Choferes de colectivos y delegados gremiales denunciaron que empresas de transporte, en base a directivas atribuidas al Gobierno Nacional, comenzaron a retirar de las unidades la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”, una medida que consideran parte de una bajada de línea desmalvinizadora.

Trabajadores de distintas líneas, entre ellas las del Grupo DOTA, aseguraron haber recibido órdenes para despegar mapas, banderas y calcomanías alusivas a Malvinas de los laterales de los colectivos. Según los testimonios, la remoción de las insignias también comenzó a realizarse en formaciones ferroviarias, lo que amplió la preocupación entre los gremios del transporte.

La norma vigente establece que la leyenda debe exhibirse en un lugar visible en colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia, trenes, barcos y aeronaves que operen dentro o fuera del país, por lo que los denunciantes sostienen que su eliminación no solo implica un fuerte gesto simbólico, sino también un eventual incumplimiento de la legislación.

Los choferes vinculan esta decisión con la incomodidad que mostró el gobierno de Javier Milei luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante el Mundial 2026, en el partido frente a Inglaterra. Afirman que la presunta orden para retirar las insignias comenzó a circular después de aquel encuentro, reforzando la percepción de que existe una intención de reducir la presencia de la causa Malvinas en los espacios públicos.

Lejos de apagarse, el gesto de la Selección fue replicado por otros equipos del fútbol argentino. Argentinos Juniors salió al campo de juego con la bandera antes de su partido frente a Sarmiento por el Torneo Clausura, mientras que Tigre hizo lo propio en su encuentro por la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay. Para quienes impulsan la denuncia, la decisión de retirar la leyenda de colectivos y trenes contrasta con el respaldo que la causa Malvinas sigue encontrando en distintos ámbitos de la sociedad y reabre el debate sobre el lugar que ocupa el reclamo de soberanía en la agenda del Gobierno nacional.

Un reciente informe alertó que el consumo masivo volvió a retroceder en junio al registrar una caída interanual del 2,7%, con lo que encadenó seis meses consecutivos en terreno negativo y profundizó el deterioro del gasto cotidiano de los hogares.

En ese marco, los alimentos y otros productos básicos volvieron a mostrar fuertes retrocesos en los principales canales de venta. Mientras, la inflación registrada por el Indec da a la baja. ¿Cómo se explica? Justamente, ocurre que el gobierno de Javier Milei decidió intervenir el índice oficial y no medir como corresponde la suba de precios en la economía, de ese modo, se subregistran subas importantes como son los servicios públicos. La inflación del Indec baja pero no la que sufren millones de argentinos cada mes en sus bolsillos reales.

El relevamiento, elaborado por Scentia, señaló que la contracción acumulada durante el primer semestre alcanzó el 2,9% respecto del mismo período de 2025. Entre los distintos formatos comerciales, los supermercados de cadena registraron una baja del 4,6%, mientras que en los mayoristas el descenso fue del 3,8% y en los autoservicios independientes llegó al 3,2%. La única excepción volvió a ser el comercio electrónico, que creció 34,8% interanual.

El presidente Javier Milei se desplomó en el índice de confianza al consumidor que elabora la Universidad Di Tella. En el Gobierno hay preocupación por el impacto del malhumor social en la reelección del Presidente. Es una encuesta que miran con atención los empresarios argentinos.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,67 puntos en julio, lo que representa una disminución del 4,78% respecto de junio, cuando había alcanzado 42,71 puntos. El relevamiento, a cargo de Poliarquía Consultores, se realizó en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 2 y el 16 de julio. La caída interrumpe dos meses consecutivos de recuperación, luego de las subas registradas en mayo y junio.

En la comparación interanual, el deterioro es aún más marcado: el ICC de julio se ubicó 12,30% por debajo del nivel registrado en julio de 2025. Según destacaron desde el CIF, fue la disminución interanual más marcada desde la crisis de la pandemia de Covid-19, en julio de 2020, cuando el índice se había derrumbado 13,6%. Además, el pico del índice en la actual gestión se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos, y desde entonces acumula una caída de 14,16%.

Pese a los reiterados gestos de respaldo político hacia el mandatario estadounidense y a la expectativa del Gobierno de obtener un trato preferencial, la administración norteamericana confirmó que los productos argentinos también quedarán alcanzados por el nuevo esquema de aranceles que comenzará a regir desde este viernes.

La medida fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyó a la Argentina dentro del grupo de 60 países alcanzados por la nueva política comercial impulsada por la Casa Blanca tras investigaciones vinculadas a prácticas comerciales y controles sobre el trabajo forzoso.

En concreto, las exportaciones argentinas deberán pagar un arancel general del 10% para ingresar al mercado estadounidense, el mismo nivel que regirá para países como Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Ecuador y el Reino Unido.

La decisión constituye un nuevo revés para la estrategia internacional de Milei, quien apostó por un alineamiento casi automático con Washington bajo la premisa de que esa cercanía abriría oportunidades comerciales y facilitaría un tratamiento diferencial para la Argentina. Sin embargo, la administración Trump dejó en claro que la afinidad política no pesa a la hora de definir medidas destinadas a proteger los intereses económicos de Estados Unidos.

Según explicó la USTR, los nuevos gravámenes forman parte de una política orientada a sancionar a los países que, según la evaluación de Washington, no implementan mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La decisión se apoyó en investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Estados Unidos para responder a prácticas que considera desleales o distorsivas para el comercio internacional.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

Aunque la resolución contempla la posibilidad de otorgar excepciones a determinados sectores o países que acrediten controles efectivos sobre estas prácticas, hasta el momento Washington no precisó cuáles podrían beneficiarse de ese tratamiento especial, por lo que la Argentina continuará alcanzada por el arancel general del 10%.

Los nuevos aranceles comenzarán a regir este viernes, una vez vencido el régimen transitorio que Estados Unidos había establecido tras la suspensión judicial del esquema anterior de tarifas globales promovido por Trump. La normativa también prevé aranceles de entre el 10% y el 12,5% para productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, mientras que otros países enfrentarán una tasa general del 12,5%.

Si bien algunos bienes considerados estratégicos quedarán exceptuados para evitar problemas de abastecimiento o impactos sobre la producción estadounidense, la decisión confirma que el alineamiento político del Gobierno argentino no alcanzó para obtener un trato diferencial. En materia comercial, la administración Trump volvió a priorizar la defensa de los intereses de Estados Unidos por encima de las afinidades ideológicas con la Casa Rosada.

La economía argentina volvió a contraerse en mayo, en un resultado que sorprendió a buena parte de los analistas de derecha. ¿No la ven? Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el INDEC, la actividad retrocedió 0,5% respecto de abril, acumulando así dos meses seguidos de caída. El modelo de Javier Milei es esto: buenos negocios para los sectores financiero, energía y minería, mientras la economía doméstica no levanta, con el impacto negativo sobre el empleo y los salarios de millones de argentinos.

La serie desestacionalizada quedó en valores similares a los registrados desde febrero de 2025, sin mostrar una tendencia de crecimiento sostenido más allá de algunos meses puntuales con variaciones favorables.

El dato oficial contradijo las expectativas de la mayoría de las consultoras privadas, que anticipaban un rebote de la actividad en mayo dentro de ese patrón de “serrucho” —subas y bajas alternadas sin una dirección definida— que viene marcando a la economía en los últimos meses.

La apuesta del consenso pasaba principalmente por el agro y la agroindustria, sectores que se esperaba tuvieran un fuerte impulso gracias al avance de la cosecha gruesa. A eso se sumaban expectativas de mejora en energía y construcción.

El consumo, otra vez el punto débil

Los indicadores negativos volvieron a concentrarse en el consumo y el comercio. Desde la consultora Analytica señalaron que persiste la debilidad en los bienes durables, el comercio minorista y el crédito destinado a las familias, apoyándose en variables como la evolución de los préstamos al sector privado y la caída en los patentamientos de vehículos.

El empresario Aldo Lo Russo cuestionó el optimismo del viceministro José Luis Daza y advirtió que la crisis golpea de lleno a las pymes. “La calle no está viendo lo que dice el Gobierno”, afirmó, mientras recordó los casos de Metalfor y Sancor como ejemplos del deterioro productivo.

El empresario pyme Aldo Lo Russo salió al cruce de las declaraciones del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien aseguró que en la economía argentina “ya están los brotes verdes”. Para el industrial, la realidad es exactamente la opuesta: “No hay plata en la calle, no se ve un brote verde y la actividad está completamente parada”.

Daza había utilizado la expresión popularizada durante el gobierno de Mauricio Macri para celebrar la mejora en la calificación de la deuda argentina otorgada por Moody’s. Sin embargo, las afirmaciones del funcionario fueron rápidamente cuestionadas por Lo Russo, quien aseguró que el panorama que enfrentan las empresas y los trabajadores está muy lejos de ese optimismo.

“Acabo de hablar con un cliente, también de ideas liberales, que me decía: ‘Es la primera vez que voy a cobrar 400 mil pesos y vuelvo con apenas 200 mil'”, relató el empresario en declaraciones al canal de streaming Ahora Play, como ejemplo de las dificultades que atraviesan los comercios.

“No hay plata en la calle. La actividad está completamente parada, no se ve un brote verde. A veces me parece que estas cosas son de muy mal gusto desde la perspectiva de quienes trabajan, sean de la ideología que sean, porque la calle no está viendo eso“, remarcó.

Para reforzar su diagnóstico, Lo Russo mencionó la situación de empresas emblemáticas de la producción nacional. Recordó que Metalfor, fabricante de maquinaria agrícola, atraviesa una profunda crisis pese a haber invertido durante años en tecnología e innovación. “Hoy está muerta”, afirmó, en referencia a la empresa cordobesa que recientemente despidió a 35 trabajadores en su planta de Noetinger.

También apuntó al sector lácteo y citó el caso de Sancor, además de otras firmas como Verónica y numerosas industrias más pequeñas, cuya actividad depende en gran medida del mercado interno. “Están quebradas”, sostuvo, al advertir que la falta de consumo y la paralización de la economía siguen agravando la situación de las pymes argentinas.

Periodistas vinculados a Mauricio Macri, como Jonatan Viale, agitaron rumores sobre sanciones de la FIFA contra la Scaloneta y la posibilidad de que el FBI detuviera a Chiqui Tapa, presidente de la AFA. El objetivo: debilitar al dirigente del fútbol haciendolo responsable de la derrota argentina en la final.

Desde siempre, Macri y empresarios ligados a él quieren sacar a Tapia de la AFA para avanzar con la privatización del fútbol, por eso aprovechan cada escenario para operar sobre la dirigencia actual. ¡Llegaron a decir que el FBI había incautado celulares de Tapia! Miente, miente que algo quedará….

Desde que la Scaloneta decidiera mostrar una bandera de “Malvinas Argentinas”, buena parte de la derecha argentina se puso del otro lado del mostrador. Increíblemente, tanto a Macri, Javier Milei y diferentes periodistas oficialistas, se mostraron indignados con esa actitud. ¿Les molesta que se diga que las Malvinas son argentinas? “Hicieron una de más”, dijo Macri. “Acto populista”, siguió Milei.

En un nuevo intento por captar los denominados “dólares del colchón”, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Durante el anuncio, insistió en que quienes mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero están tomando “una muy mala decisión económica”.

El funcionario explicó que el proyecto incorpora cuatro modificaciones respecto de la iniciativa original, aunque aseguró que mantiene el mismo objetivo: incentivar que los ahorristas vuelquen sus dólares al circuito formal y al sistema bancario.

En ese marco, Caputo volvió a poner el foco sobre los dólares atesorados por los argentinos y afirmó que “la razón por la que hacemos esto es porque para las personas tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio porque los dólares pierden valor. Es una muy mala decisión económica tener los dólares bajo el colchón”.

Según explicó el ministro, los cambios incorporados al texto fueron realizados luego de recibir observaciones de especialistas en materia tributaria, aunque remarcó que el espíritu de la iniciativa permanece intacto: lograr que los ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema ingresen a la economía formal.

Mientras les pide a los argentinos sacar los dólares del colchón, Caputo mantiene al menos US$ 2,9 millones declarados en el exterior

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que los argentinos saquen los denominados “dólares del colchón” y los incorporen al sistema financiero, cabe recordar que durante la conferencia de presentación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal quedó expuesta una contradicción: el propio funcionario mantiene una parte importante de su patrimonio declarada fuera del país.

La situación quedó en evidencia cuando un periodista le preguntó cuántos dólares tenía en el exterior. Visiblemente molesto, Caputo interpretó inicialmente que se insinuaba que tenía dinero “en el colchón” sin declarar y exigió que el periodista rectificara la pregunta. Una vez aclarado que la consulta era por los fondos declarados en el extranjero, respondió que cualquier persona es libre de tener su dinero en la Argentina o fuera del país, siempre que esté debidamente declarado y pague los impuestos correspondientes.

De acuerdo con su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al cierre de 2023, Caputo informó depósitos en el exterior por aproximadamente US$ 2,9 millones, distribuidos en cuentas de Estados Unidos y otros países. Esa cifra representa un fuerte incremento respecto del comienzo de ese año, cuando esos activos ascendían a unos US$ 470.000.

La declaración jurada de 2024 todavía no fue publicada, por lo que no existe información oficial actualizada sobre la composición de su patrimonio.

El episodio cobró especial relevancia porque se produjo inmediatamente después de que el ministro afirmara que “es una muy mala decisión económica tener los dólares bajo el colchón” y reclamara a los ahorristas que vuelquen sus divisas al sistema financiero local, mientras él mismo defendió el derecho a mantener parte de su patrimonio fuera del país.

En la AFA crecen las sospechas de que Mauricio Macri habría instigado y promovido la amenaza de una dura sanción de la FIFA contra la Selección Argentina, una maniobra que, según dirigentes cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia, buscó desestabilizar al plantel antes de la final del Mundial y golpear políticamente a la conducción del fútbol argentino.

La hipótesis comenzó a tomar fuerza luego de que trascendiera que los futbolistas fueron advertidos sobre una posible suspensión de hasta diez años por haber desplegado una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria frente a Inglaterra. Aunque nunca se oficializó ninguna sanción, familiares de los jugadores aseguraron que la amenaza existió y que el episodio afectó anímicamente al plantel antes del encuentro decisivo con España.

En los clubes alineados con Tapia sostienen que Macri habría utilizado sus vínculos dentro de la FIFA para hacer llegar esa advertencia, con el objetivo de erosionar la imagen del presidente de la AFA y favorecer una ofensiva política para desplazarlo. El expresidente ocupa desde 2020 la presidencia de la Fundación FIFA, designado por Gianni Infantino, una posición que le permite mantener estrechos contactos con dirigentes de peso en el fútbol internacional.

La sospecha se enmarca en la disputa por el futuro del fútbol argentino. En la AFA consideran que Macri integra el sector que impulsa el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que, para avanzar con ese proyecto, necesita debilitar a Tapia y a la actual conducción de la entidad.

Las versiones también se alimentaron por la difusión de información sobre una supuesta orden judicial de Estados Unidos para secuestrar el teléfono celular de Tapia, una noticia publicada por medios nacionales y luego desmentida por la AFA. En realidad, la investigación judicial estadounidense apunta a Guillermo Tofoni, denunciante de Tapia y viejo aliado de Macri, a quien un juez le ordenó explicar la filtración de documentación protegida por normas de confidencialidad y disponer la devolución o destrucción de ese material.

Tofoni mantiene desde hace años una estrecha relación con el expresidente, quien además no oculta su intención de volver a tener influencia en Boca Juniors y ha respaldado públicamente la implementación de las SAD como modelo para el fútbol argentino.

A ese contexto se sumaron las críticas de Macri contra los jugadores por exhibir la bandera de Malvinas tras eliminar a Inglaterra. “Hicieron una de más”, afirmó entonces, cuestionando el gesto de la Selección.

Con ese escenario de fondo, en la dirigencia de la AFA sostienen que la amenaza de la FIFA no habría sido un episodio aislado, sino parte de una maniobra política destinada a condicionar al plantel y abrir un frente contra Tapia. “¿Qué le importa a la UEFA la AFA? Detrás de esto está Macri”, deslizan desde el entorno del presidente de la entidad, convencidos de que la advertencia internacional fue utilizada como una herramienta para disputar el poder en el fútbol argentino.

La Argentina perderá otra capacidad industrial estratégica. Pampa Energía confirmó el cierre definitivo de su planta de caucho sintético de Puerto General San Martín, en Santa Fe, la única del país dedicada a esa producción.

La decisión pone en riesgo alrededor de 200 puestos de trabajo y marca el fin de la fabricación nacional de un insumo clave para la industria del neumático y otros sectores.

La empresa inició un proceso de retiros voluntarios que fue rechazado por el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), que denunció que las desvinculaciones “no son voluntarias” y declaró el estado de alerta y movilización.

“Hoy anuncian el cierre de la única planta de caucho del país”, advirtió el secretario general del gremio, Mauricio Brizuela, quien confirmó que el conflicto será abordado en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

Desde Pampa Energía argumentaron que la decisión responde al derrumbe de la demanda, la pérdida de mercado y el impacto provocado por la paralización de la producción de neumáticos de FATE, uno de los principales clientes de la planta.

“El principal motivo que nos comunicó la empresa es la falta de mercado para los productos”, explicó Brizuela. El dirigente señaló que la situación se agravó en los últimos meses: “FATE era uno de los mayores compradores de Argentina. Antes se llevaba casi 7.000 toneladas mensuales y ahora apenas retiraba unas 250. Eso viene ocurriendo desde hace seis o siete meses”.

El gremio también denunció que ya hubo despidos entre el personal fuera de convenio y que la empresa está convocando a trabajadores para negociar desvinculaciones individuales.

Mientras la compañía atribuye el cierre a la crisis del mercado, medios santafesinos señalaron que la decisión coincide con un período en el que otros negocios de Pampa Energía reciben fuertes inversiones y concentran las expectativas de crecimiento del grupo empresario.

Con este cierre, Argentina deja de producir caucho sintético y suma un nuevo retroceso en su entramado industrial. La desaparición de la única planta del país implica la pérdida de una producción estratégica, mayor dependencia de las importaciones y un nuevo golpe para el empleo industrial en un contexto marcado por el cierre de fábricas y la caída de la actividad manufacturera.