Mientras el Gobierno sostiene un discurso enfático contra “la casta”, los privilegios y los vínculos entre política y negocios, un nuevo contrato estatal vuelve a poner en tensión esa narrativa con los hechos concretos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalentes a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020 y, según consta en el expediente oficial, fue quien preparó la propuesta presentada al Ministerio. La contratación se realizó bajo la figura de Adjudicación Simple por Especialidad y, debido al vínculo matrimonial con un ministro nacional, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó asentado que la Declaración Jurada de Intereses arrojó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un integrante del gabinete nacional. La OA encuadró formalmente la relación como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet. Como “mecanismo adicional de transparencia”, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI.

Números polémicos

Sin embargo, más allá del cumplimiento formal de los pasos administrativos, los números también alimentan la controversia. El contrato prevé 594 horas presenciales de capacitación entre marzo y noviembre, lo que implica un costo de $191.993 por hora cátedra.

Al compararlo con valores oficiales de referencia, las diferencias son significativas:

• Una “Hora cátedra sin antigüedad” se abona actualmente $43.800,36, lo que implica que Cancillería pagará $148.193 adicionales por hora (un 338% más).
• Incluso frente a una “Hora cátedra con mayor antigüedad”, valuada en $64.289,67, la diferencia asciende a $127.703 por hora (198% por encima del salario tope docente).

La adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

Además, el portal oficial registra una contratación previa entre Cancillería y la AACI en 2024 por $55.388.180 para un curso de capacitación, lo que refuerza la continuidad del vínculo contractual entre el Ministerio y la institución dirigida por la esposa del ministro.

En el plano político, la senadora nacional Juliana di Tullio anunció que denunciará en Comodoro Py tanto a Sturzenegger como a Rouillet por considerar “irregular” la contratación.

El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa. Sin embargo, al momento de la apertura se registró una única oferta: la de la propia entidad dirigida por Rouillet.

Así, aunque el procedimiento incluyó controles formales y la firma de un Pacto de Integridad, la adjudicación expone una tensión evidente entre el discurso oficial de combate a los privilegios y la decisión de otorgar un contrato millonario a una institución conducida por la esposa de un ministro clave del gabinete. El contraste entre la retórica contra la “casta” y las prácticas de contratación pública vuelve a quedar bajo escrutinio.

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró al 2,4% en las últimas cuatro semanas. El principal impulso provino de las subas en carnes, producto que también lideró los aumentos de la segunda semana de febrero. Se empieza a comprender el por qué de la manipulación del INDEC de Javier Milei.

La consultora LCG reportó que en los segundos siete días del mes en curso el precio de los alimentos creció 1%. Si bien hubo una desaceleración respecto de la semana previa (+2,5%), se trató de la segunda cifra más alta desde noviembre.

Desde abril del año pasado, la inflación no para de subir cada mes y en enero de este año terminó en casi 3%. Además, el gobierno libertario decidió no cambiar la metodología del INDEC porque sabía que el descontrol de precios podía ser todavía peor. Según trascendió, la inflación mensual real está subiendo al 3,5% mensual.

El INDEC informó que en diciembre la utilización de la capacidad manufacturera se ubicó en 53,8%, reflejando un deterioro tanto mensual como interanual. Es el peor número en 21 meses y se emparenta con lo sucedido en pandemia, cuando había restricciones para la circulación de personas. 

Según del organismo público, el dato implica una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, cuando el indicador había marcado 56,7%, y confirma que casi la mitad de la capacidad industrial permaneció ociosa al cierre del año. Los datos hablan del modelo de Javier Milei que no tiene a la industria nacional en el centro de su política económica. 

Entre los sectores con mayor nivel de utilización se destacaron refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). En este último rubro, el buen desempeño estuvo traccionado por un incremento de 11,9% interanual en la producción de acero crudo, según informó la Cámara Argentina del Acero.

En el otro extremo, la industria automotriz operó apenas al 31,2% de su capacidad; caucho y plástico al 33,4%; textiles al 35,2%; y metalmecánica —excluida la automotriz— al 38,9%. En metalmecánica pesó especialmente la fuerte caída en la producción de electrodomésticos (-43% interanual) y maquinaria agropecuaria (-22,9%), mientras que en caucho y plástico se destacó el desplome de neumáticos (-57,3%).

El dato, informado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), confirma una tendencia de deterioro sostenido que ya no puede explicarse solo por cambios culturales en la dieta, sino por una combinación de menor producción, precios en alza y una oferta interna cada vez más restringida.

Según la entidad, la producción de carne vacuna alcanzó en enero las 239 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una contracción interanual del 10% (-26,6 mil toneladas), producto de un muy bajo nivel de faena. En paralelo, las exportaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios: 57 mil toneladas res con hueso, apenas 1% más que en enero de 2025. En términos absolutos, fueron 560 toneladas más que un año atrás.

En este contexto, el consumo aparente en el mercado interno se desplomó 13% interanual, lo que equivale a 27,1 mil toneladas menos disponibles para los hogares argentinos. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó también en 47,9 kilos por habitante al año, 0,5% por debajo del promedio registrado un año atrás, consolidando el piso más bajo en dos décadas.

El retroceso del consumo coincidió además con nuevas subas de precios. En enero, cuatro de los cinco cortes relevados por el INDEC aumentaron por encima de la inflación mensual (2,8%): el asado subió 5,6%; el cuadril y la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1%. Solo la paleta quedó levemente por debajo, con un 2,6%. Es decir, en un escenario de ingresos erosionados, la carne volvió a encarecerse por encima del promedio general de precios.

Desde CICCRA explicaron que el bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna responde a una tendencia que se arrastra desde hace años. La faena de enero de 2026 ocupó el puesto 36 entre los últimos 47 eneros, un indicador elocuente del enfriamiento del sector. En total, se faenaron 1,014 millones de cabezas, 11,8% menos que en enero de 2025 y 16,1% por debajo del mes previo, ajustado por días laborables.

Las causas productivas también pesan: la fuerte sequía entre 2021/22 y 2023/24 y las inundaciones de 2024 y 2025 generaron ventas anticipadas de hacienda, reducción de existencias y deterioro del índice de preñez, con menores zafras de terneros. El resultado fue una tendencia contractiva de la faena durante los últimos dos años, con 20 bajas interanuales consecutivas.

Sin embargo, mientras la producción se retrae, las exportaciones se sostienen. En un escenario de menor oferta, esa decisión impacta directamente sobre el mercado interno, que absorbe el ajuste vía menor consumo y mayores precios. Así, la caída en el consumo per cápita no solo refleja problemas productivos o climáticos, sino también una estructura de prioridades donde el mercado externo mantiene su dinamismo mientras la mesa de los argentinos pierde protagonismo.

Detrás del dato oficial del INDEC se esconde una dinámica más profunda: el mercado laboral argentino terminó el año con una erosión generalizada en la capacidad de compra, que golpeó con mayor fuerza en el tramo final.

Según el organismo estadístico, los salarios registrados —tanto públicos como privados— aumentaron 28,8% en términos nominales, pero quedaron claramente rezagados frente a una inflación acumulada del 31,5%. El resultado fue una pérdida interanual del 2,1% real. Sin embargo, el impacto no fue homogéneo a lo largo del año: la mayor parte del deterioro se concentró en el último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se contrajo un 2,5%. Solo en diciembre, los sueldos subieron 2%, mientras que el IPC marcó 2,8%, ampliando la brecha y profundizando la caída.

Como advirtió el economista Gabriel Caamaño, los ingresos del sector privado se retrotrajeron “a niveles de septiembre-octubre de 2024”, confirmando que la recuperación previa fue frágil y terminó diluyéndose ante el nuevo impulso inflacionario.

Un ajuste desigual: el Estado como principal variable

La fragmentación del impacto expone con claridad el peso del ajuste sobre el empleo público. En diciembre, los salarios estatales apenas aumentaron 1% nominal, lo que implicó una pérdida real mensual del 1,8%, convirtiendo al sector en el más castigado. En contraste, el sector privado registrado tuvo un incremento del 2,5% nominal y una caída real más acotada, del 0,3%.

La brecha se vuelve aún más significativa si se toma como punto de partida noviembre de 2023. Desde entonces, el salario real del sector público acumula un desplome del 17,03%, mientras que el sector privado registrado muestra una caída mucho menor, del 1,55%. El ajuste, así, no solo es profundo sino también selectivo.

La inercia inflacionaria y el desfase paritario

La aceleración de precios hacia fines de 2025 dejó en evidencia el desfasaje estructural de los acuerdos salariales. El sociólogo Daniel Schteingart explicó que los salarios suelen actualizarse en función de la inflación pasada, que en contextos de aceleración resulta inferior a la inflación corriente. “Por ese motivo caen los salarios reales. También cuando se desaceleran los precios suele ocurrir lo inverso”, señaló.

Esa “brecha de inercia” ayuda a entender por qué, pese a que durante buena parte de 2024 los salarios habían logrado cierta recomposición, el salto inflacionario de fines de 2023 y la devaluación inicial continúan condicionando la comparación histórica. Medido desde noviembre de 2023, el universo registrado todavía exhibe una caída real acumulada del 7,1%.

La controversia del IPC y el costo real de vida

A la pérdida efectiva de poder adquisitivo se suma una discusión metodológica que alimenta la percepción social de un deterioro mayor al que reflejan las cifras oficiales. La decisión de mantener el IPC con base 2004/05, en lugar de publicar el índice actualizado con la canasta 2017/18 (ENGHo), generó fuertes cuestionamientos técnicos e incluso derivó en la salida de Marco Lavagna del INDEC.

Especialistas advierten que la canasta actualizada otorgaría mayor ponderación a los servicios —particularmente afectados por aumentos tarifarios—, lo que elevaría la inflación medida y, por lo tanto, profundizaría la caída real de los salarios. Según la consultora Vectorial, con esa metodología la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 sería mucho más severa: el sector público habría retrocedido un 22,6% (en lugar del 17%) y el privado un 8,1% (frente al 1,55% oficial).

En palabras del economista Pablo Ferrari: “Es necesario aclarar que esta pérdida de salario real sería mayor si el Gobierno no hubiera decidido continuar la estimación de la inflación minorista con el IPC de 2004/05”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la reforma laboral aprobada en el Senado y justificó los cambios en las licencias por enfermedad con un polémico argumento. “Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, lanzó, en referencia al nuevo esquema que reduce el salario durante determinadas ausencias. 

En diálogo con radio Mitre, el funcionario celebró la media sanción obtenida con 42 votos durante una sesión que calificó como “histórica”. “Vamos a ver en detalle cómo se cambia la vida de los argentinos y cómo cambia este problema que tenemos, que la mitad de los trabajadores son informales y que hace una década que no se crea trabajo formal”, sostuvo.

En esa línea, se explayó: “El monto de las indemnizaciones, que es un mes por cada año trabajado, no se toca, sino que en los juicios se incrementaba significativamente. Tenías que actualizar el monto y los jueces fallan como si hubieses invertido en Bitcoin”. También explicó que los peritos dejarán de cobrar un porcentaje de la sentencia y pasarán a percibir honorarios por tarea realizada.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo fue visto a los besos con una mujer en París, Francia, lugar al que supuestamente fue para promocionar el vino de su provincia. Pero no todo es trabajo, por lo que parece. Luego, denunció que le armaron un video con inteligencia artificial.

Según trascendió, Cornejo denunció a las cuentas Mandril mendocino y Orko polentero, entre otras, por la difusión del video en el que aparece una persona idéntica a él tomando unos tragos en un restó chic.

El gobernador estuvo esta semana en París promocionando la vitivinicultura mendocina y por eso denunció que el Mandril y el Orko Polentero tergiversaron los hechos. Por eso aclaró que “el video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado”. “No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada”, dijo el radical.

En medio del debate por la reforma laboral, un informe del propio Ministerio de Capital Humano encendió todas las alarmas: en apenas seis meses se perdieron 86.000 puestos de trabajo asalariados registrados y la tasa de despidos sin causa alcanzó en noviembre su nivel más alto en un año.

Los datos surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y muestran que el empleo asalariado registrado cayó 0,2% en noviembre de 2025 respecto del mes anterior. La contracción no fue aislada: se verificó tanto en el sector privado (-0,2%) como en el sector público (-0,4%). Solo el trabajo en casas particulares mostró una variación mensual positiva (+0,6%), aunque en la comparación interanual también exhibe retrocesos.

En el sector privado, el empleo asalariado alcanzó los 6,189 millones de personas, con una baja de 13.100 trabajadores en un solo mes. Pero el dato más preocupante es la tendencia: entre junio y noviembre de 2025 se registraron variaciones mensuales negativas consecutivas, acumulando una pérdida total de 86.000 empleos formales.

Si la comparación es interanual, el deterioro resulta aún más evidente. El empleo asalariado cayó 1,1% frente a noviembre de 2024, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos. La reducción abarcó a todas las categorías: el sector privado perdió 78.800 puestos (-1,3%), el trabajo en casas particulares cayó en 5.200 empleos (-1,2%) y el sector público se redujo en 30.900 cargos (-0,9%).

El trabajo independiente tampoco muestra señales sólidas de recuperación. En términos interanuales, el conjunto de trabajadores independientes se contrajo 10,2%, con 320.600 personas menos. Si bien el monotributo creció 4,2% (88.600 personas más), la caída del 61,9% en los monotributistas sociales —atribuida a cambios normativos específicos— fue determinante en el resultado general. Los autónomos, por su parte, retrocedieron 1,2%.

En paralelo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) reveló que la incidencia de despidos sin causa en el sector privado alcanzó en noviembre 0,8 cada 100 trabajadores, el valor más alto de los últimos doce meses. En términos interanuales, el indicador creció 60% respecto de diciembre de 2024, igualando los niveles de 2023 y retornando a los registros previos a la pandemia.

Aunque el informe señala que la remuneración nominal bruta promedio fue de $1.836.177 en noviembre, con un incremento interanual del 30,1%, el dato salarial queda relativizado frente al contexto de pérdida de empleo y mayor conflictividad laboral.

El panorama que dibuja el propio Gobierno es el de un mercado laboral formal en retroceso, con caída sostenida del empleo registrado y aumento de despidos en plena discusión de cambios estructurales en la legislación laboral. Más allá del discurso oficial, los números exponen una realidad que difícilmente pueda minimizarse.

La falta de pagos y la negativa a actualizar aranceles derivaron en la suspensión progresiva de prestaciones médicas en al menos cuatro provincias, mientras otras se mantienen en estado de alerta y podrían sumarse en las próximas horas.

Clínicas y sanatorios —principalmente en la Patagonia y el centro del país— confirmaron que comenzaron a restringir la atención a afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Aunque oficialmente no se trata de un “cierre total”, el impacto es profundo: miles de jubilados ya no pueden acceder a consultas en consultorios externos, cirugías programadas ni estudios ambulatorios.

Las urgencias y emergencias continúan atendiéndose bajo criterio médico, pero el recorte en la atención regular instala un escenario alarmante: controles postergados, tratamientos interrumpidos y diagnósticos demorados para una población que depende casi exclusivamente del PAMI para sostener su salud.

Provincias afectadas: la mecha ya está encendida

La medida de fuerza impacta con fuerza en:

• La Pampa, donde clínicas dejaron de atender consultorios y cirugías programadas.
• Neuquén, Río Negro y Chubut, que se sumaron al corte tras no recibir transferencias adeudadas.
• Córdoba, donde ACLISA declaró el estado de alerta por demoras en los pagos.

En la Patagonia, cerca de 30 sanatorios enviaron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, exigiendo respuestas urgentes. Advirtieron que, si no hay convocatoria a una mesa técnica y soluciones concretas en las próximas horas, la suspensión “progresiva” podría transformarse en un corte total de servicios.

En Río Negro ya son 15 los establecimientos que suspendieron prestaciones, entre ellos el Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Roca, Clínica Viedma y Sanatorio Juan XXIII, entre otros. En Neuquén, la medida alcanza a ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. La lista crece y el temor es que el conflicto se expanda a otras jurisdicciones.

Deudas millonarias y sistema al borde del colapso

Los prestadores describen un panorama crítico:

• Deuda millonaria: solo en Neuquén se reportan compromisos impagos que superan los $1.000 millones.
• Atraso salarial: los pagos del PAMI representan hasta el 50% de los ingresos de muchas clínicas. Sin esos fondos, se demoran sueldos y se tensiona toda la estructura sanitaria.
• Aranceles congelados: los valores que paga la obra social quedaron muy por debajo de la inflación y de los costos reales, lo que vuelve inviable la prestación.

El conflicto ya no es solo financiero: es estructural. Las clínicas advierten que trabajan a pérdida y que el sistema se sostiene con parches mientras se acumulan deudas.

La respuesta oficial: auditorías y promesas

Desde el PAMI sostienen que los retrasos responden a auditorías internas para detectar irregularidades en facturaciones anteriores y “sanear las cuentas”. También aseguran que la atención “está garantizada” y que existen mesas de diálogo abiertas con las cámaras prestadoras.

Sin embargo, las transferencias parciales liberadas hasta ahora son consideradas insuficientes por los sanatorios, que aseguran que no cubren ni una fracción significativa de la deuda acumulada.

Este miércoles se realizará una reunión clave entre la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA) y autoridades nacionales del organismo. De ese encuentro dependerá si la medida se desactiva o si el conflicto escala hacia provincias de peso como Buenos Aires o Santa Fe.

Jubilados en el medio de la disputa

En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo y aumento del costo de vida, la interrupción de prestaciones médicas agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores. La incertidumbre crece y la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede tensarse el sistema antes de que el impacto sea irreversible?

La crisis del PAMI ya no es una discusión administrativa. Es una emergencia sanitaria en desarrollo.

Luego de una extensa sesión en la Cámara Alta, donde el Gobierno logró la media sanción del proyecto de reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, ahora la iniciativa avanza hacia la Cámara de Diputados para continuar su discusión parlamentaria.

El Senado de la Nación le dio este jueves media sanción a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un debate que se extendió por más de 12 horas y terminó con el respaldo mayoritario del oficialismo y bloques aliados. Con 42 votos afirmativos frente a 30 negativos, la iniciativa fue aprobada en general y será girada a la Cámara de Diputados para que los diputados inicien su tratamiento.

La sesión en el Senado comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se extendió hasta la madrugada, en medio de intensos cruces políticos y presencia de dirigentes del Gobierno en las galerías del recinto. La votación incluyó más de veinte modificaciones respecto al texto original presentado por el Ejecutivo, incorporadas como parte de las negociaciones previas para reunir los apoyos necesarios.

Frente al Congreso y en distintos puntos del país se vivieron manifestaciones en rechazo a la reforma, con sectores sindicales, organizaciones sociales y filas opositoras que cuestionan la iniciativa por considerar que implica retrocesos en derechos laborales y una flexibilización excesiva de las condiciones de trabajo.

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto de reforma laboral seguirá ahora su camino legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo —que cuenta con la primera minoría— buscará avanzar en el debate y la eventual aprobación definitiva de la ley. El tratamiento en Diputados será clave para determinar si la iniciativa se convierte finalmente en norma y qué modificaciones, si las hubiera, se realizan antes de su sanción.

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Gobierno en el inicio del año legislativo, bajo un contexto de tensiones políticas y sociales debido al alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral, el impacto en derechos adquiridos y las dificultades de representación sindical frente a las nuevas reglas previstas en el texto.