Acumula denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tres juicios ejecutivos de la AFIP.

Semanas atrás, una denuncia que aterrizó en el juzgado de Ariel Lijo pasó casi desapercibida entre los avatares de la arena política. La ex gobernadora y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, fue denunciada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia fue presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien aseguró en la documentación que existen serias irregularidades e inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la referente de Juntos.

En efecto, una investigación llevada adelante por Realpolitik durante el 2021, ya había revelado que Vidal había presentado una declaración jurada de 3 millones de pesos, pero al mismo tiempo había adquirido un exclusivo departamento de varios cientos de miles de dólares en La Isla, uno de los sectores más exclusivos de la ya coqueta Recoleta.

En efecto, entre los años 2018 y 2020, siempre de acuerdo a sus declaraciones juradas, Vidal logró un meteórico ascenso en sus ahorros, pasando de 3 millones a unos 50 millones de pesos, en un crecimiento que deja atrás las expectativas más optimistas de cualquier empresario argentino.

Sus números, ciertamente, son llamativos. Desde el mes de diciembre de 2021 tiene un salario de 329 mil pesos en la Cámara de Diputados de la Nación, pero sus consumos de tarjeta de crédito superan ampliamente los 250 mil pesos, vive en un exclusivo barrio de elevadas expensas y hasta se dio el lujo de contratar OSDE, una de las obras sociales más caras del mercado.

Mientras la denuncia de Castro continúa su marcha en los juzgados federales, se mantiene una incógnita sobre los tres juicios de ejecución fiscal que le inició la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre los últimos días del 2019 y los primeros de 2020, que recayeron en la secretaría Civil Nro. 8, del juzgado Federal Nro. 3 en lo Civil, Comercial y Contable Administrativo de Lomas de Zamora.

Posible evasión.

Un operativo realizado por personal de la Dirección General de Aduanas-AFIP logró desbaratar un contrabando de placas para minado de criptomonedas valuadas en más $240 millones. La carga se encontraba en un camión de una empresa paraguaya que ingresó a la Argentina proveniente de Chile.

El cargamento hallado durante un procedimiento en el Paso Fronterizo Internacional Cristo Redentor, en Mendoza, consistía en unas 300 cajas, en las que se hallaron equipos de informática, más precisamente 300 placas para minado WHATSMINER M31S+ y WHATSMINER M30S+.

El camión transportaba un cargamento declarado de 1.089 cajas con receptores de TV por Internet, controles remotos y conectores. Sin embargo, al pasar por el escáner arrojó imágenes que despertaron sospechas en el personal aduanero: lo que veían en la pantalla era incompatible con lo que el camión debía estar llevando, reseñó Ámbito Financiero.

Así, procedieron a una revisión física de la carga y, en primer lugar, encontraron que tenía un excedente no declarado. Las 300 cajas con placas de minado c

ripto que no correspondían con lo declarado fueron valuadas en más $240 millones.

Sector clave.

El presidente Alberto Fernández busca avanzar en la industrialización del litio, un mineral clave en el actual contexto mundial. Pero el país no quiere vender el mineral en bruto sino que pretende “agregar valor”. Para ello, quiere que las empresas mineras destinen hasta el 20% de su producción para la planta de celdas y baterías de la empresa estatal YPF-TEC.

“Trabajamos junto con los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor, para generar trabajo argentino”, aseguró Fernández durante su discurso. Además, informó que se busca que el mineral sea valorado como un “recurso estratégico”, e informó que Argentina, junto con Bolivia y Chile, posee el 60% de las reservas mundiales.

El mes pasado, las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, donde se encuentran las reservas argentinas, se reunieron para avanzar en una mesa que permita pensar de modo estratégico el desarrollo del mineral. Hoy, las exportaciones de litio están en torno a los 800 millones de dólares pero podrían llegar a los 10 mil millones en la próxima década.

La Vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a una delegación del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos.

Cristina Fernández de Kirchner se reunió en su despacho de la Cámara alta con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de ese comité al país para abordar la violencia contra las mujeres, informó la Dirección de Prensa de la Cámara alta.

En la reunión, que continuará este viernes, se trató el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022, señalaron fuentes parlamentarias.

Por otra parte, este viernes se realizará una conferencia de prensa para informar sobre el encuentro.

Luego de la primera jornada de trabajo, Marcela Huaita Alegre, integrante de la comitiva, señaló: “El año pasado nos hemos pronunciado en varias oportunidades en preocupación de la violencia política contra las mujeres que se da en toda Argentina y la región de América Latina”.

“En esos pronunciamientos, como comité que monitorea la convención de Belén do Pará, hemos ofrecido la asistencia técnica a los diferentes Estados y estamos muy agradecidos que el Estado de Argentina haya aceptado este ofrecimiento de asistencia técnica”, añadió.

En un breve contacto con la prensa, remarcó que hubo reuniones con “diferentes instancias del Poder Legislativo y Judicial”, como así también con el Poder Ejecutivo para “escuchar cuáles son los avances, pero también los retos y obstáculos en esta materia”.

“También de manera importante nos hemos reunido con quienes han sufrido situaciones de violencia política en diferentes ámbitos del espacio público”, precisó.

El trabajo en el país, aclaró Alegre, “todavía no ha terminado”, por lo que mañana se brindarán “algunas recomendaciones preliminares”, antes del informe final que será presentando en las próximas semanas.

La delegación está encabezada por su presidenta, Huaita Alegre, de Perú, e integrada por Leila Linhares Barsted, de Brasil; Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica.

También la conforman la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero, y la responsable de la comunicación, Tatiana Bensa.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, formalizando la definición de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, como una violación de sus derechos humanos.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención.

Discurso del presidente ante el Congreso.

El secretario General de la CTA-T y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, habló con Siempre es Hoy sobre el discurso de Alberto Fernández ante el Congreso. “El discurso de Alberto fue muy bueno”, reconoció el líder sindical.

En ese sentido, Yasky se refirió a uno de los pasajes más duro de Fernández, en lo que se refirió al entramado mafioso judicial que hay en Argentina. “En el 2022 hubo un intento de asesinato y posteriormente una proscripción, querían sacar a Cristina como sea”, contó Yasky, en sintonía con lo planteado por el mandatario.

Ante el Congreso, Alberto volvió a exigir que se avance en el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. “No se puede convivir con estos jueces”, afirmó Yasky.

Después, se refirió a la situación económica en el país: “Hay que revertir la curva descendente del salario”, pidió. “Se podrían intentar alternativas además de las paritarias”, propuso.

El incendio que derivó en el apagón que afectó al Área Metropolitana y varias provincias, comenzó en un campo que pertenece un ex funcionario del ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.

Tras la presentación de la denuncia sobre el incendio ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, el secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, sostuvo que “lo que causó un poco de preocupación es que los focos de incendio que vimos en el video son muy puntuales, debajo de la línea de tensión”, en coincidencia con las sospechas de “intencionalidad” que manifestó el Ministro de Economía Sergio Massa, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Energía.

De acuerdo a lo informado por el sitio Pilaradiario, el campo donde se originó el incendio que produjo el corte masivo de electricidad pertenece a Ricardo Elliot, quien tuvo a su cargo la secretaría de Servicios Públicos de Pilar durante el gobierno de Nicolás Ducoté.

En dicho predio habría funcionado una tosquera clandestina y se habría intentado montar un predio de vuelco de residuos durante dicha gestión comunal.

Por otra parte desde Economía se informó que se utilizará tecnología de aplicaciones satelitales para reconocer a los responsables que ocasionaron el foco de incendio que ayer dejó sin energía eléctrica a miles de argentinos al perturbar una línea de alta tensión de 500 kw, motivando la salida de servicio de generadoras como Atucha I y Central Puerto.

La denuncia la presentó el propio ministro de Economía ante la justicia federal.

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó hoy una denuncia ante la justicia federal “a fin de investigar, perseguir y en su caso detener” a los responsables de los incendios que afectaron a redes de alta tensión en el partido bonaerense de Campana, episodios sobre los que expresó sus sospechas de “intencionalidad” y que determinaron el corte preventivo del servicio eléctrico en gran parte del país.

La denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, fue presentada por Massa, en su carácter de titular del Ministerio de Economía que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Energía.

La decisión de avanzar judicialmente se tomó en una reunión que mantuvo con el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti.

Un corte masivo de electricidad se produjo a partir de las 15.59 en gran parte del país, tras “varias fallas en el sistema interconectado” como consecuencia de que un incendio de campo “perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez”, informaron fuentes oficiales.

“Ante el desbalance el sistema responde en forma inmediata provocando la desconexión de la generación para su propia protección. Como consecuencia de esta interrupción se encuentran afectadas las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y el Sur del Noroeste”, se indicó.

Pocas horas después del episodio y cuando ya el sistema comenzaba a recuperar el servicio progresivo en distintos puntos del país, Massa decidió solicitar al juez federal González Charvay “tenga a bien disponer las medidas necesarias a fin de investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos durante el día de la fecha”.

De acuerdo a su presentación, los hechos en cuestión “podrían encuadrar en el delito de “incendios y estragos” contemplado en el artículo 186 del Código Penal.

“Como es de público conocimiento, en las últimas horas se registraron dos grandes incendios sobre islas del delta del Río Paraná. Los mismos tienen lugar en la zona del sur de delta, más precisamente en la localidad de Campana, Buenos Aires”, expresó la presentación.

En ese sentido, el ministro planteó: “Atendiendo a la certeza que me invade sobre la intencionalidad de los acontecimientos, solicito prosigan las actuaciones de rigor”.

En el mismo sentido, el subsecretario Yanotti, manifestó a través de su cuenta de Twitter que se solicitó “ante el Juzgado Federal de Campana que se disponga de forma inmediata de todas las medidas necesarias para dar con los responsables de los gravísimos hechos ocurridos el día de hoy”.

“Queremos que se investigue la intencionalidad de los dos grandes incendios que podrían encuadrar en el delito de “incendios y estragos” , y que dejaron a miles de argentinos y argentinas sin servicio de Energía Eléctrica”, completó.

La entrega macrista.

El canciller argentino, Santiago Cafiero, notificó este jueves a su par británico, James Cleverly, el fin del pacto “Foradori-Duncan”, el polémico documento firmado por el gobierno de Mauricio Macri que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

“Con una formal y enérgica protesta ante los mencionados ejercicios militares, exigiéndole que se abstenga de realizarlos, a la vez que pondrá en conocimiento de la situación al secretario general de las Naciones Unidas”.

Fuentes del Palacio San Martín confirmaron la novedad, tras la reunión de cancilleres de los países que integran el G-20 que se desarrolló en Nueva Delhi, India. Allí Cafiero le comunicó a Cleverly la decisión argentina de cancelar este acuerdo suscrito en 2016 por el gobierno de Macri. La de Cambiemos fue la gestión que menos hizo para reclamar por la soberanía del país en Malvinas.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el canciller argentino escribió: “Cuestión Malvinas: Argentina notificó la decisión de poner fin al “Pacto Foradori-Duncan” de 2016. Lo hice en reunión con el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, en la Cumbre de cancilleres del @g20org en Nueva Delhi”.

En el mensaje, compartió imágenes del encuentro con su par británico. “El gobierno argentino ha propuesto retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía y para ello impulsa una reunión en la sede de @ONU_es en Nueva York”, ratificó Cafiero este jueves.

El informe señaló una falta de planificación y organización y ausencia de supervisión de las obras.

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), Mariana Gagliardi, desmintió hoy las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la apertura de sesiones legislativas respecto del proceso de integración y urbanización de barrios populares y aseguró que durante su gestión de gobierno “pasamos de 39 barrios populares en 2015 a 50 en 2022”.

A través de su cuenta de Twitter, Gagliardi hizo foco en “la realidad del caso de la Villa 20”, denominada “Papa Francisco”, donde “la auditoría de CABA encontró grandes deficiencias en el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) a la hora de brindar soluciones a los y las vecinas”.

“Por ejemplo, se detectó la falta de planificación y organización y ausencia de supervisión de las obras”, señaló.Gagliardi puntualizó que en el caso de la Villa 20, en el barrio de Villa Lugano, la auditoría encontró “grandes deficiencias” en el IVC a la hora de brindar soluciones a los y las vecinas” que “generaron un incumplimiento en los plazos retrasando las obras entre 8 y 12 meses”.

“A pesar de esto, el Gobierno porteño siguió contratando a estas mismas empresas que además tenían deudas en la obra del Paseo del Bajo y en el Viaducto San Martín”, destacó.Asimismo la titular de la AGCBA adjuntó el informe ejecutivo realizado por esa oficina y denunció que “en estos 8 años, la falta de control y acción del IVC perjudicó a los sectores más vulnerables”.

“Javkin es narco”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, apareció señalado en un extraño mensaje mafioso a la familia Messi. “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, escribieron en la puerta de un supermercado vinculado a la pareja del jugador de la selección.

Ese Javkin citado es el intendente de Rosario. Es un dirigente del Frente Progresista, que este año irá en elecciones dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la relación de Javkin con el delito organizado?

Después del hecho, el jefe comunal aseguró: “A mí no me van a correr”. ¿De quién hablaba?

No es la primera vez que dirigentes macristas aparecen vinculados al narcotráfico. Vale recordar que en Entre Ríos, un aliado de Mauricio Macri, como Sergio Varisco, fue condenado por sus relaciones con el narco. Fue candidato de Cambiemos en 2015 y 2019.