El convenio establece que los ajustes de los precios de esos medicamentos que la obra social compra estén por debajo de los incrementos de otras subas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) garantizará en el 2023 el acceso a medicamentos gratuitos y al conjunto de los tratamientos habituales para las más de 5 millones de personas afiliadas a partir de un acuerdo alcanzado con entidades farmacéuticas y laboratorios nacionales e internacionales, informó la entidad.

El convenio establece que los ajustes de los precios a los que PAMI adquiere los medicamentos que dispensa gratuitamente estén por debajo de los incrementos de las principales variables macroeconómicas, informó el PAMI mediante un comunicado.

Esto “permite garantizar la continuidad del ahorro mensual promedio de los afiliados del Instituto, que este mes alcanzó los 8.500 pesos por jubilado”, resaltó la obra social.

En este sentido, PAMI informó que los acuerdos con el sector farmacéutico desde la gestión de Luana Volnovich permitieron que, frente a una variación de precios del 280%, los precios de los medicamentos que adquiere la obra social aumentaran 167%, lo que implicó un ahorro del 113% en 3 años.

Además, el acuerdo estipula la reducción de los tiempos de entrega de medicamentos oncológicos y de tratamientos especiales, al tiempo que incorpora un nuevo servicio para 2 millones de afiliados que realizan tratamientos hipertensivos.

Este servicio se brinda en el marco de la campaña de PAMI “Prevenir es Salud” e implica que las y los afiliados podrán controlarse la presión arterial de forma gratuita en las farmacias en las que habitualmente retiran sus medicamentos.

El convenio fue rubricado en la sede central de la obra social entre el Instituto, las tres cámaras que representan a la industria farmacéutica –Cilfa, Caeme y Cooperala– y las cinco cámaras que nuclean a las entidades farmacéuticas COFA, Facaf, Fefara, Afmsra y Farmasur.

Economía.

El ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, trabaja a contra reloj para terminar de definir la letra del proyecto de ley con el que buscará compensar el costo fiscal que le implica al Tesoro el fallo de la Corte Suprema en favor de Horacio Rodríguez Larreta.

Según trascendió, el Ejecutivo baraja dos mecanismos tributarios. Por un lado, nacionalizar uno de los impuestos que el jefe de Gobierno porteño creó tras la medida de Alberto Fernández que acotó el exceso de coparticipación que Mauricio Macri le había otorgado a la CABA: el que se les cobra a los bancos por los intereses que perciben por las Leliq (con una alícuota del 8% en concepto de ingresos brutos), que se aplicaría de forma temporal.

Por otro, una suba de la tasa que paga el juego online (hoy es del 2,5% para residentes argentinos y de hasta 15% para habitantes de países de baja tributación).

El fallo de la Corte, que benefició al distrito más rico del país con 200 mil millones de pesos extra, implicará nuevos impuestos.

Lo había pedido CFK.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.

La vicepresidenta pidió la detención de Jonathan Morel, Sosa y Guerra, integrantes de Revolución Federal, por medio de sus abogados. “De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario. El dinero se encontró y el sicario está preso”, afirmó la expresidenta.

El juez Martínez de Giorgi no dio lugar al pedido y resolvió: “En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”.

Revolución Federal no es una organización de ultraderecha cualquiera. Tiene vínculos con la familia Caputo, íntimamente vinculada a Mauricio Macri. Se sabe que fue una empresa de esa familia la que le pagó Morel una suma millonaria para “hacer muebles”. Morel tiene una pequeña carpintería y casi no sabe del oficio. ¿Por qué empresarios grandes lo contratarían? Nadie contesta. ¿Esa plata iría para financiar tareas “militantes” de la organización?

Así lo aseguró el mandatario en una entrevista.

El presidente Alberto Fernández renovó sus críticas a la Corte Suprema por la medida cautelar dictada a favor de Horacio Rodríguez Larreta y advirtió que el máximo tribunal “perdió todo criterio de Justicia”. Además, vaticinó una victoria electoral del Frente de Todos (FdT) en 2023 porque, dijo, “ningún pueblo se suicida”.

En una entrevista con Gustavo Sylvestre para Minuto Uno del canal C5N, el mandatario consideró que la Corte Suprema “perdió todo criterio de Justicia”.

“La Corte beneficia a un sector de la política argentina. Este sistema les sirve a ellos, estigmatiza personas, las condena injustamente“, evaluó.

Al hacer referencia al proyecto oficial de reforma del máximo tribunal, expresó: “Yo tenía una idea más atractiva de federalizar la Corte con 25 miembros, para garantizar que todo el país estuviera representado. Pero si sigue haciendo las barrabasadas que hace, no es un problema de número de miembros sino de Estado de derecho“.

También aclaró que la “solución” que tiene para cumplir con la medida cautelar de la Corte Suprema es “pedirle al Congreso que le amplíe el Presupuesto, que le diga de dónde saca los recursos o si pone impuestos nuevos, si paga menos Tarjeta Alimentar o menos AUH” .

“La única forma es con un remanente del Presupuesto que se puede afectar al cumplimiento de lo que la Corte pide, para que vean mi buena voluntad de no levantarme contra el Poder Judicial”, insistió.

Por otro lado, ratificó la realización de las PASO y alentó a que “se presenten los que se quieran presentar”, además de vaticinar una victoria del FdT porque, dijo, “los pueblos no se suicidan”.

“Mi primera preocupación es que el FdT gane las elecciones. Mi preocupación no es la reelección. El FdT va a ganar. Están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como gobierno y están empezando a darse cuenta de que somos un gran pueblo“, remarcó el mandatario.

“Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino”, escribió la Vicepresidenta en sus redes sociales tras el anuncio realizado por organismo que preside Estela de Carlotto.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró este miércoles la restitución de la identidad tarde Abuelas de Plaza de Mayo.

“Las Abuelas lo hicieron de nuevo! Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino, el nieto 132 en su cuenta de Twitter.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció este miércoles la restitución de la idllamado Juan, hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán.
Según se explicó, el hombre aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto recuperado participó desde Tucumán vía Zoom.

Además, reiteró a la Justicia su pedido de unificación de las causas judiciales que investiga a la agrupación ligada a Luis Caputo con la que se sigue por el atentado.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló que los abogados que la representan pidieron nuevas medidas de prueba y la detención de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal.

También volvió a pedir a la Justicia la unificación de las causas judiciales que los investigan con la que se sigue por el atentado contra su vida cometido el pasado 1 de septiembre.

A continuación, la expresidenta se preguntó: “¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”.

Según precisa el escrito presentado este miércoles, “el pasado 19 de diciembre, fueron cargados al sistema una serie de informes realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta prueba, sumada a otra producida tanto en esta causa como en la CFP 2998/2022, obliga a profundizar ciertas líneas de investigación”.

“Al leer los informes realizados por la PSA sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”, agrega la presentación.

La IGJ comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias.

Trascendió que el diputado de Juntos por el Cambio y mano derecha de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, se encuentra involucrado en un hecho grave de corrupción relacionado con las denominadas “Sociedades pantallas”.

Este martes por la tarde, un juez nacional del fuero comercial decretó la intervención en grado de veeduría de la sociedad de acciones simplificada Salvattore Group, una firma creada por dos asesores del legislador a la cual la Inspección General de Justicia (IGJ) le detectó una decena de supuestas irregularidades que motivaron una presentación judicial.

La intervención fue dispuesta por el juez nacional en lo Comercial Daniel Frick, quien nombró para esa función a la abogada Anahí Cordero, a quien le asignó la tarea de producir “un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group S. A. S. durante un término de seis meses, contado desde la aceptación del cargo”.

La empresa había quedado en la mira de la IGJ luego de ser mencionada en distintos medios de comunicación como una “sociedad pantalla” que pudo haber sido creada para movilizar, a ­través de testaferros, dinero del ­diputado Milman, que este no podría justificar.

En noviembre de este año, la IGJ inició un expediente administrativo “debido al hecho de trascendencia pública sucedido el 1º de septiembre con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación y, posteriormente, por la posible relación –que también tomó estado público– de algunas actuaciones del diputado nacional Gerardo Milman y de una de sus colaboradoras en el Congreso de la Nación, Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, pasibles de ser vinculadas con el señalado atentado”, según se informó.

“A raíz de las actuaciones sumariales, la IGJ comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias de Salvattore Group Sociedad por Acciones Simplificada, cuyos socios formales resultaron ser Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, ambos ligados a Gerardo Milman; la primera, por ser su asesora parlamentaria y empleada del Congreso de la Nación; y el segundo, por estar contratado por el propio Milman para realizar funciones en la Cámara baja del parlamento argentino”, explicaron desde el organismo.

El ministro de Justicia presentó una lista de los 25 ingresos que hubo a Casa de Gobierno por parte de directivos del Grupo Clarín desde la asunción de Macri hasta la finalización de su mandato

El ministro de Justicia, Martín Soria, denunció este miércoles que directivos del Grupo Clarín ingresaron a la Casa Rosada en 25 oportunidades durante la Presidencia de Mauricio Macri y consideró que, durante la gestión la Alianza Cambiemos, se gestó “una mafia que montó un verdadero Estado paralelo”.

El ministro vinculó además esos accesos a la sede del Poder Ejecutivo con el viaje que realizaron en octubre pasado magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a Lago Escondido, un paraje en la zona cordillerana de Río Negro donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras.

En su cuenta de Twitter, Soria presentó una lista de los 25 ingresos que hubo a Casa de Gobierno por parte de directivos del Grupo Clarín desde la asunción de Macri hasta la finalización de su mandato, y en esa nómina aparece en varias oportunidades el nombre de Jorge Rendo, un alto ejecutivo del mutimedios que conduce Héctor Magnetto.

En un contexto signado por la filtración de mensajes de un grupo de Whatsapp que viajó a la mansión del empresario británico Joe Lewis en la localidad patagónica con los gastos solventados por el grupo mediático, Soria planteó que, “para entender qué hacía Clarín en Lago Escondido con jueces y camaristas federales, funcionarios de Juntos por el Cambio y ex-directivos de la SIDE, es necesario saber que, durante cuatro años, el lugar de reunión era la propia Casa Rosada”.

“Ya no nos sorprende nada, hay una idea de Estado paralelo”, agregó.

“Así la mafia macrista montó un verdadero Estado paralelo”, remarcó el titular de la cartera judicial.

Luego, en declaraciones a Radio 10, Soria ratificó que, “antes, las reuniones (de estas personas) se hacían en la Rosada, en la Quinta de Olivos, y, hoy en día, lo hacen en Lago Escondido”.

Con respecto a la investigación judicial sobre el posible delito de dádivas en relación a ese viaje a Lago Escondido, el funcionario nacional contó que “se hizo un allanamiento en la casa de Lewis y se secuestraron los teléfonos de aquellos que manejan las propiedades del magnate”.

En esa línea, agregó: “Estamos pidiendo que se secuestren los teléfonos de todos aquellos que participaron en la reunión de Lago Escondido, pero hay una doble vara en la justicia”.

Asimismo, señaló que desde el Ministerio solicitaron “ser querellantes en la causa de Lago Escondido” pero que la Justicia les negó esa posibilidad, por lo cual apelaron la medida.Algunos de los magistrados, fiscales, funcionarios y directivos del Grupo Clarín que protagonizaron el escandaloso viaje a Lago Escondido.

Sobre la situación de parte del Poder Judicial y su vinculación con un sector de la oposición, grupos mediáticos y empresarios, Soria sentenció que “muchos actores del lawfare mantienen su poder”.

“Hoy estamos viendo que hacen y deshacen lo que sea, primero para preservarse y después para seguir haciendo lo que hicieron durante 2016 a 2019”, fustigó

Se trata del diputado de Juntos por el Cambio, mano derecha de Patricia Bullrich, investigado por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, aseguró hoy que avanza la investigación para determinar si el legislador de Juntos por el Cambio Gerardo Milman incurrió en alguna “inhabilidad moral”, momentos antes del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con el análisis necesario”, afirmó el diputado Martínez esta mañana en declaraciones radiales.

Milman, se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el atentado a Cristina Kirchner luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.

Asimismo, Martínez sostuvo que “desde la tercera semana de noviembre han surgido noticias todos los días respecto al tema Milman” y que hay un grupo de diputados “trabajando sobre cada una de las cosas que van apareciendo”.

Durante diciembre, la disputa judicial por parte de la querella de Cristina Kirchner pasó por el pedido de secuestro del celular del diputado del Pro y de las colaboradoras que estuvieron con él en la confitería CasaBlanca donde habría dado a entender sobre cierto conocimiento del intento de magnicidio.

En este sentido, los abogados de Cristina Kirchner remarcaron que como el diputado tiene inmunidad de arresto pero no de “proceso”, se podría secuestrar su celular. Como una medida eventual, se propone que se le pida autorización a la Cámara de Diputados para acceder al aparato.

“Estamos generando un cumulo de información que nos permita avanzar con la única herramienta que tiene la Cámara de Diputados que es la inhabilidad moral de un legislador. Para eso, se necesita una mayoría agravada”, puntualizó el titular de la bancada del Frente de Todos.

Además, Martínez aseguró que se van a tomar las acciones necesarias para “que esto quede clarísimo de cara a la sociedad” y sostuvo: “Esa información eventualmente va a permitir investigar si se trata de un caso aislado o si pasan otras cosas”.

“Tenemos que respetar todos los pasos de nuestro reglamento y las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra del presente o del futuro”, subrayó el titular del bloque oficialista en la Cámara Baja.

Por último, Martínez explicó que para 2avanzar en la sanción de un diputado” por su conducta es importante “meterse en profundidad” para echar luz sobre sus acciones “no solo de un legislador en particular, sino en la trama de intereses alrededor de su figura”.

“Hay elementos que están siendo llevados adelante por la justicia y, en función de eso, en Diputados tenemos que ver cómo hacer para que se nutra un expediente propio. No puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina. Algunos quieren venganza; yo no: quiero que hagamos las cosas bien”, completó el diputado del Frente de Todos.

Dura crítica a la justicia argentina.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió un artículo escrito por el reconocido jurista y ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, donde define la situación judicial de la Argentina como “ajurídica” debido a que los jueces que deben hacer cumplir las leyes son quienes las violan.

La columna comienza con una paradoja: “¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano. Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico”.

“Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: “El pueblo ante la ausencia de derecho”. Imperdible”, escribió Cristina.

“No sabemos qué es lo lícito y lo ilícito, lo único que vemos en que un selecto grupo de quienes debían garantizar el derecho, pasaron a usar ese poder para hacer desaparecer el derecho.  Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico”, cerró.