La medida impacta de lleno en uno de las funciones fundamentales del organismo: el control técnico independiente sobre alimentos y bebidas, un área crítica para la salud pública.

A través de una reciente resolución, el Consejo Directivo del INTI oficializó la cesación de los servicios sistematizados que hasta ahora garantizaban evaluaciones técnicas clave. En términos concretos, la decisión implica que una amplia gama de ensayos dejarán de estar disponibles, afectando tanto a empresas como a organismos de control y consumidores.

Entre los servicios eliminados se encuentran análisis fundamentales para asegurar la calidad alimentaria:

• Evaluaciones de aditivos, antioxidantes y edulcorantes
• Estudios de vida útil y perfil sensorial de productos
• Determinaciones sobre contaminantes como micotoxinas
• Medición de textura, color y propiedades funcionales
• Análisis de compuestos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y procesados
• Controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa y acesulfame K
• Estudios cromatográficos y validaciones técnicas para la industria

Estos controles no solo eran centrales para sostener estándares en el mercado interno, sino que también funcionaban como herramientas independientes para verificar la calidad de los productos que consumen millones de argentinos.

La resolución establece un esquema transitorio para cumplir con compromisos vigentes, aunque sin ofrecer una solución de fondo para reemplazar las capacidades técnicas que se eliminan. Este punto genera preocupación en el sector, ya que no se detallan qué funciones críticas se mantendrán ni bajo qué condiciones operativas.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de recortes que el INTI arrastra desde 2024, con pérdida de funciones en áreas clave, falta de financiamiento y limitaciones operativas. En ese contexto, la eliminación de servicios vinculados al control de alimentos refuerza una tendencia que distintos sectores ya señalan como un progresivo desmantelamiento de capacidades estratégicas del Estado.

El escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación no deja de crecer y suma ahora un componente político de peso: la incorporación del histórico clan de la familia Menem entre los beneficiarios de préstamos millonarios con condiciones preferenciales.

A la ya extensa lista de funcionarios y figuras vinculadas al oficialismo que accedieron a financiamiento, se agregan Nazarena Menem y Sharif Menem, integrantes de la nueva generación de la familia asociada al expresidente Carlos Menem. En conjunto, ambos obtuvieron créditos que rozan los 600 millones de pesos en un lapso de apenas seis meses, lo que intensifica las sospechas sobre posibles privilegios en el acceso.

Nazarena Menem, de 26 años y empleada de la Auditoría General de la Nación desde hace menos de cuatro años, recibió un crédito de casi 237 millones de pesos, pese a contar con ingresos que no superarían los 2,5 millones mensuales. Su caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien con un salario similar accedió a un préstamo de 357 millones. Ambos financiamientos fueron otorgados bajo condiciones consideradas preferenciales.

Las cifras y perfiles reavivan las denuncias sobre una posible “ventanilla VIP” para funcionarios y allegados al Gobierno. Mientras desde el Banco Nación aseguran que no hubo irregularidades y que se cumplieron los criterios de evaluación crediticia habituales, crecen las presentaciones judiciales que apuntan a conflictos de interés y a un uso indebido de líneas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

El caso del clan Menem no solo amplía el alcance del escándalo, sino que lo conecta con una de las familias más controvertidas de la política argentina, agregando un nuevo foco de controversia a una investigación que ya involucra a múltiples figuras del oficialismo.

En medio de ocho meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria, el Gobierno nacional dispuso profundizar el ajuste del gasto público y ordenó a todos los ministros aplicar un recorte adicional del 2% en sus presupuestos para sostener el superávit fiscal.

La decisión, confirmada desde la Casa Rosada, establece además una reducción del 20% en el gasto de capital. Sin embargo, el Ejecutivo evitó precisar cómo impactará la medida en cada área.

“La motosierra sigue”, señalaron desde el entorno oficial, en referencia a la política de ajuste que impulsa la administración.

Presión sobre las cuentas públicas

La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión fiscal, donde la caída sostenida de los ingresos se convirtió en un factor clave. Hasta marzo, el gasto ya mostraba una reducción del 3,3% en áreas sensibles como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios estatales.

El frente fiscal también enfrenta presiones políticas y económicas. Iniciativas en debate legislativo —como el financiamiento universitario o una eventual reforma laboral— podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación. A esto se suman las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, el Gobierno apunta a alcanzar un superávit primario del 2,2%, aunque el Presupuesto 2026 prevé una meta más moderada del 1,5% del PBI. En el primer bimestre, el resultado primario fue cercano al 0,4% del PIB, con un superávit financiero del 0,1%.

Recortes en partidas clave

Durante el primer trimestre, varias partidas registraron caídas significativas. Los salarios del sector público retrocedieron un 6,1%, mientras que las asignaciones familiares y la AUH disminuyeron un 3,7%.

Otros rubros mostraron ajustes más profundos: los programas sociales cayeron un 29,8% y las transferencias a provincias un 50,9%, reflejando el alcance del recorte.

En contraste, los subsidios económicos —principalmente vinculados a tarifas de servicios públicos— crecieron cerca de un 67% interanual, en gran medida por la cancelación de deudas acumuladas con el sector energético.

Graciela Molina y Victoria Cancio declararon en Comodoro Py. Lo hicieron como testigos en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses. 

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. 

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”.  Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes. 

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni. 

Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.__IP__

Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito. 

La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni. 

Que un grupo de 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno de Javier con sueldos estatales hayan calificado para créditos hipotecarios del Banco Nación generó un escándalo total. Algunos funcionarios recibieron hasta 340.000 dólares, a la menor tasa del mercado, y para comprar segundas casas. ¿Con qué criterio el Banco Nación distribuye los créditos hipotecarios?

Pero el escándalo no termina ahí. Los cargos políticos pudieron recibir esos préstamos porque en septiembre de 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman alteraron la resolución 802 sobre “empleados del sector público” permitiendo que los políticos pudieran quedarse con crédito. Lógicamente antes no podían para evitar situaciones de privilegio.

Ahora, el gobierno volvió a poner aquella frase que dejaba afuera a los funcionarios. Pero lo hizo después de que sus funcionarias multiplicaran sus patrimonios personales gracias al banco público. ¿No era que los libertarios odiaban al Estado? Parece que no cuando el Estado les permite hacerse (más) ricos. La casta está de fiesta.

La entidad modificó su reglamentación luego de la fuerte polémica generada por la difusión de casos de dirigentes y funcionarios del Gobierno Nacional que habían obtenido préstamos hipotecarios por montos millonarios, destinados a la compra de segundas e incluso terceras viviendas.

El punto cuestionado formaba parte de la reglamentación 802, actualizada en septiembre de 2024, donde se había incorporado un apartado que extendía el acceso a los créditos a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, incluyendo a funcionarios, diputados y senadores. Aunque en su momento pasó casi desapercibido, ese cambio terminó desatando críticas cuando se conocieron los beneficiarios.

Con el tema instalado en la agenda pública y amplificado en redes sociales, el Banco Nación avanzó con una nueva circular —la N° 0092/2026— que eliminó ese beneficio. La decisión fue formalizada el 9 de enero por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, quien dejó sin efecto la inclusión de cargos políticos dentro del universo de beneficiarios.

Según trascendió, la medida original había sido impulsada por los propios funcionarios, pero el resultado fue el contrario al esperado: derivó en un inmanejable escandalo político y reavivó el debate sobre el acceso desigual al crédito en un contexto donde gran parte de la población enfrenta serias dificultades para acceder a financiamiento para la vivienda y otras actividades básicas.

La controversia incluso llevó al presidente Javier Milei a pronunciarse públicamente. En una entrevista, defendió la legalidad de los préstamos, aunque sus declaraciones no lograron desactivar el malestar generado por el tema.

Mirtha Legrand hizo estallar la polémica por el escándalo Adorni y desató un debate explosivo en su mesa.

Mirtha Legrand volvió a demostrar que no le teme a los temas incómodos y convirtió su programa en el epicentro de una fuerte polémica. En la noche del sábado 11 de abril, durante una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), la conductora lanzó una pregunta explosiva sobre el caso que sacude al gobierno de Javier Milei: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero Manuel Adorni.

“¿Y el caso Adorni?”, disparó sin rodeos, encendiendo de inmediato el clima en la mesa. Pero no se detuvo ahí. “Qué increíble. Esta señora, ¿le había prestado la plata de verdad?”, insistió, en alusión a las mujeres involucradas en la causa vinculada a la compra de propiedades. “Es raro todo, es extraño”, remató, dejando planteadas dudas que incomodaron a todos.

La reacción fue inmediata. Lejos de esquivar el tema, sus invitados —Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese— se metieron de lleno en el debate, generando un intercambio intenso que por momentos subió la temperatura del programa.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Reynaldo Sietecase, quien aportó una metáfora que resonó en la mesa: “El gobierno está cargando con algo que yo llamo el delantal blanco”. Y explicó: “Cuando asumieron dijeron ‘venimos contra la casta’, entonces en ese delantal blanco las manchas se notan más”.

La frase sintetizó el eje del debate: el costo político de construir un discurso basado en la transparencia y quedar expuesto ante cualquier sospecha. En ese sentido, el periodista fue más allá y planteó una comparación incómoda: “¿Qué estaríamos diciendo si esto pasara en un gobierno peronista , estaríamos pidiendo la renuncia desde el Obelisco? Si fuimos exigentes con la corrupción durante el Kirchnerismo me parece que hay que tener la misma vara”.

Con su intervención filosa, Mirtha Legrand no solo puso el tema en agenda, sino que logró lo que mejor sabe hacer: transformar su mesa en un escenario de alto voltaje político, donde las opiniones chocan, incomodan y generan repercusión.

La crisis del PAMI desató una ola de denuncias que apuntan de manera directa contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quienes distintos actores del sistema de salud responsabilizan por un deterioro acelerado que ya impacta en la atención de jubilados y amenaza con un colapso sanitario.

Desde clínicas privadas que trabajan con la obra social advierten que el problema central no es la falta de pacientes, sino el ajuste en los pagos. Un prestador reveló que, pese a contar con cien camas —de las cuales el PAMI suele ocupar el 75%—, en los últimos días no se registraron nuevas internaciones porque el organismo dejó de cubrir la totalidad de las prestaciones durante marzo. A esto se suma la interrupción en la provisión de prótesis de cadera, una práctica clave para adultos mayores, también por deudas impagas.

Las críticas vinculan directamente esta situación con el plan de superávit fiscal impulsado por Caputo y respaldado por Milei. Según denuncian, el recorte del gasto público en áreas sensibles como Salud derivó en faltantes de medicamentos, reducción de atención médica, ausencia de vacunas y hasta el cierre de servicios para jubilados. Lo que comenzó como una política económica, sostienen, se transformó en un factor de riesgo sanitario concreto.

El diagnóstico desde el sector es alarmante. Fuentes de la salud privada califican el escenario como “terminal” y advierten que el sistema podría colapsar, especialmente con la llegada del invierno. Funcionarios municipales, que ya registran un fuerte aumento de la demanda en centros de atención primaria, alertan que los gobiernos locales están absorbiendo pacientes que el PAMI ya no cubre.

El desfinanciamiento también golpea a clínicas y sanatorios, que denuncian atrasos de hasta cuatro meses en los pagos. Incluso, en marzo solo cobraron una parte de las prestaciones realizadas en diciembre, lo que llevó a muchos establecimientos a recortar servicios o directamente dejar de atender afiliados. Esto empuja a los pacientes hacia el sistema público, que también enfrenta demoras y pagos desactualizados.

La crisis se extiende a las farmacias, que reportan una deuda millonaria por parte del PAMI. El retraso en los pagos y la imposibilidad de reponer stock ya genera problemas de abastecimiento que afectan no solo a jubilados, sino al conjunto de la población. Desde el sector advierten que el sistema se sostiene con endeudamiento, pero que la situación es “insostenible”.

En este contexto, intendentes describen un “cóctel explosivo”: más demanda en salud pública, caída de ingresos por la recesión y aumento de la morosidad. Los datos muestran un crecimiento sostenido de las consultas en centros municipales, que se consolidan como la última red de contención frente al vaciamiento del PAMI.

Las denuncias coinciden en un punto: el ajuste económico impulsado por Milei y Caputo no solo afecta las cuentas públicas, sino que está teniendo consecuencias directas en el acceso a la salud, especialmente para uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados.

Mientras Milei protagonizaba un show musical en un evento privado, la justicia federal acumulaba nuevas pruebas sobre el esquema de retornos en la ANDIS. La fiscalía investiga si la recaudación ilegal en el organismo se mantuvo activa durante los meses de mayor exposición del discurso oficialista contra la corrupción.

Mientras el ajuste salvaje de la “motosierra” deja sin prestaciones a miles de personas con discapacidad, una investigación del diario Página/12 revela el lado más oscuro del marketing libertario. No fue “la casta” ni las regalías de sus libros: el fastuoso show de Javier Milei en el Movistar Arena habría sido financiado con dinero proveniente de empresarios beneficiados por una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El “padrino” del show: La caja de los medicamentos

La investigación, firmada por el periodista Raúl Kollmann, pone nombres y apellidos al financiamiento del evento donde Milei cantó rock ante 15.000 personas. El alquiler del estadio, que rondó los 70.000 dólares, habría sido cubierto por la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina.

Lo que el relato oficial intenta ocultar es que esta empresa es la principal proveedora de medicamentos de alto costo de la ANDIS. En criollo: el “León” rugía contra los empresarios prebendarios mientras uno de los mayores contratistas del Estado le pagaba el escenario.

Audios del horror: Dólares en la basura y retornos del 3%

La causa judicial, que ya cuenta con audios filtrados de Florencia Pérez Roldán (vinculada a los empresarios), describe maniobras de ocultamiento dignas de una película de gángsters:

• Fuga de divisas: Ante la inminencia de allanamientos, los empresarios habrían retirado 270.000 dólares de una propiedad.
• Plata tirada: En la desesperación por esconder el rastro del dinero, 50.000 dólares terminaron dentro de un contenedor de basura para evitar que la Policía Federal los encontrara.

Pero el escándalo no termina en el show. El fiscal Franco Picardi investiga la existencia de una “ventanilla de pagos indebidos” en la ANDIS, donde se exigía un 3% de retorno por cada factura liberada.

La “Casta” está de fiesta, los vulnerables en la calle

El dato más sensible de la investigación roza el entorno íntimo de la Casa Rosada. La ANDIS depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Esto sugiere que la estructura de recaudación ilegal no era un “cuentito” de funcionarios aislados, sino un mecanismo para sostener la logística y la propaganda del movimiento libertario.

Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal ficticio, la realidad es que ese dinero se le quita a los más débiles. Hoy, la ANDIS es noticia por las coimas y el rock, mientras miles de beneficiarios del programa Incluir Salud denuncian que no reciben sus remedios ni sus tratamientos. Una vez más, la libertad parece ser solo para los que pueden pagar el peaje del 3 por ciento.

El fiscal Guillermo Marijuan endureció su acusación contra la ex cúpula de la Agencia Nacional de Discapacidad. Asegura que se montó una estructura jerárquica para agilizar fondos públicos a cambio de retornos, afectando directamente el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables.

La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un giro determinante tras el último dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan. En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, el fiscal describió al organismo como una “ventanilla de pagos indebidos” que funcionaba bajo una lógica de recaudación ilegal, donde el otorgamiento de fondos estatales estaba condicionado al pago de sobornos por parte de los prestadores.

Según la acusación, la estructura liderada por los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Pablo Calvete no operaba de manera aislada, sino que respondía a un esquema de “negocios espurios” perfectamente aceitado. La fiscalía sostiene que se establecieron prioridades arbitrarias en la cadena de pagos del programa Incluir Salud: aquellas empresas o transportistas que accedían a entregar un porcentaje de sus facturaciones recibían sus fondos de manera inmediata, mientras que el resto sufría demoras injustificadas.

El dictamen judicial hace especial hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas de este esquema. Marijuan señala que la maniobra es doblemente grave dado que los fondos desviados debían garantizar la atención médica, traslados y tratamientos de personas con discapacidad. Para la fiscalía, el uso de un organismo con fines sociales como una herramienta de extorsión financiera representa uno de los puntos más oscuros de la gestión investigada.

Las pruebas recolectadas incluyen registros de comunicaciones, movimientos bancarios sospechosos y testimonios de empresarios del sector salud que habrían sido presionados para entrar en el circuito de coimas. El fiscal remarcó que la ANDIS fue desnaturalizada en sus funciones primordiales, convirtiéndose en un ente facilitador de intereses privados que buscaban “sostener negocios” a costa del erario público y la salud de los beneficiarios.

Dentro del pedido de nuevas indagatorias, se subraya el rol de intermediarios que actuaban como nexo entre los altos mandos del organismo y los prestadores. Estos actores eran los encargados de “negociar” los montos de los retornos, que en algunos casos llegaban a cifras millonarias dada la magnitud de las deudas que el Estado mantenía con el sector. La fiscalía busca ahora determinar si estos fondos escalaron hacia otras esferas del poder político.

La causa entra ahora en una etapa de definiciones procesales, donde el juez Ramos deberá analizar si las pruebas presentadas por Marijuan son suficientes para procesar a la veintena de involucrados. Mientras tanto, el impacto del escándalo continúa resonando en el sector de discapacidad, donde se exige una auditoría integral para garantizar que los recursos lleguen finalmente a quienes los necesitan, sin peajes ilegales de por medio.