La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato tan inesperado como sensible: dos integrantes de la Policía Federal Argentina le otorgaron un préstamo por 100.000 dólares, en una operación que también está bajo la lupa de la Justicia.

El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar los detalles y la legalidad de este financiamiento, que fue utilizado para garantizar una hipoteca vinculada a una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Las acreedoras fueron identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria inspectora retirada, y su hija, Victoria María José Cancio, actual oficial ayudante subinspectora. Según los registros, la madre aportó la mayor parte del dinero —85.000 dólares—, mientras que su hija completó el monto con 15.000.

La revelación genera especial impacto por el vínculo jerárquico: Adorni, como jefe de Gabinete, se encuentra por encima de la estructura estatal en la que ambas se desempeñan o desempeñaron, lo que abre interrogantes éticos y administrativos sobre la relación financiera.

Además, se conocieron detalles clave de la operación: el préstamo fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, con una tasa de interés del 11% anual, lo que implicaría cuotas mensuales cercanas a los 4.600 dólares. La transacción fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró ante la Justicia.

El caso también pone el foco en la capacidad de pago del funcionario. Las cuotas estimadas superan ampliamente sus ingresos declarados hasta fines de 2025, lo que alimenta las dudas sobre la consistencia de su situación patrimonial.

Pero este no sería el único movimiento bajo sospecha. La investigación incluye otro préstamo por 200.000 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas para la compra de un departamento en Caballito, que, a diferencia del anterior, se habría realizado sin intereses.

Con estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa más compleja, en la que la Justicia deberá determinar no solo el origen de los fondos, sino también si existieron irregularidades o conflictos de interés en una trama financiera que ya genera fuerte ruido político e institucional.

Especialistas advierten que el avance de la minería sobre zonas periglaciares podría acelerar el derretimiento de los hielos y afectar el suministro hídrico en las provincias cordilleranas.

La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el sector académico y ambiental. El principal peligro señalado por los expertos radica en la redefinición de las áreas protegidas, lo que permitiría el desembarco de proyectos mineros en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Según advierten desde el IANIGLA-CONICET, reducir la protección legal de los cuerpos de hielo de menor tamaño dejaría a miles de comunidades sin su principal reserva de agua en épocas de sequía.

Uno de los riesgos más críticos es la habilitación de actividad industrial en el ambiente periglaciar. Esta zona, compuesta por suelos congelados que rodean a los glaciares, funciona como un escudo térmico esencial para su conservación. Los científicos explican que permitir perforaciones y detonaciones en estos suelos no solo desestabiliza el terreno, sino que rompe el equilibrio térmico que permite que el glaciar no se derrita. Sin este entorno protegido, los grandes bloques de hielo quedarían expuestos a un retroceso irreversible.

Otro peligro directo mencionado en los informes técnicos es el efecto del polvillo generado por la actividad minera. Al operar maquinaria pesada y realizar explosiones cerca de los hielos, se levanta una capa de sedimentos oscuros que se deposita sobre la superficie blanca del glaciar. Esto anula el “efecto albedo” —la capacidad del hielo de reflejar la radiación solar—, provocando que el glaciar absorba más calor y se derrita a una velocidad mucho mayor a la natural por el cambio climático.

El proyecto también propone que un glaciar solo sea protegido si cumple con una “función hídrica verificada”, un criterio que los especialistas consideran engañoso. Argumentan que todos los cuerpos de hielo, incluso los más pequeños o los glaciares de escombros, contribuyen al caudal de los ríos y mantienen la humedad del suelo. Imponer la necesidad de “probar” su utilidad caso por caso abriría una ventana legal para que las empresas avancen sobre territorios antes de que se completen los estudios ambientales pertinentes.

En términos de contaminación, la reforma facilita la utilización de sustancias químicas en áreas de cabecera de cuenca. La presencia de infraestructura pesada y el manejo de residuos mineros en zonas de alta montaña presentan un riesgo latente de filtraciones hacia los ríos que abastecen a las poblaciones de San Juan, Mendoza y el NOA. Un accidente en estas alturas sería prácticamente imposible de remediar, afectando no solo el ecosistema, sino también la producción agrícola y el consumo humano en los valles.

Finalmente, los juristas ambientales advierten sobre el peligro institucional de violar el principio de “no regresividad”. Argentina es pionera en la protección de sus glaciares, y desmantelar esta ley para favorecer intereses económicos de corto plazo sienta un precedente peligroso para otras áreas protegidas, como los bosques nativos o los humedales. Mientras el debate llega al Congreso, la comunidad científica insiste en que el costo de perder los glaciares es infinitamente superior a cualquier beneficio económico que pueda aportar la actividad extractiva.

Mientras los salarios de investigadores y trabajadoras del organismo acumulan 23 meses consecutivos perdiendo contra la inflación, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quedó en el centro de la polémica tras cancelar una deuda millonaria en apenas semanas.

La información surge del registro público de deudas de funcionarios y legisladores difundido por el sitio Cuánto Deben, en el marco del escándalo por la “caja VIP” del Banco Nación: una red de créditos a la que acceden sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, pero que permanece vedada para la mayoría de la población.

Dentro de ese listado también aparece el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con un préstamo de 219 millones de pesos otorgado por el Banco Nación, lo que alimenta sospechas sobre posibles privilegios e influencias políticas en la asignación de financiamiento.

Sin embargo, uno de los casos que más indignación generó es el de Salamone. El titular del principal organismo científico del país logró cancelar una deuda cercana a los diez millones de pesos en apenas dos meses, entre enero y marzo de 2025. El dato contrasta fuertemente con la situación general de la sociedad argentina, donde crece el endeudamiento de los hogares y se vuelve habitual el uso de tarjetas de crédito incluso para la compra de alimentos.

El contraste se vuelve aún más crudo dentro del propio CONICET. Mientras su presidente exhibe una rápida mejora en su situación financiera, investigadores e investigadoras atraviesan una sostenida pérdida de poder adquisitivo. A marzo de 2026, un investigador asistente percibe alrededor de 1.609.000 pesos, mientras que categorías superiores rondan los 3.280.000 pesos, cifras que quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

Según datos del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), la inflación desde la asunción de Milei alcanzó un 259,4%, mientras que los ingresos en el organismo apenas crecieron un 121,2%, profundizando un deterioro salarial que ya se extiende por casi dos años.

En este contexto, se multiplican los casos de precarización extrema: investigadores altamente calificados que recurren a trabajos informales o de plataformas —los llamados “científicos-UBER”— para poder sostener sus ingresos. A esto se suman despidos, retiros voluntarios, cancelación de proyectos estratégicos y el riesgo de cierre de organismos clave como el INTA y el INTI.

El deterioro no es solo económico. La crisis también se expresa en la fuga de talentos, el vaciamiento de equipos de investigación y situaciones límite, como la de científicos que debieron costear de su propio bolsillo generadores eléctricos para salvar muestras biológicas tras un corte de luz en sus laboratorios.

En ese escenario, la figura de Salamone aparece cada vez más cuestionada. Sus propias declaraciones previas —en las que relativizaba la inversión en ciencia en un país con altos niveles de pobreza— hoy contrastan con una realidad donde la crisis se profundizó, pero su situación personal parece haber seguido un camino opuesto.

El escándalo reaviva así el malestar en la comunidad científica, que no solo enfrenta salarios en caída libre y condiciones laborales cada vez más precarias, sino también un clima de hostilidad política, con descalificaciones públicas desde el propio gobierno.

La combinación de ajuste, desigualdad interna y privilegios en el acceso al financiamiento deja al descubierto una crisis estructural en el sistema científico argentino, donde la distancia entre quienes lo conducen y quienes lo sostienen parece agrandarse día a día.

En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country.

El escándalo por los créditos del Banco Nación a funcionarios del gobierno nacional sigue creciendo y suma nuevos nombres, montos y detalles que profundizan las sospechas sobre posibles beneficios otorgados en condiciones privilegiadas.

En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country, en una operación que habría contado con una tasa subsidiada, muy por debajo de las condiciones que enfrenta hoy cualquier ciudadano.

El dato no solo refuerza los cuestionamientos sobre el uso de fondos del banco estatal, sino que además suma un elemento sensible: el funcionario ya contaría con otras propiedades, lo que vuelve a poner bajo la lupa los criterios de acceso a este tipo de financiamiento.

La información fue difundida por el periodista Alejandro Bercovich en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Silvestre en C5N, y generó un fuerte impacto en medio de un contexto ya cargado de denuncias similares.

El caso de Furiase no aparece como un hecho aislado. Forma parte de una serie de operaciones que actualmente están siendo investigadas en la Justicia por presunto otorgamiento de créditos en condiciones ventajosas a funcionarios del gobierno de Milei.

Entre los nombres señalados también figuran Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien habría recibido cerca de $373 millones; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un préstamo cercano a los $300 millones; Juan Pablo Carreira, vinculado a la comunicación oficial, con un crédito superior a los $100 millones; y la diputada Lorena Villaverde, quien habría accedido a financiamiento pese a encontrarse embargada.

La denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta también a exautoridades del Banco Nación, como Daniel Tillard y Juan Curuchet, por su presunto rol en la aprobación de estos préstamos.

Actualmente ya existen al menos diez presentaciones en Comodoro Py y dos causas judiciales abiertas que buscan determinar cómo se otorgaron estos créditos, bajo qué condiciones y si existieron irregularidades en el acceso por parte de funcionarios públicos.

Con cada nueva revelación, el caso escala en gravedad y aumenta la presión para que se esclarezca si hubo un esquema sistemático de beneficios financieros dentro del entorno del gobierno.

A casi 30 meses de gestión, el Gobierno de Javier Milei no logró acceder al mercado internacional de deuda pese a haber cumplido con todo lo que piden los inversores —ajuste fiscal, privatizaciones, alineamiento con los mercados—. Así lo indicó el exministro de Economía y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay, en el marco de una disertación este miércoles en el tradicional almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires en el que realizó una crítica evaluación del programa económico oficial.

“Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda”, sostuvo el economista ante un auditorio de más de 140 empresarios afines a las ideas libertarias aunque se escucharon voces críticas a la falta de diálogo, la baja tolerancia a las opiniones diferentes como asimismo al tono y al uso de malas palabras.

No deja de sorprender que diferentes dirigentes vinculados a Macri salgan a tomar distancia del gobierno que defienden. También salió Carlos Melconian a cuestionar el rumbo económico. El macrismo lee encuestas y ve que la caída de la imagen positiva de Milei le abre una oportunidad para el 2027. ¿Llegó el tiempo de tomar distancia?

La diputada kirchnerista Paula Penacca planteó este miércoles en el recinto la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los casos de corrupción pero la bancada libertaria y sus aliados del PRO salvaron al ex vocero presidencial. Entre los salvadores figura Cristian Ritondo que tiene decenas de propiedades en Miami sin declarar. Total normalidad.

La diputada peronista pidió el apartamiento del reglamento para someter a consideración de sus colegas la iniciativa pero la cantidad de respaldos no fue suficiente: 124 votos a favor contra 118 en contra. Para prosperar, requería el apoyo de las tres cuartas partes de los presentes.

Como LLA cuenta con 95 diputados, el PRO con 12 y los radicales aliados con seis, el gobierno zafó por esta vez. Javier y Karina Milei parecen aferrados a Adorni: ¿Por qué tanto respaldo? ¿Sabe algo Adorni de ellos?

Adriana Nechevenko, la profesional que certificó la compra del departamento en Caballito, rompió el silencio tras las denuncias por las inconsistencias en el préstamo de US$ 200.000.

El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo e incómodo capítulo tras las declaraciones de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en la polémica operación inmobiliaria. Al ser consultada sobre las contradicciones entre el documento público y el testimonio de las jubiladas que negaron conocer al funcionario, la profesional evitó dar precisiones técnicas y optó por deslindar responsabilidades, enviando a los cronistas directamente a consultar al Jefe de Gabinete.

“Pregúntenle a él”, fue la frase tajante con la que Nechevenko intentó cerrar el diálogo ante las cámaras de televisión. La escribana, que ha trabajado históricamente con la familia Adorni en otras transacciones, se mostró visiblemente molesta por la presencia periodística y se negó a explicar cómo se validó la presencia y el consentimiento de las dos mujeres de 82 y 84 años en el acto de la firma de la hipoteca.

La actitud de la profesional de leyes genera más interrogantes que certezas en el marco de la causa judicial. Según la normativa vigente, un escribano público debe dar fe de que las partes involucradas en una operación financiera están presentes y comprenden el alcance del contrato. Sin embargo, las declaraciones previas de las supuestas prestamistas, asegurando que no conocen a Adorni ni poseen tal suma de dinero, ponen en tela de juicio lo consignado en la escritura.

La operación, que permitió al funcionario adquirir una propiedad de lujo con un pago inicial de apenas 30.000 dólares, sigue bajo la lupa por el origen de los 200.000 dólares restantes. La negativa de la escribana a brindar detalles sobre el mecanismo de pago o la acreditación de los fondos refuerza la hipótesis de una posible maniobra para ocultar al verdadero financista de la compra del inmueble en el barrio de Caballito.

Desde el ámbito judicial, se espera que en los próximos días se solicite el protocolo de la escribana para cotejar las firmas y los datos biométricos registrados el día de la operación. La frase “pregúntenle a él” no solo deja al descubierto una grieta en la estrategia de defensa del oficialismo, sino que coloca al Jefe de Gabinete en la obligación de dar una respuesta clara ante la sociedad y la justicia federal.

Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio sigue siendo la postura oficial. Manuel Adorni ha evitado referirse al tema en sus conferencias de prensa habituales, pero la presión pública crece a medida que los protagonistas directos del trámite, como la escribana Nechevenko, optan por alejarse de la defensa del funcionario y dejarlo solo frente a las sospechas de enriquecimiento ilícito.

En medio del colapso de los colectivos en el AMBA y con miles de pasajeros sufriendo la reducción de los servicios por el brutal ajuste que lleva adelante Javier Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger festejó la importación de dos “Ferrari china”. ¡Qué impresionante…!

“Que bueno es ver la libertad en acción. Esperemos que haya más, mucho más, de esto: más modelos, más diversidad, más competencia”, tuiteó el ministro de Desregulación, al mismo tiempo que todos los canales de noticias mostraban el caos por la falta de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Se calcula que 9 millones de personas se transportan a diario.

Sturzenegger compartió una nota del portal Autoblog que cuenta que “se patentaron dos Xiaomi YU7 bajo el régimen de importación de autos para particulares. El auto que fabrica la marca de celulares y artículos electrónicos es conocido como la “Ferrari china”.

La insólita celebración de Sturzenegger no puede chocar más de frente con la realidad, que muestra un colapso del sistema de transporte urbano frente al que el gobierno de Javier Milei no hace nada. 

En la Casa Rosada hay alarma total por las últimas encuestas que confirman que la aprobación de Javier Milei rompió el piso del 30 por ciento, arrastrada por el escándalo de Manuel Adorni y la grave situación económica. El 60% de los argentinos asegura que tiene problemas para llegar a fin de mes.

Según el medio filolibertario La Política Online, un “sondeo reservado” mostró que la aprobación del presidente cayó al 24 por ciento en marzo, veinte puntos menos de octubre del año pasado cuando ganó las elecciones legislativas. Desde aquel momento, la negativa de Milei creció 17 puntos y ya se ubica en 71 por ciento.

Para tomar dimensión del problema que enfrentan los libertarios: nunca Mauricio Macri tuvo tan mala imagen durante su gobierno y no pudo evitar su derrota cuando intentó la reelección. Ahora Casa Rosada quiere inventarse una realidad paralela, la situación es clara: la economía no para de destruir empleos y cerrar empresas. Todo el resto, es verso para la tribuna.

El sistema de colectivos del AMBA atraviesa una crisis severa que ya impacta de lleno en millones de usuarios, con frecuencias reducidas, unidades insuficientes y un servicio cada vez más deteriorado.

Ante este critico escenario crítico, el Gobierno nacional intenta evitar un paro total que podría paralizar la movilidad en la región y profundizar aún más el colapso.

Para contener la situación, la Casa Rosada convocó de urgencia a las empresas de transporte a una reunión este jueves a las 11, encabezada por la Secretaría de Transporte. En paralelo, anticipó que en las próximas horas depositaría parte de los fondos adeudados, en un intento desesperado por desactivar el conflicto.

La deuda con el sector asciende a unos 115 mil millones de pesos acumulados desde agosto del año pasado. Según explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, el Gobierno se comprometió a transferir cerca de 56 mil millones de manera inmediata, aunque las empresas mantienen la cautela: “Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada”, advirtieron.

Mientras tanto, la crisis ya se hace visible en las calles. En los últimos días, numerosas líneas recortaron la cantidad de unidades en circulación, generando largas esperas, paradas colapsadas y crecientes complicaciones para los pasajeros. La medida funciona como una forma de presión ante el aumento sostenido de los costos operativos.

El principal factor detrás del conflicto es el fuerte incremento del precio del gasoil, que según el sector subió un 25% en el último mes. Este aumento golpeó de lleno la estructura de costos de las empresas, que reclaman una actualización urgente de subsidios.

En una carta enviada al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, las compañías exigieron que se reconozca el nuevo valor del combustible y se otorgue una compensación adicional. Sin una respuesta concreta y con los pagos aún pendientes, el sistema de colectivos del AMBA se mantiene en estado de alerta, al borde de una paralización que agravaría una crisis que ya afecta diariamente a millones de personas.