El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, analizó que el impacto del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ve reflejado “en las encuestas”, cuestionó que el ministro coordinador hablar de “deslomarse” y afirmó que cometió “errores” que no se pueden “cometer”.

En una entrevista con el periodista macrista Luis Novaresio, Ritondo sostuvo que el episodio “seguramente” afectó “mucho” al oficialismo tras conocerse los viajes al exterior del funcionario y las propiedades a su nombre. “Lo vemos en las encuestas”, remarcó. “O hay algo que le cuenta al Presidente que lo hace creíble en su relación o el Presidente decide por qué dejarlo”, evaluó sobre el respaldo de Javier Milei a Adorni. ¿Por qué Milei defiende a Adorni?

“Adorni, la verdad es que no te deslomás. Nosotros lo decidimos, yo me presento como candidato a diputado, no puedo decir ‘Che me deslomo’. Se desloma el tipo que se levanta a las cuatro de la mañana, la mujer que es servicio doméstico y que labura por hora y va a cuatro casas”, apuntó.

Sobre el mismo tema, observó que el funcionario debería haber tenido “una respuesta más clara” y planteó que “cometió errores”.

“Cuando vos planteás la austeridad y demás, por más que sea posible, no tenés que llevar a a tu mujer en el avión presidencial. Hay cosas que cuando tenés un discurso tan fuerte y que entró tan fuerte, son errores que no te poder permitir cometer”, completó.

Fuerte indignación provocaron las repudiables declaraciones del ministro de Salud Mario Lugones, quien al referirse a la situación del PAMI calificó a las personas mayores como “una carga”, desatando una ola de críticas en redes sociales y distintos sectores de la sociedad.

Durante su exposición en el AmCham Summit, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el funcionario intentó explicar la crisis del organismo asegurando que “la plata llegó”. Sin embargo, sus dichos generaron inmediato rechazo cuando sostuvo: “PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años, sobre los 5 millones en total. Y casi 6 mil personas más de 100 años, así que PAMI tiene una carga muy grande”.

La frase fue ampliamente repudiada por su carácter discriminatorio hacia las personas mayores, un sector especialmente vulnerable. En la red social X, el tema se viralizó rápidamente y acumuló críticas de usuarios, referentes y periodistas.

Mario Lugones, Ministro de Salud
"Lo que pasa es que en PAMI hay abuelos de más de 80 años. Es una CARGA muy grande"

Total normalidad. El gobierno de los hijos de puta. Acá la única carga que tenemos es pagar las coimas de ADORNI y Karina Milei pic.twitter.com/PlWGJRJ038

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 15, 2026

Entre ellos, el periodista Luis Novaresio expresó su rechazo, en sintonía con el malestar generalizado frente a declaraciones que fueron consideradas insensibles e inaceptables. La controversia profundiza la crisis en torno al PAMI y suma presión sobre el gobierno libertario.

La Unidad de Información Financiera adoptó una medida que vuelve a poner bajo la lupa el uso de organismos clave del Estado en favor de intereses cercanos al poder: restringió el acceso público a sanciones firmes por lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, tras un pedido del Banco Hipotecario, presidido por Eduardo Elsztain.

La decisión implicó que estas resoluciones dejaran de aparecer en el buscador principal del organismo. Aunque no fueron eliminadas del sitio oficial, quedaron relegadas a un apartado secundario sin acceso directo a su contenido. En la práctica, cualquier interesado en consultarlas ahora debe iniciar un trámite formal, lo que reduce significativamente la visibilidad de antecedentes sensibles para el sistema financiero.

El cambio tuvo un impacto inmediato: entre las sanciones que perdieron exposición pública se encuentra una multa firme aplicada al propio Banco Hipotecario en 2019. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a evitar el daño reputacional que genera la fácil localización de estas resoluciones en Internet, especialmente frente a inversores y actores internacionales.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, justificaron la medida como una forma de prevenir reclamos vinculados al “derecho al olvido”. Sin embargo, el argumento formal convive con un efecto concreto: la reducción del escrutinio público sobre sanciones por delitos financieros, un aspecto clave en la prevención del lavado de dinero.

La decisión no modifica el valor legal de las sanciones, pero sí debilita su dimensión más visible: el castigo reputacional. En contextos como el argentino —donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales escasas— la publicidad de estas medidas funciona como un mecanismo central de control. Limitar su acceso implica, en los hechos, aliviar la presión sobre entidades con antecedentes.

El movimiento se da además en un contexto político particular. La UIF depende de la órbita del gobierno de Javier Milei, cuya administración ha mostrado señales de cercanía con Elsztain. Durante la campaña de 2023, el entonces candidato se alojó en un hotel del empresario y compartió actividades personales, lo que alimenta interrogantes sobre posibles vínculos de influencia.

La resolución fue impulsada por el vicepresidente del organismo, Santiago González Rodríguez, sin objeciones visibles dentro del Ejecutivo. En paralelo, la conducción de la UIF ha atravesado una marcada inestabilidad, mientras la Argentina continúa bajo evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que mide no solo las normas sino su aplicación efectiva.

Lejos de tratarse de un ajuste técnico, la medida deja al descubierto un patrón preocupante: decisiones estatales que, bajo argumentos legales, terminan beneficiando a actores con capacidad de influencia, reduciendo la transparencia y debilitando herramientas clave para el control ciudadano sobre el sistema financiero.

La Justicia confirmó su viaje a Aruba en primera clase y sumó datos clave sobre gastos y pagos. El levantamiento del secreto bancario y nuevos movimientos bajo la lupa profundizan la crisis del funcionario.

La situación judicial de Manuel Adorni se agrava con el correr de los días. La confirmación de su viaje a Aruba junto a su familia, los detalles sobre los gastos en dólares y el avance de medidas clave en la causa por enriquecimiento ilícito lo dejan cada vez más expuesto.

El fiscal Gerardo Pollicita logró reconstruir el viaje que el jefe de Gabinete realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según la información aportada por la aerolínea, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus hijos volaron en primera clase, con pasajes que alcanzaron un total de 5.800 dólares.

Uno de los puntos que más inquieta a la Justicia es la modalidad de pago: los tickets habrían sido abonados en dólares y en efectivo, un dato sensible en el análisis patrimonial del funcionario, ya que abre interrogantes sobre el origen de esos fondos.

La investigación no se detiene ahí. Ahora el foco está puesto en determinar dónde se alojó la familia en Aruba y cuánto dinero se destinó a la estadía, en un intento por reconstruir el costo total del viaje.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa. La medida permitirá acceder a consumos, movimientos financieros y gastos realizados, ampliando el alcance de la causa.

El expediente también incluye otros viajes que generan dudas. Entre ellos, un traslado a Nueva York en el marco de un evento oficial, donde el pasaje del funcionario fue cubierto por el Estado, pero aún no se pudo determinar quién financió el de su pareja. A eso se suma un vuelo privado a Punta del Este y más de 15 viajes al exterior desde diciembre de 2023.

Con este escenario, la causa avanza sobre posibles inconsistencias entre el nivel de gastos y los ingresos declarados. Cada nuevo dato no hace más que profundizar las sospechas y colocar a Adorni en una posición cada vez más delicada, en medio de un contexto político que ya empieza a sentir el impacto del escándalo.

Mientras el precio de la nafta asfixia el bolsillo de los argentinos, el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal los fondos del impuesto al combustible destinados por ley a obras públicas, configurando un desvío millonario que paraliza al país.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, lanzó una denuncia demoledora contra la administración de Javier Milei y Luis Caputo: el Gobierno está “robándose” y desviando fondos que, por ley, tienen un destino específico y obligatorio. Según detalló, el Ministerio de Economía ha recaudado la astronómica cifra de 6 billones de pesos (millones de millones) a través del impuesto a los combustibles en los últimos dos años, pero no ha volcado ni un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar.

Esta maniobra representa un incumplimiento flagrante de acuerdos que llevan más de 30 años de vigencia institucional. Cada vez que un ciudadano carga el tanque, paga un impuesto que debería garantizar la seguridad vial y el desarrollo regional; sin embargo, el Ejecutivo nacional utiliza ese dinero para engrosar el ajuste fiscal mientras “hace la plancha” frente a la crisis energética. La denuncia subraya que este desvío no es solo una omisión administrativa, sino un ataque directo a los recursos que pertenecen a las provincias y municipios.

El escenario planteado por Katopodis es de una “crueldad sin antecedentes“. Mientras el precio del combustible se dispara y se traslada automáticamente a los alimentos, el Gobierno se niega sistemáticamente a recibir a los intendentes y gobernadores de todo el país que exigen respuestas. Caputo ya ha ignorado más de seis pedidos de audiencia, manteniendo una política de puertas cerradas mientras el Plan Nacional de Vacunación se desarticula y la obra pública queda en el abandono absoluto.

La paradoja del modelo libertario queda expuesta: Argentina, siendo un país exportador de petróleo, tiene hoy el litro de nafta más caro que los países a los que les vende el recurso. No existe un beneficio para los ciudadanos, sino una transferencia de recursos desde los sectores productivos y la clase media hacia las arcas del Tesoro, sin que ese esfuerzo retorne en servicios, salud o infraestructura. Es un esquema de “ajuste sin fin” donde las prioridades están fijadas exclusivamente para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.

Finalmente, la denuncia advierte sobre el quiebre del contrato social y legal. Bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el binomio Milei-Caputo parece operar al margen de las normativas vigentes que los obligan a coparticipar o invertir los fondos específicos. Lo que Katopodis describe es un modelo de exclusión que destruye el empleo en 23 de las 24 provincias y que, lejos de las promesas de bienestar, ha sumido a la población en una espiral de recesión y desamparo estatal.

Fantome Group, una empresa textil que llegó a fabricar prendas para marcas como Reebok, Cheeky, Kappa y Kevingston, solicitó la apertura de su concurso preventivo para reestructurar su deuda y asegurar su continuidad operativa. Otra empresa privada que cierra en la Argentina de Javier Milei.

La compañía, con sede en el barrio porteño de Villa Devoto, enfrenta una severa falta de liquidez que derivó en la cesación de pagos. Los registros del Banco Central exponen que la firma acumula 33 cheques rechazados por un valor de $44.978.000.

El deterioro financiero inició en 2020 con la pérdida de Kevingston, su principal cliente. La presentación judicial explica que “al tratarse del cliente que representaba casi la totalidad del flujo de trabajo, su salida significó un quiebre estructural”. La posterior cancelación de contratos con otras marcas profundizó el desequilibrio económico durante 2025. Ante esta situación, la empresa detalló que “el concurso preventivo constituye la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada”.

La firma habló de “competencia diabólica” en relación al ingreso de prendas chinas, a precios imposibles para competir.

Tras la publicación del índice de inflación de marzo por parte del Indec, el esquema de actualización automática de tarifas dispuso un nuevo incremento del 5,4% en colectivos y subte en el AMBA a partir del 1 de mayo, una suba que se aplicará sobre los valores vigentes y que vuelve a impactar en el costo de los traslados cotidianos de millones de usuarios. Nuevo golpe al bolsillo de millones de familias que además de pagar más cada vez viajan peor.

Con este ajuste, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasará a $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires trepará a $918,35, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos que ya ubica el costo de viajar por encima de la inflación acumulada en lo que va del año.

En lo que respecta a las líneas que circulan dentro de la provincia de Buenos Aires, las nuevas tarifas serán:

Boleto mínimo (0-3 km): $918,35
Tramo de 3 a 6 km: $1.023,04
Tramo de 6 a 12 km: $1.101,85
Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73
Más de 27 km: $1.259,06

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde el aumento impactará en 31 líneas de colectivos, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

0-3 km: $753,86
3-6 km: $837,66
6-12 km: $902,19
12-27 km: $966,77

El subte también tendrá un ajuste en la misma proporción: el pasaje pasará de $1.414 a $1.490,36, en línea con el mecanismo de indexación que toma la inflación mensual y le adiciona dos puntos porcentuales para definir las subas.

El caso de Manuel Adorni sumó nuevos y escandalosos datos que profundizan las sospechas sobre su patrimonio: el jefe de Gabinete omitió declarar una propiedad clave y recién la incorporó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.

La vivienda en el country Indio Cua, adquirida el 15 de noviembre de 2024 por su esposa, Bettina Angeletti, no fue incluida en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. La normativa es clara: los funcionarios deben informar también los bienes de su cónyuge, incluso en anexos reservados. Sin embargo, ese documento directamente no fue presentado por Adorni.

La irregularidad tomó mayor gravedad porque la “corrección” no fue espontánea. El funcionario recién incorporó la propiedad meses después, cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya avanzaba y la Justicia solicitó la documentación completa. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ahora analizan si existió un incremento patrimonial injustificado.

El contexto complica aún más la situación: la propiedad fue comprada mediante un préstamo de 100.000 dólares, con una tasa del 11% anual, otorgado por dos particulares —una comisaria retirada y su hija— y gestionado por la escribana Adriana Nechevenko. El crédito fue garantizado con otro inmueble del matrimonio, lo que revela una operatoria financiera que también quedó bajo la lupa judicial.

El periodista de investigación Hugo Alconada Mon fue contundente: Adorni había presentado su declaración pública, pero omitió el anexo reservado correspondiente a los bienes de su pareja, y solo lo entregó cuando el fiscal y el juez comenzaron a exigirlo. Esto abre una duda central: si se trató de un descuido o de una maniobra deliberada para ocultar información sensible.

Además, la causa no se limita a esta propiedad. En su primer año como funcionario, Adorni y su esposa habrían sumado una casa en un country, un departamento en Caballito y una camioneta, lo que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre esos movimientos patrimoniales y los ingresos declarados.

La polémica también salpica al entorno político: surge el interrogante sobre si el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei estaban al tanto de estas inconsistencias. Si lo sabían, el costo es por avalar la situación; si no, expone una preocupante falta de control interno.

Con estos nuevos elementos, el caso deja de ser una simple omisión administrativa y se transforma en un episodio con posibles derivaciones penales, donde el eje ya no es solo qué se declaró, sino por qué se ocultó hasta que la Justicia intervino.

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció por primera vez sobre el caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y dejó una fuerte crítica: “falló en sus explicaciones”.

En un contexto de tensión política y judicial, Francos reconoció que el episodio tuvo un impacto negativo en el Gobierno y apuntó directamente a la comunicación del funcionario. “El vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso empeoró la situación”, sostuvo.

Sus declaraciones reflejan que, a su entender, la defensa de Adorni no solo fue insuficiente, sino que terminó agravando el escenario político.

En cuanto a su futuro, Francos señaló que la continuidad del vocero dependerá del avance de la causa judicial: “Hay que esperar si puede responder a los requerimientos de la Justicia”, explicó.

Por último, remarcó que la decisión final quedará en manos del Presidente, quien actuará una vez que se aclare el panorama: “Va a proceder como corresponde”

En medio de señales crecientes de debilidad económica, el presidente Javier Milei se vio obligado a reconocer públicamente el mal dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, en una admisión que expone el delicado momento que atraviesa su gestión.

Durante su exposición en el AmCham Summit, el mandatario intentó relativizar el impacto del número y prometió que la tendencia “va a bajar”, aunque sus explicaciones dejaron más dudas que certezas sobre el rumbo económico.

Lejos de transmitir solidez, Milei buscó justificar el dato negativo apelando a factores diversos y poco articulados entre sí. “Es importante entender lo que está pasando”, afirmó ante empresarios, pero su diagnóstico incluyó desde supuestos intentos del Congreso por desestabilizar el equilibrio fiscal hasta una “monstruosa caída de la demanda de dinero”, sin terminar de ofrecer una explicación clara de por qué la economía no logra despegar.

El Presidente insistió en pedir “paciencia” y sostuvo que “tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, una frase que refleja más una expectativa basada en la fe que en resultados concretos en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones. Incluso, en un intento por minimizar el dato, llegó a afirmar que “esto no es inflación”, sino un “salto en el nivel de precios”, una distinción técnica que no logra disimular el deterioro del poder adquisitivo.

Para justificar el aumento del IPC, Milei mencionó factores estacionales como la suba de la carne y los precios educativos, además del impacto internacional por conflictos en Medio Oriente sobre el transporte. Sin embargo, estas explicaciones resultaron poco convincentes frente a una inflación que no cede al ritmo prometido por el Gobierno.

Pese a este escenario, el mandatario reiteró que no modificará su estrategia económica. “Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que la inflación se desplome”, aseguró, redoblando la apuesta por una política monetaria restrictiva en un contexto donde la actividad aún no muestra señales firmes de recuperación.

Aunque Milei insistió en que la economía “empezó a rebotar” y que el crédito crece, sus afirmaciones contrastan con la persistente fragilidad de los indicadores y con la necesidad de explicar reiteradamente por qué los resultados no llegan. Así, el Gobierno enfrenta un momento complejo, en el que las expectativas comienzan a tensionarse frente a una realidad económica que no termina de alinearse con las promesas oficiales.