El ministro de Economía cerró el acuerdo con más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo.

El titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, adelantó que el próximo viernes, en horas del mediodía, anunciará un nuevo acuerdo establecido con más de un centenar de empresas para que 1.400 productos “mantengan sus precios por cuatro meses”.

En ese convenio de precios con las firmas “habrá productos de primera marca, pero también de bienes que producen los propios suspermercados que quieren competir”, asegró el titular del Palacio de Haciendo durante una entrevista que mantuvo con un programa de noticias.

“La gente va a poder controlar el cumplimiento del acuerdo con una aplicación muy simple desde su celular haciendo lectura del código de barras y pudiendo denunciar si el comercio no está cumpliendo”, comentó.

En esta línea, destacó que “el Estado pone garantías y certidumbre del proceso de importaciones de bienes intermedios terminados que son parte de la cadena de valor y de insumos para las empresas que se comprometen al acuerdo de precios”.

“Queremos que produzcan mayor cantidad de productos, que tengan garantías por las importaciones y queremos que la gente vaya a los supermercados y tengan cuatro meses los mismos precios”, abundó.

En otro tramo de la nota, el ministro Massa explicó que la venta de dólares que realizó el Banco Central en los últimos días obedece a que “en septiembre se terminó de importar energía, pero todavía hay que terminar de pagar” esas compras.

“Vamos a terminar (el año) con mayor nivel de reservas que las actuales”, añadió el funcionario nacional.

En tanto, reveló que cuando le tocó asumir al frente de la cartera económica, a comienzos de agosto, existía “un déficit fiscal proyectado del 12,4%, reservas negativas y todos los dólares financieros por encima de los $ 350”.

“La situación todavía no es cómoda, es crítica y por eso pedimos austeridad en el gasto, y concentramos las decisiones de inversión en la secretaría de Hacienda”, agregó Massa.

Será para los adultos mayores sin ingreso. El monto se pagará en dos pagos de $22.500, entre noviembre y diciembre.

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 758/22 por el cual se implementa un “refuerzo alimentario para adultos sin ingresos” de 45.000 pesos a instrumentarse en dos pagos que será otorgado a personas que se encuentren en situación de “extrema vulnerabilidad”, informaron fuentes oficiales.

Para la implementación del refuerzo, se tendrá en cuenta “si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgada por el Gobierno Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios”, se detalla en otro párrafo del decreto 758.

El monto a abonarse será de $ 45.000 a concretarse en dos pagos de $22.500 cada uno, entre noviembre y diciembre de este año. El refuerzo deberá solicitarse ante la Anses, que dispondrá de los mecanismos de intercambio de información necesarios para la acreditación de los requisitos establecidos.

Los condiciones para acceder al refuerzo son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial, completar la solicitud, no percibir ingresos formales ni estar en relación de dependencia, como tampoco ser titular de jubilaciones, pensiones, planes, programas o prestaciones de seguridad social, entre otros.

La decisión de implementar un refuerzo alimentario está en línea con lo previsto en el Fondo de Incremento Exportador creado el 5 de septiembre pasado a través del decreto 576/22, en cuyo artículo 9 se dispuso que los objetivos de esa iniciativa eran “financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional” como también “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”.

En el caso de la prestación monetaria, la finalidad es asegurar “una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”, se consignó en el decreto de septiembre.

El Presidente dispuso la creación del refuerzo alimentario antes de partir rumbo al Foro de París y a la cumbre del G-20 en Bali, al firmar tres decretos -entre ellos el 758- que establecen además la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso y el desdoblamiento del aumento en el valor de las prepagas con una nueva fórmula.

Salud privada.

El Gobierno estableció una nueva fórmula de actualización de las cuotas de la medicina prepaga mediante la cual, a partir de febrero y durante 18 meses, el incremento del valor de las mismas tendrá como tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 743/2022, que el presidente Alberto Fernández firmó junto a todos sus ministros antes de emprender viaje a Francia.

En ese marco, dispuso además que las prepagas deberán ofrecer en forma obligatoria a sus usuarios y usuarias, a partir del 1° de enero de 2023, “idénticos planes de cobertura al que posean en la actualidad sin copagos, con la inclusión de copagos sobre las prestaciones de primer y segundo nivel, a un precio de, como mínimo, un 25% menor al plan sin copagos”.

En los considerandos, el decreto señala que “resulta necesario establecer criterios normativos que regulen las actividades económicas llevadas a cabo dentro del ámbito de la medicina privada, toda vez que, si bien se establecen como relaciones entre privados, por sus características específicas, su debida prestación es considerada un derecho de los consumidores”.

Asimismo, destaca que “es obligación del Estado implementar políticas que desalienten la inercia inflacionaria que afecta el normal desarrollo de las actividades de las empresas y los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente a los sectores del trabajo y la producción que se intentan proteger”.

Violencia opositora.

La justicia no puede ubicar a Caputo Hermanos y a los dos fideicomisos que le mandaron 12 millones de pesos al neonazi Jonathan Morel, el líder del violento grupo Revolución Federal. A los investigadores los mandaron de una dirección a otra, les dijeron que en realidad era otra y terminaron mencionando una tercera en la que ni el encargado del lugar ni los vecinos dicen que funcionan los empresas de la familia tan vinculada a Mauricio Macri, reseñó Página 12.

Pero tampoco parece del todo creíble la fabricación de los muebles, colchones y otros elementos que se habrían mandado a cambio de los 12 millones de pesos: eran casas de familia, pequeños talleres, construcciones precarias, galpones diminutos sin cartel identificatorio y apenas tres locales en los que efectivamente se fabrica o, más bien, se venden cortinas, lámparas o colchones. ¿Una empresa gigante contrató a un pequeño taller de barrio y le adelantó 12 millones de pesos?

La pesquisa que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi refuerza la idea de que la operación de provisión a los fideicomisos de los Caputo es sospechosa y el objetivo fue hacerle llegar semejante suma de dinero a Morel y Revolución Federal.

Pero la causa sigue arrojando novedades. Ayer, el juez solicitó a su colega María Eugenia Capuchetti que le remita copias de algunos elementos de la causa del atentado contra CFK con el objeto de establecer posibles vínculos entre la copito Brenda Uliarte y la organización de Morel. Es un pedido en el que insiste la querella de la Vicepresidenta que exige la unificación de las dos causas. Hasta ahora Capuchetti no quiso hacerlo, pero el pedido de Martínez de Giorgi finalmente lo hace de hecho. Otro de los tantos motivos que instan a pensar que Capuchetti no quiere investigar a sectores macristas, sea la familia Caputo o el diputado nacional Gerardo Milman, que un testigo asegura que le escuchó hablar del atentado dos días antes de ocurrir.

“Necesitamos jueces que asuman la misión que implica su vocación como servidores”, manifestó el Santo Pontífice.

El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación actual del poder Judicial argentino a través de una “encíclica judicial” a Alejandro Slokar, titular de la Asociación Argentina de Profesores del Derecho Penal.

En el escrito, la máxima autoridad católica destaca la responsabilidad con la que deben conducirse los magistrados de la Justicia argentina.

“Necesitamos jueces que asuman la misión que implica su vocación como servidores”, expresa Francisco en el extenso texto. Además, recordó el sinnúmero de problemas graves de deshumanización, irracionalismo y el menoscabo a “las garantías penales y procesales más elementales”.

“Para que la función penal no se convierta en u nmecanismo cíno e impersonal, necesitamos personas nutridas en foramción técnica, pero sobre todo apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen”, indica la encícleta judicial.

En este sentido, realizó un llamamiento “para el apego a compromisos éticos”. A su vez, manifestó su preocupación con los casos puntuales en los que el PRO resultó beneficioso asumiendo funciones legislativas en el Consejo de la Magistratura.

Trabaja desde 2007 en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Según su abogado, padece “represalias por defender sus derechos y los de sus compañeros y compañeras discapacitadas, por agremiarse y negarse a realizar proselitismo partidario”.

El gobierno porteño fue denunciado por una empleada pública discapacitada. La presentación judicial indica que la empleada lleva 14 años como “contratada”, teniendo que renovar contrato año a año sin poder regularizar su situación laboral.

De este modo, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, discriminación, maltratos reiterados y precarización laboral”.

Con el patrocinio del abogado Luis Tagliapietra –padre de uno de los 44 marineros muertos en el hundimiento del ARA San Juan– la trabajadora Natalia Gulino presentó una acción de amparo ante los fueros Contencioso Administrativo y Penal de la Ciudad para regularizar su situación y efectivizar el pago de “salarios caídos, antigüedad y vacaciones no abonados en tiempo y forma”. 

Natalia sufre discapacidad visual y visceral a causa de una patología atípica de nacimiento (denominada Trisomía del IX Par), lo que genera una malformación en el rostro que no afecta en nada sus capacidades intelectuales y su desempeño en el trabajo. Paradójicamente, ella trabaja, desde 2007, en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis), pero aún allí sufre la vulneración de sus derechos laborales. 

“Más allá del maltrato, el acoso laboral y político, las amenazas y coacciones recibidas por mi tutelada, también resulta ser brutalmente discriminada por ser mujer y por ser discapacitada, dándole un trato cruel en todos los ámbitos incluido el económico cuando su salario queda por debajo de lo que cobran otros empleados públicos con la misma antigüedad”, expresa la demanda presentado por Tagliapietra contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a los funcionarios del área Marcelo Cano y Agustina Señorans. 

Según se sostiene en la presentación, Gulino padece “represalias por siempre defender sus derechos y los de los demás compañeros y compañeras discapacitadas, por agremiarse y negarse a realizar trabajos y proselitismo partidario”.

El Jefe de Gobierno porteño y la Ministra de Educación de la Ciudad, lanzaron twits contra el vicerrector de la escuela Mariano Acosta por apoyar la toma de la escuela.

Horacio Rodríguesz Larreta y Soledad Acuña continúan persiguiendo a quienes apoyaron las tomas de escuelas realizadas en septiembre para denunciar el mal estado de las viandas, de las escuelas (en muchos casos plagados de ratas) y para repudiar la prácticas laborales obligatorias y gratuitas. Esta vez, fiel a su estilo, fue el turno del vicerrector de la escuela Mariano Acosta, Julio Pasquarelli.
 
En concreto, Pasquarelli será sancionado por el Ministerio de Educación porteño por las palabras que pronunció durante un discurso ante estudiantes y docentes durante la toma de ese establecimiento, en septiembre pasado.
 
Pasquarelli “adoctrinó” a los oyentes de ese discurso con gestos “que contribuyeron a generar violencia” y que son “un claro ejemplo de lo que no tenemos que permitir más en la Argentina”, según escribió la ministra Acuña en su cuenta de Twitter.
 
El colegio se sumó a las tomas que protagonizaron otras tantas escuelas porteñas en septiembre pasado en reclamo de mejores viandas, fallas edilicias en las escuelas y contra las prácticas profesionalizantes en empresas.
 
En ese marco, se difundió un video en redes sociales donde  Pasquarelli realiza una defensa de los padres y de los estudiantes que estaban tomando el colegio al decir que si algunos de ellos iba a ser afectado “el equipo directivo del colegio iba a salir a luchar”
 
En la escuela “educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio”, escribió Acuña.

La ministra añadió que no tolerará “el adoctrinamiento en nuestras escuelas” y que durante “la toma ilegal del Mariano Acosta, su vicerrector se paró frente a los alumnos a alentar la toma con micrófono en mano y una actitud prepotente que está muy lejos de la ejemplaridad que requiere su rol”
 
“Lejos de generar un espacio de convivencia y diálogo democrático, estos gestos contribuyen a generar violencia y son un claro ejemplo de lo que no tenemos que permitir más en la Argentina” destacó Acuña.
 
Al ataque de la ministra se sumó el propio jefe de gobierno porteño que compartió las declaraciones de Acuña y declaró: “Hay límites que no se pueden cruzar. No vamos a permitir el adoctrinamiento; todo lo contrario: vamos a seguir trabajando para que los chicos puedan pensar libremente. La prepotencia y la violencia no son formas de diálogo y no las queremos para nuestro país”.

El último antecedente de una sanción a docentes fue una supuesta agresión de dos maestros de una escuela primaria de Villa Soldati a un funcionario porteño por lo que fueron suspendidos 30 días.

Así lo informó el titular de AFIP, Carlos Castagneto, quien adelantó que se “firmará antes de fin de mes”. Estiman una evasión de 100 mil millones dólares en el exterior no declarados en la Argentina.

“Va a haber un antes y un después con respecto a este convenio”, aseguró el titular de AFIP, Carlos Castagneto, quien agregó que el convenio permitirá acceder a los datos de “alrededor de US$ 100.000 millones en el exterior no declarados en Argentina, esto en divisas”.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, adelantó que el nuevo acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos se firmará durante el transcurso de “este mes”.

Castagneto afirmó, en declaraciones a Radio 10, que “ya se mandó el convenio, fue y vino varias veces por sistemas. Hemos hablado en teleconferencias, nos pusimos de acuerdo con la AFIP de allá. Calculo que en este mes la Argentina y Estados Unidos estarán firmando (el acuerdo)”.

La propuesta comprende un intercambio automático de información tributaria entre la AFIP y su homóloga estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS), que permitiría identificar depósitos de ciudadanos argentinos en aquel país que evaden impuestos nacionales, para poder avanzar luego con el cobro de los gravámenes correspondientes.

En ese sentido, el funcionario consideró que, con su puesta en marcha, “va a haber un antes y un después” y dijo que “todos los países del mundo están en el mismo tema respecto al cruce de información” fiscal.

Sobre la importancia de la iniciativa, Castagneto sostuvo que “tenemos como mínimo alrededor de US$ 100.000 millones en el exterior no declarados en Argentina, esto en divisas. Por otro lado bienes, que también va a estar dentro del acuerdo y nos van a pasar toda la información”.

En base a previsiones no oficiales, la medida permitiría al organismo recaudador ampliar su base impositiva sobre un patrimonio de, al menos, esa cuantiosa suma de dinero (US$ 100.000 millones) que se estima que se encuentra en el país del Norte sin haber sido declarada en Argentina.

El entendimiento será rubricado por el ministro de Economía, Sergio Massa, según lo expresado por el titular de AFIP.

La desidia de Larreta.

La Defensoría del Pueblo porteña registró este año casi una decena de denuncias por presencia de roedores en diferentes escuelas porteñas, y exigió al Gobierno porteño que “avancen de forma urgente con las tareas de desratización, desinsectación e higiene de la vía pública en los alrededores de los establecimientos escolares“, informó este miércoles ese organismo.

Tras las denuncias realizadas por familias y un abrazo simbólico, el jueves y viernes pasados, a causa de un aumento de ratas en la escuela Dellepiane, número 1, distrito escolar 17, del barrio porteño de Villa del Parque, la Defensoría del Pueblo labró actuaciones relacionadas por esta situación en once instituciones escolares de la Ciudad de Buenos Aires, informaron diferentes medios.

“Se abrieron actuaciones por cada caso y se le exigió al Gobierno porteño (a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos) que avancen de forma urgente con la desratización, desinsectación e higiene de la vía pública en los alrededores del establecimiento escolar”, informó este miércoles esa dependencia porteña, respecto a las denuncias por presencia de ratas en al menos 12 escuelas porteñas de diferentes barrios.

En tanto, el gremio Ademys realizó un abrazo al la Escuela Comercial 4, en el barrio de San Telmo, con las consignas “Basta de ratas y techos caídos” y “Desratización y solución YA a los problemas de infraestructura”.

Dentro del listado de instituciones escolares públicas, en las que se labraron actas y el Gobierno porteño “actuó al respecto, pero se volvió a reiterar el pedido estos días”, figura la escuela Primaria Nº 1 “Antonio Dellepiane”, ubicada en Baigorria 3169; el colegio Del Centenario, escuela Nº 7, distrito escolar 2, ubicada en Río de Janeiro 986, en Caballito; y la escuela Nº 5, distrito escolar 2, en Sarmiento 2832, de Balvanera.

“Estoy en una fiesta en Recoleta, no saben justo dónde”, comentó en Twitter Martín Almeida al mostrar fotos suyas en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto.

A poco más de dos meses del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, varios militantes de ultraderecha y personas allegadas a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, el acusado por el atentado, se reunieron el fin de semana pasado en el departamento justo arriba del de la Vicepresidenta para una fiesta que luego publicitaron en redes sociales.

“Estoy en una fiesta en Recoleta, no saben justo dónde“, comentó en Twitter Martín Almeida al mostrar fotos suyas en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la sociable vecina de Cristina Kirchner que resultó vinculada a militantes de ultraderecha.

Las publicaciones datan del fin de semana del 5 y 6 de noviembre, informaron en el programa “Argenzuela”, por C5N, que sigue la pista de los militantes desde hace varios días.

Tanto Almeida como sus allegados parecieran disfrutar de la atención recibida por parte de los medios, y el hombre incluso comentó: “¿Cómo mierda llegué a una fiesta arriba de la casa de ‘la Cristi’? Jaja Brancatelli me va a odiar”, en referencia a la Vicepresidenta, y al periodista Diego Brancatelli.

Almeida es parte del grupo “Ministerio de Odio”, de tendencia antikirchnerista y adepto a la violencia. Se comunicó con Brenda Uliarte después del atentado a Cristina Kirchner, ocurrido el 1o de septiembre pasado en la puerta de la casa de la funcionaria en Recoleta.

De hecho, Uliarte y Sabag Montiel fueron invitados a su festejo de cumpleaños semanas antes del episodio.