El fiscal Gerardo Pollicita ya cuenta con un informe de la Dirección de Migraciones que registra entre 15 y 19 trayectos (considerando cada ida y vuelta) realizados por el funcionario desde 2023.

Esta semana se impulsarán nuevas pedidos de pruebas para determinar con mayor precisión los destinos finales de varios de esos viajes, ya que existen tramos que no cuentan con información completa. La sospecha es que algunos recorridos podrían haber tenido escalas o destinos finales no declarados, incluso en el Caribe, como Aruba.

En paralelo, la investigación también profundiza sobre los movimientos financieros del jefe de Gabinete. La causa, iniciada tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca establecer si existe una desproporción entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de gastos, especialmente en viajes y adquisición de bienes.

Uno de los puntos que disparó la pesquisa fue un vuelo privado a Punta del Este, cuyo costo superó los 4.800 dólares, lo que abrió interrogantes sobre el origen de los fondos. A esto se suma el análisis de consumos con tarjetas de crédito y pedidos de información a aerolíneas como LATAM Airlines, con el objetivo de reconstruir con exactitud cada itinerario.

La investigación también alcanza a su entorno familiar. Se analizan viajes realizados por su esposa, Bettina Angeletti, así como su actividad económica, en el marco de una posible maniobra de justificación de ingresos.

Además, la causa por presunto enriquecimiento ilícito incluye la compra de propiedades, como un departamento en el barrio de Caballito y una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas, entre ellas la citación como testigo de la escribana interviniente y futuras tasaciones para determinar si los valores declarados coinciden con los del mercado.

Con este conjunto de medidas —que ya suman al menos una docena— la Justicia busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por Adorni y determinar si hubo inconsistencias patrimoniales, en una causa que continúa sumando elementos y complejiza la situación del funcionario libertario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la tradicional vigilia por Malvinas en la ciudad fueguina de Río Grande, uno de los actos más emblemáticos de la Argentina en la antesala del 2 de abril, y dejó un mensaje de unidad en clave política: “La Patria no se vende”.

A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, la tradicional ceremonia reunió a excombatientes, autoridades y cientos de ciudadanos en la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En ese marco, Kicillof tuvo un rol protagónico, acompañado por el gobernador fueguino Gustavo Melella y el riojano Ricardo Quintela.

Durante la vigilia, el mandatario bonaerense destacó la importancia de la soberanía y el federalismo, subrayando que “no hay mejor manera de honrar a los héroes que seguir luchando” y remarcando que “no todo tiene un precio”. Su participación no solo apuntó a la memoria histórica, sino también a reforzar un posicionamiento político en defensa de los intereses nacionales.

Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande.

No hay mejor manera… pic.twitter.com/3TioPwxrCG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2026

El acto, realizado en Río Grande, tuvo como anfitrión a Melella y contó con la presencia de dirigentes políticos, sindicales y legisladores. En ese escenario, Kicillof volvió a insistir en la necesidad de fortalecer la industria nacional, el trabajo y la identidad soberana, en un discurso que encontró eco entre los asistentes.

La vigilia, históricamente centrada en el reclamo por las islas, adquirió además un tono político. La imagen conjunta de los gobernadores fue interpretada como un gesto de articulación opositora, en contraste con la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó del encuentro.

El escándalo por el departamento de Caballito de Manuel Adorni sumó un nuevo ribete que profundiza las dudas sobre la operación: una de las jubiladas que figura como su prestamista es beneficiaria de un subsidio del Gobierno de la Ciudad.

Se trata de Claudia Sbabo, quien aparece junto a otra mujer como acreedora de un crédito hipotecario por US$200 mil a favor del jefe de Gabinete. Ahora se conoció que Sbabo tramitó el Pase Cultural, un programa porteño destinado a adultos mayores de bajos ingresos para acceder a bienes y servicios culturales.

El dato, revelado por la legisladora Graciela Ocaña, no implica en sí mismo un delito, pero reaviva los interrogantes sobre la capacidad económica de las mujeres que habrían financiado el 87% de la compra del inmueble, valuado en US$230 mil. Para acceder al beneficio, los jubilados deben percibir ingresos que no superen los $600.000 mensuales.

“Habrá que ver si este es el caso, pero ya se ha visto en otras causas de corrupción que aparecen ‘prestanombres’. Suelen ser personas que dan su firma a cambio de dinero”, sostuvo Ocaña, quien además calificó la operatoria como “un dibujo” que genera un impacto político más amplio y que complica más la situación del funcionario libertario.

La causa, que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, continúa sumando elementos. En ese marco, fue citada a declarar como testigo la escribana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación y deberá presentarse el 8 de abril.

Mientras tanto, en el entorno de Adorni prevalece el silencio. El funcionario suspendió su conferencia de prensa prevista y aún no designó abogado, bajo el argumento de que no existe imputación formal. Pese a la controversia, en el Gobierno aseguran que el respaldo del presidente Javier Milei se mantiene firme.

Su derrumbe en la opinión pública no solo marca el fin de su capital político, sino que arrastra consigo la credibilidad de toda la gestión encabezada por Javier Milei.

Según el último relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, la imagen de Adorni alcanzó su piso histórico: el 66% de los encuestados tiene una opinión negativa sobre su desempeño, mientras que apenas el 21,5% lo evalúa de manera positiva, el registro más bajo desde que ocupa un rol público. El contraste con su punto de partida es contundente: en enero de 2024, cuando asumió como vocero presidencial, su imagen positiva era del 51,5%. En poco más de dos años, esos números no solo se deterioraron, sino que se invirtieron de forma abrupta.

El estudio, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre una muestra de 1.200 casos, confirma que no se trata de un traspié coyuntural, sino de un proceso sostenido de erosión. A lo largo de cinco mediciones, la imagen del funcionario fue perdiendo respaldo hasta colapsar tras el episodio conocido como #AdorniGate. En abril de 2026, la positiva cayó al 21,5% y la negativa trepó al 66%, su nivel más alto.

#ADORNIGATE ✈️🏘️

La imagen de Manuel Adorni entra en zona crítica, el caso ya impacta de lleno en la opinión pública y en el gobierno.

Los datos muestran desgaste de su imagen, instalación del tema en la agenda y rechazo creciente de la ciudadanía.

Abrimos hilo 👇🧵 pic.twitter.com/b0VRELPzCU

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 1, 2026

Pero el dato más crítico para el Gobierno no es solo la mala imagen, sino el rechazo activo: el 70,4% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar. Este nivel de desaprobación convierte su permanencia en un costo político directo para la Casa Rosada, que queda expuesta a una creciente desconfianza social.

El impacto del escándalo también golpea de lleno la estrategia comunicacional oficial. Un 70,2% de los encuestados cree que la defensa del Gobierno no fue transparente, sino una maniobra para encubrir, distraer y ganar tiempo. Apenas el 15,3% consideró que la respuesta fue adecuada. Este dato resulta especialmente sensible: el área que Adorni encabezaba como principal vocero aparece ahora como uno de los puntos más débiles de la gestión.

La crisis, además, presenta un alto nivel de penetración pública. El 72% de la población afirma haber escuchado o leído sobre el caso, y casi el 78% exige explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados en sus viajes. Lejos de diluirse, el tema se consolidó en la agenda y amplificó el daño.

Incluso al evaluar cómo debería haberse manejado la situación, la mayoría de las respuestas apuntan a una falta de transparencia: predominan las opciones de mostrar comprobantes, responder sin confrontar o apartarse del cargo. Es decir, la ciudadanía no solo rechaza lo ocurrido, sino también la forma en que fue gestionado.

En este contexto, la decisión de sostener a Adorni por parte de Milei ya no aparece como un gesto de respaldo político, sino como una apuesta riesgosa. Los datos sugieren que el deterioro del funcionario no encuentra piso y que su continuidad profundiza el desgaste del Gobierno en su conjunto. La figura que supo ser central en la construcción del relato oficial hoy se convirtió en un pasivo que compromete la estabilidad y la credibilidad de toda la administración.

Alejandro Bongiovanni se suma a la lista de funcionarios y referentes del oficialismo beneficiados por préstamos millonarios de la banca estatal. La nómina incluye a asesores directos de Luis Caputo y otros diputados aliados al Gobierno.

Un nuevo escándalo salpica a la gestión de La Libertad Avanza tras conocerse el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a figuras clave del oficialismo. Entre los nombres más destacados figura el del diputado Alejandro Bongiovanni, quien en enero de 2026 accedió a un préstamo de 255 millones de pesos provenientes de la entidad pública. El legislador, de origen vinculado a la Fundación Libertad, ha sido un férreo defensor de las políticas de desregulación ambiental y la baja de la edad de imputabilidad.

Bongiovanni, quien ingresó al Congreso en 2023 a través del macrismo antes de sellar su alianza con el bloque libertario, no es el único beneficiario de estas líneas de financiamiento estatal. La investigación revela un patrón de acceso a fondos públicos por parte de funcionarios que ocupan cargos estratégicos o que mantienen una alineación irrestricta con las directivas del Poder Ejecutivo.

En la lista de beneficiados sobresalen integrantes del equipo económico de Luis “Toto” Caputo. Federico Furiase, ladero del ministro y actual secretario de Finanzas, obtuvo 367 millones de pesos en febrero de 2025. Por su parte, Felipe Núñez, director del BICE y asesor directo de la cartera económica, se alzó con un crédito de 475 millones de pesos, una de las sumas más elevadas registradas en la nómina de funcionarios.

El reparto de créditos también alcanzó al área de comunicación y redes sociales del Gobierno. Juan Pablo Carreira, conocido en el ámbito digital como “Juan Doe” y actual funcionario público, recibió 112 millones de pesos de la banca oficial. Estos movimientos han generado fuertes cuestionamientos sobre los criterios de asignación de recursos en una entidad que, simultáneamente, aplica restricciones al crédito para otros sectores de la sociedad.

La nómina de legisladores favorecidos se completa con nombres de peso dentro de la estructura de La Libertad Avanza y sus aliados. Santiago Santurio obtuvo un préstamo de 340 millones de pesos, mientras que Mariano Campero recibió 322 millones. Asimismo, la diputada rionegrina Lorena Villaverde accedió a una suma de 225 millones de pesos, cerrando un círculo de financiamiento que beneficia directamente a quienes sostienen el quórum oficialista en la Cámara Baja.

El acceso a estos montos millonarios por parte de la dirigencia libertaria ocurre en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público, lo que reabre el debate sobre el uso de las instituciones del Estado para el beneficio patrimonial de sus propios cuadros políticos. Hasta el momento, el Banco Nación no ha emitido un informe técnico que justifique la solvencia o la urgencia de estos préstamos otorgados a los representantes del pueblo.

Al mismo tiempo que el Gobierno declama el mérito y el combate a la casta, el clan riojano parece haber montado en el Banco Nación una ventanilla de favores personales para financiar el futuro de su propia familia.

El escándalo de los créditos de privilegio en el Banco Nación (BNA) suma un nuevo capítulo que roza el descaro: Federico Sharif Menem, el sobrino de 24 años de Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Lule Menem (mano derecha de Karina Milei), accedió a un préstamo hipotecario por 357 millones de pesos. Mientras el Gobierno pregona la meritocracia y el fin de los privilegios, el clan riojano parece haber encontrado en la banca pública una ventanilla de beneficios exclusivos para la familia.

El joven, que ya había sido noticia por su polémico nombramiento como director general en la Cámara de Diputados con un sueldo millonario pese a su corta edad, ahora figura en los registros de la Central de Deudores del BCRA con una deuda astronómica contraída en marzo de 2025. La cifra, equivalente a unos 300 mil dólares, resulta imposible de justificar para cualquier joven de su generación que no cuente con el “apellido adecuado” y los contactos directos en la Casa Rosada.

Este nuevo caso de “crédito por portación de apellido” se suma a la lista de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que, bajo la gestión del recientemente eyectado Daniel Tillard, vaciaron las posibilidades de la clase media para repartirse fondos estatales entre ellos. Según fuentes parlamentarias, la maniobra deja en evidencia una red de tráfico de influencias donde el Banco Nación funcionó como el financista personal de los funcionarios de Milei y Caputo.

La indignación en las redes y en el Congreso no se hizo esperar. Mientras miles de inquilinos ven cómo el sueño de la casa propia se pulveriza por la inflación y la falta de crédito real, los Menem demuestran que, para ellos, “la libertad avanza” solo si es con la plata de todos. Con este nivel de impunidad, el discurso contra la casta se termina de convertir en una parodia cruel donde los únicos que se salvan son los parientes del poder.

Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.

En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.

Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.

Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.

La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió poner fin a la intervención militar en Irán tras considerar que las operaciones “ya cumplieron sus objetivos”, pero también ante la falta de resultados concretos, el aumento de los costos y las crecientes pérdidas en el conflicto.

En ese marco, anunció que el retiro de las tropas estadounidenses se concretaría en un plazo de “dos o tres semanas”.

El mandatario volvió a expresar su frustración con los aliados de Washington por no haber contribuido a la reapertura del estrecho de Ormuz a pesar de reiterar públicamente que no los necesitaba, el estrecho es una vía marítima clave que permanece en gran parte cerrada desde el inicio de las hostilidades. En línea con su decisión de reducir la implicación directa de Estados Unidos, Trump dejó claro que su país se desentenderá de la seguridad en la zona.

«Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta», afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, señalando a potencias como China y Francia como posibles responsables de asumir ese rol.

El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión regional. Irán ha intensificado su presión sobre el tránsito marítimo mediante ataques a petroleros, afectando el paso de buques y condicionando el suministro global de crudo aunque desde Teherán destacan que solo se ataca a buques cuyo origen esta vinculado a los países agresores. En ese escenario, un petrolero kuwaití fue alcanzado por un proyectil lanzado desde territorio iraní mientras se encontraba en el puerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, según reportes oficiales.

Un día antes, Trump ya había instado a los países que se mantuvieron al margen de su ofensiva a actuar con “coraje” y hacerse cargo del control del estrecho. «Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo», escribió en sus redes sociales.

El presidente defendió además la contundencia de la ofensiva militar, asegurando que el impacto sobre Teherán ha sido significativo y que al régimen iraní le tomaría entre 15 y 20 años recuperar sus capacidades.

Con esta decisión, Estados Unidos da un giro hacia una menor implicación en uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, buscando una salida ordenada a un conflicto que se mostraba estancado, pero que abre interrogantes sobre el futuro equilibrio de poder en la región y la seguridad del suministro internacional de petróleo.

Aunque el organismo informó que la pobreza bajó por tercer semestre consecutivo hasta el 28,2%, los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora.

De acuerdo con el informe oficial, más de 13 millones de personas continúan por debajo de la línea de pobreza en el país, de las cuales casi 3 millones son indigentes. La baja se explica, en parte, por el aumento real de programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar, junto con una canasta básica que evolucionó por debajo de la inflación general.

Sin embargo, distintas consultoras coinciden en que la tendencia podría revertirse. Desde LCG indicaron que, si bien en el último año una cantidad significativa de personas salió de la pobreza, en los primeros meses de 2026 se observa un freno en esa dinámica, producto de una inflación que se mantiene en torno al 3% mensual, salarios que crecen por debajo de ese nivel y una actividad económica débil en sectores intensivos en empleo.

La consultora LCG además destacó los problemas metodológicos de una medición de pobreza que se realiza a partir de una canasta básica que el Gobierno decidió no actualizar y que subestima el impacto de la suba de tarifas en el gasto de los hogares. En este sentido los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora

En la misma línea, Fernando Marull, de FMyA, sostuvo que “el primer semestre pinta para rebote”. Ese deterioro ya habría comenzado a evidenciarse hacia fines de 2025. Según el Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa habría trepado al 29,5% en el cuarto trimestre, lo que ubica el promedio móvil entre septiembre y febrero en torno al 29,1%, con un techo posible cercano al 30,6%.

Así, pese a la mejora que muestran los datos oficiales, las consultoras advierten que el escenario es más frágil de lo que sugieren las cifras y que la pobreza podría volver a aumentar en el corto plazo.

Los datos de las transferencias automáticas a las provincias, que suelen ser un buen anticipo del resultado fiscal de la recaudación nacional, indican que en marzo el Gobierno habría vuelto a sufrir una nueva baja de recursos tributarios.

De acuerdo con información de la Dirección Nacional de la Relación con las Provincias del Ministerio de Economía, los envíos automáticos bajaron 4,3% en términos reales respecto de igual mes de 2025. El gobierno de Javier Milei deberá aumentar el ajuste o seguir dibujando el balance para mostrar un “superávit” fiscal que no existe hace meses y que cada vez será peor.

Lo más importante del resultado se explica por la merma de recursos tributarios. Según estimó la consultora Politikon Chaco, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 3,9% y el Impuesto a las Ganancias un 12,7%.

También se registraron retrocesos en los Impuestos Internos del 14,3%, Bienes Personales del 8,8% y en Otros Coparticipados del 10,3%. En cambio, hubo incrementos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos de 35,5% y en el Monotributo de 58,2%.