En una nota al pie del último informe del organismo, el FMI aclaró que si se incorporan los intereses de los bonos cupón cero que el Ejecutivo registra “debajo de la línea”, el resultado financiero de 2025 mostraría un rojo de 0,8% del PBI.

El FMI enterró en una nota al pie de la página 7 de su último documento una advertencia que desmonta uno de los pilares de la comunicación económica del Gobierno: el superávit financiero que la administración de Javier Milei exhibe como logro central no refleja la totalidad del gasto.

El organismo precisó que la medición oficial excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, que el Ministerio de Economía contabiliza por fuera de los agregados fiscales convencionales, una práctica conocida como registro “debajo de la línea”. Y fue contundente: “Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI”.

El hallazgo se suma a otra señal de tensión que el mismo documento envía sobre el Banco Central. El FMI reclamó que su “balance y marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose” e instó a reforzar “la independencia de las instituciones de supervisión”. En la City porteña, algunos operadores leen esas líneas como una advertencia implícita al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La revelación fiscal llega en un momento en que el Gobierno sostiene el relato del equilibrio de las cuentas públicas como garantía de estabilidad macroeconómica y condición para la continuidad del programa con el organismo. La nota al pie del FMI, discreta en su ubicación pero demoledora en su contenido, pone en duda la solidez de ese argumento.

En una decisión de alto impacto político, un fallo judicial ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La CGT y las CTA convocaron a una marcha masiva en repudio a lo que consideran un ataque directo a la autonomía sindical.

El universo sindical argentino se encuentra en estado de conmoción absoluta tras conocerse un polémico fallo judicial que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dispuso el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La medida, que toca a uno de los gremios industriales más potentes e históricos del país, provocó una reacción inmediata y en cadena de todo el arco gremial, que denunció una “persecución judicial y política”.

Furlán, quien además de liderar a los metalúrgicos es una de las voces más críticas del modelo económico oficialista dentro de la CGT, fue apartado de su cargo a raíz de una vieja causa judicial que impugnaba el proceso electoral interno del gremio. Sin embargo, para la conducción de la central obrera y las dos vertientes de la CTA, el timing y la dureza del fallo no son casuales: consideran que la intervención busca disciplinar a los sindicatos combativos y quebrar la resistencia contra las reformas laborales que intenta consolidar el Ejecutivo.

Frente a este escenario, las principales centrales sindicales del país declararon el estado de alerta y movilización permanente. Para las próximas horas se espera una marcha masiva hacia la sede central de la UOM y los tribunales, bajo la consigna de defender la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. Los dirigentes advierten que si el Gobierno avala o ejecuta de forma efectiva esta intervención a través del Ministerio de Trabajo, la respuesta será un esquema de paros y un plan de lucha nacional de alcance impredecible.

A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.

El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.

La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.

Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, se refirió a la decisión judicial que decidió la intervención de la UOM y el desplazamiento de su titular. 

“Las intervenciones a la UOM nunca fueron hechos aislados. Fuimos intervenidos en 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, describió el secretario general que es cuestionado por la justicia.  

“Lo hacen en un contexto particular, en medio de paritarias y mientras el gobierno avanza con políticas anti industriales. Construyeron una crisis institucional para llegar a este fallo de intervención”, explicó Furlán.

“Es claramente un golpe al modelo sindical argentino, disfrazado de supuesta crisis institucional. En todo caso, son los trabajadores los que deben resolver sus propios problemas, no la justicia. Es un antecedente grave para todo el movimiento sindical”, advirtió. 

“Necesitan avanzar sobre los gremios que llaman combativos, yo no usa esa palabra. Somos gremios que defendemos a los trabajadores. Queremos que tengan un salario digno, no que el sueldo alcance para 15 días”, afirmó. 

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional acusó ante la Justicia federal a altos funcionarios nacionales y a la conducción de Vialidad por el presunto desvío de más de 400 mil millones de pesos que debían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.

La presentación judicial apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de integrantes de la comisión directiva de Vialidad Nacional. Los delitos denunciados incluyen malversación de fondos públicos, fraude contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, los fondos provenían del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignación específica por ley para infraestructura vial. Sin embargo, el gremio sostiene que el Ministerio de Economía habría retenido esos recursos y los habría destinado a la compra de letras y bonos del Tesoro, dejando sin financiamiento a rutas, obras y tareas de mantenimiento esenciales.

La denuncia advierte que el impacto ya es crítico: Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual y atraviesa una “quiebra técnica” que compromete su capacidad operativa. A esto se suma la paralización de obras con financiamiento internacional, pérdida de créditos externos y el deterioro acelerado de la red vial nacional.

El cuadro es alarmante. Según datos aportados por el gremio, el 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, cuando al inicio de la gestión de Milei ese porcentaje era del 50%. Pozos, banquinas destruidas, deformaciones y falta de señalización ya forman parte del paisaje habitual en corredores estratégicos para la producción y el transporte.

La presentación judicial también denuncia un fuerte vaciamiento interno del organismo. Acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante recortes de personal técnico, manipulación de informes y presiones laborales para justificar el achicamiento del Estado y avanzar en la privatización del sistema vial.

Además, el gremio denunció un “régimen de terror laboral” dentro de Vialidad Nacional, con traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin garantías de defensa para técnicos e inspectores que alertaban sobre el deterioro de las rutas y el desvío de fondos.

“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas. Cada vez tenemos más riesgo de muerte y más accidentes”, advirtió José Raúl Rizzo, secretario adjunto del gremio vial, quien sostuvo que el Estado sigue cobrando impuestos específicos para obras que luego no se realizan.

La polémica crece también por el avance del esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Según denuncian desde Vialidad, el plan contempla entregar unos 9.000 kilómetros de rutas a operadores privados durante 30 años, con más peajes y sin obras de ampliación ni construcción de nuevas autopistas.

La causa quedó abierta y ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si existió un millonario desvío de fondos públicos mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los riesgos para millones de usuarios en todo el país.

En su último informe técnico sobre la economía local, el organismo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “desactualizado” y reclamó una nueva ley que garantice mayor autonomía e independencia para el instituto estadístico.

La observación encendió nuevas alertas sobre la credibilidad de los datos oficiales en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas. Según el Fondo, la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no representa adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos, lo que pone en duda la precisión de las mediciones difundidas por el Estado.

El planteo forma parte del informe elaborado por el staff técnico del FMI en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se remarca que la metodología vigente continúa basada en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005, pese a los profundos cambios registrados en la economía y en el consumo durante las últimas dos décadas.

El nuevo esquema estadístico desarrollado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorpora consumos hoy centrales, como plataformas digitales, servicios de streaming e internet. Sin embargo, aunque el rediseño metodológico ya habría sido finalizado por el organismo que conduce Pedro Lines, su aplicación sigue demorada por decisión política.

Según trascendió, el Gobierno evita introducir cambios en pleno año electoral debido al impacto que una nueva medición podría tener sobre la inflación oficial, las negociaciones salariales y las expectativas económicas. En ese contexto, el cuestionamiento del FMI refuerza las sospechas sobre el retraso en la actualización estadística y vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y consistencia de los indicadores públicos.

Además de revisar el IPC, el Fondo pidió avanzar en una reforma institucional del INDEC para fortalecer su independencia técnica y blindar la calidad de las estadísticas nacionales. El reclamo se suma a otras recomendaciones históricas del organismo vinculadas con la transparencia económica y la credibilidad de los datos oficiales argentinos.

La expresidenta salió a saludar este 25 de Mayo a la militancia congregada en las inmediaciones de su domicilio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, en una jornada atravesada por la conmemoración del Día de la Patria y el recuerdo del inicio del ciclo político encabezado por Néstor Kirchner en 2003.

Desde las primeras horas de la tarde, un centenar de militantes y simpatizantes autoconvocados comenzó a concentrarse con carteles, banderas argentinas y consignas como “Liberar a Cristina para liberar la Patria”. En un clima distendido, los presentes entonaron cánticos y aplausos a la espera de la aparición de la exmandataria.

Pasadas las 16.30, Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a la multitud, gesto que desató una ovación y la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de los militantes. La esquina de San José y Humberto Primo volvió a convertirse en el principal punto de encuentro del kirchnerismo, con la presencia de vecinos, familias, dirigentes y referentes políticos.

Cristina Kirchner salió al balcón de San José 1111 a saludar la militancia

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— El Destape (@eldestapeweb) May 25, 2026

Durante toda la tarde hubo música, intervenciones artísticas y reparto de chocolatada caliente, en una actividad que combinó el respaldo político a la expresidenta con la conmemoración del 23° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, considerado el inicio de su proyecto político.

La convocatoria también estuvo marcada por expresiones de rechazo a la condena judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, considerada una burda maniobra de persecución política y judicial.

Por su parte, Máximo Kirchner compartió un mensaje en redes sociales donde recordó la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia como “un rayo” que irrumpió para “desterrar la desesperanza”. “El 25 de mayo de 2003 sembró el alma de aquellas y aquellos que solo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla”, expresó el dirigente.

El abogado defensor de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, José Ubeira, habló con Radio 10 sobre la declaración del encargado del edificio ubicado en Recoleta que perteneció a Cristina Kirchner. Ese hombre había asegurado ver ingresar bolsos a esa propiedad. En el juicio declaró que mintió porque Bonadio y Stornelli lo amenazaron con sus hijas.

“Todos estábamos esperando ver de qué manera el portero podía dar razón de sus dichos. Pero lo que dijo fue algo tremendo: que él jamás en su vida vio ningún tráfico de bolsos sino que en el juzgado de Bonadío, con el fiscal al lado, le dijeron que tenía dos hijas y que podían terminar mal si no confirmaba que realmente había visto bolsos. Lo obligaron a mentir. Esa declaración fue falsa”, explicó. El testigo fue aportado por la fiscalía.

“Cuando yo le pregunté sobre el allanamiento al departamento, él escuchó perfectamente por el teléfono que Bonadío le decía al oficial de Policía: ‘De ahí no te movés hasta que encuentres algo'”, agregó.

“Me pareció sorpresivo que dos de los jueces trataran de que el hombre (el encargado) enderezara sus dichos, pero él se mantuvo firme”, describió el abogado.

En ese sentido, Ubeira explicó: “Todo es una trama de injusticia y de presiones, cuando Ud jode con la vida de los hijos de las otras personas, en algún momento determinado eso se revienta por algún lado. Lo que tuvimos hoy fue una declaración moral de un hombre que dijo que lo apretaron con sus hijas. En un determinado momento, la bolsa revienta, esto es lo que está pasando”. “Haremos la denuncia correspondiente. Éste es el episodio número veinte. Hasta ahora, en muchos casos eran imputados que contaban cómo los apretaban dentro del juzgado, pero ahora es un testigo, y es testigo de la fiscalía”, advirtió.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que reduce los subsidios al gas en zonas frías y reclamó al Senado que rechace la iniciativa. “Lo que pone en riesgo son las tarifas y, por lo tanto, las condiciones de vida de millones de argentinos”, advirtió.

Durante una actividad en Florencio Varela, Kicillof calificó como “muy tremendo” que el oficialismo haya logrado avanzar con el ajuste “con apoyo del Congreso nacional” y alertó que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei “va a traer consecuencias de todo tipo” sobre una sociedad golpeada por la crisis económica.

El mandatario bonaerense sostuvo además que algunos aspectos del proyecto “están mal directamente, son ilegales”, y dejó abierta la posibilidad de impulsar presentaciones judiciales si la norma es finalmente aprobada por el Senado. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, insistió.

En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof cuestionó la política energética nacional y comparó la situación argentina con las medidas tomadas en otros países frente al aumento internacional de la energía. “En todo el planeta hubo gobiernos que tomaron medidas para amortiguar el impacto del aumento de la energía. Todos menos Milei, que decidió transferirle el costo a los hogares”, afirmó.

Según planteó, el impacto de las tarifas ya se refleja en la vida cotidiana de millones de familias. “La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, señaló.

El gobernador también respondió a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que el margen para profundizar el ajuste fiscal es limitado. “Hace mucho que no se puede ajustar más”, retrucó Kicillof, y advirtió sobre “problemas de acceso a remedios, a cuestiones básicas y una situación cada vez más complicada producto de la desocupación y la caída de los salarios”.

Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

La todopoderosa Karina Milei le cerró las puertas a la senadora Patricia Bullrich luego de que ésta exigiera públicamente que el vocero presidencial presente su declaración patrimonial, un expediente que mantiene al gobierno en aprietos desde hace más de dos meses. La tensión se suma a la guerra abierta entre Santiago Caputo y Martín Menem, que ya dejó a Javier Milei en una posición incómoda.

Según trascendió, Bullrich no fue convocada a la reunión del próximo lunes, aunque sí está en la lista para el encuentro de la mesa política del martes. La semana pasada Milei le había gritado a Bullrich, según reconoció la propia senadora.

Karina no le perdona a la ministra haber salido a presionarla públicamente sobre el caso Adorni, hombre de estricta confianza de “la jefe”. Se sabe: Bullrich toma distancia del gobierno porque quiere ser candidata a presidente si al gobierno le sigue yendo mal.