La suba escalonada en colectivos nacionales impactará de lleno en el bolsillo en febrero y marzo. La actualización del índice de inflación, que otorgaba mayor peso al transporte, fue postergada tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que implicará una suba acumulada superior al 40% en el lapso de un mes, en el marco de la reducción de subsidios al transporte y de una política de ajuste que vuelve a trasladar el costo a los usuarios.

El boleto mínimo pasará de $494,83 a $650 a mediados de febrero, lo que representa un alza cercana al 31%, y volverá a incrementarse en marzo hasta alcanzar los $700, completando un ajuste total del 41,4% en pocas semanas. El impacto será directo sobre trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público a diario.

La decisión oficial coincide con una controversia técnica que atravesó al INDEC y que culminó con la salida de su titular, Marco Lavagna. En paralelo al aumento tarifario, el organismo tenía previsto actualizar la canasta con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incorporando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018.

Esa modificación implicaba elevar el peso del rubro Transporte dentro del índice general del 11% al 14,3%, lo que hubiera amplificado el efecto estadístico del tarifazo en el dato mensual de inflación. Al mantener la metodología anterior, donde el transporte tiene menor incidencia, el salto en los boletos impactará menos en el número final que informa el organismo.

Fuentes del sector señalaron que la postergación del nuevo esquema de medición se resolvió en medio de tensiones con el equipo económico, que enfrenta el dilema de avanzar con la quita de subsidios sin disparar los indicadores inflacionarios en los meses en que se concentran aumentos sensibles.

El reemplazo de Lavagna por Pedro Lines se produjo en ese contexto. Si bien no hubo explicaciones oficiales detalladas, la demora en la actualización metodológica quedó en el centro de la escena, ya que un cambio en la ponderación habría reflejado con mayor crudeza el traslado de los incrementos tarifarios al índice de precios.

Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar nuevas subas en un escenario de ingresos deteriorados y caída del consumo. El ajuste en el transporte se suma a otros incrementos en servicios públicos, configurando un cuadro en el que la reducción del gasto estatal se sostiene, en buena medida, con mayores costos para la población.

El dirigente de la CGT advirtió que la central obrera perdió cohesión interna y cuestionó la estrategia dialoguista frente a un proyecto oficial que, según afirmó, apunta a debilitar derechos históricos y desarticular la representación gremial.

En declaraciones radiales, y en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, dejó al descubierto la crisis interna de la central sindical y lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, a la que calificó como un intento de desmantelar conquistas históricas.

El dirigente sostuvo que el Ejecutivo no abrió una instancia real de negociación y que las conversaciones promovidas por algunos sectores sindicales fueron, en los hechos, una formalidad sin resultados. “Nunca hubo margen auténtico para discutir. La decisión estaba tomada y lo que se ofrecía era aceptar condiciones ya definidas”, afirmó.

En ese marco, defendió la convocatoria a movilizaciones y a un paro con concentración frente al Congreso, tras acciones previas en Córdoba y Rosario. Según precisó, el cese de actividades comenzará a las 10 y contará con la presencia de delegaciones de distintas regionales del país.

Lobato expuso además las diferencias dentro de la CGT y planteó que no todos los gremios enfrentan el mismo impacto. “No vive la misma realidad un sindicato de servicios sin despidos que uno industrial donde cierran fábricas todas las semanas”, señaló, al marcar distancia con la postura más moderada de la conducción.

El sindicalista también apuntó contra gobernadores que respaldan la iniciativa oficial pese a la caída del empleo en sus provincias. A su juicio, el apoyo político a la reforma desconoce las consecuencias sociales que puede acarrear en distritos golpeados por la recesión y la paralización industrial.

En relación con el rol histórico de la central obrera, reconoció un deterioro progresivo de su vínculo con las bases y admitió que la pérdida de representatividad no es un fenómeno reciente. Sin embargo, remarcó que el actual contexto expone una fragmentación más profunda. “La cohesión que caracterizaba a la CGT en otras etapas hoy está debilitada”, deslizó.

Para Lobato, el proyecto oficial no se limita a modificar normas laborales sino que forma parte de una estrategia económica más amplia que busca reducir la capacidad de presión del sindicalismo organizado. “Cuando el objetivo es disciplinar al movimiento obrero, el diálogo se convierte en una excusa”, sostuvo.

Finalmente, convocó a los trabajadores a participar de la protesta y advirtió que las consecuencias de la reforma recaerán principalmente sobre las bases. “Los dirigentes no somos quienes más vamos a padecer esto. Los que arriesgan su estabilidad son los trabajadores”, concluyó.

En medio de fuertes cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y tras la negativa del Gobierno a aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, el presidente Javier Milei formalizó la designación de Pedro Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y se concretó luego de la renuncia de Marco Lavagna, quien dejó el organismo en un contexto de tensiones internas y controversias metodológicas. Lines asumió formalmente el cargo a partir del 4 de febrero de 2026.

La decisión presidencial se produce tras la polémica generada por la postura del Gobierno de no avanzar con la implementación plena del nuevo IPC actualizado, una definición que reavivó dudas sobre la transparencia y veracidad de los datos que difunde el organismo estadístico. El debate técnico y político en torno al índice inflacionario fue uno de los factores que aceleró la salida de Lavagna, quien había estado al frente del INDEC desde diciembre de 2019.

Pedro Ignacio Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) y cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Hasta ahora, se desempeñaba como director técnico del INDEC y tenía a su cargo la coordinación del programa estadístico anual y el desarrollo de normas técnicas vinculadas a censos, encuestas e indicadores económicos y sociales.

A lo largo de su carrera profesional, Lines trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar y participó en la elaboración de estadísticas clave como la balanza de pagos, la deuda externa y la posición de inversión internacional de la Argentina. Además, integra el Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas en el marco del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales.

El decreto presidencial también formalizó la renuncia de Marco Lavagna a partir del 2 de febrero. Desde el Ejecutivo libertario agradecieron “los servicios prestados” por el exfuncionario, cuya gestión quedó atravesada por el debate en torno a la actualización metodológica del IPC, que incluía la adopción de la clasificación COICOP 2018, la ampliación de las divisiones de relevamiento y la incorporación de nuevos rubros de consumo.

La salida de Lavagna y el recambio en la conducción del INDEC generaron preocupación entre los trabajadores del organismo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre el impacto institucional del cambio de autoridades en un momento clave. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a días de la publicación del IPC con nueva ponderación”, señaló el delegado gremial Raúl Llaneza.

La designación de Lines se inscribe, además, en una etapa de reestructuración más amplia dentro de la administración nacional, marcada por renuncias y nuevos nombramientos en áreas estratégicas del Estado, en línea con la reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política deliberada de abandono del ferrocarril como servicio público.

El sistema ferroviario de pasajeros de media y larga distancia atraviesa un proceso acelerado de desinversión, recorte de servicios y pérdida de usuarios que se profundizó bajo la actual administración libertaria. Así lo advierte un informe del Observatorio Social del Transporte (OST), que describe un retroceso histórico en la presencia del tren en el interior del país.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política de abandono progresivo del ferrocarril como servicio público. En ese marco, la declaración de la Emergencia Ferroviaria le otorgó al Estado facultades excepcionales para suspender o eliminar servicios bajo el argumento del deterioro de la infraestructura, un deterioro que el propio Estado dejó avanzar.

Como resultado de esta política, dejaron de funcionar numerosos servicios de larga distancia que garantizaban conectividad y transporte accesible a miles de personas. Entre ellos se cuentan los trenes Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó —recortado hasta Bragado—, Retiro–Tucumán y Retiro–Córdoba, además del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca, cuya no reanudación fue oficializada por esta gestión. También se eliminó el servicio expreso de fines de semana entre Retiro y Rosario, uno de los pocos que aún mantenía competitividad en tiempos de viaje.

El ajuste no se limitó a los trenes de larga distancia. El OST señaló que servicios regionales y turísticos clave para las economías locales también fueron dados de baja, entre ellos General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández, Rosario–Cañada de Gómez, Mercedes–Tomás Jofré y el regional Córdoba–Villa María. En varios casos, las suspensiones se justificaron con problemas de infraestructura que nunca fueron reparados, dejando los servicios sin fecha de regreso.

Eduardo Toniolli, ex diputado nacional y vocero del Observatorio, calificó este proceso como una “degradación planificada”. “El sistema se deja deteriorar deliberadamente para que, cuando llegue el cierre definitivo de los servicios, los usuarios ya no se quejen”, advirtió. En declaraciones televisivas, remarcó además que 2025 fue el año con menor cantidad de pasajeros, excluyendo 2020, cuando los trenes estuvieron paralizados por la pandemia.

Los números confirman el impacto del ajuste: entre 2024 y 2025 la cantidad de pasajeros de trenes de larga distancia y regionales cayó un 25%, y la baja alcanza el 37,4% si se compara con 2023. Mientras en 2024 se registraron unos 260.000 usuarios, en 2025 la cifra descendió a 190.000.

Desde el OST explicaron que esta caída no es consecuencia de una supuesta falta de interés social por el tren, sino del desmantelamiento del servicio: falta de inversión en mantenimiento, retiro de material rodante, cancelación de frecuencias y pérdida de confiabilidad. Toniolli puso como ejemplo el tren Rosario–Cañada de Gómez, donde “Trenes Argentinos fue retirando locomotoras y reduciendo servicios desde agosto hasta darlo de baja definitivamente en noviembre”.

Una situación similar, alertó, se vive en el tren Rosario–Retiro, que aún opera pero en condiciones cada vez más precarias, con viajes que superan las siete horas y que ya ni siquiera llegan a la terminal de Retiro, finalizando en Colegiales.

La combinación de servicios degradados, horarios imprevisibles y menor frecuencia terminó empujando a los usuarios hacia micros de larga distancia y vuelos low cost, consolidando el peor registro de pasajeros en años. Para el Observatorio, lejos de ser un fenómeno inevitable, se trata del resultado directo de una política que renuncia al tren como herramienta de integración territorial, desarrollo federal y derecho social.

La presentadora del Festival de Mate en Paraná, Entre Ríos, leyó un mensaje del público que decía: “Milei la conch… de tu madre”. Ovación del público.

“Lo leo o no lo leo”, se rió la presentadora del popular festival entrerriano. La gente le respondió: “siiiiii”. Todo fue risas.

Finalmente, la presentadora leyó el mensaje y despertó una ovación de la gente. Más de 25 mil personas se hicieron presente en el tradicional festival en la capital de Entre Ríos. Que no se entere el presidente.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el perfil abiertamente desindustrializador del modelo económico-financiero libertario.

La crisis industrial se profundiza como consecuencia directa del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Así lo reflejan los últimos datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), difundidos este viernes por el Indec, que muestran una caída interanual del 3,9% y marcan el sexto retroceso consecutivo del sector.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el carácter abiertamente desindustrializador del esquema económico-financiero libertario. Desde el inicio de la actual gestión, la industria —uno de los principales generadores de empleo registrado y de mayor calidad— acumula una contracción del 6,2%, evidenciando el impacto del ajuste, la apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de políticas de desarrollo productivo.

Los sectores más castigados vuelven a ser aquellos con mayor capacidad de arrastre sobre el empleo y la economía real. En términos interanuales, las mayores caídas se registraron en “Automotores y otros equipos de transporte” (-19,4%), “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,7%) y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-12%), reflejando una fuerte retracción en la fabricación local de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Un análisis más detallado muestra que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas respecto de igual mes del año anterior. Según informó el Indec, las bajas más significativas por su incidencia en el nivel general se observaron en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-21,6%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-16,7%), a lo que se suman fuertes retrocesos en “Maquinaria y equipo” (-14,8%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-22,4%), “Productos textiles” (-25,7%) y “Productos de caucho y plástico” (-18,3%), entre otros rubros.

En contraste, algunas pocas actividades mostraron incidencias positivas, como “Industrias metálicas básicas” (+7,4%), “Madera, papel, edición e impresión” (+4,6%) y “Alimentos y bebidas” (+0,8%), aunque estos desempeños resultan insuficientes para revertir la tendencia general de estancamiento y caída.

En síntesis, el informe oficial confirma que la variación mensual desestacionalizada de diciembre fue de -0,1%, la interanual de -3,9%, y que, pese a una leve mejora acumulada del 1,6%, el desempeño industrial sigue lejos de una recuperación genuina. Los datos vuelven a poner en evidencia que el rumbo económico del Gobierno no sólo no impulsa la producción nacional, sino que profundiza su deterioro.

El entendimiento bilateral prioriza exportaciones primarias y amplía el acceso estadounidense a sectores industriales, energéticos y normativos. Deberá pasar por el Congreso y comenzará a regir 60 días después de completados los trámites legales.

El acuerdo comercial suscripto por los presidentes Javier Milei y Donald Trump configura un esquema de intercambio que, según surge del texto oficial, otorga ventajas concentradas en productos primarios argentinos mientras habilita una apertura más profunda en áreas industriales, mineras y regulatorias en favor de Estados Unidos.

El tratado contempla reducciones o eliminación de aranceles para 1.675 posiciones arancelarias argentinas, principalmente vinculadas a alimentos y bienes primarios. Entre ellas figuran frutas, infusiones, especias, ceras y productos panificados, además de carnes, pescados, lácteos y otros derivados de origen animal. En el caso del sector cárnico, el cupo de exportación al mercado estadounidense se ampliará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con una proyección oficial de ingresos adicionales cercana a los 800 millones de dólares.

No obstante, el propio documento aclara que, fuera de esos beneficios específicos, las exportaciones argentinas seguirán sujetas al arancel general del 10% dispuesto por Washington en 2025. En los hechos, parte de las concesiones implica restituir condiciones previas al endurecimiento comercial adoptado por la administración Trump, más que establecer ventajas nuevas y permanentes.

El acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambas partes notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos legales internos. En el caso argentino, requerirá aprobación parlamentaria.

En paralelo a las mejoras para el complejo agroexportador, el tratado incorpora compromisos que impactan directamente sobre el mercado interno. Argentina habilitará la importación de 80.000 toneladas de carne bovina estadounidense en 2026, además de cuotas para lácteos, frutos secos, azúcar, chocolates, papas y vino, entre otros productos, lo que podría intensificar la competencia sobre economías regionales.

En materia industrial, el país se compromete a no prohibir el ingreso de bienes de capital usados provenientes de Estados Unidos, incluidos equipos agrícolas, maquinaria de construcción y tecnología para minería. Asimismo, aceptará certificaciones técnicas estadounidenses para vehículos y autopartes, eliminando instancias de homologación local.

Un punto de especial sensibilidad es el reconocimiento de estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el ingreso de productos farmacéuticos, lo que supone un alineamiento regulatorio con la normativa estadounidense.

El capítulo minero y energético profundiza ese sesgo. El texto establece que Argentina “permitirá y facilitará” la inversión estadounidense en exploración, extracción y exportación de minerales críticos y recursos energéticos, y que priorizará a Estados Unidos como socio en cobre, litio y otros minerales estratégicos. También prevé agilizar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y promover infraestructura que facilite la participación de empresas norteamericanas. No se consignan cláusulas de reciprocidad equivalentes para firmas argentinas.

El acuerdo suma además compromisos en propiedad intelectual, con refuerzo de acciones contra mercadería que infrinja marcas o patentes, y la implementación de controles para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, considerando en ese punto las determinaciones del gobierno estadounidense.

El nuevo marco redefine la relación económica bilateral con una apertura que excede lo arancelario e incluye alineamientos normativos y estratégicos. Mientras el Ejecutivo destaca la ampliación de exportaciones alimenticias hacia un mercado de alto poder adquisitivo, distintos sectores productivos anticipan un debate sobre el impacto del tratado en la industria, la regulación interna y el control de recursos naturales

La inflación de alimentos y bebidas volvió a tomar impulso en el arranque de febrero al registrar, según una medición privada, el incremento semanal más elevado desde marzo de 2024, un movimiento que suma presión sobre el índice general de precios en un rubro clave del consumo cotidiano. ¿El INDEC seguirá mirando para el costado?

El relevamiento corresponde a la consultora LCG, que informó un aumento del 2,5% en la primera semana del mes, el registro más alto de 2025 y solo comparable con la segunda semana de marzo del año pasado, cuando la economía todavía acusaba el impacto pleno de la devaluación inicial aplicada por el gobierno de Milei.

Que la economía no levanta y la actividad real sigue parada no es una novedad. Tampoco que es cada vez mayor el cierre de empresas y los despidos masivos. Mientras, la inflación siga muy alta en términos récord para el mundo y para el siglo XXI en Argentina (es cierto que es menor a 2023). Por eso, el gobierno libertario decidió poner en el INDEC a alguien propio y canceló cualquier actualización de la metodología que pudiera poner en duda el relato de la “desinflación”.

El que las hace, no las paga. El presidente Javier Milei sacó un decreto para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa. La impunidad es total: Capuchetti tiene vínculos con el macrismo.

La jueza fue nombrada juez por el propio Macri y son conocidos sus contactos con importantes dirigentes del PRO. Es conocida su desida para investigar el intento de magnicidio contra Cristina, ahora decide no avanzar en la causa que involucró un crédito de 50 mil millones de dólares. Vale todo. Su decisión fue tan polémica que el fiscal Franco Picardi no dudó en apelar contra el cierre de la causa.

La medida de Milei favoreció a Macri y a sus actuales ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos formaron parte del gabinete de Macri y fueron claves en la negociación y manejo de aquel préstamo que se fugó. Nadie investigará y a nadie lo escandalizará.

En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

El dueño del grupo Techint, Paolo Rocca, salió a responder por escrito a los ataques del presidente Javier Milei luego de que la empresa perdiera la licitación para proveer los caños del gasoducto de Río Negro. En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

La reacción de Rocca llegó después de que Milei lo calificara como “Don Chatarrín” y le deseara la quiebra, tras conocerse que Techint había presentado una oferta significativamente más alta que la de la empresa ganadora, la india Welspun.

En su carta, Rocca defendió una apertura económica gradual y con reglas claras, y marcó diferencias con el enfoque libertario del Gobierno. “Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, sostuvo. Y agregó: “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor”.

Para reforzar su planteo, el empresario puso como ejemplo a Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes”, señaló, en contraste con la decisión del Gobierno argentino de favorecer a una empresa extranjera por sobre una local.

Rocca también expuso lo que consideró una contradicción del Ejecutivo: su alineamiento estratégico con Estados Unidos mientras celebra el triunfo de una firma india en una obra clave de infraestructura. En ese sentido, recordó que el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos compromete a ambos países a coordinar políticas sobre control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión de aranceles.

En la carta, el titular de Techint detalló que las principales economías del mundo aplican fuertes medidas de protección para sus industrias. Además de los aranceles del 50% en Estados Unidos, mencionó las salvaguardas europeas —que combinan cuotas y aranceles—, las políticas de México y Canadá, y el caso de Brasil, que bajo el gobierno de Lula introdujo aranceles del 25% frente al aumento de importaciones de acero chino. Incluso la India, país de origen de la empresa ganadora, mantiene salvaguardas similares.

Según Rocca, estas barreras están generando un desvío de excedentes de acero a precios de dumping hacia países más abiertos, como la Argentina. “La defensa de la industria nacional es clave para sostener sectores estratégicos en los que el país tiene ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía y la minería”, concluyó.