En medio de la pérdida del poder adquisitivo y del encarecimiento sostenido del costo de vida, el Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que comenzará a regir desde el 1 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida implica una nueva presión sobre los ingresos de millones de hogares, que deberán destinar una mayor parte de sus salarios al pago de servicios esenciales.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN, consolidando un nuevo ajuste tarifario en el marco de la política de reducción de subsidios impulsada por el Gobierno.

En el caso del servicio eléctrico, las Resoluciones 374/2026 y 375/2026, publicadas en el Boletín Oficial, establecen incrementos promedio del 1,78% para los usuarios de Edenor y del 1,71% para los clientes de Edesur, como consecuencia de la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD).

Aunque las subas porcentuales son moderadas, se suman a una larga serie de incrementos registrados en los últimos meses, profundizando el impacto sobre economías familiares que ya vienen resentidas por la inflación y el deterioro del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuará vigente, por lo que se mantendrán diferencias tarifarias según el nivel de ingresos y consumo. Los nuevos cuadros alcanzan tanto a usuarios residenciales con y sin subsidios como a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Además, el ENRGE actualizó el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijándolo en $69,394 para Edenor y $63,540 para Edesur, junto con otros componentes regulatorios que integran el costo final de las facturas.

Las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en medios gráficos de circulación en sus respectivas áreas de concesión dentro de los cinco días posteriores a la notificación de las resoluciones.

También aumenta el gas

En paralelo, el organismo regulador aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural de Metrogas y Naturgy BAN, que también entrarán en vigencia desde agosto.

Las facturas deberán reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones por subsidios, discriminando ambos conceptos en las boletas.

Para los usuarios residenciales sin subsidios de Metrogas, el cargo fijo para la categoría R1 será de $4.350,12 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5.023,67 en la provincia de Buenos Aires, mientras que el cargo variable será de $155,74 y $157,32 por metro cúbico, respectivamente.

En el caso de Naturgy BAN, el cargo fijo mensual parte de $4.350,12 y puede superar los $103.900 para las categorías de mayor consumo, mientras que el cargo variable quedó establecido en $208,66 por metro cúbico.

Con este nuevo ajuste, el Gobierno vuelve a trasladar mayores costos a los usuarios de servicios públicos en un contexto de ingresos que continúan perdiendo capacidad de compra. Para millones de familias, el aumento de las tarifas implica destinar una porción cada vez mayor del presupuesto mensual al pago de luz y gas, reduciendo el margen para otros consumos básicos.

Durante el primer semestre de 2026 se derrumbó un 7,6% respecto del mismo período del año pasado y acumuló ocho caídas interanuales consecutivas, mientras los analistas advierten que no existen señales claras de una recuperación sostenida para lo que resta del año.

Los datos surgen del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando Ferreres & Asociados, que mostró que en junio la inversión fue 6,2% inferior a la de un año atrás y volvió a retroceder 0,4% en términos mensuales. La consultora describió una dinámica de “serrucho”, con pequeños rebotes que rápidamente vuelven a convertirse en caídas.

El golpe más fuerte volvió a sentirse en los equipos durables de producción, un indicador clave para medir las apuestas del sector privado al crecimiento. La inversión en maquinaria nacional cayó 9,5%, mientras que la importada se desplomó 12,7%. La construcción fue el único rubro que mostró una leve mejora interanual de apenas 0,4%, insuficiente para compensar el fuerte retroceso del resto de los sectores.

Desde Ferreres señalaron que, al llegar a la mitad del año, la inversión continúa en niveles muy bajos y que todavía no aparecen indicadores que permitan proyectar una recuperación consistente. Si bien algunos sectores exhibieron mejoras puntuales, la consultora sostuvo que el panorama general sigue siendo de estancamiento y que el eventual impacto de las inversiones anunciadas bajo el RIGI y el Súper RIGI dependerá de cronogramas flexibles y sujetos a incertidumbre.

Los datos refuerzan la preocupación sobre uno de los principales objetivos económicos del Gobierno. Lejos de convertirse en el motor del crecimiento, la inversión continúa en retroceso. Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2026 cayó otro 11% interanual y acumuló cuatro descensos consecutivos en la medición desestacionalizada.

Desde Fundar advirtieron que la inversión representa apenas el 14,3% del Producto Bruto Interno, un mínimo histórico y muy por debajo del 25% que consideran necesario para sostener un proceso de crecimiento. Además, remarcaron que la inversión por habitante se encuentra un 21,8% por debajo del récord alcanzado en 2018, reflejando el fuerte deterioro de la capacidad productiva del país.

Para la red Misión Productiva, el desplome responde a una combinación de factores: la debilidad de la demanda y de los salarios, la paralización de la obra pública, el mal desempeño de la construcción privada, la falta de crédito para proyectos productivos y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema económico. A su entender, el crecimiento impulsado por sectores como el agro, la minería y la energía no alcanza para expandir la inversión al conjunto de la economía.

Las dudas también alcanzan al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y al denominado Súper RIGI. Aunque fueron presentados por el Gobierno como herramientas para atraer capitales y reactivar la economía, distintos especialistas sostienen que su impacto será limitado. Desde Fundar señalaron que el régimen concede beneficios excesivos a sectores que ya venían invirtiendo, como la minería y la energía, sin generar una estrategia que impulse el desarrollo del resto del entramado productivo.

En la misma línea, el investigador Emiliano Libman sostuvo que los sectores alcanzados por el RIGI representan una porción demasiado reducida de la inversión total como para revertir la tendencia general. “A lo mejor ayuda a que deje de caer la inversión, pero no espero un repunte a corto plazo“, afirmó.

Con este panorama, la caída de la inversión vuelve a convertirse en una de las principales señales de alerta para la economía argentina. Mientras las empresas postergan proyectos y frenan la compra de maquinaria, las expectativas de recuperación siguen debilitándose y crecen las dudas sobre la capacidad del modelo económico para generar un crecimiento sostenido.

La empresa Algieri S.A., una de las contratistas más recurrentes de las administraciones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a quedarse con una millonaria licitación del Gobierno porteño.

En esta oportunidad, fue preadjudicada para realizar obras complementarias en la estación Pueyrredón de la Línea B, que ya había sido remodelada el año pasado, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos y la reiteración de contratos a un reducido grupo de empresas.

La nueva adjudicación comprende la finalización de los trabajos en la estación Pueyrredón y la puesta en valor de las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti, de la Línea A, además de intervenciones en Dorrego. La licitación había sido lanzada en febrero y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 11.233 millones de pesos.

Lo que genera cuestionamientos no es solamente el monto de la obra, sino el historial de la empresa con las distintas administraciones del PRO. Desde que Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2023, Algieri S.A. ya acumuló al menos cinco adjudicaciones o preadjudicaciones de gran magnitud, varias de ellas vinculadas a infraestructura urbana y transporte.

Entre esos contratos figura la reorganización del Centro de Trasbordo Plaza Constitución, adjudicada en junio de este año por 6.548 millones de pesos, además del servicio de mantenimiento de espacios verdes, otorgado en 2025 mediante una unión transitoria de empresas, y otras obras de puesta en valor de estaciones de subte en las líneas B y D.

La estación Pueyrredón representa un caso llamativo. Después de permanecer cerrada durante varios meses por una remodelación concluida en 2025, ahora vuelve a ser objeto de una nueva contratación para ejecutar trabajos complementarios, una situación que alimenta interrogantes sobre la planificación de las obras y el uso eficiente de los fondos públicos.

Una contratista con larga historia en las gestiones del PRO

La presencia de Algieri S.A. en la obra pública porteña no comenzó con Jorge Macri. Durante los ocho años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la firma obtuvo al menos nueve licitaciones y adjudicaciones, según registros del Boletín Oficial de la Ciudad.

Entre las principales se encuentran la urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), la remodelación de Plaza Lavalle, el proyecto Calle Verde Yerbal, obras de mitigación e infraestructura comunal, intervenciones en edificios públicos y diversos contratos de mantenimiento de espacios verdes.

La continuidad de estas adjudicaciones durante distintas administraciones del mismo espacio político alimenta las críticas y sospechas de quienes sostienen que el sistema de contrataciones porteño concentra una parte importante de la obra pública en un grupo reducido de empresas con fuerte presencia histórica en los gobiernos del PRO.

Mientras la Ciudad destina miles de millones de pesos a nuevas licitaciones, la repetición de los mismos adjudicatarios vuelve a abrir el debate sobre la transparencia, la competencia real en los procesos licitatorios y la necesidad de garantizar una distribución más amplia y equitativa de los contratos públicos.

El gobernador bonaerense defendió la soberanía sobre Vaca Muerta, cuestionó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y advirtió que los recursos naturales deben ponerse al servicio del desarrollo nacional y no de las exigencias del organismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta y reivindicó que los recursos estratégicos de la Argentina deben destinarse al desarrollo del país, en contraposición a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino“, afirmó Kicillof durante un acto realizado este miércoles en Lomas de Zamora. El mandatario bonaerense sostuvo que esa riqueza energética “tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que los argentinos puedan acceder a la energía a un precio posible”, en un mensaje dirigido tanto al organismo internacional como a la administración libertaria.

Las declaraciones llegaron después de que Georgieva recorriera por primera vez Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La visita fue interpretada por distintos sectores como un fuerte respaldo del FMI al modelo económico extractivista del Gobierno y al papel que los recursos energéticos podrían desempeñar para garantizar el cumplimiento del programa acordado con el organismo.

Great visit to @YPFoficial’s Loma Campana operations with @LuisCaputoAR and @HoracioMarin_ok. Seeing Vaca Muerta firsthand highlighted the talent, innovation & entrepreneurship that public and private companies are deploying to drive Argentina’s bright energy future. pic.twitter.com/1oby72tsWu

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

Kicillof también cuestionó el modelo económico que impulsa la Casa Rosada y rechazó la idea de que la economía atraviese un proceso de recuperación. “La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el trabajo; ese es el orden para el FMI”, sostuvo.

En la misma línea, aseguró que la política económica está profundizando el deterioro de la producción y el consumo. “La industria está liquidada y el comercio también. Nos dicen que la situación económica es extraordinaria y que somos un orgullo. ¿Dónde está eso? Hay familias que no pueden pagar los servicios ni la comida y terminan endeudándose primero con los bancos, después con las billeteras virtuales y finalmente con prestamistas”, señaló.

El gobernador advirtió además que el escenario social es de una gravedad inédita y afirmó que “estamos en una situación que no hubo nunca”, incluso peor que la crisis de 2001 en algunos indicadores. “Es una crueldad y un abandono deliberado”, concluyó.

La visita de Georgieva a Vaca Muerta se produjo durante su paso por la Argentina para respaldar el programa económico del Gobierno nacional. Tras reunirse con funcionarios, la titular del FMI aseguró que el país “está por un buen camino” y consideró que, por el momento, “no habrá necesidad de más fondos”. Sus declaraciones reforzaron el respaldo del organismo a la gestión de Milei, en medio de un fuerte ajuste económico y de crecientes cuestionamientos por el impacto social de las medidas oficiales.

La situación económica en la Argentina es cada vez más apremiante. El ajuste de Javier Milei aprieta cada vez más el bolsillo de millones de argentinos. El que salió a defender el programa libertario fue el periodista Luis Majul. “Si no podés darte un gustito, no te lo des”, reclamó.

“Se te rompió el auto, tres palenques, usás la tarjeta y te rompe todo la tarjeta”. En virtud de eso, brindó una suerte de “consejos” para “llegar a fin de mes”: “Dato número uno, no usemos la tarjeta para endeudarnos, lo dijo más de una vez Mariana Shaalo y todos los expertos en finanzas”.

Seguido a ello, prosiguió: “Dato número dos, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. Dato número tres, si querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evitá darte el gustito, es la mejor manera de no endeudarse”. Desde luego esto generó críticas en redes sociales, ya que usualmente las deudas se originan por gastos impostergables o por eventualidades sumamente onerosas. A contramano de su estilo de vida ostentoso, Majul no quiere que los argentinos se den un “gustito”.

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a diferentes temas de la actualidad en una entrevista radial, luego de que se conociera la decisión de Cristina Kirchner de recurrir a la ONU por su situación de proscripción judicial.

“La realidad económica era muy diferente con Cristina gobernando”, recordó el dirigente peronista. “Milei nos llevó a un sacrificio que no tiene resultados. Sólo quieren la implosión de la sociedad”, advirtió en diálogo con AM 530. En el mismo sentido, se refirió a la propuesta de Cristina: “Si alguien quiere ser candidato, que lo diga. Todos pueden menos Cristina”, señaló. Y agregó: “En esta carta que publicó hoy, Cristina manifestó su voluntad de participar de la vida política”.

“Es hora que, de cara a lo que viene, que cuando un candidato le diga que va a industrializar el país, mejorar la producción y las prestaciones, también diga de dónde va a sacar los recursos para hacerlo. Más allá del diagnóstico, hay que explicar el cómo”, destacó Máximo.

En el mismo sentido, formuló: “Nuestra insistencia sobre la candidatura de Cristina pone nerviosos a muchos, Es la única que demostró el coraje para defender los intereses de la gente”. “Debatamos qué Argentina queremos. Más allá de las intenciones personales”, cerró.

El funcionario atribuyó ese deterioro a la fuerte devaluación aplicada al inicio del mandato libertario, en una admisión que contradice el relato oficial sobre una supuesta recuperación sostenida del poder adquisitivo.

Durante una entrevista, el nuevo vocero oficial Adrián Ravier sostuvo que el Gobierno recibió “la peor herencia de la historia” y justificó la brusca devaluación implementada en diciembre de 2023 al afirmar que era necesario “corregir la brecha cambiaria” provocada por la coexistencia de múltiples tipos de cambio.

“Cuando uno inicia un mandato con una devaluación del 118% como le tocó a este gobierno el primer día, los salarios reales caen. Con lo cual caemos en un pozo en el primer trimestre de 2024. De ahí para adelante todo mejora”, afirmó el vocero. Sin embargo, incurrió en un error conceptual al hablar de una “devaluación del 118%”: una moneda no puede devaluarse más del 100% de su valor, por lo que en realidad se refería a un aumento del tipo de cambio oficial.

La admisión más contundente llegó cuando comparó la situación actual con las administraciones anteriores. “Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023; con respecto a 2017, que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Macri; o si compara con algún momento en que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad e ingresos, entonces hoy estamos un poquito abajo”, reconoció.

Las declaraciones de Ravier se producen apenas días después de que asegurara que los salarios reales venían creciendo, una afirmación que fue desmentida por las propias estadísticas oficiales. Según el INDEC, los salarios registrados retrocedieron un 0,3% en mayo y acumulan caídas en ocho de los últimos nueve meses. Además, el economista Nadín Argañaraz señaló que los salarios reales del sector privado registrado se ubican un 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que refuerza el reconocimiento del vocero sobre el deterioro del poder adquisitivo durante la gestión libertaria.

La ex presidenta afirmó que la inhabilitación perpetua constituye “la pena principal” de la condena, mientras que los seis años de prisión representan “apenas la accesoria”. En ese sentido, aseguró que el objetivo de la decisión judicial es impedir que vuelva a competir electoralmente y privar a una parte de la sociedad del derecho a elegir el proyecto político que representa.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella tras la condena en la amañada y cuestionada causa Vialidad. En una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, sostuvo que la verdadera finalidad de la sentencia es impedir su participación política y denunció que es víctima de una maniobra de “proscripción política”.

La exmandataria explicó que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que en Argentina fueron vulneradas garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Además, denunció la existencia de un “machismo estructural” dentro del Poder Judicial y sostuvo que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.

En su presentación internacional, Cristina estará acompañada por los juristas Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes convocó para encabezar esta nueva etapa de su estrategia judicial. Según explicó, buscará que el organismo de Naciones Unidas analice las irregularidades denunciadas durante el proceso y someta la actuación de los jueces argentinos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

La expresidenta también vinculó la persecución judicial con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el fenómeno del lawfare trasciende a la Argentina, al afirmar que en distintos países se utiliza al sistema judicial como una herramienta para excluir de la competencia electoral a dirigentes con respaldo popular.

“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, sostuvo en la carta, donde además ratificó que continuará utilizando todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento de su inocencia y revertir la inhabilitación que le impide volver a presentarse a elecciones.

A través de un DNU, el presidente autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”, organizado por EE. UU. La decisión saltea el debate en la Cámara de Diputados y reabre la controversia por el control del Congreso sobre el envío de tropas al exterior.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei autorizó la salida del territorio nacional de tropas y medios de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio militar multinacional “PANAMAX 2026”, llevado a cabo en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.

La medida elude el trámite parlamentario ordinario en el Congreso de la Nación, atribución que la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 28) otorga al Poder Legislativo para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.

El bypass al Congreso y el argumento del DNU

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo había enviado oportunamente al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para autorizar el Programa de Ejercitaciones Combinadas. Sin embargo, al no haber obtenido tratamiento en la Cámara de Diputados y ante la inminencia del ejercicio, el Presidente —en Acuerdo General de Ministros— optó por firmar un DNU. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia para firmar algo así?

Entre los considerandos de la medida se argumenta que:

• Razones de oportunidad: La invitación cursada por el Gobierno de los Estados Unidos exigía el despliegue inmediato de las tropas.
• Capacidades militares: Participar de “PANAMAX 2026” mejora la interoperabilidad, la integración doctrinal y la estandarización de procedimientos del Instrumento Militar argentino.
• Costos y operatividad: Quedar fuera privaría a las Fuerzas Armadas de la actualización de doctrinas y validación de procedimientos junto a socios estratégicos de la región.
• Financiamiento: Los gastos serán absorbidos por la Jurisdicción 45 (Ministerio de Defensa) – Subjurisdicción 24 (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

El decreto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su control posterior, pero su vigencia es inmediata a partir de su publicación.

¿Qué es el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”?

PANAMAX es uno de los adiestramientos militares conjuntos y combinados más importantes del Hemisferio Occidental. Organizado y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en coordinación con las fuerzas de seguridad de Panamá, se realiza periódicamente con la participación de más de una docena de países aliados de la región (como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros).

Claves del ejercicio:

• Objetivo principal: Garantizar la seguridad, la defensa y la operatividad del Canal de Panamá, un cuello de botella estratégico para el comercio marítimo global y la economía internacional.
• Escenarios y operaciones: Simula respuestas multinacionales ante amenazas a la infraestructura crítica bajo el marco ficticio de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
• Rol de las fuerzas argentinas: A través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) del Estado Mayor Conjunto, las tropas especiales argentinas participan en el planeamiento y la ejecución de operaciones de alto riesgo en entornos selváticos, marítimos y urbanos.

La decisión de enviar tropas mediante DNU reactiva la discusión institucional sobre los límites de las facultades ejecutivas respecto al control civil y legislativo sobre las Fuerzas Armadas, un principio sensible en la historia democrática argentina.

El dólar cerró este viernes otra jornada alcista y volvió a marcar un récord nominal. Fue la tercera rueda consecutiva de subas para el tipo de cambio oficial, en un mercado que llegó al cierre con más demanda de cobertura y con los bonos bajo presión. La tensión también se reflejó en el riesgo país, que volvió a subir a 437 puntos, en una señal de mayor cautela entre los inversores.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista terminó en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, su valor más alto desde la implementación del nuevo esquema cambiario. El dólar mayorista cerró en torno a $1.489, mientras que el MEP finalizó cerca de $1.515, el contado con liquidación alcanzó $1.574. Por su parte el blue terminó en $1.550, con una leve baja del 0,3%. 

Todo se da mientras el FMI está en el país – su titular en Casa Rosada – y desde el gobierno de Javier Milei agitan la posibilidad de una devaluación del 20% antes de fin de año. ¿Todo marcha según el plan?