El Gobierno nacional puso en marcha una nueva ofensiva legislativa para profundizar su esquema de incentivos a las grandes empresas. Bajo el nombre de “Súper RIGI”, la administración de Javier Milei busca ampliar los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado el año pasado junto con la Ley Bases. El RIGI no generó un salto en el empleo ni inversiones extranjeras directa, de hecho, Argentina es el país de peor rendimiento en ese aspecto de toda Sudamérica.

La propuesta oficial apunta a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología, los centros de datos y otras actividades de alta tecnología. A cambio de inversiones multimillonarias, las empresas recibirían estabilidad regulatoria por 30 años, ventajas impositivas, beneficios aduaneros y facilidades para operar con divisas.

El inicio del debate parlamentario coincide con una creciente discusión sobre los resultados concretos del RIGI actualmente vigente. Cuando el régimen fue aprobado, el oficialismo aseguró que se transformaría en un motor de inversiones extranjeras y generación de empleo. A casi un año de su puesta en marcha, los números todavía están lejos de mostrar un impacto significativo sobre la economía real.

Si bien se anunciaron proyectos por miles de millones de dólares en sectores como energía, minería e hidrocarburos, buena parte de esas inversiones continúan en etapas preliminares o con cronogramas de ejecución de largo plazo. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa no registró hasta ahora un salto que permita atribuirle un cambio estructural a la economía argentina.

Las dudas también aparecen en materia laboral. De acuerdo con los datos informados por el propio Gobierno, los proyectos aprobados bajo el régimen generarían decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Aunque se trata de una cifra relevante, resulta modesta frente al deterioro del empleo registrado producido durante el último año y frente a las expectativas que acompañaron la sanción de la Ley Bases.

Los sectores críticos del proyecto sostienen que el RIGI terminó convirtiéndose en un esquema de beneficios extraordinarios para grandes corporaciones sin garantías suficientes de desarrollo local. Entre los cuestionamientos más frecuentes aparecen la ausencia de exigencias de integración con proveedores nacionales, la falta de compromisos concretos de generación de empleo y las amplias garantías otorgadas a los inversores durante tres décadas.

En ese marco, el “Súper RIGI” promete reabrir una discusión que atravesó buena parte del debate económico de los últimos meses: hasta qué punto la reducción de impuestos y regulaciones es suficiente para atraer inversiones productivas en un país que continúa enfrentando problemas estructurales vinculados al mercado interno, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad macroeconómica.

Mientras el oficialismo busca acelerar el tratamiento parlamentario de la iniciativa, la oposición prepara una batería de cuestionamientos sobre la eficacia del régimen vigente. La discusión comenzará así con una pregunta de fondo que atraviesa todo el debate: si el RIGI todavía no logró demostrar resultados contundentes en materia de inversiones y empleo, ¿qué justifica avanzar hacia una versión aún más amplia y beneficiosa para las grandes empresas?

La recuperación del consumo no se ve ni en Córdoba la provincia más libertaria del país. El modelo de Javier Milei no arranca. Por el contrario, los números del comercio muestran que la retracción de las compras continúa profundizándose incluso después de la fuerte desaceleración de la inflación.

Según el último informe del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), las ventas minoristas registraron en mayo una caída del 21% en unidades respecto del mismo mes de 2025. La rentabilidad de los comercios, en tanto, cayó un 22% en la misma comparación.

Se trata de una de las bajas más pronunciadas de los últimos meses y refleja las dificultades que atraviesa el mercado interno para recuperarse, aun cuando algunos indicadores macroeconómicos muestran signos de estabilización. 

El relevamiento, realizado en corredores comerciales y centros comerciales de la capital cordobesa, también detectó un deterioro en la comparación mensual. Respecto a abril, las ventas retrocedieron 5% y la rentabilidad cayó 10%. Esto se da en medio de un fuerte aumento del endeudamiento familiar y la suba de los servicios, una doble pinza sobre las cajas de los comercios. Así no se puede.

Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.

Una tercera investigación judicial avanza en los tribunales federales y suma presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la empresaria Bettina Angeletti. Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.

La investigación busca determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de interés o eventuales beneficios derivados de la posición política alcanzada por Adorni. Según documentación incorporada al expediente, tres compañías proveedoras o contratistas de organismos públicos realizaron pagos a +Be, la firma de coaching ontológico impulsada por Angeletti, durante el período de crecimiento político del actual jefe de Gabinete.

Fuentes vinculadas a la causa sostienen que los investigadores ya reunieron documentación sobre contrataciones y desembolsos efectuados por empresas que operan con distintas dependencias estatales. En ese marco, la Justicia analiza si los vínculos comerciales registrados responden a prestaciones efectivamente realizadas o si podrían encuadrarse en figuras penales como negociaciones incompatibles con la función pública o cohecho.

Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, proveedor tecnológico con actividad en organismos estatales como el Banco Central, AYSA y SOFSE. También figura National Shipping, empresa vinculada históricamente a contrataciones de YPF. A ellas se suma Grupo Foggia, productora relacionada con procesos de licitación y explotación de espacios públicos que actualmente son objeto de atención judicial.

Los investigadores consideran que esta línea de investigación podría resultar clave para reconstruir el flujo de ingresos de la empresa vinculada a Angeletti y determinar si existió algún tipo de relación entre esos contratos privados y la creciente influencia política de Adorni dentro del Gobierno nacional.

La causa no se limita a las contrataciones comerciales. Los movimientos patrimoniales de la familia también quedaron bajo observación judicial. Entre los puntos analizados aparecen la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, registrada a nombre de Angeletti, y distintos gastos cuya financiación busca ser reconstruida por los investigadores para establecer si guardan relación con los ingresos declarados por el matrimonio.

De esta manera, la Justicia amplía el foco más allá de la situación personal del jefe de Gabinete y comienza a examinar un entramado más amplio de relaciones empresariales, contratos y movimientos patrimoniales que involucran a su entorno familiar. El resultado de estas pesquisas podría convertirse en un elemento central para definir la evolución de las distintas causas que hoy rodean a uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.

Alertan por el despido de más de 700 personas. “Estamos viviendo momentos de zozobra”, apuntaron.

Yamila Mathon es docente de la UBA y desde hace 21 años trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En diálogo con Radio 750, se refirió a la Marcha de Antorchas prevista para este viernes por la tarde, en contra de los recortes presupuestarios y los más de 700 despidos en el organismo.

“Esta semana fue realmente muy convulsionada”, explicó Mathon en La Mañana de Víctor Hugo Morales. El martes, los trabajadores tomaron conocimiento de un expediente en el que en la nueva estructura del INTI ya no figuran 106 departamentos, lo que resulta en “781 compañeras y compañeros menos”. “Por supuesto, la alerta fue enorme”, señaló.

No obstante, el miércoles la cautelar presentada a la Justicia por ATE Nacional dio sus frutos: a través de un fallo judicial se suspendió la Resolución 42/26 del Ejecutivo, que disponía el despido de los más de 700 empleados y el cese de más de 900 servicios, lo que significaba el virtual desmantelamiento del organismo. La medida fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín. Esto tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación.

“Este Gobierno no se caracteriza por cumplir la ley. El Presupuesto Universitario es un claro ejemplo de una cautelar que lo obliga a cumplir con la parte más importante de la ley, que ya fue votada más de cuatro veces en las cámaras, pero no la cumple. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a confiar en que van a cumplir con esta cautelar? Una cautelar, por supuesto, que vamos a defender con uñas y dientes”, aseguró.

Por esta razón, Mathon y otros compañeros se reunirán este viernes con el titular del INTI, Miguel Ángel Romero, y otras autoridades “para saber qué van a hacer con esta cautelar”. “Nosotros nos vamos a asegurar de que efectivamente sea así, porque no podemos confiar en cuestiones de palabra”, enfatizó.

Pero, más allá de estas acciones concretas, este viernes los trabajadores convocaron a una marcha y una vigilia de antorchas en la sede central del INTI, ubicada sobre avenida General Paz, en Buenos Aires. La concentración comenzará a las 16 horas y la marcha está prevista para las 18:30.

“Vamos a cerrar esta semana con una vigilia y una marcha de antorchas, justamente para mostrarle a la sociedad nuestra defensa irrestricta de esta medida del instituto. Necesitamos una respuesta contundente”, sostuvo.

“El expediente sigue avanzando a pesar de la cautelar. Hay compañeros que saben y pueden ver con sus propios ojos que sus sectores no están más vigentes, que las líneas de trabajo no van a seguir y que sus nombres penden de un hilo de que hoy digan que sí, mañana digan que no. Estamos viviendo momentos de zozobra”, agregó.

“Convocamos a la marcha a los vecinos, por supuesto a la comunidad educativa, los organismos de ciencia y técnica, los sindicatos, representantes políticos y los medios de comunicación. Porque si algo tenemos muy en claro los organismos de ciencia y técnica es que este gobierno es el oscurantismo, y nosotros justamente lo que queremos hacer es echar luz. Lo vamos a hacer de manera simbólica, visible hoy con nuestras velas y nuestras antorchas, dándole un mensaje contundente al gobierno. Creemos que el INTI es un lugar donde se pueden sumar todas las luchas, todo el malestar que está teniendo la sociedad, en un lugar y en un punto contundente como elINTI”, concluyó.

Una encuesta de Management & Fit sostiene que la imagen negativa de Javier Milei creció seis puntos en mayo y la desaprobación de la gestión nacional subió cuatro puntos, ubicándose ambos datos en techos históricos.

El sondeo contradice a la medición de la brasileña Atlas Intel, que en mayo registró una baja de 5 puntos en el rechazo al presidente. De todos modos ambas ubican la negatividad respecto a la imagen de Milei por encima de los 50 puntos.

El caso Adorni sigue siendo un lastre para Milei. La imagen negativa del vocero subió otros nueve puntos y se ubica en 63,2 por ciento, superando por un punto y medio a la de Karina. El contador de la UADE tiene una positiva del 16%, superando a la hermana presidencial que mide 14,3%.

En marzo, el polémico INDEC registró un crecimiento del 5,5% anual y 3,5% mensual. El dato del tercer mes se debió al impulso de una cosecha extraordinaria. A la espera del próximo informe del INDEC, datos privados y oficiales indican que en abril la actividad se habría planchado nuevamente.

“En términos generales hay un enfriamiento. El ritmo de marzo fue puntual, traccionado por el agro. Hay posibilidad de que la actividad de abril esté un punto abajo o que dé cero”, explicó un economista.

“Para que haya mejora general de la actividad, tiene que mejorar el poder de compra de los salarios”, aseguró la fuente. La economía mileista solo crece en sectores muy particulares vinculados al extractivismo, sea campo, energía y minería. El resto de los sectores están paralizados o a la baja. Y son los sectores que generan más empleo.

“La tiene que presentar”, lanzó el diputado del PRO, intentando marcarle la cancha al vocero presidencial en medio de la creciente discusión por la transparencia de los funcionarios.

En una declaración que generó sorpresa y fuertes críticas, Cristian Ritondo salió a exigirle públicamente a Manuel Adorni que presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, lanzó el diputado del PRO, intentando marcarle la cancha al vocero presidencial en medio de la creciente discusión por la transparencia de los funcionarios.

Sin embargo, las palabras de Ritondo rápidamente quedaron bajo la lupa por una razón incómoda: el propio dirigente arrastra cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y nunca terminó de dar explicaciones convincentes sobre sus bienes y propiedades.

La escena llamó la atención incluso dentro del arco político, ya que Ritondo eligió apuntar contra otro funcionario mientras todavía persisten interrogantes sobre su situación patrimonial, que en distintas oportunidades fue objeto de investigaciones periodísticas y pedidos de aclaración pública.

Pese a ese historial, el diputado insistió en reclamar transparencia ajena y sostuvo que “todos los funcionarios tienen que rendir cuentas”. Las declaraciones reavivaron el debate sobre la doble vara en la política y dejaron expuesta la contradicción de dirigentes que exigen controles hacia otros, pero evitan responder sobre sus propios bienes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, en medio del escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Javier Milei y que tiene bajo fuerte presión política al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las observaciones forman parte del informe técnico presentado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, mediante la cual el organismo habilitó un desembolso de US$1.000 millones. Sin embargo, junto con el respaldo financiero, el staff técnico del Fondo incluyó severas advertencias sobre transparencia estatal, control patrimonial, conflictos de interés e independencia judicial.

El capítulo más sensible aparece en el apartado titulado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (Evaluación de los marcos de gobernanza económica y lucha contra la corrupción), donde el FMI señala que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”.

En particular, el organismo apuntó contra el sistema argentino de declaraciones juradas patrimoniales. Según el documento, “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

La referencia adquirió una inmediata dimensión política debido a la situación de Manuel Adorni, cuya declaración jurada patrimonial todavía no fue presentada formalmente ante la Oficina Anticorrupción. Aunque el vencimiento original estaba previsto para el 30 de mayo, el Gobierno decidió extender el plazo hasta el 31 de julio.

El FMI también cuestionó con dureza los mecanismos de prevención de incompatibilidades dentro del Estado. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, sostuvo el reporte técnico.

Para el organismo internacional, la combinación entre declaraciones patrimoniales con escasa transparencia y controles débiles sobre posibles incompatibilidades representa uno de los principales problemas institucionales de la Argentina actual.

Las críticas no se limitaron al Poder Ejecutivo. El informe también incluyó observaciones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. “La percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, advirtió el staff técnico.

Además, el Fondo remarcó que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”, una formulación inusualmente dura para el lenguaje diplomático habitual del organismo.

Según el FMI, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y mejorar los mecanismos de transparencia judicial para garantizar investigaciones sin interferencias políticas.

Las observaciones del organismo internacional llegan en un momento especialmente delicado para la Casa Rosada, atravesada por denuncias, cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y crecientes sospechas de conflictos de interés que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.

La provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión, en una investigación iniciada de oficio por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

La principal fintech argentina deberá ahora presentar un descargo formal y proponer modificaciones sobre los puntos observados. De no hacerlo, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.

La medida fue impulsada por la cartera encabezada por Augusto Costa, luego de una fiscalización sobre los instrumentos contractuales publicados por la empresa fundada por Marcos Galperin. Según informó el Gobierno bonaerense, se detectaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

La investigación incluyó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”, además de los términos y condiciones vinculados a préstamos personales, compras financiadas y servicios de Mercado Pago.

Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron además que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en la provincia, con 2.396 denuncias individuales registradas durante el primer cuatrimestre del año.

Qué cláusulas fueron cuestionadas

Según el informe oficial, las cláusulas observadas generarían un “desequilibrio entre derechos y obligaciones” en perjuicio de los usuarios, en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Entre los principales puntos cuestionados aparecen:

• Falta de precisión en el cobro de tarifas.
• Modificaciones contractuales aceptadas automáticamente.
• Traslado de responsabilidad al usuario por uso indebido de cuentas.
• Mecanismos de compensación entre cuentas.
• Limitaciones de responsabilidad de la empresa ante fallas técnicas.
• Débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato.
• Vencimientos automáticos por incumplimientos futuros no determinados.
• Cláusulas de jurisdicción exclusiva que podrían perjudicar a consumidores.

Mercado Libre tendrá cinco días hábiles para responder la imputación, acreditar domicilio y presentar una propuesta de adecuación o eliminación de las cláusulas observadas. Si la empresa acepta realizar modificaciones, el expediente administrativo podría cerrarse sin sanciones.

La disputa con bancos y Modo

La imputación provincial ocurre además en medio de la creciente tensión entre Mercado Libre y el sistema bancario tradicional. En paralelo, la fintech enfrenta un sumario abierto por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), tras una denuncia presentada por Modo, la billetera digital impulsada por más de 30 bancos.

Modo acusó a Mercado Libre de aplicar prácticas anticompetitivas, entre ellas exigir el uso exclusivo de Mercado Pago para operar dentro de su marketplace y restringir el uso de otras billeteras digitales en pagos dentro de la plataforma.

A su vez, Mercado Libre respondió con una contradenuncia en la que acusó a Modo y a las entidades bancarias de intentar limitar el crecimiento del ecosistema fintech y restringir la competencia en medios de pago digitales.

En su último informe técnico, el Fondo plantea “alinear” el régimen simplificado con el general para recaudar cerca de un punto del PBI. El problema: desde diciembre de 2023 se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían 290 mil empleos registrados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) deslizó en las últimas horas una serie de exigencias al Gobierno nacional en el marco del acuerdo vigente. Entre ellas se destaca el reclamo por modificaciones al Monotributo: el organismo sostiene que el esquema actual genera una carga “mucho menor” que la del régimen general, lo que desalienta el crecimiento de pequeñas empresas, favorece la fragmentación de actividades y limita la capacidad recaudatoria del Estado.

La propuesta figura en el documento “Argentina: Selected Issues”, incorporado al staff report del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei. En ese texto, el FMI calificó al sistema impositivo argentino como “complejo, altamente distorsivo e inestable” y planteó la necesidad de una reforma integral que amplíe la base tributaria y elimine exenciones fiscales.

La recomendación central apunta a un “alineamiento” gradual entre ambos regímenes, lo que en la práctica podría traducirse en cuotas más altas y mayores cargas para quienes hoy tributan bajo el Monotributo. Según las estimaciones del Fondo, una modificación de ese esquema aportaría alrededor de un punto del PBI en ingresos adicionales.

Sin embargo, el timing de la exigencia no puede pasarse por alto. De acuerdo con datos del SIPA, desde la asunción de Milei se sumaron más de 172 mil monotributistas mientras se perdían cerca de 290 mil puestos asalariados registrados. El cuentapropismo creció, en buena medida, como salida frente al deterioro del empleo formal. Ahora, el FMI le pide al gobierno que encarezca esa misma válvula de escape.