La medida se formalizó este viernes a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta $ 71 millones, a los incumplimientos en que pudieran incurrir los supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos participantes del programa Precios Justos.

En concreto, la normativa modifica la Resolución 118/2022 donde se establecían los rangos de multas previstos en los convenios de colaboración entre la Secretaría de Comercio y los municipios de las diversas provincias que contribuyan en las actividades de fiscalización y control de Precios Justos.

La normativa de 1994 en su artículo 47 establecía como sanciones, según el caso, un apercibimiento, el decomiso de las mercaderías objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o, en el caso de las multas económicas, sanciones de entre $ 100 y $ 5 millones, teniendo como parámetro el alcanzar el triple del beneficio ilegal obtenido por la infracción.

A través de la Ley de Presupuesto de este año se dispuso un aumento de hasta 4.200% en dichas multas, tomando ahora como parámetro -ajustable a la inflación- la Canasta Básica Total (CBT) para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Por tanto, tomando la última canasta publicada de diciembre pasado (de $121.420) , las multas pueden comprender entre los $ 60.710 y los $ 254.982.000.

Tomando este marco, el área conducida por Matías Tombolini, actualizó hoy las multas que pueden resultar pasibles los supermercados ante eventuales incumplimientos.

En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos, las multas se ubicarán entre los $4.613.960 y los $ 35.697.480, con los montos mínimo y máximo de las multas variando en función del punto de venta, otra novedad de la normativa que anteriormente no los diferenciaba.

En el caso de la primera reincidencia, las multas se podrán incrementar en un 40%, mientras que si se incumple por segunda vez podrán aumentarse hasta un 100%, llegando así hasta los $71.394.840 en el caso de los mayoristas.

En el caso de que ocurra una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encoraran ofertados sus respectivos sustitutos, las multas serán de entre $1.821.300 y $ 14.327.560.

Si existiera una falta en la identificación de la señalética del programa de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes, se aplicarán sanciones de entre $1.427.040 y $ 13.477.620.

Antes las sanciones en este caso rondaban entre los $ 200.000 hasta $ 400.000, por lo que la multa máxima, en el caso de los mayoristas, tendrá un incremento de 3269,41 %.

Asimismo, cuando en el caso de utilizarse la señalética, se dispongan productos que no correspondan, las multas pasarán de un rango de entre $150.000 a $300.000 a ser de entre $1.335.620 y $ 10.684.960, dependiendo el punto de venta.

En el caso de hallarse el “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”, las sanciones pasarán de un rango de entre $250.000 a $500.000 a ser de entre $ 2.306.980 y $ 17.727.320.

La resolución de hoy también fija multas para el caso de los productos no alimenticios, diferenciando entre “tiendas” y “supertiendas” de dichos productos, al igual que sus plataformas web, y aplicando el mismo porcentaje de incremento en el caso de reincidencias.

Para las plataformas web y tiendas se aplicarán las mismas sanciones que los puntos “web” y “express” de los alimentos, mientras que para las “supertiendas” serán equivalentes a las de los supermercados.

Se cuenta con los votos para iniciar el proceso legislativo.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de jury a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La intención del oficialismo es convocar para el jueves a las 10 a la comisión, que preside la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Carolina Gaillard, para analizar los expedientes vinculados al mal desempeño de los integrantes del máximo tribunal.

El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso, pero no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

La principal bancada opositora adelantó que participará del debate, pero no dará quórum en la comisión, al advertir que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) acompañaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsó el Presidente Alberto Fernández junto con gobernadores.

“La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la Ciudad Autónoma de ­Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las ­provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder”, aseguraron en un comunicado.

Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo “se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas”.

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de “su ausencia de idoneidad y mal ­desempeño”, porque en 2017 “pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio de dos por uno para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular”.

Asimismo, reseñaron que “la Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad”.

Alberto Fernández viajó hasta La Pampa, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación para cumplir con el proyecto del Gasoducto.

El presidente Alberto Fernández recorrió este jueves las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en La Pampa, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación que se utiliza por primera vez en la Argentina y permitirá alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto.

El jefe de Estado puso en valor “la tecnología que empresarios argentinos han traído para desarrollar esta obra” y señaló la importancia de que la misma finalice “a mediados del año que viene, para seguir camino a Santa Fe y desde allí proveer de gas no solo al norte de la Argentina, sino también a Brasil, que está necesitando energía gasífera y se la podremos suministrar”.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, ubicado en la localidad de Doblas, permitirá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino desde Vaca Muerta y ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.

Con una extensión total de 573 kilómetros, además de aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos, generará 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil indirectos, entre la construcción y la mayor producción prevista en Vaca Muerta.

“Esta es una obra central para el futuro de la Argentina”, destacó Fernández y proyectó qué se conseguirá con el nivel de producción que se alcance. “Nos va a garantizar contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar perdiendo divisas y recursos que podremos utilizar en la producción y el trabajo”, destacó el mandatario, que estuvo acompañado del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El apoyo de grandes grupos empresarios a los integrantes del máximo tribunal de Justicia estuvo a cargo de un abogado macrista.

Mientras el pedido de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se debate en las comisiones del Congreso Nacional, un grupo de 500 empresarios de grandes grupos económicos y profesionales de importantes estudios jurídicos publicaron un carta reclamando que se frene el Juicio Político a los magistrados.

La misiva estuvo bajo la coordinación de Guillermo Lipera, expresidente del macrista Colegio de Abogados, y tuvo entre sus firmantes a Verónica Andreani (Andreani) Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Nicolas Braun (La Anónima), y Cristiano Rattazzi (FIAT).

El escrito se da poco después de que se conociera que el próximo 26 de enero es la fecha fijada para que inicie el trabajo de la comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard en la Cámara Baja

“Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, comienza el escrito.

Además, consideran esto fundamental “para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos” (sic).

En otro tramo, el pedido plantea: “Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.

En ese marco, cuestionan: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”

La postura de los representantes de los grupos económicos concentrados e integrantes de la familia judicial es diametralmente opuesta a la de los sindicatos que expresaron su apoyo al avance del juicio Político de la Corte. Tal es el caso del respaldo de la Corriente Federal, el Frente Sindical y las dos CTA.

Se trata de un grupo de cooperativistas encargado de la recolección de residuos en la Villa 21-24 Zavaleta. Hubo una gran protesta en el Gobierno de la Ciudad.

Este jueves, los dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillan y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), mantuvieron una “ocupación pacífica” en el edificio del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de una protesta en repudio a los despidos por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia 35 mujeres encargadas de la recolección de residuos en la Villa 21-24 Zavaleta. 

La manifestación se llevó a cabo en la sede del Gobierno porteño, cerca del Parque Lezama, y las agrupaciones brindaron sus palabras a la prensa a partir de las 15hs, tal como estaba previsto. “Seguimos con nuestra protesta con una ocupación pacífica para que reincorporen a las despedidas y si durante la tarde no obtenemos una respuesta favorable, vamos a debatir un acampe por tiempo indeterminado en Espacio Público”, expresaron los dirigentes sociales a la agencia Télam. 

Tanto el frente, como los miembros de la UTEP, denuncian que la gestión de Larreta “quiere dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas” encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta. 

NO AL AJUSTE DEL GOBIERNO PORTEÑO
Compartimos esta declaración de distintas organizaciones populares frente al despido a 15 trabajadoras de la economía popular por parte del gobierno de Larreta. https://t.co/hrsl7nUVde Abrimos hilo 👇 pic.twitter.com/lnks215Poy

— FPDS (@fpdsnacional) January 17, 2023

Esta postura, la argumentaron mediante un comunicado de prensa, donde aseguraron que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta,  la ministra de Espacios Públicos porteño, Claudia Muzzio y la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, buscan despedir a las mismas 35 mujeres “desde hace más de ocho años”. 

Por otra parte, los dirigentes sociales denunciaron que Larreta “despide a los trabajadores de la economía popular mientras aumenta los gastos en publicidad para su campaña electoral”.

En esta misma línea, desde el Frente Darío Santillán, también denunciaron que “hace varios meses” son víctimas de “una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza”. 

La referenta de la organización, Flavia Romero, expresó que se reclama por “algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias” y agregó. “Quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente”.

Más de 25 marcas entregan menos de la mitad de la demanda en el marco del plan del gobierno que congeló precios de cerca de 2 mil productos de la canasta básica.

De las 30 empresas más grandes que se encuentran dentro del programa Precios Justos, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada.

En números concretos, significa que cuando un supermercado les pide 10 productos, dan menos de 5 productos promedio, por lo cual hay algunas que entregan cero, otras al 20 o 30 por ciento. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50 por ciento y apenas dos están arriba del 80.

Lanzado el pasado 11 de noviembre, el programa Precios Justo tiene vigencia hasta el 31 de marzo y según el ministro de Economía Sergio Massa con el objetivo de extenderlo cuatro meses más, Precios Justos arrancó con un abastecimiento que arañó el 70 por ciento.

Sin embargo, a fines de diciembre, cayó radicalmente el volumen entregado, y en los últimos quince días, esa tendencia se intensificó con góndolas directamente vacías o productos que no se consiguen.

Las empresas incumplidoras

Fargo: la empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados.

Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32 por ciento de lo pedido.

Bagley: la compañía especializada en producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, pero entregó el 59 por ciento de la mercadería pedida.

Café La Virginia: el grupo que se dedica a la elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada de productos.

Quilmes: la popular cervecería aportó en los últimos quince días un 28 por ciento promedio para su gama de productos.

Pepsi: a diferencia de su principal competidor Coca Cola, que entregó un 83 por ciento de cumplimiento del abastecimiento, la marca de gaseosas cumplió sólo con el 38 por ciento de lo comprado.

Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64 por ciento del abastecimiento

Danone: la alimenticia francesa vendió el 53 por ciento de lo pedido por los supermercados.

Las Marías: la empresa que elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó sólo un 30 por ciento promedio.

Empresas multinacionales

Johnson y Johnson: la empresa multinacional estadounidense tiene un bajo nivel de entrega, aportando el 23 por ciento.

Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18 por ciento de lo solicitado.

Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42 por ciento.

Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52 por ciento.

Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa estadounidense de bienes de consumo entregó 37 por ciento.

Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52 por ciento de la demanda.

Mondelez: la exKraft aportó un nivel intermedio de entrega del 64 por ciento.

Quickfood: la marca de carnes congeladas abasteció por un 53 por ciento.

Empresas nacionales

Morixe: la harinera vendió un 31 por ciento promedio de los productos solicitados.

Molinos Río de la Plata: una de las empresas líderes de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35 por ciento.

Papelera del Plata: el gigante nacional del papel sólo abasteció el 32 por ciento de los pedidos.

Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo un 28 por ciento de los productos.

En los últimos meses el diputado Lipovetzky anunció que iba a buscar la intendencia con en el territorio de Julio Garro.

En las últimas horas el diputado bonaerense de Juntos y precandidato a intendente de La Plata, Daniel Lipovetzky, salió a denunciar el robo de un cartel de Patricia Bullrich, que estaba emplazado en las calles 117 y 32 de La Plata, a tan sólo unos metros del centro de monitoreo de la Municipalidad.

“Este acto de antidemocracia no pudo hacerse sin planearse. Se necesitó tiempo y mucha impunidad para lograr quitar muestro cartel. Muy cerca de la zona hay un centro de monitoreo municipal”, expresó el legislador provincial que quiere pelear por la intendencia de La Plata en las elecciones de 2023.

En rigor, el cartel que llevaba las gigantografías de Patricia Bullrich y Daniel Lipovetzky ya había sido vandalizado en otras oportunidades, pero se había mantenido en pie, hasta las últimas horas, donde directamente se lo robaron a metros del centro de monitoreo de La Plata.

“Le pedimos al intendente Julio Garro que facilite las imágenes de las cámaras para determinar quiénes son los responsables. Éste hecho no es el único ocurrido en nuestra ciudad, venimos sufriendo esta violencia por pensar distinto, desde hace tiempo”, se quejó el diputado bonaerense de Juntos.

En ese sentido, Lipovetzky sostuvo que quieren dar con los culpables del robo del cartel en La Plata “para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más”. “Necesitamos urgentemente un cambio y lo vamos a conseguir”, remarcó el integrante de la bancada de diputados provinciales de Juntos.

Vale descatar que, no es la primera vez que Lipovetzky denuncia la vandalización de carteles de su pertenencia. No es la primera vez que ocurre, el año pasado el legislador realizó por lo menos dos denuncias en ese sentido. “Nos roban banners y carteles, este estaba en 131 y 58, Los Hornos. Basta”, objetó en noviembre de 2022.

En tanto, a mediados de 2022, Lipovetzky también cuestionó el “escrache” de varias piezas de  cartelería ubicadas en el barrio de Gorina, momentos después de que el legislador oficializara el lanzamiento de su campaña electoral para disputar la intendencia de la ciudad de La Plata.

“Estos actos cobardes solo demuestran que tienen miedo a la democracia, a la fuerza de pensar distinto y del verdadero cambio. Una práctica que lamentablemente se repite en nuestra ciudad. Van a necesitar mucho más para pararnos. La Plata este 2023 cambia con fuerza, hagan lo que hagan”, desafió Lipovetzky este lunes.

El presidente brasileño sostuvo que nunca había visto a su país “tomado por tanto odio”, que a su juico es consecuencia de la negación de la política.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que el “nuevo monstruo” de la “extrema derecha fanática” debe ser enfrentado y derrotado no solamente en su país sino en todo el mundo.

“Tenemos que enfrentar y derrotar el surgimiento de una extrema derecha fanática, rabiosa, que odia todo aquello que no combina con lo que piensan”, dijo el mandatario en un acto con rectores de universidades en el palacio presidencial de Planalto

El mandatario sostuvo que nunca había visto un Brasil “tomado por tanto odio”, que a su juico es consecuencia de la negación de la política, pero advirtió que ese fenómeno “no es un problema solamente brasileño”.

“Aunque hayamos derrotado a (su antecesor, Jair) Bolsonaro, tenemos que vencer al odio, la mentira, la desinformación, los fanáticos, porque esta sociedad tiene que volver a ser civilizada”, exhortó, según la agencia de noticias AFP.

En tiempo récord, el juez Sebastían Ramos resolvió archivar una de las causas contra Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro por los chats del escándalo.

El juez subrogante del juzgado federal N°5, Sebastían Ramos, resolvió en las últimas horas archivar una de las causas que pesan sobre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y sobre el ministro de Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.

Para fundamentar el archivo de la causa, el juez Ramos sostuvo que “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

La decisión de archivar la causa de los chats del escándalo que tomó Ramos llega después de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, que se encuentra subrogando durante la feria la fiscalía de Eduardo Taiano, en el que enfatizó que no podía abrirse un expediente con una “prueba ilegal”.

“No puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados”, sostuvo Stornelli al optar por no impulsar la acción penal y pedir el archivo de la causa contra Robles y D’Alessandro por los chats del escándalo.

El expediente archivado por Ramos se radicó el lunes 4 de enero en Comodoro Py, por una denuncia que formuló el abogado Gastón Marano, quien representa a Nicolás Carrizo, uno de los integrantes de la “banda de los copitos” acusados en el intento de homicidio de Cristina Kirchner.

“El único motor de arranque de esta investigación penal, sería, en rigor, una conducta presuntamente ilícita, lo que iría directamente en detrimento de las más básicas garantías constitucionales de nuestro país, como lo vengo sosteniendo”, enfatizó el magistrado en su fallo.

En tanto, existen otras tres denuncias contra Robles y D’Alessandro. Una de ellas fue motorizada por una persona llamada Nicolás Nahuel Giasanti, que figura como un monotributista dedicado a “servicios de seguridad e investigación”, presentada en simultáneo con la de Marano.

Al mismo tiempo, los gobernadores de Santiago del Estero Gerardo Zamora y de La Rioja Ricardo Quintela presentaron sendas denuncias en sus provincias contra Robles, pero los dos jueces federales que intervinieron se terminaron declarando incompetentes porque no tenían competencia para actuar.

Miles de personas se acercaron al anfiteatro de la ciudad de Dolores para acompañar a los padres del joven asesinado a golpes bajo la insignia “justicia es perpetua”.

Los 18 de enero serán siempre difíciles de atravesar para Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes hace exactamente tres años en la puerta del boliche Le Brique, de Villa Gesell.

Hoy, en un nuevo aniversario del crimen que paralizó al país, más de 2.500 personas se acercaron al centro de la ciudad de Dolores para expresar apoyo a los padres del joven estudiante de abogacía y pedir que la ley sea aplicada bajo el lema “justicia es perpetua”.

En la ciudad donde los rugbiers oriundos de Zárate están siendo acusados de homicidio agravado, los padres de Fernando encabezaron el acto que, en forma de ceremonia intrarreligiosa, se llevó a cabo desde las 19.30 con epicentro en el anfiteatro Libres del Sur, donde Silvino y Graciela fueron recibidos con aplausos y al grito de “¡Justicia!”.

“Estoy de pie por Fernando”, expresó Graciela Sosa entre el llanto y el dolor por la ausencia física de su hijo, al mismo tiempo que aseguró que esta lucha también es “por todas esas madres que también perdieron a sus hijos y no tuvieron justicia”.

“Preparamos la valija en busca de Justicia, no queremos venganza, solo que paguen lo que le hicieron a mi hijo”, dijo con la voz entrecortada, recordando el día que viajaron para asistir al juicio que enfrentan los ocho jóvenes de Zárate en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores.

Con profunda congoja, la mujer aseguró que Fernando era el que les daba “alegría” en sus vidas y que, ante su ausencia, están “vacíos y solos, sin nadie en la casa”. También, la madre de quien fuera asesinado a patadas contó que cuando vio las imágenes de cómo los imputados en la causa se violentaban con Fernando hubiese deseado tirarse arriba del cuerpo de su hijo “para que no lo golpearan”.

“Te amo Fernando, con toda mi alma. Es lo mejor que Dios me ha dado, era mi alegría, mi compañerito, hoy me quedé sin todo eso”, concluyó Graciela.

Por su parte, su esposo, Silvino Báez, agradeció a quienes estaban presentes y sostuvo que necesitan “justicia y paz, para poder seguir viviendo un poco más“, al mismo momento que señaló que “en algún momento” va a volver a ver a su hijo.

El lugar estuvo repleto de carteles y remeras que pedían “justicia por Fernando y por todas las víctimas de violencia”, junto a otros que decían: “Justicia es perpetua”; “Fernando está presente”; y “Su libertad caducó”, en clara alusión a los ocho acusados por el crimen ocurrido en Villa Gesell y a esa frase que pronunció Lucas Pertossi cuando se enteró que habían matado a Fernando.

El homenaje tuvo, además, un momento inicial que conmovió a todos: los padres del joven de 18 años se ubicaron en el centro del escenario y prendieron tres velas que referían a los tres pilares de su familia, Fernando y ellos. También, se plantó un árbol de Jacarandá en el predio, porque era el árbol preferido del joven.

Más tarde, hubo momentos musicales muy conmovedores, ya que – luego de un minuto de silencio – una mujer interpretó una canción de Patricia Sosa, dedicada al joven que perdió la vida el 18 de enero de 2020, y luego pasaron un vídeo con fotos de Fernando y el tema “Motivos” de Abel Pintos de fondo.

Bajo el hashtag #HoyEsFernando, el acto central fue declarado de “interés municipal” por las autoridades dolorenses y contó con la presencia de los abogados querellantes, Fernando Burlando y Fabián Améndola, familiares de la víctima que llegaron con globos blancos y vestidos con remeras con la cara de Fernando, y algunas figuras públicas como el artista Flavio Mendoza y el piloto Marcos Di Palma, que viajaron especialmente para acompañar en el pedido de justicia.

En tanto, la oración interreligiosa estuvo a cargo del imán Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía Argentina; del pastor Marcelo López Pavón, representante de las iglesias evangélicas en Dolores; de Eugenia Calvi, ministra religiosa Afro-Umbandista; de Eric Escala, arzobispo de la Iglesia Anglicana en Argentina; del rabino Saúl Bonino, del judaísmo, y del monseñor Carlos Malfa, obispo de la Iglesia Católica en Dolores.

Cabe destacar que en el acto para recordar a Fernando Báez Sosa se apersonó la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Greta Pena, quien aseguró que “profundizará las políticas públicas que tengan como eje principal desarmar las matrices culturales de la discriminación”, en relación a las palabras despectivas que los rugbiers pronunciaron al momento del ataque por el color de piel del joven agredido.

Además de Dolores, otras ciudades tuvieron convocatorias numerosas en relación al aniversario de la muerte de Fernando: Villa Gesell, Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente, en el Obelisco y en el barrio de La Recoleta, donde residía el joven que perdió la vida antes del viaje a Villa Gesell del que no volvería.

En tanto, el Colegio Marianista – donde Fernando terminó sus estudios secundarios – recibió donaciones de alimentos no perecederos, a fin de honrar la ausencia del joven, cuya principal virtud era la solidaridad.