El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

El trágico episodio ocurrió este lunes por la mañana en la localidad de San Cristóbal. El agresor, un estudiante de 15 años, disparó contra sus pares durante el inicio de la jornada escolar, dejando un saldo de un fallecido y dos heridos.

La comunidad educativa de la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad santafesina de San Cristóbal, se vio sacudida este lunes por un hecho de violencia sin precedentes. Minutos después del ingreso escolar, mientras los alumnos se encontraban en el patio preparándose para el izamiento de la bandera, un estudiante de 15 años inició un ataque con un arma de fuego que terminó con la vida de uno de sus compañeros.

Según los primeros reportes, el agresor habría ingresado al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Sin mediar palabra, el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos que impactaron en tres estudiantes. Como consecuencia del ataque, un adolescente de 13 años, que cursaba el primer año de la secundaria, falleció en el lugar, mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos por perdigones.

La situación generó escenas de desesperación y caos dentro del colegio. Muchos estudiantes, ante el sonido de las detonaciones, intentaron escapar del edificio saltando por las ventanas, lo que provocó que algunos sufrieran cortes y golpes adicionales. Los padres, alertados por los llamados de sus hijos desde el interior de la escuela, acudieron de inmediato al establecimiento en medio de un clima de total incertidumbre.

El atacante fue finalmente reducido y desarmado por un preceptor de la institución antes de que pudiera continuar con la agresión. Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al menor a la alcaldía local. En cuanto a los heridos, uno de ellos debió ser derivado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Rafaela para ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes oficiales y testigos del entorno escolar manifestaron su consternación ante lo sucedido, describiendo al agresor como un alumno que no presentaba antecedentes de conducta problemática ni comportamientos agresivos previos. El arma utilizada pertenecería a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en la localidad, aunque las circunstancias exactas de cómo el joven obtuvo el armamento aún son materia de investigación.

Tras el fatal desenlace, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo y se dispuso la suspensión total de las actividades escolares en todos los niveles de la zona. Mientras la justicia investiga si el ataque fue planificado o un acto al azar, equipos de asistencia psicológica trabajan con los alumnos y docentes que fueron testigos directos de la tragedia.

El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

Pablo Quirno aseguró que el país “no va a ser neutral”, en una definición que marca un giro en la política exterior argentina.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó una definición contundente sobre el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei: “Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán”. La frase marca un cambio explícito en la histórica postura de equilibrio diplomático del país frente a conflictos internacionales.

Más adelante, el funcionario reafirmó el alineamiento del gobierno con las potencias occidentales, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su asunción. En ese marco, la Argentina abandona la tradicional búsqueda de neutralidad para asumir un posicionamiento activo en un escenario geopolítico cada vez más tenso.

En el mismo tono, la definición de Quirno se suma a otros gestos del oficialismo en favor de Estados Unidos e Israel, consolidando un giro que ya había comenzado a evidenciarse en distintas decisiones diplomáticas y discursos del presidente. Este alineamiento genera debate en torno al impacto que puede tener en las relaciones internacionales del país.

Finalmente, la postura oficial vuelve a abrir interrogantes sobre los riesgos de involucrarse en conflictos globales y las consecuencias que podría tener para la política exterior argentina. Mientras el gobierno apuesta a una estrategia de alineamiento, crecen las críticas por el abandono de una tradición diplomática basada en la prudencia y la no intervención.

Luego del fallo en Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por YPF, el diputado nacional Máximo Kirchner impulsó un proyecto de ley que busca blindar la expropiación de la petrolera, en un contexto marcado por las señales privatizadoras del presidente Javier Milei.

La iniciativa, acompañada por otros diputados de Unión por la Patria, apunta a que el Congreso reafirme la expropiación como una política estratégica de “soberanía hidrocarburífera”, con el objetivo de fortalecer la posición jurídica del país frente a futuros reclamos internacionales.

De este modo, el proyecto traslada el debate al ámbito legislativo y fuerza una definición política en un escenario de creciente tensión, especialmente porque Milei ya había planteado la posibilidad de privatizar la compañía tanto en la primera versión de la Ley Bases como en reiteradas declaraciones públicas.

En ese marco, Kirchner interpretó el fallo como una “validación internacional de la soberanía jurídica” argentina y cuestionó con dureza la postura del oficialismo: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que sólo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional”, sostuvo.

Una nueva denuncia judicial complica aun más la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación, realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, señala presuntos contratos millonarios de la consultora de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado.

El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y describe un supuesto entramado de relaciones entre firmas privadas y organismos públicos en la órbita del funcionario.

El eje de la denuncia sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Según la presentación, la naviera —que mantiene contratos históricos con la petrolera— habría contratado servicios de capacitación de +BE en tres oportunidades entre 2024 y 2025 por un total de 6,37 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, este vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera como representante del Estado. Desde la empresa naviera, sin embargo, señalaron que su relación contractual con la petrolera lleva casi tres décadas y que la designación del funcionario fue posterior a las capacitaciones.

LA ESPOSA DE ADORNI HABRÍA FACTURADO $6,3 MILLONES EN 3 DÍAS DE COACHING A UNA NAVIERA DE YPF

+BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching entre noviembre de 2024 y… pic.twitter.com/mxKWwnsL3p

— Martín Carrizo (@martincarrizo_) March 29, 2026

Tecnópolis y nuevas conexiones empresariales

La denuncia también apunta a la licitación del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Entre las firmas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que —según la presentación— sería cliente de la consultora +BE. Para Pagano, este vínculo podría configurar otro posible conflicto de intereses dentro del esquema denunciado.

Además, se menciona la relación de una asesora de la Secretaría General de la Presidencia con el grupo empresario, lo que amplía el entramado de conexiones bajo análisis.

Empresas proveedoras del Estado y otras licitaciones

El escrito también señala que la consultora habría trabajado con el Grupo Datco, compañía que presta servicios a distintos organismos estatales como AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.

A su vez, la denuncia incorpora supuestas irregularidades en licitaciones para servicios de mensajería oficial, por más de 3.650 millones de pesos, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría sugerir un esquema de simulación de competencia.

Pedido de investigación patrimonial

Finalmente, Pagano solicitó investigar la evolución patrimonial de Adorni, al advertir un presunto incremento que no se correspondería con sus ingresos como funcionario, además de mencionar deudas con acreedores privados.

La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.

Argentina registró a finales de 2025 un nuevo máximo histórico en su deuda externa bruta, que alcanzó los 320.305 millones de dólares, consolidando un fuerte incremento del endeudamiento durante la actual gestión.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ‘stock’ de deuda aumentó en 1.709 millones de dólares respecto al trimestre anterior. El principal factor detrás de esta suba fue el mayor endeudamiento del Gobierno general —que incluye al Estado nacional y las provincias—, con un incremento de 3.647 millones de dólares.

Otros sectores también contribuyeron a la dinámica del endeudamiento: las sociedades captadoras de depósitos sumaron 2.777 millones de dólares en el cuarto trimestre, mientras que la deuda del Banco Central registró una leve baja de 310 millones.

En la comparación interanual, el aumento es aún más significativo: el stock de deuda externa bruta a valor nominal creció en 44.168 millones de dólares respecto al mismo período de 2024.

El nivel alcanzado a diciembre de 2025 representa el más alto desde que el Indec inició la serie en 1994. Además, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.

Las cinco fuerzas federales protagonizarán el próximo 2 de abril una protesta inédita en reclamo por los bajos salarios. Será la primera vez que efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal se movilicen de manera conjunta. La convocatoria contempla un “abrazo solidario” en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

El malestar expone una fuerte contradicción con el discurso oficial: mientras el gobierno asegura “cuidar a quienes nos cuidan”, en los hechos los ingresos de muchos efectivos quedan por debajo de la línea de pobreza. Esa situación obliga a numerosos uniformados a buscar ingresos extra —como manejar Uber— para poder sostenerse a fin de mes.

A este escenario se suma la crisis de la obra social IOSFA, que agrava aún más el cuadro. Los efectivos habían sido incorporados al sistema de los militares, que quedó profundamente deteriorado durante la gestión del ex ministro Luis Petri, hasta un punto crítico que derivó en su virtual desmantelamiento. Posteriormente, el gobierno dispuso su división en dos nuevas entidades: OSFFESEG, destinada a las fuerzas de seguridad, y OSFA, para los militares. También se anunció la implementación de un plan básico de OSDE para gendarmes y prefectos, aunque su aplicación sigue siendo incierta.

En la práctica, muchos uniformados denuncian que hoy cuentan con una cobertura médica muy limitada o directamente inexistente. “Los grupos de WhatsApp están en llamas”, resumió un integrante de las fuerzas.

La política anti-inflacionaria del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un límite claro: hace meses que está en torno al 2/3% y no baja de ahí más allá del discurso libertario. Hoy, se confirmó que la nafta cuesta por encima de los 2000 pesos, lo que encarece todos los costos de la economía.

Según el gobierno, los incrementos se deben a la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio internacional del petróleo. Ahora, el impacto puede estar claro para países que no producen petróleo. ¿Por qué Argentina tiene precios internacionales en su mercado interno si tiene yacimientos muy importantes?

El gobierno nacional tiene una política que va a contramano del mundo, donde se implementan políticas que protegen los mercados locales. Desde China hasta Rusia y Estados Unidos, más allá de diferencias geopolíticas. Solo Argentina mantiene una política que se desentiende de la actividad doméstica.

La decisión se tomó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una serie de medidas para analizar en profundidad el sospechoso patrimonio del funcionario.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal requirió una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de Adorni. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.

Entre las medidas dispuestas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintos organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. La intención es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con su situación declarada.

En particular, se solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de precisar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También se busca determinar quién afronta el pago de las expensas y si se gestionaron los permisos de construcción correspondientes.

Asimismo, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre de Adorni como de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones o inhibiciones.

La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, antecedentes laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, además de información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia. Finalmente, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos años, junto con sus anexos reservados, para evaluar la consistencia de la información presentada.