Se trata de Tecsesi S.A., firma dedicada a tareas de limpieza pesada y perteneciente al holding Techint, que empleaba a unos 280 trabajadores. La empresa dejó de operar en la planta y, si bien Ternium absorbió como personal propio a alrededor de 170 empleados, el resto quedó sin destino laboral claro.

La crisis que atraviesa la industria nacional vuelve a golpear con fuerza al empleo. El Grupo Techint cerró una de sus empresas tercerizadas en la planta General Savio y dejó a 110 trabajadores al borde del desempleo, en un escenario que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) define como “imposible” para su reubicación, debido al ajuste generalizado que atraviesa el sector.

Se trata de Tecsesi S.A., firma dedicada a tareas de limpieza pesada y perteneciente al holding Techint, que empleaba a unos 280 trabajadores. La empresa dejó de operar en la planta y, si bien Ternium absorbió como personal propio a alrededor de 170 empleados, el resto quedó sin destino laboral claro. Desde la UOM San Nicolás advierten que las chances de reubicación son mínimas, ya que otras contratistas también están reduciendo personal.

El cierre de la tercerizada se inscribe en un proceso de reducción de costos que tiene un impacto directo en el empleo industrial y que se profundizó hacia fines de 2024, cuando Ternium Argentina comenzó a aplicar una política de ajuste en toda su estructura. El conflicto ocurre, además, en medio del cruce público entre Paolo Rocca y el gobierno de Javier Milei, en un contexto de redefinición del modelo productivo.

Crece la preocupación sindical

Desde el gremio metalúrgico no ocultan la gravedad de la situación. “Estamos atravesando un momento muy complicado dentro de la planta General Savio. Una empresa grande como Tecsesi está saliendo del mercado. Algunos trabajadores serán absorbidos por Ternium, pero hay un número importante al que no le estamos encontrando ubicación”, señaló una alta fuente de la UOM San Nicolás al Diario El Norte. “Seguimos trabajando intensamente, pero el escenario es muy adverso”, agregó.

El riesgo de que estos despidos se traduzcan en desempleo efectivo es cada vez mayor, ya que la mayoría de las empresas del cordón industrial se encuentran en pleno proceso de ajuste. A esto se suma un contexto más amplio de incertidumbre productiva, marcado por la caída de la demanda interna y el ingreso de acero importado, especialmente de origen chino, que presiona sobre la producción local.

El caso de Tecsesi no aparece como un hecho aislado, sino como un síntoma de una crisis industrial más profunda, que avanza sobre el empleo, debilita el entramado productivo y enciende alarmas en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía argentina.

Relevamientos privados ubican el nivel de actividad cerca de un 10% por debajo de 2022 y advierten por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el impacto de la apertura importadora en un contexto de consumo deprimido.

La industria argentina volvió a cerrar un año con más sombras que luces. A la espera de los datos oficiales de diciembre, distintos informes sectoriales coinciden en que 2025 concluyó sin recuperación sostenida y con un nivel de producción que permanece claramente por debajo del registrado antes del ajuste económico.

Si bien la comparación interanual frente a 2024 mostraría una leve mejora estadística, el contraste con 2023 y, sobre todo, con 2022 deja en evidencia un retroceso estructural. Las estimaciones privadas ubican la actividad manufacturera alrededor de un 9% por debajo de 2023 y cerca de un 10% inferior a la de hace tres años.

El freno principal continúa siendo la debilidad de la demanda interna. Con salarios que no logran recomponer poder adquisitivo y un esquema económico que concentra el crecimiento en sectores de baja generación de empleo, la industria carece de un mercado dinámico que traccione producción y nuevas inversiones.

En noviembre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero ya había marcado una caída interanual del 8,7% y una baja mensual del 0,6% en términos desestacionalizados. Para diciembre, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) proyectó un retroceso adicional del 3,5%, apoyado en datos de consumo eléctrico y demanda de insumos.

Desde la entidad empresaria señalaron que cualquier mejora frente al año previo responde, en gran medida, a un efecto comparación tras el derrumbe de 2024. Al medir contra 2023 y 2022, el panorama cambia: la actividad sigue lejos de los niveles previos y solo algunos rubros ligados a la cosecha muestran una recuperación puntual.

El deterioro se verifica con mayor crudeza en sectores intensivos en empleo. La construcción continúa entre los más castigados, con desplomes superiores al 20% en despachos de cemento e insumos respecto de 2022. La industria automotriz también exhibe retrocesos tanto frente a 2024 como en la comparación de mediano plazo, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial y el consumo eléctrico de grandes usuarios fabriles registran bajas de dos dígitos frente a los niveles de hace tres años.

La metalmecánica, otro termómetro de la inversión productiva, acumula caídas que superan el 13% en relación con el período previo al cambio de gestión. A esto se suma la retracción de exportaciones industriales hacia Brasil, lo que agrava la falta de dinamismo.

El mapa sectorial muestra pocos ganadores. Las actividades vinculadas al complejo agroexportador y a la refinación de petróleo, impulsadas por Vaca Muerta, lograron cierta expansión. Sin embargo, textiles, calzado, indumentaria, plásticos, caucho y materiales para la construcción continúan en terreno contractivo.

La propia Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC refleja el clima de preocupación: más de la mitad de los empresarios industriales identifica a la insuficiencia de la demanda interna como el principal límite para crecer. En la misma línea, la consultora Orlando J. Ferreres estimó que en diciembre la industria retrocedió 5,7% interanual y describió el desempeño anual como un proceso que fue “de mayor a menor”.

El impacto no se limita a los volúmenes de producción. Según CIFRA-CTA, la industria y la construcción concentran cerca del 70% de los puestos de trabajo perdidos en el período reciente, con más de 120 mil empleos destruidos en conjunto. Paralelamente, informes privados registran miles de cierres de unidades productivas en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, así como caídas relativas aún más pronunciadas en provincias con menor densidad industrial.

Especialistas advierten que la dependencia del mercado interno vuelve especialmente vulnerable al sector ante políticas de ajuste recesivo. Sin un consumo fortalecido y con un esquema de apertura comercial que expone a las empresas locales a una competencia externa creciente, el horizonte para 2026 aparece cargado de incertidumbre.

El balance de 2025 deja, así, una industria que no logró despegar, con una recuperación acotada a nichos específicos y un entramado productivo que continúa debilitándose. Sin señales claras de recomposición del mercado interno ni de una estrategia integral para el desarrollo manufacturero, el sector enfrenta el nuevo año con más interrogantes que certezas.

La titular de la APyT, Norma Lezana, acusó al Gobierno de impulsar sumarios y despidos como represalia por el conflicto del Hospital Garrahan, que derivó en una suba del 61% y advirtió sobre un intento de disciplinar a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, denunció que la apertura de un sumario en su contra y las sanciones a trabajadores forman parte de una avanzada oficial para castigar la protesta salarial que el año pasado culminó con un incremento del 61% y un bono permanente para todo el personal.

En declaraciones radiales, la dirigente sostuvo que el proceso administrativo está “direccionado” y que responde a una decisión política de escarmentar a quienes encabezaron el reclamo. “Nos sancionan por haber enfrentado la política de ajuste y haber demostrado que los recursos estaban”, afirmó.

El conflicto se desató tras meses de reclamos por deterioro salarial y renuncias de profesionales. Según datos del gremio, más de 300 trabajadores altamente calificados dejaron el hospital en los últimos años en medio de restricciones presupuestarias. Luego de medidas de fuerza y descuentos aplicados al personal —principalmente de enfermería y áreas críticas—, la conducción del hospital otorgó una recomposición salarial del 61% y un bono fijo de 450.000 pesos.

Lezana vinculó las sanciones con la actual intervención del centro de salud y cuestionó la conducción designada por el Ejecutivo nacional. También advirtió sobre el cierre del jardín maternal para hijos de trabajadores y la modificación de condiciones laborales de unos 70 profesionales de guardia, a quienes, según denunció, se les reemplazó el vínculo de empleo público por contratos de servicios.

La sindicalista rechazó además las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró públicamente las medidas disciplinarias. “Cuando desde la Casa Rosada avalan estas decisiones, queda claro que no es un trámite administrativo más, sino una señal política”, planteó.

Con 38 años de trayectoria en el hospital, Lezana interpretó la ofensiva como parte de un esquema más amplio ligado a la reforma laboral promovida por el Gobierno. “Buscan debilitar la organización sindical en un hospital emblemático para enviar un mensaje al resto del sector público”, sostuvo.

El Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, atraviesa así un nuevo capítulo de tensión entre trabajadores y autoridades, en un contexto de ajuste presupuestario y redefinición de las políticas sanitarias a nivel nacional.

Luego del escándalo que estalló por la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a decir él mismo de cuánto será la inflación de enero, cuando no le corresponde ni debería tener información porque existe secreto estadístico.

“Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente”, mintió el ministro cuando todos saben que Lavagna se fue porque había prometido un cambio de metodología que hiciera más real la inflación en Argentina al considerar los brutales tarifazos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La inflación en enero iba a dar arriba 3% y el gobierno no quiso. Se mandó para atrás la nueva metodología y chau Lavagna.

Ahora, Caputo sale a hablar de la inflación de enero asegurando que el número “será similar a diciembre”. ¿Cómo lo sabe? ¿No existe la independencia del INDEC y el secreto estadístico? ¿Quién le dijo al ministro la cifra de enero?

La empresa SIAM, perteneciente al Grupo Newsan, despidió a la totalidad de sus trabajadores en las plantas de Avellaneda y Monte Chingolo (Lanús), en un contexto marcado por la caída de las ventas y el ajuste generalizado que atraviesa la industria nacional.

Bajo la figura de “finalización de contrato”, la compañía avanzó con desvinculaciones masivas y de efecto inmediato, una modalidad que los trabajadores denuncian como despidos encubiertos. La medida paralizó la actividad en ambas plantas y dejó sin empleo a decenas de familias del sur del conurbano bonaerense.

Según relataron los empleados, en las últimas horas la firma dispuso suspensiones para febrero y dio de baja todos los contratos vigentes. Muchos de los trabajadores afectados tenían cerca de un año de antigüedad y fueron notificados sin previo aviso. “Nos hablan de finalización de contrato, pero es un despido masivo”, señalaron.

Desde la empresa justificaron la decisión en el marco de la crisis económica nacional, la caída del consumo y la existencia de stock acumulado para varios meses. Sin embargo, la situación se replica en numerosas fábricas del país, donde el ajuste empresario se traduce en suspensiones, cierres y pérdida de puestos de trabajo, consolidando un escenario de creciente desindustrialización.

El conflicto derivó en una asamblea en la planta de Avellaneda, donde alrededor de 150 trabajadores reclamaron la reincorporación. La protesta contó con la presencia de delegados y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Avellaneda. Desde el sindicato informaron que se acordó un esquema de suspensiones para la mitad del personal efectivo, con el pago del 85% del salario, mientras el resto cubriría tareas en planta. No obstante, los trabajadores denuncian que, en los hechos, todos los contratos fueron dados de baja.

El caso de SIAM-Newsan vuelve a exponer el impacto del actual rumbo económico sobre el empleo industrial y refuerza una tendencia que no se detiene: despidos masivos, precarización laboral y un deterioro acelerado del entramado productivo en los principales polos fabriles del país.

Mientras el gobierno argentino insiste en presentar la relación con Washington como una “alianza estratégica”, los hechos recientes muestran algo más concreto y asimétrico: Estados Unidos acelera su presencia directa en Argentina sobre tres ejes clave: economía, política y defensa, con un nivel de intervención inédito en las últimas décadas.

En menos de un mes, el país recibió una comitiva de legisladores estadounidenses con poder presupuestario real y se prepara para el mayor ejercicio militar conjunto de los últimos 25 años, que incluirá tropas de élite, aeronaves, despliegue en la Patagonia y zonas de valor geopolítico sensible.

No se trata de gestos diplomáticos. Se trata de inspección, auditoría y sigilosa ocupación de áreas y sectores estratégicos.

Inspectores del Capitolio

La semana pasada, dos Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos surcaron el cielo argentino. A bordo viajaban siete congresistas estadounidenses, miembros de comités clave del Capitolio, responsables de definir el presupuesto de defensa, energía, tecnología y comercio.

Agenda Malvinas identificó a los integrantes de la misión. El dato central: no vinieron a dialogar, vinieron a relevar activos estratégicos argentinos.

La comitiva recorrió Ushuaia, Neuquén y Buenos Aires, con una agenda que combinó energía, minería, infraestructura crítica, datos y tecnología. El mensaje fue claro: los recursos argentinos entraron formalmente en la órbita de seguridad nacional de Estados Unidos.

El frente energético: petróleo, gas y litio bajo supervisión

La delegación del Comité de Energía y Comercio estuvo encabezada por Morgan Griffith, presidente del Subcomité de Supervisión e Investigaciones, una figura con capacidad para bloquear proyectos, condicionar financiamiento y sancionar vínculos con potencias rivales.

Su misión fue explícita: auditar infraestructura donde China tiene intereses y garantizar que los recursos estratégicos queden alineados con Washington.

Lo acompañaron:

• Randy Weber (Texas), representante directo del lobby petrolero estadounidense. Su paso por Vaca Muerta consolidó el interés de compañías como Chevron y ExxonMobil en el gas argentino como respaldo energético ante la crisis global.
• Russ Fulcher, enfocado en asegurar que proyectos termoeléctricos y nucleares —incluida Atucha— no dependan de tecnología fuera del eje estadounidense.
• Diana Harshbarger, encargada de fiscalizar cadenas de suministro para que minerales y recursos argentinos fluyan sin interferencias estatales o de terceros países.
• Mike Kennedy, con foco en el litio, pieza clave para la transición tecnológica y la industria de baterías de EE. UU.
• Nanette Barragán, demócrata, cuya presencia garantizó consenso bipartidista: para Washington, el control de los recursos argentinos no es un debate partidario, es una política de Estado.

El frente digital: datos, IA y ciberseguridad como armas

En Buenos Aires operó el segundo núcleo de la visita, liderado por Tim Walberg, miembro del Comité de Educación y Fuerza Laboral, conocido por su alineamiento con la doctrina de seguridad más dura del establishment estadounidense.

Walberg no vino a hablar de educación. Vino a imponer marcos de “gobernanza” para la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, entendidas como armas de guerra.

El objetivo estratégico fue blindar la infraestructura digital argentina bajo estándares militares de EE.UU. desplazando cualquier presencia tecnológica china —particularmente Huawei— de redes 5G, sistemas de datos y servicios críticos.

En términos prácticos, esto implica pérdida de autonomía tecnológica y subordinación a criterios de seguridad definidos fuera del país.

El frente militar: tropas de élite en la Patagonia

La dimensión más visible —y más sensible— del avance estadounidense se concretará en abril. El gobierno de Javier Milei ultima detalles para el ejercicio combinado “Daga Atlántica”, definido por fuentes oficiales como el más importante en 25 años.

El operativo incluirá:

• Boinas Verdes del Ejército de EE. UU.
• Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea
• Unidades del MARSOC (Marines)
• Aeronaves, helicópteros Black Hawk y equipamiento de guerra real

Las maniobras se realizarían en Patagonia, Tierra del Fuego y otras zonas estratégicas, con simulaciones diurnas y nocturnas, continentales e insulares, en un área clave para:

• el control del Atlántico Sur
• la proyección hacia la Antártida
• el Estrecho de Le Maire

Se trata de fuerzas con experiencia de combate real, algo que las propias fuentes castrenses destacan como diferencial.

Una soberanía tutelada

El patrón es claro. Estados Unidos no envió embajadores: envió auditores, inspectores y tropas.

Primero, el relevamiento político y económico: energía, minería, datos, infraestructura.
Luego, el respaldo militar: presencia física, entrenamiento conjunto y despliegue territorial.

Mientras el gobierno argentino guarda silencio o celebra el alineamiento, los activos estratégicos del país son tratados como parte del esquema de seguridad nacional de una potencia extranjera.

La Argentina de 2026 parece avanzar hacia una soberanía condicionada, donde el subsuelo, la energía, los datos y el territorio ya no se deciden en función de un proyecto nacional, sino de intereses geopolíticos ajenos.

Un reciente informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), pone en duda la supuesta baja de la pobreza difundida por el Indec y concluye que el fenómeno estaría subestimado en cerca de un 9%.

Un nuevo frente de conflicto se abre en torno a las estadísticas oficiales del gobierno de Javier Milei. Un reciente informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), el think tank cercano al espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, pone en duda la supuesta baja de la pobreza difundida por el Indec y concluye que el fenómeno estaría subestimado en cerca de un 9%.

El estudio sostiene que, si en lugar de los ingresos declarados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se utilizaran los datos reales de salarios y jubilaciones provenientes de registros administrativos oficiales, la pobreza no habría disminuido, sino que habría aumentado en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025.

La investigación apunta directamente a una falla metodológica central: los ingresos que releva la EPH muestran incrementos muy superiores a los que reflejan las fuentes oficiales de salarios y jubilaciones. Esta discrepancia, lejos de ser un tecnicismo, tiene consecuencias decisivas. Según el CEDEF, los 2,3 millones de personas que habrían salido de la pobreza según la medición oficial podrían responder, en gran medida, a un espejismo estadístico.

El informe aparece en un contexto de fuerte controversia institucional, tras la renuncia de Marcos Lavagna al frente del Indec, atribuida a presiones del Poder Ejecutivo para demorar la actualización del IPC. A las denuncias previas por el “dibujo” de la inflación y la manipulación de estadísticas de ocupación e ingresos —como las señaladas por la UCA— se suma ahora el cuestionamiento a la medición de la pobreza, un indicador clave para el relato oficial.

Los últimos datos de la EPH fueron celebrados por el propio presidente Milei como una mejora “espectacular”. Según esa medición, la pobreza se redujo un 74% entre jubilados, un 43% entre empleados públicos, un 37% entre asalariados registrados y un 21% entre trabajadores no registrados. En total, la incidencia habría caído del 40% al 32% de la población.

Sin embargo, al contrastar esos resultados con otros registros oficiales, el relato comienza a desarmarse. Mientras la EPH indica que los salarios reales del sector privado registrado crecieron casi un 12% entre 2023 y 2025, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra apenas un aumento del 1%, y el índice oficial de salarios del sector exhibe incluso una caída del 2,3%.

La divergencia es todavía mayor en el sector público: la EPH registra una suba real del 3%, pero las estadísticas salariales oficiales muestran una contracción superior al 18%. En el caso de los jubilados, la encuesta refleja una mejora cercana al 20%, un dato difícil de compatibilizar con la evolución de la fórmula de movilidad previsional vigente.

Para evaluar el impacto de estas inconsistencias, el CEDEF realizó una simulación clave. Tomó los microdatos de la EPH del primer semestre de 2023 y actualizó los ingresos utilizando exclusivamente la evolución registrada en las fuentes administrativas: SIPA para trabajadores registrados, estadísticas oficiales para salarios públicos y la movilidad previsional para jubilados.

Dando vuelta el relato oficial

El resultado invierte por completo la narrativa oficial. Bajo este escenario, la pobreza no baja, sino que aumenta cerca de un 9% en cantidad de personas, alcanzando al 44% de la población, tres puntos porcentuales más que dos años atrás. En otras palabras, habría más pobres, no menos.

El informe explica que las encuestas como la EPH dependen de la declaración de los hogares y están expuestas a errores de recuerdo, sub o sobredeclaración de ingresos y problemas de cobertura. Estas distorsiones se profundizan en contextos de alta inflación, donde las variaciones mensuales dificultan respuestas precisas. Los registros administrativos, en cambio, reflejan ingresos efectivos y suelen considerarse más confiables.

Una canasta que también subestima

El CEDEF identifica además un segundo factor que contribuye a reducir artificialmente la pobreza: la caída real de la Canasta Básica Total (CBT), estimada entre un 5% y 6% según región. Esta baja abarata el umbral para ser considerado pobre, pero responde —según el estudio— a problemas metodológicos graves.

La CBT continúa calculándose con ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, lo que implica asumir que los patrones de consumo actuales son los mismos que hace más de veinte años. Un trabajo citado por el informe, elaborado por la consultora Equilibra, advierte que esta desactualización subestima de manera sistemática la verdadera línea de pobreza, especialmente en un contexto de fuertes cambios en los precios relativos.

Para el Gobierno, los datos de pobreza son centrales en su narrativa de estabilización tras el ajuste inicial. El informe del CEDEF, sin embargo, desmonta esa construcción y sugiere que la mejora exhibida es, en gran medida, producto de fallas de medición más que de una recuperación real de los ingresos.

Si querés, puedo hacer una versión más corta, una bajada más filosa, o adaptarla al estilo de un medio específico.

El proyecto oficial reabre un conflicto de larga data al plantear una flexibilización de los resguardos sobre zonas de alta montaña. Ambientalistas denuncian un giro en favor de intereses extractivos y alertan por el impacto en las reservas estratégicas de agua dulce.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares que, según sus detractores, implica un cambio sustancial en el esquema de protección vigente desde 2010 y habilita un escenario más permeable a emprendimientos mineros en áreas sensibles.

La propuesta redefine los alcances de las zonas protegidas y revisa los criterios bajo los cuales se autorizan actividades productivas en regiones cordilleranas. Aunque desde el oficialismo argumentan que se trata de “actualizar” la normativa para compatibilizar desarrollo e inversión, organizaciones socioambientales advierten que el texto reduce los márgenes de tutela sobre ecosistemas claves para el abastecimiento de agua.

La ley actual establece restricciones sobre actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas. La reforma, en cambio, introduce modificaciones en los mecanismos de evaluación de impacto y en la delimitación de áreas alcanzadas por prohibiciones, lo que —según especialistas— podría ampliar el radio de acción de proyectos extractivos.

El debate excede lo técnico y se inscribe en una discusión política de fondo: el modelo productivo y el rol del Estado en la defensa de bienes comunes. Entidades ambientalistas señalaron que el proyecto prioriza la captación de inversiones por sobre la preservación de recursos hídricos, en un contexto de creciente estrés climático. “El agua no puede quedar subordinada a la lógica del mercado”, advirtieron voceros del sector tras conocerse el envío del texto al Parlamento.

En paralelo, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera volvieron a reclamar mayor margen de maniobra para explotar recursos naturales bajo jurisdicción local. Argumentan que la normativa actual frena inversiones y limita la generación de empleo en economías regionales dependientes de la actividad extractiva.

La discusión también pone en tensión el equilibrio entre competencias nacionales y provinciales en materia ambiental. Mientras el Gobierno impulsa una reinterpretación más flexible de los alcances de la ley, desde distintos sectores sostienen que cualquier retroceso en los estándares podría derivar en litigios y conflictos sociales en territorios ya atravesados por disputas en torno al agua.

El proyecto comenzará a ser tratado en comisiones en las próximas semanas, en un clima político atravesado por fuertes diferencias. La pulseada promete trasladarse al recinto con un Congreso dividido y movilizaciones anunciadas por organizaciones que exigen mantener intactos los niveles de protección sobre glaciares, considerados piezas centrales para la seguridad hídrica del país.

En medio de la tensión creciente entre el Gobierno y la industria textil, el vocero Manuel Adorni volvió a insistir en que la apertura de importaciones no afecta al trabajo local: “Si importás un jean, explicame dónde se pierden puestos de trabajo”. ¿Son o se hacen?

Las palabras del jefe de Gabinete se sumaron a una postura ya explicitada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien horas antes afirmó que nunca compró indumentaria producida en el país y cuestionó con dureza los precios del sector.

En una desopilante entrevista, el periodista ultraoficialista quedó en offside al preguntarle a Adorni si con la apertura de importaciones no se cerraban fábricas que antes producían la ropa acá. “No se pierden puestos de trabajo”, respondió canchero. Majul no supo cómo salir del momento incómodo. Por supuesto, no le replicó nada.

El nuevo índice de inflación preparado por el Indec para debutar en enero – anunciado por el gobierno de Javier Milei – fue dado de baja porque iba a blanquear que la inflación es mucho más alta de lo que dice el oficialismo.

El escándalo, que supone una intervención de hecho en el organismo, corrió al titular del organismo público, Marco Lavagna. La inflación de enero dará alrededor de 2,5% cuando con la nueva metodología iba a estar arriba del 3%. El gobierno no se podía permitir un golpe tan duro a su relato de “desinflación”. Entonces, decidió intervenir el INDEC.

En medio del papelón, el Banco Central anunció que construirá su propio índice para medir los movimientos en los precios y ya habla de “inflación subyacente”. No deja de sorprender que la gran mayoría de “economistas serios” no vean un escándalo en este tema. ¿Será que no les importa cuando gobierna la derecha?