El viceministro de Economía José Luis Daza volvió a utilizar la metáfora que Mauricio Macri convirtió en símbolo de una recuperación que nunca llegó. Aunque admitió que “la gente no llega a fin de mes”, aseguró que la economía ya muestra señales de mejora gracias al equilibrio fiscal.

En una frase que remite de inmediato a uno de los emblemas discursivos del gobierno de Mauricio Macri, el viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó este miércoles que en la Argentina “ya están los brotes verdes”. La expresión, utilizada en 2016 para anunciar una recuperación económica que nunca terminó de percibirse en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, volvió a escena de la mano de un funcionario de Javier Milei.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Daza reconoció el fuerte deterioro social, aunque defendió el rumbo económico del Gobierno. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero evitamos una catástrofe”, sostuvo al justificar el ajuste aplicado por la administración libertaria.

Según el viceministro, el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas ya comenzaron a generar las condiciones para una recuperación, aunque admitió que las inversiones y los nuevos empleos “todavía no se ven”. Para ilustrar esa idea recurrió a un proverbio japonés: “Hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer”.

El regreso de una promesa que fracasó

La referencia a los “brotes verdes” inevitablemente recuerda al discurso del macrismo. En 2016, funcionarios como Alfonso Prat-Gay aseguraban que la economía comenzaba a recuperarse gracias al repunte de algunos indicadores y a la obra pública. Sin embargo, aquella expectativa nunca logró traducirse en una mejora sostenida para la mayoría de la población y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de las promesas incumplidas del gobierno de Cambiemos.

Aunque Daza intenta diferenciarse de aquella gestión y asegura que entonces discrepaba con la política fiscal de Macri, el paralelismo resulta inevitable. Si hace una década el oficialismo hablaba de confianza empresarial y de una inminente “lluvia de inversiones”, hoy el funcionario libertario menciona US$ 140.000 millones en proyectos de inversión y proyecta que Argentina podría recuperar el grado de inversión recién hacia 2031.

Mientras el Gobierno celebra mejoras en la calificación de la deuda y otros indicadores financieros, el propio Daza reconoce que el alivio aún no llega a la economía cotidiana. La distancia entre las variables macroeconómicas y la realidad de los hogares sigue siendo evidente: salarios rezagados, consumo deprimido y una recuperación que, por ahora, vuelve a apoyarse en la promesa de unos “brotes verdes” que muchos argentinos ya escucharon hace casi una década sin que terminaran de florecer.

FlyBondi fue una de las piezas centrales del sueño macrista para la transformación del mercado aerocomercial argentino bajo el programa denominado “Revolución de los Aviones”, una iniciativa presentada como el camino para ampliar la conectividad, abaratar los pasajes y multiplicar la cantidad de pasajeros. Realidad fue diferente: vuelos sobrevendidos, cancelados y aviones que no parecen reunir las condiciones para volar.

En ese marco, la primera gran aerolínea low cost del país está atravesando una crisis muy profunda que pone en jacque la narrativa de Mauricio Macri y Javier Milei sobre la importancia de la “desregulación”. De eso no se habla.

Cuando presentaron la iniciativa, tanto Macri como Guillermo Dietrich hablaron de la creación de 25.000 puestos de trabajo y de la “reducción de la pobreza”. Por supuesto, eso no pasó y en solo unos pocos años FlyBondi pasó de volar con todas las luces a no poder cumplir con vuelos elementales, dejando a miles de personas varadas. Macri lo hizo.

La tregua que impuso el Mundial 2026 quedó atrás y la protesta social vuelve a ocupar el centro de la escena política. La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados marcharán este miércoles al Congreso, en una movilización que marcará el reinicio de la agenda de calle contra el Gobierno de Javier Milei y abrirá una nueva etapa de medidas de fuerza. Messi tenía razón: la gente no llega a fin de mes.

La concentración está prevista para las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Congreso Nacional. La convocatoria tendrá como principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional.

Con inflación anual en torno al 35% e ingresos que suben al 20%, la pérdida del poder adquisitivo es superior al 10% lo que impacta sobre millones de familias que no llegan a fin de mes, como debió recordar el crack de la selección nacional, ante la indignación del gobierno libertario.

Desde Apinta y ATE sostienen que detrás del plan existe un intento de desprenderse de activos estratégicos para favorecer negocios inmobiliarios.

El Gobierno nacional analiza poner en venta hasta 50.000 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de un proceso de revisión de las tierras que utiliza el organismo para sus actividades, una medida que vuelve a abrir el conflicto por el destino del patrimonio científico estatal.

El presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, sostuvo que “solo unas 50.000 hectáreas tienen un real uso científico o tecnológico” y detalló que ya fueron desafectadas unas 15.000. El INTA posee cerca de 100.000 hectáreas distribuidas en todo el país, utilizadas para investigación, desarrollo tecnológico y conservación de recursos genéticos.

La iniciativa despertó un fuerte rechazo entre los trabajadores del organismo. Desde Apinta y ATE sostienen que detrás del plan existe un intento de desprenderse de activos estratégicos para favorecer negocios inmobiliarios. “¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate a precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, cuestionan los trabajadores.

El proyecto se suma a una serie de medidas impulsadas por la gestión de Javier Milei sobre el organismo. A fines de 2024 se diseñó un plan para vender 27.000 hectáreas distribuidas en 22 campos experimentales, mientras que este año el Ejecutivo intentó subastar más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, una operación que fue frenada por la Justicia.

El director del organismo Nicolás Bronzovich también confirmó que el Gobierno continuará con el desprendimiento de tierras del organismo bajo el argumento de que solo la mitad tiene uso científico, una afirmación cuestionada por especialistas y entidades del sector.

Mientras el Gobierno avanza con el ajuste y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, sorprendió con una insólita defensa de los despidos masivos de personal técnico y científico al afirmar que representan “una oportunidad para redoblar esfuerzos”.

Lejos de manifestar preocupación por la pérdida de casi 900 trabajadores altamente capacitados, Bronzovich sostuvo que la reducción de personal permitirá convertir al INTA en “la plataforma de innovación de la Argentina”, pese a que la salida de investigadores, extensionistas y técnicos implica una fuerte pérdida de capacidades para uno de los principales organismos de ciencia y tecnología del país.

En declaraciones a Clarín Rural, el funcionario confirmó además que el Gobierno continuará avanzando con el plan para desprenderse de tierras del instituto. Según explicó, ya fueron desafectadas unas 15.000 hectáreas, equivalentes al 10% del patrimonio territorial del organismo, y anticipó que podrían venderse muchas más.

La justificación oficial resulta tan polémica como llamativa: Bronzovich aseguró que, de las más de 100.000 hectáreas que posee el INTA, apenas unas 50.000 están destinadas a actividades científicas o tecnológicas y que el resto podría dejar de pertenecer al organismo porque, según su criterio, “los productores producen y los investigadores investigan”.

Con ese argumento, adelantó que continuarán revisando cada campo y que toda superficie que el Gobierno considere innecesaria para la investigación será desafectada para otros destinos.

Sin embargo, esa explicación ya fue cuestionada por especialistas y por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que rechazó la idea de que gran parte de esas tierras carezcan de utilidad. Diversos sectores advierten que numerosos campos cumplen funciones estratégicas para experimentación, conservación, producción de semillas, extensión rural y desarrollo tecnológico.

Las sospechas apuntan además a que detrás del plan de venta de tierras podría existir un importante negocio inmobiliario. Las miradas se concentran sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de administrar esos inmuebles y presidida por Nicolás Pakgojz, un dirigente identificado como hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei.

En paralelo, Bronzovich confirmó que 887 trabajadores aceptaron el programa de retiros voluntarios, reduciendo la planta del INTA a alrededor de 5.000 empleados. Lejos de considerar esa pérdida de recursos humanos como un problema para la investigación pública, insistió en que “lo vemos como una oportunidad para que el INTA redoble sus esfuerzos”, una definición que generó fuertes críticas por naturalizar el vaciamiento de un organismo clave para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.

El juez Alejo Ramos Padilla anuló la resolución del Ministerio de Economía que eliminó el sistema oficial de información sobre los precios de los combustibles. Advirtió que el Gobierno vulneró el derecho de los consumidores al reemplazar un mecanismo público por datos dispersos en aplicaciones privadas y cuestionó la falta de transparencia de una herramienta clave para seguir la evolución de los precios.

Luis “Toto” Caputo sufrió un nuevo revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, que había eliminado la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles, una decisión que redujo el acceso de la ciudadanía a información pública y verificable sobre un insumo central de la economía.

La medida dejada sin efecto derogaba el sistema creado en 2016, que obligaba a las estaciones de servicio a reportar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Esa información alimentaba una base de datos pública que permitía comparar valores entre expendedoras y denunciar irregularidades cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que la decisión del Gobierno implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada, veraz y fácilmente accesible. También rechazó el argumento oficial de que los datos podían consultarse en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, al considerar que esa información se encuentra fragmentada, depende de empresas privadas y no garantiza una comparación uniforme entre todas las estaciones del país.

El magistrado fue más allá y cuestionó que, en un contexto donde las empresas aplican sistemas de “micropricing” con cambios frecuentes en los valores, el Estado decidiera desmantelar justamente la herramienta que permitía monitorear esas variaciones. Según remarcó, cuanto más dinámico es el mercado, mayor es la necesidad de contar con un sistema oficial, centralizado y actualizado.

La decisión judicial golpea una de las herramientas utilizadas por Caputo para maquillar la inflación. Durante buena parte de 2025, el Ministerio de Economía demoró o aplicó parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono para evitar que esos aumentos impactaran de lleno en el surtidor y, por esa vía, en el índice de precios.

A esa estrategia se sumó el rol de YPF, que absorbió parte del aumento internacional del petróleo durante la escalada del conflicto en Medio Oriente para amortiguar el traslado a los consumidores. Sin embargo, cuando el precio del Brent comenzó a descender, las rebajas no llegaron con la misma rapidez a los surtidores. En ese escenario, la eliminación del sistema oficial de información dejó el seguimiento de las variaciones exclusivamente en manos de las empresas.

La demanda había sido impulsada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que denunció que la resolución debilitaba los controles públicos y reducía la transparencia del mercado de combustibles.

Ramos Padilla también rechazó la defensa del Gobierno, que justificó la medida en la política de desregulación de la administración de Javier Milei. El juez recordó que la propia normativa de 2016 había considerado insuficiente el viejo esquema de información mensual y señaló que el Estado nunca explicó por qué un sistema que antes calificaba como inadecuado ahora sería suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información.

Con este fallo, la Justicia dejó en claro que el Estado no puede sustituir un sistema oficial de información pública por datos dispersos administrados por empresas privadas y reafirmó que la transparencia y el acceso a información confiable constituyen obligaciones constitucionales, especialmente cuando se trata de precios que impactan de manera directa en el costo de vida de millones de argentinos.

El abastecimiento destinado al consumo doméstico cayó 11,5% interanual durante el primer semestre, afectado tanto por la menor disponibilidad de carne como por el encarecimiento relativo del producto frente a los ingresos de las familias. La carne es clave para que los argentinos puedan consumir proteínas, tan necesarias para el desarrollo de una persona.

Según información oficial, el consumo aparente se ubicó en 1,02 millones de toneladas res con hueso, unas 131.830 toneladas menos que en igual período del año pasado.

Medido por habitante, el consumo anualizado descendió hasta 47 kilos por persona, el nivel promedio registrado en los últimos doce meses. La cifra representa una caída del 8,2% respecto de junio de 2025, equivalente a 4,2 kilos menos por habitante al año, consolidando la tendencia de retracción del consumo interno en un escenario donde la demanda externa continúa ganando protagonismo.

Mientras el ajuste recorta derechos y servicios esenciales, Milei vuelve a aumentar el presupuesto de la SIDE y le asigna $7.500 millones en gastos reservados.

El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que la austeridad y el ajuste no alcanza a todos por igual. Mientras el discurso oficial insiste en que “no hay plata” para jubilaciones, universidades, salud, ciencia o políticas sociales, el Ejecutivo decidió reforzar nuevamente el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluso con miles de millones de pesos en fondos reservados que no deben rendir cuentas.

La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/26, que introduce una serie de modificaciones presupuestarias bajo el argumento de que, de no realizarse de manera inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. Entre esas prioridades, el Gobierno volvió a incluir al aparato de inteligencia.

El decreto incrementa en $49.261.489.000 el presupuesto anual de la SIDE. De ese monto, casi $7.500 millones corresponden a la partida de Gastos Reservados, recursos cuyo destino permanece fuera del control y del escrutinio público. Además, el organismo recibió otros más de $9.400 millones para la compra de equipamiento informático.

La decisión reafirma un patrón que se repite desde el comienzo de la gestión libertaria. En medio del fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado, la SIDE ha sido una de las grandes beneficiadas por las ampliaciones presupuestarias. En julio de 2024, el Gobierno ya había intentado otorgarle $100.000 millones mediante un decreto con partidas de carácter reservado. Un año después, otro DNU le sumó $1.625 millones adicionales. Ahora, vuelve a ampliar sus recursos con otra inyección de fondos.

El gesto, que fue celebrado por millones de argentinos, despertó el rechazo del expresidente Mauricio Macri, quien volvió a exhibir una postura distante del reclamo de soberanía al sostener que “no era el momento” y que “no hay que mezclar política con fútbol”.

Las declaraciones de Macri reavivaron las críticas por su histórico posicionamiento sobre la cuestión Malvinas. Durante su presidencia llegó a calificar el reclamo como “un déficit adicional” para la Argentina y reconoció públicamente que no entendía “los temas de soberanía”, además de impulsar una vergonzosa política de acercamiento con el Reino Unido materializada en el escandaloso acuerdo Foradori-Duncan que fue cuestionada por excombatientes y especialistas en Política Exterior.

Según publicó La Nación, el exmandatario sostuvo que “con lo de Malvinas hicieron una de más”, en referencia a la bandera que fue sostenida por Giovani Lo Celso y luego acompañada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. Sus dichos contrastaron con el sentir expresado por los propios futbolistas, quienes reivindicaron el homenaje.

Leandro Paredes fue contundente: “Y serán siempre argentinas”, mientras que Lautaro Martínez aseguró que “no era un partido más” y que la carga simbólica del encuentro frente a Inglaterra hacía imposible desligarlo de la causa Malvinas.

El Reino Unido pidió una investigación a la FIFA

En paralelo, el Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue el episodio al considerar que la exhibición de la bandera constituyó una manifestación política prohibida por el reglamento del organismo aunque al mismo tiempo el Reino Unido busca censurar la participación de países como Rusia en los Juegos Olímpicos poniendo en evidencia una doble vara.

La polémica también dejó al descubierto diferencias dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras Macri cuestionaba el gesto de los jugadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a respaldarlos con un mensaje en redes sociales: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”.

El episodio volvió a poner en evidencia dos miradas contrapuestas sobre la causa Malvinas. Por un lado, la de Macri, que insistió en separar el reclamo de soberanía del ámbito deportivo, en línea con una postura que ha sostenido durante años. Por el otro, la de quienes consideran que la reivindicación de las islas forma parte de la identidad nacional y trasciende cualquier escenario, incluso una cancha de fútbol. Ahora será la FIFA la que deba resolver si adopta alguna medida contra los jugadores o la AFA.

El plantel de la Scaloneta pidió repetir el ritual del Mundial de Qatar para el próximo partido clave. Sin embargo, el veto ideológico de la Casa Rosada traba la negociación y desata un inesperado conflicto entre el vestuario y el Presidente.

Un inesperado frente de tormenta combina la mística futbolera con la grieta política más profunda. En las últimas horas trascendió que el plantel de la Selección Argentina de fútbol le solicitó formalmente a la dirigencia de la AFA la convocatoria de Lali Espósito para interpretar el Himno Nacional Argentino en la antesala del próximo cruce trascendental del equipo. El pedido, fundamentado estrictamente en una cuestión de “cábala” tras la recordada final en el Mundial de Qatar, chocó de frente con una feroz resistencia por parte del presidente Javier Milei.

El cortocircuito expone la persistencia del fuerte enfrentamiento público e ideológico que el mandatario mantiene con la artista pop, a quien llegó a apodar despectivamente en reiteradas oportunidades. Mientras que los referentes del vestuario albiceleste priorizan los rituales que consideran protectores y exitosos para el grupo, desde las oficinas de Balcarce 50 bajaron una orden taxativa de no validar ni financiar ninguna centralidad institucional para la cantante en eventos que involucren al Estado o a las marcas oficiales.

Las claves del conflicto entre la Scaloneta y la Casa Rosada:

• El peso de la cábala mundialista: Los jugadores de la Selección son conocidos por respetar a rajatabla sus costumbres y rituales de la suerte. La interpretación de Lali en Qatar es vista por el grupo como un amuleto histórico que quieren repetir en territorio nacional para revalidar la comunión con el público.
• El veto ideológico del Ejecutivo: Desde el entorno presidencial dejaron en claro que la figura de la artista sigue estando “bloqueada” para cualquier tipo de acto oficial, lo que genera una fuerte tensión administrativa con las autoridades de la AFA, atrapadas en el medio del tironeo entre los futbolistas y el poder político.
• Incertidumbre en la organización: La negativa oficial obliga a los armadores del evento a dilatar la confirmación del show previo, buscando alternativas que conformen al plantel sin desatar la furia de las redes libertarias y de la propia jefatura de Estado.

El fútbol vs. la rosca de Gobierno

La disputa vuelve a poner sobre la mesa los límites del control oficial sobre los íconos populares. Para la mesa chica de Javier Milei, ceder ante el pedido de los campeones del mundo significaría una “derrota cultural” en su cruzada contra los artistas que cuestionaron públicamente el rumbo socioeconómico del país.

Por el lado de la Scaloneta, el fastidio empieza a hacerse notar: los futbolistas consideran que el vestuario y sus cábalas están por encima de cualquier interna partidaria y que la Casa Rosada no debería intervenir en las decisiones que hacen a la mística y el folclore del equipo nacional.