Asi despidió la ex presidenta a Sandra Mendoza, la ex diputada y referenta del peronismo murió este miércoles a los 62 años.

Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedir a Sandra Mendoza, a quien definió como una “gran compañera y militante”. En el texto, la ex presidenta destacó su compromiso con la política y su entrega a lo largo de los años en la construcción colectiva de derechos.

“Gran compañera y militante”, escribió Cristina al recordarla, subrayando la coherencia y la convicción con la que Mendoza transitó su camino dentro del campo popular. La publicación estuvo acompañada por imágenes que reflejan momentos compartidos en actividades políticas y espacios de militancia.

En su mensaje, Cristina también resaltó el valor humano de Sandra Mendoza y el afecto que supo cosechar entre quienes compartieron luchas y proyectos. Además, envió un abrazo especial a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor.

Así lo aseguró el abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, que además afirmó que la causa “recién empieza”.

La investigación por una presunta red de coimas y desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa decisiva. El abogado Gregorio Dalbón, uno de los primeros denunciantes del caso, afirmó que la causa “recién empieza” y que el entramado delictivo no se va a detener en los actuales procesamientos. En declaraciones radiales, sostuvo que el expediente terminará inevitablemente escalando hasta Karina Milei, hermana del Presidente, señalada en los audios que dieron origen a la pesquisa.

“Esto se va a abrir hasta llegar a Karina Milei. Porque lo que decían esos audios, por más que no hayan sido utilizados por una cuestión estratégica del fiscal, es cierto: el 3% iba a Karina Milei”, afirmó Dalbón. Y agregó que uno de los nombres centrales es Sebastián “Nuner” Un, a quien describió como el operador que “llevaba y traía el dinero de la coima a la Casa Rosada”. Para el abogado, ese funcionario “tiene los dedos absolutamente puestos en la parte más espuria del sistema”, y tarde o temprano deberá declarar como arrepentido.

En ese marco, Dalbón fue contundente sobre el mecanismo que puede comprometer a la hermana del Presidente: “La investigación puede llegar a probar su participación con un arrepentido que no se quiera comer 18 años de prisión por ser parte de una asociación ilícita”. Según explicó, varios de los imputados —entre ellos Diego Spagnuolo y otros funcionarios y empresarios— ya estarían evaluando acogerse a esa figura para mejorar su situación procesal. “No tengo ninguna duda de que algunos ya están pensando qué hacer para asegurarse una salida menos grave de la que enfrentan ahora”, advirtió.

Más adelante, el abogado remarcó la gravedad política y social del caso: “Esto no es un error administrativo, es un sistema para robarle al Estado y, lo más miserable, para robarle a los discapacitados”. También subrayó que la causa avanza con pruebas sólidas, sin aprietes ni armados: “Es una investigación limpia, basada en auditorías del propio gobierno y allanamientos positivos. Por eso no va a quedar en estos procesamientos: es la primera etapa”. Con el foco puesto en los arrepentidos y en la ruta del dinero, Dalbón dejó una definición que sacude al poder: “Cuando alguien hable para no ir preso, Karina Milei va a caer”.

Protesta policial en Santa Fe: escala la crisis por los reclamos de los uniformados mientras el Gobierno de Pullaro busca evitar un escenario de mayor confrontación.

La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y la Policía provincial atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lejos de descomprimirse, el conflicto salarial y laboral se agrava con denuncias de condiciones precarias en las comisarías y un creciente clima de temor entre los efectivos que participan de la protesta.

Mientras el Ejecutivo provincial intenta abrir canales de diálogo para encauzar la negociación y analiza posibles sanciones por el acuartelamiento, en las filas policiales se multiplican los testimonios que describen un escenario crítico, tanto en lo económico como en lo institucional.

Una subinspectora con 19 años de servicio, que aseguró percibir un salario de 1.322.000 pesos, expuso públicamente la situación que atraviesan en su dependencia. Según relató, los propios agentes deben realizar “vaquitas” para afrontar gastos básicos como el servicio de internet. “Somos 20 compañeros y cada uno tiene que pagar 670 pesos. Así lo pidió el jefe; la boleta viene a nombre del superior”, explicó, sin revelar su identidad por temor a represalias.

La agente describió además condiciones edilicias alarmantes: comisarías “muy precarias”, un único baño compartido entre hombres y mujeres, y calabozos diseñados para 12 personas que actualmente alojan hasta 45 detenidos. “Los compañeros están continuamente con miedo a que haya una evasión”, advirtió, dejando al descubierto el nivel de sobrepoblación y riesgo operativo.

En declaraciones televisivas, la subinspectora sostuvo que muchos efectivos ocultan su identidad durante la protesta por miedo a sanciones. “Si nos reconocen, nos ponen en disponibilidad, como les pasó a 20 compañeros a los que les retiraron el chaleco y el arma. Tenemos mucho miedo”, afirmó.

Visiblemente afectada, la mujer expresó entre lágrimas su conflicto personal: “Yo me siento mal de estar así, haciendo esto. No soy así. Desde el miércoles vengo con mi hija a protestar”. Sus palabras reflejan el impacto humano de una disputa que ya trasciende lo estrictamente salarial.

La agente también lanzó duras críticas contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien acusó de “dividir” a la fuerza y de no atender los reclamos estructurales. “En 2013 también estábamos mal, pero ahora es peor. Tapan todo y nos maltratan”, sostuvo.

Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado ex socio de Espert y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia y de vinculos estrechos con el macrismo.

Más de 700 extractos de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen con mayor claridad la conexión argentina del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los archivos no solo mencionan al país en reiteradas oportunidades, sino que detallan negocios, intercambios y relaciones con figuras del ámbito empresarial y social argentino.

En total, al menos 711 referencias incluyen a la Argentina o a ciudadanos argentinos. Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia.

Contactos, modelos y agencias locales

Entre los papeles aparecen “books” fotográficos enviados a Epstein con imágenes de tres modelos argentinas. Además, una agencia con sede en Buenos Aires le habría remitido newsletters de manera directa entre 2012 y 2013.

En un intercambio interno del FBI se menciona la necesidad de “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”, lo que evidencia que el país no solo figuraba como plaza de negocios, sino también dentro del entramado de víctimas investigado por las autoridades estadounidenses.

Roberto Giordano también aparece citado en los documentos. El reconocido estilista, fallecido en 2019, habría recibido pagos recurrentes de 500 dólares y organizaba desfiles en Punta del Este y Pinamar, eventos que formaban parte del circuito social frecuentado por empresarios y celebridades.

Negocios e inversiones con pérdidas millonarias

Epstein también realizó inversiones en Argentina. Según reportes de su agente financiero, Paul Barrett, el financista perdió aproximadamente 1,2 millones de dólares en bonos y operaciones cambiarias durante la crisis económica de 2018, en plena gestión de Mauricio Macri. Barrett llegó a calificar la incursión argentina como uno de los “tres peores negocios” de Epstein, junto con inversiones en General Electric.

Joe Lewis y “Fred” Machado en los correos

El nombre de Joe Lewis de estrechos vínculos con Mauricio Macri, surge en correos electrónicos de 2009 intercambiados con Jes Staley, exCEO de Barclays y figura cercana a Epstein. En esos mensajes, Staley confirma un encuentro con el magnate británico en Bariloche, donde Lewis posee extensas propiedades.

Por su parte, Federico “Fred” Machado, figura en los archivos por una negociación en 2015 para venderle a Epstein un avión Gulfstream por 10 millones de dólares. Machado fue posteriormente extraditado a Estados Unidos por otras causas judiciales. Su nombre también resonó en la política argentina por su vínculo con el economista José Luis Espert, relación que derivó en un fuerte impacto en la carrera pública del dirigente libertario.

¿Argentina, el último destino?

Según publicó La Nación, Argentina podría haber sido el último destino internacional planeado por Epstein antes de su arresto en julio de 2019. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese lo invitó a participar de una cacería en el país durante 2019. Epstein respondió afirmativamente, pero su detención frustró el viaje.

Los documentos refuerzan así la dimensión global del entramado de Epstein y colocan a la Argentina como una pieza relevante dentro de su red de contactos, negocios y relaciones, que hoy continúa bajo escrutinio público y judicial.

Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparencia Internacional, confirmando un deterioro que ya se había manifestado el año anterior.

El país descendió cinco posiciones y quedó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con 36 puntos sobre 100. En 2024 había obtenido 37 puntos. La baja, aunque pueda parecer marginal en cifras, consolida una tendencia negativa durante el segundo año de gestión de Javier Milei.

El informe internacional es contundente: en los últimos dos años no se implementaron políticas eficaces para prevenir ni sancionar la corrupción. Lejos de materializar la promesa de una transformación ética del Estado y de lucha contra la “casta”, la gestión libertaria exhibe un vacío en materia de integridad pública que impacta directamente en la percepción institucional.

Críticas por la falta de políticas anticorrupción

Organizaciones especializadas vinculan el retroceso con la ausencia de una agenda activa en materia anticorrupción. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue categórico: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción”. La declaración no solo apunta a la inacción, sino también a la falta de señales políticas claras en favor de la transparencia.

Casos como los vinculados a $LIBRA, el ingreso de valijas sin declarar en el aeropuerto, el reciente escandalo de sobreprecios en nucleoeléctrica y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), más allá de las sospechas de irregularidades, no encontraron una respuesta institucional contundente por parte del Ejecutivo. Esa pasividad alimenta la percepción de opacidad y erosiona la credibilidad del discurso oficial.

Por debajo del promedio regional

Con 36 puntos, Argentina quedó por debajo del promedio del continente americano (42 puntos) y se ubicó en el puesto 19 entre 33 países de la región. Comparativamente, el país aparece cercano a Belice y la Ucrania del régimen de Zelensky, y es superado por Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.

Mientras Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezan el desempeño regional con estándares sostenidos de transparencia, Argentina se aleja de esos parámetros y se aproxima a países con mayores debilidades institucionales. En el extremo más crítico del continente se encuentran Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), que marcan el piso del ranking regional.

Liderazgos globales y contrastes

A nivel mundial, Dinamarca lidera el índice con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88. En los últimos puestos figuran Sudán del Sur y Somalia, ambos con 9 puntos, mientras que Venezuela ocupa el lugar 180 con 10.

Para Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, la falta de políticas sostenidas de integridad sigue siendo una deuda estructural en Argentina. Sin una estrategia clara y consistente, advierte, el deterioro puede profundizarse.

Un retroceso que desmiente la narrativa oficial

El IPC se construye a partir de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios, utilizando múltiples fuentes independientes como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La escala va de 0 (alta percepción de corrupción) a 100 (mayor transparencia).

La caída de Argentina no es solo un movimiento estadístico: implica que el país fue percibido en 2025 como más corrupto que el año anterior en comparación con otras naciones. En un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” su principal bandera política, el retroceso en transparencia expone una contradicción difícil de soslayar.

Más que un traspié circunstancial, el segundo año de Milei parece consolidar una preocupante deriva: sin políticas activas de control y rendición de cuentas, la promesa de limpieza institucional queda reducida a consigna, mientras los indicadores internacionales marcan un deterioro que afecta la credibilidad del país y profundiza la desconfianza pública.

El Frigorífico Pico comenzó a ejecutar despidos masivos luego de haber suspendido a la totalidad de sus 450 trabajadores y tras la finalización del procedimiento preventivo de crisis que el gremio había tramitado ante la cartera de Trabajo de La Pampa. La situación volvió a encender alarmas en el sector industrial y expuso fuertes cuestionamientos al Gobierno por la ausencia de políticas que contengan el impacto social de la recesión.

En los últimos días, la empresa —propiedad de la familia Lowenstein y conocida por ser la creadora de las hamburguesas Paty— comenzó a enviar telegramas de despido que ya alcanzaron a 194 empleados. El avance de los ceses abre un serio interrogante sobre el futuro de la planta y profundiza el conflicto laboral en la provincia.

Como informó La Política Online, la firma inició hace más de un año un proceso de achique que afectó a casi un centenar de trabajadores. Sin señales de reactivación económica, en enero se paralizó completamente la actividad y desde el jueves comenzaron los despidos, en un contexto que los gremios atribuyen directamente al ajuste económico impulsado a nivel nacional.

Desde el sindicato y sectores de la oposición provincial advirtieron que el Gobierno nacional “se desentendió” de la crisis industrial, dejando a los trabajadores librados a su suerte. Señalan que la apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la falta de políticas de estímulo a la producción golpean de lleno a la industria frigorífica y aceleran el cierre de puestos de trabajo.

En las cartas documento enviadas a los empleados, la empresa justificó su decisión aludiendo a “un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica”, con una “marcada y ya insostenible disminución de trabajo por la reducción de los volúmenes de mercadería vendida y proyectada”. Sin embargo, desde el gremio remarcan que esa crisis es consecuencia directa de un modelo económico que prioriza el ajuste fiscal por sobre el empleo.

Mientras tanto, crece la preocupación en La Pampa por el impacto social de los despidos y por la falta de intervención del Estado para evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo en uno de los sectores históricos de la producción regional.

A pesar de los anuncios y las expectativas generadas desde el Gobierno de Javier Milei, la inflación sigue siendo uno de los principales focos de preocupación económica. Analistas, comerciantes y consumidores coinciden en que, más allá de algunos indicadores puntuales, persisten fuertes dudas sobre la evolución real de los precios en los próximos meses.

Desde distintos sectores advierten que la desaceleración inflacionaria que se intenta instalar no se refleja de manera homogénea en la vida cotidiana. Alimentos, servicios y tarifas continúan mostrando ajustes que presionan sobre el poder adquisitivo, mientras la falta de referencias claras dificulta la planificación tanto de las familias como de las pequeñas y medianas empresas.

Además, el gobierno decidió no cambiar la metodología para que la inflación que registra del INDEC no se acerque a la realidad de millones de argentinos. Igualmente, eso no hizo que la inflación oficial bajara: por el contrario, volvió a crecer por noveno mes consecutivo. Se acabó el relato de la desinflación. ¿Y ahora?

Mientras el gobierno nacional exhibe a la energía y a los hidrocarburos como motores del crecimiento de la economía mileísta, en la Patagonia el saldo es el inverso: desindustrialización, caída de la producción, desplome de regalías y 18 mil puestos de trabajo destruidos.

La política hidrocarburífera actual, lejos de fortalecer el entramado productivo, está desmantelando décadas de desarrollo regional.

El eje de esta reconfiguración fue el abandono por parte de YPF de 55 áreas maduras —los llamados “pozos viejos”— en el marco del denominado “Plan Andes”, iniciado en 2024. Bajo el argumento de concentrar inversiones en Vaca Muerta y el no convencional, la petrolera controlada por el Estado se retiró de áreas convencionales en Mendoza, Santa Cruz y Chubut, dejando tras de sí pasivos ambientales, yacimientos revertidos y un fuerte retroceso económico en las provincias afectadas.

En Mendoza, la salida de áreas estratégicas como Malargüe y Chachahuén implicó despidos y caída de ingresos por regalías. En Santa Cruz, YPF devolvió diez yacimientos maduros en la zona del Golfo San Jorge. En Chubut, vendió el campo convencional Manantiales Behr a Limay Energía (Grupo Rovella). En todos los casos, el retiro se tradujo en menos actividad, menos producción y menos empleo.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), más de 18 mil trabajadores quedaron en la calle en los últimos dos años: alrededor de 10 mil en Santa Cruz y más de 8 mil en Chubut. No se trata únicamente de operarios petroleros. La destrucción de empleo alcanzó también a la construcción y al comercio, sectores estrechamente vinculados a la actividad hidrocarburífera. La Cámara de Comercio registró más de 400 cierres en 2024 y otros 350 en 2025. Pueblos enteros, cuya economía dependía del petróleo convencional, quedaron al borde del colapso.

Desde YPF intentaron relativizar el impacto señalando que muchos trabajadores no pertenecían directamente a la empresa, sino a firmas de servicios, y que cobraron un “stand-by” mientras duró la transición. Sin embargo, ese argumento omite una cuestión central: la política de retiro fue definida por la conducción de la empresa estatal. La responsabilidad sobre la ruptura de contratos, la paralización de actividades y la pérdida de empleo no desaparece por tercerizar los vínculos laborales.

La salida de YPF también implicó la pérdida de contratos para al menos 40 PyMEs locales, según denunció la Cámara de Empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge. En su lugar, comenzaron a desembarcar compañías intermedias sin antecedentes productivos sólidos ni compromisos claros de inversión o empleo local. Entre ellas, Bentia Energy, fundada en julio de 2024 por el ex ministro macrista Javier Iguacel con un capital de apenas 30 millones, que se quedó con cuatro pozos de YPF. El reemplazo de una empresa centenaria por firmas de escasa trayectoria plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo.

El impacto productivo ya es visible. La salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge derivó en una caída cercana al 20% en la producción petrolera, según datos oficiales. Esta contracción golpeó de lleno las regalías provinciales, pieza clave de las finanzas públicas patagónicas.

Un informe del Centro de Estudios Fundar, “Comodoro Rivadavia y el fin de un ciclo”, basado en datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, señala que en el primer semestre de 2025 las regalías representaron el 13,8% de los ingresos totales de Santa Cruz y el 17,4% en Chubut. En términos reales, esto implicó una pérdida del 30% del valor de las regalías para Santa Cruz y del 19% para Chubut. La consecuencia es directa: menos recursos para sostener servicios públicos y menor capacidad para diseñar políticas de transición frente a la crisis hidrocarburífera.

En nombre de la eficiencia y la focalización en Vaca Muerta, la política hidrocarburífera del gobierno prioriza la rentabilidad de corto plazo y la concentración geográfica de inversiones, pero desatiende el entramado productivo regional y la función estratégica de una empresa como YPF. El resultado es una Patagonia más dependiente, con menos empleo, menos industria y menos ingresos fiscales.

La paradoja es evidente: en un contexto en el que la energía encabeza los índices de crecimiento macroeconómico, el abandono de YPF destruyó 18 mil puestos de trabajo en la Patagonia y dejó a provincias enteras enfrentando el costo social de una decisión política que reconfigura el mapa energético sin plan de desarrollo federal ni compromiso con el empleo local.

La Justicia federal dictó procesamientos en la investigación por un entramado de corrupción dentro de ANDIS que incluye sobornos, fraudes y manejos irregulares de contrataciones públicas, con implicancias que podrían ir más allá del ex titular del organismo.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados, por una causa que investiga un esquema de presunta asociación ilícita, coimas y fraude contra la administración pública en la adjudicación de contratos y la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, Spagnuolo y los demás imputados integraron una organización que direccionaba licitaciones y negoció contrataciones en beneficio propio y de terceros, en detrimento de fondos públicos. El procesamiento incluye cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, además de embargos millonarios sobre bienes de los acusados.

El fallo también señala que la agencia fue utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito por parte de los acusados, al tiempo que alertó que el esquema delictivo podría haber tenido otro nivel de complicidades más allá de los imputados actuales, con indicios de expansión hacia otras áreas y actores dentro y fuera del organismo.

La causa, que se inició tras la aparición de audios y pruebas que advertían sobre irregularidades en la compra de medicamentos y servicios, incluyó en su análisis documentación financiera, comunicaciones internas y testimonios que permitieron reconstruir parte de la dinámica delictiva.

El procesamiento de Spagnuolo y de los demás acusados representa uno de los golpes judiciales más significativos en torno a la ANDIS y la gestión de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La investigación continúa y, según advierte el propio juez, podría dar lugar a nuevas imputaciones y ampliaciones del expediente conforme se sigan analizando pruebas.

El gobierno nacional decidió finalmente desplazar a Demian Reidel de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, una movida que parece responder más a la presión generada por las denuncias de corrupción que a una verdadera voluntad de fortalecer a la estratégica empresa nacional.

Reidel, que ya venía tambaleando debido a los escándalos de sobreprecios en las compras de las centrales nucleares, no pudo resistir el peso de las acusaciones, aunque su salida también deja entrever la falta de un enfoque claro y transparente por parte del gobierno para gestionar la compañía.

El detonante de su caída fue la denuncia interna de Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de la Planta Central Nuclear Atucha I-II, quien acusó a dos de los colaboradores más cercanos de Reidel de direccionar contrataciones a favor de la empresa LX Argentina, que había presupuestado un 140% más de lo que Nucleoeléctrica estaba pagando por los mismos servicios. A pesar de los intentos de Reidel por proteger a sus hombres de confianza, el directorio de la empresa decidió apartarlos, pero las repercusiones no tardaron en llegar. Esta situación reveló un patrón preocupante en la gestión de Nucleoeléctrica, que no solo se ve salpicada por irregularidades administrativas, sino también por una falta de responsabilidad ante las constantes denuncias de corrupción.

A este escándalo se sumó la aparición de una deuda personal de Reidel por 825 millones de pesos, la cual, según los informes, fue saldada de manera “transparente”, pero no sin generar suspicacias. ¿Cómo se explica que un funcionario público haya podido contraer semejante deuda personal y luego resolverla de forma tan rápida? Aunque Reidel intentó justificar su situación como parte de un negocio inmobiliario legítimo, el escándalo económico que esto generó no hizo más que agravar su imagen ante la opinión pública.

El reemplazo de Reidel por Juan Martín Campos, presidente de Dioxitek, no parece ser más que un movimiento superficial para calmar las aguas. Campos, aunque con experiencia en el sector nuclear, asume en un contexto extremadamente complicado para Nucleoeléctrica, que se encuentra en medio de proyectos cruciales como la extensión de la vida útil de la central Atucha I y la construcción de un nuevo almacenamiento para combustibles gastados. Sin embargo, el cambio de liderazgo no oculta el hecho de que la gestión de Nucleoeléctrica sigue marcada por la opacidad y la falta de control efectivo sobre los recursos públicos.

Lo más preocupante de este cambio de dirección es que, a pesar de la evidente crisis de confianza que atraviesa la empresa, el gobierno parece haber optado por un reemplazo que no aborda las profundas falencias en la gestión y el control de los proyectos. Más allá de la renovación del directorio y el nombramiento de nuevos cargos, no parece haber una estrategia clara para evitar que los problemas de corrupción y sobreprecios sigan siendo una constante en una de las principales empresas del sector energético del país.

El caso de Reidel no es solo un episodio aislado, sino que refleja una constante falta de transparencia y responsabilidad en la administración de las empresas estatales bajo el actual gobierno, que prefiere actuar bajo la presión mediática y los escándalos, en lugar de tomar decisiones estructurales que promuevan una verdadera rendición de cuentas y una gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.