detrás de estas medidas es avanzar hacia una intervención encubierta, limitando su autonomía y estableciendo un modelo de control que pueda ser utilizado para influir en decisiones académicas y administrativas. En este sentido, el gobierno podría tener la capacidad de intervenir en los planes de estudio, proyectos de investigación, y en la selección de personal docente o administrativo, socavando la independencia de la universidad para tomar decisiones en base a criterios exclusivamente académicos.

SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.

Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.

Leé la solicitada ⬇️ pic.twitter.com/JP24DOgM46

— UBAonline (@UBAonline) October 26, 2024

La UBA expresa su preocupación por las repercusiones que esta intervención podría tener en términos de libertad de cátedra y en la formación de pensamiento crítico. El riesgo de que el gobierno busque imponer una línea ideológica específica sobre los contenidos académicos y las actividades de investigación significaría una seria amenaza para el carácter plural y autónomo de la universidad. Esta situación pondría en peligro la misión de la universidad pública, al transformar sus funciones en herramientas al servicio de intereses políticos y partidarios de corto plazo.

Respuesta de la Universidad de Buenos Aires

La UBA ha manifestado públicamente su rechazo a estas medidas, afirmando que la autonomía universitaria no solo es un principio constitucional sino también una condición fundamental para garantizar que la educación superior cumpla su función social de manera libre y sin interferencias. En su comunicado, la universidad remarcó que ya cuenta con mecanismos de auditoría y control externos a través de la AGN y con auditorías privadas que garantizan la rendición de cuentas, sin necesidad de la intervención de la SIGEN que responde al partido gobernante de turno.

Además, la universidad anunció que llevará este conflicto a los tribunales, solicitando que la Justicia defina con claridad las competencias de la SIGEN y reitere la autonomía de las universidades nacionales, así como los límites del Poder Ejecutivo para intervenir en estas instituciones. La UBA sostiene que cualquier intento de modificar esta autonomía vulneraría derechos constitucionales y afectaría la misión educativa de la universidad, que se basa en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad social.

Una amenaza para la educación pública

En un contexto donde la universidad pública enfrenta desafíos en términos de financiamiento y accesibilidad, la UBA advierte que la intervención política y el control excesivo por parte del gobierno podrían conducir a un debilitamiento de la educación pública. La universidad pública en Argentina ha sido un pilar fundamental en la construcción de igualdad de oportunidades, y la UBA representa un símbolo de inclusión, calidad académica y desarrollo social, además de posicionar al país a nivel internacional en ámbitos de prestigio. Cualquier intento de intervenir en su funcionamiento, advierten desde la UBA, pone en riesgo la capacidad de la universidad para mantener sus estándares de calidad y su compromiso con el acceso gratuito y masivo a la educación superior.

Conclusión

El conflicto entre la UBA y el gobierno nacional refleja una tensión más amplia entre los principios de autonomía académica y los intentos de control político sobre instituciones educativas. La UBA considera que el uso de argumentos de rendición de cuentas y transparencia, aunque legítimos en su sentido general, está siendo utilizado en este caso como un pretexto para condicionar y disciplinar a la universidad, amenazando con transformar la educación pública en un instrumento del poder político. En un contexto donde la independencia universitaria es fundamental para la construcción de un pensamiento crítico y plural, la UBA advierte sobre los peligros de esta medida y llama a la sociedad a defender los principios de autonomía y libertad académica como garantía de una educación pública verdaderamente libre.

La aspirante a presidir el Partido Justicialista recorrió las instalaciones y habló con los estudiantes.

Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde interactuó con estudiantes después de que protagonizaran una intervención en la Estación de Once al ritmo de la canción Fanático de Lali Espósito. Durante el encuentro, expresó su alegría por estar en un espacio que ella misma contribuyó a transformar, y afirmó que todo el esfuerzo realizado “valió la pena”.

En su charla con los estudiantes, Cristina resaltó la importancia de estos espacios universitarios y recordó que el 22 de octubre se cumplió una década desde que el Instituto Universitario Nacional de Arte fue convertido en la Universidad Nacional de las Artes, un hito que consideró fundamental para el desarrollo de la educación artística en el país.

“Es una alegría inmensa estar aquí, en un lugar que ha sido construido y creado para el desarrollo del arte y la cultura. Cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados”, reflexionó.

Después de la repercusión por la coreografía de estudiantes de esa Universidad en la estación de Once, Cristina Fernández de Kirchner visitó la UNA. Siguen las recorridas “sorpresa” de la candidata a presidir el PJ. pic.twitter.com/stzMyVKIIr

— Manu Jove (@manujove) October 25, 2024

Esta visita a la UNA es parte de un recorrido que la expresidenta ha estado realizando en las últimas semanas, luego de confirmar su intención de presidir el Partido Justicialista, un movimiento que cobró relevancia el pasado 17 de octubre en el Día de la Lealtad Peronista. En esa fecha, encabezó una charla en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde debatió con estudiantes y docentes acerca del presupuesto nacional y las dificultades financieras que enfrentan las instituciones públicas de educación superior.

El contexto de la protesta de los estudiantes, ocurrida en la Estación de Once, fue un acto simbólico de crítica y resistencia en el que un grupo de jóvenes realizó un flashmob, llamando la atención del público sobre las condiciones de los centros de estudio y la falta de recursos para los mismos.

Cristina aprovechó la oportunidad para alentar a los estudiantes a seguir realizando manifestaciones creativas: “Así como fueron a bailar a la estación, tendrían que organizar algo diferente, como una interpretación con mimos, llamar la atención y escenificar algunas de las escenas terribles que vivimos a diario debido a la falta de apoyo a nuestras universidades públicas”, sugirió.

Además, el diputado negó que desde La Cámpora haya intentos de “desgaste” contra el gobernador Axel Kicillof y sostuvo que, en caso de ser necesario, las candidaturas se definirán en una votación interna.

El diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, instó a que el Partido Justicialista (PJ) defina sus posturas internas de cara a la próxima elección de autoridades. Durante una entrevista en Radio 10, Kirchner habló de la importancia de que el PJ tome decisiones claras, señalando que “alguien que no puede decidir entre (Ricardo) Quintela y Cristina (Kirchner) obliga a reevaluar las cosas”.

Kirchner aclaró que su agrupación, La Cámpora, ha apoyado constantemente las iniciativas de la gestión bonaerense y negó cualquier intento de “desgaste” hacia el gobernador Axel Kicillof. Explicó que las diferencias dentro del peronismo responden a “mezquindades políticas” más que a diferencias de fondo y sostuvo que, en caso de ser necesario, las candidaturas se definirán en una votación interna.

El dirigente también habló de la postulación de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ, indicando que fue motivada por “una falta de consistencia en cómo el peronismo está discutiendo el gobierno de Milei”. Destacó la necesidad de que el PJ se posicione de forma sólida frente a los desafíos actuales, subrayando la relevancia de la expresidenta para articular un liderazgo unificado.

Acerca del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Kirchner señaló su respeto hacia él, pero resaltó que la situación provincial debe atenderse en el contexto nacional. En su opinión, la política nacional atraviesa un momento de “provincialismos” que va en detrimento del federalismo, dado que algunas provincias priorizan sus propios intereses en lugar de los de la nación.

Por último, el diputado se refirió a la posibilidad de construir una lista de unidad en el PJ, aunque afirmó que lo fundamental será escuchar a la militancia y, si se requiere, que el partido resuelva sus candidatos a través del voto: “A nosotros que vote la gente es lo que más nos entusiasma”, concluyó.

Así lo reveló la periodista Nancy Pazos, a partir de las modificaciones que el presidente aplicó en la AFIP. Mirá el video.

La periodista Nancy Pazos expuso una denuncia que dejó en evidencia la doble vara del gobierno de Javier Milei: los funcionarios que él mismo designó en diciembre en la ex AFIP (ahora ARCA) se asignaron sueldos de entre 20 y 30 millones de pesos.

Entre ellos, se encuentra Florencia Misseragi, quien encabezó ARCA, y otros 20 altos cargos que según Pazos se habrían puesto estos sueldos millonarios, aprovechando la autonomía del organismo apenas asumieron sus roles nombrados por el propio Milei.

“Esos sueldos de 20 y 30 palos fueron decididos por el gobierno libertario,” apuntó Pazos, cuestionando la retórica de “recorte” mientras los empleados rasos eran despedidos. Y agregó: “El mismo Milei que creó estos salarios luego acusó a la estructura que él mismo armó de ‘vivir de la caja’”.

La medida de Milei para “reordenar” la AFIP resultó en el despido masivo de empleados y la reubicación de cargos, una supuesta estrategia de ahorro que, como señaló Pazos, no tocó los privilegios de los altos funcionarios. Para ellos, la “austeridad” quedó solo en el discurso.

El Gobierno oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) en su reemplazo, el objetivo es “ahorrar” alrededor de $6400 millones, reducirán las autoridades superiores un 45% y los niveles inferiores un 35%. Además, despedirán a alrededor de 3100 empleados.

A través del decreto 953/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció:“Con el objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social, deviene necesario disolver la AFIP y crear la ARCA como ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, que, con una estructura simplificada, contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones”.

Según consideró el Poder Ejecutivo, a lo largo de los últimos años, la AFIP se ha “sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”. Para el Gobierno, además, el organismo tenía “limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades”.

El bloque radical en Diputados finalmente se quebró y los legisladores cercanos a Facundo Manes y Martín Lousteau se fueron del bloque liderado por Rodrigo de Loredo para crear su propia bancada. Son 12 radicales que se distanciaron por sus diferencias con la presidencia del bloque y la presencia de 5 radicales aliados del oficialismo. Cómo queda la distribución de la Cámara baja tras los cambios.

La decisión la tomaron tras varios intentos de generar una mesa de diálogo interna para discutir la continuidad del espacio. Esto, señalan, fue imposible y se coronó cuando el jefe del bloque no asistió a la mesa para ir a una reunión en Casa Rosada con parte de la oposición dialoguista y representantes de la Jefatura de Gabinete. Ahora, los radicales se verán divididos en dos bloques con posturas generalmente opuestas respecto a su relación con el Gobierno.

Con una mirada de oposición dura, el nuevo bloque estará conformado por 12 diputados cercanos a Manes y Lousteau. El bloque se llamará “Democracia para siempre” y lo presidirá uno de los más cercanos al neurólogo, Pablo Juliano. El resto de los integrantes son: el correntino Manuel Aguirre, la entrerriana Marcela Antola, el formoseño Fernando Carbajal, las porteñas Carla Carrizo y Mariela Coletta, la pampeana Marcela Coli, la santafesina Melina Giorgi, el chaqueño Juan Carlos Polini, el jujeño Jorge Rizzotti y la bonaerense Danya Tavela.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), señaló en un informe que la prórroga del presupuesto 2023 permitió el uso discrecional de recursos, una práctica que viene en aumento en Argentina.

El gobierno ha asignado fondos millonarios a proyectos con una discrecionalidad y falta de transparencia que suscitan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos. Esta postura resulta especialmente incoherente, ya que la misma administración impone a las universidades públicas estrictas demandas de rendición de cuentas y total transparencia en su uso de recursos.

Mientras las instituciones educativas deben justificar cada gasto y rendir cuentas de manera exhaustiva, el gobierno parece aplicar un estándar mucho más flexible a sus propios fondos, donde la claridad sobre el destino final de los recursos es limitada e incluso ausente en muchos casos. Esta doble vara en la exigencia de transparencia genera dudas sobre la coherencia de las políticas gubernamentales y alimenta un clima de desconfianza entre los sectores impactados por estas prácticas desiguales.

Esta postura genera inquietud en instituciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que subraya en un informe el preocupante aumento en el uso discrecional de los recursos cuando se prorroga el presupuesto. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo incrementar la brecha entre el presupuesto aprobado para 2023 y el ejecutado en 2024, que alcanza un histórico 134%.

La Ley de Administración Financiera (LAF) permite que el Gobierno continúe operando con el presupuesto del año anterior si no se aprueba uno nuevo, permitiéndole al Ejecutivo ajustar recursos de manera unilateral. Esto implica que, tomando en cuenta los $40 billones aprobados para 2023 y los $95 billones vigentes en 2024, el Gobierno pudo reasignar más de $55 billones sin aprobación del Congreso.

Según Sofía Pasquini, abogada de ACIJ, “esta situación supone un deterioro institucional, ya que el Congreso, como representante del pueblo, es quien debe decidir sobre el uso de los fondos públicos”. Convertir esta excepción en regla otorga “un amplio marco de discrecionalidad”, que sienta un precedente peligroso para futuros gobiernos.

El proyecto de presupuesto para 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso también incorpora una “regla fiscal” inspirada en la norma de “déficit cero” de 2001, declarada inconstitucional en 2002 por otorgar excesiva discrecionalidad al Ejecutivo. Este mecanismo permite que cualquier desvío en los ingresos se compense con recortes en los gastos discrecionales, aunque el propio proyecto redefine algunas partidas, como las vinculadas a ciencias y escuelas técnicas, cambiándolas de automáticas a discrecionales.

El director del CEPA, Hernán Letcher, explica que el presidente Milei enfrenta un dilema entre no obtener la aprobación del presupuesto y ganar libertad de maniobra en el uso de los recursos, o bien conseguir la aprobación, enviando una señal de estabilidad a los mercados. En ambos escenarios, el Ejecutivo retendría una amplia capacidad de gestión arbitraria sobre los recursos estatales en 2025.

Bajo el lema “el peronismo con Cristina”, diferentes referentes políticos del kirchnerismo publicaron la boleta en apoyo a la exmandataria.

Las elecciones en el Partido Justicialista (PJ) están prontas a llevarse a cabo: tendrán lugar el próximo 17 de noviembre y, tanto Cristina Kirchner como Ricardo Quintela, se preparan para la batalla de los votos en el peronismo.

En este sentido, dieron a conocer la boleta de “Primero la Patria”, el espacio con el que la exmandataria competirá ante el gobernador de La Rioja. De hecho, bajo el lema “el peronismo con Cristina”, diferentes referentes políticos del kirchnerismo publicaron la boleta en apoyo a la expresidenta de la Nación.

Allí figuran los candidatos a vicepresidentes: José Miguel Ángel Mayans, Lucía Benigna Corpacci, Germán Pedro Martínez, Melina Mariel Fernández y Ricardo Alberto Pignanelli.

La boleta en cuestión se conoció este jueves, luego del tenso encuentro entre Cristina y Axel Kicillof en la celebración por el aniversario N°47 de Abuelas de Plaza de Mayo, institución que preside Estela de Carlotto. Cabe recordar que la exmandataria y el gobernador de la provincia de Buenos Aires se encuentran algo distanciados, luego de que el líder provincial indicara que no cuenten con él para ningún tipo de interna dentro del peronismo.

El Gobierno publicó esta semana un comunicado oficial en el que se refiere a las Islas Malvinas con el nombre “Falklands”, que es el modo en que las denominan los invasores ingleses. La canciller Diana Mondino remarcó que es “absolutamente falso” que su cartera haya decidido escribir eso y advirtió que identificarán al responsable para despedirlo.

Mondino viene de acordar con su par británico, David Lammy, la reanudación de los vuelos al archipiélago desde Córdoba y de decir que quería una relación “más fluida” con Reino Unido. La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas está asentada en la Constitución Nacional desde 1994, que aclara: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Desde la Coordinación de Veteranos de la Guerra de Malvinas del Ministerio de Defensa informaron ayer sobre una reunión que mantuvo la canciller Diana Mondino con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonier, el pasado 16 de octubre. En el primer párrafo del texto, desde el Gobierno mencionaron que en el encuentro se abordó la “reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982”. Ahora, la página web figura como “no disponible”.

El dirigente del gremio Camioneros, Pablo Moyano, reclamó que la CGT realice un paro nacional ante el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

“La CGT no va a tener otra alternativa que llamar a un paro general“, pidió. “Hoy la CGT está dividida mitad y mitad”, reconoció. Aunque no quiso criticar “a otros dirigentes” pidió mayor capacidad de lucha ante el avance libertario.

“La reunión entre compañeros y el Gobierno se suspendió porque no tiene sentido, yo no voy a criticar públicamente a los compañeros como hacen otros, lo voy a hablar adentro”, contó.

“Se jactan todas las mañanas de que cierran tal o cual organismo, ¿qué me voy a sentar a hablar yo con esos tipos?”, ironizó Moyano.

“Mi hermano Hugo es el abogado del gremio y me dijo que no va a participar de una discusión sobre algo anticonstitucional como prohibir una asamblea en una fábrica”, cerró.