Mientras la Justicia profundiza la investigación por presuntas coimas, direccionamiento de contrataciones y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional volvió a otorgar beneficios a empresas vinculadas al expediente judicial, entre ellas la cuestionada Droguería Suizo Argentina, controlada por la familia Kovalivker.

La firma, que quedó bajo la lupa tras la difusión de los audios que comprometen al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y por su presunta participación en un entramado de contrataciones irregulares dentro del organismo, reaparece ahora en una millonaria licitación del Ministerio de Salud para la provisión de medicamentos oncológicos.

La resolución, firmada por la cartera que conduce Mario Lugones, adjudicó compras por casi 15.000 millones de pesos a un grupo de empresas entre las que también figuran Ortopedia Alemana del Norte y la droguería DISVAL, ambas mencionadas en las actuaciones judiciales que investigan el manejo de fondos destinados a prestaciones para personas con discapacidad.

La situación resulta particularmente llamativa porque, tras el escándalo de ANDIS, la participación de Suizo Argentina en las contrataciones estatales pareció reducirse drásticamente. Sin embargo, detrás de esa aparente retirada se produjeron movimientos societarios y comerciales que hoy vuelven a colocar a la empresa en el centro de la escena.

En diciembre pasado, Emmanuel Kovalivker renunció sorpresivamente a la vicepresidencia de la compañía durante una asamblea extraordinaria. Desde entonces, la presidencia quedó en manos de Jonathan Kovalivker, acompañado por un directorio integrado por figuras estrechamente vinculadas a la estructura empresarial de la familia, entre ellos Pablo Ariel Viner y Sebastián Nuner Uner, señalado en la causa judicial como uno de los hombres de mayor influencia dentro de la droguería.

La investigación del fiscal Franco Picardi busca determinar el funcionamiento de una compleja red de sociedades vinculadas a los Kovalivker, que abarca empresas de los sectores farmacéutico, financiero, inmobiliario y de servicios. Nombres como los hermanos Viner aparecen repetidamente en directorios de compañías relacionadas con Suizo Argentina, varias de ellas bajo investigación.

En su dictamen, Picardi también puso el foco sobre Sebastián Nuner Uner, considerado el número dos de la droguería. Según testimonios incorporados a la causa, Nuner Uner mantenía vínculos directos con funcionarios y operadores involucrados en las contrataciones investigadas y habría tenido capacidad de influencia sobre la incorporación de proveedores al sistema de compras de ANDIS.

A pesar de estos antecedentes, la empresa continúa participando de procesos de contratación pública. De hecho, según registros oficiales, Suizo Argentina presentó este año una oferta por más de 142 millones de pesos para proveer insumos destinados al Hospital Posadas, trámite que aún permanece pendiente de adjudicación.

La reaparición de la droguería en licitaciones estatales vuelve a generar interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia aplicados por el Gobierno, especialmente cuando se trata de empresas cuyos principales directivos y operadores aparecen mencionados en investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de recursos públicos.

La multinacional italiana Pirelli decidió paralizar completamente su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio debido al desplome de las ventas y la retracción de la demanda interna, en una medida que refleja el deterioro creciente de la actividad productiva nacional.

La suspensión de la producción fue comunicada en las últimas horas a los trabajadores de la fábrica bonaerense y se extenderá durante una semana con goce de haberes. Sin embargo, el freno temporal de la actividad aparece apenas como una señal de una problemática más profunda: a partir de julio la empresa modificará su esquema operativo, eliminará la producción durante los fines de semana y reducirá significativamente los ingresos de cientos de operarios.

La decisión implica el fin de las horas extras y adicionales asociados a las jornadas de sábado y domingo, lo que provocará una caída promedio cercana al 27% en los salarios de los trabajadores. El ajuste evidencia las dificultades que enfrenta la compañía para sostener los niveles de producción en un contexto de mercado cada vez más deprimido.

Una industria golpeada por la apertura importadora y el derrumbe del consumo

El caso de Pirelli no constituye un hecho aislado. La industria del neumático atraviesa una de las coyunturas más complejas de los últimos años, afectada por la fuerte caída del consumo, la pérdida de competitividad de la producción local y el creciente ingreso de neumáticos importados muchas veces de menor calidad.

Según señalaron trabajadores de la planta, la empresa acumula al menos cuatro meses consecutivos de retroceso en las ventas, una situación que encendió las alarmas en toda la actividad. La preocupación se profundiza por el escenario que también atraviesa Fate, otra de las principales fabricantes del sector, que enfrenta problemas productivos y laborales similares.

La planta de Merlo emplea actualmente a unos 650 trabajadores, aunque la dotación ya sufrió una drástica reducción en los últimos años. Desde 2023 se registraron más de 700 desvinculaciones en el marco de distintos procesos de ajuste implementados por la compañía para adecuarse a la caída de la actividad.

Del auge productivo a la capacidad ociosa

La magnitud de la crisis puede observarse con claridad en los niveles de producción. Mientras que durante sus años de mayor expansión la planta llegó a fabricar cerca de 18.000 neumáticos por día, actualmente produce entre 3.500 y 4.000 unidades diarias, una caída que expone el fuerte retroceso de la actividad industrial.

Inaugurada en 1951, la fábrica de Merlo se consolidó durante décadas como una de las principales plantas de Pirelli en Sudamérica, recibiendo inversiones destinadas a ampliar su capacidad productiva y desarrollar neumáticos de alto valor agregado. Hoy, sin embargo, opera muy por debajo de su potencial y se enfrenta a un escenario de creciente incertidumbre.

Trabajadores y referentes del sector advierten que la combinación entre apertura de importaciones, contracción del mercado interno y pérdida del poder adquisitivo está acelerando un proceso de desindustrialización que ya impacta sobre el empleo, los salarios y la capacidad productiva nacional. La paralización de Pirelli aparece así como una nueva señal de alarma en una industria que observa con preocupación la profundización de la crisis y la ausencia de medidas que permitan revertir la tendencia.

La decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de exigirle a la Fundación Faro que revele la identidad de sus principales aportantes fue leída dentro del oficialismo como un nuevo movimiento de Karina Milei en la creciente disputa de poder que atraviesa al Gobierno.

El organismo que conduce el Ministerio de Justicia notificó a la fundación encabezada por Agustín Laje y vinculada al entorno de Santiago Caputo para que informe quiénes realizaron las donaciones millonarias que recibió durante 2024. La presentación deberá realizarse en un plazo de diez días hábiles bajo amenaza de sanciones económicas que podrían alcanzar varios millones de pesos.

La exigencia surgió luego de que Faro declarara ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo el rubro “Donaciones, cursos, talleres y prevención”, una cifra que multiplicó por más de cien los recursos informados el año anterior y que despertó la atención de la IGJ. El organismo reclama ahora precisiones sobre el origen de esos fondos, la identidad de los aportantes y las circunstancias en las que se realizaron los desembolsos.

La sombra de Karina Milei

Pero la lectura política dentro de La Libertad Avanza va mucho más allá de una cuestión contable. Faro se transformó en los últimos meses en una estructura de peso dentro del ecosistema libertario. Con Agustín Laje como referencia intelectual y Francisco Caputo —hermano del principal asesor presidencial— como uno de sus armadores, la fundación comenzó a consolidarse como un polo de influencia propio dentro del oficialismo.

Por eso, la decisión de la IGJ fue interpretada por varios dirigentes como un mensaje dirigido al sector de Santiago Caputo. La sospecha se alimenta por el hecho de que el organismo responde políticamente al ministro de Justicia, una de las áreas donde Karina Milei logró desplazar la influencia del asesor presidencial para fortalecer su propio esquema de control.

La ofensiva sobre Faro coincidió además con otro gesto que en la Casa Rosada fue leído en clave interna. Horas después de conocerse el requerimiento de la IGJ, Manuel Adorni anunció la apertura del registro para que talleres mecánicos particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que impacta sobre uno de los negocios históricamente vinculados a grupos empresarios cercanos al círculo de Santiago Caputo.

La simultaneidad de ambos movimientos alimentó la percepción de que Karina Milei busca recuperar iniciativa política luego de varios episodios que fortalecieron la posición de Caputo frente al Presidente. En el karinismo observan con preocupación el creciente vínculo entre Javier Milei y su principal asesor, mientras que también siguen de cerca los movimientos de Patricia Bullrich, quien comenzó a exhibir señales de autonomía que incomodan a la secretaria general.

En ese contexto, el pedido de información a Fundación Faro dejó de ser un expediente administrativo para convertirse en una pieza más de la guerra silenciosa que se desarrolla en el corazón del poder libertario. Una disputa donde los movimientos burocráticos, los anuncios de gestión y las decisiones regulatorias aparecen cada vez más atravesados por la pelea por la sucesión y el control político del proyecto de gobierno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei con un gesto político de alto voltaje institucional: recibió en su despacho del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió su respaldo tras el veto oficial.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei con un gesto político de alto voltaje institucional: recibió en su despacho del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió su respaldo, luego de que el Gobierno decidiera retirar su pliego cuando ya contaba con dictamen favorable para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

El encuentro, que se extendió durante casi una hora en las oficinas de la titular del Senado en el Palacio Legislativo, se produjo en medio de la fuerte controversia generada por la decisión de la Casa Rosada de frenar la designación de la magistrada. La medida derivó incluso en una denuncia penal y profundizó las tensiones en torno al proceso de nombramientos judiciales.

Con esta reunión, Villarruel envió una señal inequívoca de respaldo político e institucional a Michelli y, al mismo tiempo, dejó en evidencia una nueva diferencia con Milei. Cerca de la vicepresidenta remarcaron que “respeta la institucionalidad” y que no está dispuesta a desconocer la voluntad expresada por las mayorías del Senado.

“El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, señalaron fuentes de su entorno.

Aunque la reunión se realizó el martes, trascendió este miércoles, pocas horas antes de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques definirán el temario de la próxima sesión. En ese contexto, el gesto de Villarruel cobra especial relevancia política y reaviva las señales de autonomía que viene exhibiendo frente al Presidente.

Patricia Bullrich comenzó su militancia en 1973, a los 17 años, en la Juventud Peronista, en plena efervescencia revolucionaria. Orbitó muy cerca de la agrupación Montoneros, antes de exiliarse durante la última dictadura. Según el propio Javier Milei, Bullrich habría participado en operativos armados, que incluyeron explosivos.

De regreso a la democracia, siguió vinculada al peronismo y asumió como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 1993, integrando el Partido Justicialista durante la presidencia de Carlos Menem, es decir, pasó sin mayores explicaciones del peronismo de izquierda armado al menemismo neoliberal de los noventa, dos universos ideológicos difícilmente conciliables.

Al terminar su mandato legislativo en 1997, comenzó una etapa de saltos más frecuentes. Se fue al partido Nueva Dirigencia de Gustavo Béliz y, más tarde, fundó su propio espacio, Unión por Todos, con el que participó del gobierno de Fernando de la Rúa.

Luego se sumó al FREPASO y después a la Alianza, la coalición que gobernó hasta el estallido de 2001. Cuando ese proyecto implosionó, Bullrich no tardó en encontrar otro techo: integró la Coalición Cívica, fundada por Elisa Carrió, con quien también terminaría rompiendo.

El siguiente salto sería el más duradero hasta entonces. En 2015 dio un paso decisivo al unirse al PRO, el partido de Mauricio Macri, donde se consolidó como figura central: fue ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 y luego presidenta del partido. Fue candidata presidencial en 2023 por Juntos por el Cambio, perdió en primera vuelta y, lejos de retirarse, apoyó públicamente a Javier Milei en el balotaje, el hombre al que había enfrentado en campaña. Esa jugada le valió volver al gobierno como ministra de Seguridad.

El desenlace llegó en mayo de 2025: Bullrich abandonó oficialmente el PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, su sexta —o séptima, según cómo se cuente— adhesión partidaria en más de cinco décadas. Actualmente es senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ahora prepara su nuevo salto hacia el posMilei: como ve debilitado a los libertarios, Bullrich huele sangre y actúa. Se piensa como candidata a presidenta por fuera de La Libertad Avanza. La verdadera casta.

El presidente Mauricio Macri se juntó en secreto con Patricia Bullrich para entusiasmarla con la idea de lanzarse contra Javier Milei y armar un proyecto alternativo para las elecciones presidenciales del año próximo. Unos días después, Bullrich anunció que le ofreció la renuncia a la presidencia del bloque libertario en el Senado en un nuevo gesto de distancia con el gobierno. Macri y Bullrich huelen que Casa Rosada pasa por el peor momento.

El encuentro se produjo la semana pasada, en la previa de la cumbre de Macri con empresarios en Colonia del Sacramento.

La ahora senadora Bullrich tiene un largo historial de saltos políticos desde su juventud cuando militaba en Montoneros y hacía operativos armados, como señaló el propio Milei. Cincuenta años después, terminó apoyando a la ultraderecha. ¿Llegó el turno de un nuevo salto del camaleón?

La senadora se presentó en una conferencia sobre ciberseguridad en medio de la tensión que se disparó en el oficialismo por el retiro del pliego de Michelli; sin embargo, dijo que trabajará “por la reelección” del Presidente

Patricia Bullrich siempre encuentra el modo de hacerse notar, si no es con operaciones mediáticas entonces con manejos políticos como el más reciente, en el que se le plantó al Gobierno diciendo que no quería aprobar en el Senado los pliegos de jueces federales porque Javier Milei decidió retirar una de las listas.

De esta manera, la interna dentro de La Libertad Avanza sumó un capítulo de máxima tensión. Este martes se conoció que la senadora puso su renuncia a disposición como líder de la bancada oficialista en el Senado —la cual no fue aceptada por el Presidente—, dejando en evidencia el profundo desgaste político y las diferencias de criterio que mantiene con los hermanos Milei respecto al armado del poder.

El quiebre de la relación se profundizó luego de que la legisladora se plantara ante la Casa Rosada por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a una postulante de la lista de pliegos para los juzgados federales que debía tratarse en la Cámara Alta.

A través de un comunicado emitido a principios de esta semana, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto oficialista, pero marcó una distancia insalvable con la conducción de los hermanos Milei.

Según trascendió, la líder del bloque oficialista interpretó que la exclusión de una de las listas respondió estrictamente a una decisión personal y no técnica por parte del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, lo que terminó por detonar el conflicto y motivó el ofrecimiento de su dimisión al cargo en el Congreso, informó el canal C5N.

Exclusión de Patricia Bullrich de las decisiones clave

Esa decisión impulsó a Bullrich a presentar su renuncia como líder de la bancada oficialista en el Senado -cosa que el mandatario no aceptó- y puso un nuevo punto de tensión en la relación entre ella y la Casa Rosada.

Lo que es más, la senadora ya no formaría parte de las renuniones de la mesa chica en Casa Rosada, a la que sí seguirá asistiendo Martín Menem, por citar un caso de un miembro del Congreso que tiene un rol político más allá de lo institucional.

Este desplazamiento del núcleo de decisiones marca un fuerte contraste con la situación de otros referentes legislativos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantiene intacto su rol de consulta y su presencia en el círculo de confianza del esquema presidencial.

Datos obtenidos por el portal Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública muestran que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión de Javier Milei.

Lo que comenzó como una polémica por un puñado de créditos millonarios otorgados a funcionarios del Gobierno nacional terminó revelando una dimensión mucho mayor. Datos obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública muestran que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión de Javier Milei.

La cifra expone por primera vez la magnitud de una operatoria que hoy se encuentra bajo cuestionamiento político y judicial. De los 25.391 créditos hipotecarios concedidos por la entidad en ese período, uno de cada 23 fue destinado a personas alcanzadas por los controles especiales que exige la Unidad de Información Financiera (UIF) para funcionarios, exfuncionarios y familiares directos de quienes ocupan posiciones de poder.

El dato adquiere especial relevancia porque contradice la versión oficial que intentó minimizar la controversia. Tras conocerse los primeros casos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que menos del 0,2% de los créditos habían sido otorgados a personas vinculadas al Gobierno. Sin embargo, la información suministrada por el propio Banco Nación muestra un universo significativamente más amplio: al menos 1.120 beneficiarios pertenecientes a una categoría que el sistema financiero identifica y monitorea específicamente por su cercanía al poder político.

La polémica se profundiza porque el crecimiento de estos préstamos coincidió con modificaciones introducidas por la propia administración libertaria. En septiembre de 2024, el Banco Nación reformó la reglamentación de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una modificación inexistente en la normativa anterior.

El discurso anti casta sin credibilidad

Los cuestionamientos apuntan a una aparente contradicción entre el discurso oficial de combate a los privilegios de la dirigencia política y la ampliación de condiciones que facilitaron el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios otorgados por la principal entidad financiera pública del país.

La controversia estalló cuando trascendieron casos de altos funcionarios que accedieron a préstamos por cientos de millones de pesos. Entre ellos figuran el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, con un crédito de $510 millones; el asesor económico Felipe Núñez, con $373 millones; el secretario de Finanzas Federico Furiase, con $367 millones; y Leandro Massaccesi, quien obtuvo $420 millones antes de ser desplazado de su cargo.

La información surgió luego de la difusión de datos a través del sitio “¿Cuánto Deben?”, desarrollado por el especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky, que permitió identificar créditos otorgados a integrantes de la administración nacional. Sin embargo, los nuevos datos obtenidos por Ámbito revelan que aquellos casos representaban apenas una parte de un fenómeno mucho más extendido.

Además, los números podrían incluso ser conservadores. La categoría de Personas Expuestas Políticamente no incluye a todos los cargos relevantes de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, determinados directivos de empresas públicas y otros funcionarios de alto rango quedan fuera de esa clasificación, por lo que la cantidad total de beneficiarios vinculados al aparato estatal podría ser superior a la informada.

La causa ya motivó una denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade y actualmente tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. La investigación deberá determinar si existieron o no irregularidades en el otorgamiento de los préstamos.

Mientras tanto, los datos oficiales ya permiten establecer un hecho político contundente: detrás de los casos individuales que generaron repercusión pública existe un universo de al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a personas alcanzadas por los mecanismos de control reservados para quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder. Una cifra que amplía significativamente el alcance de un escándalo que continúa creciendo y que amenaza con convertirse en uno de los capítulos más incómodos para la administración de Javier Milei.

Ahora surgieron otras dos jubiladas que habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada al patrimonio familiar, repitiendo un esquema que ya había despertado fuertes sospechas.

El caso patrimonial que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni parece no tener techo. Cuando las explicaciones ensayadas por el entorno del funcionario todavía no lograron disipar las dudas sobre el origen y la evolución de sus bienes, una nueva revelación vuelve a sacudir el expediente: ahora surgieron otras dos jubiladas que habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada al patrimonio familiar, repitiendo un esquema que ya había despertado fuertes sospechas.

La documentación conocida en las últimas horas remite a una operación realizada por Jorge Adorni, padre del funcionario, quien habría constituido una hipoteca sobre el departamento familiar para garantizar un préstamo de 22.500 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas. El dato no solo resulta llamativo por el monto involucrado para la época, sino también porque las acreedoras no registraban antecedentes en actividades financieras formales, una característica que se repite en otras operaciones investigadas y que profundiza los interrogantes sobre el origen de los fondos.

Según los registros analizados, el dinero habría sido entregado en efectivo en 1996 mediante un contrato privado posteriormente respaldado por una garantía hipotecaria. La operación derivó años más tarde en reclamos judiciales debido a incumplimientos en la devolución del préstamo, dejando una serie de documentos, pagarés y compromisos impagos que hoy vuelven a quedar bajo la lupa.

La historia suma además otro capítulo difícil de explicar. Tras el fallecimiento de Jorge Adorni, Manuel Adorni, su hermano Francisco y su madre solicitaron el levantamiento de la hipoteca para disponer libremente del inmueble. Aunque no existen constancias públicas que acrediten la cancelación de la deuda con las jubiladas, la Justicia levantó la medida en 2023. Dos años después, el departamento fue finalmente inscripto y puesto a la venta por 95.000 dólares. El inmueble, además, no figura en las declaraciones juradas conocidas del actual funcionario.

La aparición de estas nuevas prestamistas se produce cuando todavía persisten las dudas sobre la situación patrimonial del vocero presidencial. A casi un mes de que el presidente Javier Milei prometiera que la declaración jurada actualizada de Adorni era “inminente”, el documento sigue sin presentarse. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre una eventual justificación basada en inversiones en criptomonedas, una explicación que, de concretarse, obligaría al funcionario a aclarar por qué esos activos no habrían sido consignados oportunamente al ingresar al Gobierno.

La investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo se concentra actualmente en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2024 y 2025. Antes de desembarcar en la administración libertaria, Adorni poseía un departamento en Parque Chacabuco. Sin embargo, posteriormente comenzaron a detectarse nuevas adquisiciones, entre ellas una vivienda de mayor valor en Caballito y una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, movimientos que marcaron un crecimiento patrimonial significativo.

Uno de los puntos centrales del expediente es la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares. De acuerdo con la investigación, cerca del 90% de la operación habría sido financiado mediante préstamos otorgados por otras dos mujeres jubiladas que, además, participaron como vendedoras del inmueble. La estructura de la operación, sumada a las diferencias detectadas entre el valor declarado y las estimaciones de mercado, alimentó nuevas sospechas sobre la trazabilidad de los fondos utilizados.

Las dudas también alcanzan a una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, vinculada a Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario. Según la hipótesis judicial, la adquisición habría contado con aportes externos cercanos a los 100.000 dólares realizados el mismo día de la compra, una circunstancia que los investigadores analizan como parte de un posible esquema de financiamiento cruzado o simulado.

Cada nuevo documento que aparece parece abrir más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una discusión sobre declaraciones juradas y operaciones inmobiliarias se transformó en una compleja trama de préstamos, jubiladas prestamistas, hipotecas, bienes no declarados y mecanismos de financiamiento difíciles de justificar. Lejos de cerrarse, el caso Adorni continúa acumulando elementos que incrementan la presión política y judicial sobre uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei.

A los recientes cruces por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ahora se suma una nueva diferencia de peso: la senadora adelantó que no acompañará el pedido del Gobierno para retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Criminal Federal N°3 de La Plata.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Bullrich confirmó que ya le comunicó personalmente su decisión al Presidente. “Voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, sostuvo la legisladora, quien además reivindicó su derecho a expresar posiciones propias dentro del oficialismo.

La decisión representa un nuevo gesto de desaire político frente a la Casa Rosada y, especialmente, frente al círculo más cercano al mandatario. El Gobierno impulsa la impugnación de Michelli por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien participó de investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción que salpican a funcionarios libertarios.

Bullrich justificó su postura apelando a principios institucionales y aclaró que la diferencia no implica una ruptura con el proyecto político de Milei. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente”, afirmó. Sin embargo, remarcó que el respeto por las convicciones individuales y el debate interno también forman parte del cambio que propone el oficialismo.

El episodio se suma a las diferencias que la senadora ya había exhibido semanas atrás durante la controversia que rodeó a Adorni. En aquella oportunidad, Bullrich fue una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar públicamente medidas para despejar las sospechas surgidas tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Su postura generó malestar en el entorno presidencial, particularmente en Karina Milei, una de las principales defensoras de Adorni dentro del Gobierno. La senadora incluso buscó acelerar la publicación de información patrimonial por parte del funcionario y del propio Presidente, al difundir su propia declaración jurada como forma de presión política.

Con este nuevo desacuerdo por el caso Michelli, Bullrich vuelve a marcar diferencias con la estrategia de la Casa Rosada y alimenta las versiones sobre una creciente distancia con Milei y el núcleo duro del poder libertario.