Una empresa de un grupo brasileño desvinculó a 80 personas y el Ministerio de Trabajo debió intervenir. ¿Qué otras firmas iniciaron “el recorte”?.

La industria del calzado deportivo es una de las primeras en sentir el impacto de las nuevas medidas y dos de las más importantes del sector comenzaron con despidos. El grupo brasileño Dass tomó personal hasta julio y post PASO comenzó a despedir, mientras que Bicontinentar desvinculó esta semana a 100 empleados.

La empresa Dass tiene dos plantas en la Argentina, una en El Dorado, Misiones y la otra en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, y fabrica calzados para Nike, Umbro, Asics y Fila en Misiones y Adidas entre otras marcas, en Coronel Suárez. La planta misionera abrió sus puertas en 2007, llegó a tener 1.500 trabajadores en 2015 y ahora apenas alcanzaba los 570.

Después de las PASO despidió a 80 trabajadores y luego el Ministerio de Trabajo logró frenar más despidos. La falta de insumos, agudizó los problemas en las líneas de producción, pero gracias a la intermediación del ministerio de Trabajo se cerró en su momento un acuerdo que frena los despidos hasta el 31 de diciembre. En las plantas quedan menos de 500 trabajadores. El 22 de diciembre es el último día de los operarios que toman vacaciones hasta mediados de enero.

La industria del calzado afronta las consecuencias del “plan Milei”

Otra empresa que despidió trabajadores fue Bicontinentar que echó a 100 personas. Ubicada en Chivilcoy, se la conoce como la ex planta de Paquetá, fue construída en 2007 por el grupo brasileño Paqueta la cerró en 2018 y en 2021 reabrió como Bicontinentar y comenzó a invertir y sumar cada vez más marcas para la producción de zapatillas.

La planta arrancó con 50 empleados en esta última gestión y llegó a superar los 550. Produce para New Balance, Under Urmour, Hush Puppies, Olimpikus, Kickers, Le Coq Sportif, Diadora, Atics, 47 Street, Alpine Skate, Montagne, Ringo y Lacoste.

El sueño de Juan Recce, su actual CEO, era llegar a tener 16 líneas, las mismas que alguna vez supo tener Paqueta en su mejor momento. Hace apenas un año le contaba a Bae Negocios que “no encontrás lugar para producir calzado deportivo, todos tenemos como mínimo seis meses de demora”. Junto a otros empresarios y el sindicato fue uno de los que impulsó la Ley del Calzado, justamente la legislación que logró media sanción y espera ser aprobada en el Senado para impulsar la producción nacional.

Con el cambio de Gobierno, las marcas deportivas saben que importar puede ser el camino a seguir, pero algunas frenaron los pedidos y ya se siente el impacto en las fábricas y se comienza a sentir el golpe en cada comunidad que rodea a una planta.

“La empresa ofreció un retiro voluntario para 100 trabajadores, la medida se debe a una baja generalizada de pedidos por parte de varios de nuestros clientes. Durante los meses de octubre y noviembre teníamos previstos pedidos que se fueron posponiendo por las dificultades logísticas y cambiarías, por eso mantuvimos una dotación Por encima de las necesidades de producción de esos meses. El horizonte previo a la segunda vuelta electoral era de fabricación de esos productos y continuidad del plan de trabajo trazado para los próximos siete meses. El pasado jueves 7 de diciembre recibimos las confirmaciones de la mayoría de los clientes de sus nuevos planes de producción y abastecimiento”, señaló Juan Recce a BAE Negocios.

Les dieron a elegir a los trabajadores si querían el despido o sumarse a un retiro voluntario con un plus de un 7%, lo que ellos prefieran para poder tener el seguro de desempleo. Juan Recce señaló: “Muchos de nuestros clientes tenían sus obligaciones en el exterior calzadas en dólares, con la expectativa de liquidación al tipo de cambio oficial, pero tras el cambio de la política económica, que fue ratificado por las medidas de ayer, muchos de ellos vieron reducidos su capacidad de compra de insumos y productos, terminados incluso. Es muy triste lo que nos pasa, por eso insistimos en la necesidad de que se apruebe la Ley del Calzado”.

Fuente: Iprofesional

Insensibilidad.

María Eugenia Talerico fue funcionaria de Mauricio Macri e integró las listas de La Libertad Avanza. En redes se mofó del aumento fenomenal del costo de vida de la gente. “Agarremos las bicicletas, ahorremos energía, a compartir el alquiler”, aseguró. Después intentó un pedido de disculpas pero ni siquiera bajó el tuit original. La insensibilidad avanza.

Durante el ajuste de Macri, muchos dirigentes y muchos medios de comunicación salieron con campañas donde celebraban el ajuste, que en el caso de Cambiemos incluyó un aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. Ahora, pasará una situación igual, con aumentos de alimentos del orden del 120%. ¿Qué pasará con la sociedad?

Anoche, el ministro Luis Caputo redobló la apuesta y aseguró que la “gente está muy contenta” con el ajuste. El gobierno no parece darse cuenta que muchísimas familias no podrán comer con las medidas anunciadas. Se trata de uno de los ajustes más grandes de la historia del país.

La iniciativa se encuentra en el paquete de medidas económicas adoptada por el Gobierno. La casta importadora de fiesta.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la emisión de títulos públicos para importadores con deuda comercial pendientes de pago. Los papeles a colocar se suscribirán al tipo de cambio oficial mayorista y se pagarán en dólares con opción de rescate anticipado.

A través de la Comunicación A “7918”, la autoridad monetaria confirmó la creación de la Nota del BCRA denominada Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un plazo máximo de vencimiento previsto para el 31 de octubre de 2027.

De acuerdo a la información oficial, del instrumento sólo podrán hacerse los importadores de bienes y servicios con operaciones pendientes de pago.

La deuda comercial que las empresas mantienen con sus proveedores del exterior ha sido tema de discusión en los últimos meses.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) estimó semanas atrás que el pasivo superaría los US$55.000 millones considerando compras de insumos o servicios recibidos.

En tanto, la consultora Analytica señaló que “la deuda flotante con los importadores solo en bienes alcanzó en octubre USD 47.528 millones, unos USD 25.000 millones más respecto a su valor promedio de los últimos años”.

En la madrugada de este miércoles, en lo que fue el primer comunicado de la nueva gestión, los funcionarios de la autoridad monetaria habían adelantado que, “ante el récord histórico de endeudamiento comercial heredado, el BCRA se encuentra trabajando, en coordinación con la Secretaría de Comercio e Industria, para resolver la incertidumbre, asociada a los pagos y la cancelación de esta deuda con el exterior”.

Y anticiparon que “oportunamente se pondrán a disposición de los importadores uno o más instrumentos financieros emitidos por el BCRA y pagaderos en dólares que podrán suscribir voluntariamente en pesos para hacer frente al cumplimiento de sus compromisos comerciales”.

De esta forma, la suscripción al nuevo bono será en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación.

Y la moneda de pago será en dólares y la amortización también será en la divisa estadounidense con la posibilidad de que sea “íntegra al vencimiento o con esquema de amortizaciones parciales, según se defina oportunamente”.

La operatoria será la siguiente: los importadores comprarán los bonos con pesos pero, al venderlos o al vencimiento, recibirán dólares, con los que podrán ir saldando sus deudas.

La cancelación anticipada, por su parte, sólo podrá ser en pesos dollar linked; es decir, en moneda nacional pero atada a la cotización y variación de la divisa estadounidense.

La tasa nominal anual (TNA) máxima del bono será del 5%.

“Devengarán intereses sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa anual máxima del 5% a definir en el anuncio de la licitación, que podrá ser pagadera en forma trimestral o semestral en dólares estadounidenses”, precisó la comunicación oficial.

Respecto a la posibilidad de operar los títulos en el mercado secundario, la entidad informó que “en el anuncio de la subasta se definirá si estos instrumentos se negociarán o no en los ámbitos de BYMA/MAE, y mercados euroclearables. Al igual que si podrán o no ser utilizadas como colaterales para operaciones de REPO”.

Asimismo, se podrá considerar “la alternativa de incluir cláusulas de rescate anticipado en favor de los Titulares. En ese caso, de manera simultánea a la licitación del título se incluirán derechos de rescate sobre dichos instrumentos en los plazos y en las proporciones que defina oportunamente el BCRA”.

Mediante un documento, la central obrera rechazó el paquete de medidas anunciado por el ministro Caputo, y aseguró que con este rumbo “el ajuste de Javier Milei castiga al pueblo y no a la casta”.

Luego de deliberar por un par de horas en la sede de la UOCRA, la conducción de la CGT emitió un duro documento, donde rechaza el paquete de medidas que anunció el ministro de Economía Luis Caputo, y que genera una fuerte devaluación y recortes en el gasto público, entre otras cuestiones. La central obrera consideró que “el ajuste de Javier Milei castiga al pueblo y no a la casta”, y alertó que este paquete “generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”.

La reunión de este miércoles fue llamada luego del anuncio del paquete de medidas que lanzó Caputo para achicar el gasto público, reduciendo cinco puntos del PBI. Con el título de “No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo”, la declaración difundida por la CGT señaló que “no estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste”, mientras hizo hincapié en que “el ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar sus costos de manera inequitativa sobre la sociedad argentina”.

De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30 por ciento, al menos por el próximo cuatrimestre, situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”, afirmó la central obrera.

Disciplinador

Para la central obrera, “las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social” y a continuación agregó: “Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo”.

En el texto también se ratificó el documento de 15 puntos programáticos presentado por la CGT a los candidatos presidenciales durante la campaña electoral, en donde destacó la importancia de la defensa de la “progresividad de los derechos laborales y sociales” para “una sociedad más justa” como ejes del “modelo de desarrollo, producción y trabajo”. Además, la central obrera insistió en su reivindicación de “los derechos sociolaborales, el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y trabajadoras”.

Fuente: Data Gremial

De esta manera se suman a las subas del 30% del fin de semana pasado, acumulando un alza del 64% desde noviembre.

La petrolera estatal YPF se sumó este jueves a los aumentos en los precios de los combustibles de las compañías privadas y sus estaciones de servicio amanecieron con subas de hasta 37% con respecto a los precios que regían hasta ayer.

El nuevo incremento se da tras las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyeron una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial, y se suma a la actualización del 30% que habían hecho las petroleras durante el fin de semana pasado.

Con este último ajuste, los combustibles acumulan una suba del 64% desde noviembre, cuando llegó a su fin el programa “Precios Justos”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el precio de referencia de la nafta súper pasó de $449 a $615, el de la nafta premium de $529 a $739 y el del gasoil de $479 a $645.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) analizó la situación que atraviesa el sector y la incertidumbre en materia de empleo.

Se cancelan aquellas licitaciones, cuyas obras no empezaron, y se las va a rescindir. Según dijeron,no va haber nuevas y continuarían las que se encuentran en curso, aunque no dijeron de qué forma, y están en este momento en un proceso muy complicado”, afirmó Gustavo Weiss.

El titular de la CAMARCO expresó que “en materia de obra pública de acuerdo a lo que suponíamos que iba a pasar, no tenemos por supuesto información, suponíamos que iba a haber un ajuste”.

El flamante ministro de Economía informó el shock de medidas en la tarde del último martes, paquete dentro del que se encuentra la suspensión de la mayoría de la obra pública.

En este contexto, al ser consultado por las políticas que implementará el Gobierno nacional en materia de equilibrio monetario, Gustavo Weiss consideró que “es un plan fuerte, de reducción del déficit fiscal realmente muy importante que va a a traer aparejadas, sin lugar a dudas, una serie de ajustes en los distintos sectores de la economía y por lo pronto, una devaluación muy importante que seguramente se va a traducir en un proceso inflacionario”.

En este sentido, el jefe de la Cámara Argentina de la Construcción hizo hincapié en la inestabilidad del sector y explicó que la obras “vienen de un proceso muy complicado durante todo el año, por la alta inflación por un lado y por otro, por atrasos en los pagos, en algunos casos muy importantes”.

En relación con ello, reparó en que “si hay un contrato firmado y el gobierno o una de las partes lo incumple, potencialmente uno puede hablar de una demanda ante la justicia”. veremos caso por caso, hay en muchos casos de contratistas con obras no empezadas, me refiero donde todavía no hubo un perjuicio económico importante”,

“En muchos casos los contratistas optan por no litigar. Esto no necesariamente tiene que ocurrir, pero desde el punto de vista legal ,sin duda uno puede recurrir a la Justicia”, subrayó el jefe de la CAMARCO.

Congelamiento de obras y el esquema de empleo en el sector de la construcción

El principal representante de la Cámara Argentina de la Construcción brindó precisiones sobre el número exacto o muy aproximado del esquema de empleo del sector y detalló que “el empleo total de la construcción formal, es del orden de las 550 mil personas directas. Esto es, jornalizados y mensualizados, aproximadamente la mitad de los 550 mil trabajan en obra pública y la otra mitad en obra privada”.

Posteriormente, estimó que “por lo tanto, el universo de empleo directo que estaría con esta situación son más o menos 270 mil personas. A eso, hay agregarle un empleo indirecto por cada empleo directo”.

A su vez, concluyó que “por lo cual, doscientas setenta mil trabajan en obra pública directa y otros tantos, en forma indirecta. Esa es la situación de la mano de obra”.

La inversión privada en el ámbito de la construcción

“De acuerdo a la experiencia mundial en los países que más tienen desarrollada la inversión privada en infraestructura, los países centrales como Inglaterra que, fue inventor de este sistema hace ya muchos años”

“La inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7% , porcentaje que puede llegar a un 15% con distintas modalidades”.

“El 85% es inversión pública en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal y la explicación de esto es que, el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado”.

Fuente: Perfil

Lo promulgó el presidente de la vecina nación. Pagarán las inversiones en fondos personalizados y las empresas offshores, entre otras.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó hoy la ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados superricos en fondos personalizados y las empresas offshore, con la cual el Gobierno pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025.

La sanción de la ley fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una amplia negociación en el Congreso, donde la centroderecha conocida como el “Centrao” bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.

El texto cambia una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores.

Con la nueva ley, la tributación se realizará una vez al año, el 31 de diciembre, y será del 15%.

Los contribuyentes individuales tendrán que declarar por separado los ingresos del capital invertido en el extranjero, ya sean inversiones financieras, ganancias o dividendos de entidades controladas.

Según la ley, los fondos exclusivos se gravarán dos veces al año, cada seis meses.

De acuerdo con los cálculos hechos por el Congreso, existen 2.500 brasileños con recursos en los fondos exclusivos, que requieren como mínimo una inversión de 2 millones para ingresar.

Según el ministro Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.

Desde la Municipalidad de ese distrito de la Quinta Sección lanzaron un comunicado lamentándose por la paralización de 208 obras de viviendas.

Desde que se conoció el triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, los tiempos de ajuste están cada vez más cerca. En el municipio bonaerense de Castelli comenzaron los primeros coletazos, con despidos y paralizaciones de obras.

Desde la Municipalidad del distrito de la Quinta lanzaron un comunicado a través de su cuenta de Facebook lamentando que la empresa SZCZECH S.A abandonó la obra del Desarrollo Urbanístico ProCrear II de la localidad.

Este abandono por parte de la empresa provocó 150 despidos y la paralización de alrededor de 208 obras de vivienda que estaban en pleno desarrollo.

En un punto del comunicado, el municipio señaló: “Nos duele como gestión que se paralice esta obra que tanto nos costó y que se encontraba en un estado de avance importante”. “Producto de esta decisión del flamante gobierno nacional, 97 vecinos de Castelli quedarán sin empleo, y 208 familias no podrán cumplir con el sueño de la casa propia. Esto impacta de manera directa y negativa en nuestra economía y en el comercio local. Son 150 trabajadores y trabajadores que perderán su trabajo”, continuó el escrito en redes sociales.

Lo paradójico es que el intendente reelecto del distrito, Francisco Echarren, semanas atrás vaticinó lo que podía llegar a ocurrir con el gobierno de Javier Milei en su cuenta de Twitter, cuando pidió que intendentes alcen la voz para que no se “frene la obra pública en la Provincia”. Al trascender el despido de 150 trabajadores de su distrito, también volvió a manifestarse vía Twitter: “No era miedo, era verdad. Cuanta tristeza”, sentenció.

Fue a través de un comunicado titulado “Salvajes” de la Asociación Bancaria.

La Asociación Bancaria (AB) advirtió hoy que las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, son de una “violencia inusitada sobre la clase trabajadora” y representan “lisa y llanamente una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.

En un comunicado titulado “Salvajes”, la AB -que encabeza el diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Palazzo- indicó que las medidas “son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general” y agregó: “Coincidimos que se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.

“Son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación”, agregaron en el texto.

“La devaluación de más del 100 por ciento provocará un encarecimiento aún mayor de los servicios, los despidos masivos en el Estado dejan sin trabajo a miles de empleados estatales, la eliminación de obra pública excluye a más de 250 mil trabajadores, pymes y prestadores de esta actividad”, detallaron en el comunicado.

Además, el sindicato de los bancarios advirtió que medidas como “la reversión de la reforma por ganancias, que implica que un millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias, la quita de los subsidios al transporte y energía afectará directamente a los trabajadores y al pueblo en general, sumado a que se eliminan las fórmulas de movilidad de las jubilaciones y actualizaran por decreto”.

“Invitamos y llamamos a la reflexión de las nuevas autoridades, que las medidas de ajuste las hagan con el poder económico real, con la verdadera casta, con los poderosos que históricamente vivieron del Estado, ahí tienen que buscar los recursos y no castigando a trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que viven de un ingreso”, concluyó el comunicado gremial.

El vocero presidencial afirmó que el objetivo es “el equilibrio de las cuentas públicas” y aseguró que el Banco Central “no va a financiar un solo peso del Tesoro”.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anticipó este miercoles que la reducción de subsidios a las tarifas se implementará “a partir del 1 de enero” del año próximo, al tiempo que adelantó que en las próximas semanas el Gobierno presentará un plan de reformas estructurales.

“Ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días, hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por las cuestiones operativas, pero entendemos que este esquema de cambio en materia de subsidios va a ser a partir del 1 de enero”, precisó Adorni respecto del transporte y los servicios públicos, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la tercera desde que comenzó el gobierno del presidente Javier Milei.

El esquema de subsidios económicos, según lo comunicado el martes por la noche a través de la cuenta del Ministerio de Economía en X (ex Twitter), prevé una reducción del 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

En el Salón de los Pueblos Originarios, Adorni reconoció que hay una “inequidad” en la distribución de los subsidios entre el AMBA y el resto del país, tal como lo hizo este mertes durante los anuncios el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que asumió que se evalúa “un cambio de esquema para dejar de subsidiar de esta forma y mejorar la equidad entre provincias”.

En cuanto al transporte, la reducción de subsidios, dijo, estará enfocado en asistir a la demanda y no la oferta, como sucede actualmente, eliminando la inequidad entre el Amba y el interior, y en energía en los servicios de luz y gas.

En su intercambio matutino con la prensa, antes de la reunión de Gabinete de Milei con su equipo de gobierno, Adorni adelantó también que en las próximas semanas se va a conocer el “plan de reformas estructurales pensado, diagramado y trazado para los próximos años y que van a cambiar el rumbo de la Argentina”.

Respecto a las medidas anunciadas y a las que se irán informando, el portavoz presidencial resumió: “Son necesarias e inevitables”.

“Es una paquete de medidas urgentes, que consideramos inevitables para evitar la catástrofe y la hiperinflación. El escenario de hiperinflación es más gravoso que el que existía en 1989 y 1990, cuando el aumento en el costo de la vida llegó a un 3000% anual”, explicó.

El paquete anunciado por el ministro Caputo se concentra en diez medidas, entre las que destacan el aumento del tipo de cambio a 800 pesos por dólar, el fin del gasto en obra pública, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Adorni insistió en que el “norte más urgente” del Gobierno “es alcanzar el déficit cero”, un meta que definió como “la madre de todas las batallas”.

“No se puede gastar más de lo que no se tiene y de lo que ingresa. Eso no es negociable porque deriva en una crisis de deuda o en una inflación como la que estamos viviendo ahora. Es algo que viene desde hace más de 20 años”, consignó.

Al igual que el ministro Caputo, Adorni fue tajante al hacer un diagnóstico de cómo encontró el actual gobierno al país: “Hemos encontrado un paciente en terapia a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera”.

“Nuestra premisa es el déficit cero”, insistió, y señaló que “el paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal” y “apunta al superávit o equilibrio de las cuentas públicas”.

Para alcanzar el déficit cero el gobierno prevé una mejora en los ingresos a través del Impuesto País, retenciones adicionales para las exportaciones, reversión en la reforma de Ganancias, una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales. Se estima que la suma de estos nuevos ingresos se ubicarán en torno al 2,2% del PBI.

También se anunció el capítulo de reducción de gastos, que se estiman en 2,9% del PBI con intervenciones en jubilaciones y pensiones, transferencias corrientes a provincias, subsidios, gasto de capital, programas sociales con intermediarios y gastos de funcionamiento.

“No se puede gastar más de lo que ingresa. Eso no es negociable porque sabemos que deriva en crisis de deuda o en inflación”, dijo el portavoz de Presidencia de la Nación. Indicó que “no hay que tenerle miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia”, y reiteró que “no” van “a mentir”.

Al respecto, Adorni aseguró que se “actuará sobre el problema estructural de la Argentina” y advirtió que “nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles” porque “si no te creen nada es posible”. Sobre los anuncios de Caputo, indicó que “son medidas que requerían de urgencia inmediata para generar previsibilidad y que todos entiendan que estamos dispuestos a no gastar más”.

Adelantó que el déficit fiscal esperado para 2023 es de 3 puntos del producto, que sumado al endeudamiento asciende a 5,2 puntos del producto.

Adorni también anticipó que se van a eliminar parcialmente las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales “suelen tener carácter político”, y sobre la eliminación de subsidios,

Consultado sobre eventuales cambios en los ajustes de las jubilaciones, dijo que se busca terminar “con un esquema que ha convertido al jubilado en una persona con necesidades” y que “claramente el objetivo es mejorarlas” porque debido a la inflación “los jubilados iban a seguir perdiendo”.