Escándalo.

Un diputado radical denunció el lobby del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, y aseguró que se pagaron sobornos a legisladores para que saliera un artículo de la ley Bases que beneficia al sector.

El radical Jorge Rizzotti apuntó contra sus pares del PRO y La Libertad Avanza (LLA), a los que acusó de votar en contra de subir el impuesto al tabaco por estar “untados” por Otero.

“El tema de la discusión del famoso impuesto al tabaco, del famoso ‘señor del tabaco’, la verdad es que la discusión del impuesto que es del 70% al 73%, nadie discutió eso”, dijo. Y remató: “El tema era: ‘Che, ¿qué hace Sarandí? ¿paga o no paga?’. ¿Y el lobby por qué? Porque Sarandí los unta. Hay diputados que están untados, así de claro”.

El gobierno les sacó el bono.

Conocido el dato de inflación de abril y tomando la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, aparecen malas noticias para los jubilados ya que, sin bono, cobrarán en junio menos que en mayo. Nada menos que un 20% menos.

Aplicando el 8,8% de la inflación registrada en el cuarto mes del año, la jubilación mínima en junio será en 206.874 pesos, más de 50 mil pesos por debajo de lo que percibieron en mayo, cuando la mínima rondó los 260 mil pesos a partir del pago de un bono de 70 mil pesos.

Por ahora, el gobierno de Javier Milei no confirmó que el mes próximo haya un ingreso extra para los 6 millones de jubilados. Así las cosas, deberán conformarse con ganar un 20% menos, con inflación récord. El ajuste se hace sobre los más débiles.

Así lo reveló un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella.

Un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella reveló que la pobreza en Argentina alcanzó un preocupante 48,9% en el último semestre, lo que afecta a casi 30 millones de personas en el país. Este incremento representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del período anterior y de 7,2 puntos en comparación con el dato semestral informado en diciembre pasado.

La Canasta Básica Total (CBT) para la región del Gran Buenos Aires se ha estimado en $203.642 por adulto, mostrando un aumento interanual del 265,3%, según el informe de la Di Tella. Además, el estudio proyecta un incremento interanual del 196,1% en el ingreso total familiar (ITF) para el mismo período.

Estos datos reflejan una realidad preocupante, donde se estima que alrededor del 49% de las personas viven en hogares urbanos pobres, con 14,4 millones de personas en esta situación. Mientras tanto, el costo de vida para no caer en la indigencia sigue en aumento, con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) mostrando un incremento del 4,2% en abril.

Según el INDEC, una persona necesitó $268.012 para no ser pobre en abril, mientras que una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso mínimo de $828.158 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). Estos indicadores son fundamentales para comprender la magnitud de la crisis económica y social que atraviesa el país.

El proyecto alentado por el Ejecutivo sigue acumulando objeciones a medida que avanza el debate en el plenario de comisiones de la Cámara alta.

Con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, corrida de las negociaciones, el oficialismo no hace pie para aprobar su Ley Bases en el Senado. Lo blanqueó el mismo Javier Milei cuando deslizó que el Pacto de Mayo podría patearse para “junio o julio”, atento a que todavía falta un buen trecho para poder llegar al recinto.

Las negociaciones están, aún, en estado embrionario. Los senadores opositores acumulan demandas y pedidos de modificaciones que Casa Rosada recién acaba de comenzar a receptar. No hay hoja de ruta: en La Libertad Avanza reconocen que aceptarán modificaciones en el RIGI y el impuesto a las Ganancias, pero no hay un interlocutor oficialista que centralice todos los reclamos. El escenario está verde y, por más que Casa Rosada pretende instalar lo contrario, lo más probable es que el jueves tampoco haya dictamen.

El problema que tiene el gobierno nacional es que lo que esperaba que fuera un trámite exprés se convirtió, por el contrario, en un parto. La metáfora no es casual: en Diputados usaban la misma expresión para referirse al proceso de reescritura de la Ley Bases y el paquete fiscal. Y, ahora, los senadores —que sacan pecho y repiten que ellos no van a votar nada “a libro cerrado”— viven la misma experiencia de desencuentros y tiras y aflojes con interlocutores diversos con el objetivo de lograr introducir alguna modificación a dos proyectos faraónicos. Con una diferencia: en Diputados, Martín Menem trabajaba en equipo con Casa Rosada en la búsqueda de acuerdos, mientras que en el Senado, Victoria Villarruel ha sido desplazada.

La Vicepresidenta fue corrida (a la fuerza) de las negociaciones y, en su lugar, se mueven el presidente provisional, Bartolomé Abdala, y el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche. Dos senadores que intercalen diferentes interlocutores —Guillermo Francos, por un lado, y José Rolandi, por el otro— y se encrespan ante los cronogramas caprichosos de Casa Rosada. Ambos saben que no hay espacio para dictaminar el jueves y, por lo tanto, la posibilidad de sesionar antes del 25 de mayo se hace cada vez más remota. Ni hablar de que después falta la sesión en Diputados que definirá si acepta (o no) las modificaciones: para eso falta una vida.

En principio, los alfiles de LLA, junto a Rolandi, vienen receptando los primeros pedidos de modificación de los senadores opositores no peronistas. Necesitan de la firma de Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de Todos) y José Carambia (Santa Cruz) para dictaminar y todavía no las tienen. Los senadores exigen, primero, que les concedan algunas modificaciones.

El radicalismo mantuvo una reunión el martes a la mañana para poner en común un pliego de demandas. No todos acompañarán todas las modificaciones y hay algunos más concesivos que otros —el jefe de bloque, Eduardo Vischi, quiere acompañar todo, mientras que Lousteau o Blanco muestran los dientes—, pero el objetivo es mostrar un frente un poco más unido que en Diputados. A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: Lousteau reclama eliminar el artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el RIGI, así como medidas para proteger a la industria local frente a la apertura de importaciones (que el régimen incluye). También se reclama modificar el capítulo de blanqueo de capitales, de modo de incluir a los hermanos de funcionarios en listado de figuras que no pueden acogerse a los beneficios.

El listado es amplio y, al cierre de esta edición, todavía se está escribiendo. Hay algunos, como Blanco, que reclaman también modificar el capítulo de delegación de facultades o el artículo 111 que propone reducir hasta un 2 por ciento el gasto tributario (Blanco es fueguino y el régimen especial de Tierra del Fuego está en la mira). Propone, a su vez, introducir modificaciones en el capítulo de privatizaciones: quiere sacar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino del listado y viene trabajando para conseguir dos tercios que le permitan blindar la modificación en Diputados.

Son varios los senadores patagónicos —como los rionegrinos o santacruceños— que no quieren saber nada con la privatización de la línea de bandera o el correo y, al igual que con la modificación de Ganancias, especulan con poder hacerse de una mayoría lo suficientemente amplia que, si LLA quiere ratificar la versión original del proyecto en Diputados, no pueda alcanzarlos con el número. Ya que si un artículo se modifica con dos tercios en el Senado, la Cámara de Diputados necesitará dos tercios si quiere ratificar su propuesta original (un número imposible de conseguir).

Tanto esta estrategia, como la reforma de Ganancias, necesita del acompañamiento de Unión por la Patria. Es decir que la oposición “dialoguista” necesita de los 33 votos del peronismo si quiere imponer modificaciones resistidas por el gobierno nacional (como el caso de privatizaciones). UxP, mientras tanto, aún no definió qué postura adoptará.

El plan es votar en contra de la ley en general y, después, evitar la mayor cantidad de agentes libres en la votación en particular (en RIGI, por ejemplo, ya reconocen que el catamarqueño Alejandro Andrada y la tucumana Sandra Mendoza votarán a favor). La lucha por las modificaciones resistidas por Milei, en cambio, aún no está resuelta. Pero más de uno se entusiasma con contribuir a armar una mayoría opositora de dos tercios que le genere fuertes dolores de cabeza al gobierno.

Los directivos de las instituciones piden que se les transfiera el mismo monto de dinero que a la Universidad de Buenos Aires.

A un mes del punto más álgido en el conflicto por el presupuesto educativo entre el Gobierno y las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que llegó a acuerdo por los fondos y, en consecuencia, levantó el estado de emergencia que regía en el establecimiento. No obstante, la disputa todavía continúa: en las instituciones del resto del país reclaman que ellos aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les transfiera la misma plata que la arreglada para la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó a Infobae Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Horas más tarde, desde el CIN emitieron un comunicado enfatizando su malestar y calificando de “inadmisible y provocadora” la medida adoptada para la UBA.

Las negociaciones por las que protestan están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello, quienes se mostraron abiertos a dialogar con rectores y vicerrectores luego de la masiva marcha federal universitaria llevada a cabo el pasado 23 de abril.

Sin embargo, habiendo pasado más de tres semanas desde aquella fecha, solo la Universidad de Buenos Aires logró acordar una suma acorde a sus necesidades. Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.

La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada este miércoles por la UBA a través de un comunicado. En el mismo, contaron que en los últimos días se concretó una serie de reuniones con las autoridades en el que llegaron a un acuerdo y anunciaron el fin de la emergencia presupuestaria activada a principios de abril.

La novedad provocó la reacción del resto de las universidades nacionales que, ante esta resolución, remarcan que con ellos todavía no avanzaron las tratativas y que no recibieron ninguna trasferencia de fondos. En este sentido, subrayan que existe una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno y piden que se aceleren las negociaciones.

A través de un comunicado emitido en la tarde del miércoles, desde el Comité Ejecutivo del CIN señalaron: “La actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.

Asimismo, calificaron como “inadmisible y provocador” que se reconozca este aumento solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 establecimientos.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, continuó el documento.

Este concluyó con la resolución adoptada por las autoridades universitarias ante esta situación: “Reunido en la sede del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.

Federico Sturzenegger, ex funcionario macrista, asesor de la gestión libertaria y padre del DNU 70/2023, defendió el ajuste del gobierno y afirmo “no es doloroso”.

Federico Sturzenegger, asesor de la gestión libertaria, padre del DNU 70/2023, disertó en el Rotary Club, en un encuentro que se realizó en el mediodía del miércoles en el Hotel Libertador del centro porteño.

El ex presidente del BCRA usó un cronómetro para una exposición en la que valoró la batalla cultural que emprendió el jefe de Estado. Una pelea que se da en dos planos desde su visión: en la macroeconomía, con una serie de reformas disruptivas, y contra “la casta”. En ese sentido, identificó un momento clave de la historia de la Argentina.

A fines de la década del sesenta, dijo, cuando una serie de actores consolidaron “una apropiación de la renta, un modelo corporativo, un modelo empobrecedor”, con actores firmes que hoy “impiden el cambio” que el país necesita. 

Hubo más: expresó que este Gobierno atacó “las cajas de la casta” y los ejes de libertad que planteó el DNU 70/2023, como por ejemplo la derogación de la ley de alquileres, la posibilidad de que las farmacias comercien online y la política de cielos abiertos. Para el ex presidente del BCRA, es clave pelar contra las corporaciones que “defienden sus intereses” y valoró las decisiones que se encararon desde la Casa Rosada, “con mucha valentía”.

Además, comentó que para disminuir impuestos “hay que bajar el gasto” y que subsidiar equivale perjudicar a otro. En cuanto al ajuste fiscal, sostuvo que es mentira que “expandir el gasto público expande la economía” y afirmo que los recortes no son dolorosos. Para graficarlo, habló de las auditorías que encaró el Ministerio de Capital Humano sobre las “cajas” de las organizaciones sociales. 

En el tramo final, sostuvo que todo el proceso de debate de la ley Bases fue “extraordinario”, con un proceso activo y que “se están bajando impuestos porque se baja gastos”. En las preguntas que Clara Mariño le realizó, no quiso señalar que puede pasar con el cepo cambiario en el futuro y la inflación. “Esas preguntas son para Toto Caputo y Santiago Bausili”, remarcó, en relación al ministro de Economía y el titular del BCRA.

Fuente: Perfil

El mandatario bonaerense viajó a la ciudad de Rawson para suscribir con su par de Chubut un convenio de colaboración en materia de asistencia sanitaria que contempla, entre otras acciones, la distribución de 15 ambulancias en distintas comunas y localidades chubutenses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su par de la provincia de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, firmaron este miércoles en Rawson un convenio marco de colaboración y asistencia mutua en materia sanitaria, en el marco del cual se prevé la incorporación, en comodato, de quince ambulancias en distintas localidades chubutenses, a fin de garantizar el efectivo acceso a la salud y priorizar la calidad de la atención en las respectivas poblaciones provinciales.

“El federalismo no es solamente el vínculo con un Estado nacional que hoy no está cumpliendo con sus obligaciones, también es trabajar de forma unida entre todas las provincias que integran nuestro país”, explicó Kicillof durante el acto de firma, y agregó: “Si Chubut puede valerse de recursos que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de aportar, entonces no importa a qué partidos políticos pertenecemos, sino cómo garantizamos la salud y los derechos de todos los argentinos y las argentinas”.

Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó que “este es un gesto muy importante, ya que estamos demostrando que no todo tiene que ser agresión y ataque por las redes sociales: podemos trabajar en conjunto y de forma solidaria entre las provincias argentinas”. “Somos un pueblo que tiene una misma historia y un objetivo común: sacar adelante a nuestro país”, concluyó.

Durante el acto, el titular del Ejecutivo chubutense llamó a trabajar de manera solidaria y mancomunada entre todas las provincias del país para “hacer una Argentina más federal” y garantizar así “la salud, la educación y la seguridad” en todo el territorio. En ese marco, Torres instó a “alcanzar un verdadero federalismo que integre y dé respuestas a las grandes ciudades y a los pueblos chicos por igual”.

“¿Por qué un chico que nace en una comuna rural tiene menos derecho a tener una atención sanitaria de calidad que un chico que nace en Capital Federal?”, señaló Torres, quien también añadió que “esa no es la Argentina que queremos: la Argentina que soñamos es una Argentina integrada, una Argentina que termine con las asimetrías.”.

«Gobernar es dar respuestas»

“Independientemente de los colores políticos de quienes coyunturalmente tenemos la responsabilidad de gobernar, somos las provincias las que nos hacemos cargo y llevamos respuestas a los 45 millones de argentinos”, aseguró el mandatario y consideró que “es central que trabajemos juntos, espalda con espalda, poniendo por delante los intereses de la gente por encima de cualquier diferencia partidaria”.

“El único mensaje político de hoy es que hay una jubilada que vive en una comuna de la meseta, que tiene que hacer 200 km para dializarse una vez por semana, y que partir de este convenio va a poder contar con una ambulancia que la traslade al hospital más cercano para recibir así una atención sanitaria de calidad”, explicó el gobernador de Chubut, concluyendo que: “Gobernar es darle respuestas a la ciudadanía”.

“Cada vez que podamos resolver un problema a un ciudadano, independientemente de en qué provincia viva, vamos a estar todos juntos para garantizar derechos y llevarles soluciones a nuestra gente”, detalló Torres, agregando que “esta Argentina no resiste una frustración más, y es por eso que este va a ser el primero de muchos acuerdos que vamos a seguir firmando para darles soluciones a nuestra ciudadanía”.

Al respecto, el mandatario chubutense concluyó su discurso destacando que “estamos todos haciendo causa común, junto con los intendentes y los jefes comunales, para volver a poner a nuestra provincia en el lugar que se merece, para sentirnos así realmente orgullosos de ser chubutenses”. En esa línea, Torre puso en valor el convenio de colaboración y asistencia mutua suscripto con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial, en Rawson.

Colaboración entre Buenos Aires y Chubut

El acuerdo, que tiene un plazo total de vigencia de 24 meses, responde a la necesidad de mejorar el acceso a la salud pública y garantizar una atención sanitaria de calidad en todas las localidades de nuestra provincia y de Buenos Aires; contemplando, entre otras acciones y programas, la incorporación, en comodato, de un total de 15 nuevas ambulancias “para dotar a comunas y localidades de Chubut”, ponderó Torres.

Los nuevos vehículos, gestionados por el titular del Ejecutivo chubutense, serán distribuidos en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, José de San Martín, Lago Puelo, Epuyén, Las Plumas, Camarones, Sarmiento, Gaiman, Dolavon, Tecka, Río Senguer, Garayalde y Gastre.

Presencias

Durante la firma del acuerdo, que contempla también la posibilidad de articular diversas políticas sanitarias, participaron además el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el secretario de salud, Sergio Wisky; y los intendentes y jefes comunales de las distintas localidades beneficiadas con la adquisición de las quince ambulancias. “En la provincia de Buenos Aires tenemos una organización que nos permite colaborar y ser solidarios sin afectar nuestra planificación y capacidad de respuesta”, subrayó Kreplak. “Es un paso en el sentido de un mayor federalismo: podemos ser de partidos políticos distintos, pero tenemos una búsqueda común que es la de garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo”, agregó.

La comitiva de la provincia de Buenos Aires estuvo integrada también por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura, Gabriel Katopodis; así como el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

En diálogo con la prensa, el empresario multimillonario disparó contra el primer mandatario tras sus dichos hacia los empresarios del país.

En un mano a mano con la prensa, Eduardo Eurnekián disparó duramente contra Javier Milei, luego de que un notero le indicara que, en el encuentro con empresarios en el Llao Llao, el presidente pidió que “se pongan las bolas y que inviertan”.

Ante esto, el empresario lanzó: “Decile al presidente que se ponga las bolas y dirija el país, si él me pide que invierta”. Seguidamente, el periodista sostuvo que el primer mandatario iba a escuchar estas palabras, a lo que Eurnekián respondió categórico: “Que lo escuche, qué carajo me importa”.

⭕️ Eduardo Eurnekian le respondió a Javier Milei, quien en abril le había pedido a los empresarios que pongan "las pelotas para invertir".

🔊 "Decile al Presidente que se ponga las bolas y dirija el país", contestó el presidente de Corporación América. pic.twitter.com/JNIco29Bo2

— El Destape (@eldestapeweb) May 15, 2024

Además, señaló que “no hay milagros” en la economía y que “todo lo que se hace, se hace por esfuerzos”, entendiendo que la Argentina está lejos de salir de la crisis. “Me encantaría que se levante mañana el cepo, pero es una cuestión político-económica”, agregó.

Mientras Javier Milei inauguraba en la casa rosada el busto del ex presidente Menem y se deshacía en elogios para con su gobierno, en las redes recordaron como la actual vicepresidenta despotricaba contra la gestión menemista y sus aplaudidores.

Hace solo cuatro años, la vicepresidenta Victoria Villaruel recordó a Carlos Menem para un 14 de mayo. “A los aplaudidores del nefasto Menem agarren un libro de historia, uno al menos”, los apuró antes de abrir un hilo con acusaciones sobre la AMIA, la política diplomática sobre las Islas Malvinas, la voladura de Río Tercero y la reforma de 1994. Un año y medio después de ese tuit, fue electa como diputada para acompañar a Javier Milei en las dos primeras bancas que La Libertad Avanza ganó en el Congreso. Hoy, cuando Milei homenajeó a quien fue para él “el mejor presidente de la historia”, Villaruel mantuvo el silencio en sus redes y faltó al acto en Casa Rosada. 

La venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia fue durante SU gobierno. Traicionando al único país q estuvo con nosotros en Malvinas, Perú. Para ello volaron la fábrica militar de Río Tercero, donde se encubrió la participación del delincuente Grl Balza puesto x Menem del 91 al 99

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 14, 2020

“A los aplaudidores del nefasto Menem agarren un libro de historia, 1 al menos. Encubrió el atentado terrorista a la AMIA. La mayor cesión territorial de nuestro país fue en su gobierno con el Acuerdo de Madrid. No vetó la ley de indemnización a los terroristas q hasta hoy pagamos”, fue el primer mensaje de Villaruel aquel 14 de mayo de 2020. 

Con el Acuerdo de Madrid con RU, éstos q ocupaban Malvinas y 3 millas alrededor, hoy invaden y explotan las Islas y 200 millas, crearon 1 reserva de 1 millón de km2, reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina y quiebran todas las Res. de la ONU

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 14, 2020

La relectura del hilo de tuits marca no solo el silencio de la vicepresidenta sobre las diferencias que guarda respecto de la figura de Menem ante un presidente que lo enaltece –con un busto, el 8 de marzo con su imagen en el Salón de los Próceres, que reemplazó al Salón de las Mujeres- y que establece lazos estrechos con su familia, con Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

Villaruel ha denunciado también el encubrimiento “al atentado terrorista de la AMIA”, pero Milei destaca a Menem, que enfrentó una causa judicial por el encubrimiento del ataque a la mutual judía en 1994. El ultraderechista, además, responsabiliza a Irán del atentado, dejando de lado la pista Siria.

La vicepresidenta también era crítica del acuerdo firmado por la gestión Menem con el Reino Unido en Madrid. “Éstos q ocupaban Malvinas y 3 millas alrededor, hoy invaden y explotan las Islas y 200 millas, crearon 1 reserva de 1 millón de km2, reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina y quiebran todas las Resoluciones de la ONU”, escribía indignada en 2020 y agregaba cómo la “venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia” era parte de una jugada  contra Perú, único aliado de Argentina durante la guerra de Malvinas. 

A pesar de eso, el posicionamiento diplomático argentino se acerca a aquel del menemismo. Como mencionó la canciller Diana Mondino en varias oportunidades, se trata de una relación en la que Argentina está dispuesta a reconocer la “autodeterminación” de los kelpers y de dejar a un lado el reclamo soberano para abrir la agenda referidad a los negocios. Posiciones repetidas en el encuentro de Milei con el ministro de Exteriores David Cameron en Davos y tras el viaje del mismo Cameron a territorio de Malvinas. 

Por último, entre las respuestas a esa larga cadena de desacreditó al “mejor presidente de la historia”, Villaruel rechazó hasta las privatizaciones, que por estas horas vuelven a ser objeto de debate en la Cámara que ella preside. 

El consultor estrella de Javier Milei, Fernando Cerimedo, sigue sumando contratos para su entorno. Ahora le consiguió un cargo en el gobierno nacional para su esposa, Natalia Basil, que fue designada como directora en la Agencia Nacional de Discapacidad. Como suele pasar con los libertarios, no tiene la menor idea o expertisse sobre el tema. Que siga la fiesta.

Según se informó oficialmente, Basil tiene 39 años, es ingeniera química y formaba parte del portal ultraliberal La Derecha Diario, el medio de Cerimedo donde también trabajaba “Juan Doe” que ahora es director de comunicación digital de la Casa Rosada. Basil logró un contrato de casi 2 millones de pesos.