En su último informe técnico, el Fondo plantea “alinear” el régimen simplificado con el general para recaudar cerca de un punto del PBI. El problema: desde diciembre de 2023 se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían 290 mil empleos registrados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) deslizó en las últimas horas una serie de exigencias al Gobierno nacional en el marco del acuerdo vigente. Entre ellas se destaca el reclamo por modificaciones al Monotributo: el organismo sostiene que el esquema actual genera una carga “mucho menor” que la del régimen general, lo que desalienta el crecimiento de pequeñas empresas, favorece la fragmentación de actividades y limita la capacidad recaudatoria del Estado.

La propuesta figura en el documento “Argentina: Selected Issues”, incorporado al staff report del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei. En ese texto, el FMI calificó al sistema impositivo argentino como “complejo, altamente distorsivo e inestable” y planteó la necesidad de una reforma integral que amplíe la base tributaria y elimine exenciones fiscales.

La recomendación central apunta a un “alineamiento” gradual entre ambos regímenes, lo que en la práctica podría traducirse en cuotas más altas y mayores cargas para quienes hoy tributan bajo el Monotributo. Según las estimaciones del Fondo, una modificación de ese esquema aportaría alrededor de un punto del PBI en ingresos adicionales.

Sin embargo, el timing de la exigencia no puede pasarse por alto. De acuerdo con datos del SIPA, desde la asunción de Milei se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían cerca de 290 mil puestos asalariados registrados. El cuentapropismo creció, en buena medida, como salida frente al deterioro del empleo formal. Ahora, el FMI le pide al gobierno que encarezca esa misma válvula de escape.

La planta estaba radicada en Catamarca desde 1970. La empresa atribuyó la decisión a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, que le impide competir en el mercado local. A días del Mundial de fútbol, Argentina deja de fabricar botines.

La fábrica de botines Lotto ubicada en Catamarca cerró sus puertas. La planta, que llevaba más de cinco décadas operando en el país —desde 1970—, bajó las persianas dejando a 30 familias sin trabajo. A partir de ahora, los botines de la marca italiana se importarán desde Brasil, poniendo fin a la producción nacional.

La decisión fue descripta por la empresa como una medida ya definida. La explicación oficial apunta directamente a la política económica del gobierno de Javier Milei: la apertura de importaciones hace inviable la competencia en el mercado local. Así, la fábrica que resistió décadas de crisis argentinas no pudo sostenerse ante la avalancha de productos importados que habilitó la actual gestión.

El cierre tiene una carga simbólica particular: se produce a días del inicio de un Mundial de fútbol, cuando los botines son protagonistas, y en una provincia que ya sufre el impacto de la desindustrialización. El caso Lotto se suma a una serie de cierres y despidos en el sector manufacturero que distintos analistas atribuyen al combo de apreciación cambiaria y apertura comercial acelerada, dos pilares del modelo económico libertario.

«La empresa se va del país ‘libre’ a uno gobernado por un ‘zurdo’, como le gusta decir a Milei. Es otro golpe a la provincia de Catamarca.» — María Quintero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle la cancha al gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma tributaria que implique más ajuste sobre trabajadores, monotributistas y pequeños contribuyentes.

Entre las principales exigencias del organismo aparecen ampliar la cantidad de asalariados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y encarecer de manera significativa el régimen del Monotributo.

Las propuestas figuran en el informe “Argentina: temas seleccionados”, incorporado al último Staff Report del programa vigente con el país. Allí, el organismo sostiene que el sistema impositivo argentino es “complejo, altamente distorsivo e inestable” y reclama cambios orientados a aumentar la recaudación en torno a 3,3 puntos del PBI.

El concepto central que impulsa el FMI es reducir el llamado “gasto tributario”, es decir, eliminar exenciones, beneficios fiscales y regímenes especiales que permiten pagar menos impuestos. Bajo ese argumento, el organismo plantea avanzar sobre distintos sectores de la economía, pero especialmente sobre los ingresos laborales y los pequeños contribuyentes.

Más trabajadores pagando Ganancias

Uno de los puntos más sensibles del informe es la exigencia de ampliar la base del Impuesto a las Ganancias. El FMI cuestiona que, tras los cambios introducidos en 2023, apenas el 1% de los trabajadores quedó alcanzado por el tributo.

La propuesta del organismo es volver a niveles similares a los de 2019 y lograr que al menos el 20% de los asalariados pague Ganancias. Según sus cálculos, esa medida permitiría incrementar la recaudación en un 0,4% del PBI.

En la práctica, esto implicaría que miles de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por un impuesto que durante años fue cuestionado por gravar salarios en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Fuerte aumento para monotributistas

El FMI también apunta directamente contra el Monotributo. Aunque no plantea eliminarlo, sí exige “alinearlo” con el régimen general y con las contribuciones que pagan los autónomos.

Traducido a términos concretos, eso implicaría una fuerte suba de las cuotas del componente impositivo y previsional que pagan millones de trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales.

El organismo estima que esta modificación podría aportar otro punto del PBI en recaudación, consolidando así un esquema de mayor presión fiscal sobre sectores medios y trabajadores por cuenta propia.

Más impuestos y menos beneficios fiscales

Entre otras medidas, el Fondo propone:

• Eliminar exenciones y beneficios de IVA.
• Quitar regímenes especiales y zonas libres de impuestos.
• Actualizar impuestos a los combustibles y al tabaco por inflación.
• Fortalecer los impuestos provinciales sobre la propiedad.
• Simplificar Ganancias para empresas con una alícuota uniforme del 30%.

Según el documento, estas medidas permitirían luego reducir impuestos considerados “distorsivos”, como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos. Sin embargo, en el corto plazo el eje del planteo pasa claramente por aumentar la recaudación mediante una mayor carga tributaria sobre trabajadores y sectores medios.

Un reclamo que choca con el discurso libertario

Las recomendaciones del FMI contrastan con el discurso del gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo bajar impuestos y reducir el peso del Estado sobre el sector privado.

Sin embargo, la caída de la recaudación y las exigencias del acuerdo con el Fondo limitan el margen oficial para avanzar en rebajas tributarias. Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el ajuste del gasto público “llegó a un límite”.

En ese contexto, el FMI empuja una reforma que incremente los ingresos fiscales mediante la ampliación de impuestos existentes y la eliminación de beneficios tributarios. El resultado sería una mayor presión impositiva efectiva sobre trabajadores registrados, monotributistas y pequeños contribuyentes, en medio de una economía golpeada por la recesión, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

La decisión, según trascendió, fue ordenada directamente por Karina Milei y habría estado motivada por el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores más críticos de la actual gestión libertaria.

El Gobierno nacional pidió este miércoles al Senado de la Nación el retiro del pliego de María Verónica Michelli, nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

Michelli es cuñada del reconocido periodista de La Nación, quien en los últimos meses publicó investigaciones que incomodaron al oficialismo, entre ellas trabajos vinculados al caso $LIBRA y otras denuncias que salpicaron a referentes cercanos al presidente Javier Milei. Desde distintos sectores judiciales y políticos interpretaron la maniobra como un intento de disciplinamiento y presión sobre el Poder Judicial en función de afinidades políticas y mediáticas.

La postulación de Michelli ya había conseguido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para quedar habilitada para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario por La Rioja Juan Carlos Pagotto, se negó durante semanas a presentar el dictamen correspondiente, trabando de hecho el avance de la candidatura.

Finalmente, la Casa Rosada formalizó el veto mediante una nota enviada al Senado con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos que sí avanzaron tras negociaciones políticas

En contraste con el caso Michelli, el Gobierno decidió habilitar el avance de los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, candidatos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados habían sido inicialmente cuestionados por Javier Milei debido a sus presuntos vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. No obstante, según informó la Agencia Noticias Argentinas, tras negociaciones con representantes del oficialismo ligados a Patricia Bullrich y al entorno libertario, el veto político fue levantado y el senador Pagotto permitió reunir las firmas necesarias para avanzar con sus designaciones.

La diferencia de criterios volvió a encender cuestionamientos sobre el uso discrecional de los pliegos judiciales y la creciente intervención política del Ejecutivo en decisiones que deberían regirse por criterios institucionales y profesionales, y no por relaciones personales o posicionamientos periodísticos.

La imagen de Karina Milei registró una leve recuperación en mayo, aunque el dato difícilmente pueda leerse como una señal alentadora para la secretaria general de la Presidencia. Según una encuesta de la consultora Synopsis, el rechazo cayó al 70%, lo que implica una baja de 3,6 puntos porcentuales respecto de abril, cuando había alcanzado su pico histórico de 74,6%.

Sin embargo, la mejora en la imagen negativa no se tradujo en un crecimiento de la aprobación. Por el contrario, la imagen positiva también retrocedió: pasó del 11,1% en abril al 9,7% en mayo, marcando su propio piso histórico. La caída del rechazo, en este contexto, no refleja un vuelco a favor sino un crecimiento de la indiferencia o la indecisión entre quienes antes la rechazaban.

El dato consolida un patrón preocupante para el entorno presidencial: Karina Milei acumula meses de deterioro sostenido en su imagen pública, con una aprobación que nunca logró despegar y que ahora se ubica por debajo del umbral del 10%. La consultora Synopsis viene midiendo su figura de manera sistemática, y los números de mayo no sugieren un punto de inflexión sino una meseta en niveles históricamente bajos.

Según datos de la OCDE, el país captó apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa en 2025, el nivel más bajo entre las principales economías de América Latina, pese al régimen de incentivos impulsado por el gobierno de Milei.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de América Latina, captando apenas USD 3.134 millones. El resultado expone una de las principales contradicciones del modelo económico de Javier Milei: un gobierno que hizo de la atracción de capitales su bandera central, pero que no logra traducir ese discurso en flujos concretos de inversión productiva.

La brecha con los líderes de la región es abismal: Argentina recibió menos del 5% de lo que captó Brasil, y quedó incluso por debajo de economías considerablemente más pequeñas como Costa Rica. A casi un año de la aprobación del RIGI, las inversiones efectivamente realizadas representan menos del 5% de los montos comprometidos por las empresas que se presentaron al régimen, según un informe de Misión Productiva elaborado en base a estadísticas de la OCDE.

Entre los principales factores que explican el mal desempeño argentino, el informe señala la fuerte caída del consumo y de la demanda interna, la paralización de la obra pública, la escasez de crédito productivo, la apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad de sectores transables. El propio análisis subraya que la capacidad de atraer inversiones no depende solo de beneficios fiscales o regulatorios, sino del funcionamiento general de la economía: nivel de actividad, acceso al crédito y estabilidad de largo plazo.

Tras la difusión del informe, el ministro Luis Caputo salió al cruce de las críticas y aseguró que existen proyectos por USD 140.000 millones en carpeta. Sin embargo, la distancia entre los compromisos anunciados y las inversiones efectivamente ejecutadas sigue siendo el talón de Aquiles del modelo. La OCDE, por su parte, proyecta un crecimiento del PBI del 5,2% para Argentina en 2025, destacando las reformas regulatorias impulsadas por el gobierno. El contraste entre el optimismo macroeconómico del organismo y los magros números de IED resume el dilema argentino: crecer sin inversión genuina es una apuesta de alto riesgo.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Synopsis encendió señales de preocupación en la Casa Rosada: el presidente Javier Milei muestra una caída en su nivel de adhesión y hoy una mayoría de los argentinos asegura que preferiría un cambio de rumbo político.

El relevamiento, realizado sobre 1.585 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 2,4%, expone un escenario cada vez más complejo para el oficialismo de cara al mediano plazo. Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, Milei alcanzaría un 37,2% de apoyo, pero el dato más sensible para el Gobierno es el deterioro de su núcleo duro: apenas un 12,4% afirma que le “gusta todo” del mandatario.

La encuesta dividió las respuestas en cuatro grandes grupos. El segmento más fiel al Presidente se redujo al 12,4%, mientras que un 29,3% sostiene que, aunque no está completamente conforme con Milei, todavía no encuentra una alternativa mejor. Ambos sectores suman un 41,7% de respaldo potencial.

Sin embargo, del otro lado crece con fuerza el malestar social y político. Un 8,2% respondió que no le gusta del todo Milei y que sí observa opciones superadoras, mientras que el rechazo más duro —quienes aseguran que “no les gusta nada” del mandatario— escala al 49,5%. En conjunto, quienes no quieren una continuidad del actual liderazgo ya representan el 57,7%.

Los números empeoran aún más cuando la discusión gira sobre continuidad o cambio. Solo un 33,8% se inclina por sostener el rumbo actual del país, mientras que un contundente 61,5% considera necesario buscar un cambio respecto de lo que ocurre hoy en Argentina.

El estudio también refleja un escenario de fuerte competencia política. En intención de voto por espacios, el peronismo aparece levemente por encima de La Libertad Avanza: obtiene un 32,9% contra un 30,3% del oficialismo. Más atrás se ubican la izquierda con 9,6%, el PRO con 7,8%, Provincias Unidas con 3,9% y otros espacios menores.

Los datos de Synopsis representan una advertencia para el Gobierno nacional en medio del desgaste económico, la persistencia de la crisis social y las dudas crecientes sobre la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo que llevó a Milei a la Presidencia.

Nuevo revés judicial para el gobierno: la Justicia Federal de La Plata ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ante el riesgo de parálisis por el ajuste presupuestario impulsado por la administración libertaria.

La medida cautelar fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak luego de una presentación del Ministerio Público Fiscal que alertó sobre la grave crisis económica y administrativa que atraviesa el organismo, pieza central en la restitución de identidades y en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El fallo obliga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia a disponer recursos urgentes para sostener la operatividad del Banco y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Entre los problemas señalados figuran la falta de fondos para limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y conservación de muestras biológicas, poniendo en riesgo pericias genéticas fundamentales para causas judiciales.

Según documentación oficial del organismo, el presupuesto previsto para 2026 cubre apenas el 55,96% de los recursos solicitados, situación que compromete la cadena de custodia y la validez de las pruebas genéticas.

En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció el “ahogo presupuestario” al BNDG y se presentó en la causa para reforzar la urgencia de la medida. La organización advirtió que cualquier interrupción en el funcionamiento del Banco afectaría pruebas irreemplazables y pondría en riesgo las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de verdad, identidad y justicia.

📣El Banco Nacional de Datos Genéticos está en peligro
🗣Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis.
COMUNICADO COMPLETO:https://t.co/okE9IXbsvA pic.twitter.com/7qNx474q17

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 14, 2026

La resolución judicial representa un fuerte llamado de atención al Gobierno y busca evitar la paralización de un organismo creado en 1987, clave en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Según cifras difundidas por la OCDE, el país recibió apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, muy por detrás de la mayoría de las economías de la región.

El contraste es contundente: el Brasil de Lula lideró el ranking con USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones. Argentina quedó relegada al último puesto pese a las promesas oficiales de que el ajuste, la desregulación y los beneficios al gran capital generarían una “lluvia de inversiones”.

La cifra expone una contradicción central del discurso de Javier Milei. Mientras el Gobierno insiste en que la apertura económica y el achicamiento del Estado mejorarían la confianza internacional, los capitales extranjeros siguen evitando apostar por el país.

“Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina”, advirtió el informe de Misión Productiva elaborado sobre estadísticas de la OCDE.

El reporte remarcó además que “el contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo”, incluso en áreas donde el país posee ventajas competitivas estratégicas.

Los números del Banco Central también muestran un panorama lejos del optimismo oficial. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa promedió apenas USD 189 millones mensuales. Aunque hubo una mejora respecto de la gestión anterior, los niveles siguen siendo bajos y no reflejan el supuesto boom inversor que el oficialismo prometía tras la aprobación de la Ley Bases y el RIGI.

Más aún: desde comienzos de año, la cuenta de inversión extranjera acumuló un déficit de USD 1.421 millones debido a la salida de empresas internacionales y a la transferencia de activos hacia compañías locales.

En ese contexto, el Gobierno busca redoblar la apuesta con el llamado “Súper RIGI”, un nuevo esquema enviado al Congreso que amplía los beneficios extraordinarios para grandes inversores. El proyecto apunta especialmente a sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, y ofrece estabilidad normativa por 30 años junto con fuertes ventajas fiscales.

Entre los beneficios previstos aparecen una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones impositivas, amortización acelerada de inversiones y libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y aseguró que busca impulsar “una mayor industrialización de los recursos” mediante actividades “que hoy no existen en Argentina”. Un discurso que se contradice con el fuerte ajuste en áreas clave para el desarrollo de dichas tecnologías como la ciencia y la educación formadoras de los necesarios recursos humanos que hoy optan por irse del país ante un clima adverso.

Sin embargo, los datos actuales muestran que ni el ajuste extremo, ni la flexibilización regulatoria, ni los incentivos extraordinarios lograron hasta ahora revertir la desconfianza de los inversores. La promesa libertaria de convertir a Argentina en un imán para el capital extranjero sigue chocando contra una realidad marcada por la recesión, la inestabilidad y la fuga de divisas.

Los boletos de subte, colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos de hasta 17 veces desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, con subas que superaron ampliamente la inflación acumulada y profundizaron el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos históricos desde la asunción de Javier Milei y ya acumulan subas de hasta 17 veces en apenas dos años y medio. El aumento del boleto de subtes, colectivos y trenes avanzó muy por encima de la inflación y profundizó el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque las tarifas del transporte crecieron muy por encima de ese porcentaje a partir de la quita de subsidios nacionales y el aumento de los costos operativos.

El caso más extremo fue el del subte, cuyo boleto pasó de $80 a $1.414, lo que implicó un aumento nominal del 1668% y una suba real del 337% por encima de la inflación. En paralelo, el boleto de colectivo se multiplicó hasta 16 veces desde noviembre de 2023: en la Provincia de Buenos Aires acumuló un alza del 1545% y en las líneas de jurisdicción nacional del 1221%.

Los trenes metropolitanos también registraron fuertes incrementos. El pasaje mínimo pasó de $33,29 a $280 en abril de 2026, con una suba real del 119%, mientras que en mayo volvió a aumentar un 17,9% hasta alcanzar los $330.

El impacto de estos aumentos se trasladó directamente al presupuesto familiar. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de sus ingresos en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

En el mismo período, el salario mínimo pasó de $156.000 a $357.800, una suba nominal del 129% que, según CEPA, significó una pérdida cercana al 43% del poder adquisitivo frente a la inflación. La situación también afecta a estudiantes y jóvenes beneficiarios de la Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025. Con ese monto, hoy pueden cubrir apenas 111 viajes con descuento, cuando en diciembre de 2023 alcanzaba para 839 boletos.

El informe además advirtió sobre la creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y el interior del país tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras el boleto mínimo en el área metropolitana ronda los $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a $2.300 y en Rawson supera los $2.190.

Entre los factores que explican las subas, el estudio destacó el incremento del gasoil, que acumuló un aumento del 536% desde noviembre de 2023, junto con una reducción real del 17,5% en el presupuesto destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte.

La combinación entre tarifazos y caída de la actividad económica ya comenzó a impactar en la cantidad de pasajeros. En febrero de 2026, el uso del sistema de transporte público cayó un 12,9% interanual, con desplomes del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos.

Según concluyó CEPA, la tendencia alcista podría continuar durante el resto de 2026 debido a la fórmula de actualización mensual de tarifas, el aumento sostenido de los costos operativos y la volatilidad de los precios internacionales de la energía.