La escribana Adriana Nevechenko hundió al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una entrevista donde reconoció que no compró ninguna propiedad antes de ser funconario. “Se le vino todo junto”. Desde que llegó al gobierno de Javier Milei multiplicó varias veces su patrimonio. La fiesta de Adorni no para.
“En los 15 años anteriores que usted lo conocía a Adorni, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles?”, le preguntaron en el programa. “Justo ninguna”, dijo la escribana y largó una carcajada. “Se le vino todo junto”, remató con una picaresca admirable.
“Hay una relación de confianza entre el hijo de una las vendedoras y los compradores”, dijo la escribana, en referencia a Pablo Martín Feijoo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas, una de las prestamistas de Adorni. Feijoo estuvo en la Rosada con Adorni, pero su madre dijo no conocer al funcionario.
Los periodistas le remarcaron a la escribana la declaración de la jubilada. “Definime conocer: yo me voy de acá, ¿ustedes van a decir que me conocen? En realidad mucho no me conocen”, explicó la profesional.
En el centro de la polémica quedó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, a quien denuncian por haber utilizado uno de estos préstamos para adquirir una tercera propiedad, en presunta violación de las condiciones de la línea crediticia.
La información fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich, quien aseguró que Furiase compró una casa de alto valor en un country de Pilar mediante un crédito del Banco Nación, pese a que estos préstamos están destinados a la compra de primera o segunda vivienda. Según detalló, el funcionario ya contaba con al menos dos propiedades a su nombre, lo que convertiría la operación en incompatible con los requisitos establecidos.
De confirmarse, el caso no solo pondría en evidencia un posible incumplimiento de las normas del banco, sino también reforzaría las sospechas sobre un trato preferencial hacia funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. En ese marco, también se analiza un eventual conflicto de intereses, dado que Furiase ocupaba un cargo en el Banco Central —organismo que regula al sistema financiero— al momento de gestionar el crédito.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la adjudicación de préstamos a figuras vinculadas al gobierno, en medio de cambios en la política monetaria que impactaron en las tasas y condiciones de financiamiento.
Pese a la magnitud que va tomando el escándalo, el presidente Javier Milei salió a respaldar a quienes accedieron a estos créditos, al sostener que no se cometió ningún delito grave, lo que a su vez alimentó la controversia y el debate público sobre la ética en el uso de recursos financieros estatales.
La economía real continúa mostrando señales de debilidad y la industria vuelve a encender alarmas. Pese a un alivio transitorio por otros indicadores, los datos del INDEC confirman que la actividad industrial no logra recuperarse y profundiza su tendencia negativa.
Durante febrero de 2026, la actividad industrial se desplomó un 8,7% interanual, marcando la octava caída consecutiva frente al mismo mes del año anterior. Lejos de tratarse de un dato aislado, el deterioro se sostiene en el tiempo: desde junio de 2025, el sector no consigue registrar mejoras interanuales.
El impacto es generalizado y severo. En el segundo mes del año, 14 de las 16 ramas industriales registraron caídas, reflejando una crisis extendida en casi todo el entramado productivo. Entre los retrocesos más pronunciados se destacan Maquinaria y equipo (-29,4%), el sector automotor (-24,6%), otros equipos e instrumentos (-24,6%) y la industria textil y de indumentaria (-18,2%). Incluso rubros clave como Alimentos y bebidas mostraron números negativos (-6,9%), evidenciando la magnitud del freno económico.
El panorama se agrava al observar la dinámica mensual: la actividad industrial cayó un 4% respecto de enero, lo que profundiza la tendencia contractiva. Así, el acumulado del primer bimestre de 2026 arroja una baja del 6% en comparación con el mismo período del año anterior.
Las pocas excepciones positivas —como refinación de petróleo (+19,7%) y productos químicos (+3,7%)— no alcanzan a compensar el derrumbe generalizado.
A este escenario se suma la debilidad en la construcción, otro motor clave de la economía, que registró una caída interanual del 0,7% en febrero. Aunque el acumulado bimestral muestra un leve avance del 0,3%, el dato mensual confirma la fragilidad del repunte.
En conjunto, los indicadores reflejan una economía que no logra consolidar una recuperación, con una industria golpeada, caídas extendidas en la mayoría de los sectores y señales de estancamiento que persisten en el inicio de 2026.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este jueves un acto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde lanzó el Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia y llamó a construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei. En ese marco, aseguró que a la actual gestión nacional “le quedan menos de dos años”.
Ante un Aula Magna colmada, el mandatario provincial combinó críticas a las políticas oficiales con un fuerte mensaje hacia el futuro: convocó a organizarse desde el ámbito universitario y a consolidar una propuesta capaz de disputar el rumbo del país. El auditorio acompañó con cánticos de “Presidente, Axel presidente”, mientras el gobernador advertía sobre el desgaste del gobierno libertario, al que describió atravesando un proceso de “putrefacción”.
Durante su discurso, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico y social de la administración nacional. Habló de una crisis que “se desenvuelve a una velocidad vertiginosa”, con cierre de empresas, despidos y endeudamiento, y sostuvo que el país atraviesa una situación “muy profunda: social, alimentaria, productiva y laboral”. También apuntó contra lo que definió como un “terraplanismo multidisciplinario” y criticó el alineamiento internacional del oficialismo, al tiempo que alertó sobre un mundo en transformación frente a un gobierno “en babia”.
Uno de los ejes centrales fue la defensa de la universidad pública y el sistema científico. Kicillof denunció la existencia de “un plan de destrucción masiva” contra estos sectores y calificó el momento como “espantoso” y “muy oscuro”. En ese sentido, planteó que el lanzamiento del espacio universitario del MDF constituye “un acto de resistencia y de lucha” y llamó a “no resignarse”, insistiendo en que “hay otro camino” que debe ser construido colectivamente.
Venimos a plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía
Lanzamos el MDF Universidad y Ciencia para enfrentar el modelo de ajuste y destrucción de Milei con la premisa de que no hay desarrollo sin ciencia y educación. Hay otro camino y lo tenemos que… pic.twitter.com/jbqOpRFdXz
El gobernador cerró su intervención reforzando la idea de alternativa política: pidió trabajar con planificación, recuperar un Estado presente y generar nuevas propuestas. “A esta experiencia de Milei le quedan menos de dos años”, concluyó entre aplausos.
Además, envió un mensaje directo al peronismo, al reclamar que se dejen de lado las disputas internas. “Hay que perder el menor tiempo posible en internas y hablarle a todo el mundo”, sostuvo, en referencia también a las tensiones del período 2019-2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “No nos puede pasar de nuevo ganar una elección y después tener dificultades para gobernar”, advirtió.
El acto también tuvo un componente personal para el mandatario, quien reivindicó su vínculo con la universidad pública: recordó su paso como estudiante, su rol como docente y su tarea como investigador del CONICET, afirmando sentirse “en casa”.
La actividad contó con una fuerte presencia de funcionarios bonaerenses, referentes del ámbito científico y militancia universitaria, en lo que fue una nueva señal del armado político que Kicillof impulsa a nivel nacional. El lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia se inscribe así en una estrategia más amplia de proyección hacia 2027, con eje en la construcción territorial, la elaboración de propuestas y la disputa de espacios clave como el universitario.
El presidente Javier Milei admitió por primera vez que la economía atraviesa un momento difícil y pidió “paciencia” a la población. “Estos últimos meses fueron duros”, reconoció este jueves en un mensaje difundido en sus redes sociales, aunque insistió en que “el rumbo es el correcto”.
El reconocimiento se produjo en un contexto de creciente malestar social reflejado en encuestas, que muestran un aumento sostenido de la imagen negativa del mandatario. A la par, se conocieron datos oficiales que dan cuenta del enfriamiento de la actividad económica: la industria registró en febrero una caída interanual del 8,7%, con fuertes desplomes en sectores clave como maquinaria, automotores y textiles, varios de ellos por encima del 20%.
Pese a este escenario, Milei defendió su programa económico —basado en el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura de importaciones— y descartó cambios de rumbo. Sostuvo que las dificultades actuales son consecuencia de la herencia recibida y aseguró que los resultados de sus políticas “ya están a la vista”.
En su mensaje, también volvió a cuestionar con dureza a la prensa, a la que acusó de distorsionar la realidad económica. Sin embargo, reconoció que la mejora no alcanza a todos por igual: “Las estadísticas reflejan promedios y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”, señaló, antes de reiterar su pedido de paciencia.
Números que preocupan
Los indicadores económicos refuerzan el clima de preocupación. Además de la caída industrial, la construcción volvió a retroceder en febrero y acumula variaciones negativas, afectando a uno de los sectores más importantes para el empleo. A esto se suman un leve aumento del desempleo y una inflación que, tras desacelerarse inicialmente, volvió a mostrar una tendencia al alza en los últimos meses.
En ese marco, el mensaje presidencial marca un punto de inflexión: por primera vez, el Gobierno reconoce abiertamente las dificultades económicas, aunque mantiene su apuesta a que los resultados positivos llegarán con el tiempo.
El caso de la diputada salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, reaviva el debate: la legisladora admitió que utiliza pasajes oficiales del Congreso de la Nación para financiar los traslados de su hijo, quien estudia Abogacía en Buenos Aires.
Lejos de tratarse de una revelación externa, fue la propia Flores quien defendió públicamente la decisión. Argumentó que, debido a la distancia y al desarraigo que implica su función, recurre a esos recursos para que su hijo pueda “ir y venir” entre Salta y la Capital Federal. “No es un delito”, afirmó, restándole importancia a una práctica que tensiona directamente con el discurso de austeridad extrema que promueve su espacio político.
El episodio pone de relieve una contradicción difícil de soslayar: mientras se impulsa un ajuste profundo sobre amplios sectores de la sociedad bajo la consigna de que “no hay plata”, algunos funcionarios continúan utilizando herramientas del Estado en beneficio de su entorno más cercano. El uso de viáticos y pasajes para familiares no solo reabre cuestionamientos éticos, sino que también debilita la credibilidad de una narrativa que se presenta como ruptura con los privilegios tradicionales.
Así, más que una excepción, el caso expone cómo las lógicas que se prometían erradicar encuentran continuidad en la práctica cotidiana. En medio de un contexto social marcado por recortes y sacrificios, la distancia entre el discurso contra la “casta” y el uso efectivo de los recursos públicos vuelve a quedar en evidencia.
La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato tan inesperado como sensible: dos integrantes de la Policía Federal Argentina le otorgaron un préstamo por 100.000 dólares, en una operación que también está bajo la lupa de la Justicia.
El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar los detalles y la legalidad de este financiamiento, que fue utilizado para garantizar una hipoteca vinculada a una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Las acreedoras fueron identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria inspectora retirada, y su hija, Victoria María José Cancio, actual oficial ayudante subinspectora. Según los registros, la madre aportó la mayor parte del dinero —85.000 dólares—, mientras que su hija completó el monto con 15.000.
La revelación genera especial impacto por el vínculo jerárquico: Adorni, como jefe de Gabinete, se encuentra por encima de la estructura estatal en la que ambas se desempeñan o desempeñaron, lo que abre interrogantes éticos y administrativos sobre la relación financiera.
Además, se conocieron detalles clave de la operación: el préstamo fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, con una tasa de interés del 11% anual, lo que implicaría cuotas mensuales cercanas a los 4.600 dólares. La transacción fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró ante la Justicia.
El caso también pone el foco en la capacidad de pago del funcionario. Las cuotas estimadas superan ampliamente sus ingresos declarados hasta fines de 2025, lo que alimenta las dudas sobre la consistencia de su situación patrimonial.
Pero este no sería el único movimiento bajo sospecha. La investigación incluye otro préstamo por 200.000 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas para la compra de un departamento en Caballito, que, a diferencia del anterior, se habría realizado sin intereses.
Con estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa más compleja, en la que la Justicia deberá determinar no solo el origen de los fondos, sino también si existieron irregularidades o conflictos de interés en una trama financiera que ya genera fuerte ruido político e institucional.
Especialistas advierten que el avance de la minería sobre zonas periglaciares podría acelerar el derretimiento de los hielos y afectar el suministro hídrico en las provincias cordilleranas.
La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el sector académico y ambiental. El principal peligro señalado por los expertos radica en la redefinición de las áreas protegidas, lo que permitiría el desembarco de proyectos mineros en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Según advierten desde el IANIGLA-CONICET, reducir la protección legal de los cuerpos de hielo de menor tamaño dejaría a miles de comunidades sin su principal reserva de agua en épocas de sequía.
Uno de los riesgos más críticos es la habilitación de actividad industrial en el ambiente periglaciar. Esta zona, compuesta por suelos congelados que rodean a los glaciares, funciona como un escudo térmico esencial para su conservación. Los científicos explican que permitir perforaciones y detonaciones en estos suelos no solo desestabiliza el terreno, sino que rompe el equilibrio térmico que permite que el glaciar no se derrita. Sin este entorno protegido, los grandes bloques de hielo quedarían expuestos a un retroceso irreversible.
Otro peligro directo mencionado en los informes técnicos es el efecto del polvillo generado por la actividad minera. Al operar maquinaria pesada y realizar explosiones cerca de los hielos, se levanta una capa de sedimentos oscuros que se deposita sobre la superficie blanca del glaciar. Esto anula el “efecto albedo” —la capacidad del hielo de reflejar la radiación solar—, provocando que el glaciar absorba más calor y se derrita a una velocidad mucho mayor a la natural por el cambio climático.
El proyecto también propone que un glaciar solo sea protegido si cumple con una “función hídrica verificada”, un criterio que los especialistas consideran engañoso. Argumentan que todos los cuerpos de hielo, incluso los más pequeños o los glaciares de escombros, contribuyen al caudal de los ríos y mantienen la humedad del suelo. Imponer la necesidad de “probar” su utilidad caso por caso abriría una ventana legal para que las empresas avancen sobre territorios antes de que se completen los estudios ambientales pertinentes.
En términos de contaminación, la reforma facilita la utilización de sustancias químicas en áreas de cabecera de cuenca. La presencia de infraestructura pesada y el manejo de residuos mineros en zonas de alta montaña presentan un riesgo latente de filtraciones hacia los ríos que abastecen a las poblaciones de San Juan, Mendoza y el NOA. Un accidente en estas alturas sería prácticamente imposible de remediar, afectando no solo el ecosistema, sino también la producción agrícola y el consumo humano en los valles.
Finalmente, los juristas ambientales advierten sobre el peligro institucional de violar el principio de “no regresividad”. Argentina es pionera en la protección de sus glaciares, y desmantelar esta ley para favorecer intereses económicos de corto plazo sienta un precedente peligroso para otras áreas protegidas, como los bosques nativos o los humedales. Mientras el debate llega al Congreso, la comunidad científica insiste en que el costo de perder los glaciares es infinitamente superior a cualquier beneficio económico que pueda aportar la actividad extractiva.
Mientras los salarios de investigadores y trabajadoras del organismo acumulan 23 meses consecutivos perdiendo contra la inflación, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quedó en el centro de la polémica tras cancelar una deuda millonaria en apenas semanas.
La información surge del registro público de deudas de funcionarios y legisladores difundido por el sitio Cuánto Deben, en el marco del escándalo por la “caja VIP” del Banco Nación: una red de créditos a la que acceden sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, pero que permanece vedada para la mayoría de la población.
Dentro de ese listado también aparece el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con un préstamo de 219 millones de pesos otorgado por el Banco Nación, lo que alimenta sospechas sobre posibles privilegios e influencias políticas en la asignación de financiamiento.
Sin embargo, uno de los casos que más indignación generó es el de Salamone. El titular del principal organismo científico del país logró cancelar una deuda cercana a los diez millones de pesos en apenas dos meses, entre enero y marzo de 2025. El dato contrasta fuertemente con la situación general de la sociedad argentina, donde crece el endeudamiento de los hogares y se vuelve habitual el uso de tarjetas de crédito incluso para la compra de alimentos.
El contraste se vuelve aún más crudo dentro del propio CONICET. Mientras su presidente exhibe una rápida mejora en su situación financiera, investigadores e investigadoras atraviesan una sostenida pérdida de poder adquisitivo. A marzo de 2026, un investigador asistente percibe alrededor de 1.609.000 pesos, mientras que categorías superiores rondan los 3.280.000 pesos, cifras que quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.
Según datos del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), la inflación desde la asunción de Milei alcanzó un 259,4%, mientras que los ingresos en el organismo apenas crecieron un 121,2%, profundizando un deterioro salarial que ya se extiende por casi dos años.
En este contexto, se multiplican los casos de precarización extrema: investigadores altamente calificados que recurren a trabajos informales o de plataformas —los llamados “científicos-UBER”— para poder sostener sus ingresos. A esto se suman despidos, retiros voluntarios, cancelación de proyectos estratégicos y el riesgo de cierre de organismos clave como el INTA y el INTI.
El deterioro no es solo económico. La crisis también se expresa en la fuga de talentos, el vaciamiento de equipos de investigación y situaciones límite, como la de científicos que debieron costear de su propio bolsillo generadores eléctricos para salvar muestras biológicas tras un corte de luz en sus laboratorios.
En ese escenario, la figura de Salamone aparece cada vez más cuestionada. Sus propias declaraciones previas —en las que relativizaba la inversión en ciencia en un país con altos niveles de pobreza— hoy contrastan con una realidad donde la crisis se profundizó, pero su situación personal parece haber seguido un camino opuesto.
El escándalo reaviva así el malestar en la comunidad científica, que no solo enfrenta salarios en caída libre y condiciones laborales cada vez más precarias, sino también un clima de hostilidad política, con descalificaciones públicas desde el propio gobierno.
La combinación de ajuste, desigualdad interna y privilegios en el acceso al financiamiento deja al descubierto una crisis estructural en el sistema científico argentino, donde la distancia entre quienes lo conducen y quienes lo sostienen parece agrandarse día a día.
En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country.
El escándalo por los créditos del Banco Nación a funcionarios del gobierno nacional sigue creciendo y suma nuevos nombres, montos y detalles que profundizan las sospechas sobre posibles beneficios otorgados en condiciones privilegiadas.
En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country, en una operación que habría contado con una tasa subsidiada, muy por debajo de las condiciones que enfrenta hoy cualquier ciudadano.
El dato no solo refuerza los cuestionamientos sobre el uso de fondos del banco estatal, sino que además suma un elemento sensible: el funcionario ya contaría con otras propiedades, lo que vuelve a poner bajo la lupa los criterios de acceso a este tipo de financiamiento.
La información fue difundida por el periodista Alejandro Bercovich en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Silvestre en C5N, y generó un fuerte impacto en medio de un contexto ya cargado de denuncias similares.
El caso de Furiase no aparece como un hecho aislado. Forma parte de una serie de operaciones que actualmente están siendo investigadas en la Justicia por presunto otorgamiento de créditos en condiciones ventajosas a funcionarios del gobierno de Milei.
Entre los nombres señalados también figuran Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien habría recibido cerca de $373 millones; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un préstamo cercano a los $300 millones; Juan Pablo Carreira, vinculado a la comunicación oficial, con un crédito superior a los $100 millones; y la diputada Lorena Villaverde, quien habría accedido a financiamiento pese a encontrarse embargada.
La denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta también a exautoridades del Banco Nación, como Daniel Tillard y Juan Curuchet, por su presunto rol en la aprobación de estos préstamos.
Actualmente ya existen al menos diez presentaciones en Comodoro Py y dos causas judiciales abiertas que buscan determinar cómo se otorgaron estos créditos, bajo qué condiciones y si existieron irregularidades en el acceso por parte de funcionarios públicos.
Con cada nueva revelación, el caso escala en gravedad y aumenta la presión para que se esclarezca si hubo un esquema sistemático de beneficios financieros dentro del entorno del gobierno.
